Fuente:https://muqui.org/noticias/cusco-podrian-sentenciar-a-30-anos-de-prision-a-defensores-ambientales-de-chumbivilcas/

A la denuncia por intromisión de los directivos chinos de empresa minera Río Blanco Copper en un taller interno de las rondas campesinas de Ayabaca el 09 de noviembre, de la que fueron retirados. Ahora, la Central Única de Rondas de Ayabaca – sede Huaylcuy y el colectivo por Ayabaca, denuncian que la empresa continúa su estrategia por lograr la viabilidad del proyecto minero en sus territorios a través de operadores en las comunidades que quieren forzar el cambio de directivas comunales sin respetar la ley de rondas y comunidades campesinas.

Denuncian que, a través de comuneros pagados por la empresa minera, están generando hechos de violencia con tal de lograr el cambio de directivas ronderas que, finalmente, aprueben la realización del proyecto minero Río Blanco en las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

Fuente:https://muqui.org/noticias/piura-denuncian-que-minera-rio-blanco-quiere-cambiar-directivas-comunales-y-genera-violencia/?fbclid=IwAR0Kb5Jo6gj6ChZMsFP_lc_3cSJu-9gIq8Uj2LogchAyH_b1zdLd8YS2Uhc

Un campamento minero ilegal que operaba dentro del Parque Nacional Huascarán (Áncash) fue destruido en un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y el Ministerio del Ambiente (Minam) a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Durante la intervención, realizada en la provincia de Carhuaz, también se hallaron socavones, carros mineros, herramientas y equipos que eran utilizados para realizar la extracción ilegal de minerales en esta área natural protegida.

Durante el operativo no se hallaron a responsables de esta ilegal actividad, por lo que el personal policial y guardaparques del área protegida continúan realizando patrullajes permanentes en la zona a fin de evitar la presencia de mineros que trabajan al margen de la ley.

La intervención se realizó como parte de la Estrategia de Lucha contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional (2017-2021) que se implementa de manera articulada con el objetivo de erradicar esta ilegal actividad en las áreas naturales protegidas. Según Sernanp, los primeros resultados de esta iniciativa han permitido erradicar la presencia de minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata y la Reserva Comunal El Sira.

DATOS:

• El Parque Nacional Huascarán abarca parte de las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay, Bolognesi, Huari, Asunción, Mariscal Luzuriaga y Pomabamba en el departamento de Áncash. Tiene una extensión de 340 mil hectáreas y es uno de los más emblemáticos del país ya que protege una de las zonas con la mayor diversidad biológica y cultural que tiene el Perú.
• El área protegida alberga los nevados tropicales más altos del mundo. Dentro de sus límites existe cerca de 660 glaciares y 300 lagunas de origen glaciar.
• Fue creado en 1975 y en 1977 fue declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO; y en 1985 fue incluido en la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO.

Fuente:https://www.actualidadambiental.pe/destruyen-campamento-minero-ilegal-dentro-del-parque-nacional-huascaran/?fbclid=IwAR1iecsMFbJfF_Qf-Ec16OFqhvPmG7tlpm8agbTBivFdFQBphXVq7ON8S3s

El proyecto minero Integración Coroccohuayco consiste en la ampliación de la capacidad de producción de Antapaccay de la gigante suiza Glencore, para la cual se estima una inversión de US$590 millones. Se calcula también que este proyecto minero tendría una producción estimada de 100 mil toneladas de cobre al año.

El 19 de noviembre del 2019, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, se comprometió con representantes de las comunidades de la zona a implementar la consulta previa, para lo cual se estableció un plazo de 30 días.

Sin embargo, lo que pasó un mes después (19 de diciembre) fue que representantes del Ejecutivo señalaron que las preparaciones para la consulta se iniciarían a fines de enero de este 2020 y precisaron que cada comunidad podría presentar su propio plan de consulta. Ese mismo día, en el diario oficial El Peruano, se publicó la Resolución Ministerial N° 403-2019-MINEM/DM, que señala los procedimientos administrativos del subsector minero sobre los cuales corresponde realizar consulta previa. En dicha resolución, se deja abierta la posibilidad de que la consulta se pueda realizar “luego de la admisión a trámite del instrumento de gestión ambiental” y hasta antes de la autorización de inicio/reinicio de actividades, advierte CooperAcción.

