El Comité de Defensa del Agua sostiene que Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra no han asumido sus responsabilidades. Además, anuncian un plantón el próximo miércoles 19 de febrero.
La República, 18 Feb 2020
El Comité de Defensa del Agua, institución que vela por el cuidado de los ríos y el bienestar de la cuenca amazónica, denunció la instalación de dragas ilegales en el río Nanay, en Iquitos.

En este sentido, tanto la delegación en defensa del agua y los residentes de los distintos poblados que rodean el río Nanay, mostraron su rechazo mediante un comunicado y anunciaron un plantón en manera de protesta para este miércoles 19 de febrero, frente a la Capitanía de Puerto de la Marina de Guerra del Perú (cuadra 6 de la Av. De la Marina, Iquitos).

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“Expresamos contundentemente nuestro total rechazo a la presencia de dragas mineras en la cuenca del río Nanay en tanto todos sabemos que la cuenca del río Nanay es única en toda la Amazonia Peruana, no sólo porque concentra una gran biodiversidad única en el planeta y tiene una de las más altas densidades poblacionales de toda la selva baja (aprox. 20,000 personas), sino porque está abastece de agua potable a Iquitos y a los pueblos aledaños, con cerca de 500,000 habitantes”, se lee en el primer punto de la misiva.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/18/mineria-ilegal-iquitos-denuncian-invasion-de-dragas-ilegales-en-el-rio-nanay-madre-de-dios-mdga/

Todos los años lo mismo: se mantiene la indiferencia ante los afectados por contaminación minera.
Desde hace al menos tres años, los afectados por actividades extractivas en Perú se vienen organizando para pedir atención al Estado peruano y a las empresas que reparen los daños. Desde la semana pasada, un grupo de familias de Pasco protesta en los exteriores de la minera Volcan en Lima por los casos de niños afectados por contaminación con plomo y otros metales tóxicos.

El pasado 13 de febrero, iniciaron una huelga de hambre exigiendo atención médica para sus hijos e hijas. Como informa Red Muqui, las familias demandan la atención para los más de 200 niños y niñas de Pasco que registraron intoxicaciones por metales pesados y una solución a la contaminación que expone la salud de los más de 2000 niños de la ciudad.

En Cerro de Pasco, la empresa minera Volcan opera desde hace más de veinte años y hasta la fecha no se hace responsable del impacto ambiental que produce el tajo abierto en el centro de la ciudad, denuncia la organización.

Uno de los familiares que llegó a Lima para protestar es Simeo Martín Huete, quien contó que su hija de 12 años está enferma desde el 2015.

«Y desde entonces vengo luchando por la vida de mi hija. He ido a Argentina a conseguir apoyo para la terapia y el trasplante de médula. Ahora EsSalud ya no quiere apoyar con el gasto para el trasplante. Por eso le pido al Ministerio de Energía y Minas, de Salud y a EsSalud para poder llevarla a Argentina y hacer el trasplante. Los padres estamos asumiendo todos los gastos», señaló el ciudadano.
Por su parte, el alcalde de la provincia de Cerro de Pasco, Marco de la Cruz Bustillos, señaló que en los espacios de diálogo realizados en estas dos décadas, se firmaron 30 convenios y acuerdos, pero no hay ningún resultado.

Red Muqui señala que, hasta la fecha, en Cerro de Pasco, han muerto 15 niños por enfermedades atribuibles a la contaminación, siendo la población más vulnerable a sus efectos junto con las madres gestantes. Agregan que estudios realizados en 2018 por médicos especializados de Portugal y España han dado diagnósticos concluyentes sobre el origen de las enfermedades, hallando en la sangre de los niños niveles altos de aluminio, arsénico, hierro, zinc y plomo, producto de la actividad minera en la zona.
https://redaccion.lamula.pe/2020/02/17/familias-de-pasco-protestan-contra-minera-volcan-por-ninos-y-ninas-intoxicados-con-plomo/redaccionmulera/

Foto: CooperAcción
17 de febrero de 2020

El martes 18 de febrero se reanudará el juicio de los 19 defensores criminalizados por el caso del conflicto social entre la población local y la empresa minera Las Bambas (Apurímac) de setiembre del año 2015.

En el caso de Javier Mamani y Brandon Quispe el fiscal ha solicitado una pena privativa de libertad de 15 y 17 años, respectivamente. Además, exige a todos los acusados el pago de una reparación civil de más de 20 mil soles al Estado y de más de 80 mil dólares a la empresa minera.

Según la defensa de Javier y Brandon el acta de incautación de supuestas armas que se ofrece en su contra es completamente irregular, no tiene las generales de ley de quienes los intervinieron y el fiscal no estuvo presente. Además, en el juicio han declarado testigos que confirman la versión de Brando y Javier, en el sentido que ingresaron a las instalaciones de la empresa minera con el vehículo de la Posta Médica para apoyar en el recojo de heridos y que luego, no los dejaron salir. Los testigos dan fe de que cuando entraron a las instalaciones de la mina Javier y Brandon no portaban armas.

