En horas de la mañana, once personas -entre trabajadores y obreros de construcción civil- fueron detenidas supuestamente por pertenecer a una organización criminal denominda «El Ladrillo Sindical del Sur», sindicada de extorsión de empresas de construcción en Arequipa.

La fiscalía de crimen organizado realizó un megaoperativo donde se allanaron las viviendas de los investigados y los locales de organizaciones sindicales.

Entre los detenidos se encuentran los dirigentes sociales José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA), y Andrés Saya Alarcón, secretario general de Construcción Civil. Ambos líderes conocidos por las protestas contra del proyecto minero Tía María.

Según la declaración del fiscal  José Chávez Cotrina a Radio Yaraví, la supuesta organización se dedicaba a cobrar cupos y colocar  trabajadores  fantasma en obras.

Alrededor de 500 efectivos de la Región Policial Arequipa junto a 22 fiscales especializados contra el crimen organizado intervinieron en el operativo. La medida estuvo dirigida por la fiscal  Rosmery Mendoza Palomino, y se dictó detención preliminar por 15 días.

Denuncian persecución política

Dos de los detenidos son dirigentes sindicales que pertenecen al Comando de lucha en defensa al Valle de Tambo que rechazan el proyecto minero Tía  María de la empresa Southern. Ellos fueron trasladados a la sede de la región policial en el marco de las investigaciones.

El abogado de Luis Chapa Díaz de la Federación Departamental de Trabajadores, Agustín Núñez, afirmó se trataría de una «persecución política» debido a que su defendido dirigía uno de los gremios importantes en las protestas de Tía María y en la lucha de los trabajadores en Arequipa. «Trataremos de desvincular a mi patrocinado de los delitos que le están imputando», declaró.

A través del medio Yaraví varios pobladores opinaron que estas detenciones serían parte de una estrategia para amedrentar a las organizaciones sindicales.

Lista de detenidos

• José Luis Chapa Diaz (a) “CHAPA”- mando ejecutivo
• Andrés Saya Alarcon (a) “ANDRÉS” O “CHIMUELO” – mando ejecutivo
• Alfredo Mojica Valdez (a) “PELAO” O “MOJICA – mando ejecutor
• Teófilo Maldonado Yanapa (a) “TEO” – mando ejecutor
• José Rubén Díaz Diaz (a) “CENTELLA” O “DÍAZ” – mando ejecutor
• Gelber Dagoberto Quispe Leon (a) “DAGO” O “GELBER” – mando ejecutor
• Genaro Jorge Tapia Quispe (a) “GENE” – mando ejecutor
• José Manuel Quispe Flores (a) “CACHARRÓN” – mando ejecutor
• Juan Alberto Lopez Mamani (a) “LURIGANCHINO” O “LÓPEZ” – mando ejecutor
• Juan Alberto Calle Lopez (a) “CACHORRO” – ejecutor
• Pedro Aurelio Alvarez Tinuco (a) “TINUCO” – ejecutor

Fuente:https://wayka.pe/arequipa-detienen-a-dirigentes-opositores-al-proyecto-tia-maria/?fbclid=IwAR1VRBUqAKN-y8SkeEQ9kCun-bvoNA782MWq4FWFpIbONY1_gyK3sZu1CY8

El jueves 14 de noviembre se reanudó el diálogo en la provincia apurimeña de Cotabambas, tras una cancelación previa del diálogo sobre su Convenio Marco por parte de la empresa MMG Las Bambas. En la reunión se ratificó el adelanto de Canon Minero para los gobiernos locales.

La reunión de la mesa de trabajo sobre Canon Minero de la Comisión Multisectorial para la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso, se realizó en el distrito de Haquira y contó con la participación del primer ministro Vicente Zeballos, una comitiva multisectorial del Ejecutivo, autoridades municipales y representantes de la empresa Las Bambas y de la sociedad civil. La mesa, creada en julio del presente año por el ex ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, había quedado en suspenso por las dificultades en torno al grupo de trabajo sobre Convenio Marco.

Zeballos confirmó en la cita la implementación del instrumento de adelanto de Canon Minero en beneficio de la provincia. A partir de marzo de 2020, se estaría adelantando un porcentaje del Canon correspondiente al periodo 2023-2027 sin intereses. La medida facilitaría la inversión para cubrir la brecha en materias de salud, educación y saneamiento de las comunidades locales. El porcentaje del Canon que se adelantaría se acordará en una futura reunión entre la sociedad civil y el Ejecutivo.

