En Lima y Callao cerca de medio millón de ciudadanos no tiene acceso al agua potable, millones no cuentan con un acceso de calidad según el INEI. Dada esta situación, en el último año nuevas amenazas al recurso vital han generado manifestaciones de la ciudadanía en la capital y el primer puerto. Esto refuerza los datos de la Defensoría del Pueblo que indican que el 30% de la conflictividad a nivel nacional se debe a la afectación del agua, de forma importante por parte de la minería irresponsable.

Al respecto, cabe señalar que Lima es una de las 20 ciudades del mundo con más alto riesgo de estrés hídrico ante el cambio climático. Las estimaciones que fechaban el 2030 como el año del agotamiento del recurso hídrico son cada vez más criticadas por evidencias de que el fenómeno sucederá antes.

En la capital, la constante contaminación de la actividad minera y la emisión del Decreto Supremo 214-2019 por parte del presidente Vizcarra que supone la posible privatización del SEDAPAL han generado multitudinarias movilizaciones. Dos marchas que en setiembre y noviembre movilizaron a más de 50 mil ciudadanos contra la afectación del servicio de agua y el proyecto minero Ariana. El Sindicato del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL) junto a diversas organizaciones ciudadanas organizaron las protestas, exigiendo además la protección de las fuentes de agua del río Rímac frente a la contaminación por pasivos ambientales mineros presentes en San Mateo.

Luisa Eyzaguirre, dirigente de SUTESAL, ha manifestado públicamente la oposición del sindicato al proyecto minero Ariana señalando que “Sutesal está pidiendo que el gobierno a través del ministerio de Energía y Minas le quiten la licencia de funcionamiento”. Según la dirigente, los principales conflictos en el mundo en la actualidad se dan por el agua y temas vinculados al medioambiente.

En este sentido, la campaña ambientalista mundial Viernes por el Futuro (Fridays For Future), reconocida por la activista Gretta Thunberg, ha sido acogida por organizaciones nacionales que luchan por el medioambiente. En Lima, con motivo de la COP25, el movimiento ha realizado protestas exigiendo al Ministerio del Ambiente nuevas políticas para reducir significativamente los gases de efecto invernadero y la protección de la amazonia y los sistemas hídricos.

La aceleración del movimiento ambientalista da cuenta de un cambio en la matriz de los procesos reivindicatorios. Reconocimiento que se plasmó en el enfoque en saneamiento que se impulsó en el gobierno de PPK que vuelve a cobrar relevancia ante la afectación del recurso vital. En el contexto presente, inclusive un análisis moderado indicará que la lucha por el agua se tornará cada vez más en un tema gravitante de la agenda pública y que los responsables de su afectación tarde o temprano tendrán que asumir los impactos que generan.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/12/16/masivas-protestas-por-el-agua-en-lima/

Recientes denuncias en redes sociales nos han hecho recordar que el 22 de enero de 2018, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) hizo pública una concesión minera de 1000 hectáreas, que comprometería la zona turística conocida como las Aguas Turquesas de Millpu, en los distritos de Huancaraylla y Huamanquiquia, provincia de Víctor Fajardo en la región de Ayacucho.

La concesión minera Sombrero 38, de la empresa Sombrero Minerales S.A.C., fue presentada en 2017, actualmente se encuentra en etapa de estudio y cuenta con la autorización para el ingreso del personal minero a la zona. Si bien la zona  comprometida se encuentra a 10 kilómetros de las piscinas naturales, esta se ubica río arriba sobre las fuentes del río Millpu.

En 2015 el lugar fue revalorizado como zona turística, haciéndose famoso por su belleza paisajística, pero como su nombre quechua lo indica, su función ancestral es la distribución de recursos hídricos. Este territorio es parte de un extenso sistema de gestión del agua compuesto de bofedales, microcuencas, lagunas, cataratas, millpus (canales de captación) y ojos de agua, que abastecen a la actividad agropecuaria, acuícola y el consumo humano de las comunidades cuenca abajo.