El día de mañana 18 de febrero, Cooperaccion estará informando, en sus plataformas virtuales, sobre el desarrollo de esta audiencia. Se espera que el juez de la sub sede judicial de Cotabambas emita una sentencia absolutoria, que ponga fin a una espera por justicia de 4 años.

Fuente: COOPERACCION

Líderes indígenas iniciaron una protesta el 10 de febrero en Santa María de Nieva para exigir que se derogue la resolución que otorga la legalidad a estas comunidades.
2020-02-13

(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- En la región Amazonas, los intereses de la minería ilegal siguen detonando enfrentamientos. Un nuevo conflicto estalló el 10 de febrero en la localidad amazónica de Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, territorio de los pueblos indígenas awajún y wampis.

Esta vez, representantes del Comité de Lucha de la Provincia de Condorcanqui e integrantes de seis organizaciones indígenas llegaron con pancartas y megáfonos hasta la puerta del Gobierno Regional, para exigirles a las autoridades la anulación de las resoluciones que hasta ayer reconocían legalmente a las comunidades nativas Jempets y Kumpanam, ubicadas en la Cordillera del Cóndor, en el distrito del Cenepa.

CIUDADANOS DE VARIAS COMUNIDADES SE DESPLAZARON HASTA SANTA MARÍA DE NIEVA PARA RECLAMAR CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL. FOTO: ODECOFROC.

Para Zebelio Kayap, líder indígena y expresidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), la anulación era una necesidad por tratarse de «comunidades fantasmas». Según el dirigente awajún, estas comunidades están formadas por migrantes de otras regiones, quienes no pertenecen a los pueblos awajún ni wampis. Y asegura que han sido impulsadas por empresas mineras con el fin de que una vez legalizadas otorguen la licencia social para que estas operen en su territorio.

Tras la protesta y la solicitud formal presentada por los líderes indígenas, el Gobierno regional se vio obligado a retroceder y emitir ayer dos nuevas resoluciones para anular la decisión de la Dirección Regional Agraria de Amazonas de reconocer la existencia legal de ambas comunidades.

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Comunidades en la Cordillera del Cóndor
“Las resoluciones se emitieron erróneamente. Fue un error de la Dirección Regional de Agricultura”, asegura Luis Jaramillo, gerente general del Gobierno Regional de Amazonas.

Según el funcionario, la responsabilidad administrativa recae en el director regional de agricultura, Juan Núñez Gadea, por lo tanto, se iniciará una investigación administrativa para determinar las causas de este «error». Hasta el momento —dice Jaramillo— no se ha solicitado la renuncia del funcionario. “Desconocemos por qué el director de agricultura tomó esa decisión”, dijo el gerente general de Amazonas a Mongabay Latam.

De acuerdo con el documento emitido por el Gobierno Regional, se anula el reconocimiento de estas comunidades debido a que existen dos procesos judiciales sobre el área que corresponde a la Cordillera del Cóndor.

PUEBLOS INDÍGENAS AWAJÚN Y WAMPIS ANUNCIAN QUE CONTINUARÁN CON LAS PROTESTAS INICIADAS EL 10 DE FEBRERO. FOTO: ODECOFROC.

Uno de ellos es una acción de amparo para recuperar la extensión original del Parque Nacional Ichigkat Muja, que fue recortado en 69 829 hectáreas en el año 2007, durante el Gobierno de Alan García. El segundo juicio le pide al gobierno declarar la nulidad de todas las concesiones mineras otorgadas en la zona.

“Los pueblos indígenas aseguran que estas dos comunidades están relacionadas con la minería ilegal y que su reconocimiento se dio para favorecer a esta actividad ilícita”, señala Genoveva Gómez, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Amazonas.

Gómez agrega que además del problema con las comunidades denominadas fantasma, los reclamos se extienden a otros siete temas, entre ellos la renuncia de Hermógenes Lozano Trigoso, gerente subregional de Condorcanqui, a quien acusan de actos de corrupción.

Por lo tanto, las protestas continuarían en los próximos días puesto que, según indica el líder indígena Kayap, esperan que Lozano deje el cargo. “Existen pruebas de que hubo malversación de fondos y hechos de corrupción en la sede regional. Toda la documentación la hemos presentado a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría de la región”.

Hermógenes Lozano se defendió de las acusaciones y cuestionó a los dirigentes y líderes indígena que piden su renuncia. “Están solicitando mi cambio por intereses personales. Y en este caso, varios de los que reclaman mi salida también tienen denuncias en su contra”. La representante de la Defensoría del Pueblo en Amazonas indicó que se investigará las denuncias en contra de Lozano.

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Un problema histórico
Los conflictos en la Cordillera del Cóndor por la presencia de la minería ilegal no son recientes. Desde hace más de una década se extrae oro de manera ilegal en esta zona de frontera entre Perú y Ecuador, donde en el año 1995 se desarrolló el último enfrentamiento armado entre ambos países por el problema de límite fronterizo.

En el año 2004, la minera Afrodita consiguió la autorización para explorar y explotar concesiones mineras situadas en las cabeceras de los ríos Cenepa y Comaina, permisos que años después, en el 2010, fueron suspendidos indefinidamente debido a que la empresa minera no acreditó la propiedad sobre el terreno.