El adelanto de Canon fue anunciado anteriormente el 11 de noviembre por el presidente Martín Vizcarra en su visita a la región de Apurímac. La viabilidad de este instrumento se viene evaluando en el marco de la reforma de la Ley de minería para facilitar la inversión en las zonas de influencia de proyectos mineros. En la misma oportunidad el presidente anunció la ampliación de la carretera de Abancay – Chuquibambilla – Challhuahuacho, que facilitaría el transporte de la capital regional hacia la mina Las Bambas.

15 de noviembre de 2019

Fuente:;http://conflictosmineros.org.pe/2019/11/15/las-bambas-se-retoma-el-dialogo-con-promesa-de-adelanto-de-canon-minero/

Tras la paralización de las 13 comunidades de la provincia cusqueña de Espinar afectadas por el proyecto Antapacccay – Integración Coroccohuayco de la transnacional Glencore, lograron una reunión de diálogo con el presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos, a desarrollarse el martes 19 de noviembre, en la comunidad de Tintaya – Marquiri

Pasando 8 meses del inicio del conflicto, el 12 de noviembre se volvieron a activar medidas de fuerza en Espinar contra la empresa minera Glencore por el incumplimiento a los acuerdos suscritos con las comunidades. Desde la madrugada del martes, las 13 comunidades originarias realizaron una toma en el Corredor Minero del Sur en la comunidad de Marquiri impidiendo el tránsito de los camiones encapsulados de Glencore y de la empresa MMG Limited.

La nueva medida de fuerza tiene como antecedente el abandono de parte del Estado al no atender la demanda de una consulta previa en el caso del proyecto minero Antapaccay, que una comitiva de ministros reconoció el pasado 26 de agosto. Flavio Huanqque Ccapa, vocero de la Asamblea Multicomunal de las 13 comunidades afectadas, señaló que se espera una respuesta del Estado desde hace meses.

“Nosotros esperamos que el martes 19 el Estado peruano reconozca la omisión de la consulta previa en Antapaccay y también que se comprometa a que se hará en el caso de Coroccohuayco. No nos oponemos a la explotación minera, lo que queremos es que se respeten nuestros derechos”, señaló el vocero de las comunidades, Flavio Huanqque.

Las comunidades esperan que en esta oportunidad el Estado finalmente reconozca la omisión del proceso de consulta previa en 2012 para el proyecto Antapaccay. Asimismo, exigen que se establezca un proceso de consulta para determinar la viabilidad del proyecto de ampliación de Coroccohuayco, y que se implemente un plan de reparaciones para los daños sociales y ambientales que se siguen dando desde 2012.

Fuente:onflictosmineros.org.pe/2019/11/14/espinar-ministro-zeballos-acepta-dialogo-tras-paro-en-el-corredor-minero/?fbclid=IwAR0VPAzsniIKw9L1dRFz55cJ9_ibnWsIzZ5zbcC4UaBU2DZHoXZeh9Z3Gdk

Desde hace varios años se viene generando en organismos internacionales, la academia y la sociedad civil, un intenso debate sobre la responsabilidad que tienen las empresas en la protección y el respeto por los derechos humanos. Plantear este tema no ha sido fácil, porque establecer limitaciones a las empresas genera fuertes resistencias, sea por parte de las empresas que no quieren que se regule sus actividades y también por parte de diversos gobiernos que son bastante flexibles para permitir el ingreso de empresas extranjeras en perjuicio de los intereses de la población.

Como parte del debate, han ido surgiendo propuestas de marcos regulatorios que buscan establecer una serie de parámetros y estándares para las empresas, para que sus actividades no generen vulneraciones de derechos humanos.

En este marco surgen los denominados Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante PR) los cuales establecen una serie de directrices que deben guiar el comportamiento de todas las empresas y que están articuladas en tres pilares:

Pilar I: El deber del Estado de proteger a la población frente a los abusos de derechos humanos ocasionados por las empresas;

Pilar II: La responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos;

Pilar III: La necesidad de reparar a las víctimas los daños ocasionados por las empresas.

Muchas empresas mineras transnacionales han ido incorporando progresivamente varios de esos principios de relacionamiento social en sus instrumentos de gestión corporativos y en sus políticas internas. A esto se han visto obligadas principalmente por sus compromisos con las entidades financieras que los apoyan, como el Banco Mundial, y también como un mecanismo para mejorar su imagen corporativa y mejorar sus niveles de certificación como empresas responsables.

