Leonidas Wiener R.
13/05/2020
Imagen: Diario Correo

La semana pasada, el MINEM aprobó el “Protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector electricidad” (RM 128-2020-MINEM/DM). Este establece una serie de medidas preventivas para la detección temprana y respuesta que eviten o controlen la propagación del COVID-19 entre los trabajadores de estos subsectores. Este Protocolo se enmarca en los lineamientos aprobados por el MINSA para ser aplicados en los distintos espacios laborales conforme al rubro económico respectivo.

De esa manera, en el marco del aun inicial proceso de reactivación económica que viene impulsando el gobierno para enfrentar los estragos que ha ocasionado el COVID-19, se están disponiendo las condiciones sanitarias mínimas para que las actividades extractivas estén entre las primeras en reanudar sus actividades. Sin embargo, una interrogante muy importante no se ha podido aclarar hasta la fecha: ¿cómo se van a seguir desarrollando las relaciones comunitarias por parte de las empresas extractivas?; o, dicho de otra manera, ¿de qué manera se van a llevar a cabo las relaciones entre estas empresas y la población de su zona de influencia en un contexto de emergencia sanitaria?

Los planes de relaciones comunitarias, o planes de gestión social, son uno de los componentes de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos extractivos, sea de minería o hidrocarburos. Estos varían de acuerdo a las características del proyecto, pero por lo general, incluyen programas de comunicación e información con la población de la zona de influencia (stakeholders), sistemas de atención de reclamos, códigos de conducta, planes de contratación temporal de personal de la zona, programas de desarrollo local, planes de negociación y compensación por las tierras, entre otros. El propósito de estos planes es generar condiciones sociales mínimas para la ejecución de un proyecto de inversión. Inevitablemente su aplicación, genera un contacto permanente entre trabajadores de la empresa y la población, sea para negociar la compra o el alquiler de un terreno comunal, verificar los avances de un proyecto de irrigación o innovación agropecuaria financiado por la empresa, o designar a un grupo de personas que realizará labores temporales.

La pregunta que salta a la vista es: ¿estas relaciones se mantendrán de la misma manera en un contexto de COVID-19? Hasta la fecha el gobierno no ha aprobado ningún lineamiento o protocolo para evitar la propagación del COVID-19 entre la población que reside en las zonas de influencia de estas industrias extractivas. Como se sabe, esta población corresponde principalmente a comunidades campesinas y nativas en situación de pobreza y pobreza extrema, muchos de ellos adultos mayores, altamente vulnerables a los efectos de esta pandemia.

La omisión de un protocolo de estas características representa una delicada omisión que el gobierno no ha podido resolver hasta la fecha. Sobre este punto, en la RM 129-2020-MINEM/DM, que aprueba los criterios de focalización territorial para reiniciar las actividades de minería, hidrocarburos y electricidad, se hace una pequeña mención en el sentido que las empresas deben socializar y difundir sus planes internos de contención del COVID-19. Pero tal como está redactado, más parece una guía de buenas prácticas que una obligación fiscalizable. Esta norma tampoco desarrolla criterios sobre la forma cómo se van a desarrollar estas acciones de difusión ni quién les va a hacer seguimiento, dejándolo a la decisión discrecional de las empresas.

Tampoco se tiene información si es que las grandes empresas extractivas que operan en el país vienen adecuando sus prácticas internas para adecuar sus relaciones comunitarias en este escenario de COVID-19. Por lo visto hasta la fecha, muchas empresas mineras no han estado actuando con la debida diligencia, reportándose más de 250 casos de trabajadores infectados (a pesar de que supuestamente las empresas estaban operando confinadas todo este tiempo), y produciéndose además, tensiones sociales en distintas partes del país por la falta de transparencia de algunas empresas mineras para informar sobre los traslados del personal para los relevos respectivos .