El hecho ha suscitado la oposición de las comunidades de Llusita, Huancarayllina, Fajardina y del centro poblado de Circamarca, que han conformado un Frente de Defensa para la preservación de sus recursos hídricos, turísticos y la salud. Aún se requiere realizar un estudio hidrológico que determine la posible afectación del agua, pero debido a la importancia del sistema hídrico y su arraigo cultural para las comunidades locales, la actividad minera en este territorio se presenta riesgosa.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/06/denuncian-concesion-minera-que-afectaria-zona-turistica-en-ayacucho/?fbclid=IwAR3HXBXzSdReIQfyiB9tP5oFfK1V9n9hS8AjoEDw6KN1ewhuzuDHmm4h8yk

Las acciones en torno a los proyectos Tía María, Las Bambas y Quellaveco marcarán el inicio del año. Defensoría del Pueblo dice que en el 2019 disminuyeron los conflictos.

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/la-agenda-pendiente-de-los-conflictos-sociales-para-el-2020-informe-noticia/

Hace menos de dos años el Ministerio de Salud (MINSA) reconoció públicamente que el “asunto” de la contaminación de ciudadanas y ciudadanos, por metales tóxicos principalmente en zonas en donde se desarrollan actividades empresariales mineras, petroleras e industriales, es un problema de salud pública nacional.

Que el MINSA ponga en agenda la afectación de la salud humana por metales fue resultado de las luchas en varias partes del Perú. No podemos dejar de mencionar los constantes reclamos y movilizaciones de los afectados de la ciudad de Pasco, Espinar o La Oroya, así como las protestas de las comunidades indígenas amazónicas en la zona denominada Cuatro Cuencas o Chiriaco; lugares que en los últimos años han sido escenarios de conflictos por la precaria atención para las víctimas de la contaminación.

En el 2017 estas luchas se encontraron para organizar e impulsar la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, la cual entendió que el reclamo por la salud ambiental y humana en las zonas impactadas por los proyectos mineros, petroleros o industriales, necesitaba de un trabajo colectivo y articulado para lograr una política nacional multisectorial e integral que pudiera alcanzar una atención preventiva y especializada.

Para los integrantes de la plataforma queda claro que los estados de emergencia decretados en las zonas petroleras o mineras no son suficientes para solucionar un problema que tiene que ser asumido de manera multisectorial por el Estado, respondiendo con políticas, presupuestos, y personal capacitado en prevención y atención especializada para las personas afectadas por metales tóxicos a nivel nacional.

Para impulsar esta demanda, la plataforma ha venido desarrollando diversas acciones de fortalecimiento organizativo, así como de denuncia y acciones para visibilizar su plataforma de lucha. Es importante destacar su participación en la V Audiencia de la Comisión de Pueblos Indígenas: “Avances para la prevención y atención integral de la afectación de salud por contaminación con metales pesados y oros asociados a minería e hidrocarburo” realizada el 8 de julio, así como la primera reunión nacional “Mujeres, territorios y salud ambiental” realizada el 11 y 23 de setiembre y que contó con la participación de 30 mujeres de las provincias de San Mateo, Loreto, Bagua, Pasco, La Oroya, Lima, Melgar, Hualgayoc, Moquegua, Huancayo y Espinar, donde se logró el objetivo de construir una agenda de las mujeres rumbo al encuentro nacional.

El II Encuentro Nacional de afectados y afectadas se desarrolló bajo el lema “Salud, Territorio y agua para los pueblos” realizado del 30 de setiembre al 4 de octubre. Este tuvo como objetivo evaluar las principales acciones de los dos años de creación de la Plataforma, fortalecer la red de afectados y afectadas, y planificar acciones nacionales y regionales en los territorios en donde está presente la Plataforma.

Un logro de la plataforma es que se ha consolidado como un espacio reconocido por el Gobierno y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), llevando la voz de los afectados y afectadas a nivel nacional. El pasado viernes 4 de octubre, tuvieron una importante reunión con la PCM en donde el viceministro Molina se comprometió a emitir el Decreto Supremo para instalar la comisión multisectorial a inicios de noviembre. A pesar de estas acciones que se han realizado, la agenda de lucha de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas sigue sin resolverse. En este momento dos son los temas centrales que la plataforma está demandando al Estado: la creación de La Comisión Multisectorial y el Abordaje Integral que debe asumir el MINSA para la atención de los afectados.

