27/04/2020

Seis empleados de la mina Caylloma, en Perú, dieron positivo por Covid-19, confirmó Fortuna Silver. La compañía está evaluando a todos los empleados de la mina.

Los seis individuos permanecen asintomáticos, dijo Fortuna Silver, y agregó que cada caso positivo se había manejado de acuerdo con sus protocolos aprobados por el gobierno para tratar con Covid-19.

El 15 de marzo, el gobierno de Perú introdujo una serie de medidas para contener la rápida propagación de Covid-19, que incluyó una declaración de un período de 15 días de aislamiento físico nacional obligatorio, que se extendió posteriormente al 10 de mayo.

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Durante este período, Fortuna Silver ha estado trabajando bajo un marco regulatorio, que permite a las minas operar con personal esencial.

La compañía ha suspendido todo el trabajo no esencial y está llevando a cabo trabajo crítico con solo el 40% de su fuerza laboral regular de Caylloma.
https://www.mineria-pa.com/noticias/fortuna-silver-peru-registra-seis-casos-de-coronavirus/

Observatorio de Conflictos Mineros del Perú OCM
26/04/2020
Imagen: Portal Central

Esta mañana el alcalde del distrito cusqueño de Velille en la provincia de Chumbivilcas, Antonio Toledo, confirmó que hay un primer caso de Covid-19 en la minera Hudbay. Asimismo informó que sobre el caso se realizará una conferencia de prensa mañana 27 de abril por parte del director de Salud de Chumbivilcas Edder Atency junto a otras autoridades.

Días atrás un trabajador de la empresa minera Chinalco Perú en Junín dio positivo para la prueba rápida del Covid-19 y fue internado en una clínica particular en Lima según medios regionales que lo reportaron el 25 de abril. Este aislamiento ha causado preocupación entre sus compañeros porque estuvo en contacto con otros sin saber que era portador del virus.

El lunes 20 de abril, todos los trabajadores que subieron a la mina pasaron por la respectiva prueba rápida en el campamento Tucto, lugar de cuarentena previo al ingreso de las operaciones, con resultado negativo. Pero este trabajador empezó a presentar en los siguientes días los síntomas del virus, por lo que fue aislado. Los colaboradores de Chinalco luego pasaron por una nueva evaluación médica.

En un comunicado público, la empresa Chinalco Perú confirmó esta versión y detalló que personal médico del campamento realizó una prueba rápida a este colaborador con resultado positivo, pero luego presentó la sintomatología.

Por otro lado en Pasco, el domingo 19 de abril, algunos medios periodísticos señalaron que un trabajador minero vinculado a la empresa Nexa Resources dio resultado positivo a Covid-19 en el centro de salud del distrito de Yarusyacán, perteneciente a la provincia de Cerro de Pasco.

Imagen: CAMIPER

La empresa minera Nexa Resources señaló en un comunicado que el trabajador pertenece a la empresa contratista de la Unidad Minera El Porvenir, ubicada en el centro poblado de Milpo del distrito de Yarusyacán, a quien se le realizó la prueba rápida en un centro de salud local, luego de habérsele detectado algunos síntomas en el chequeo médico previo como parte de los protocolos internos que la empresa minera realiza.

La empresa agregó que, activando los protocolos de salud y seguridad, procedieron con la identificación de trabajadores que tuvieron contacto con el trabajador en el centro de salud donde le realizan las pruebas médicas al personal directo y de las empresas contratistas de Nexa. Asimismo la empresa precisó que las personas que han tenido contacto con el trabajador se encuentran actualmente en aislamiento domiciliario, al no haber ingresado a las instalaciones de campamento minero El Porvenir.

Las comunidades aledañas denunciaron que han ocurrido constantes desplazamientos de trabajadores a la mina, lo que les preocupa por la exposición a posibles contagios del virus.