Pero esta zona ha sido objeto de litigio en más de una ocasión. En mayo del 2016, la Superintendencia de Bienes Nacionales dejó sin efecto la servidumbre del sector denominado El Tambo, ubicado en la Cordillera del Cóndor, que se había otorgado también a la minera Afrodita en el año 2013.

LA PRESENCIA DE MINERÍA ILEGAL EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR EMPEZÓ HACE MÁS DE UNA DÉCADA. FOTO: AGENCIA ANDINA.

Meses después, este mismo territorio de unas 57 hectáreas fue inscrito en registros públicos como predio eriazo del Estado por el Gobierno Regional de Amazonas, decisión que originó la protesta de los pueblos indígenas debido a que la Cordillera del Cóndor había sido reconocida de manera oficial como parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas Awajún y Wampis, por lo tanto, no podía ser inscrito como bien público.

En setiembre de ese mismo año, Afrodita buscó una forma de operar en la zona y solicitó que se le conceda el usufructo del mismo terreno bajo el argumento de que en este lugar cuenta con una operación minera con más de dos años de antigüedad. Este pedido fue rechazado por el gobierno regional.

Jaramillo dice que la minera está solicitando nuevamente que se reconozcan sus concesiones, por lo que investigarán si tiene relación con las comunidades que fueron reconocidas de manera irregular.

EN OCTUBRE DE 2019, UN DESTACAMENTO DE POLICÍAS Y MILITARES INGRESARON A LA LOCALIDAD DE EL TAMBO, EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR. FOTO: PNP MEDIO AMBIENTE.

En octubre del año pasado, un destacamento de 60 policías y 40 militares ingresaron a El Tambo, en la Cordillera del Cóndor, e instalaron una base donde hasta ahora mantienen la guardia para que no ingresen mineros ilegales.

La presencia de la minería ilegal ha sido constante en este lugar con ingreso de ciudadanos ecuatorianos que trasladaban el oro hacia el país vecino. Los líderes indígenas aseguran que tanto la empresa Afrodita como mineros ecuatorianos están detrás del reconocimiento de estas comunidades.
https://mongabay-latam.lamula.pe/2020/02/13/cordillera-del-condor-se-anula-reconocimiento-de-comunidades-y-se-investigan-vinculos-con-la-mineria-ilegal/mongabaylatam/

Entrevista: Adrián M. Arriola | El viceministro de Gobernanza Territorial explica los pasos que se han dado para zanjar los conflictos en el Corredor Minero. Plan de cierre de brecha, asfaltado de vía y un plan a largo plazo que sería el transporte del mineral por medio de un mineroducto o una vía de ferrocarril.
jueves 13 de febrero del 2020 en Política
El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, conversó con CARETAS sobre los retos que supone su rol en los diálogos que se llevan a cabo con diferentes comunidades del Corredor Minero Sur. Pero además, se implementó un Plan de cierre de brechas y el pago de 25 soles por metro cuadrado a los terrenos donde se asfaltará la vía.

“Tenemos que darle una respuesta a la gente y eso es el asfaltado que planteó el Ministerio de Transporte. Para eso tenemos que pagar los terrenos por los que pasa la vía. Las comunidades deben entender que el Estado tiene por Ley que reconocer la propiedad de los terrenos a lo largo de la vía (…) Si mandas a un tasador comercial este lo va a tasar a 7 u 8 soles el metro cuadrado. En Apurímac se ha pagado 25 y la decisión del Estado es pagar ese monto en promedio. De tal manera que en los 300km no se sobrepase el precio. Es un muy buen valor. Necesitamos regularizar la transferencia de propiedad del MTC y ellos asfaltan la vía en julio de 2021”, explicó a CARETAS.

¿Cómo entender el conflicto en Espinar?
En Espinar hay varias agendas superpuestas dependiendo de la provincia. Lo que ha originado el Estado de Emergencia es una demanda de la comunidad de Urinsaya, distrito de Coporaque (Espinar) que tiene que ver con lo que llaman Compromisos Incumplidos de Subcontratos con la Empresa.

Ahí hay una empresa comunal que le da servicios de riego de la plataforma de la vía a la empresa y según eso, los comuneros, dicen que le debe. La empresa dice que no y esa controversia tienen que resolverlo, es una privada y no debería involucrar un bien público. Como si lo involucra, nos obliga a meternos.

Además, en su agenda, la comunidad de Urinsaya ha puesto el tema de la desclasificación de la vía o lo que llama la derogatoria 372 del Ministerio de Transporte de 2016.

Comuneros bloqueron por tramos la vía. (Foto: LUIS CASTILLO)
¿Y Coroccohuayco?
Corocoohuayco es otro asunto. Las comunidades hay dos vertientes, las comunidades que están directamente vinculadas con la ampliación de Antapaccay, que son una de los márgenes del pequeño rio Salado.