La Plataforma Nacional viene solicitando una Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, dada la magnitud y extensión del problema de salud humana y ambiental que se tiene en el Perú. La propuesta es que esta comisión esté adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y deba encargarse de elaborar un primer informe técnico que fundamente la propuesta del Plan multisectorial de prevención y control de riesgos y daños relacionados con la exposición a metales pesados y sustancias químicas, así como del seguimiento, implementación, evaluación y cumplimiento del plan multisectorial de parte de todos los ministerios, de manera que se garantice el derecho a la salud de las poblaciones afectadas que buscan una atención preventiva, integral y especializada.

Atención que sea integral de verdad

La segunda demanda es que se implemente una atención adecuada a las personas afectadas por metales tóxicos. En los últimos días hay mucha preocupación por la posibilidad de que se apruebe una directiva administrativa que no solucione el problema, sino que más bien perjudique lo avanzado hasta ahora en atención a las y los afectados. Si bien se reconoce que es importante una articulación e integración mayor de sectores y niveles de gobierno para el real cumplimiento de una atención integral, así como asegurar los recursos necesarios mediante una intervención desde los planes y presupuestos nacional y regional, es real que la débil rectoría del MINSA en cuanto a las políticas y programas nacionales y directivas para la identificación, priorización y atención de las poblaciones afectadas por la contaminación ambiental, no garantiza que el problema de la atención mejore en las zonas donde se requiere la implementación de un abordaje integral a las personas afectadas.

Por eso es importante que la aprobación de cualquier directiva esté respaldada con los mayores consensos, acuerdos formales, acciones de coordinación, mandatos normativos, compromisos y decisiones vinculantes que les permita efectuar las funciones y tareas con legitimidad y aceptación. Debe ser una acción conjunta multisectorial, multi e inter disciplinaria, que optimice el uso de los recursos y gane en eficiencia.

En resumen, estos han sido dos años intensos de lucha de la Plataforma Nacional que nos deja varias lecciones para los que venimos apoyando el proceso de construcción de un espacio de articulación nacional. La primera es que a pesar de la fragmentación social es posible hacer alianzas, articular y sumar acciones a nivel nacional que permitan avanzar en la defensa de derechos, en este caso el de la salud ambiental y humana. Segundo, que es posible ir uniendo las agendas de las y los afectados de comunidades amazónicas y comunidades andinas en una sola agenda nacional. Tercero, que las mujeres afectadas tienen impactos diferenciados en el cuerpo y viven de manera distinta los impactos en el territorio y que tienen una importante fuerza movilizadora dentro del movimiento. Y por último, que es posible ir construyendo un movimiento nacional por la salud ambiental y humana en el Perú que busque una atención preventiva, integral y especializada de personas contaminadas por los metales tóxicos en el Perú.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-complejo-camino-de-la-lucha-por-la-salud-ambiental-y-humana-en-el-peru/?fbclid=IwAR3HTeiUIARevaTa_Uz9bHWIglGK5otp7l4Ai5nWk6UYX1prX12X_Vr2gbA

Eduardo Gudynas: Investigador en el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) de Uruguay. Sus áreas de trabajo son las alternativas al desarrollo, especialmente el análisis de las estrategias de desarrollo de gobiernos sudamericanos, sus impactos sociales y ambientales

Las polémicas sobre la minería de oro en Perú están siempre presentes. Es como si nunca terminaran de resolverse. En las últimas semanas retornó una de las más viejas y repetidas defensas de la megaminería de oro insistiendo que es posible llevarla adelante preservando el agua. Un nuevo intento para revertir una de las más duras críticas y evidencias sobre los impactos negativos de ese tipo de minería, y sus efectos sobre las cuencas hidrográficas. Se sueña con un matrimonio armonioso entre las explotaciones a tajo abierto y la conservación del agua, la agricultura, ganadería y hasta la reforestación.

