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Derrame de relaves en mina Cobriza de Doe Run

Con Doe Run Perú en un proceso de liquidación, los trabajadores han culpado del derrame al liquidador por la mala gestión de la operación durante el proceso de liquidación.

Un derrame de relaves ha sido reportado en la mina de cobre Cobriza de Doe Run Perú (CRP) en Huancavelica, Perú, y los informes indican que los relaves se han metido en el río Mantaro.

La agencia supervisora de inversiones en energía y minería del país (Osinergmin) está investigando para determinar la causa del derrame del 10 de julio y quién es el responsable.

Con Doe Run Perú en un proceso de liquidación, los trabajadores han culpado del derrame al liquidador por la mala gestión de la operación durante el proceso de liquidación.

 

«Este tipo de errores ocurren, por lo que pedimos que este liquidador sea cancelado en sus funciones y que DRP pase a manos de sus trabajadores de inmediato porque sabemos cómo gestionarlo, así como el centro metalúrgico Oroya donde solo está funcionando uno de los nueve hornos. Es decir, el 90% de ellos están paralizados y la mina Cobriza produce cobre con una buena calificación y merece una mejor atención y no se subasta», dijo el líder de los trabajadores, Luis Castillo.

Unas tres empresas han expresado interés en comprar Cobriza (UMC) en un proceso que está a cargo de Carrizales, dos de los cuales se consideran extranjeros y uno peruano. Cobriza está valorada en entre US$47 y US$53 millones.

Cobriza tiene capacidad para producir 20,000 toneladas anuales de concentrado de cobre, pero ha estado operando a una tasa significativamente menor.

El proceso para vender los activos de Doe Run ha visto varias subastas fallidas.

 

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1678

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Espinar: Inicia proceso de articulación para planificar atención a personas con metales tóxicos

El 08 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la primera reunión ampliada entre representantes de la DIRESA Cusco, Red de Salud Canas Canchis Espinar, Hospital y Asociación Comunidad Local de Administración de Salud (CLAS Espinar), representantes de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Espinar, Derechos Humanos Sin Fronteras, comunidades campesinas de Huarca, Alto Huancané, Huisa, Bajo Huancané, Huisa Ccollana, Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, entre otros. El principal motivo del espacio de articulación es la atención que se realizará del 18 al 22 de noviembre en Espinar como parte del Plan de Acción de Salud Integral para la población en riesgo a metales pesados y metaloides en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y La Convención.

Cabe señalar que la DIRESA Cusco socializó el plan de atención en mención,  indicando que se viene trabajando coordinadamente con DHSF y comuneros interesados de las zonas de influencia directa del proyecto minero Antapaccay. “El día 17 de noviembre el personal médico de 9 especialidades, urología, dermatología, neurología, ginecología, nefrología, entre otros, llegarán desde Lima para instalarse en la provincia y poder iniciar la atención desde el 18 hasta el 22 de noviembre”, manifestó la Lic. Karen Choque, responsable de la estrategia regional para metales pesados de la DIRESA Cusco.

Sin embargo, las y los comuneros que participaron en la reunión, indicaron que en el pasado las atenciones no habían sido de prioridad para las comunidades afectadas ubicadas en el entorno minero. ‘En agosto que también hubo atención, vimos con mucha pena que nuestros hermanos de comunidades se regresaron porque no tenían SIS y no se les dio prioridad para atenderlos’ señaló Carmen Chambi, vocera de Espinar en la Plataforma Nacional de Afectados por metales Tóxicos. Además, los comuneros manifestaron que ‘ya están cansados’ de que solo se les proporcione paracetamol, sabiendo que sus problemas de salud son de gran complejidad.

Por otro lado, los comuneros evidenciaron que la mayoría de personas afectadas por metales tóxicos viven en comunidades campesinas, y es difícil (económica y geográficamente) trasladarse hasta el Hospital de Yauri (donde será la atención), por ello solicitaron apoyo, principalmente para el traslado de  adultos mayores, exigiendo que el personal de salud tenga especial atención con ellos.

