Se acaba de publicar la Resolución Ministerial 293-2019-MINAM que plantea una serie de modificaciones al Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La finalidad de estos cambios según la exposición de motivos es establecer reglas y criterios que regulen la actuación de titulares de proyectos, autoridades y sociedad civil en la modificación y actualización de los estudios de impacto ambiental. De manera más concreta la propuesta señala que se busca establecer criterios transectoriales de participación ciudadana en la evaluación ambiental.

Más allá de la finalidad declarada, encontramos varios artículos sobre Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). También se pretende modificar definiciones y los anexos sobre términos de referencia en los puntos referidos al plan de participación ciudadana y al plan de relaciones comunitarias, de los EIA categoría II y III. Asimismo, sobre el contenido de la evaluación preliminar en el punto relaciones comunitarias. A ello se suma otros sobre el cambio de titularidad del proyecto, la clasificación de proyectos de categoría III, la clasificación anticipada y términos de referencia de proyectos, el inicio de actividades y la pérdida de la certificación ambiental.

Lo más comentado hasta ahora ha sido que la propuesta normativa exige EIA detallados (categoría más exigente) solo a los proyectos en los que se pueden presentar impactos negativos altos. El reglamento actual señala que deben presentar EIA detallados los proyectos que pueden generar impactos negativos significativos. Es decir, la propuesta plantea un cambio en la terminología usada.  Para zanjar este punto debemos decir, que el MINAM no está facultado para realizar un cambio de esta naturaleza, ya que el reglamento en su formulación actual reproduce lo que dice la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley del SEIA). Esta Ley es la que se refiere a impactos significativos y los define. Cambiar el término requeriría también un cambio en dicha Ley. Además, el MINAM no explica en la exposición de motivos por qué pretende realizar cambios en la terminología usada. Nos preguntamos si detrás de ello hay un nuevo intento de flexibilización, ya que el término “alto” podría reducir la aplicación del EIA detallado.

En cuanto a la participación ciudadana, el proyecto normativo parecería querer armonizar a los sectores en sus procedimientos, más no fortalecerla, pues no aborda los problemas más acuciantes que enfrenta el proceso de evaluación de impacto ambiental en esta materia. Al respecto, dos temas nos parecen centrales:

1. Primero, cómo se pasa de una participación ciudadana formal a una participación efectiva. Todos sabemos que los estudios de impacto ambiental son informes interdisciplinarios, complejos, difíciles de entender. Incluso cuando un dirigente se refiere a ellos, muchos piensan que su opinión no es válida porque no está en condiciones de entender sus contenidos.

Por lo tanto, tener una participación real requiere revertir esa situación. La pregunta es cómo hacerlo. En CooperAccion alguien proponía que así como existen abogados de oficio en lo penal para aquellos que no tienen recursos económicos, podría utilizarse una figura similar para los procesos de participación ciudadana; es decir, otorgar una asesoría gratuita, para aquellos que no pueden contratar una asesoría técnica que vele por sus intereses. Esto se hace aún más necesario, si es que con la aprobación del EIA se declara la viabilidad ambiental del proyecto, tal y como lo propone una de las modificatorias del reglamento.

De esa manera, la audiencia pública podría pasar de ser un espacio principalmente informativo del EIA, que tiene como principal protagonista a la consultora que lo elaboró (por tratarse de un estudio de parte), a un espacio de discusión y debate amplio y más fundamentado, garantizando la existencia de opiniones sólidas planteadas desde la sociedad civil o de los gobiernos subnacionales. En este punto es necesario considerar que no cualquier profesional puede opinar sobre los EIA por más buena voluntad que tenga, ya que requiere de un conocimiento especializado y de manejo de cierta información.

En consecuencia, sería importante que los gobiernos subnacionales y las universidades pudieran participar en el debate, y para ello se podría recurrir a consultorías financiadas con fondos proporcionados por las empresas y/o el Estado. Tal vez, también el Estado podría generar un registro de consultoras o personas que hacen revisión de EIA para sociedad civil, cuya experiencia y seriedad sea verificada por éste.

