Rampas de minera colapsaron y se ha colocado geomebrana para evitar contaminación en laguna

El uso del agua para consumo humano, ganadero y de regadío se encuentra restringido en el distrito de Pampas, provincia de Pallasca, ante la posible presencia de pasivos ambientales, tras el desplome de rampas de una empresa minera, informó hoy el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash.

El reporte agrega que la posta médica del sector se encuentra en alerta y en constante monitoreo ante la posibilidad de la presencia de casos de intoxicación por metales pesados.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del centro poblado de Expansión en el distrito San Pedro de Coris.

Fuente:https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/huancavelica-miles-litros-relave-minero-contaminan-rio-mantaro-n380648?fbclid=IwAR1Qhy69N62FikUmekqBl_ZjTCUZ42UGQ-B4rOm9hO8pw9l7fdwtOrWapqU

Este lunes 11 de noviembre, un grupo aproximado de 35 personas de la zona de Llaucán, Bambamarca, bloquearon por algunos momentos la carretera Cajamarca – Bambamarca a la altura del kilómetro 5. La acción se realizó como protesta por los estudios hidrogeológicos que realiza Minera Yanacocha en la zona de la cantera de cal China Linda, y es que, desde hace varios días, pobladores de Llaucán y del Tambo han venido señalando su preocupación argumentando que se está afectando al recurso hídrico e incluso a la laguna Totoracocha Chica, ubicada en el ámbito del suspendido proyecto minero Conga.

Previamente, el 31 de octubre, más de 100 personas ingresaron a la propiedad de Yanacocha exigiendo la paralización de los trabajos. Asimismo, el 5 de noviembre, la empresa denunció que aproximadamente 20 personas del centro poblado Llaucán ingresaron a la cantera de China Linda agrediendo a personal de seguridad y hurtando dos celulares, una radio y un equipo antifatiga. En este contexto, este lunes bloquearon el tránsito en la carretera hacia Bambamarca impidiendo exclusivamente el pase de los vehículos que prestan servicio a la minera, como forma de exigir que se suspendan los estudios realizados y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) anule la licencia otorgada a la empresa.

Los dirigentes señalaron que los trabajos de Yanacocha estarían realizándose cerca de la laguna Totoracocha, que a su vez, alimenta al río Llaucano en Bambamarca. Según informaron, ya han dirigido un memorial a la ANA haciendo conocer su exigencia y del mismo modo, manifestaron que continuarán organizando protestas hasta que se anule la Resolución del ANA N° 1167 del 2018 que autoriza a Yanacocha a realizar este tipo de trabajos: “No están en China Linda, están en Totoracocha que pertenece a Bambamarca. La población de Llaucán y del Tambo estamos en pie de lucha para decir que no estamos de acuerdo. No queremos que nos afecte nuestros canales, lagunas, el mismo rio Llaucano. Queremos que Yanacocha respete la decisión del pueblo”, manifestó el dirigente Ismael Julón López.

A su turno, el también dirigente Víctor Cruzado informó que esta acción es el paso inicial de la ejecución de un nuevo paro por parte de dirigentes y organizaciones de la provincia de Hualgayoc: “Hemos dicho bien claro que no queremos más contaminación y expansión minera, pero a pesar de eso las autoridades se hacen de los oídos sordos. Invocamos a la población para que no se permita que las empresas mineras sigan destruyéndonos y contaminando”, declaró a la prensa local.

Por su parte, Minera Yanacocha difundió un comunicado a través del cual informó que a la par del bloqueo en la carretera, otro grupo de personas atacaron una caseta de control en uno de los accesos a la propiedad de la empresa, en Conga. Igualmente, se criticó la protesta por la forma en la que se desarrolló, resaltando que los estudios no impactan en ningún recurso hídrico: “Los estudios hidrogeológicos que se realizan en China Linda no afectan las lagunas, no son operaciones mineras, y no extraerán agua (…) algunos dirigentes siguen difundiendo informaciones falsas con el propósito de alarmar a la población. Hoy, tiñendo nuevamente su manifestación de ilegalidad y violencia, demostraron que no tienen argumentos válidos para fundamentar los supuestos impactos”, se lee en el comunicado. En otro comunicado anterior, se indica que los estudios servirán para determinar la calidad y cantidad de agua y plantear alternativas de proyectos de gestión en agua al futuro.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/cajamarca/protestan-contra-minera-yanacocha-y-la-ana-por-estudios-realizados-en-la-cantera-china?fbclid=IwAR3cYtz91nXhE5JcBqFBXTPlFlFj0jAN6PXIvVFUgsyaADTuBWMuP9ITdyE

Desde el jueves 7 de noviembre, el distrito de Haquira en la provincia de Cotabambas (Apurímac) se encuentra paralizado debido a la protesta de la Federación Campesina Distrital contra las actividades de la minera Anabi.