Verificar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de empresas mineras transnacionales es el objetivo de la línea investigativa del proyecto “Empresas transnacionales y principios rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de los derechos humanos en América Latina” del cual CooperAcción forma parte y que se viene ejecutando en cuatro países (Perú, Argentina, Brasil y Colombia). En el caso de nuestro país, esta investigación se ha concretado en un reporte nacional que parte del pilar II de los Principios Rectores y analiza la situación de los derechos humanos y su cumplimiento por parte de las empresas mineras transnacionales que operan en el Corredor Minero del sur andino del Perú: la empresa suiza Glencore con el proyecto minero Tintaya – Antapaccay ubicado en la provincia de Espinar en el departamento de Cusco; y el proyecto minero Las Bambas, de la empresa estatal china MMG que abarca las provincias de Cotabambas y Grau en el departamento de Apurímac, y la provincia de Chumbivilcas en el departamento de Cusco.

A pesar de que Glencore y MMG han incorporado los PR en sus políticas internas y se han adherido a muchas otras directrices y estándares de responsabilidad social, los resultados obtenidos en este reporte nacional dan cuenta de que estas empresas están muy lejos de cumplir con su responsabilidad de respetar derechos humanos y de implementar medidas específicas para respetar los derechos de pueblos indígenas y para compensar las afectaciones o implementar medidas de reparación respecto a las afectaciones producidas.

En el caso de Glencore y su proyecto minero Tintaya-Antapaccay-Coroccohuayco, se viene afectando el derecho fundamental al agua de la población en Espinar. Como consecuencia de más de 30 años de actividad minera en la zona, se han afectado las fuentes de agua disponibles. Los caudales y quebradas en la zona Tintaya y Antapaccay se han reducido considerablemente, al igual que los niveles de agua subterráneas. Así mismo, la ampliación de la mina con el proyecto Coroccohuayco prevé afectar otras fuentes de agua de las que depende la población.

Las alteraciones en la calidad de agua afectan directamente la salud de la población de Espinar. De un dosaje realizado a 897 personas en el 2017, a más de 700 se les detectó en la sangre la presencia de metales pesados (arsénico, cadmio y mercurio) por encima de los parámetros recomendados. Existe una serie de estudios técnicos que asocian la actividad minera con la alteración de la calidad del agua. Sin embargo, son necesarios estudios técnicos especializados adicionales para determinar con certeza las causas de la contaminación del agua.

Por su parte, en el caso de la empresa MMG y su proyecto Las Bambas, esta no ha cumplido con identificar y evaluar de manera integral los impactos actuales de sus operaciones en los manantiales, bofedales, ríos y usos del agua de las comunidades, entre otros. Mediante la fragmentación de sus estudios ambientales, Las Bambas ha terminado por invisibilizar los impactos negativos reales generados por sus operaciones.

De igual modo, el cambio (no consultado a las comunidades) en la modalidad del transporte de los minerales, que pasó de un proyecto inicial de mineroducto al uso de una carretera sin asfaltar autorizada por el Estado, viene generando diversos impactos ambientales y sociales debido al tránsito diario de más de 300 camiones de alto tonelaje[1] por esta vía, que atraviesa más de 170 centros poblados[2]. Polvaredas, ruidos, temblores, rajaduras en las viviendas, afectación de cultivos, afectación del libre tránsito, riesgo de accidentes y atropellos continuos son parte del día a día de las personas que viven en las zonas continuas al corredor.

Fuente: INEI, Censo 2017

Así mismo, las actividades de Glencore y MMG se han beneficiado de una serie de medidas coercitivas aplicadas por el Estado: 1) Convenios de seguridad suscritos con la Policía Nacional del Perú (PNP), que han permitido y facilitado el uso de la fuerza policial para reprimir la protesta y proteger las instalaciones y actividades de las empresas mineras; 2) Declaratoria permanente de Estados de Emergencia, que son regímenes de excepción que permiten la intervención de la PNP y de las fuerzas armadas en la persecución y detención de dirigentes y líderes sociales, y que restringen los derechos a la libertad, al libre tránsito, a la reunión, entre otros, 3) Persecución penal de dirigentes sociales, pues centenares de ellos se encuentran actualmente con procesos penales activos por su participación en movilizaciones. Tanto Glencore como MMG contribuyen a la criminalización de dirigentes costeando a los principales estudios de abogados de Lima para que lleven los procesos penales.