Muchas interrogantes por responder y temas que requieren ser aclarados, pero que lamentablemente parecen encontrar cada vez menos eco en un gobierno fuertemente presionado por sectores empresariales privados que por las urgencias del día, no tienen reparos en dejar de lado obligaciones y compromisos ambientales y sociales

José De Echave C.
12/05/2020
Imagen: Jornal Dia Dia

En mis épocas de estudiante, un profesor de economía nos explicaba que las crisis pueden ser clasificadas utilizando tres letras:

Hay crisis que son en V. Son las presentan una caída abrupta de la economía pero al mismo tiempo se produce una recuperación o rebote rápido. ¿Un ejemplo? La que ocurrió el año 2008. Caracterizada como una típica crisis financiera, tuvo su origen en el colapso de una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos que rápidamente se expandió al resto del mundo: los bancos de inversión comenzaron a registrar pérdidas importantes en todo el mundo, mientras que los bancos centrales tuvieron que salir al rescate, inyectando fuertes fondos (algo que en estos días suena familiar), para evitar crisis de liquidez y una quiebra generalizada del sistema. Sin embargo, al año siguiente las cosas habían regresado más o menos a la normalidad y varios indicadores de la economía global comenzaron a recuperarse del bache (por ejemplo, los precios de las materias primas se recuperaron rápidamente y el súper ciclo continuó algunos años más). En el caso del Perú, el shock externo provocó que su PBI pasara de una tasa de expansión de 8% o 9% a apenas 1%. Sin embargo, el año siguiente se recuperaron las tasas de crecimiento previas a la crisis.
Hay otras crisis que son en U. También registran una caída abrupta de la economía, pero con un período de recesión y estancamiento que dura bastante más tiempo. En este tipo de crisis, el shock externo puede estar acompañado de shocks internos. Se puede decir que un ejemplo de este tipo de crisis ocurrió a finales de la década del 90, luego del estallido de la denominada crisis rusa y asiática que afectó a toda la economía global, provocando entre varias efectos, la caída drástica de las cotizaciones de las principales materias primas. En el Perú, el shock externo estuvo acompañado de un conjunto de pésimas decisiones en política económica y, sobre todo, de una crisis política (la fase final de la dictadura fujimorista) que agravó la situación.
Finalmente, tenemos las crisis en L, que son las más complejas y duras porque implican períodos bastante largos de recesión. Estas crisis pueden tener diferentes orígenes: guerras mundiales o conflictos bélicos que afectan a regiones enteras y por supuesto destrozan la economía; grandes epidemias y los propios colapsos económicos y financieros que cada cierto tiempo golpean los mercados globales. En este tipo de crisis también se combina el shock externo con el interno y para salir se necesita poner en marcha maquinarias complejas de rescate de diferente tipo. ¿Ejemplos de crisis en L? Las dos guerras mundiales y los posteriores años de reconstrucción; los conflictos bélicos que han afectado varias regiones en el mundo, la propia década del 80, que para varios países representó casi toda una década perdida, etc.

¿Qué tipo de crisis es la estamos viviendo y sobre todo qué es lo que se nos viene? Para comenzar, definitivamente no será en V. Los que piensan que el próximo año la economía va a rebotar como ocurrió entre el 2008 y 2009, no están entendiendo la real dimensión de los acontecimientos. Lo cierto es que estamos frente a una o quizás la peor contracción de la actividad económica desde que se iniciaron los registros: el comercio global está colapsado, lo mismo que la conectividad, y se proyecta que la economía mundial registre una fuerte caída del producto bruto. Por supuesto, todo esto tendrá un impacto muy fuerte en las economías latinoamericanas: la CEPAL identifica por lo menos seis canales de transmisión que tendrán un impacto negativo en las economías de la región (ver gráfico).