Recordemos que el 15 de abril el gobierno aprobó, tras una coordinación con el gremio empresarial minero, un protocolo de traslado de trabajadores mineros que no establece la realización de pruebas de descarte de contagio, tanto a los que ingresen a los campamentos como a los que retornen a sus ciudades de origen.

Imagen: Cutivalú
www.conflictosmineros.org.pe
Este martes 21 de abril, comuneros y autoridades de las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en la región Piura, hicieron público su rechazo a los donativos de víveres por parte de la empresa minera Río Blanco Cooper S.A., advirtiendo del aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad que atraviesan los residentes en medio de la cuarentena por la pandemia del COVID 19.

Como es conocido, dicha empresa minera ha intentado desde hace varios años ingresar a la zona, lo que ha tenido un rechazo mayoritario de las comunidades que se verían afectadas por la actividad extractiva, en desmedro de la actividad agrícola que desarrollan. Este rechazo se ha manifestado en diversas manifestaciones y paralizaciones de la población, tanto de Ayabaca como de Huancabamba.

Los comuneros señalan que el proyecto minero Río Blanco traería consigo una afectación ambiental a los páramos andinos, lo que atentaría contra la salud, la seguridad alimentaria e hídrica de la población en las mencionadas provincias piuranas. En sus recientes comunicados públicos las organizaciones provinciales de Huancabamba y Ayabaca señalaron que la empresa Río Blanco intenta aproximarse a la población nuevamente a través de una práctica clientelar.

CooperAcción
16/042020
Imagen: Red Maule

El día de ayer, 15 de abril, se publicó en el Diario Oficial el Peruano la Resolución Ministerial 111-2020-MINEM/DM, que aprobó el “Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID – 19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las Unidades Mineras y Unidades de Producción, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, incorporado por Decreto Supremo N° 068-2020-PCM”.

Como su nombre lo indica, este Protocolo tiene como finalidad establecer los lineamientos para el traslado del personal de las unidades mineras que se encuentran en los campamentos mineros desde los inicios del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno (a partir de la quincena de marzo), y con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. En otras palabras, se busca que el personal que ya cuenta con más de 30 días en los campamentos mineros pueda ser relevado de sus funciones por otros trabajadores mineros que actualmente se encuentran en Lima u otros centros urbanos donde tienen sus residencias habituales.

El problema con este protocolo es que no obliga a las empresas mineras a efectuar los exámenes de descarte del COVID-19 a los trabajadores que entran o salen de los campamentos mineros, sean los test rápidos (serológicos) o los moleculares. Esta cuestión resulta preocupante en la medida que el COVID-19 tiene una fase asintomática, que puede durar entre 7 y 14 días según comentan los expertos en salud. En ese sentido, podría generarse el riesgo que un trabajador minero que está infectado del COVID-19 regresa a su residencia habitual sin saber que tiene la enfermedad, contagiando a todo su entorno social. De igual manera, otro trabajador podría haberse infectado en su entorno de residencia, y al regresar al campamento (para relevar a otros trabajadores) podría terminar infectando a sus demás compañeros de trabajo.

La cuestión es que el protocolo debería incluir obligatoriamente que todo trabajador que entra y sale de un campamento minero tenga que pasar por una prueba de descarte del COVID-19. El protocolo aprobado por el MINEM solo exige una declaración jurada de que el trabajador no es un factor de riesgo, que puede deberse a varios motivos: por haber regresado del extranjero recientemente, haber estado en contacto con alguna persona sospechosa o infectada del COVID-19, no estar en un grupo de riesgo (por tener enfermedades crónicas declaradas o condiciones de riesgo), etc.

El sustento legal para elaborar este Protocolo se encuentra en el artículo 3.11 del DS 051-2020-PCM, modificado por DS 068-2020-PCM, normas dictadas en el marco del estado de emergencia, que señala lo siguiente:

3.11 Se autoriza, de manera excepcional, por razones humanitarias y previa coordinación con el gobierno regional que corresponda, el transporte interprovincial de pasajeros, por medio terrestre y aéreo no comercial, que se encuentren fuera de su residencia o lugar de trabajo habitual, a consecuencia de la aplicación de las disposiciones de inmovilización social.

