14/07/2020

La ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, informó el jueves pasado que los contagios de coronavirus en el sector minero de Perú ascienden a casi 3.000 trabajadores, con dos fallecidos.

Vilca informó que la cifra de contagios representa un 2% de todos los trabajadores que actualmente han vuelto a las operaciones en las fases de reactivación en el segundo mayor productor mundial de cobre.

“Según registros que nos reportan las mineras al 29 de junio teníamos 2.957 trabajadores contagiados“, afirmó Vilca. “Sin embargo lamento profundamente que los reportes marquen el fallecimiento de dos trabajadores”.

Perú registró hasta el pasado miércoles 312.911 casos de coronavirus, la segunda mayor cifra de contagios en América Latina, detrás de Brasil, según datos oficiales. Los fallecidos suman 11.133 en todo el país.

La minería es vital para la economía de Perú porque es responsable del 60% de las exportaciones totales del país.
Fuente: Reuters
https://www.mineria-pa.com/noticias/sector-minero-de-peru-registra-casi-3-000-casos-de-coronavirus/

José De Echave C.
13 de julio de 2020
Imagen: Alterra

El 8 de julio se publicó en el diario El Comercio, a toda página, una carta abierta en defensa de la Reserva Nacional de Paracas, dirigida al Presidente Martín Vizcarra. La carta estaba firmada por un conjunto de artistas y promotores culturales (músicos, directores de cine, dramaturgos), periodistas, dueños de restaurantes y hoteles, profesionales de diferentes disciplinas, residentes del exclusivo balneario de Santo Domingo que limita con la Reserva, entre otros.

En una parte de la comunicación se señala: “No hay que olvidar que Paracas -hoy por hoy- es el segundo lugar turístico del Perú. Pero toda inversión hotelera y su turismo ecológico va a desaparecer ante la amenaza de la construcción de un almacén de concentrado de minerales -de potencial tóxico- en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Paracas. ¿Es que acaso no es una absoluta contradicción el promover un destino turístico paradisiaco con un almacén de minerales tóxicos en el límite de la Reserva, donde cualquier acción equívoca repercutiría en la salud de ésta directamente?”

Lo primero que hay que subrayar es que coincidimos con la preocupación que expresan los firmantes y respaldamos la iniciativa de proteger la Reserva Nacional de Paracas. Desde hace tiempo hemos venido denunciando el peligro que se cierne sobre esta importante reserva marina, que desde su creación ha estado fuertemente presionada por una creciente actividad pesquera, el aumento desordenado del turismo y urbanización en la zona, el mayor tránsito pesado y por supuesto un incremento cada vez más intenso de las actividades portuarias. Por ello, nos parece un despropósito que se pretenda ampliar la actividad del terminal portuario de Paracas para que se realice el almacenamiento y exportación de minerales y concentrados (400 mil toneladas al año), poniendo en mayor riesgo a esta importante reserva natural.

Cabe recordar que Paracas es una de las tres áreas marinas protegidas que existen en el país. El Perú apenas cuenta con menos del 1 % de su espacio marino bajo algún esquema de conservación, pese a que el Convenio sobre Diversidad Biológica, que hemos ratificado, establece que ya deberíamos estar protegiendo al menos el 10% de nuestras zonas marinas costeras y que la meta es llegar al 30% antes del 2030.

Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha escrito en sus redes sociales sobre el tema: “El análisis costo beneficio (herramienta elemental para aprobar una inversión o una ley o una licencia ambiental) debería ser el centro del debate. Valorar el patrimonio de Paracas antes de esta operación minera y medir sus riesgos: quién gana y quién pierde”.

Totalmente de acuerdo. Sin embargo, cómo no recordar que con estos mismos argumentos, pobladores de Tambogrande, Huancabamba, Ayabaca, Cajamarca, Valle de Tambo, Tabaconas-Namballe, entre otros, han defendido y siguen defendiendo sus tierras y ecosistemas, frente a la pretendida expansión de proyectos mineros. La diferencia es que a ellos los tildaron de enemigos de la inversión, antipatriotas, perros del hortelano y hasta de terroristas antimineros.