En base a todas estas observaciones y preocupaciones planteadas desde las comunidades campesinas, las instancias presentes se han comprometido a mejorar la atención en salud y que ello se enmarca en los siguientes acuerdos:

  1. La Municipalidad Provincial de Espinar, a partir de la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, pondrá a disposición 01 movilidad que apoye en el traslado de comuneras/os que no puedan viajar hasta Yauri. Mientras que la Gerencia de Desarrollo Social brindara carpas, sillas y alimentación durante el proceso de atención.
  2. Con respecto a las malas atenciones que pudieron darse en el pasado, la DIRESA ratifica su compromiso de mejorar la atención desde el equipo que acompañe este proceso. Así mismo la DIRESA se compromete en remitir al MINSA la relación de personas que no cuenten con SIS y que se encuentren expuestos a su salud por metales pesados, para que así puedan recibir la atención gratuita completa.
  3. La Red de salud Canas Canchis Espinar, Hospital de Espinar, Microred y CLAS Espinar se compromete en operativizar la atención garantizando todo el recurso humano necesario.
  4. DHSF se compromete a capacitar y promover la participación de traductores e intérpretes quechuas que acompañen los días de atención en salud.
  5. Finalmente, las comunidades campesinas se comprometen a socializar estos acuerdos en sus bases para garantizar la atención de sus comuneras/os los días programados. Así mismo registrar a las personas que requieren urgente atención de salud para que puedan gestionar su ingreso al SIS.

Desde Derechos Humanos Sin Fronteras creemos que es importante resaltar este tipo de acuerdos, que involucran a todos los actores sociales e institucionales, pues permitirán garantizar la salud de las comunidades campesinas que desde hace muchos años exigen atención de calidad.

Programación de atención según comunidades.
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Paro contra la minería en el sur de Ayacucho culmina con movilizaciones en las capitales de tres provincias

Paro contra la minería en el sur de Ayacucho culmina con movilizaciones en las capitales de tres provincias.

El paro de 72 horas en el sur de Ayacucho convocado por el Comité de Lucha Interprovincial Contra la Contaminación Minera (que involucra a los frente de defensa de las provincias de Paucar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas), culminó hoy jueves con movilizaciones en las capitales de las tres provincias que acatan la medida de protesta en contra de la actividad minera en sus territorios -en especial en las cabeceras de cuenca- porque habrían contaminado fuentes de agua de cuencas como Huanca Huanca, Paucar del Sara y el rio Mirmaca.

Según refirió la representante del Frente de Defensa del Pueblo de Paucar de Sara Sara, María Luisa Díaz, la plataforma de lucha de las tres provincias del sur de Ayacucho que acataron el paro de 72 horas se resume en cuatro puntos: 1) aprobación del marco metodológico para la declaración de zonas intangibles a las cabeceras de cuenca, 2) aprobación de la ordenanza regional que declara zona intangible a las cabeceras de cuenca, e) inventario y evaluación de todos manantiales (de consumo humano y agrícola) y 4) evaluación de la situación de salud de todos los habitantes de las tres provincias del sur.

María Luisa Díaz dijo que tras la movilización se ha logrado que la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) responda a sus demandas. Indicó que entre el 19 y 22 de noviembre estarán arribando a las provincias del sur de Ayacucho representantes de la PCM, conjuntamente con los responsables de la Autoridad Nacional del Agua y los técnicos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). “Estas instancias son los responsables de haber autorizado a las empresas mineras para el uso de nuestros recursos hídricos. Con ellos estaremos visitando las cabeceras de cuenca”, dijo y anunció que en los procesos de negociación con el gobierno no se harán de forma individual sino colectiva

Se conoció que una comisión del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) llegó a la localidad de Puquio (Lucanas) y se reunieron con integrantes del Comité de Lucha. Se informó que los representantes del GRA, respondieron que la demanda de declarar zona intangible a las cabeceras de cuenca es competencia del gobierno nacional, así como la suspensión de operaciones de las empresas mineras en la zona sur de Ayacucho. También indicaron que concluyeron que el gobernador regional Carlos Rúa  deberá acompañar a Lima a los miembros del Comité de Lucha para la gestión de sus demandas. Algunos pobladores no han quedado conformes con las conclusiones y acuerdos arribados.

Por otro lado informaron que solicitaran la descentralización de las oficinas de la Dirección Regional de Energía y Minas a las provincias del sur, donde deberán instalar sus oficinas de enlace para una adecuada atención a los reclamos de la población.

