Tras casi un mes de pausa, los pobladores retomarían las protestas contra el proyecto minero de Southern. Manifestaciones se detuvieron por trabajos de campo.
En la quincena de diciembre se reiniciarían las protestas en el valle de Tambo contra el proyecto minero Tía María.
El presidente de la Junta de Usuarios de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, indicó que los agricultores esperarían terminar con las cosechas en esta parte de Arequipa, para continuar con las manifestaciones.
Explicó que el periodo de cosecha tuvo un retraso y actualmente se encuentra en 60% de avance, por lo que terminará en las próximas semanas. La razón por la que se detuvieron las protestas, hace aproximadamente un mes, es que no hay suficiente mano de obra que se encargue de los trabajos en los campos de cultivo.
El 50% de los jornaleros son de otras regiones. Recalcó que, pese a las protestas, este año tuvieron buena producción y no hubo pérdidas económicas. Tampoco registraron problemas de agua como ocurrió en años anteriores.
Como se sabe, el Consejo de Minería confirmó la licencia de construcción otorgada a Southern Perú para la ejecución del proyecto minero.
El ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, instaló ayer el Grupo de Trabajo de Tumilaca, en Moquegua. Este espacio fue creado por el Gobierno tras paros protagonizados en dos oportunidades por agricultores del valle.
Está integrado por profesionales de organismos del Estado como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización (Oefa); así como dieciséis técnicos acreditados por los hombres del campo. Los especialistas, distribuidos en subgrupos de Recursos Hídricos, Medio Ambiente y modelamiento del proyecto cuprífero, empezarán hoy a recoger las muestras en el yacimiento y zonas
Liu Yonsen estimó que el resultado se conocerá en 30 días. Los agricultores de Tumilaca dicen que con la construcción y explotación de Quellaveco se impactará el agua y el medio ambiente. La empresa Anglo American sostiene que el agua del río Asana está desviada por un túnel, por lo que no habrá contacto con residuos mineros.
En la reunión de instalación también se entregó información solicitada por los dirigentes agrarios. Alcanzaron tres juegos de CD y en físico sobre el permiso otorgado para la construcción del proyecto minero; así como el Estudio de Impacto Ambiental, entre otros.
El día 18 de noviembre se inició la construcción de chozas para resguardar las lagunas Totora Chica y Totora Grande, como parte de la lucha en defensa del Valle del Llaucano, en la provincia de Hualgayoc.
El alcalde del Centro Poblado Llaucano, Wilder Luna destacó la importancia de cuidar dichas lagunas, porque abastecen de agua a sus más de 80 canales de riego y más de 75 sistemas de agua. También señaló que no permitirán que Yanacocha realice perforaciones en las zonas aledañas a sus acuíferos.
En otro momento dijo que la población del Valle del Llaucano se está organizando para frenar las pretensiones de Yanacocha de construir una calera más grande que la de China Linda sobre las lagunas, por lo que invocó a la empresa minera a retirar su maquinaria.
Finalmente dijo que también se movilizarán en Cajamarca para decirle al gobierno central que ya no se acepta más expansión minera, porque se está afectando la salud de sus comunidades y además la población ha optado por impulsar las actividades agropecuarias.
Autor: Red Muqui.org Conflicto Relacionado: Río Blanco
El día de hoy, 2 de diciembre, se conmemoran 10 años de la brutal acción policial que produjo la muerte de Vicente Romero Ramirez y Castulo Correa Huayama, ronderos de la Comunidad Segunda y Cajas de la provincia de Huancabamba en la región Piura, que fueron asesinados por la espalda con disparos de armas de fuego por la policía.
El 2 de diciembre del 2009, más de 35 efectivos policiales fuertemente armados, utilizando vehículos policiales y de la empresa minera Río Blanco Copper S.A, ingresaron al territorio de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, sin autorización comunal, para notificar a personas presuntamente involucradas en un ataque al campamento minero «Henry´s Hill» de la empresa minera Río Blanco Copper. Al ingresar arbitrariamente y fuertemente armados, los ronderos empezaron a protestar por la fuerte presencia policial.