Cerca de 900 ciudadanos se movilizaron en el distrito. El vicepresidente de la federación, Luis Gomez, explicó que la protesta es por la presunta contaminación de la cabecera de cuenca del Ccosecmayo producto de la actividad de la Unidad Minera Utunsa de la empresa Anabi, lo que habría afectado a las comunidades que se encuentran debajo de la cuenca, informa Red Muqui.

Señalan que la anterior planta de lixiviación sufrió rajaduras y, por ello, se cambió su ubicación y ahora se encuentra en la cabecera de cuenca.

En un pronunciamiento de la federación, los comuneros exigen el «cierre o retiro definitivo de la planta de procesamiento de minerales y el uso intensivo del cianuro del territorio del distrito de Huaquira».

Además, denuncian que la empresa estaría utilizando las vías comunales para el transporte de sus unidades mineras “contaminando nuestros pastos, nuestros recursos de agua, nuestra agricultura, ganadería, el aire y otros; que pone en grave riesgo nuestra economía, nuestro bienestar social y ambiental”. Ante ello, exigen compensación.

También piden que el Estado peruano distribuya el pago de canon minero al distrito de Haquira. En este sentido, piden una reforma total de la ley de minería para que este sector «aporte realmente al Perú y las empresas no saqueen nuestros recursos”.

Sobre este tema, en el 2018, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) ordenó el retiro inmediato de la planta tras identificar un peligro inminente de contaminación y afectación a vida.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/11/08/cotabambas-comunidades-campesinas-protestan-contra-minera-anabi/jorgepaucar/

Las cifras consolidadas hasta septiembre de 2019 muestran que la inversión minera presenta un incremento acumulado de 23.2%, en comparación con el mismo período del año pasado. En lo que va del año se han invertido US$ 4,070 millones, principalmente en el desarrollo de los proyectos de Quellaveco (Anglo American) y Mina Justa (Marcobre).

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), son precisamente las empresas a cargo de estos proyectos quienes más han invertido durante el año. Anglo American y Marcobre representan el 33.2% de la inversión total en minería en el país, destacando que la empresa a cargo de Mina Justa ha multiplicado su inversión por cuatro en comparación al mismo período del año pasado.

Otro dato importante es la distribución de los flujos de inversión por regiones. Moquegua, Ica y Junín concentran el 49.5% del total de la inversión minera en lo que va del año, lo que tiene relación con el desarrollo de los dos proyectos más relevantes, Quellaveco (Moquegua) y Mina Justa (Ica). Todo indica que ambos proyectos seguirán marcando la tendencia de la inversión en los próximos meses, aunque en el caso de Quellaveco el reto que tiene es resolver el conflicto que se ha agudizado en las últimas semanas con los pobladores del Valle de Tumilaca y las denuncias que la empresa no estaría cumpliendo lo acordado.

El siguiente gráfico detalla la participación en la inversión minera de las nueve regiones con mayor flujo de inversión.

Si desagregamos la inversión minera por rubros, se puede observar que salvo los componentes de Exploración y Planta Beneficio, el resto muestra una evolución positiva. Destaca, el incremento continuo que ha tenido durante casi todo el año la inversión en Equipamiento Minero, Desarrollo y Preparación y Otros. En cambio, preocupa el comportamiento del componente de Exploraciones, ya que es aspecto importante que usualmente muestra los cambios de tendencia de la inversión en minería.

Al analizar la tendencia de las inversiones mineras tampoco se puede dejar de lado la variación de los precios en la cotización de los metales. Tal como muestran los datos a nivel global y también para el caso peruano, la tendencia de las inversiones en exploración siempre está fuertemente relacionada con la evolución de las cotizaciones. En el siguiente gráfico, para el caso peruano se observa esta relación entre la inversión en exploración minera y la cotización del cobre (metal que representa alrededor del 50% del valor de las exportaciones mineras y el 71% de proyectos de la cartera de inversión minera).