Lo señalado en el párrafo precedente, incluye al personal de las Unidades Mineras o Unidades de Producción que haya cumplido con la jornada de trabajo de acuerdo a su régimen especial laboral o hayan cumplido el aislamiento social obligatorio, a fin de que retornen a su residencia o lugar de trabajo habitual.

En todos los casos, se debe garantizar que se cumplan las condiciones de salud y seguridad establecidas para su traslado y el aislamiento social obligatorio correspondiente en los lugares de destino.

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de resolución de su titular, dicta las medidas complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.11; a excepción del traslado del personal de las Unidades Mineras o Unidades de Producción que se menciona en el párrafo precedente, en cuyo caso el Ministerio de Energía y Minas, a través de resolución de su titular, dicta las medidas complementarias que sean necesarias.

Revisando los protocolos y lineamientos aprobados por el MINSA, no se han encontrado referencia de medidas preventivas que refieran al traslado de población entre regiones (como es este caso) para evitar la propagación del COVID-19. Es posible que todavía no se hayan aprobado. Sin embargo, un documento emitido por la PCM, que se llama “Lineamientos de traslado y cuarentena de personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como efecto de las medidas de aislamiento social por la emergencia nacional por el COVID-19” señala lo siguiente en sus numerales 6 y 7:

6. El traslado de personas en situación de vulnerabilidad entre regiones constituye una medida excepcional a la declaratoria de inmovilización social dispuesta por el gobierno nacional y se encuentra justificado por razones humanitarias.

7. Ante esta situación, se considera necesario emitir estos lineamientos que orienten el traslado de estas personas que se encuentran fuera de su región de domicilio habitual en situación de vulnerabilidad, y/o aquellas personas que no cuentan con soporte familiar en esta ciudad. Y que requieren regresar a sus domicilios en diferentes ciudades del país, ante la ampliación del periodo de cuarentena, por su salud mental y física. Dichas personas no deben presentar ningún síntoma de contagio y deberían dar negativo en la prueba rápida.

Por tanto, este documento de la PCM plantea la necesidad de que los controles preventivos para las personas que se van a trasladar incluya, por lo menos, la realización de la prueba rápida de descarte del COVID-19. En ese sentido, no se entiende por qué en el caso del protocolo para traslados de trabajadores mineros no se ha establecido esta obligación, la que adquiere una mayor importancia por los diversos motivos: 1) ya se han reportado varios casos de trabajadores mineros que están infectados con el COVID-19, a pesar del supuesto confinamiento en el que estaban. De hecho, Antamina tuvo que cerrar sus operaciones porque tiene a 7 trabajadores infectados (al comienzo se reportó que eran muchos más); 2) a la población que está movilizándose por la carretera desde Lima se les ha aplicado el examen de descarte, a todos; 3) los funcionarios del OEFA que se han trasladado a realizar supervisiones ambientales a raíz de los últimos derrames ocurridos en la selva también pasaron por un examen de descarte previo al traslado; 4) la Defensoría del Pueblo se ha manifestado en un comunicado que se tiene que implementar la cantidad suficiente de pruebas de descarte a aquellas personas que se trasladan entre regiones1 ; 5) el factor más importante, que las unidades mineras se desarrollan en espacios territoriales donde habitan poblaciones vulnerables a este tipo de pandemias, como es el caso de las comunidades indígenas.

[1]https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-plan-especial-para-traslados-humanitarios-entre-lima-y-regiones/

www.cooperaccion.org.pe

Gretta Zegarra
15/04/2020
Imagen: DIPROMIN

Debido a los casos de contagio de COVID-19 en las operaciones de Antamina, Cerro Verde y Tinka Resources[1] y las quejas de los trabajadores de MMG Las Bambas por su confinamiento en campamentos mineros[2], el Poder Ejecutivo ha publicado en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Supremo (DS) Nº 068-2020-PCM[3]. Este DS modifica el artículo 3 del DS N° 051-2020-PCM, que prorroga el estado de emergencia nacional, por las graves circunstancias que atraviesa el país como consecuencia del COVID-19.