Fuente: Comisión Económica para América Latina

En el caso de la economía peruana todo indica que el retroceso también será uno de los peores de nuestra historia. Si queremos buscar antecedentes, lo que puede ocurrir este año y el próximo nos remonta, probablemente, a los años de la guerra con Chile y sus efectos devastadores; por lo que la tarea en los próximos años será casi de reconstrucción nacional (mensaje para los que pretenden ser sucesores de Vizcarra). Hay consenso en proyectar una caída del Producto Bruto Interno de dos dígitos, algo que no se había visto desde hace un buen tiempo, lo que significa el colapso de varios sectores, la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo (de hecho, según las últimas encuestas, el 31% de peruanos y peruanas ya se han quedado sin trabajo desde que se decretó el confinamiento) y, lo que es más dramático, un porcentaje alto de la población pasará a engrosar las filas de pobres y pobres extremos.

Además, todo indica que en el manejo de las crisis, los márgenes de autonomía para intentar hacerle frente pueden ser muy limitados. Un ejemplo: por el momento se viene enfrentando la emergencia rompiendo los “chanchitos” de ahorros acumulados en las últimas décadas (dicho sea de paso esos ahorros debieron ser mucho más importantes si se hubiese implementado una reforma tributaria; se hubiese cobrado el impuesto a las sobre ganancias a las mineras y; se hubiese luchado contra la evasión y elusión fiscal, etc.); sin embargo cuando se acaben estos fondos la alternativa que queda será endeudarse con todo lo que eso implica en materia de autonomía.

En suma, la caída será abrupta (de hecho ya la estamos viviendo), la recuperación será muy lenta por el impacto devastador en todo el aparato productivo y con márgenes muy estrechos de maniobra. Todo indica que nos moveremos entre una crisis en U con el riesgo que se pueda convertir en L.
Fuente: Cooperaccion

Imagen: El Búho
11/05/2020
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emitió las resoluciones N° 128-2020-MINEM/DM y N° 129-2020-MINEM/DM, que aprueban el Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al Covid-19, en la línea de reanudar las actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería.

Para reanudar sus operaciones en esta Fase I de la reactivación, los titulares de la gran minería deberán cumplir criterios como: tener unidades que procesan más de 5,000 TM/d; contar con campamentos mineros y/o disponer de alojamientos externos que garanticen las condiciones de salud establecidas en los protocolos sanitarios, y haber declarado producción a diciembre del 2019, a través del Reporte de Estadística Minera ESTAMIN.

Asimismo, deberán cumplir con los lineamientos dictados por el Ministerio de Salud (MINSA) para el cuidado y vigilancia de la salud de los trabajadores ante el Covid-19 y no tener medidas administrativas o judiciales de paralización.

Plan para la vigilancia

La normativa también establece que las empresas que cumplan con los criterios de focalización deberán contar con su “Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo”, que debe seguir los lineamientos emitidos por el MINSA, el cual debe ser aprobado previamente por sus Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Posteriormente, lo remitirán al MINEM para la verificación de su estructura y contenido mínimo y, finalmente, el titular minero procederá según las normas del MINSA, a través del INS, para su registro respectivo en el Sistema Integrado para Covid – 19 (SICOVID-19).

La reactivación minera en esta primera etapa incluye a la gran minería, que generará más de 68 empleos directos; y a los grandes proyectos declarados de interés nacional, como Quellaveco, Mina Justa y Ampliación Toromocho.

Supervisión de Osinergmin

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) anunció hoy que utilizarán “instrumentos de última tecnología” como drones para la supervisión de la gran minería en el inicio de la Fase 1 de reanudación de actividades mineras de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas.

“Estamos modernizando nuestra supervisión para que la industria minera siga operando con seguridad. Por ello, Osinergmin ha programado utilizar instrumentos de última tecnología para la supervisión a las presas de relaves, como son los aparatos que miden la compactación de suelos y drones”, mencionó Rolando Ardiles Velasco, Gerente de Supervisión Minera de Osinergmin.

Según el funcionario, el uso de drones ofrecerá información que facilita la identificación de incumplimientos a las normas de seguridad relacionadas a los depósitos de relaves, pilas de lixiviación, depósitos de desmontes, entre otros.