Frente a ello, los policías dispararon contra una decena de campesinos que exigían que se retiren. 2 fallecieron y otros 5 campesinos quedaron heridos.
Frente a la versión policial, respecto a que atacaron a los ronderos porque tenían una postura agresiva, el abogado de FEDEPAZ, David Velasco, señaló en ese entonces: “no podemos hablar de enfrentamientos, si tenemos a un contingente de policías armado frente a población civil desarmada. Lo que se ha suscitado es una represión criminal, indiscriminada, frente a la preocupación de comuneros que veían un gran número de policías (en la zona) para dejar una notificación judicial a personas para que se presenten a declarar ante la Fiscalía”.
Las necropsias practicadas a los comuneros, en ese entonces, comprueban que, al menos en un caso, los agentes les dispararon por la espalda.
Actualidad del juicio
Inicialmente existían dos investigaciones abiertas por los 2 comuneros asesinados; sin embargo, después de la apelación en segunda y última instancia por parte de FEDEPAZ y la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabamba para que se acumulen los ambos expedientes con el fundamento de que se investigan los mismos hechos, con los mismos agraviados, con las mismas personas acusadas bajo el mismo tipo penal; el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, desde junio está llevando un solo juicio, en que la fiscalía ha solicitado 25 años de pena privativa de la libertad contra los policías involucrados en el brutal asesinato y represión a los comuneros.
Actualmente, los más de 35 efectivos policiales se encuentran en proceso de notificación para que puedan sustentar su defensa frente a la acusación fiscal.
Finalmente, para el abogado de las víctimas, David Velasco, el que se haya juntado los 2 casos en uno solo, es un gran avance, aunque lento, para evitar sentencias contradictorias sobre un mismo crimen. La justicia para las víctimas y familiares exige reparación integral, y sanción a todos los responsables que reprimieron fuertemente a quienes defendían su derecho a la tierra.
Doble discurso de la empresa Río Blanco
El último mes de noviembre, la empresa Río Blanco Copper, perteneciente al consorcio chino Xiamen Zijin, viene desarrollando una fuerte estrategia publicitaria en medios de comunicación señalando que quieren dialogar y presentando como hecho práctico su reciente intromisión en un taller interno de las rondas campesinas; del que fueron retirados. Parte de su estrategia también es señalar que ellos son distintos a la empresa canadiense anterior, Monterrico Metals, que quería operar el mismo proyecto minero, y que el 2005 secuestró y torturó a 29 comuneros. Sin embargo, el consorcio chino Xiamen Zijin, adquirió el 89.9% de acciones de Monterrico Metals el 2007, meses antes de que se realice la consulta vecinal en Huancabamba y Ayabaca con el resultado de SÍ a la agricultura y NO a la minería en un 95%; y también fue parte de la represión policial a los ronderos el 2009.
Un operativo contra la minería ilegal al interior de la Reserva Nacional San Fernando de la provincia de Nasca, región Ica, logró destruir 14 socavones y campamentos establecidos en el cerro Huaricangana.
Durante la intervención, se realizaron detonaciones controladas en los socavones que inhabilitaron permanentemente la actividad de mineros ilegales que venían provocando graves alteraciones al paisaje, cambio de uso y contaminación en la reserva.
Las acciones no afectaron el área natural protegida, ni las especies que alberga, ni al personal participante, pues se ejecutaron con autorización del Ministerio Público y estuvo a cargo de efectivos especializados de la Policía Nacional del Perú (PNP) que respetaron los protocolos de seguridad correspondientes.
La interdicción forma parte de la nueva estrategia que viene ejecutando en los últimos dos años el Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), con el objetivo de erradicar la minería ilegal en áreas naturales protegidas antes del Bicentenario.
Con este operativo conjunto, en el que participaron 150 policías, 4 fiscales y 22 guardaparques del Sernanp, se erradicó en su totalidad la presencia de minería ilegal en la Reserva Nacional San Fernando. Asimismo, se iniciarán los procesos judiciales contra quienes resulten responsables de esta ilícita actividad.
El Sernanp explicó que, tras la recuperación de este sector, los agentes del orden con personal guardaparque continuarán en el lugar hasta la inhabilitación de las rutas de acceso para evitar que los mineros ilegales retornen a la zona. Asimismo, se brindó apoyo logístico para que las autoridades puedan cumplir con su labor.
