Luis Gárate – 29/10/2020
Imagen: HBA Noticias
En medio de la pandemia del COVID-19 que ha llevado a que el gobierno peruano decrete un estado de emergencia nacional desde la quincena de marzo, algunas empresas como Southern Copper han insistido con presionar para que proyectos mineros socialmente inviables puedan iniciarse.

La empresa ha insistido recientemente en que mantiene vigente su objetivo de sacar adelante el proyecto minero Tía María, pues recibió los resultados de una revisión del entorno social del proyecto minero la cual mostraría mejoras en las relaciones con las comunidades.

Southern Copper presentó el martes 27 de octubre los resultados financieros del tercer trimestre del año y nueve meses del 2020. El informe señala que la empresa recibió los resultados de una revisión del entorno social del proyecto Tía María, que fue realizado por una empresa líder mundial en evaluaciones de medio ambiente, sociales y de gobernanza.

Dicha evaluación concluyó que la compañía habría mejorado las relaciones con las comunidades y el plan para el sistema de gestión del agua en el lugar, para el proyecto Tía María, estaría alineado con los estándares internacionales. Además, concluye que la compañía habría alineado sus prácticas corporativas con los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, una iniciativa de múltiples partes interesadas que promueve principios para guiar a empresas extractivas en el proceso de proveer seguridad para sus operaciones, en una manera en la que respeten los derechos humanos.

“Estamos complacidos y animados con estos resultados, que reflejan el impacto positivo de nuestra Compañía en programas sociales para Tía María y la región de Arequipa. Reiteramos nuestra visión que el inicio de las actividades de construcción de Tía María generará oportunidades económicas significativas para la provincia de Islay y la Región de Arequipa”, señala el informe según un diario nacional.[1]

El documento también dice que dada la actual situación económica peruana, la empresa minera considera que es crucial seguir adelante con proyectos que estimularán un ciclo de crecimiento sostenible. Así, precisa que durante la fase de construcción y operación, la prioridad será contratar mano de obra local para cubrir los 9,000 puestos de trabajo (3,600 directos y 5,400 indirectos) que esperan se puedan generar durante la fase de construcción de Tía María. En la fase de operación, se espera que se emplee directamente a 600 trabajos e indirectamente provea trabajo para otros 4,200.

Southern señaló que “ha venido trabajando consistentemente para promover el bienestar de la población de la provincia de Islay y como parte de estos esfuerzos, se han implementado exitosos programas sociales en educación, cuidado de la salud y desarrollo productivo para mejorar la calidad de vida de la región. También se ha promovido actividades agrícolas y ganaderas en el Valle de Tambo y se ha apoyado el crecimiento en manufactura, pesca y turismo en Islay.”

Recordemos que hace unos meses y en pleno estado de emergencia, la empresa ya había expresado que el proyecto Tía María debía iniciarse, pues sería una forma de aplacar la crisis económica y social provocada por la pandemia. Esto generó el rechazo de las autoridades locales y de diversos sectores de la población, que organizaron hasta 2 cacerolazos nocturnos para expresar su oposición a estos anuncios.

Resulta llamativo que Southern vuelva a las andadas señalando que, según sus nuevos estudios, ya habría ganado legitimidad y aceptación entre la población de Islay y el Valle de Tambo. Como sabemos, este proyecto, cuyo primer EIA fue presentado el 2009, generó una serie de cuestionamientos mayoritarios de la población del valle que se dedica a la actividad agrícola. Asimismo se dieron varios momentos de conflicto, que produjeron desde entonces 7 fallecidos y varios heridos, así como una consulta ciudadana en Islay donde el 95% de la población expresó su oposición al proyecto.

La población encargó estudios técnicos independientes que mostraron que el EIA y los estudios de la empresa no desmintieron el posible impacto a la sostenibilidad de las actividades agrícolas de la zona. Es por eso que se mantiene un rechazo generalizado al proyecto hasta el momento. Seguramente las organizaciones sociales anunciarán medidas de protesta en los próximos días, de persistir la empresa en estos anuncios unilaterales. Esperemos que el ministro de energía y minas Luis Miguel Inchaústegui, intervenga pronto en este asunto con el espíritu de diálogo y concertación que ha expresado es la marca de su gestión, escuchando a todas las partes, lo que por supuesto incluye a las autoridades regionales, locales y a las organizaciones sociales.