Durante el último año el contexto internacional desfavorable ha provocado la caída en las cotizaciones de minerales de base como el cobre y en contraposición, el incremento de las cotizaciones de metales preciosos como el oro. En el caso del cobre, que cerró octubre pasado con un promedio de US$2.60 la libra, mantiene una tendencia a la baja que se arrastra desde hace dos años y que seguramente se seguirá reflejando en bajos niveles de inversión en exploración minera. El caso del oro es distinto ya que en un contexto global de riesgo e incertidumbre se fortalece como un activo estratégico y valor de refugio.

En conclusión, mientras menores sean las expectativas de crecimiento a nivel global, menor será la demanda de los metales de base como el cobre, lo que tendrá un efecto sobre la cotización y los presupuestos de inversión. Las tensiones comerciales entre China y los Estados Unidos, las expectativas de bajo crecimiento de la economía mundial, deben servir para que finalmente se entienda que un país como el Perú necesita pensar en otros motores que puedan impulsar su economía.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/inversiones-mineras-en-un-contexto-complejo/?fbclid=IwAR2FzxyhJbd5-ZQbFymipf0frexgl7vZDEHyqor28_nloGTL1QOBfw-pkJk

El Perú es uno de los 20 países más ricos en agua dulce del mundo y al mismo tiempo el tercer país con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático. Se expresa, entonces, las dos caras de uno de los principales retos del gobierno frente al bicentenario, en lo referente a  garantizar el pleno acceso al agua a nivel nacional en 2021.

Una meta realmente ambiciosa considerando la discutible actuación del Estado en los no pocos conflictos socioambientales relacionados con el uso de las fuentes primarias de agua, entre los que destacan los proyectos de Tía María y Conga.

No obstante, el Estado peruano ha venido impulsando durante las últimas décadas un conjunto de reformas institucionales orientadas a garantizar tanto la provisión de los servicios de agua potable, como la sostenibilidad de los sistemas de operación y mantenimiento, especialmente en las regiones con menores índices de desarrollo. En esta línea ha adoptado enfoques como el de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se supone debieran traducir   una nueva institucionalidad hídrica que corresponde desarrollen organismos como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Organización Técnica de la Administración de Servicios de Saneamiento (OTASS).

Pero lo cierto es que la provisión efectiva de los servicios básicos de agua y saneamiento  desborda esta nueva institucionalidad ya que depende en gran medida de una compleja red de actores, y de problemas tales como la infraestructura de transporte, la calidad de la burocracia, las actividades productivas circundantes a las cuencas, la intervención de los Gobiernos Regionales y el ciclo de vida de los proyectos de inversión pública. Las condiciones mencionadas, a pesar de las reformas institucionales en curso, aun inciden en el persistente déficit de cobertura de agua apta para al consumo humano.

La ciudad de Pasco es una singular muestra de ello, ya que por su historia extractiva múltiples actores e intereses han disputado a través de los años temas  como la visión del desarrollo, la gestión de riesgos y la creación del valor público. En efecto, la ciudad se fue produciendo no solo como extensión del enclave, sino además como resultado de las grandes brechas entre la urbe predominantemente industrial y las periferias rurales. Estas brechas, al fin, determinaron a través de disputas sobre la propiedad y el ejercicio de la violencia asuntos cruciales como la distribución del agua, las condiciones laborales y el derecho a la ciudad.

Y es que Pasco a lo largo de su historia y a pesar de sus momentos de bonanza ha mantenido la constante problemática de no contar con un sistema adecuado de provisión de agua como condición básica de salubridad.[1] De manera que, a través del desecado de lagunas y la expulsión de humos tóxicos ha constituido y hasta naturalizado un paisaje en donde está en juego  y en condiciones extremas, la salud de sus habitantes.

Sobre la provisión del agua, diversos informes han reportado que existe contaminación grave del recurso hídrico. El mismo sistema de provisión es un factor de riesgo ya que fue diseñado para el suministro del campamento minero y no para el abastecimiento de la ciudad, pues en él se hallaron cantidades considerables de minerales que superan los estándares aceptados.

De manera que, desde 2007 un conjunto de actores institucionales como los gobiernos subnacionales y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS), plantearon la necesidad de un proyecto de agua potable. Como resultado de estas gestiones en 2008 se declaró su viabilidad pero, ante un presupuesto austero y frente a las escasas capacidades locales, el proyecto fue relegado hasta 2014, cuando es asumido por el Gobierno Regional y financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En la ficha técnica que se diseña se señala que el agua proveniente de la laguna Acucocha será potabilizada y luego suministrada a los distritos de la ciudad.