2. Otro gran problema para la participación ciudadana son las numerosas modificaciones que sufren los EIA. A veces se realizan dos por año. La mayoría de ellas se hacen mediante el instrumento denominado Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es un procedimiento sumario para aprobar modificaciones en los EIA que no contempla mecanismos de participación ciudadana, incumpliendo así el principio de participación establecido en las normas que regulan el SEIA y la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por otro lado, el que sean tan numerosas y frecuentes las modificaciones torna imposible que las poblaciones locales o los ciudadanos las puedan seguir y participar en ellas. Por lo tanto, éstas deberían ser planificadas y realizarse en bloque, lo cual permitiría además mejorar la determinación de impactos acumulativos y sinérgicos y tener una mirada de conjunto de los cambios y sus impactos.

De otro lado, en cuanto a los términos de referencia para los planes de relaciones comunitarias, otra de las propuestas incluidas en este proyecto normativo, consideramos que se debería señalar de manera explícita la necesidad de establecer indicadores de cumplimiento del respeto a los derechos humanos y los derechos colectivos de pueblos indígenas.

Otro tema importante es la incorporación de la consulta previa en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tal y como lo recomienda la Defensoría del Pueblo (Informe 001-2019-DP-AMASPPI-PPI), lo cual permitiría avanzar en el compromiso de adecuar la legislación peruana al Convenio 169 de la OIT.

En lo que respecta a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de políticas, planes y programas públicos, nos parecen interesantes los cambios propuestos. En primer lugar, acertadamente, la propuesta marca la diferencia entre la EAE y los EIA, pues la primera analiza la consistencia en el cumplimiento de objetivos ambientales, y la segunda los impactos de un proyecto . Por ello, en la finalidad de la EAE se incorpora la idea de que se trata de un proceso de apoyo a la planificación.

Otro punto importante, es fijar a qué políticas, planes y programas se le aplica la EAE. La propuesta señala: “(…) a las políticas, planes y programas públicos vinculados con las prioridades y objetivos de desarrollo nacional, regional o local, susceptibles de originar implicancias ambientales negativas significativas”. El problema reside en quién determina que una política, plan o programa público está vinculado a prioridades y objetivos de desarrollo. Del procedimiento se desprende que el proponente es quien toma la iniciativa. La pregunta a realizar es qué pasa si no la considera necesaria. Somos de la opinión que habría que garantizar la petición de parte para aquellas situaciones en que la ciudadanía considera necesaria realizar la EAE.

Por último, consideramos que existen otros temas álgidos en los procesos de certificación ambiental que requieren ser tomados en cuenta en una propuesta de reforma normativa, con la finalidad de fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental. A continuación enumeramos brevemente algunos temas que habría que considerar:

• Incorporación de los planes de reasentamiento de poblaciones y comunidades indígenas, así como la exigencia del consentimiento libre, previo e informado en el caso de estas últimas. Asimismo, se debe garantizar la opinión vinculante del organismo público que vela por el derecho de esas colectividades. Cuando se trata de traslado de centros poblados, y ciudades,  la norma debería establecer la relación con el sistema de planificación.

• Necesidad de establecer límites al uso abusivo de los ITS ya que debilita al sistema de evaluación ambiental, al haberse distorsionado su razón de ser.

• En los términos de referencia se deben mejorar los requerimientos para los estudios geológicos, hidrogeológicos, y de geotecnia y asegurar el análisis integrado de los mismos.

• Establecer los criterios para garantizar una adecuada representatividad de las muestras que se toman en los estudios de línea de base y de los puntos de monitoreo.

• Establecer la exigencia de una línea de base de impactos a la salud.

• Incorporar la evaluación de la compatibilidad territorial del proyecto, con opinión de los gobiernos regionales y locales.