Reserva Nacional San Fernando
La Reserva Nacional San Fernando es un espacio que alberga playas y un desierto en los que confluyen fauna de hábitat andino – costera, único en su tipo de especies emblemáticas como lobos marinos, guanacos y cóndores.
La erradicación de la minería ilegal en esta área natural protegida es fundamental, al tratarse de uno de los pocos ecosistemas de desierto costero que cuentan con tilansiales, plantas que crecen en este corredor biológico y sirven de alimento para los guanacos que atraviesan el lugar.
Asimismo, debe destacarse que San Fernando es la segunda área natural protegida marino-costera, después de la Reserva Nacional de Paracas, que comprende áreas marítimas, en una zona donde los afloramientos y la diversidad biológica resultante, los bosques relictos, las lomas, los arrecifes y demás valores paisajísticos, crean valores de gran importancia para su conservación.
Aunque se trata de un ecosistema de desierto costero, la Reserva Nacional de San Fernando alberga especies como cóndores y guanacos, usuales habitantes del paisaje andino. Los tilansiales, planta que es el alimento de estos auquénidos, crecen en el área marino costera y hacen de este espacio un corredor biológico para el camélido.
Por ello, la minería ilegal que se hacía en esta reserva era una amenaza que podía terminar por destruir los tilansiales y, con ello, alejar a la fauna del lugar.
El último jueves, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), dieron el cuarto y definitivo golpe al destruir 14 socavones de minería ilegal en 11 lugares de la reserva de San Fernando. El operativo tomó tres días y la Policía Nacional permanecerá una semana en esta zona para consolidar la intervención. Sin embargo, aún hay tres áreas protegidas bajo amenaza de mineros ilegales.
Acciones
De acuerdo con Pedro Gamboa, jefe del Sernanp, la presencia de mineros ilegales en áreas protegidas ha disminuido en los últimos dos años. De siete de ellas, a la fecha las actividades mineras ilícitas prevalecen en tres y es ahí donde se destinan las acciones. “Estamos convencidos de que al Bicentenario no debemos tener minería ilegal en ninguna área natural protegida”, dijo el funcionario a El Comercio.
Los lugares donde se han podido llevar a cabo operativos contra la minería ilegal y contener las actividades ilícitas son la Reserva Comunal El Sira (Ucayali), donde había minería ilegal aluvial; el Parque Nacional Yaguas (Loreto), donde se utilizaban dragas; Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios), donde tienen planificado realizar un acciones de reforestación; y finalmente la Reserva Nacional de San Fernando.
“Hay minería ilegal en ocho zonas de amortiguamiento. Por ejemplo, en Tambopata se ha podido erradicar (minería ilegal) no solo dentro del área, sino en el sector La Pampa. Ahí el impacto ha sido terrible y por eso hay presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional», dijo Gamboa. En esta zona, la deforestación afectó 759 hectáreas, lo que equivalente a casi 70 parques de la Exposición.
El 7 de junio de este año, un operativo en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira permitió intervenir a tres presuntos mineros ilegales, quienes recibieron nueve meses de prisión preventiva por el delito de minería ilegal agravada.
Tareas pendientes
Gamboa precisó que las tres áreas donde siguen realizando acciones contra la minería ilegal son el Parque Nacional Huascarán (Áncash), la Reserva Nacional de Tumbes (Tumbes) y la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi (Arequipa).
En el Parque Nacional Huascarán, de una extensión aproximada de 340 mil hectáreas y que en 1977 fue declarada por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad, el Sernanp realiza un trabajo de sensibilización con la comunidad campesina de Vicos debido a que hay presencia de minería ilegal en forma de socavones. El principal recurso que se extrae es oro, pero el Sernanp ha recibido propuestas para trabajar con la población.
“Estamos trabajando con la comunidad para que cambien de rubro. Si bien hemos hecho las denuncias correspondientes, era complicado el ingreso. Primero porque la comunidad no lo permitía y solo había una forma de ingresar, y eso originaba que pudiera presentarse quizás la pérdida de vidas”, dijo Gamboa a este Diario. Precisó que una de las actividades alternas es el turismo, y sobre ello están trabajando con la comunidad. “Podemos decir que hay un 90% que ya no hace minería ilegal, son pocos los remanentes pero seguimos trabajando”, agregó.