Con este cambio se autoriza que el personal de las unidades mineras y unidades de producción que hayan cumplido con su jornada laboral o con el aislamiento social obligatorio, puedan regresar a sus casas o a los lugares de trabajo habitual. Adicionalmente, en ese mismo numeral se precisa que para el retorno se debe realizar coordinaciones con los Gobiernos Regionales correspondientes y se debe usar transporte interprovincial terrestre y aéreo no comercial.

En CooperAcción, saludamos que el Poder Ejecutivo permita el regreso a casa de los contratistas y trabajadores mineros que se encuentran laborando en plena cuarentena. Sin embargo, discrepamos con la decisión de permitir “el retorno al lugar habitual de trabajo” ya que con dicho fraseo, el Poder Ejecutivo estaría permitiendo el flujo o traslado de personal que reside en zonas infectadas por el COVID-19 (como por ejemplo, ciudades en las que viven los trabajadores mineros) a los campamentos mineros, lo cual originaría un posible círculo de contagio y un riesgo mayor de expansión del virus, sobre todo en los territorios en los que se encuentran las operaciones mineras.

Por este motivo, pedimos al Poder Ejecutivo que modifique el numeral 3.11 del artículo 3 del DS Nº 051-2020-PCM y que no permita el tránsito de trabajadores mineros (salvo los que retornen a sus lugares de residencia) hasta que el COVID-19 esté controlado en el Perú.

Anexos:
[1] https://www.servindi.org/actualidad-noticias/13/04/2020/covid-19-antamina-paraliza-sus-labores-tras-confirmar-7-contagiados
[2] http://cooperaccion.org.pe/en-la-emergencia-las-decisiones-deben-tomar-en-cuenta-a-todos-los-actores/
[3] http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2020/04/DS-068-2020-PCM-DS-que-modifica-el-artículo-3-del-DS-051-2020-PCM.pdf

www.cooperaccion.org.pe

14/04/2020
Foto: Antamina

Antamina, minera de cobre y zinc, controlada por BHP Billiton y Glencore, realizará una “parada estratégica” durante dos semanas para tomar medidas de seguridad y adaptar sus operaciones para cuando termine una cuarentena ocasionada por el nuevo coronavirus en Perú.

La minera viene realizando labores esenciales en áreas de producción y mantenimiento desde que Perú decretó en marzo un estado de emergencia, que se extendió recientemente hasta el 26 de abril.

Los accionistas de Antamina, una de las mayores cupríferas en Perú, son BHP Billiton con 33,75%, Glencore 33,75%, Teck con 22,5% y Mitsubishi con 10%.

“Se trata de una detención temporal de operaciones con la que buscamos adaptar nuestras operaciones y servicios a esa nueva etapa a la que ingresará el Perú cuando haya terminado el Estado de Emergencia Nacional“, dijo Antamina en un comunicado.

La compañía detalló que durante ese periodo realizarán exámenes médicos a todos sus trabajadores y que “nadie saldrá o ingresará” de sus campamentos sin haber sido evaluados.

“No solo estamos buscando brindar un retorno seguro a nuestros trabajadores; también deseamos ofrecer tranquilidad y confianza a las comunidades vecinas”, refirió en su comunicado.

Antamina informó en marzo que uno de sus trabajadores, que había tenido interacción con otros dos empleados, había sido diagnosticado con coronavirus y que estaba evolucionando de forma favorable. Dirigentes sindicales de la compañía han denunciado sin embargo que los casos de infectados serían más.

La minería es clave para la economía local pues sus ventas representan el 60% de todas las exportaciones de Perú.