• Establecer criterios y exigencias para la labor de las consultoras ambientales encargadas de la elaboración de los EIA a fin de garantizar que los estudios sean rigurosos y permitan implementar eficazmente el enfoque preventivo en la gestión ambiental de los proyectos mineros.

• Definir criterios para el uso de metodologías que determinan impactos acumulativos y sinérgicos. Igualmente establecer criterios para la determinación de las áreas de influencia directa e indirecta.
 

10 de octubre de 2019

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Licencia. Se pronunciará en 15 días hábiles sobre la construcción del proyecto minero. Junta de Usuarios confía en la contundencia de sus argumentos y Southern en sus criterios técnicos.

Según el documento presentado a Senace, se realizarían 5 cambios importantes al EIA de 2016. Este instrumento sirve para advertir los riesgos ambientales.

La Libertad. Sujetos habrían sido contratados para desalojar a un rondero y dispararon contra lugareños, quienes finalmente los sometieron a una golpiza.

Cuatro personas murieron a causa de un enfrentamiento protagonizado por sujetos que habrían sido contratados como seguridad de la empresa minera Summa Gold Corporation SAC y cientos de pobladores y ronderos del caserío de Coigobamba, distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, La Libertad.

Según los pobladores, un centenar de individuos fue trasladado en la madrugada de ayer por la minera que realiza sus actividades en el cerro El Toro, con la finalidad de desalojar de un terreno a la familia de Fernando Polo Espejo.

Cuando este personal de seguridad arribó a Coigobamba se encontró con un grupo de ronderos, con quienes se enfrentó a balazos por varios minutos, que causó la muerte del adolescente de iniciales E. T. S. A (14).

El tiroteo despertó a los habitantes del lugar que se agruparon para hacer frente a los maleantes, desatándose una batalla campal por varias horas.

Los sujetos contratados por la minera tuvieron que retroceder al verse superados en número y al haberse agotado sus balas, lo que fue aprovechado por los ronderos para capturar, golpear y amarrar a varios de los intrusos.

Justicia con sus manos

Al parecer, tras capturar a los maleantes, hicieron justicia con sus propias manos. Se conoce que tres murieron víctimas de golpes y el fuerte frío que impera en la zona.

Entre los muertos se encontraría también un policía en retiro de nombre Jorge Yosimar Vera Paz, quien habría sido contratado por la minera en Trujillo. Asimismo, Elder Rafael Briceño Castañeda (41 ) y un varón cuya identificación es desconocida.

La batalla campal también dejó dos heridos de bala entre los lugareños y una quincena de detenidos, entre quienes habrían sido contratados por la minera. Algunos fueron intervenidos en la pelea y otros al interior de las casas donde se escondieron.

El fiscal de turno de Sánchez Carrión, Henry Espinoza, policías y serenos de esa jurisdicción realizaron las diligencias de ley y se retiraron del lugar por falta de garantías.

Varios de los detenidos manifestaron que fueron contratados en Trujillo por un señor de apellido Jara y fueron traídos en un ómnibus para cuidar un predio durante tres días por un pago diario de 80 soles.

Dijeron que había un grupo de seguridad que tenía armas y licencia para portarlas y otros solo debían acompañar.

Siete de los heridos han sido identificados como Elvia Solano Sandoval (22), Denis Garcés Puro (32), Rafael Chavista Sandoval (44), Cristián Chávez Perez (25), Luis Sánchez Gutiérrez (30), Jean Núñez Cespedes (18) y Oswaldo Vergara Latoche (36).

Summa Gold niega relación con ataque a ronderos

Mediante un comunicado la minera Summa Gold Corporation S.A.C. rechazó tener alguna relación con los sucesos ocurridos en la madrugada de ayer, en el sector Coigobamba, donde perecieron cuatro personas. La empresa señala que el predio es de propiedad de Fernando Polo Espejo y que allí predomina la minería informal.