Cabe recordar que la sociedad civil alertó los primeros días de la cuarentena de que fue un error del gobierno el haber señalado como actividad “esencial” a la minería para que siga operando, pues se exponía a los trabajadores mineros a los contagios. Como se sabe, los trabajadores del sector se desplazan entre las ciudades y los campamentos. Hasta el momento van más de 260 trabajadores mineros contagiados de Covid-19 a nivel nacional y hay algunos que se encuentran en aislamiento.
Fuente Cooperaccion

Muqui Informa
6/5/2020
Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Recientemente el gobierno peruano ha emitido el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM “para la reanudación de actividades económicas de forma gradual” en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. La medida ha sido casi celebrada por los gremios empresariales, sobre todo las grandes empresas que han ejercido una presión política fuerte al gobierno nacional; sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil como los sindicatos mineros, organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil, están en desacuerdo con esta medida. Si bien se entiende la necesidad de miles de personas que se han quedado sin trabajo y que necesitan trabajar en este momento; varios son los motivos de las preocupaciones de las organizaciones. El principal motivo es el temor a la propagación sin control del Covid-19 y, mucho más, luego de haber pasado por un confinamiento de más de 50 días; es decir, todo el sacrificio de estos días podría ser en vano.

Una opinión especial merece el caso del sector minero, que está incluido dentro de estas medidas, ya que desde el momento en que se declaro el Estado de Emergencia ha venido operando con cierta normalidad. Así los sostiene LQG intelligence, quienes “han realizado un cálculo del impacto del Covid-19 en la producción de cobre del sector minero a partir del análisis de consumo de energía, lo que es un indicador del estado operativo de los proyectos mineros y señala que hay 25.7% de producción paralizada, 31 % de producción parcial y un 43.3% producción continua (al 26 de marzo de 2020)”. Justamente el mantenimiento de estas operaciones, así como el traslado del personal dentro y fuera de los campamentos mineros y la falta de un protocolo sanitario adecuado ha generado el elevado nivel de trabajadores mineros contagiados en las empresas mineras. Desde Red Muqui ya llevamos 264 trabajadores registrados con COVID-19. El sector minero es y ha sido el más privilegiado durante este tiempo, pero a su vez ha sido el que más expuso a sus trabajadores y a las comunidades de los entornos mineros al contagio del coronavirus.

De otro lado, las organizaciones indígenas, amazónicas y andinas de nuestro país, desde que empezó la emergencia sanitaria, vienen denunciando el silencio y el desdén que tienen las autoridades respectivas para responder sus agendas y preocupaciones; ya que la mayoría de las normas que se viene aprobando desde el gobierno no son consultadas ni dialogadas con las organizaciones indígenas. Señalan que el anuncio de la reactivación económica los pone en mayor riesgo ya que las actividades extractivas como la minería y el petróleo se realizan en territorios indígenas. Lo cierto es que tanto los protocolos sanitarios de prevención y protección de pueblos indígenas, así como el abastecimiento de alimentos y la dotación de recursos económicos para este sector de la población es insuficiente, por no decir nulo. Y por el contrario se pretender reactivar la económica con más extractivismo.

En ese sentido, desde Red Muqui nos parece sumamente preocupante que para la reactivación económica solo se priorice a las grandes empresas extractivas, sin tomar en cuenta la situación de las comunidades y poblaciones andinas y amazónicas, así como de los trabajadores mineros que están expuestos al contagio del virus. La reactivación económica implica mirar los derechos humanos, la reactivación supone pensar en diversificación productiva, la reactivación no puede ser en desmedro del territorio y el ambiente, la reactivación no puede ser volver a la normalidad de siempre.
por RED MUQUI

7/5/2020
Imagen: Rumbo Minero
Un trabajador de la minera Southern Perú, que labora en la unidad productiva de Ilo, es el primer diagnosticado de COVID-19 en dicha empresa. Tras dar positivo a una prueba rápida fue aislado del resto de los trabajadores.