El mencionado aviso a toda página de los defensores de Paracas ha sido respondido por otro aviso de dimensión similar y en el mismo diario, por los propietarios del Terminal Portuario de Paracas. El tema de fondo no debería ser quién tiene más recursos económicos y poder de influencia; lo que en realidad está en juego es cómo construimos como país en serio y a fondo una verdadera gobernanza ambiental para “respetar a la naturaleza”y no ceder a “la codicia y la ambición desmedida”, como señalan los firmantes de la carta abierta en defensa de la Reserva Nacional de Paracas.

Respaldemos esta iniciativa porque “permitir la construcción y el funcionamiento de un almacén de concentrado de minerales tóxicos justo allí -al lado de la Reserva- sería un gravísimo e imperdonable error”. Al mismo tiempo, seamos optimistas y esperemos que cuando nuestros pueblos indígenas, comunidades campesinas u otras poblaciones, defiendan sus ecosistemas de agresiones similares, también sean respaldados por iniciativas como ésta y por varios de los firmantes.
www.cooperaccion.org.pe

Agricultores del Valle del Tambo, que se oponen al proyecto minero, serán sometidos a un juicio oral que no garantiza el debido proceso judicial
09/07/2020
Como es de conocimiento público, con fecha 3 de marzo de 2020, se inició el juicio oral a 17
agricultores del Valle del Tambo, que participaron de la legítima protesta social contra la imposición
del proyecto minero Tía María, entre fines de marzo y fines de mayo de 2015; juicio que se vio
interrumpido por la declaratoria de estado de emergencia por razones sanitarias generadas por el
Covid-19.
Sin embargo, a pesar que que la Corte Suprema de Justicia de la República anunció el reinicio de
las actividades judiciales desde el 1 de julio de este año (sin atención al público) y, desde el 17 del
mismo mes el reinicio del cómputo de los plazos procesales y, reinicio de las nuevas programaciones
de audiencia; el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia
de Arequipa ha programado el reinicio del Juicio Oral para hoy a las 2:00 p.m. mediante
videoconferencia.
Al respecto, FEDEPAZ, que viene patrocinando a 5 agricultores que fueron criminalizados
arbitrariamente en este proceso penal, expresa su preocupación por la que considera precipitada
reprogramación de reinicio de este juicio oral si que se hayan superando los riesgos de un probable
incumplimiento de los principios procesales de inmediación, publicidad, contradicción y otros que si
garantizan el cumplimiento del debido proceso judicial que se exige para toda persona que es
sometida a un juzgamiento de esta naturaleza.
En efecto, en una audiencia judicial por video conferencia no hay una relación directa entre los
magistrados y los medios probatorios y/o fuentes de prueba, así como tampoco con el acusado o la
víctima, vulnerándose el principio de inmediación procesal.
Las audiencias en estas circunstancias están limitadas a los magistrados y partes del proceso pero
no al público en general, por lo cual no se verifica el necesario cumplimiento de la publicidad del
juicio oral que es otra exigecia de carácter fundamental (el control público en la administración de
justicia) para calificarlo como que está dotado del debido proceso judicial. Y, tampoco las partes
podrán realizar un oportuno ejercicio del principio de contradicción porque por más que s etrata de
una video cnferencia en tiempo real, las partes no necesariamente tienen la misma posibilidad de
cuestionar, refuter, etc., argumentaciones de otras de las partes.
No cabe duda que el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable es, también, una manifestación
del debido proceso judicial, sin embargo, no se puede desarrollar un juicio oral sin que estén
presentes, conjuntamente, las otras garantías que son expresion del debido proceso judicial.
En ese sentido, FEDEPAZ exhorta a las autoridades judiciales para que garanticen la existencia de
un debido proceso judicial en este Juicio Oral que se le sigue a los agricultores del Valle del Tambo
que se oponen y han protestado legítimamente contra el desarrollo del proyecto minero Tía María
(al cual se opone el 97% de la población del Valle, según la Consulta Vecinal que se llevó a cabo elaño 2012). Razón por la cual expresa la necesidad de que se lleve a cabo un juicio oral de forma
presencial en la oportunidad de que la emergencia nacional sanitaria por el Covid-19 sea superada.