Además, indica que se pretende involucrarla en estos hechos delictivos, por lo que evalúan la posibilidad de adoptar las acciones legales pertinentes.

Summa Gold Corporation produce oro y plata desde agosto pasado. Su gerente general, Jaime Polar, denunció en el último Perumin que demoraron la producción porque las concesiones “fueron invadidas por mineros informales”.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/07/la-libertad-cuatro-muertos-deja-batalla-entre-ronderos-y-mineros-mineria-summa-gold-corporation-sac-huamachuco/?fbclid=IwAR1FWifTmBi-bKZtrU4GL180H-UAgzHeezXJSFeNfH-hyyIe0RAHRw9cL64

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/945-tia-maria-el-consejo-de-mineria-resolvera-en-15-dias-sobre-licencia-de-construccion-del-proyecto?fbclid=IwAR3zz4NKB-ne42gGel8DiXIukS3cHUgh1ObZB1B9xox32fca2EmfH7bVs5Y

Propuesta para conformar una comisión multisectorial liderada por MINAM será presentada por representantes de PCM al premiere Zeballos

Luego de reunirse con representantes de más de 13 regiones afectadas por metales tóxicos, el Viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, junto a la Viceministra de Gestión Ambiental, Albina Ruiz, se comprometieron a presentar al premier Vicente Zeballos una propuesta para la conformación de la comisión multisectorial para su aprobación inmediata e implementación. Este documento, que deberá ser firmado por Zeballos y Martín Vizcarra, propondrá que se incorpore en la comisión a los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y a la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana.

Los representantes de la PCM se comprometieron a que luego de ratificarse este decreto supremo, se instale la comisión multisectorial en la primera semana de noviembre dada la emergencia en salud que tienen las zonas afectadas. La primera reunión tendrá como objetivo la elaboración y aprobación del plan especial con el que se dará seguimiento a la implementación de todos los sectores.

El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, recibió a los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados a fin de informarles sobre los avances que se vienen implementado en el marco de la creación de una comisión multisectorial que enfrente la problemática de la contaminación con metales pesados que afecta a los ciudadanos en diversas regiones del país.

“La comisión multisectorial se crearía a través de una resolución suprema, la cual esperamos pueda ser emitida en octubre. En ella participarían representantes de la plataforma, la Defensoría del Pueblo y de los sectores involucrados. El objetivo es instalar la comisión en noviembre para empezar a trabajar”, informó el viceministro Molina.

El representante de la Presidencia del Consejo de Ministros resaltó la necesidad de trabajar en conjunto con la ciudadanía para enfrentar un problema de esta magnitud. “Dependerá de nosotros trabajar seriamente para elaborar un plan de trabajo, definir prioridades y abordar los diversos aspectos de este problema nacional”, finalizó.

Fuente:https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/52207-viceministro-de-gobernanza-territorial-ratifica-compromiso-para-enfrentar-las-causas-de-la-contaminacion-con-metales-pesados?fbclid=IwAR2tkUv7IQPmcwereo0diGB7NQTZRN6nKQK3FEp53mmVIZoEXCWW8DBKSJc

La reciente crisis política, precipitada por la disolución del Congreso, nos ha hecho perder de vista que, desde inicios de la última semana de setiembre, distintos puntos del corredor minero de Las Bambas vienen siendo bloqueados por comunidades pertenecientes a la provincia de Chumbivilcas (Cusco). Este último episodio conflictivo en torno a Las Bambas y la carretera, coincidió con la presentación pública de la fiscalización ambiental realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que se realizó en el corredor minero comprendido en el ámbito de dicha provincia. El estudio fue presentado en Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, el pasado 27 de setiembre, y comprende los resultados del monitoreo realizado entre los meses de junio y agosto del presente año. Esta iniciativa del OEFA fue una respuesta a las constantes quejas y demandas de las comunidades y autoridades locales de esta provincia, molestas por lo que consideran un Estado renuente a tomar acciones concretas que permitan reducir los impactos sociales y ambientales ocasionados por el transporte de los minerales de la empresa minera. Es por esta razón que el OEFA incluyó la participación de distintos representantes de la población en este monitoreo ambiental.