Luego, en una entrevista a la agencia estatal Andina el 27 de diciembre, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, dijo incluyó a Integración Coroccohuayco como uno de los proyectos que debería estar en desarrollo en este 2020.

«Pensamos que en el 2020 seguiremos con la tendencia creciente, y proyectamos alcanzar 6,300 millones de dólares de inversión en el sector minero, porque algunos proyectos, como Yanacocha Sulfuros (Cajamarca) ya debería estar en desarrollo el próximo año. También tenemos otros como San Gabriel (Moquegua), Corani (Puno), Ampliación Pachapaqui (Áncash) e Integración Coroccohuayco (Cusco), los cuales nos permiten vislumbrar que podríamos estar en ese nivel de inversiones», dijo Liu en entrevista a Andina.

A esto debemos agregar que, según informó Rumbo Minero el pasado 13 enero, la Compañía Minera Antapaccay «recibió luz verde» para su modificación al estudio de impacto ambiental detallado para Integración Coroccohuayco. Precisa que el plan de minado será de 15 años y el proyecto contempla un ciclo de vida de aproximadamente 34 años. El diario Gestión también dio cuenta de este «visto bueno» del gobierno de Martín Vizcarra a este proyecto minero de Glencore.

Las declaraciones del ministro de Energía y Minas y los demás anuncios se dan cuando aún está pendiente de realizarse la consulta previa con las comunidades campesinas de Espinar.

Al respecto, Cooperacción consideró que este hecho no constituye un avance en la implementación de la consulta en los términos señalados por el Convenio 169 de la OIT. «Consideramos que no, y por el contrario, estamos ante un acto de mala fe por parte del Gobierno contra las comunidades«, afirma.

«En el Perú, la consulta previa en el sector minero representa solo un acto formal. Esta se implementa antes de que se emita la autorización de inicio de actividades, y es esa la medida administrativa que se pone en consulta», argumenta la organización.

«La autorización de inicio de actividades es una medida de tipo fast checking, que solo verifica el cumplimiento de requisitos que las empresas mineras previamente deben cumplir para iniciar actividades de exploración, explotación o beneficio minero, como por ejemplo contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado».

«Es decir, la consulta se realiza al final de la cadena de decisiones, cuando todos los permisos que ponen las condiciones para que el proyecto se lleve a cabo están aprobados y consentidos, incluyendo el EIA. Por tanto, en el momento de la consulta ya nada se puede cambiar, y los pueblos indígenas no tienen la posibilidad de influir eficazmente en la determinación de condiciones para el desarrollo de proyectos mineros. Como lo ha señalado CooperAcción en reiteradas oportunidades, bajo este esquema se resta eficacia al derecho a la consulta, vaciándolo de contenido».

CooperAcción señaló que con una MEIA aprobada, «ya no habría medida administrativa consultable en lo inmediato». Resaltó que con la resolución «se habilita al Gobierno a realizar la consulta sin la necesidad de que el titular de la mina (la multinacional Glencore) haya cumplido con todos los requisitos previos para llegar a la última etapa del proceso de evaluación, con la autorización de inicio de actividades».

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2020/01/15/proyecto-minero-coroccohuayco-glencore-espinar-cusco-comunidades-campesinas-consulta-previa/jorgepaucar/?fbclid=IwAR1C5RUDZkSIXm6mz5K6vr4iSPn2O4P5ghfvS00Om9oRWVWw37pbULJX6Vc

La zona del Canipaco, ubicada en la parte alta de la provincia de Huancayo, región Junín, se encuentra en emergencia ambiental a causa del vertimiento de aguas ácidas a tres ríos que a su vez son tributarios del Mantaro.

Durante la reciente conferencia que acaba de realizar el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, ante la Asociación de Prensa Extranjera en la sede del ministerio; acaba de anunciar que el proyecto minero tía maría de la empresa Southern Copper, perteneciente al Grupo México, no va a iniciar operaciones antes del 2024. “Eso nos da 5 años para que el Estado haga el cierre de brechas”, añadió el ministro.