Por su parte Felix Rupire, integrante del Comité de Lucha del paro del sur, desmintió que su organización haya enviado a algún representante a negociar con las empresas mineras que se encuentran operando en las tres provincias del sur de la región. Asimismo indicó que el paro de 72 horas ha sido exitoso, porque se ha dado la unidad de los frentes de defensa y los comités de lucha. “Con esta medida se está haciendo eco y la voz de nosotros se está escuchando de no a la minería, si al agro y al agua. Aquí estamos en pie de lucha. Este es un inicio y así vamos a lograr que se atienda nuestras demandas”, expresó.

La consejera regional de Ayacucho, Verónica Vargas Huayta, estuvo acompañando la movilización  que se realizó en la ciudad de Pausa, desde donde manifestó su apoyo a los pobladores  en “la defensa del agua”. Dijo que en la próxima semana se  realizará una sesión de Consejo Regional donde reafirmará el pedido de incorporar en una ordenanza regional la intangibilidad de las cabeceras de cuenca. “La mina debe dejar de contaminar nuestras aguas. Pedimos represas, pero para que sirve si el agua está contaminada. No tengo compromisos con la minera, por ello llegaremos a las últimas instancias. Nuestras cabeceras deben incorporarse como zona intangible”, expresó.

En la cabecera de cuenca de Chaviña (Lucanas) se registró una movilización de más de 2 mil pobladores del distrito del mismo nombre, quienes llegaron hasta el centro de operaciones mineras de la empresa Apumayo, a la que se acusa de haber contaminado fuentes de agua. La población, en las puertas de Apumayo, hizo una manifestación solicitando que se cierre esta mina. Asimismo muchos trabajadores de ésta empresas tuvieron que retirarse por temas de seguridad.

En la zona los dirigentes declararon que otorgarán 10 días para que el gobierno se haga presente para dar respuesta a sus demandas. En la localidad de Oyolo (Paucar del Sara Sara) también se concentró un amplio grupo grande de pobladores que realizaron marchas pacíficas.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/ayacucho/paro-contra-la-mineria-en-el-sur-de-ayacucho-culmina-con-movilizaciones-en-las-capitales?fbclid=IwAR2HIfBHMmRPDkO6uKDscosDf4X8hGkZGzlWlAcaXbuy24DVe7H2m5kKgic

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Puerto Inca exige retiro de mineras chinas por daños ambientales

Huánuco. Denuncian que han destruido 120 hectáreas de bosques y gozan de indebidos beneficios de las autoridades.

Una delegación de catorce representantes de la provincia huanuqueña de Puerto Inca, encabezados por el alcalde Hilter Rivera Bahomam, el subprefecto Víctor Rengifo Vásquez y el dirigente yanesha Juan López Gaspar, llegó a Lima para exigir a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas que los empresarios mineros chinos, a quienes se entregó concesiones auríferas, se retiren de la zona.

Los argumentos que esgrimen es que, en ocho años, estas empresas no solo han deforestado más de 120 hectáreas de bosques sino que vienen dejando suelos abiertos sin un adecuado proceso de cierre.

A esto agregan que estas empresas también han denunciado a 76 ciudadanos que desarrollan minería de subsistencia, acusándolos de ser mineros ilegales. Uno de ellos fue sentenciado a cinco años y siete meses de prisión. Se trata de James Quispe Panduro, de 31 años, quien desde hace dos años está recluido en el penal de Potracancha.

“Están afectando nuestros balnearios, nuestras zonas turísticas porque vienen trabajando cerca de la faja marginal del río Pintuyacu. Ellos aducen que esos lugares no han sido bosques sino áreas donde hubo sembríos de coca. Eso es falso. Ahí siempre ha habido flora de regeneración natural. Eso se está talando”, reclamó el alcalde provincial de Puerto Inca, Hilter Rivera, quien agregó que los mayores daños lo cometen las empresas Inca Dorado I e Inca Dorado II.

Por su parte, el representante de la sociedad civil, Jorge Burgos Abanto, cuestionó que estas compañías figuren como pequeñas mineras, cuando tienen una inversión de casi 3 millones 600 mil dólares en maquinaria.

“Han tenido la desfachatez de decir que están apoyados por la Presidencia del Consejo de Ministros y otras autoridades. Lo que hemos visto es que se toman fotografías con congresistas. Creo que deben tener algo de qué agarrarse”, anotó.