El estudio realizado por el OEFA incluyó la evaluación de componentes tales como: ruido, aire, suelo, flora, fauna, agua, geomorfología y hábitat. Los resultados evidencian una serie de vulneraciones a la normativa ambiental, producidas como consecuencia del transporte de los minerales de Las Bambas. Por ejemplo, en el caso del componente ruido, se pudo identificar que en 22 de los 26 puntos de monitoreo instalados, se excedían los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de ruido. Por su parte, en el caso del aire, en 2 de las 12 estaciones colocadas se excedían los ECA aire (generación de material particulado: PM₁₀). Justamente una de las estaciones donde se registró una excedencia continua de los ECA aire fue en el distrito de Ccapacmarca, que limita con la provincia de Cotabambas en Apurímac. Personalmente pude constatar las inmensas polvaredas que se levantan con el paso de los camiones, a escasos metros de las viviendas y las chacras de la población de este distrito.

Ante tales hallazgos, OEFA ordenó a Las Bambas restringir el tránsito de los camiones en la provincia de Chumbivilcas en el horario de 12-18 horas (restricción que en la práctica comprende a todo el corredor minero). También dispuso que la empresa mejore sus mecanismos para mitigar la emisión de material particulado, con especial consideración en los tramos en que existen localidades colindantes a la carretera. En la misma línea, se solicitó acceder en tiempo real, al sistema de geoposicionamiento satelital (GPS) de los camiones de Las Bambas, para regular la cantidad y la velocidad de dichos vehículos.

Pero el resultado más destacable de esta fiscalización es que el OEFA ordenó a Las Bambas, modificar y/o actualizar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para incorporar todas estas medidas. La empresa se encuentra obligada a incorporar en esta revisión del EIA, todos aquellos impactos negativos identificados por el OEFA, que se generan como consecuencia del transporte de los minerales.

La necesidad de revisar el EIA de Las Bambas ha sido señalada en reiteradas oportunidades, tanto por parte de CooperAcción como por las organizaciones sociales y las comunidades de las distintas provincias y distritos de Apurímac y Cusco, que son afectados día a día por el tránsito de los camiones. Es importante recordar que el cambio en la modalidad de transporte de los minerales -y que habilitaba a Las Bambas el uso del corredor minero- fue incluido en la etapa final de la evaluación de la Segunda Modificatoria de su EIA, en el 2014. En esa fase ya había concluido el proceso de participación ciudadana y el período de opiniones técnicas por parte de otros órganos del Estado. De esa manera, las decenas de comunidades que se ubican a lo largo del corredor minero, recién se enteraron del uso que se daría a esta vía cuando Las Bambas comenzó a movilizar cientos de volquetes diarios.

Hasta la actualidad esta vía no ha sido asfaltada, ni reúne mínimas condiciones para el transporte continuo de carga pesada. Las consecuencias de estas graves irregularidades vienen siendo asumidas de forma dramática por la población que habita próxima a esta vía: continúas polvaredas que afectan la salud de la gente y sus cultivos, rajaduras en las viviendas, problemas de transitabilidad, accidentes. Todo ello en una carretera que fue declarada como vía pública -es decir que pertenece a todos los peruanos- pero que casi exclusivamente es utilizada por Las Bambas y otras empresas mineras de la zona. Incluso, a pesar de que esta carretera tiene una condición de vía pública, no se ha cumplido con el saneamiento físico legal de las propiedades individuales y comunales que fueron afectadas por su construcción y las sucesivas ampliaciones que se hicieron sobre esta vía en los últimos años.