De acuerdo a los tweets de la periodista Jacqueline Fowks, el ministro afirmó que primero construirán el hospital de los distritos de Cocachacra y de Mollendo y realizarán el estudio de agua y desague del Valle de Tambo.

«El Ministerio se va a hacer presente en el valle de Tambo para ‘cerrar brechas’. Eso nos da 5 años para fomentar el diálogo y alejar preocupaciones. Esto empezó con reclamos hídricos», añadió el ministro Liu.

Asimismo, también anunció que este año empezará a operar Mina Justa en Marcona (Ica), que inicialmente produciría aproximadamente 100.000 toneladas de cobre al año a partir de las operaciones de dos minas a cielo abierto.

Justicia en México

Mientras el gobierno anuncia, a través de su ministro de Energía y Minas, la estrategia para que el proyecto minero tía maría se implemente en Arequipa después del 2024; en México, la empresa transnacional dueña de Southern Copper, Grupo México, acaba de recibir una sentencia desfavorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener que reabrirse el fideicomiso que había destinado para la reparación ambiental, social y en materia de salud de las personas afectadas el 2014, o definirse nuevos mecanismos de remediación y reparación de los daños generados tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi. En estos días se hará pública la sentencia.

La denuncia de los afectados organizados en los Comités de Cuenca del río Sonora, señala que la reparación implementada por el Grupo México y el gobierno de Peña Nieto a través del fideicomiso, fue fallida, mal implementada y sin participación de los afectados en el Comité Técnico. Por ejemplo, hasta ahora no se construye el centro de salud especializado para la atención de los afectados por metales tóxicos y no se ha realizado la remediación ambiental completa de la cuenca del Sonora.

Fuente:https://muqui.org/noticias/tia-maria-antes-del-2024-la-empresa-no-va-a-iniciar-operaciones-afirma-ministro-de-energia-y-minas/?fbclid=IwAR3F5jt6oXzzaWTsY5msSxI6NDcSJGiWIs3vn2MMQ7FqRxAujkZX7_8NR-E

El 19 de diciembre último, se reunieron en la provincia de Espinar, Cusco, una comitiva del Poder Ejecutivo y representantes de las 13 comunidades de la zona de influencia de la mina Tintaya – Antapaccay, que actualmente se encuentra en proceso de ampliación con el proyecto Coroccohuayco. La reunión tenía por finalidad dar seguimiento al compromiso asumido por el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, en la reunión del 19 de noviembre, relacionado con la implementación del proceso de consulta previa para el proyecto Coroccohuayco.

En esta reunión se acordó que las sesiones preparatorias para la realización de la consulta se iniciarán a fines de enero del presente año. Para dicho fin, el Poder Ejecutivo presentaría el plan de consulta, que es el primer paso para la realización de este proceso. El plan debe precisar: qué comunidades son las consultadas, quién es el encargado de hacer la consulta (el Ministerio de Energía y Minas en este caso), las etapas del proceso, los principios que la rigen, entre otros temas; siendo un punto fundamental, el objeto de la misma, es decir qué es lo que se está consultando.

De igual manera, en el acta de esta reunión de diciembre, también aparece como acuerdo la posibilidad que las comunidades presenten una propuesta de plan.

Hasta acá uno podría pensar que las cosas se están manejando correctamente por parte del Poder Ejecutivo, y los derechos de las comunidades están siendo respetados. Pero si uno escarba un poco más, encuentra muchas más sombras que luces en este caso. Para entrar en detalles, es necesario contextualizar el caso.

Como es bien sabido, el primer tajo Tintaya data de mediados de los ochenta, cuando todavía la mina era una empresa pública. En los noventa la mina se privatizó, y ya con la empresa suiza Xstrata como titular, Tintaya amplió sus operaciones con la aprobación del proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya a partir del 2010.  Luego Xstrata fue absorbida por Glencore, que es el actual dueño de esta mina. Años de explotación indiscriminada bajo nulos estándares ambientales o sociales, y las sucesivas expansiones de la mina con las compras de tierras, ha devastado el tejido social de estas comunidades, y condenado a aquellos que decidieron quedarse y no migrar a zonas urbanas a convivir con los relaves mineros y las aguas contaminadas. De acuerdo a estudios del Ministerio de Salud, existen más de 700 personas que habitan en la zona de influencia de la mina a los cuales se les ha detectado presencia de metales pesados en el organismo.