Esos son 13 comunidades con las que interactuamos desde el 2019, hemos tenido reuniones, ministros que han llegado a la zona y se ha visitado las zonas que dicen están impactadas por la operación anterior de Antapaccay.

El otro margen de ese rio, hay cinco distritos que quieren anexarse encabezados por el distrito de Palpata, liderado por los alcaldes y con ellos fueron al Ministerio del Ambiente a explicarles como era el procedimiento de cómo era el procedimiento de la MEIA, que permite la ampliación de Coroccohuayco, porque decían que había que derogar esa resolución de SENEACE. Por una descoordinación, el Ministerio de Agricultura decide postergar esa reunión una semana y se molestaron. Cortaron unos días el ingreso a la ciudad de Espinar pero nunca se puso en emergencia, dialogando se deshizo. Urinsaya es distinto y el estado de emergencia solo es distrito de Coporaque.

En Chumbivilca también se registró un Estado de Emergencia y aun así hay paralizaciones
En el caso de Chumbivilca hubo un estado de emergencia anterior, toda la provincia. Producto de eso, el gobernador le ofreció al premier liderar la reanudación del dialogo.

Chumbivilca tiene una agenda enfocada en la vía, desde el año pasado están pidiendo que se modifique el estudio de impacto ambiental (EIA) de MMG Las Bambas y se les incluya como área de influencia directa. Ellos lo eran cuando había mineroducto, al no haberlo y cambiarlo a carretera, la legislación en el Perú no ha considerado las carreteras como componente minero. Los sacaron del área de influencia directa.

Para la zona, como solución vamos a asfaltarla para julio de 2021. Es la única manera de acabar con el problema del polvo. En tanto el MTC seguirá haciendo el expediente para la solución definitiva del asfaltado.

El ministro Edmer Trujillo les ha abierto la posibilidad que, una vez asfaltado se puede instalar peajes. Y de ello, un porcentaje podría ir al desarrollo del tramo del corredor. Cotambamas, Chumbivilcas y Espinar, 325km, puedes poner peajes cada 100 o más km. Es decir, puede tener un peaje para cada provincia. Una parte de esos ingresos podrían ir al desarrollo de las minas.

No obstante, somos conscientes que la población quiere ver más beneficios producto de la activdad minera. Proponemos un plan de cierre de brechas. Hacer una estrategia de desarrollo territorial pero además, las comunidades que están a lo largo de la vía, que las empresas mineras contribuyan a una estrategia de desarrollo económico para que las familias tengan ingresos alternativos a solo pensarse como subcontratistas de las minas. Esas son zonas ganaderas, con muy buena artesanía, esto tiene mucho más potencial que seguir en ese esquema de cortas la vía y estados de emergencia.

Comuneros en reunión con Edmer Trujillo. (Foto: LUIS CASTILLO)
¿Y es factible la creación del Fondo Social para la zona?
La idea del Fondo Social ha salido en las tres provincias, una de las cosas que planteó el gobernador. En esa iniciativa que también se le planteó al premier, fue que en lugar de insistir en derogar la resolución que clasifica la vía mejor discutimos un fondo de desarrollo.

Este puede ser una manera de financiar un plan de cierre de brechas, un plan de desarrollo económico para las comunidades. Nos interesa que la gente esté mejor.

Hay que darle formas MIDIS, MEF también quiere darle forma a una iniciativa para hacer un programa a de inversiones en la zona. Hay que ponernos de acuerdo en la forma como vamos a llevarlo a cabo. El objetivo en común es el desarrollo.

Debemos aprovechar la existencia de las minas para que se convierta en una oportunidad de desarrollo.

El escenario de dialogo se complica con posiciones contrarias. Pero, ¿hay asesores externos que compliquen más el escenario?

Molina de PCM (Foto: VÍCTOR CH. VARGAS)
En todos los lugares hay dirigentes. No vetamos a ningún dirigente. Hay muchísimas organizaciones que no necesariamente tienen intereses concurrentes con los municipios o las comunidades, o a veces influyen sobre ellas y no necesariamente están dispuestos a dialogar llegando al punto de ser intransigentes.

Espero que los propios procesos de dialogo los deslegitimen progresivamente con la gente. A mí me interesan los peruanos y sus autoridades legítimamente electas. Nosotros tratamos de relacionarnos con las autoridades, organizaciones de base y las comunidades campesinas.

El proceso se complica entonces
Por ejemplo, en el caso de las 13 comunidades que formarían del área de influencia del tajo de Coroccohuayco. Va bien, hay tensiones como siempre. La gente no confía en el Estado ni en las instituciones pero hay que comenzar a construir confianza y para ello, lo primero, es reconocer a las personas y comprender su punto de vista para encontrar salidas donde podamos converger.