En conclusión, si bien no se puede negar que los PR constituyen un avance para establecer un marco de regulación al accionar de las empresas y para visibilizar las afectaciones de derechos humanos cometidas por estas, los hallazgos identificados en el reporte determinan que los PR no llegan a ser suficientes para modificar las prácticas de las empresas, como se ha podido evidenciar con el caso de las empresas transnacionales Glencore y MMG. Por tanto, se confirma que se requiere avanzar hacia una nueva fase en la cual se establezcan mecanismos que sean vinculantes (obligatorios) para las empresas, y que sean medibles y sancionables de ser el caso.

Como reflexión final, se debe señalar que tal vez no tendríamos que debatir sobre la necesidad de hacer un Tratado Vinculante u obligatorio para las empresas, si es que los Estados nacionales cumplieran bien su labor en la protección y defensa de los derechos de la población. Lo concreto es que esa no es la realidad y el Perú es un caso ejemplar en ese sentido: una institucionalidad débil, competencias dispersas entre distintos órganos, poca presencia del Estado en las zonas de actividad minera, vacíos legales o normas que favorecen arbitrariamente los intereses de las empresas privadas (ITS), y en general una incapacidad del Estado para poder establecer un adecuado equilibrio entre los intereses de la población, el Estado y las empresas.

Hasta que esta situación no cambie, nos seguiremos enfrentando a diversos conflictos sociales como consecuencia de malas prácticas de empresas mineras y de la incapacidad del Estado de dar una respuesta efectiva a estas vulneraciones a los derechos humanos.

[1] La carretera de Las Bambas: así es como una mala gestión ambiental propicia los conflictos http://cooperaccion.org.pe/la-carretera-de-las-bambas-asi-es-como-una-mala-gestion-ambiental-propicia-los-conflictos/

[2] Según la base del Censo de Población y Vivienda del INEI del año 2017

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/principios-rectores-sobre-empresas-y-derechos-humanos-un-analisis-de-su-implementacion-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/?fbclid=IwAR0re0fHKgZr2dxcDE8dZ9J65u64sQh-hqJrJ_kXIfnSy_QAWd6dspU1ZHo

Juliaca. Población exige a autoridades regular instalación de relaveras. Manifiestan que Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Putina no cumple con los requisitos mínimos de seguridad para la evacuación de lodos.

El colapso de una poza de relave minero causó la muerte de Faustino Apaza Mamani (34). El hecho ocurrió la noche del último miércoles, luego de que el material altamente contaminante rebalsara y saliera hasta la carretera Ananea-La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina.

El incidente se produjo cerca de las 8:00 de la noche en el sector de Sillapuca, por donde se trasladaba Apaza en su moto. Fue alcanzado por lodo o lama (parte fina del relave minero), esto lo arrastró sin que pueda escapar.

La poza pertenecería a la corporación minera San Francisco. Irresponsablemente, fue construida cerca de la vía y al costado de un río de la zona. Esta poza, al quebrarse, obstaculizó el tránsito de los vehículos que quedaron varados varias horas. Los lugareños indicaron que reiteradas veces han denunciado ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno el peligro que representaba este relave para la población, pero no fueron escuchados.

Asimismo, señalan que la Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Putina (Cecomsap), de la que forma parte San Francisco, no cumpliría con los requisitos mínimos de seguridad para la evacuación de lodos. El colapso de la poza afectó a otras contratistas mineras aledañas y a la población. Es por ello que solicitaron a las autoridades que tomen las acciones pertinentes para evitar más tragedias. El fallecido deja dos hijos menores de siete y nueve años.

Fuente:https://larepublica.pe/society/2019/11/15/puno-colapsa-poza-de-relave-de-minera-en-la-rinconada-y-causa-muerte-de-poblador-lrsd-juliaca/?fbclid=IwAR2sTsWs0pMj1H7Jj4Dl8-ID_7AxPZ6ohfZesIF3O9s6AmYBKMPQ5E3DFQw

Los afectados por la contaminación de la cuenca del Coata acordaron no acudir a ninguna convocatoria del Gobierno. Se mostrarán reticentes a cualquier mesa técnica que no esté integrada por ministros.

Quieren asegurarse que las soluciones planteadas no caigan en saco roto. Las reuniones de trabajo instauradas desde 2014 hasta la fecha no tuvieron resultado alguno porque los técnicos enviados por el Ministerio del Ambiente y otros sectores no tenían poder de decisión.

El acuerdo de no ceder a nuevas reuniones fue determinado en la víspera, en un encuentro entre representantes de distintas comunidades.

La dirigente Maruja Inquilla aseguró que lo único que obtuvieron hasta la fecha fue una declaratoria de emergencia que no contempla presupuesto para remediar daños.