La situación descrita explica los continuos incidentes conflictivos que tienen lugar en el corredor minero, con numerosos bloqueos y paros que se suceden desde inicios del 2016, momento en el cual se iniciaron las operaciones de Las Bambas y con ello la utilización de esta carretera para el transporte de los minerales. En octubre de ese año, luego de un irregular operativo policial para tratar de desbloquear un punto de la carretera, falleció de un disparo en la cabeza el comunero Quintino Cereceda, que fue la cuarta víctima de los conflictos suscitados en torno al proyecto minero Las Bambas. Casi tres años después, la situación no ha cambiado mucho, y en este momento los bloqueos se registran en el ámbito de la provincia de Chumbivilcas.

Resulta difícil prever como esta situación podrá resolverse en los siguientes meses puesto que aún no se obtienen resultados concretos en el proceso de saneamiento físico legal de las propiedades afectadas por esta carretera, así como tampoco se ha tenido mayor avance en el asfaltado de esta vía o el mejoramiento de sus condiciones técnicas para soportar carga pesada de forma continua. Tal es así la situación, que en una entrevista reciente a altos funcionarios de la empresa Las Bambas, estos declararon que evaluaban alternativas para el transporte de los minerales: por ejemplo, a través de la construcción de un tren, o regresando al plan original de construir un mineroducto[1]. Es irónico (y hasta tragicómico) que la empresa vuelva a poner sobre la mesa la posibilidad de construir el mineroducto, pues justamente su descarte y la opción de la carretera es, en buena parte, la principal causa de todo este mayúsculo problema de ingobernabilidad permanente que existe en su área de influencia social.

Desde CooperAcción, saludamos que el OEFA haya adoptado decisiones concretas que permiten controlar de mejor manera los impactos generados por el transporte de los minerales de Las Bambas. Consideramos que este monitoreo ambiental debe ampliarse a todo el ámbito del corredor minero (particularmente la provincia de Cotabambas) y comprender a todas las localidades afectadas, pues solo de esa manera se podrá tener una mirada integral del problema descrito, y así, contar con un EIA riguroso y coherente, que cumpla con eficacia el principio de prevención ambiental y de atención a las poblaciones.

Sin embargo, considerando que nunca se hizo una línea base sobre esta carretera, que pudiera identificar o predecir los potenciales impactos sociales y ambientales que se generarían por el transporte de minerales, no queda del todo claro si las medidas impuestas por el OEFA a Las Bambas resultan siendo suficientes o las más idóneas para reducir significativamente los impactos negativos. Es lógico que una adecuada fiscalización ambiental solo se puede sostener sobre una buena certificación, en tanto las deficiencias que pudieran existir en los EIA repercuten directamente en la eficacia de los mecanismos de fiscalización. Ello revela la importancia de que los EIA sean lo suficientemente claros y detallados, de modo que puedan incluir las medidas necesarias para cuidar el ambiente y la salud de las personas.

Lo ocurrido en el caso Las Bambas y la forma cómo se aprobó el uso de la carretera como corredor minero no se ajustó a ese objetivo. Estos errores u omisiones no solo tienen como responsables al Ministerio de Energía y Minas, sino que también arrastran al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), que es el órgano que actualmente aprueba los EIA de los grandes proyectos mineros. Cuando SENACE aprobó la Tercera Modificatoria del EIA de Las Bambas, a inicios de 2018, el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas presentó un recurso administrativo para impugnar dicha decisión, que contó con el apoyo técnico de CooperAcción. En el documento presentado ante SENACE, se expusieron de forma fundamentada, las graves omisiones de esta Tercera Modificatoria del EIA en lo que se refería al control y mitigación de los impactos generados por el transporte de los minerales. SENACE rechazó este recurso, por considerar que las medidas que había adoptado Las Bambas eran suficientes para garantizar el cuidado ambiental. Pero los hallazgos identificados por el OEFA en este último monitoreo ambiental, parecen no darles la razón. Más allá de estas responsabilidades, la situación descrita plantea la necesidad de mejorar los procedimientos de certificación ambiental. Otro aspecto esencial y álgido que requiere ser puesto sobre la mesa en la recién creada Comisión para evaluar cambios en la ley minera.