Aplicaremos un Plan de desarrollo territorial para el corredor, con asfaltado definitivo, proyecto que será a mediano plazo. La solución definitiva se está evaluando pero cuando se vaya el presidente deberíamos tener ya una solución definitiva. Mineroducto o por colgarse a un proyecto de ferrocarril, que podría nacer de una iniciativa pública como la que se plantea de Andahuaylas a Marcona, donde el MTC ya hace estudios preliminares. O podría nacer a una iniciativa privada donde un grupo de empresas que transporta mineral podría evaluar otro ramal de ferrocarril que sea Andahuaylas, Abancay, Cotabambas, Matarani.
https://www.caretas.pe/politica/raul-molina-cuando-se-vaya-el-presidente-deberiamos-tener-una-solucion-definitiva-mineroducto-o-ferrocarril/

PERÚ, PAÍS DE DEFENSORES DESPROTEGIDOS QUE ESPERAN JUSTICIA
Andrés Espinoza       Foto: CooperAcción

Del 21 de enero al 3 de febrero estuvo en nuestro país el señor Michel Forst, relator de las Naciones Unidas sobre el tema de defensores de derechos humanos. La misión de Forst era conocer la situación en la que los defensores desarrollan su labor y con ese propósito visitó distintas zonas de nuestro país (Lima, Piura, Cusco y Madre de Dios), reuniéndose con líderes, activistas, dirigentes, etc., que dieron testimonio de lo difícil y riesgoso que es luchar por la defensa de los derechos humanos en nuestro país.

El resultado de esta visita se puede resumir en la siguiente declaración del relator:

“A pesar de los esfuerzos de la Ministra de Justicia y el Viceministro de Derechos Humanos, […] un gran número de personas defensores de derechos humanos, y especialmente de los pueblos indígenas y las comunidades locales que defienden el medio ambiente y sus derechos humanos, no pueden actuar en un entorno seguro y propicio.[i]”

La conclusión a la que llega Forst toma en cuenta los diferentes testimonios de todos los defensores que acudieron a las audiencias convocadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y por otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil[ii]. Dos casos que merecen ser resaltados, dada la coyuntura: los de Javier Mamani y Brandon Quispe, ambos defensores de la provincia de Cotabambas en Apurímac, que en setiembre de 2015 fueron injustamente detenidos por la Policía Nacional que se encontraba custodiando las instalaciones de la minera Las Bambas. La detención ocurrió en el marco del conflicto que estalló en las inmediaciones de esta operación minera, en la localidad de Challhuahuacho y que dejó como resultado tres muertos y numerosos heridos.

Javier y Brandon detallan que ellos coincidieron con la movilización y subieron a la camioneta del Centro de Salud para ayudar a los heridos. También explicaron que la camioneta entró a las instalaciones de la empresa minera y que luego no los dejaron salir. Su versión es corroborada por personal del Centro de Salud y otros testigos.

Es importante decir que Javier Mamani es una persona respetada en el distrito de Haquira (Cotabambas) y que habitualmente conducía la ambulancia que transporta enfermos en su distrito. Brandon Quispe, apenas tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos y había pasado por Challhuahuacho para hacer compras llevando frutas y alimentos en su mochila, como relata una amiga suya a quien visitó en el Centro de Salud.

Para ambos el Ministerio Público pide una condena entre 15 y 17 años de pena privativa de la libertad, a lo que se suma una reparación de 20 mil soles al Estado y más de 88 mil dólares a la empresa. Brandon y Javier forman parte del grupo de 19 defensores criminalizados que ya llevan más de cuatro años esperando justicia, en un proceso que ha tenido sucesivas interrupciones por falta de intérpretes del quechua y problemas en las notificaciones judiciales.

A pesar de que en el proceso se presentaron diversas pruebas y testimonios que demuestran la inocencia de ambos defensores, y que los cargos quedaron desvirtuados (quedando en evidencia el comportamiento arbitrario de la Policía), el proceso aún continúa y el 18 de febrero habrá una última audiencia.

Los defensores de Cotabambas esperan que en este caso se repita lo que acaba de pasar en un Juzgado Penal de Cusco, en donde se absolvió a defensores de Chumbivilcas -que fueron perseguidos penalmente durante varios años por ejercer su derecho a la protesta ante las afectaciones al medio ambiente y a los derechos humanos de la empresa minera ANABI-. Esta es una sentencia que sienta un precedente positivo para los casos de defensores criminalizados en el Perú y se espera que sirva como un importante antecedente para el caso de Javier, Brandon y sus otros 17 compañeros.

No hay que perder de vista la recomendación de Michel Forst: “poner fin a la criminalización imperante de las personas defensoras” [iii](Forst, 2020). Según el relator, son los defensores del medio ambiente en contextos de “proyectos de desarrollo insostenibles” los que corren más riesgos de detenciones arbitrarias, vigilancia, violencia y desprestigio.

Luego de la visita del relator de Naciones Unidas, sería importante que el Ministerio de Justicia le dé prioridad a la implementación del Protocolo sobre Protección de Defensores de Derechos Humanos, aprobado el año pasado. Este Ministerio debería tomar acciones no solo de registro y protección de defensores, sino también de justicia reparativa en casos como los de Brandon y Javier, que han padecido por años la persecución y la estigmatización por parte de la empresa y el Estado.