Los delegados también indicaron que la Ley de Minería no contempla a la minería artesanal, por lo que pidieron una nueva norma. “La Ley 1100 y su artículo 5 debe modificarse porque tiene que incluir una actividad que se practica desde la época inca”, sostuvo el presidente de la Asociación de Concesionarios Mineros en el Alto Marañón, Raúl García.

El comunero yanesha Juan López agregó que ellos han venido desarrollando actividad minera de manera artesanal, sin impactar el medioambiente, pero que ahora estas empresas les niegan el acceso. “Deben irse, ya lo hemos decidido en asamblea”, enfatizó.

MEM promete instalar mesa de diálogo

El ministro de Energía y Minas, Juan Liu, quedó en agendar las demandas de Puerto Inca para una próxima cita.

El alcalde Hilter Rivera solicitó que un representante del Ministerio Público sea parte de esta mesa de diálogo. Esto con el fin de tratar el tema de la judicialización de los mineros artesanales y la liberación de los que están recluidos en un penal.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politics/2019/11/18/puerto-inca-exige-retiro-de-mineras-chinas-por-danos-ambientales/?fbclid=IwAR1eMkMRuRyojaW2hz1bsaLNsoTc9hJPz_P1MjX1iVNP7w7MiyyT5siySl8

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Arequipa: Detienen a dirigentes opositores al proyecto Tía María

En horas de la mañana, once personas -entre trabajadores y obreros de construcción civil- fueron detenidas supuestamente por pertenecer a una organización criminal denominda «El Ladrillo Sindical del Sur», sindicada de extorsión de empresas de construcción en Arequipa.

La fiscalía de crimen organizado realizó un megaoperativo donde se allanaron las viviendas de los investigados y los locales de organizaciones sindicales.

Entre los detenidos se encuentran los dirigentes sociales José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA), y Andrés Saya Alarcón, secretario general de Construcción Civil. Ambos líderes conocidos por las protestas contra del proyecto minero Tía María.

Según la declaración del fiscal  José Chávez Cotrina a Radio Yaraví, la supuesta organización se dedicaba a cobrar cupos y colocar  trabajadores  fantasma en obras.

Alrededor de 500 efectivos de la Región Policial Arequipa junto a 22 fiscales especializados contra el crimen organizado intervinieron en el operativo. La medida estuvo dirigida por la fiscal  Rosmery Mendoza Palomino, y se dictó detención preliminar por 15 días.

Denuncian persecución política

Dos de los detenidos son dirigentes sindicales que pertenecen al Comando de lucha en defensa al Valle de Tambo que rechazan el proyecto minero Tía  María de la empresa Southern. Ellos fueron trasladados a la sede de la región policial en el marco de las investigaciones.

El abogado de Luis Chapa Díaz de la Federación Departamental de Trabajadores, Agustín Núñez, afirmó se trataría de una «persecución política» debido a que su defendido dirigía uno de los gremios importantes en las protestas de Tía María y en la lucha de los trabajadores en Arequipa. «Trataremos de desvincular a mi patrocinado de los delitos que le están imputando», declaró.

A través del medio Yaraví varios pobladores opinaron que estas detenciones serían parte de una estrategia para amedrentar a las organizaciones sindicales.

Lista de detenidos

  • José Luis Chapa Diaz (a) “CHAPA”- mando ejecutivo
  • Andrés Saya Alarcon (a) “ANDRÉS” O “CHIMUELO” – mando ejecutivo
  • Alfredo Mojica Valdez (a) “PELAO” O “MOJICA – mando ejecutor
  • Teófilo Maldonado Yanapa (a) “TEO” – mando ejecutor
  • José Rubén Díaz Diaz (a) “CENTELLA” O “DÍAZ” – mando ejecutor
  • Gelber Dagoberto Quispe Leon (a) “DAGO” O “GELBER” – mando ejecutor
  • Genaro Jorge Tapia Quispe (a) “GENE” – mando ejecutor
  • José Manuel Quispe Flores (a) “CACHARRÓN” – mando ejecutor
  • Juan Alberto Lopez Mamani (a) “LURIGANCHINO” O “LÓPEZ” – mando ejecutor
  • Juan Alberto Calle Lopez (a) “CACHORRO” – ejecutor
  • Pedro Aurelio Alvarez Tinuco (a) “TINUCO” – ejecutor

 

Fuente:https://wayka.pe/arequipa-detienen-a-dirigentes-opositores-al-proyecto-tia-maria/?fbclid=IwAR1VRBUqAKN-y8SkeEQ9kCun-bvoNA782MWq4FWFpIbONY1_gyK3sZu1CY8

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La Libertad: pobladores denuncian grave contaminación minera en Pataz

Pobladores del anexo Retamas-Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, denunciaron al Consorcio Minero Nuevo Horizonte S.A por ser presuntamente responsable de la grave contaminación ambiental que padecen varias comunidades de ese sector de la región La Libertad.