Fuente: Infobae

Mina peruana Antamina anuncia “parada estratégica” por Covid-19

31/03/2020
Abel Gilvonio
Foto: CAAAP
Publicado por Cooperaccion
El coronavirus salió de China, pasó por Europa y llego a Perú dejando a su paso miles de muertos. En nuestro país, como resultado de la decisión acertada del presidente Martín Vizcarra, se viene resistiendo al embate de este virus mortal a pesar de tener en estos momentos un sistema de salud pública muy debilitado por el neoliberalismo.

Pero el coronavirus no es el único problema de salud pública y nuestros ancianos y niños tampoco son las únicas poblaciones vulnerables que tiene el país. Es una verdad de perogrullo decir que en el Perú existen ciudadanos más vulnerables que otros. Nuestras escandalosas desigualdades y miserias en estos momentos de crisis por el coronavirus, nos muestran lo que siempre estamos intentando maquillar u ocultar. A pesar del discurso oficial que presenta al Perú del boom extractivo y de los mejores indicadores macroeconómicos, tenemos poblaciones vulnerables como los afectados por tuberculosis, enfermos con VIH, anémicos, desnutridos, tísicos y también tenemos a ciudadanos y ciudadanas afectados por metales tóxicos[1].

Me quiero detener aquí para hablar sobre la vulnerabilidad de las y los afectados por metales tóxicos. Hoy todos sabemos qué es el coronavirus y cómo actúa en el cuerpo, sin embargo muchos seguimos sin entender qué son los metales tóxicos y cuál es el impacto en las personas, es decir, cómo se moviliza por nuestros territorios y cuerpos este “enemigo invisible”.

Lo primero que hay que saber es que estos metales se pueden encontrar en la corteza terrestre de forma natural. Sin embargo, la mayor causa de contaminación ambiental y exposición del ser humano se debe a las actividades antropogénicas como la minería, la industria, la agricultura intensiva y el uso doméstico donde también podemos estar expuestos a estos metales. Lo segundo es que según la OMS, el arsénico, el plomo, el cadmio y el mercurio tienen un alto grado de toxicidad y constituyen una preocupación para la salud pública mundial. El 2018 en nuestro país el Ministerio de Salud (MINSA) reconoció que este era un problema de salud pública nacional y que era necesario tomar medidas para la atención de las personas afectadas por metales tóxicos.

Un diagnóstico rápido de este “enemigo invisible” nos muestra que este problema de salud pública se mueve en distintas dimensiones: la territorial; la técnico científica; la legal y; la institucional.

En la dimensión territorial este “enemigo invisible” sigue siendo un problema a resolver principalmente por la ubicación de las zonas de riesgo. Hasta ahora lo que tenemos es un mapa publicado por el 2018 que se denomina “Mapa de exposición a metales pesados en regiones-agosto 2018”. Lamentablemente no se ha avanzado en construir un mapa de zonas de riesgo con enfoque multisectorial, es decir un mapa del territorio que pueda cruzar data de pasivos ambientales mineros y petroleros de alto y muy alto riesgo, de cuerpos de agua contaminadas de la Autoridad Nacional del Agua, de agua contaminada de consumo humano directo y de población expuesta a metales tóxicos y el registro de dosados por el MINSA como se propuso en las mesa técnica del Congreso de la República.[2]

En la dimensión técnico científica evaluamos dos aspectos: a) la vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano y b) la vigilancia epidemiológica. En el primero el MINSA ha identificado algunos de los metales por encima de los valores límites permisibles. Así por ejemplo, se ha encontrado la presencia de arsénico en algunas localidades de las regiones de Loreto, Cajamarca, Pasco, Junín, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Plomo en algunas localidades de Loreto, Cajamarca, Lambayeque, Lima, Pasco, Junín, Ica, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Moquegua. Y mercurio en algunas localidades de los departamentos de Loreto, San Martín, Huánuco, Junín, Ica y Ayacucho.