Según información de la empresa, un grupo de sus compañeros que laboran en la misma sección también ingresó a aislamiento voluntario, pese a que estos dieron negativo a las pruebas rápidas.

Respecto al trabajador infectado, se conoció que el personal de salud de la empresa no descarta que haya sido contagiado en su trabajo, por lo que habría más trabajadores contagiados.

La unidad productiva de Ilo se ubica a 100 kilómetros de las unidades mineras de Toquepala y Cuajone.

Este caso se suma a los 264 casos reportados de contagios entre trabajadores mineros a nivel nacional hasta la fecha. Esto a pesar de que el gobierno ha establecido protocolos de cuidado y la minería es una de las actividades priorizadas para retornar a las labores en la Fase 1 de la reactivación económica.

Alerta informativa www.conflictosmineros.org.pe

7/5/2020

El 6 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la Resolución Ministerial (RM) Nº 128-2020-MINEM/DM, “Protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector electricidad”.

En el marco de este protocolo, el MINEM dispone que las empresas empleadoras tienen que elaborar un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, el cual debe contener actividades, acciones e intervenciones que permitan acatar el protocolo sanitario del sector salud, aprobado mediante RM Nº 239-2020/MINSA. Asimismo, el referido ministerio indica que las empresas están obligadas a someter sus planes a evaluación del Viceministerio correspondiente, remitirlos al Ministerio de Salud (MINSA) y permitir su acceso a las entidades fiscalizadoras (SUNAFIL, gobiernos regionales y gobiernos locales).

Respecto al traslado y acceso al centro de labores, el MINEM establece que los trabajadores o contratistas deberán llenar una ficha sintomatológica (tiene carácter de declaración jurada) y ser sometidos a evaluación física. Complementariamente, también menciona las medidas a tomar cuando las empresas utilicen transporte terrestre, aéreo y fluvial para movilizar trabajadores y contratistas.

De igual modo, el MINEM precisa cuáles serán las medidas de higiene, convivencia y desinfección a implementar en los centros de labores. Así como, enlista las acciones aplicables para el mantenimiento de la adecuada distancia social, describe el proceso de aislamiento temporal, evaluación, seguimiento y reincorporación de trabajadores y contratistas sospechosos o contagiados de COVID-19 e indica cuales son las medidas de trabajo a poner en marcha en los casos de las personas consideradas en los grupos de riesgo.

Cabe resaltar que este protocolo ha sido elaborado y aprobado sin contar con la participación y el visto bueno de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Desde la perspectiva de CooperAcción, este documento contiene aspectos cuestionables, como la aplicación potestativa de pruebas rápidas o moleculares en el caso del personal con puestos de riesgo bajo, la ausencia de determinación de un aforo máximo para los campamentos y la falta de precisión sobre la cantidad de personal sanitario que debe existir en el centro de labores.

A todas luces, los lineamientos elaborados (MINSA) y el protocolo (MINEM) no son los suficientemente rigurosos y tampoco responden a la real amenaza del Covid 19. Para comenzar, dejan un gran margen de discrecionalidad en la implementación de las medidas a las propias empresas y no se cubren varios flancos importantes de riesgo. Conociendo cómo funcionan los Servicios de Seguridad y Salud, la influencia de las empresas definirá temas claves como la periodicidad en la aplicación de pruebas y otros aspectos claves. Por otro lado, no queda claro cómo piensan resolver la falta de pruebas moleculares y serológicas: voceros del sector empresarial minero han reconocido que por el momento no cuentan con pruebas disponibles y la compra en estos momentos es cada más difícil y onerosa. ¿Van a reanudar labores sin la aplicación de pruebas a un sector de trabajadores? ¿Lo que ha pasado -y sigue pasando- en varios campamentos mineros, no es una clara señal de alarma?