Una defensa de ese tipo para la megaminería de oro en Cajamarca fue presentada por el político Fernando Cilloniz, bajo la imagen de “agua sí” y “oro también”.  Algunos de sus argumentos ya fueron respondidos por Mirtha Vásquez. En este caso deseo ofrecer otra mirada que permite concluir que aquella imagen ya no tiene sustento en tanto no tiene sentido continuar extrayendo oro. La metáfora correcta sería “agua sí porque el oro es innecesario”.

Me explico: la demanda actual de oro está concentrada en dos usos claramente superfluos e innecesarios. Aproximadamente el 50% está destinado a la joyería, y se lo consume sobre todo en China, India y otros países del Medio Oriente y Asia. Un poco menos del 40% se lo utiliza en el sector financiero, para acuñar lingotes o monedas por ejemplo. Este sirve para la acumulación de muchos países, sea en sus propios bancos centrales como en otros sitios, o por particulares que lo acopian como resguardo financiero. Solamente alrededor del 10% tiene usos industriales.

Insisto en estos indicadores porque sirven para desmontar el repetido señalamiento de la necesidad de ese mineral para sostener la industria, la vida moderna o metáforas similares. Los que se oponen a esos extractivismos nos llevarían a la Edad de Piedra es lo que agregan los defensores del oro.

Pero la realidad es muy distinta. Puede afirmarse que en números redondos, casi el 90% del mercado internacional del oro radica en usos superfluos, suntuarios y banales. No tienen nada que ver con las demandas más necesarias en la industria o la medicina. En lugar de eso, se extrae el oro desde países como Perú para que algunos puedan comprar enormes aretes en China, o que otros acopien monedas en sus cofres. Dicho de otro modo, se está poniendo por delante los deseos de consumismo de señoras chinas que están dispuestas a gastar mucho dinero en esas joyas por sobre las necesidades de calidad en salud y ambiente de las comunidades andinas. Esto es sistemáticamente ignorado, ya que sería muy embarazoso que un político local defienda unos enclaves mineros para satisfacer la exhibición de la opulencia del otro lado del planeta.

Por si fuera poco, no tiene sentido seguir sacando oro del suelo, ya que con todo el mineral extraído se pueden atender todas las necesidades legítimas como son las industriales. Se estima que ya están “arriba del suelo” casi cuatro veces el volumen de oro que aún permanece “bajo suelo”. En efecto, se calcula que se han removido casi 200 mil toneladas de oro (dos tercios de ese total se deben a operaciones realizadas desde 1950), mientras que siguen enterradas en el subsuelo unas 54 mil toneladas.

Todo ese enorme volumen de oro que está allí afuera permite que pueda ser recuperado, reciclado o reutilizado para todas las demandas de usos industriales, médicos, etc. Entonces, incluso enarbolando la bandera de la modernización industrial, queda claro que los estilos de vida contemporáneos pueden continuar sin sobresaltos con todo el oro que ya se ha removido. Es más inteligente dedicarse a su reutilización y reciclaje.

Inmediatamente surge la pregunta de por qué no está ocurriendo eso en este momento. Y la respuesta es simple: la culpa la tienen políticas mineras al estilo peruano que se repiten en varios países. Ellas hacen que el precio de mercado del oro sea comparativamente más bajo al costo de los reciclajes y recuperaciones, y es tan barato porque ese valor económico no incorpora los daños sociales y ambientales. Si se sumaran al precio de la onza de oro los costos como los que demandarían asegurar el agua potable, rellenar y reforestar los tajos abiertos o limpiar los pasivos abandonados, estaríamos ante valores de mercado altísimos. En cambio, con ese “oro barato” siempre es más ventajoso seguir extrayendo en países del sur, como Perú o Sudáfrica, ya que la carga del deterioro en la salud, en la calidad de suelos y aguas, o la pérdida de biodiversidad, quedan en esas naciones, se “pagan” allí. Dicho de otro modo, las señoras y señores en China o la India pueden comprar oro del sur, porque ellos no pagan por sus impactos sociales y ambientales.