En un documento presentado ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a fines de octubre, y al que tuvimos acceso, se indica que la minera en mención estaría vertiendo sus relaves de manera irresponsable en las aguas del río Retamas, el mismo que desemboca en la laguna de Pías.

“¿Ves esa tubería? Debería conducir a algún lugar aislado, específico, donde los relaves puedan ser tratados. Pero no es así, mira la tubería, desemboca en la vegetación, a metros del río. Toda esta zona está contaminada y hasta los peces que la gente pesca para comer están llenos de desechos de la minería”, refiere la abogada Mery Aguilar, señalando unas fotos.

Pero no sólo son los relaves. Según la abogada, también existe contaminación por emanación de gases tóxicos de uno de los túneles o bocaminas del consorcio Nuevo Horizonte. Hasta allá, llegó ella con los denunciantes y acompañada por personal de la Policía para certificar los hechos denunciados.

 

Nadie hace nada

Lo más grave de todo, asegura Aguilar, es que se trata de una mina formal, con licencia del Estado y que opera desde hace décadas en la región, siempre de manera irresponsable y sin ningún tipo de control.

Efectivamente, esta situación no es nueva. En noviembre del 2016 las rondas campesinas de Tayabamba, Chilia, Llacuabamba y Parcoy se unieron para exigir que la OEFA investigue el grave daño ambiental que la minera causaba en la zona. Hubo un paro de varios días incluso, que en cierto modo llamó la atención de las autoridades, pero a tres años de eso, la situación no ha cambiado mucho.

“Desde hace años este consorcio minero hace lo que quiere, comprando autoridades para que no denuncien. El único que en algún momento denunció, fue el exalcalde de Pías, Grabielito Marcial Huamán Ruiz, quien extrañamente desapareció y nunca más se supo nada de él”, agrega Mery Aguilar.

Los pobladores de esta zona de la sierra liberteña, creen que la desaparición del exalcalde no sería casual, sino que estaría relacionada con las denuncias que hizo a fines de los años noventas para frenar la contaminación que por años sufre su comunidad.

“Queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto. No estamos en contra de la minería, pero tiene que ser responsable y sin afectar a las personas ni a la naturaleza”, finaliza Aguilar.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/14/la-libertad-pobladores-denuncian-grave-contaminacion-minera-en-pataz/?fbclid=IwAR2YphFuDAAPQsr-pHl99AnpcNC4up3VD3WWPeel9SjLuSAG3hn-_jzMI88

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Las Bambas: se retoma el diálogo con promesa de adelanto de canon minero

El jueves 14 de noviembre se reanudó el diálogo en la provincia apurimeña de Cotabambas, tras una cancelación previa del diálogo sobre su Convenio Marco por parte de la empresa MMG Las Bambas. En la reunión se ratificó el adelanto de Canon Minero para los gobiernos locales.

La reunión de la mesa de trabajo sobre Canon Minero de la Comisión Multisectorial para la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso, se realizó en el distrito de Haquira y contó con la participación del primer ministro Vicente Zeballos, una comitiva multisectorial del Ejecutivo, autoridades municipales y representantes de la empresa Las Bambas y de la sociedad civil. La mesa, creada en julio del presente año por el ex ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, había quedado en suspenso por las dificultades en torno al grupo de trabajo sobre Convenio Marco.

Zeballos confirmó en la cita la implementación del instrumento de adelanto de Canon Minero en beneficio de la provincia. A partir de marzo de 2020, se estaría adelantando un porcentaje del Canon correspondiente al periodo 2023-2027 sin intereses. La medida facilitaría la inversión para cubrir la brecha en materias de salud, educación y saneamiento de las comunidades locales. El porcentaje del Canon que se adelantaría se acordará en una futura reunión entre la sociedad civil y el Ejecutivo.