Área de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Telf: (+51 1) 4250211 / 4250209
Correo electrónico: prensa@fedepaz.org
Web: www.fedepaz.org
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Twitter: @FedepazPeru

09/07/2020
Imagen: Portal Mollendinos
Observatorio de Conflictos Mineros – Perú
El 3 de marzo de 2020 se inició el juicio oral a 17 agricultores del Valle de Tambo, en Arequipa, que participaron de la legítima protesta social contra la imposición del proyecto minero Tía María, entre fines de marzo y fines de mayo de 2015. El juicio se suspendió por la declaratoria del Estado de emergencia sanitaria dictada el 15 de marzo de este año.

Al respecto, el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ha programado el reinicio del juicio oral para hoy a las 2:00 p.m. mediante una videoconferencia. Esto sucede sin tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la República ha dispuesto el reinicio de reprogramación de audiencias desde el 17 de julio de 2020.

Al respecto, FEDEPAZ, que viene patrocinando a 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, expresa su preocupación por esta precipitada reprogramación de reinicio del juicio oral, sin que se hayan superado los riesgos de un probable incumplimiento de los principios procesales de inmediación, publicidad, contradicción y otros que sí garantizan el cumplimiento del debido proceso judicial que se exige para toda persona que es sometida a un juzgamiento de esta naturaleza.

En efecto, en una audiencia judicial por videoconferencia no hay una relación directa entre los magistrados y los medios probatorios, no hay publicidad del proceso ni una necesaria posibilidad de ejercer una oportuna y adecuada actividad de contradicción procesal, vulnerándose así los principios antes referidos.

Si bien el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable es, también, una manifestación del debido proceso judicial. Sin embargo, se hace necesario que también estén presentes, conjuntamente, las otras garantías que son expresión del debido proceso judicial.

En ese sentido, el Observatorio de Conflictos Mineros solicita a las autoridades judiciales a que garanticen la existencia de un debido proceso judicial en forma presencial en la oportunidad que la emergencia nacional sanitaria sea superada. (Con información de FEDEPAZ)

07/07/2020
Trevali Mining tiene más de 80 casos confirmados de Covid-19 en su operación de Santander, que es casi el 30% de la fuerza laboral total de la mina en Perú.

La compañía suspendió las operaciones en Santander a fines de junio, luego de que 19 trabajadores dieron positivo para el virus durante las pruebas serológicas de rutina. En respuesta, los 298 trabajadores en el sitio fueron puestos en cuarentena y se sometieron a más pruebas.

Un total de 82 trabajadores dieron positivo para Covid-19 utilizando pruebas de reacción en cadena de la polimerasa.

Trevali dice que tres personas muestran síntomas leves, mientras que todos los demás trabajadores están actualmente asintomáticos.

“Estamos trabajando con nuestros principales contratistas y el gobierno para determinar nuevos protocolos de detección y pruebas antes de determinar una fecha de reinicio”, dice el presidente y CEO de Trevali , Ricus Grimbreek .

Los trabajadores que resultaron negativos y que no son necesarios para tareas críticas en la operación están siendo transportados fuera del sitio a sus hogares. Aquellos que dieron positivo permanecerán en cuarentena por hasta dos semanas.

Mitsui Mining

Mitsui Mining dijo que sus dos minas de zinc en Perú reanudaron sus operaciones el 2 de julio después de un cierre de más de tres meses para limitar la propagación del nuevo coronavirus.