Tener presente estas particularidades es urgente. Es que actualmente se minan de 2.5 a 3 mil toneladas por año, y a ese ritmo el propio sector empresarial vaticina que hacia 2035-2050 se agotarán los depósitos accesibles o cuya extracción es económica o tecnológicamente posible. Esto no quiere decir que se agotará el oro, sino que otros yacimientos resultan inaccesibles o su concentración es tan baja que ya no es viable extraerlo. Por lo tanto se insiste en un sector destinado a desaparecer en unos años, mientras que los pasivos ambientales que deja estarán allí por décadas.

Una política nacional más inteligente es comenzar a prepararse para esa etapa postminera. En lugar de invertir en un sector moribundo y que genera impactos y conflictos, los recursos del Estado deberían enfocarse en aquellos rubros que los pueden reemplazar, y en especial aquellos que demanden menos insumos en energía y agua, pero más empleo humano, y produzcan bienes realmente necesarios.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/nuestra-mineria-de-oro-y-los-aretes-chinos-un-sinsentido?fbclid=IwAR1hfw5_cc1XTDRfFiECZgHHn6r9AgkOA6KoNNMgiPyKPy9QyEEihblvEIQ

El alcalde Melgar, Esteban Álvarez Casa, explicó que la empresa minera Arasi causó daños al medioambiente. Pese a esto, la empresa no se hará cargo de los estragos que causó.

Desechos mineros de la mina Cobriza de Doe Run cayeron al río Mantaro, en Huancavelica, y causaron que tres mineros queden atrapados. Yanet Meza, alcaldesa de San Pedro de Coris, informó que hasta el lugar llegaron representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para investigar el impacto ambiental del relave.

Los mineros David Estrada, Ismael Javier y Jaime Huamaní fueron reportados como muertos a primeras horas del día. Sin embargo, Meza precisó que ellos se encontrarían vivos, por lo que vienen trabajando para rescatarlos.

“Hasta donde sabemos, a las 2 de la tarde, nos dijeron que posiblemente hay signos de que hay personas sobrevivientes. Han habido respuestas de señales de vida y están haciendo la labor de rescate y de oxigenación a la zona”, reveló.

El relave llegó hasta el río Mantaro después de que el muro de contención de la mina se rompiera en la zona 50 sur. La alcaldesa contó que los desechos de procesos mineros cayeron hacia la zona 28 sur como si fuera un huayco.

“No tenemos detalle (sobre cómo se originó la ruptura). Uno de los trabajadores es hijo comunero de la comunidad de San Pedro de Coris. Hasta el momento no hemos hablado con el Ministerio del Interior. Pero sí con la ANA”, declaró en Canal N.

La tragedia ocurrió a las 2 de la mañana de este sábado 21 de diciembre. Personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) viene investigando cómo inició la ruptura del muro de contención.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/22/huancavelica-desechos-de-procesos-mineros-de-doe-run-caen-a-rio-mantaro-video/?fbclid=IwAR1QamC_X-S9tBI56aNl_V7AL0OtDg6Wg1WjXmOj6H4gn7YqT_MRe87Gjc0

El pasado 19 de diciembre se reunieron en la provincia de Espinar, Cusco, una comitiva del Poder Ejecutivo y representantes de las 13 comunidades de la zona de influencia de la mina Tintaya–Antapaccay y de la ampliación Coroccohuayco. La reunión tenía por finalidad dar seguimiento al compromiso asumido por el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, en la reunión del 19 de noviembre, relacionado con la implementación del proceso de consulta previa para el Proyecto Ampliación Coroccohuayco. En esta última reunión se acordó que las sesiones preparatorias para la realización de la consulta se iniciarían a fines de enero del próximo año, y que cada comunidad podría presentar su propio plan de consulta.