Ha habido una fuerte presión desde el sector empresarial, sobre todo desde la Confiep, para que las actividades productivas se pongan en marcha, logrando que se acuerde finalmente la reactivación por fases, precisamente cuando la curva de contagios sigue creciendo. Se ha generado un falso dilema entre la emergencia sanitaria y la necesidad de reactivación de la economía. El posible agravamiento de la epidemia va a representar un costo importante para la economía del país y lo que es peor significa la pérdida de un número cada vez más importante de vidas humanas.

Revisa el protocolo aquí http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-Minem.pdf

Andrés Espinoza B.
Imagen: Andina
8/5/2020
El COVID-19 ha desnudado los problemas que ya arrastrábamos, porque los ha agravado e hizo que nos demos cuenta que tenemos una agenda pendiente, tanto en el respeto de derechos como en la necesidad de conseguir una economía para todas y todos.

Al iniciar la cuarentena, nos dimos cuenta de aquellos trabajos mal remunerados que hoy en día son vitales. Médicos, enfermeros, policías, personal de los mercados, limpieza y bancos, han sido reconocidos y aplaudidos por muchos. Sin embargo poco se habló de las y los agricultores y de su rol clave que garantiza la alimentación de millones de peruanos y peruanas. La agricultura nacional cultiva el 70% de los alimentos que consumimos y sin embargo poco se hace por apoyarla y fomentar la agricultura familiar y la agroecología, una alternativa que ayuda a enfrentar el cambio climático, la pobreza rural y el hambre, el cual podría ser una gran amenaza en apenas unos años.

Con el objetivo de achatar la curva de contagios, el gobierno dispuso un “pico y placa de género” para exigir que los varones salieran unos días y las mujeres otros. Lo que vimos fue motivo de burlas y memes: varones perdidos en los mercados y mujeres que cargaban con mayor responsabilidad. La disposición afectó también a las personas LGTBI que fueron objeto de castigos por parte de policías porque no existe una Ley de Identidad de Género. La educación basada en la igualdad de género es una demanda urgente que no solo beneficiará a mujeres y LGTBI’s sino también a varones que podrán entender su responsabilidad en el cuidado de la familia y la necesidad de renunciar a las masculinidades violentas con las que hemos crecido y que han causado en esta cuarentena violaciones y golpes . Estos son los problemas que queríamos evitar con el enfoque de género.

Luego vimos las caravanas de personas desplazadas que retornaban a sus provincias de origen. La centralización de la capital, la falta de oportunidades en regiones y el acceso a servicios privilegiados en Lima hicieron que muchos peruanos decidieran venir a la capital. El intento de descentralizar el país es algo que se viene escuchando desde hace bastante tiempo y sigue siendo un proyecto inconcluso y, a todas luces, mal diseñado.

Muchos de nosotros nos sorprendimos al ver nuestras ciudades distintas, con aves en las zonas costeras, con ríos limpios, con amaneceres que permitían ver nuestros cerros más lejanos y un aire más limpio : la naturaleza se daba un respiro. Pero no es que nosotros seamos el virus, es que vivimos en un dinamismo económico que ha idealizado la productividad, el crecimiento y la acumulación de bienes por sobre el respeto y cuidado del ambiente y que ha degradado hábitats que originan el brote de distintos virus . Hoy, a puertas de entrar en una fase de reactivación económica, regresemos a las regiones y a las demandas de colectivos como la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos quienes exigen una #ReactivaciónSinContaminación para preservar la salud ambiental y humana. Ellos llevan esperando una política integral que atienda a los más de 7000 afectados a nivel nacional.

Las AFP’s comenzaron a ser un tema de discusión para las clases medias. Se exigía el retiro parcial de estas para enfrentar la crisis, y había mucha resistencia en ceder a este pedido. Hoy en día en países como Chile, donde se originó el sistema, se ha puesto en debate si el mecanismo de fondos privados de pensiones debe seguir o si se debe migrar a un sistema de pensiones distinto que garantice una vejez digna . Dependerá de nuestros congresistas liderar este cambio y presentarlo a debate y toca a la sociedad civil formular un proyecto que sea pensado para todas y todos.