Las minas de Huanzala y Palka de la compañía habían sido suspendidas desde el 16 de marzo después de que el gobierno local emitiera un estado de emergencia. Se reinician las operaciones después de algunas actividades económicas se reanudaron y el gobierno local dio su aprobación, un portavoz de Mitsui Minería dijo.

“Las operaciones de las minas han vuelto a los niveles previos a la cuarentena en marzo, ya que se han estado preparando para el reinicio desde fines de junio”, dijo sin dar un pronóstico de producción para el año en curso.
Fuente: Reuters

Perú: Trevali reporta más de 80 casos de Covid-19 y Mitsui reanuda operación

Población del Valle del Tambo reitera su oposición al desarrollo del
proyecto minero Tía María y ha convocado a un “Cacerolazo”
para hoy 3 de julio
A propósito de las últimas declaraciones del Presidente de Souther Perú Copper Corporation, Oscar
Gonzales Rocha, en el sentido de que cree que la mayoría de la población del Valle del Tambo está
a favor del Desarrollo del Proyecto Minero Tía María; los pobladores de este Valle han expresado su
rechazo a dichas declaraciones calificándolas de alejadas de la realidad.
Ello, primero: porque los pobladores mantienen su firme decisión de opornerse al desarrollo de dicho
proyecto minero, al cosiderarlo como altamente contaminante del medio ambiente y porque
consideran que afectará la calidad y cantidad de agua que los pobladores utilizan para el desarrollo
de su exitosa actividad agrícola y; segundo: porque a la fecha no ha conversado ni con los dirigentes
y menos con los pobladores del Valle del Tambo que lo lleven a considerar que la población haya
cambiado de opinion y, mayoritariamente, apoya dicho proyecto minero.
La población del Valle del Tambo califica estas declaraciones como partes de un psicosocial que
pretende crear condiciones de una supuesta aceptación al desarrollo del citado proyecto minero, con
el único propósito de sorprender a los pobladores y, lograr el apoyo de algunos funcionarios del
gobierno central, para que respaldados por la policía y las fuerzas armadas, Southern Perú Copper
Corporation, intenten imponer el referido proyecto minero.
Por eso, para que no quede duda de que su legítima oposición al proyecto minero se mantiene firme,
y en el ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de expresión, han convocado para hoy a
una manifestación pública denominado “cacerolazo”, tal como lo hicieron días atrás.
Al respecto, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, exige al estado
peruano que, también, en su condición de garante de los derechos de la población del Valle del
Tambo, haga respetar la decision de esta población y no permita el desarrollo del proyecto minero
aquí señalado.
Lima, 3 de julio de 2020
Con el ruego de su difusion
Área de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
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José De Echave C.
02/07/2020
Imagen:CooperAcción
Tuve la oportunidad de tener dos conversaciones largas con él y en una ocasión también lo entrevisté para un trabajo de investigación que venía realizando. Sin embargo, me hubiese gustado tratarlo y conocerlo más a fondo. Ya no será posible.

Hombre de hablar pausado, Santiago Manuín reflejaba serenidad, conocimiento y mucha sabiduría. Para el momento que lo entrevisté, ya habían ocurrido los trágicos sucesos de La Curva del Diablo y el Baguazo, que sigue siendo un trágico capítulo de nuestra historia y una herida abierta que no hemos tenido la capacidad de cerrar. “Más que las balas y la enfermedad, me duele no ver procesados a los responsables de esta masacre”, declaró en una ocasión Manuín.