Otra de las reservas amenazadas por la minería ilegal es la Reserva Nacional de Tumbes, donde se registra el ingreso de extranjeros a territorio peruano. “Es una minería artesanal y de río, pero coordinamos con las autoridades de Ecuador para ver cómo detenemos el flagelo. Es el límite de la frontera con Ecuador”, dijo Gamboa. El funcionario agregó que ya se dieron algunas acciones en la zona.
Finalmente, en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, se ha liberado casi la mitad del espacio amenazado, pero permanecen algunos remanentes de mineros ilegales. El jefe del Sernanp precisó que en la zona se han realizado 150 operativos y el 50% de esta minería ha sido erradicada completamente. “La minería en este lugar de Cotahuasi, que es de socavón, a veces no se advierte y es lejana. Por eso, cuando damos golpes no encontramos a nadie. Extraen oro, que es el más rentable, pero también otro tipo de mineral”, sostuvo Gamboa.
Desafío complejo
Para enfrentar la minería ilegal se requieren acciones articuladas entre varios sectores. “Estamos trabajando con las poblaciones para generar oportunidades. La estrategia tiene como acciones: identificación y apoyo logístico; sensibilización y educación ambiental; generar oportunidades”, comentó Gamboa. Por ejemplo, en Tambopata, donde hay potencial turístico, se están mejorando los accesos a la reserva desde Puerto Maldonado. “Queremos que más turistas vayan y eso dinamiza la economía. No es una estrategia solo de represión, sino dar otra alternativa”, agregó.
Por otro lado, al 2021, el plan del Sernanp es recuperar las 759 hectáreas deforestadas de Tambopata con plantones y apoyo para la regeneración natural. En diciembre, se empezará con la siembra de 48 mil plantones en 30 hectáreas.
Por su parte, Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de SPDA, dijo a El Comercio que para los casos de amenaza de minería ilegal en áreas protegidas se deben incrementar los sistemas de monitoreo (fortalecer la vigilancia), y tener un trabajo articulado entre el Estado.
“La prevención es un reto más fuerte porque, ¿cómo se previene la ilegalidad cuando está vinculada a varios factores? Como pobreza, migración, falta de oportunidades. Es un fenómeno social complejo”, opinó Baldvino.
En el caso de Tambopata, si bien se retiró a quienes practicaban la minería ilegal, los desplazamientos se dieron a otras áreas. “Ahí la estrategia no solo es control, vigilancia; sino dar herramientas para que la población encuentre alternativas de sostenibilidad. Es difícil competir con el oro, pero ahí entran también las autoridades con propuestas de desarrollo”, agregó.
Autor: Red Muqui.org Conflicto Relacionado: Río Blanco
CENTRAL DE RONDAS CAMPESINAS Y COLECTIVO POR AYABACA
La Central de Rondas Campesinas Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca pronuncian lo siguiente:
1. Denunciamos públicamente las acciones de hostigamiento que la empresa minera Río Blanco está haciendo contra los dirigentes de las rondas campesinas y el Colectivo por Ayabaca.
2. Después del último suceso del día 09 de noviembre, evadiendo la seguridad y privacidad del Taller de Rondas Campesinas el gerente de Río Blanco y sus secuaces irrumpieron en dicha reunión para imponer un supuesto diálogo.
3. Su lógica de hostigamiento ha continuado. Denunciamos la entrega de cartas contra la voluntad de los dirigentes a través de diversas instancias sin datos de origen y utilizando a terceras personas.
4. Nosotros como dirigentes de las Rondas Campesinas y el Colectivo por Ayabaca nos mantenemos firmes en nuestros principios de la defensa del territorio, el agua y la vida de la población de Ayabaca, Huancabamba y la región Piura. Por lo tanto jamás ha habido ni habrá diálogo con una empresa que utiliza la mentira para tratar de imponerse.