En la dimensión legal algunos de los afectados y afectadas por metales tóxicos han recurrido legalmente a instancias jurídicas nacionales y supra nacionales, obteniendo resoluciones favorables con mandatos de cumplimiento obligatorio por parte del Estado peruano. El mandato de cumplimiento se orienta sobre todo al sector salud a través de medidas cautelares y/o resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH que por regiones se distribuye así: Amazonas (1), Callao (1), Loreto (2), Madre de Dios (1) y Cusco (1)[4]

Para terminar en la dimensión institucional, nos encontramos con los siguientes problemas no resueltos hasta ahora: (1)la promesa incumplida por la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM de instalar una Comisión Multisectorial de alto nivel para atender a los miles de ciudadanos que reclaman una atención preventiva y especializada; (2) la falta de compromiso del Ministerio del Ambiente para asumir la secretaría de esta comisión; (3) la falta de un mayor presupuesto nacional para atender este problema; y (4) los retrasos del MINSA para aprobar una propuesta de abordaje integral para los afectados por metales tóxicos. Todo esto demuestra que el Estado, más allá de las palabras, no muestra la voluntad política para solucionar este problema de salud pública nacional mientras se sigue extendiendo en el país.

Sabemos que este tiempo de emergencia nacional sanitaria nos demanda unir todos los esfuerzos para poder salir airosos de la batalla contra el coronavirus. Pero eso no debe implicar que nos olvidemos y no demandemos la atención contra ese otro “enemigo invisible” que viene afectando la salud de miles de peruanos y peruanas.

[1] El año 2017 en el Primer Encuentro Nacional de afectados y afectadas por metales tóxicos se asumió esta definición para resumir “metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas”

[2] Resumen de avances y pendientes de la Mesa Técnica “Políticas para la Atención y Prevención Integral de la Afectación de la Salud por Contaminación con Metales Tóxicos y otros, asociados a minería e hidrocarburos”

[3] Documento técnico “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas.”

[4] Resolución de Gerencia General N°173 –GG-ESSALUD-2020.

30/03/2020
Desde la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Nacional de Salud Ambiental y Humana, articulación de diversas organizaciones sociales, asociación de afectados por metales, frentes de defensas, federaciones indígenas, comunidades campesinas, colectivos ciudadanos e instituciones nos pronunciamos sobre la pandemia mundial del coronavirus y la declaratoria de emergencia nacional que afecta a todo el país:

1.- Resaltar el enorme trabajo que viene realizando el gobierno del Presidente Martin Vizcarra para poder evitar más contagiados y muertes por el coronavirus a lo largo de todo el país, llamando a un aislamiento social obligatorio y así evitar que el virus se propague de manera violenta e incontrolable.

2.- Considerar como un grave error que las actividades extractivas en minería y petróleo continúen sus operaciones, ya que ponen en riesgo la salud y la vida no sólo a los trabajadores sino a las poblaciones que viven en los territorios en donde se realizan estas operaciones. No es verdad que por ser remoto el lugar en donde se desarrollan las operaciones no van a ser afectados, así como tampoco son territorios donde no vive nadie y/o están aisladas.

3.- Tener en cuenta que las personas con niveles de exposición a fuentes de metales pesados y sustancias tóxicas son parte de la población con afecciones crónicas subyacentes. Además las condiciones climáticas en zonas altoandinas generan riesgo en afecciones respiratorias, y en las zonas amazónicas, las grandes distancias fluviales generan riesgo de no llegar a los centro de salud para atender casos graves. Es decir, que son mortalmente vulnerables al contagio del coronavirus, no olvidar que más de 7000 personas han dado positivo a metales tóxicos y sustancias toxicas en las pruebas que se han realizado en zonas como Espinar en Cusco, Chiriaco en Amazonas, Simón Bolívar en Pasco, La Oroya y el Valle del Mantaro en Junín, Cuatro Cuencas y Cuninico en Loreto, Coata en Puno, Nuevo Perú en Callao, Torata en Moquegua, San Mateo en Lima o Bambamarca en Cajamarca. Por ello, el Gobierno Nacional, nuestras autoridades regionales y locales tienen la responsabilidad de llevar a cabo una atención mucho más esmerada para estas familias. Esto va de la mano con asegurar, de manera restrictiva, el aislamiento social obligatorio mediante la prohibición y vigilancia del ingreso de personas externas a la comunidad.