Pasamos luego a hablar de los ricos del Perú y las responsabilidades que les compete en esta crisis. De hecho, uno de los empresarios peruanos con más fortuna, dueño de una cadena de cines hizo uso de la suspensión perfecta de labores que afectaría a sus trabajadores, calculados por la SUNAT en un número que supera los tres mil . Sorprende que cuando Ángela Merkel, canciller federal de Alemania, señala el problema tan latinoamericano de que los ricos no quieren pagar , se disparan los titulares y la atención. Pero cuando esto es un reclamo de la propia ciudadanía, no tarda en aparecer la criminalización. Llegó el momento de #QuePaguenLosRicos y de que el gobierno no se tire atrás en esta demanda. Se necesita una verdadera reforma tributaria que nos permita aumentar la recaudación y, sobre todo que los impuestos directos (que gravan a los que más tienen) tengan un mayor peso que los impuestos indirectos (que son los que pagan todos los ciudadanos cuando consumen un producto o servicio).

La pandemia nos devuelve una oportunidad: la de cambiarlo todo y construir una nueva versión de país.

Anexos:
[1] Más inversión en agricultura familiar https://peru.oxfam.org/en/node/210
[2] El call-center que atiende casos de violación en cuarentena https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/violaciones-en-cuarentena-ecpm/index.html
[3] https://www.efe.com/efe/america/sociedad/lima-respira-el-aire-mas-limpio-de-los-ultimos-tres-anos-por-cuarentena-covid-19/20000013-4201577
[4] Gisella Orjeda: “Los virus surgen porque los hábitats de los animales silvestres están siendo totalmente degradados” https://larepublica.pe/domingo/2020/05/03/coronavirus-en-peru-giselle-orgeda-biologa-analiza-la-situacion-cientifica-en-peru-y-los-vinculos-de-la-pandemia-con-habitat-de-animales-silvestres/
[5] Frente al coronavirus atención nacional para los afectados por metales tóxicos http://cooperaccion.org.pe/frente-al-coronavirus-atencion-nacional-para-los-afectados-por-metales-toxicos/
[6] Senadores ingresan a trámite proyecto que elimina AFP y nacionaliza fondos de pensiones https://www.t13.cl/noticia/politica/senadores-ingresan-tramite-proyecto-elimina-afp-y-nacionaliza-fondos-pensiones
[7] Compañías deciden dejar de emplear a 70 mil personas bajo decreto de suspensión perfecta https://ojo-publico.com/1799/companias-dejan-de-emplear-70-mil-personas-por-suspension-perfecta
[8] La dura frase contra América Latina que convirtió en tendencia a Angela Merkel https://rpp.pe/mundo/actualidad/angela-merkel-la-dura-frase-contra-america-latina-que-convirtio-en-tendencia-a-la-canciller-alemana-noticia-1263221?ref=rpp

Luis Gárate
Imagen: Prensa Perú
El pasado 3 de mayo el gobierno oficializó la reanudación de 27 actividades en cuatro sectores económicos, de forma gradual, incorporando algunas medidas de protección para prevenir los contagios del Covid-19. Sin embargo se presentan varias interrogantes sobre la aplicación de lineamientos y protocolos, tomando en cuenta que el Estado peruano se encuentra contra las cuerdas enfrentando la pandemia.

Esta preocupación aumenta en la medida que, a más de 50 días de cuarentena, son notorias las serias limitaciones para gestionar la seguridad de la población ante los contagios. Eso se puede apreciar en el descontrol que se presenta en regiones como Loreto, Piura o Lambayeque, lo que ocurre en los grandes mercados y centros de abasto, así como en el propio sistema de salud que está casi colapsado ante el incremento de contagios de la población.