En 1994 recibió el premio Reina Sofía como reconocimiento a su trabajo en defensa de la Amazonia y los derechos humanos. Y el año 2014 fue Premio Nacional de Derechos Humanos, por toda una vida de servicio a favor de los pueblos amazónicos y la protección de la amazonia. En la ceremonia de premiación nos dejó varios mensajes: “Quiero recalcar que nuestra lucha por los derechos humanos no es la del Perro del Hortelano. Nosotros no estamos en contra de la ayuda del Estado y las inversiones, simplemente queremos estudios a fondo y que nos consulten de verdad. Tenemos una sabiduría que da una experiencia de cientos de años en este territorio” “Es triste decirlo pero la Selva es un cementerio de proyectos mal diseñados y mal ejecutados. Nuestro territorio es nuestro templo que no tiene paredes pero está lleno de seres vivos. Pero que quede claro no somos fanáticos. Creemos en la interculturalidad en el mundo globalizado. Nuestra historia es una historia de luchas para poder vivir en nuestro territorio en paz. Nunca le hemos robado nada a nadie”.

Como ha escrito Marlene Castillo, conocedora de la cultura awajun y amiga personal de Santiago Manuín, “se despidió como un guerrero. Sigue vivo en su familia, en su pueblo awajun, en nosotras y nosotros sus amigos y aliados, los que seguimos con los pueblos awajun y wampis por delante”.

En las actuales circunstancias, la muerte de Santiago Manuín también representa un llamado de atención y una alerta sobre lo que viene pasando en los territorios awajun y wampis en relación al avance del Covid 19. Los pueblos indígenas de esa zona del país están enfrentando el avance del virus casi sin ningún tipo de apoyo; sin infraestructura de salud, sin profesionales de medicina y sin medicinas. La región Amazonas debe ser atendida con urgencia por el Gobierno.

Cooperaccion.org
Imagen: Public Services International

Grupos de más de 90 países advierten que el sistema ISDS podría ser utilizado para demandar por miles de millones a los gobiernos por las protecciones contra la pandemia.

Los países podrían enfrentar una ola de casos de empresas transnacionales que, utilizando un sistema conocido como solución de controversias entre inversores y Estados (o ISDS por sus siglas en inglés), demandan a los gobiernos por las medidas adoptadas para responder a la pandemia de COVID-19.

630 organizaciones de todo el mundo, que representan a cientos de millones de personas, están pidiendo a los gobiernos en una carta abierta[1] que tomen medidas urgentes para acabar con esta amenaza.

El ISDS está incluido en muchos acuerdos de comercio y protección de inversiones. Permite a los inversores extranjeros demandar a los gobiernos en tribunales secretos fuera del sistema legal nacional por cantidades mucho más altas de las que probablemente estén disponibles para ellos en los tribunales nacionales.

Los casos podrían surgir de las medidas que muchos gobiernos han adoptado para salvar vidas, frenar la pandemia, proteger los empleos, contrarrestar el desastre económico y garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de las personas.

En el Perú ya se han presentado amenazas de casos por la suspensión del cobro de peajes en las carreteras, y los estudios de abogados están asesorando activamente a las empresas sobre las opciones que tienen a su disposición.

Las organizaciones están pidiendo a los gobiernos que tomen urgentemente medidas prácticas para restringir y suspender el uso del ISDS durante la pandemia, así como para poner fin a los riesgos del ISDS para siempre.

Las organizaciones que firman la carta abierta incluyen:

Confederaciones sindicales internacionales y regionales incluyendo Confederación Sindical Internacional, Public Services International, IndustriALL, Confederación Sindical de las Americas, and the IUF.
redes mundiales de salud como Peoples’ Health Movement, Médecins Sans Frontières Access Campaign and the International Treatment Preparedness Coalition
otros grupos internacionales como Oxfam, Amigos de la Tierra, the European Environmental Bureau, the Asian Peoples’ Movement on Debt and Development and the Arab NGO Network for Development
Por el Perú han firmado organizaciones como la CUT Perú (Central Unitaria de Trabajadores del Perú), FENTAP, la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y CooperAcción
Ver carta: http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2020/06/CartaAbiertaSobreISDSYCOVID_Junio2020.pdf

Luis Gárate – Cooperaccion
30/06/2020
Imagen: RCR Perú
En estos tiempos de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID19, muchos hemos esperado que salga a relucir lo mejor del espíritu solidario y de empatía de las personas con los que más sufren. Pero también es tiempo de reacciones individualistas y utilitarias de algunos sectores.