5. Llamamos a prepararnos al pueblo a un paro indefinido regional para que el gobierno del Señor Martín Vizcarra anule los contratos mineros que están dentro de nuestras comunidades campesinas.
¡UNIDAD PARA LUCHAR, UNIDAD PARA VENCER!
¡FUERA RÍO BLANCO!
Para más información ver VIDEO sobre últimos acontecimientos y Nota sobre amedrentamiento a dirigente rondero.
Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía (ORI-OEFA)
13 de noviembre de 2019 – 3:23 p. m.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se encuentra supervisando, en atención a una denuncia ambiental, el derrame de relaves ocurrido hoy en Minera Shouxin Perú S.A., ubicada en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica.
La supervisión que realiza el OEFA permitirá determinar la causa y el impacto generado por la emergencia ambiental. Además, verificará la implementación del Plan de Contingencia por parte de Minera Shouxin Perú S.A.
De acuerdo a un primer reporte del equipo de supervisores, se evidenció que el relave quedó confinado en el área industrial.
La autoridad de fiscalización ambiental continuará informando los resultados de la supervisión que viene realizando en la zona.
Tomaron parte de la carretera del Corredor Minero del Sur, impidieron el tránsito de los camiones de las empresas Glencore y MMG Limited y lograron que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos acepte una reunión con ellos. Los ciudadanos afectados por el proyecto minero Antapaccay (Glencore) se reunirán con el Jefe del Gabinete Ministerial el próximo martes 19 de noviembre.
La reunión se llevará a cabo en la comunidad de Tintaya. La protesta la realizaron 13 comunidades de la provincia de Espinar (Cusco). Este martes, los ciudadanos decidieron protestar con una toma en el Corredor Minero del Sur en la zona de la comunidad de Marquiri.
Los comuneros reclaman al Estado peruano que haga respetar la consulta previa por el proyecto minero Antapaccay. Flavio Huanqque Ccapa, vocero de la Asamblea Multicomunal de las 13 comunidades afectadas, señaló que se espera una respuesta del Estado desde hace meses.
“Nosotros esperamos que el martes 19 el Estado peruano reconozca la omisión de la consulta previa en Antapaccay y también que se comprometa a que se hará en el caso de Coroccohuayco. No nos oponemos a la explotación minera, lo que queremos es que se respeten nuestros derechos”, señaló Huanqque.
Como informa el Observatorio de Conflictos Mineros, las comunidades esperan que en esta oportunidad el Estado peruano reconozca la omisión del proceso de consulta previa en 2012 para el proyecto minero Antapaccay.
Además, las comunidades piden que se establezca un proceso de consulta para determinar la viabilidad del proyecto de ampliación de Coroccohuayco y que se implemente un plan de reparaciones para los daños sociales y ambientales que se habrían cometido desde el 2012.
Sobre el proyecto minero Antapaccay, el Estado peruano preve que para el 2022, está previsto el desarrollo del proyecto Integración Coroccohuayco, a cargo de la Compañía Minera Antapaccay (590 millones de dólares).
En setiembre pasado, una comitiva del Ejecutivo, encabezada por el entonces ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Gustavo Rosell, llegó a Espinar para reunirse con las comunidades.
La población del valle de Llaucán, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, continúa protestando en contra de los estudios hídricos que viene realizando la empresa minera Yanacocha en el sector denominado China Linda, cerca al caserío Totoracocha, a través de la instalación de piezómetros.
El lunes por la tarde, diversos medios de comunicación daban cuenta del incendio de maquinaria en la zona de China Linda y poco después, la empresa a través de sus redes sociales, confirmó que unas 80 personas fueron las responsables: “Incendian maquinaria de Yanacocha dentro de propiedad de la empresa en la zona de China Linda. A unos metros, aproximadamente 80 personas de Llaucán, quienes iniciaron este siniestro”, difundió la empresa. Según los videos que circulan e información del Frente Policial de Cajamarca, se incendiaron dos unidades móviles con plataformas que mantienen una máquina perforadora. Cabe indicar que este hecho se produjo dos días después de que se informara sobre la presencia de agua turbia en el sistema de Totoracocha, lo que fue relacionado por la población a los estudios hídricos.