La gran pregunta es si este hecho constituye un avance en la implementación de la consulta en los términos señalados por el Convenio 169 de la OIT. Consideramos que no, y por el contrario, estamos ante un acto de mala fe por parte del Gobierno contra las comunidades, por las siguientes razones:

1. En el Perú, la consulta previa en el sector minero representa solo un acto formal. Esta se implementa antes de que se emita la autorización de inicio de actividades, y es esa la medida administrativa que se pone en consulta.
2. La autorización de inicio de actividades es una medida de tipo fast checking, que solo verifica el cumplimiento de requisitos que las empresas mineras previamente deben cumplir para iniciar actividades de exploración, explotación o beneficio minero, como por ejemplo contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado.
3. Es decir, la consulta se realiza al final de la cadena de decisiones, cuando todos los permisos que ponen las condiciones para que el proyecto se lleve a cabo están aprobados y consentidos, incluyendo el EIA. Por tanto, en el momento de la consulta ya nada se puede cambiar, y los pueblos indígenas no tienen la posibilidad de influir eficazmente en la determinación de condiciones para el desarrollo de proyectos mineros. Como lo ha señalado CooperAcción en reiteradas oportunidades, bajo este esquema se resta eficacia al derecho a la consulta, vaciándolo de contenido.
4. Es por esa razón que las comunidades de la zona de influencia del Proyecto Ampliación Coroccohuayco, venían demandando que se consulte la Modificatoria del EIA (MEIA) de este Proyecto, ya que este es el documento que define la forma en que la mina impactará en el ambiente y las comunidades de la zona de influencia. Consultar la MEIA implicaba que se modificara la normativa sectorial, para que la consulta pudiera aplicarse en el momento mismo de su evaluación y antes de que fuera aprobado.
5. Pero nada de ello se hizo. Por el contrario, el 17 de diciembre, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) aprobó la MEIA Coroccohuayco de forma sorpresiva. Este hecho imposibilita en la práctica que esta MEIA sea tema de discusión en el proceso de consulta anunciado para inicios del próximo año.
6. Por lo tanto, con una MEIA aprobada, ya no habría medida administrativa consultable en lo inmediato. Y para el caso de Coroccohuayco, todavía se tienen que aprobar otros permisos previos para llegar a la etapa final de solicitud de inicio de actividades. Ello hacía imposible implementar en lo inmediato la consulta previa, lo cual había sido un compromiso asumido por el Gobierno hace un mes atrás.
7. Es por esta razón que el mismo 19 de diciembre, el Gobierno publicó en El Peruano la Resolución Ministerial (RM) N° 403-2019-MINEM/DM, que señala los procedimientos administrativos del subsector minero sobre los cuales corresponde realizar consulta previa. Esta es una norma hecha con nombre propio para el Proyecto Coroccohuayco. En esta RM, los supuestos en los cuales cabe aplicar la consulta previa son los mismos que ya estaban regulados (autorización de inicio de actividades).
8. En lo que hay variación corresponde al momento o a la oportunidad de implementación de la consulta previa. En esta RM se deja abierta la posibilidad de que la consulta se pueda realizar “luego de la admisión a trámite del instrumento de gestión ambiental” y hasta antes de la autorización de inicio/reinicio de actividades. Es decir, la RM establece un margen amplio de tiempo dentro del cual se puede realizar la consulta previa, pero siempre supeditando su implementación a que se discuta solamente el supuesto descrito previamente: la autorización de inicio de actividades.
9. Por lo tanto, considerando que la consulta previa para Coroccohuayco se iniciará a fines de enero del próximo año, esta RM habilita al Gobierno a realizar la consulta sin la necesidad de que el titular de la mina (la multinacional Glencore) haya cumplido con todos los requisitos previos para llegar a la última etapa del proceso de evaluación, con la autorización de inicio de actividades.
10. A partir de lo expuesto, consideramos que nos encontramos ante artimañas legales y normas Ad hoc para favorecer la ejecución de proyectos mineros determinados, como es el caso de Coroccohuayco, sacándole la vuelta al reclamo de las comunidades para que se consulten aspectos que realmente permitan garantizar la vigencia de sus derechos colectivos.
11. Por último, consideramos necesario aclarar cuanto antes los alcances de este proceso de consulta anunciado, a fin de que no sea una mera formalidad que genere nuevas frustraciones y riesgos sobre derechos tan importantes que están en juego en este caso, como el acceso al agua o el derecho a un reasentamiento que cumpla estándares internacionales de protección de pueblos indígenas.

23 de diciembre de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/estamos-ante-un-acto-de-mala-fe-del-gobierno-en-el-caso-coroccohuayco/