4.- Informar que muchos de los lugares en donde se encuentran las empresas mineras y petroleras que han tenido problemas de contaminación, generando afectaciones en la salud de cientos de familias, se encuentran en zonas de pobreza y extrema pobreza. Muchas de estas familias no tienen acceso al agua potable, ni alimentos inocuos así como tampoco salud preventiva, integral y especializada lo que las hace más vulnerables frente al resto de la población. Por ello, pedimos que las familias de estas localidades sean tomadas en cuenta en la entrega del bono de subsidio monetario otorgado por el gobierno, establecido en el Decreto de Urgencia para frenar la propagación del coronavirus.

Finalmente todas y todos debemos estar unidos en esta lucha contra el coronavirus en el Perú pero eso no debe implicar dejar de lado los acuerdos pendientes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos con la Presidencia de Consejo de Ministros como la instalación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la atención a las miles de personas afectadas por metales tóxicos así como tampoco dejar de exigir dar prioridad en la atención de estas familias considerando su condición de riesgo, vulnerabilidad y su permanente situación de precariedad económica. Esperamos que esta vez el Estado peruano asuma su responsabilidad, garantice sus derechos y atienda sus demandas.

Firmas:

Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú -ONAMIAP
Red Nacional de Defensores y Defensoras de Ríos
Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia del Norte – ORPIAN-P
Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos por la Defensa de sus Territorios PUINAMUDT
Comunidad Nativa Nazareth Amazonas
Comunidad Nativa Umukai Amazonas
Comunidad Nativa Wachapea Amazonas
Comunidad Nativa Pakun Amazonas
Centro Poblado de Paragsha Pasco
Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar (AUPE)
Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K´ana Espinar
Frente Callao Dignidad
Junta Vecinal del Asentamiento Humano Cerro Baul Torata Moquegua
Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente Cuenca Alta Rimac
Comuneros de San Mateo de Huanchor Huarochiri
Comuneros de San Antonio Huarochiri
Rondas Campesinas Femeninas de la Comunidad de Maygasbamba Bambamarca Cajamarca
Frente de Defensa en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Rio
Coata y la Bahia Interior del Lago Titicaca Puno
Pastoral Social de Dignidad Humana Huancayo PASSDIH
Mesa de Diálogo de la Mujer Huancayo
Consejo Regional de la Mujer Huancayo
Comunidad de Óndores Junin
Movimiento por la Salud de la Oroya – MOSAO
CONAMOVIDE Tarma
Comité Conservacionista de Villa el Sol en Santa Rosa de Sacco Oroya
FEMUCARINAP Chanchamayo.
Plataforma Regional por la Salud Ambiental y Humana Junín
Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín
Organizaciones Zonales de Atención en Alimentación y Salud Oroya
Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín
Junta de Usuarios de Riego Mantaro
La Pastoral Social del Vicariato de Jaén
La Red Huamachuco
Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana
Red por una Globalización con Equidad – RedGe
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
Red Muqui
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
CooperAcción
Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco –DHSF
Asociación Civil Centro de Cultura popular Labor Pasco.
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Earthrights International – ERI
Oxfam en Perú
APRODEH
AIDA
Comisión Episcopal de Acción Social -CEAS
Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno – DHUMA
Red Uniendo Manos Perú
Grupo Red de Economía Solidaria del Perú – GRESP
Proyecto Amigo La Libertad
Forum Solidaridad Perú
FEDEPAZ
CADEP Ayacucho
REDAD Piura
Instituto Natura Ancash
Asociación Marianista de Acción Social – AMAS
GRUFIDES Cajamarca
Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático de Foro Salud