La cuenca del Coata está contaminada con aguas servidas que durante 20 años evacuó la ciudad de Juliaca. El impacto es de tal magnitud que un estudio de la Dirección Regional de Salud determinó que el agua de los pozos que extraen los campesinos para preparar sus alimentos tiene arsénico, boro, hierro, manganeso y coliformes fecales.

El alcalde del distrito de Coata, Elmer Pelinco, pidió proyectos de agua y desagüe. Reveló que hay un programa millonario en camino, pero se necesita determinación política para sacar adelante la iniciativa que ayudaría a miles de familias a superar la situación de emergencia sanitaria.

Felix Suasaca Suasaca, dirigente contra la contaminación, advirtió que si no encuentran solución inmediata volverán a cerrar la bocatoma de descarga de desagüe de Juliaca. Lamentó que nadie se interese por la situación de salud de las personas a pesar que hay estudios que dan cuenta del estado de gravedad de los afectados. “No vemos que el gobierno quiera solucionar este tema. Nos están obligando a adoptar medidas de fuerza”, dijo.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/10/puno-pobladores-de-la-cuenca-de-coata-exigen-a-ministros-en-mesa-tecnica-lrsd/

1.¿Qué es lo que resolvió el Consejo de Minería?

 El 29 de octubre, el Consejo de Minería resolvió declarar infundados los tres recursos de revisión presentados contra la Resolución N° 328-2019-MINEM/DGM/V de la Dirección General de Minería. Esta Resolución, aprobada el 8 de julio de 2019, otorgó a Southern Perú Copper Corporation la autorización para la construcción de los componentes de la planta de beneficio del proyecto minero “Tía María”. De esa manera, el Consejo de Minería ratifica lo resuelto por la Dirección General de Minería en primera instancia.

2.¿Qué es el Consejo de Minería y de qué manera funciona?

El Consejo de Minería es el ente encargado de conocer y resolver en última instancia administrativa, todos los asuntos mineros que son materia de resoluciones por parte de la primera instancia. En el caso de Tía María, la primera instancia administrativa fue la Dirección General de Minería. Contra lo resuelto por el Consejo de Minería no procede recurso alguno en la vía administrativa, pero queda la posibilidad de interponer una Acción Contencioso Administrativa ante el Poder Judicial.

El Consejo de Minería se encuentra regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM (artículos 93 al 100). El Consejo se compone de cinco vocales, quienes ejercen el cargo por el plazo de 5 años, y durante el cual son inamovibles salvo casos de manifiesta negligencia, incompetencia o inmoralidad (art. 95 del TUO). El nombramiento de los miembros del Consejo se realiza por Resolución Suprema, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros (art. 96 del TUO).

De acuerdo a la página Web del Ministerio de Energía y Minas[1], los actuales miembros del Consejo de Minería son:

En el caso del vocal Luis Panizo Ugarte, este fue nombrado mediante Resolución Suprema 018-2015-EM del 24 de abril de 2015[2]. En el caso de los vocales titulares Fernando Gala Soldevilla y Cecilia Sancho Rojas, estos fueron nombrados mediante Resolución Suprema Nº 008-2016-EM del 24 de agosto de 2016[3].  Por su parte, en el caso de Víctor Vargas Vargas y Cecilia Cáceres Ortiz, mediante Resolución Suprema N° 003-2019-EM del 24 de abril de 2019, se decidió renovar a estas dos personas la condición de vocales titulares por cinco años más. Ellas fueron nombradas por primera vez miembros del Consejo de Minería en abril de 2014, mediante Resolución Suprema N° 025-2014-EM y su mandato venció a inicios del presente año[4].

En conclusión, Luis Panizo fue nombrado vocal durante el gobierno de Humala. Fernando Gala y Cecilia Sancho fueron nombrados al inicio del gobierno de PPK, mientras que Víctor Vargas Vargas y Cecilia Cáceres Ortiz fueron nombrados inicialmente durante el gobierno de Humala y sus cargos fueron renovados en la gestión de Vizcarra.

3. ¿Por qué existía la premura de aprobar la autorización para la realización de actividades de beneficio del Proyecto Tía María?