El adelanto de Canon fue anunciado anteriormente el 11 de noviembre por el presidente Martín Vizcarra en su visita a la región de Apurímac. La viabilidad de este instrumento se viene evaluando en el marco de la reforma de la Ley de minería para facilitar la inversión en las zonas de influencia de proyectos mineros. En la misma oportunidad el presidente anunció la ampliación de la carretera de Abancay – Chuquibambilla – Challhuahuacho, que facilitaría el transporte de la capital regional hacia la mina Las Bambas.

15 de noviembre de 2019

 

Fuente:;http://conflictosmineros.org.pe/2019/11/15/las-bambas-se-retoma-el-dialogo-con-promesa-de-adelanto-de-canon-minero/

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Espinar: tras medidas de fuerza de comunidades primer ministro Zeballos acepta diálogo

Tras la paralización de las 13 comunidades de la provincia cusqueña de Espinar afectadas por el proyecto Antapacccay – Integración Coroccohuayco de la transnacional Glencore, lograron una reunión de diálogo con el presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos, a desarrollarse el martes 19 de noviembre, en la comunidad de Tintaya – Marquiri

Pasando 8 meses del inicio del conflicto, el 12 de noviembre se volvieron a activar medidas de fuerza en Espinar contra la empresa minera Glencore por el incumplimiento a los acuerdos suscritos con las comunidades. Desde la madrugada del martes, las 13 comunidades originarias realizaron una toma en el Corredor Minero del Sur en la comunidad de Marquiri impidiendo el tránsito de los camiones encapsulados de Glencore y de la empresa MMG Limited.

La nueva medida de fuerza tiene como antecedente el abandono de parte del Estado al no atender la demanda de una consulta previa en el caso del proyecto minero Antapaccay, que una comitiva de ministros reconoció el pasado 26 de agosto. Flavio Huanqque Ccapa, vocero de la Asamblea Multicomunal de las 13 comunidades afectadas, señaló que se espera una respuesta del Estado desde hace meses.

“Nosotros esperamos que el martes 19 el Estado peruano reconozca la omisión de la consulta previa en Antapaccay y también que se comprometa a que se hará en el caso de Coroccohuayco. No nos oponemos a la explotación minera, lo que queremos es que se respeten nuestros derechos”, señaló el vocero de las comunidades, Flavio Huanqque.

Las comunidades esperan que en esta oportunidad el Estado finalmente reconozca la omisión del proceso de consulta previa en 2012 para el proyecto Antapaccay. Asimismo, exigen que se establezca un proceso de consulta para determinar la viabilidad del proyecto de ampliación de Coroccohuayco, y que se implemente un plan de reparaciones para los daños sociales y ambientales que se siguen dando desde 2012.

 

Fuente:onflictosmineros.org.pe/2019/11/14/espinar-ministro-zeballos-acepta-dialogo-tras-paro-en-el-corredor-minero/?fbclid=IwAR0VPAzsniIKw9L1dRFz55cJ9_ibnWsIzZ5zbcC4UaBU2DZHoXZeh9Z3Gdk

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Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos: un análisis de su implementación en el Corredor Minero del Sur Andino

Desde hace varios años se viene generando en organismos internacionales, la academia y la sociedad civil, un intenso debate sobre la responsabilidad que tienen las empresas en la protección y el respeto por los derechos humanos. Plantear este tema no ha sido fácil, porque establecer limitaciones a las empresas genera fuertes resistencias, sea por parte de las empresas que no quieren que se regule sus actividades y también por parte de diversos gobiernos que son bastante flexibles para permitir el ingreso de empresas extranjeras en perjuicio de los intereses de la población.

Como parte del debate, han ido surgiendo propuestas de marcos regulatorios que buscan establecer una serie de parámetros y estándares para las empresas, para que sus actividades no generen vulneraciones de derechos humanos.

En este marco surgen los denominados Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante PR) los cuales establecen una serie de directrices que deben guiar el comportamiento de todas las empresas y que están articuladas en tres pilares:

Pilar I: El deber del Estado de proteger a la población frente a los abusos de derechos humanos ocasionados por las empresas;

Pilar II: La responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos;

Pilar III: La necesidad de reparar a las víctimas los daños ocasionados por las empresas.