Cabe agregar que este impulso por ejecutar el proyecto guardó una estrecha relación con las declaratorias de emergencia ambiental por parte del Ministerio de Salud en la provincia y región de Simón Bolívar. Desde 2012 se habían hecho llegar las denuncias de contaminación por la presencia de metales pesados en la sangre de su población vulnerable.

Las obras fueron iniciadas por el Consorcio Pasco en 2015, sin embargo, la intervención errática de la unidad ejecutora, sobre todo, en los territorios de las comunidades campesinas, ocasionaron las constantes paralizaciones que terminarían por interrumpir las labores por casi dos años.

Y es que, el tan ansiado proyecto generó percepciones contrapuestas en las mencionadas comunidades ya que sus inmediaciones estaban siendo intervenidas sin su consentimiento y, peor aún, sin que ellas resulten beneficiadas.

Correspondería a la nueva gestión del Gobierno Regional lidiar con esta difícil situación, lo que efectivamente hizo a través de la firma de convenios con las cinco comunidades afectadas, contando además con el respaldo de la EPS. Sin embargo, lejos de mejorar el escenario, éste se agravó aún más pues la mayoría de los convenios incluían compromisos controversiales como la construcción de estadios, la electrificación de anexos, la contratación de “empresarios locales”, entre otros problemas.

De modo que a mediados de 2017 el Gobierno Regional asume la administración directa del proyecto y entra en escena el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) l destinado a la elaboración y ejecución de obras para la dotación del agua en las comunidades afectadas. Se configura de esta forma un escenario de colaboración heterogéneo e inestable agravado, además, por condiciones geográficas complejas.

Lo que sigue, es la fragmentación institucional debido a que la lentitud en las obras, así como en los convenios, produjeron una serie de conflictos en los diferentes frentes de trabajo retrasando aún más las labores. Y es que el pliego presupuestal para los convenios requirió de prácticas grises en materia de gestión pública.

Pese a todo, el 7 diciembre de 2018 se inauguró el componente 1 del proyecto correspondiente a la línea central de distribución. No obstante, solo unos días después el flujo se detuvo abruptamente provocando la sorpresa y la indignación colectiva. La prensa informó que solo fue un leve problema técnico, pero con el pasar de los días el problema adquirió proporciones mayores.

Las hipótesis fueron varias: sabotaje, fallas técnicas, estudios de pre factibilidad mal formulados, entre otras. Lo cierto es que los actores políticos involucrados se encuentran afrontando denuncias por corrupción y crimen organizado, y mientras tanto Pasco se sigue muriendo lentamente de sed.

Fuente:https://iep.org.pe/noticias/cerro-de-pasco-el-agua-que-no-llega-por-pavel-aguilar-duenas/?fbclid=IwAR052KNiG5EfXYDBTsUoRDV56wwkhS_zvANbfFRNCBPW9gj4ltjb3vRLsmQ

Este miércoles 7 de noviembre, las comunidades del distrito de Haquira, provincia de Cotabambas (Apurímac) iniciaron un paro preventivo contra la minera Anabi SAC por el retiro de la planta de lixivación y la unidad minera Utunsa. Las comunidades residentes del distrito denuncian la presencia de contaminación en el agua a raíz de la construcción de la planta en la cabecera del afluente local.

Alrededor del mediodía, entre 800 y 900 personas se movilizaron contra la unidad minera Utunsa. Las comunidades del distrito, la Federación Campesina y el Sindicato de Construcción del distrito, convocaron a un paro preventivo de 48 horas en las inmediaciones de la unidad minera. Los manifestantes advierten que la medida preventiva podría derivar en protestas radicales y extenderse a otros distritos de la provincia de no atenderse las demandas sobre contaminación que han presentado.

Al respecto en 2018, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó el retiro inmediato de la planta tras identificar un peligro inminente de contaminación y a la vida. Esta medida quedó sin efecto en una resolución posterior. Sin embargo, pese a los descargos y compromisos de la empresa, las comunidades evidencian la presencia de contaminantes en el agua de consumo humano y exigen el retiro definitivo de la planta de la zona.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/11/07/cotabambas-inicia-paro-preventivo-contra-minera-en-haquira/?fbclid=IwAR1eQdbUw278KZVaYUrRepLWc7JX1Wisa7qQVn0l_msrtUXqFOJh1sBwylw

El cierre de la unidad minera Tucari-Florencia de la empresa Aruntani es incierto. El funcionario de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Herminio Morales, confirmó que la empresa ha recurrido al Consejo de Minería para frenar la aplicación de una carta fianza.