Así mismo, debemos recordar que en casos donde interviene una empresa transnacional, la labor de respeto a los defensores no solo compete al Estado peruano, sino también al país de origen de la empresa y a las Naciones Unidas. En este caso estamos hablando de China, país que se comprometió a “establecer un marco jurídico para garantizar que las actividades realizadas por las industrias sujetas a su jurisdicción no menoscaben los derechos humanos en el extranjero”[iv].

En cuanto a las Naciones Unidas, es importante considerar que no basta con constatar las injusticias vividas por los defensores, sino asegurar que los Estados avancen en la implementación de acciones para garantizar los derechos humanos de los y las defensores/defensoras.

[i] Declaración de Fin de Misión, Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

Visita a Perú, 21 de enero 3 de febrero de 2020 https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25507&LangID=S&fbclid=IwAR0rlgYVQ1_3l3Xw-EabT_pwxwQwyTnvilpg3iVp4Q7SiFV-hRcssehNQ78

[ii]Derechos Humanos Sin Fronteras (Cusco), Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Oxfam en Perú, Fedepaz, Asociación Pro Derechos Humanos, Red Muqui, Amnistía Internacional, EarthRights International, ENTREPUEBLOS, y Broederlijk Delen.

[iii] Declaración de Fin de Misión, Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

Visita a Perú, 21 de enero 3 de febrero de 2020 https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25507&LangID=S&fbclid=IwAR0rlgYVQ1_3l3Xw-EabT_pwxwQwyTnvilpg3iVp4Q7SiFV-hRcssehNQ78

[iv] Informe sombra realizado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) que fue presentado y planteó recomendaciones en el Examen Periódico Universal – China http://chinaambienteyderechos.lat/reports/

El Poder Ejecutivo ha iniciado diálogo con un grupo de comunidades, pero hay otras a las que aún no responde por su pedido de que se les consulte por el proyecto de ampliación minera Coroccohuayco.
PUBLICADO: HACE 9 HORAS

Como informamos anteriormente, el proyecto minero Coroccohuayco, que en realidad es la ampliación de la mina Antapaccay en Espinar (Cusco), se ha venido planeando sin la debida consulta previa a las comunidades de la zona.

Si bien la semana pasada, el Ministerio del Ambiente (Minam) y Senace iniciaron una mesa de diálogo, solo estaría considerando a 13 comunidades y dejando de lado a otros ocho grupos.

El portal de investigación OjoPúblico, tuvo acceso a documentos que revelan que el gobierno estaría dejando de lado a ocho comunidades.

También se publicó un oficio de junio del 2019, en el que los dirigentes de las comunidades de Chillque Molloccahua, Kanamarca, Mamanocca, Canlletera, Huacroyuta Marquiri, Antacama, Huarcapata y Chorrillos, solicitaron al Ministerio de Cultura (Mincul) que se les incluya en el proceso de consulta previa porque se consideran «pueblos originarios asentados en la cuenca del río Salado, en el entorno del yacimiento minero Ccorccohuayco (operado por Glencore), dentro del área de influencia e impacto».

Según informa el portal de investigación, en julio del año pasado, el Mincul envía un oficio al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para reportar que existía el pedido de estas comunidades para que se implemente la consulta. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el día de hoy.

El pasado 19 de noviembre del 2019, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, se comprometió con representantes de las comunidades de Espinar a implementar la consulta previa por el proyecto Coroccohuayco, para lo cual se estableció un plazo de 30 días. Sin embargo, lo que pasó un mes después (19 de diciembre) fue que representantes del Ejecutivo señalaron que las preparaciones para la consulta se iniciarían a fines de enero de este 2020. Luego, en una entrevista a la agencia estatal Andina el 27 de diciembre, el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, incluyó a esta mina de Glencore como parte de los proyectos que debería estar en desarrollo en este 2020.

La semana pasada, una comisión de Alto Nivel del Ejecutivo se reunió con los representantes de los distritos de Pallpata, Alto Pichigua, Pichigua, Condoroma y Ocoruro de la provincia de Espinar para entablar un diálogo en relación al pedido de anulación de Resolución del Senace que aprueba la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Integración Coroccohuayco.
https://redaccion.lamula.pe/2020/02/11/consulta-previa-en-espinar-las-comunidades-a-las-que-el-gobierno-no-responde-por-proyecto-minero-de-glencore/jorgepaucar/

Según informa el portal de investigación, en julio del año pasado, el Mincul envía un oficio al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para reportar que existía el pedido de estas comunidades para que se implemente la consulta. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el día de hoy.

El pasado 19 de noviembre del 2019, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, se comprometió con representantes de las comunidades de Espinar a implementar la consulta previa por el proyecto Coroccohuayco, para lo cual se estableció un plazo de 30 días. Sin embargo, lo que pasó un mes después (19 de diciembre) fue que representantes del Ejecutivo señalaron que las preparaciones para la consulta se iniciarían a fines de enero de este 2020. Luego, en una entrevista a la agencia estatal Andina el 27 de diciembre, el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, incluyó a esta mina de Glencore como parte de los proyectos que debería estar en desarrollo en este 2020.