Recordemos que la medida de reactivación se ha dado a través del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM publicado en el diario oficial El Peruano. El decreto contempla que la fase 1 de “Reanudación de Actividades” y se inicia en el mes de mayo de 2020, con actividades en el sector de minería e industria, construcción, servicios de turismo y restaurantes y comercio.

Los sectores competentes de cada actividad deben tener en cuenta los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones). Además, los Protocolos Sanitarios Sectoriales deberán ser aprobados mediante Resolución Ministerial y publicados en su respectivo portal institucional, en un plazo máximo de cinco días calendario.

Previo al reinicio de actividades, las empresas o personas naturales o jurídicas deben observar los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al Covid-19, los protocolos sectoriales para elaborar su “Plan para la Vigilancia” y proceder con su registro en el Sistema Integrado para el Covid-19 (Sicovid-19) del Ministerio de Salud.

La norma también establece que las Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en el ámbito de sus competencias, ejercen la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones emitidas. Para las acciones de fiscalización laboral a cargo de la Sunafil, el Ministerio de Economía y Finanzas, de resultar necesario, debe asignar los recursos adicionales que se puedan requerir para su implementación.

Frente a estas normas no ha tardado en reaccionar la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, quien ha señalado que los protocolos de seguridad «están llenos de requisitos y parecen hechos para un país europeo”. Este tipo de declaraciones revelan la indolencia de los sectores empresariales frente al drama que vivimos todos los peruanos y peruanas, sobre todos los sectores más vulnerables y de manera particular los trabajadores.

Por otro lado, nos parece legítima la duda que tanto los trabajadores y sus organizaciones representativas o instituciones de derechos humanos han expresado, en el sentido si estos planes y protocolos van a implementarse con la eficacia que la situación de emergencia requiere. Hemos visto que el gobierno permitió que la minería opere bajo ciertas restricciones desde el inicio de la cuarentena y sin embargo en este sector ya se han registrado 260 casos de contagio en todo el país.

Asimismo conociendo las serias dificultades por la que está atravesando el sector salud, cabe preguntar si su personal podrá fiscalizar eficazmente el inicio de las actividades. En estos momentos, las instituciones del Estado están desbordadas por la expansión de la epidemia a nivel nacional y no se cuenta con capacidad para fiscalizar actividades.

Es comprensible la preocupación del gobierno por reiniciar la reactivación gradual de las actividades económicas; sin embargo no se puede correr el riesgo que los trabajadores se reincorporen a las labores sin tener la seguridad que van a ser adecuadamente protegidos y que los casos positivos se sigan incrementando.
Cooperaccion.org.pe

06/02/2020

Imagen: TecnoFast

Trabajadores (camioneros mineros, planta, electricistas, mecánicos y operadores) del campamento minero de Tunshuruco de Chinalco, en Junín, anunciaron hoy la paralización total de las operaciones mineras desde las 3 de la tarde ante la aparición de un nuevo infectado con COVID-19 quien estuvo confinado con cerca a 600 obreros.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de Minera Chinalco Perú S.A. demanda a la Minera Chinalco garantías para que trabajadores puedan reiniciar las operaciones mineras en confinamiento, ante el aumento de infectados con COVID-19. Asimismo el pedido fundamental es que se realicen pruebas de descarte a los 600 trabajadores confinados en Tunshuruco.

Este campamento minero es parte del proyecto de ampliación cuprífero de Toromocho en el distrito minero de Morococha, Provincia de Yauli, departamento de Junín.

Recordemos que hasta el momento se reportan más de 264 contagiados con el virus entre trabajadores mineros a nivel nacional. A pesar de las advertencias que realizó la sociedad civil y la Federación de trabajadores mineros, han seguido los contagios y se espera que se apliquen protocolos mucho más estrictos para la protección de este sector laboral.

Observatorio de Conflictos Mineros del Perú

Cooperacción