En septiembre pasado, el sector dispuso, a través de una resolución ministerial, la ejecución de la garantía por un monto de US$ 8 millones. Esto, porque el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental corroboró en sus visitas inopinadas de evaluación que las filtraciones ácidas, provenientes de los desmontes de la mina, han venido afectando las quebradas Margaritani y Apostoloni. Estos dos afluentes forman el Coralaque.

Los habitantes del centro poblado de Pachas, en el distrito de Chojata (Sánchez Cerro), captan el agua de este tributario para el consumo y sus cultivos. Ellos siempre denunciaron el cambio de coloración del agua.

El organismo fiscalizador incluso verificó y aplicó sanciones. También constató que los trabajos de cierre, que realizaba la compañía, no eran los más apropiados. Por eso, el Estado decidió actuar de manera directa, pero no podrá disponer de ese dinero para intervenir, mientras no se pronuncie el órgano de minería. Esto explicó Morales en la última reunión con las autoridades locales y representantes de la sociedad civil en Omate. El alcalde de Sánchez Cerro, Luis Concha, consideró que, pese a que Aruntani tiene un historial de malos comportamientos ambientales, se niega a que el Gobierno haga el trabajo.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/01/aruntani-se-resiste-al-cierre-de-la-mina-tucari-lrsd/

Autoridades locales y dirigentes se reunieron desde las 10 a.m. en la Municipalidad de Cocachacra. Vocero del paro indicó que no hay tregua y que bloqueos continuarán durante las tardes

Esta mañana, desde las 10 horas se desarrolló una reunión con autoridades locales, dirigentes y pobladores en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Cocachacra. La reunión estuvo a cargo del prefecto regional, Carlos Mantegazza, quien llegó al Valle de Tambo para aperturar espacios de diálogo y buscar una salida al conflicto social que lleva 113 días en oposición al proyecto minero Tía María. Además se trató la posible llegada del presidente de la República, Martín Vizcarra, a la zona.

El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, pidió al gobierno nacional una solución inmediata al conflicto que se desarrolla en el valle. Rechazó que el Consejo de Minería ratificara la licencia de construcción de Tía María. El alcalde de Deán Valdivia, Richard Ale Cruz, cuestionó al presidente por no cumplir su compromiso de llegar al valle. Lo tildó de traidor porque sobrepone los intereses de la minera sobre la voluntad de su población.

El alcalde de la Punta de Bombón, Raúl Rodríguez, manifestó que los únicos perjudicados con el paro es la misma población. Dijo que la gente pide una solución inmediata porque necesita trabajar con normalidad y lamentó la represión de la policía contra los pobladores que protestan contra el proyecto minero.

Por su parte el vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza, exigió el retiro de las fuerzas policiales y la cancelación del proyecto minero. Recordó que a lo largo de los 10 años de rechazo a la inversión privada han fallecido ocho personas en los conflictos sociales.

La presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada–Mejía–Mollendo, Marilú Marroquin, indicó que para que se abra un espacio de diálogo primero el gobierno debe retirar a los efectivos policiales del valle, que cese la persecución a los dirigentes y que se archive todas las denuncias contra los pobladores que fueron denunciados por disturbios.

Por otro lado, el prefecto regional, Carlos Mantegazza, propuso que en el Valle de Tambo se conforme una comisión, integrada por autoridades, dirigentes y pobladores para que fiscalicen la concesión del proyecto minero Tía María y no permita ningún tipo de actividad, ni obras mientras no se solucione el conflicto social.

– No es una tregua –

Este lunes el Valle de Tambo amaneció con los piquetes liberados. Las minivans que hacen servicio de la ciudad de Arequipa a los diferentes distritos de la provincia de Islay, están transitando con normalidad. Si bien la vía principal de valle no ha sido liberado pog completo, hay ingreso de transporte a Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón.

Los agricultores fueron a las chacras a realizar sus actividades con normalidad y la labores escolares se han normalizado después de una semana. El vocero del paro, Roger Chirapo, indicó que no están dando una tregua, sino que están reorganizando el para que se trabaje duarante las mañanas y en las tardes para protestar. Dijo que después del medio día bloquearán por completo.

Al finalizar la reunión no se llegó a ningún acuerdo.

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-alcaldes-buscan-dialogo-pero-bloqueos-continuaran-por-las-tardes-en-arequipa-noticia/?fbclid=IwAR2HbTJatfq2aaBa0iOrz7rHNugBo3d4aEcHpX2bOSw7iO7QaCrK75IAwsE