La semana pasada, una comisión de Alto Nivel del Ejecutivo se reunió con los representantes de los distritos de Pallpata, Alto Pichigua, Pichigua, Condoroma y Ocoruro de la provincia de Espinar para entablar un diálogo en relación al pedido de anulación de Resolución del Senace que aprueba la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Integración Coroccohuayco.

Muqui Informa, Noticias
Foto de Vidal Merma
Abel Kana Quispe, teniente gobernador, y Jorge Kana Taco, fiscal comunal de Urinsaya, del distrito de Coporaque, perteneciente a la provincia de Espinar, fueron liberados el día de ayer, lunes 3 de febrero, aproximadamente a las 9pm; tras la audiencia llevada a cabo por el juez Miguel Choque Zea de Sicuani, que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva que la fiscal Carmen Rosa Salas estaba solicitando para los dos comuneros mencionados, por el delito de secuestro al trabajador de la empresa Prosegur, Elvis Flores Maldonado, que brinda servicios de seguridad a la empresa minera Las Bambas.
¿Cómo se dieron los hechos?

En medio de las protestas y asambleas realizadas el 30 de enero por la comunidad de Urinsaya, para que el gobierno anule el DS. N°017-2017-MTC, que reclasifica como Vía Nacional parte de los territorios del Corredor Minero Del Sur; la población detectó a una persona infiltrada, Elvis Flores, que estaba tomando fotos y grabando video sobre las acciones que realizaba la comunidad.

Los comuneros, al darse cuenta de ello, interrogaron a la persona, como se puede ver en uno de los videos, donde se aprecia que conversan, pero, que no está retenido en contra de su voluntad.

«Cuando la Fiscal hace la intervención el día 30 de enero, en el lugar de los hechos y encuentra a la supuesta víctima “retenida”, sólo encuentra a la propietaria del hospedaje, quien inicialmente refiere que efectivamente se encontraba alojado desde el 27 de enero y después que, fue obligada por la comunidad a retenerlo en su propia habitación y de eso dio noticia a la Fiscalía, su compañero de trabajo de la supuesta víctima de secuestro», señala Ramiro Llatas, abogado de los dirigentes.
¿Qué se les imputa?

Se acusa a los dirigentes de haber secuestrado al trabajador de la minera cuando este se encontraba en su cuarto. ¿Qué dice el parte policial? Que le pusieron alambres a la puerta de su cuarto en el hospedaje donde se encontraba.

Sin embargo, las dos personas que estuvieron detenidas no se encontraban en Urinsaya durante el 30 de enero; estaban en la ciudad de Espinar. El teniente gobernador y el fiscal de la comunidad se encontraban haciendo diligencias en la municipalidad de Espinar. Según la denuncia, supuestamente habían secuestrado al trabajador, y luego habían vuelto a Espinar. En espinar se entregaron a la policía porque los estaban buscando en Urinsaya.

Por la falta de pruebas, el juez de Sicuani resolvió levantar la prisión preventiva a los 2 detenidos. Sin embargo, la solicitud de prisión preventiva para los otros ocho comuneros continúa en ciernes y se verá en una próxima audiencia.
Defensa legal

El abogado de los comuneros, Ramiro Llatas, de la institución de Derechos Humanos Sin Fronteras, señalo que, de acuerdo a la ley, “la prisión preventiva es una medida de ultima ratio, no una medida principal, al menos cuando se trata de hombres del campo que viven de la agricultura y los trabajos eventuales que desarrollan. Tiene arraigo domiciliario, familiar y laboral. Agregó que “los dos comuneros de Coporaque no han participado ni se ha podido demostrar su participación en estos supuestos hechos delictivos de secuestro”.

No obstante, la libertad de los dos detenidos frente a la prisión preventiva, la fiscal Carmen Rosa Salas está solicitando 30 años de cárcel para los 10 comuneros.

Datos:

La comunidad de Urinsaya no está incluida como parte del área de influencia directa o indirecta del proyecto minero Las Bambas, pero sufren las mismas afectaciones que otras comunidades, al tener el paso de 500 camiones diarios por la carretera que atraviesa sus comunidades.
Actualmente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones viene comprando los terrenos a algunas comunidades adyacentes al corredor minero sur. Sin embargo, es decisión de la comunidad y las familias vender sus terrenos al Estado, y ello no puede imponerse como lo viene haciendo el gobierno a través del Decreto de Urgencia N° 026-2019, que autoriza al MTC a expropiar las áreas que resulten necesarias para la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac – Cusco”.

Cusco: Juez levanta prisión preventiva a 2 dirigentes de Espinar

A través de su consultora, Juan Carlos Liu realizó un informe en el 2012 que señalaba que el Gasoducto Sur —proyecto por el que la empresa brasileña acaba de demandar al Perú ante el CIADI— era autosostenible.

El presidente Martín Vizcarra informó este lunes que ya se aceptó la renuncia al ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, luego de que este domingo se reveló que en el 2012, a través de su consultora Cosanac, realizó un informe que sostuvo el proyecto Gasoducto del Sur —por el que Odebrecht acaba de demandar al Perú ante el CIADI— era autosostenible con los aportes de los usuarios a través de los recibos de luz.