Para viabilizar el proyecto Coroccohuayco, la empresa presentó una Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) ante el SENACE, órgano encargado de su aprobación y la certificación ambiental. Como lo señaló el mismo SENACE en el proceso de evaluación de esta MEIA, la ejecución de Coroccohuayco implicaría el reasentamiento de 3 comunidades: Huano Huano, Huini Coroccohuayco y Pacopata. De acuerdo al artículo 16 del Convenio 169 de la OIT, que protege a estas comunidades en su condición de pueblos originarios, el reasentamiento requiere el consentimiento de estas comunidades. Y solo en el excepcional caso que no se pueda obtener tal consentimiento, el Estado debe brindar a aquellas comunidades o pueblos indígenas reasentados, similares o mejores condiciones que las que tenían inicialmente; eso quiere decir que el lugar al cual sean reasentados les debe permitir seguir manteniendo su infraestructura comunal y, especialmente, sus prácticas tradicionales de convivencia con la tierra y el territorio, sus derechos colectivos como pueblos originarios.

Dada el nivel de impacto que conllevaría el proyecto Coroccohuayco sobre estas 3 comunidades, poniendo en peligro su subsistencia física y cultural, desde hace más de un año estas comunidades vienen demandando que la MEIA sea objeto de consulta. Existe una acción de amparo pendiente de resolver en el juzgado de Espinar por esta causa, y, además, en el transcurso del 2019 se han enviado numerosos petitorios al SENACE y otros ministerios para que se socialicen los contenidos de esta MEIA ante las comunidades. SENACE nunca atendió ninguna de estas solicitudes, justificando su decisión en el carácter técnico de su labor. De acuerdo a lo que señalaron en sus respuestas, formalmente ellos no se sentían obligados a dialogar con la población o sentarse en un espacio de diálogo.

De tal manera que, ya existían varios cuestionamientos sobre la forma cómo SENACE venía manejando el proceso de evaluación de la MEIA Coroccohuayco. Lo concreto es que esta entidad nunca tuvo la iniciativa para informar con transparencia a las comunidades cuáles eran los planes de venta de sus tierras.

Y así se llegó a la reunión del día 19 de diciembre. Dos días antes, el 17 de diciembre, el SENACE emitió la Resolución 00196-2019-SENACE-PE/DEAR que aprobó la MEIA Coroccohuayco. Las comunidades de Coroccohuayco que acudieron de buena fe a la reunión del 19 de diciembre no pudieron enterarse de dicha decisión, puesto que no fue un punto de agenda en la reunión ¿Se hubiera llegado a un acuerdo con las comunidades sobre la consulta previa si es que estas se hubieran enterado de antemano de la aprobación de la MEIA?

De tal manera que, nos encontramos próximos al inicio de un proceso de consulta con unas comunidades que aún no saben cuáles son las implicancias de los planes de compra de sus tierras. Con una MEIA aprobada, lo más probable es que el Poder Ejecutivo no quiera incluir en la consulta el reasentamiento de estas comunidades.

Pero hay que dejar algo en claro. En el proceso de evaluación de la MEIA, SENACE le requirió a Glencore que presente un plan de reasentamiento para las comunidades de Coroccohuayco, y este plan tenía que cumplir con los estándares de protección de pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT. La empresa nunca cumplió con presentar dicho plan, justificando su posición en el hecho de que no está regulado el reasentamiento poblacional para actividades mineras, y de que sus tratativas se deben enmarcar en el libre acuerdo entre privados. Bajo este marco, la empresa prefiere impulsar negociaciones bilaterales, o entre grupos de interés dentro de las comunidades, generando divisionismos y la fractura social.