07 de octubre de 2019

[1] Fuente en: https://gestion.pe/economia/empresas/las-bambas-mineroducto-ferrocarril-o-una-combinacion-son-alternativas-que-estudiamos-para-sacar-el-mineral-noticia/?fbclid=IwAR1D6Agq-m8S6ir0Q8LwQ9Y3x8Nwal1-aBw1p81lPOXgC1MNgienVLdis-g.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/una-vez-mas-las-bambas-y-su-corredor-minero-en-la-noticia/

Hoy lunes 7 de octubre se debe ver la causa del caso del proyecto Tía María en el Consejo Nacional de Minería. Como se recuerda, luego que se hicieran públicos los audios de la reunión que el presidente Vizcarra sostuvo con los gobernadores de las regiones del Sur el pasado 24 de julio, se abrió todo un debate, y en medio de la agudización del conflicto era claro el cuestionamiento sobre la viabilidad del proyecto minero.

Es así que el 09 de agosto, frente al riesgo de pérdida de vidas humanas y económicas, el Concejo Nacional de Minería anunció la suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero. Como fue señalado en su momento, esto no implicaba la cancelación del proyecto.

Por lo tanto, el día de hoy será la vista de la causa del recurso de revisión presentado por el gobierno regional de Arequipa, la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, entre otros. Sin embargo, que se lleve a cabo esta audiencia no quiere decir que se resuelva en lo inmediato. Lo que ocurrirá hoy es que los abogados de una y otra parte presentarán sus alegatos orales y la causa quedará al voto, es decir listo para tomar una decisión. Por lo tanto, no habría que descartar que el Consejo Nacional de Minería se tome un tiempo para resolver.

Tía María es uno de los conflictos más largos en la historia del país. No sólo por sus dos capítulos previos que involucran a varios gobiernos, sino porque en este tercer capítulo ya son varios meses de tensión social. Lo que se espera es que, resuelta (o encaminada) la crisis política, el gobierno se aboque a resolver, en serio y a fondo, conflictos sociales como el caso Tía María. Estaremos atentos.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/tia-maria-en-el-consejo-nacional-de-mineria/?fbclid=IwAR1VyGAFEJxCepNIYerfK-pfHmlXarq2AoCgaML2YTSdsGlfgZI7evZlCY4

Consejo de Minería organizará la audiencia. Luego tendrá 15 días para emitir opinión final sobre el futuro del proyecto de cobre en Arequipa.

Dos meses han pasado desde que el Gobierno decidió suspender la licencia de construcción de Tía María, amparándose en la decisión del Consejo de Minería, que argumentó que el proyecto minero estaba ubicado en una sobreposición de un “ecosistema frágil”.

No obstante, para este lunes 7 de octubre a las 10:00 a.m. se realizará la audiencia pública para que las partes – dirigentes y Southern Perú -, expongan sus alegatos sobre tres recursos de revisión, según indicó Luis Fernando Gala, presidente del Consejo de Minería ante el Congreso en agosto último.

Para hoy, se comunicó que diversas delegaciones compuestas por agremiados a la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), entre otros, que se oponen al proyecto minero, llegarán a Lima para realizar un plantón en el Consejo de Minería.

Gala también indicó que tras la audiencia, habrá un plazo de 15 días hábiles, es decir, hasta inicios de noviembre, para que el Consejo emita su opinión final a través de una resolución, para luego, notificar al Ministerio de Energía y Minas.

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2019/10/06/tia-maria-southern-peru-arequipa-consejo-de-mineria-realizara-audiencia-publica-sobre-la-suspension-del-proyecto-minero/