Desde hace varios días atrás, la empresa ha venido invocando al diálogo e informando que los estudios que se están realizando no afectan a las fuentes de agua cercanas, algo que la población de Llaucán no cree; asimismo, en uno de sus últimos comunicados, la minera afirma haber desarrollado reuniones informativas: “Yanacocha mantiene abiertas sus puertas para hacer más reuniones informativas, como las 36 que ya realizó sobre estos estudios con participación de más de 2,320 personas de diversos caseríos de los distritos de La Encañada y Bambamarca”, se indica.
Sin embargo, el conflicto crece con el paso de los días. Este martes, ronderos y ronderas de los caseríos de Totoracocha, San Juan de Corralpampa y del Centro Poblado El Alumbre del Valle de Llaucán, llegaron hasta la ciudad de Cajamarca para realizar un plantón en las afueras del local de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) exigiendo que se anulen los permisos otorgados a Yanacocha para la realización de los estudios. Durante la protesta, un grupo de ronderas agredieron a correazos a una persona de sexo masculino a quien acusaron de infiltrado.
Alcalde provincial de Hualgayoc se pronuncia
El alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Aguilar, también llegó a Cajamarca acompañando a la población para solicitar una reunión con funcionarios de la ANA para que le informen el estado de un recurso de apelación que la Municipalidad de Hualgayoc presentó en contra de la Resolución N° 1167-2018, que precisamente autoriza a Yanacocha la instalación de piezómetros; asimismo, informó que se ha oficiado a otras instituciones para que intervengan y se solucione el conflicto: “La población requiere que se anule la resolución. Toda lucha que se inicia tiene dos componentes, uno que es el tema social y el otro el tema legal que obviamente lo tenemos que asumir (como Municipalidad). Hemos enviado un documento a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental a efectos de que tenga que actuar inmediatamente y a la Fiscalía de Prevención del Delito de Bambamarca. Esto no es ninguna manifestación, hay un justo reclamo”, declaró.
Por su parte, el alcalde del Centro Poblado El Alumbre, Segundo Ortiz Herrera, consultado sobre el incendio de las unidades móviles dijo que cuando se originan reclamos, la empresa está acostumbrada a acusar a los ronderos, además, ratificó su posición de rechazo a la actividad minera: “No queremos minería. Los campesinos vivimos de la agricultura y ganadería”, dijo.
Finalmente, se informó que continuarán protestando hasta lograr que la empresa suspenda sus trabajos.
En la quincena de diciembre se reiniciarían las protestas en el valle de Tambo contra el proyecto minero Tía María.
El 
El día 18 de noviembre se inició la construcción de chozas para resguardar las lagunas Totora Chica y Totora Grande, como parte de la lucha en defensa del Valle del Llaucano, en la provincia de Hualgayoc.
El día de hoy, 2 de diciembre, se conmemoran 10 años de la brutal acción policial que produjo la muerte de Vicente Romero Ramirez y Castulo Correa Huayama, ronderos de la Comunidad Segunda y Cajas de la provincia de Huancabamba en la región Piura, que fueron asesinados por la espalda con disparos de armas de fuego por la policía.
Un operativo contra la 
Aunque se trata de un ecosistema de desierto costero, la Reserva Nacional de San Fernando alberga especies como cóndores y guanacos, usuales habitantes del paisaje andino. Los tilansiales, planta que es el alimento de estos auquénidos, crecen en el área marino costera y hacen de este espacio un corredor biológico para el camélido.
CENTRAL DE RONDAS CAMPESINAS Y COLECTIVO POR AYABACA
Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía (ORI-OEFA)
Tomaron parte de la carretera del Corredor Minero del Sur, impidieron el tránsito de los camiones de las empresas Glencore y MMG Limited y lograron que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos acepte una reunión con ellos. Los ciudadanos afectados por el proyecto minero Antapaccay (Glencore) se reunirán con el Jefe del Gabinete Ministerial el próximo martes 19 de noviembre.
La población del valle de Llaucán, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, continúa protestando en contra de los estudios hídricos que viene realizando la empresa minera Yanacocha en el sector denominado China Linda, cerca al caserío Totoracocha, a través de la instalación de piezómetros.