A pesar de que la empresa no presentó ningún plan de reasentamiento, SENACE les ha aprobado la MEIA. En el Informe que sustenta esta aprobación, SENACE señala, de forma contradictoria, que el plan de adquisición de tierras presentado por la empresa debe cumplir con los estándares sociales y ambientales del Convenio 169 de la OIT, aunque propiamente todavía no puede ser considerado un plan de reasentamiento[1]. Ante una MEIA aprobada y la ausencia de una legislación sobre reasentamientos poblacionales para actividades mineras, cabe preguntarse: ¿qué órgano del Estado va a garantizar de que el proceso de adquisición de tierras en este caso cumpla estándares mínimos de protección de pueblos indígenas? Si es un acuerdo entre privados, va a ser difícil que el OEFA se vea obligado a intervenir. Si no lo hace, ¿quién lo hará entonces? SENACE se lava las manos al plantear una obligación que tiene que cumplir la empresa, pero sin especificar cuál es el órgano que va a supervisar que se cumpla tal disposición. Sería saludable que el Ministerio de Cultura, en su condición de órgano rector de los pueblos indígenas del país, pueda plantear alguna posición respecto a esta grave situación que pone en completa indefensión a estas comunidades. Nos preguntamos si lo hará o también se va a lavar las manos en este tema.

Resulta indispensable que en el próximo proceso de consulta que se va iniciar, puedan ser aclarados los puntos mencionados, particularmente precisar cómo el gobierno va a garantizar la vigencia de los derechos colectivos de las comunidades de la zona de influencia del proyecto Coroccohuayco.

16 de enero del 2020

[1] Como indica SENACE en el Informe 1017-2019-SENACE-PE/DEAR (págs. 270 y 271) que sustenta la aprobación de la MEIA: “(…) el efecto del impacto (Pérdida de tierras de actividades productivas) generado por el Proyecto es el desplazamiento físico y económico de los hogares asentados en dichas tierras, por lo cual, la medida que corresponde para este caso es reubicar dichos hogares en otras tierras en las condiciones que señala la citada disposición (…) Por lo tanto, considerando a la vivienda como medio de subsistencia y ubicándose ésta en tierras donde se asientan los hogares de las comunidades campesinas de Huano Huano, Pacopata y Huini Coroccohuayco, que son pueblos indígenas, y que van a ser impactados por el Proyecto; se les aplica la medida de compensación de reubicación de viviendas conforme el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-sombras-del-proyecto-coroccohuayco/?fbclid=IwAR2J8tdAAyfNHHnG4r78mrsGwqQOTxbJrzaBEymKQMUvjjpO-5HDc_OAYIk

Toda la población de Huancavelica afronta un tremendo problema de contaminación: residuos de minerales como el arsénico, plomo y mercurio está en casi todos los suelos.

Así lo volvieron a dar a conocer durante una conferencia realizada en la Municipalidad de Huancavelica, un equipo de especialistas, quienes recordaron el estudio que realizó el norteamericano Nicholas Robins y las muestras que tomó el 2019.

El equipo formado por la licenciada en física Elsa Benavente Salazar, el médico epidemiólogo Máximo Ecos Lima y el arqueólogo Ruben Darío Espinoza Gonzales, recordó los altos estándares de contaminación.

“Mover la ciudad”

Ecos Lima afirmó que al estar Huancavelica asentada en una zona donde hace siglos hubo hornos de la minería, queda mucho resto de relaves sobre los cuales se ha edificado la ciudad. Con esos relaves se construyeron casas de adobe, lo que contamina a sus vecinos.

“Solo tenemos dos caminos, reasentar la ciudad (cambiarla de lugar) o pavimentar todo, para reducir la contaminación”, afirmó Ecos Lima. Sin embargo, dicha propuesta fue cuestionada por la directora regional de vivienda, Dora Soriano Vera, quien afirmó que pavimentar no va a ser una solución.

“Por volatización va a bajar ese polvo contaminado a la ciudad, no es viable el pavimentar todo o tendríamos que pavimentar la cordillera”, afirmó Soriano Vera.

Ecos resaltó que ni hirviendo el agua se descontamina de plomo, peor aún, este se concentra más.