Según reveló Panorama, ese documento, el entonces titular de Energía, Jorge Merino, lo llevó a Proinversión y el proyecto fue adjudicado a Odebrecht. En ese momento Liu Yonsen además era asesor ministerial, mientras que la fiscalía que investiga el caso, considera ese informe como indicio de colusión.

LA PERMANENCIA DE LUI YONSEN EN EL GABINETE ERA INSOSTENIBLE.

«Ante las denuncias que se han dado, hoy día temprano en la mañana nos hemos comunicado y se ha tomado decisión de aceptar su renuncia», señaló el jefe del Estado desde Villa El Salvador, donde supervisa las acciones del Gobierno para atender a los afectados por la deflagración de gas el pasado 23 de enero.

El mandatario Vizcarra señaló que la denuncia contra Liu merece una investigación que determine el nivel de las responsabilidades en este caso. «He escuchado a varios periodistas que se han referido al tema del ministro de Energía y Minas, solamente para decirlo muy concreto, ya se le ha aceptado la renuncia al cargo», insistió.

El ahora exministro admitió que hizo consultorías para Odebrecht a través de Cosanac. «Prestamos en algunos momentos, algunos servicios a Odebrecht, pero era de naturaleza regulatoria», alegó consultado al respecto, pero omitió en su declaración jurada de intereses esos servicios que colisionan con el cargo que hasta hoy ocupaba.

Lo que sí puso Lui Yonsen en su declaración jurada de intereses es fue asesor del ministerio de Energía y Minas entre el 2010 y 2014 y a la vez fue consultor externo de la misma cartera.

Así fue que a fines de 2012 se le solicitó a su consultora preparar un informe de evaluación para definir si el gasoducto era cofinanciado o autosostenible. «Lo que nosotros en este informe señalamos que esa APP (asociación público-privada) podía ser autosostenible», explicó Lui al citado dominical.

https://redaccion.lamula.pe/2020/02/10/vizcarra-confirma-renuncia-de-ministro-de-energia-y-minas-tras-revelarse-que-asesoro-a-odebrecht/redaccionmulera/

Foto: LaDecana.pe
Una entrevista de Miluska Pizarro

Noticias SER entrevistó al electo congresista por el departamento de Puno, Yvan Quispe Apaza, a fin de recoger sus opiniones sobre el proyecto de explotación del litio. Quispe Apaza, integrante del partido Frente Amplio, da su postura con relación a las actividades mineras.

Uno de los temas que más preocupa a la población es el relativo a la minería y sus impactos ambientales ¿Cuáles serán las principales medidas que planteará al respecto?

En principio debemos revisar bajo qué mecanismos se realizará la explotación de los recursos y los términos en los que se suscriben los contratos con las empresa concesionarias. Generalmente en nuestro país, los ingresos que genera el sector minero, que son bastante grandes en términos de utilidades, benefician sólo a las empresas. Una de nuestras funciones será fiscalizar este tema para que el beneficio llegue a todos.

Luego del anuncio del descubrimiento de un yacimiento de litio en Carabaya, se abre nuevamente la posibilidad de implementar un gran proyecto minero en nuestra región ¿Qué información y opinión tiene al respecto? ¿Estaría a favor o en contra?

Nosotros estamos a favor de la minería responsable, que no genere daños ambientales. No obstante, en el país no hay buenas experiencias respecto a la explotación de recursos minerales. Dos son los puntos que podríamos resaltar. Primero, los gravísimos daños ambientales generados en varios lugares; y en segundo lugar, está el tema de utilidades que no son las que uno espera.

¿Qué acciones y medidas debe realizar al gobierno nacional en relación al proyecto de litio? ¿Cumplirá algún rol al respecto desde el Congreso de la República?

Cumpliremos con nuestro rol de fiscalizadores. Si se desarrolla este proyecto velaremos que sea en beneficio de la población y no cause daños ambientales.

¿Cuáles son las tareas que deben cumplir el gobierno regional y los gobiernos municipales si finalmente se lleva a cabo el proyecto de litio?

Las autoridades deben estar atentas a las condiciones y los términos en que se pretende llevar a cabo la explotación de litio.

¿Qué opina de las propuestas que señalan que debe seguirse un modelo como el que se intentó implementar en Bolivia para la explotación y transformación del litio?

Bolivia es un país que está entrando en un proceso de industrialización y por supuesto a nosotros nos gustaría implementar algo similar. Sin embargo, somos conscientes de que en este momento no hay voluntad política. En el Perú, el modelo beneficia principalmente a las empresas mineras, a pesar de que tenemos un gran potencial en comercio, turismo, servicios y otros sectores económicos. Si queremos cambiar esta situación, uno de los primeros pasos que tenemos que dar es el cambio de artículos en la Constitución Política.

También se menciona el potencial de uranio en Carabaya ¿Tiene alguna opinión al respecto?

Es una gran preocupación. La explotación de uranio genera gravísimos problemas ambientales.
http://www.noticiasser.pe/entrevista/yvan-quispe-si-se-desarrolla-el-proyecto-del-litio-en-carabaya-velaremos-para-que-no