Muchas empresas mineras transnacionales han ido incorporando progresivamente varios de esos principios de relacionamiento social en sus instrumentos de gestión corporativos y en sus políticas internas. A esto se han visto obligadas principalmente por sus compromisos con las entidades financieras que los apoyan, como el Banco Mundial, y también como un mecanismo para mejorar su imagen corporativa y mejorar sus niveles de certificación como empresas responsables.

Verificar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de empresas mineras transnacionales es el objetivo de la línea investigativa del proyecto “Empresas transnacionales y principios rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de los derechos humanos en América Latina” del cual CooperAcción forma parte y que se viene ejecutando en cuatro países (Perú, Argentina, Brasil y Colombia). En el caso de nuestro país, esta investigación se ha concretado en un reporte nacional que parte del pilar II de los Principios Rectores y analiza la situación de los derechos humanos y su cumplimiento por parte de las empresas mineras transnacionales que operan en el Corredor Minero del sur andino del Perú: la empresa suiza Glencore con el proyecto minero Tintaya – Antapaccay ubicado en la provincia de Espinar en el departamento de Cusco; y el proyecto minero Las Bambas, de la empresa estatal china MMG que abarca las provincias de Cotabambas y Grau en el departamento de Apurímac, y la provincia de Chumbivilcas en el departamento de Cusco.

A pesar de que Glencore y MMG han incorporado los PR en sus políticas internas y se han adherido a muchas otras directrices y estándares de responsabilidad social, los resultados obtenidos en este reporte nacional dan cuenta de que estas empresas están muy lejos de cumplir con su responsabilidad de respetar derechos humanos y de implementar medidas específicas para respetar los derechos de pueblos indígenas y para compensar las afectaciones o implementar medidas de reparación respecto a las afectaciones producidas.

En el caso de Glencore y su proyecto minero Tintaya-Antapaccay-Coroccohuayco, se viene afectando el derecho fundamental al agua de la población en Espinar. Como consecuencia de más de 30 años de actividad minera en la zona, se han afectado las fuentes de agua disponibles. Los caudales y quebradas en la zona Tintaya y Antapaccay se han reducido considerablemente, al igual que los niveles de agua subterráneas. Así mismo, la ampliación de la mina con el proyecto Coroccohuayco prevé afectar otras fuentes de agua de las que depende la población.

Las alteraciones en la calidad de agua afectan directamente la salud de la población de Espinar. De un dosaje realizado a 897 personas en el 2017, a más de 700 se les detectó en la sangre la presencia de metales pesados (arsénico, cadmio y mercurio) por encima de los parámetros recomendados. Existe una serie de estudios técnicos que asocian la actividad minera con la alteración de la calidad del agua. Sin embargo, son necesarios estudios técnicos especializados adicionales para determinar con certeza las causas de la contaminación del agua.

Por su parte, en el caso de la empresa MMG y su proyecto Las Bambas, esta no ha cumplido con identificar y evaluar de manera integral los impactos actuales de sus operaciones en los manantiales, bofedales, ríos y usos del agua de las comunidades, entre otros. Mediante la fragmentación de sus estudios ambientales, Las Bambas ha terminado por invisibilizar los impactos negativos reales generados por sus operaciones.

De igual modo, el cambio (no consultado a las comunidades) en la modalidad del transporte de los minerales, que pasó de un proyecto inicial de mineroducto al uso de una carretera sin asfaltar autorizada por el Estado, viene generando diversos impactos ambientales y sociales debido al tránsito diario de más de 300 camiones de alto tonelaje[1] por esta vía, que atraviesa más de 170 centros poblados[2]. Polvaredas, ruidos, temblores, rajaduras en las viviendas, afectación de cultivos, afectación del libre tránsito, riesgo de accidentes y atropellos continuos son parte del día a día de las personas que viven en las zonas continuas al corredor.

Fuente: INEI, Censo 2017

Así mismo, las actividades de Glencore y MMG se han beneficiado de una serie de medidas coercitivas aplicadas por el Estado: 1) Convenios de seguridad suscritos con la Policía Nacional del Perú (PNP), que han permitido y facilitado el uso de la fuerza policial para reprimir la protesta y proteger las instalaciones y actividades de las empresas mineras; 2) Declaratoria permanente de Estados de Emergencia, que son regímenes de excepción que permiten la intervención de la PNP y de las fuerzas armadas en la persecución y detención de dirigentes y líderes sociales, y que restringen los derechos a la libertad, al libre tránsito, a la reunión, entre otros, 3) Persecución penal de dirigentes sociales, pues centenares de ellos se encuentran actualmente con procesos penales activos por su participación en movilizaciones. Tanto Glencore como MMG contribuyen a la criminalización de dirigentes costeando a los principales estudios de abogados de Lima para que lleven los procesos penales.