Pareciera que los tiempos de pandemia han agudizado la pugna de visiones e intereses de algunos grupos de poder en el Perú, que ante la situación de crisis están presionando para que desde el Estado se proteja sus intereses en desmedro de los sectores sociales más vulnerables, como es el caso de los trabajadores.

En ese sentido, ya hemos señalado días atrás que la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, se había pronunciado para presionar en el sentido que actividades como la minería siguieran funcionando durante la cuarentena. Así también ha disparado sus críticas al Congreso y al gobierno por algunos proyectos que, de alguna manera, cuestionan las fortunas e intereses de los grandes empresarios. Luego salió con la crítica a los protocolos sanitarios porque serían tan exigentes como “en países europeos”.

Hace poco, la Sra. León ha vuelto a poner los puntos de vista de sus agremiados sobre el tapete, al decir claramente que se deben reanudar las actividades de todos los sectores que puedan llevar adelante sus labores. Asimismo dijo que: “(están) invocando a la población a que contribuya cuidándose a sí misma porque esta pandemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, solamente tiene 3 o 4 elementos con los que podemos cuidarnos de poder contagiarnos que son el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado permanente de manos y la desinfección de los puestos de trabajo”.

En esa misma línea criticó duramente al Congreso, en una entrevista en una emisora local dijo: “(Hemos pedido) también enfrentar con energía los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República y que, lamentablemente, con quizá muy buena voluntad, se viene presentando un panorama de perforar la estabilidad jurídica y económica de nuestro país. En estos momentos de crisis no son para nada oportunos”.

Estos comentarios se acercan a otros que han vertido periodistas como Jaime de Althaus o Rosa María Palacios que hacen una cerrada defensa del modelo económico vigente y de la ideología que lo sustenta. Por ejemplo Rosa María Palacios llegó a afirmar que sin el afán de lucro la humanidad no había podido llegar hasta donde estamos, esto en respuesta a aquellos que han criticado la especulación de los precios de medicamentos, oxígeno o de la atención en las clínicas privadas en medio de la emergencia sanitaria.

Nos queda claro que en esta crisis se está abriendo una disputa de narrativas y salidas entre los grandes sectores empresariales por un lado, y diferentes sectores de la sociedad que buscan otra manera de abordar la crisis y sus posibles salidas. Unos buscan regresar a la “normalidad” como la conocimos, y otros estamos en la orilla de pensar que esta crisis nos puede servir para ajustar la visión de la economía y la sociedad, que han puesto el acento sólo en el crecimiento económico, en desmedro del medio ambiente y los derechos de los trabajadores y los ciudadanos.

17/06/2020
El jurado del concurso “Sociedad y Derecho”, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en su cuarta edición 2020, reconoció la investigación “La Gobernanza de la Minería en Pequeña Escala en el Perú” como ganadora de la categoría libros. Leonidas Wiener Ramos, especialista legal de nuestra institución, es el autor de esta investigación que se publicó el año pasado.

Este libro pone especial atención en la pequeña minería y la minería artesanal, y a partir de este análisis se discuten temas de importancia en el Perú como son la interacción entre actividades formales y prácticas informales, las idas y venidas de los procesos legislativos, la descoordinación de la acción estatal, el peso que tienen en ellas los actores individuales, la incapacidad del estado para hacer cumplir la ley, los conflictos subyacentes que en apariencia son ambientales, los perfiles de liderazgos locales y las dinámicas ineficaces de gobiernos regionales.

La publicación se encuentra en la web de CooperAcción para la libre lectura de las y los interesados.

Lea el libro aquí: http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2019/06/La-Gobernanza-de-la-Miner%C3%ADa.pdf