De acuerdo al artículo 57 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM), la certificación ambiental pierde vigencia en un plazo máximo de 5 años. Si transcurre ese plazo sin que se inicien las obras de ejecución del proyecto, el titular minero se encontraría obligado a presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En el caso de Tía María, el segundo EIA presentado por Southern se aprobó en agosto de 2014. Por lo tanto, la empresa tenía hasta agosto de 2019 para dar inicio a las obras de construcción; caso contrario, hubiera tenido que elaborar un nuevo EIA. Como no existían razones aparentes para negar la autorización de inicio de obras a la empresa, el Estado peruano no tenía motivos legales para objetarlo. Es muy probable que, de haberse negado a otorgar la autorización, hubiera sido objeto de una demanda arbitral a nivel internacional.

 4. ¿Cuál es el rol del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de acuerdo a las últimas declaraciones del Premier?

 Durante la presentación del plan de gobierno del nuevo gabinete, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, indicó que el gobierno no impondrá el proyecto Tía María «si no existen las condiciones ambientales y sociales». Además, anunció que una comisión del OEFA evaluaría si se mantienen vigentes las condiciones medioambientales contenidas en el EIA.

De acuerdo a una nota de prensa emitida por el OEFA el 3 de noviembre[5], se indica que el OEFA “viene supervisando lo señalado en el EIA para el proyecto minero Tía María, que incluye el cumplimiento de los compromisos y acciones que ha realizado la empresa y que estén conforme a las condiciones previstas en dicho instrumento ambiental y los permisos o autorizaciones vinculadas”. También se indica que “se está verificando en campo el cierre de áreas de los componentes de exploración tales como plataformas de perforación, instalaciones de manejo de residuos, manejos de lodos entre otros componentes que fueron empleados para tal etapa”.

Según la norma de su creación, el OEFA tiene las facultades para supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en los EIA y sus modificaciones, la normativa ambiental, u otros mandatos emitidos por dicha entidad. En el caso de Tía María, recién se ha aprobado la licencia de construcción de los componentes para actividades de beneficio, y aún no se inicia la explotación del tajo. La intervención del territorio se ha dado principalmente como consecuencia de las actividades de exploración, que también cuentan con un EIA respectivo.

Por ello, en tanto no se ha iniciado la etapa de explotación y beneficio (o de operaciones propiamente) aún no tendría sentido la intervención del OEFA, puesto que todavía no existen obligaciones que supervisar, salvo las que corresponden a la etapa de exploración. Pero resulta claro que los cuestionamientos de la población sobre Tía María están referidos a temas que cuestionan la viabilidad ambiental del proyecto, algo sobre lo que el OEFA no se puede pronunciar porque constituye parte de las competencias de las entidades estatales que certifican ambientalmente proyectos de inversión como Tía María.

Mediante sus acciones de supervisión o monitoreo ambiental, el OEFA podría plantear medidas correctivas, o incluso, en el caso más extremo, solicitar la actualización del EIA de Tía María en determinados componentes. Pero el OEFA no se va a pronunciar sobre la viabilidad ambiental del proyecto minero, por las razones señaladas.

Por lo tanto, la intervención del OEFA deja ciertas dudas en torno a la finalidad que el gobierno busca obtener, y lo que implicaría en términos de la continuidad o no de Tía María.

5. ¿Cuáles son los vacíos que persisten y que no se han aclarado en el EIA del proyecto Tía María?

Existen 3 puntos que merecen ser resaltados sobre este tema:

– No se ha determinado si la explotación del tajo la Tapada afectará las aguas subterráneas (el proyecto de tajo atraviesa la napa freática), y si ello generará un impacto sobre el acuífero que alimenta en un 100% al río Tambo en temporada de estiaje. Esto fue observado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) en su primera revisión al EIA de Tía María, y ha sido también afirmado por expertos internacionales sobre el tema. Hasta la fecha no existen los estudios técnicos suficientes para descartar la posibilidad de que se produzcan filtraciones del tajo La Tapada en las fuentes subterráneas de agua.

– Por la direccionalidad de los vientos, existe el riesgo de que el material particulado (polvo) generado como consecuencia de las operaciones de Tía María, pueda llegar al valle y a los centros poblados, que además no han sido incluidos como zona de influencia directa. La experiencia de la población y otros estudios demuestran que los vientos cambian de dirección durante la noche y con el cambio de estaciones. Tampoco ha sido considerada la humedad existente en las lomas y que podría contribuir a la creación de aguas ácidas.

– La planta de desalinización no se encuentra descrita en ingeniería de factibilidad, como lo exige la ley, por lo que la falta de información impide dimensionar adecuadamente sus impactos.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/11/el-lider-comunitario-anuncia-la-agudizacion-de-las-protestas-contra-mina-en-sur-de-peru/