Fuente:https://ojo.pe/regionales/huancavelica-plantean-mudar-a-toda-la-poblacion-por-alta-concentracion-de-metales-web-ojo-noticia/?fbclid=IwAR0-gHxfFdzCynF3lAKsHiNdWxM_QbEiVK6drphBg29IGiXthgzn7KWcyD8

Southern Peaks Mining, que pretende llevar adelante el proyecto minero Ariana (distrito de Marcapomacocha, provincia de Yauli, región Junín), en la principal zona productora de agua para Lima y Callao, tiene antecedentes que preocupan. Uno de estos antecedentes tiene que ver con la Unidad Minera Quiruvilca (La Libertad) cuando precisamente Southern Peaks era la empresa operadora. Vamos a detallar algunos de los hechos más importantes.

Hasta donde hemos podido confirmar, Southern Peaks Mining tuvo a su cargo la Compañía Minera Quiruvilca desde el 20 de septiembre de 2012 hasta el 26 de julio de 2015. En ese período el Organismo de Evaluación Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó a la minera dos veces por falta de medidas de previsión y control sobre los depósitos de relaves y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) la sancionó una vez por infringir condiciones de estabilidad física.

Los hechos fueron los siguientes:

• En octubre de 2012, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental inspeccionó la Unidad Minera Quiruvilca y constató que la empresa “no evitó ni impidió que las aguas provenientes de la bocamina Almirvilca del drenaje de la desmontera Codiciada y del laboratorio químico y metalúrgico, se acumulen en la poza de grandes eventos, la cual no se encuentra impermeabilizada”, tal como señala la Resolución Directoral N° 988-2015-OEFA-DFSAI[1]. El OEFA declaró la responsabilidad administrativa de la Compañía Minera Quiruvilca.
• La empresa fue inspeccionada en junio de 2014 por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y en la Resolución Directoral que emitió años después (N° 85-2016-OEFA/DFSAI[2]) declara: “la existencia de responsabilidad administrativa de Compañía Minera Quiruvilca S.A. al haberse acreditado que no adoptó las medidas de previsión y control a fin de evitar o impedir que el agua del subdrenaje, proveniente del depósito de relaves Santa Catalina, discurra sobre suelo, luego sobre la quebrada Santa Catalina y finalmente al río Shorey. Nuevamente, el OEFA declaró la responsabilidad administrativa de la Compañía Minera Quiruvilca.
• En febrero de 2014, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) constató en la Resolución de Gerencia de Supervisión Minera N° 1096-2016[3] el incumplimiento con las normas técnicas requeridas para garantizar la estabilidad física del depósito de relaves Santa Catalina determinando que “existe la certeza de que el incumplimiento de Quiruvilca no asegura la estabilidad física del depósito de relaves”.

Esto significa  que la empresa habría infringido dos veces el Artículo 5° del Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-93-EM. La empresa también habría infringido el artículo 335° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su principio de prevención de riesgos. Si bien el proceso de sanción terminó después de la venta de Quiruvilca y la empresa puede ejercer los derechos de apelación que la legislación le confiere, la normativa indica que las acciones posteriores a la detección de la infracción no eximen de la responsabilidad administrativa correspondiente.

Como se sabe, en la actualidad la zona donde se ubica Quiruvilca ha sido declarada en emergencia. Autoridades de todos los niveles de gobierno han intervenido para declarar emergencia al Río Moche, dado que se ha seguido vertiendo aguas ácidas provenientes de la Unidad Minera Quiruvilca. Esta es la quinta declaratoria de emergencia en la zona, que presenta indicadores muy por encima de los Estándares de Calidad Ambiental (4 veces en cromo, 17 veces en arsénico y 24 veces en cadmio).

Como señala un reciente artículo publicado en el diario El Comercio (6 de enero de 2020): “Quiruvilca no solo ha sido invadida por centenares de mineros informales de La Libertad y Cajamarca, sino que se ha convertido en una fuente visible de contaminación para el río Moche, debido al abandono de las labores de remediación ambiental que debieron ejecutar los dos últimos operadores de la mina: Southerns Peaks y el boliviano Luis Sáenz”.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/15/southern-peaks-mining-entre-quiruvilca-y-ariana/