En conclusión, si bien no se puede negar que los PR constituyen un avance para establecer un marco de regulación al accionar de las empresas y para visibilizar las afectaciones de derechos humanos cometidas por estas, los hallazgos identificados en el reporte determinan que los PR no llegan a ser suficientes para modificar las prácticas de las empresas, como se ha podido evidenciar con el caso de las empresas transnacionales Glencore y MMG. Por tanto, se confirma que se requiere avanzar hacia una nueva fase en la cual se establezcan mecanismos que sean vinculantes (obligatorios) para las empresas, y que sean medibles y sancionables de ser el caso.

Como reflexión final, se debe señalar que tal vez no tendríamos que debatir sobre la necesidad de hacer un Tratado Vinculante u obligatorio para las empresas, si es que los Estados nacionales cumplieran bien su labor en la protección y defensa de los derechos de la población. Lo concreto es que esa no es la realidad y el Perú es un caso ejemplar en ese sentido: una institucionalidad débil, competencias dispersas entre distintos órganos, poca presencia del Estado en las zonas de actividad minera, vacíos legales o normas que favorecen arbitrariamente los intereses de las empresas privadas (ITS), y en general una incapacidad del Estado para poder establecer un adecuado equilibrio entre los intereses de la población, el Estado y las empresas.

Hasta que esta situación no cambie, nos seguiremos enfrentando a diversos conflictos sociales como consecuencia de malas prácticas de empresas mineras y de la incapacidad del Estado de dar una respuesta efectiva a estas vulneraciones a los derechos humanos.

 

[1] La carretera de Las Bambas: así es como una mala gestión ambiental propicia los conflictos http://cooperaccion.org.pe/la-carretera-de-las-bambas-asi-es-como-una-mala-gestion-ambiental-propicia-los-conflictos/

[2] Según la base del Censo de Población y Vivienda del INEI del año 2017

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/principios-rectores-sobre-empresas-y-derechos-humanos-un-analisis-de-su-implementacion-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/?fbclid=IwAR0re0fHKgZr2dxcDE8dZ9J65u64sQh-hqJrJ_kXIfnSy_QAWd6dspU1ZHo

Perú

Puno: Colapsa poza de relave de minera en La Rinconada y causa muerte de poblador

Juliaca. Población exige a autoridades regular instalación de relaveras. Manifiestan que Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Putina no cumple con los requisitos mínimos de seguridad para la evacuación de lodos.

El colapso de una poza de relave minero causó la muerte de Faustino Apaza Mamani (34). El hecho ocurrió la noche del último miércoles, luego de que el material altamente contaminante rebalsara y saliera hasta la carretera Ananea-La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina.

El incidente se produjo cerca de las 8:00 de la noche en el sector de Sillapuca, por donde se trasladaba Apaza en su moto. Fue alcanzado por lodo o lama (parte fina del relave minero), esto lo arrastró sin que pueda escapar.

La poza pertenecería a la corporación minera San Francisco. Irresponsablemente, fue construida cerca de la vía y al costado de un río de la zona. Esta poza, al quebrarse, obstaculizó el tránsito de los vehículos que quedaron varados varias horas. Los lugareños indicaron que reiteradas veces han denunciado ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno el peligro que representaba este relave para la población, pero no fueron escuchados.

Asimismo, señalan que la Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Putina (Cecomsap), de la que forma parte San Francisco, no cumpliría con los requisitos mínimos de seguridad para la evacuación de lodos. El colapso de la poza afectó a otras contratistas mineras aledañas y a la población. Es por ello que solicitaron a las autoridades que tomen las acciones pertinentes para evitar más tragedias. El fallecido deja dos hijos menores de siete y nueve años.

 

Fuente:https://larepublica.pe/society/2019/11/15/puno-colapsa-poza-de-relave-de-minera-en-la-rinconada-y-causa-muerte-de-poblador-lrsd-juliaca/?fbclid=IwAR2sTsWs0pMj1H7Jj4Dl8-ID_7AxPZ6ohfZesIF3O9s6AmYBKMPQ5E3DFQw