[1]https://gestion.pe/economia/tia-maria-southern-copper-mantiene-objetivo-de-sacar-adelante-tia-maria-noticia/?ref=gesr

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Boletin Electrónico Actualidad Minera del Perú
Cooperacción – Editorial
28/10/2020
En medio de la pandemia y la emergencia sanitaria, algunos temas tienden a pasar desapercibidos. Uno de esos temas es el de los defensores ambientales y la difícil situación que enfrentan en varios países de la región, incluido el Perú.

Veamos; los últimos informes de la institución Global Witness, reportan que un número creciente de activistas ambi entales son asesinados a nivel mundial y de ellos un porcentaje importante han ocurrido en América Latina: en el último informe de este organismo (2020), se señala que el número de ataques letales contra los defensores ambientales continúa en aumento: “Una vez más, nos vemos obligados a escribir que este es el año con la mayor cantidad de asesinatos registrados: 212 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2019”. “Más de la mitad de estas víctimas provenían de comunidades afectadas por la minería en América Latina”. “La minería fue el sector más asociado a la mayoría de los asesinatos, con 50 personas defensoras asesinadas en 2019”.

Las cifras son contundentes. Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, posicionada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. “En 2019, solo en la región amazónica tuvieron lugar 33 asesinatos”, vinculados, sobre todo a actividades ilegales como la tala, la minería aluvial y el narcotráfico.

En el Perú, las cifras de los últimos años muestran tendencias fluctuantes. Ha habido años en los que el Perú se ha ubicado en el grupo de los diez países con el mayor número de asesinatos documentados (por ejemplo en 2016) y otros en los que el número ha bajado (en 2019 se registró un asesinato). La base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de cuenta que en el período 2001-2020, 159 defensores ambientales murieron y 2,326 fueron heridos en medio de conflictos sociales.

En lo que va del 2020 y en medio de la pandemia y la emergencia sanitara, ya se ha documentado el asesinato de 5 defensores ambientales en nuestro país. Uno de los defensores asesinados ha sido Roberto Carlos Pacheco Villanueva (34), que junto con su padre Demetrio (vicepresidente del Comité de Gestión de Tambopata), desde hace un tiempo se enfrentaban a las mafias de mineros ilegales que permanentemente trataban de invadir los bosques de una concesión de 800 hectáreas que administraban. Este terrible crimen se produjo el pasado 11 de septiembre.

Este hecho no puede seguir pasando desapercibido. Personas y colectivos que se enfrentan a actividades ilegales, como la tala, la minería, el narcotráfico y otras mafias más; los que defienden los bosques, sus fuentes de agua y la Amazonía en general; pueblos indígenas andinos y amazónicos que defienden sus territorios frente a la amenaza extractivista de todo tamaño, son algunos ejemplos de defensores que, lamentablemente, realizan heroicos esfuerzos por proteger diferentes bienes naturales a lo largo y ancho de nuestro territorio y que no tienen ningún tipo de respaldo del Estado.
28/10/2020

José Víctor Salcedo
[email protected] josvicsa
24/10/2020
Diálogo. Gobierno y mineras lograron esta semana calmar las aguas de cinco comunidades.
Panorama. Vía permite la salida de minerales para la exportación. Allí hay 35 conflictos sociales, 12 ambientales.
Los conflictos sociales se han reactivado con rapidez en el Corredor Minero del Sur, ruta que cruza Apurímac, Cusco y Arequipa. Tres comunidades de Espinar empezaron una protesta en contra de Antapaccay por haber resuelto el contrato con sus empresas que prestaban servicio de limpieza, y dos de Velille, en Chumbivilcas, bloquearon el corredor en demanda de que la minera MMG Las Bambas cumpla sus compromisos de hacer obras.

El Gobierno nacional y las mineras reaccionaron y acudieron a ambas zonas a desactivar los conflictos sociales. En Espinar se entabló el diálogo entre las comunidades y Antapaccay. La próxima reunión será el 26 de octubre en la que se evaluará la nueva propuesta de negocio de la minera a las empresas comunales.

El jueves dialogaron los dirigentes de las comunidades de Tuntuma y Hatun Collana (Velille) con representantes de la minera MMG Las Bambas, Ministerio de Energía y Minas y otros. Tuntuma llegó a un acuerdo. Las Bambas entregará cada año 700 mil soles, dos tractores y semillas de avena. Mientras que Hatun Ccollana todavía no acepta la propuesta. El acuerdo fue esperar el documento de la minera y su firma el jueves próximo. Mientras desbloquearon el corredor vial.

El prefecto regional del Cusco, Julio Hancco, consideró positivo los resultados del diálogo. “Esperemos que ahora no surjan otros problemas en otras comunidades”, señaló.

Su preocupación es razonable. El Corredor Minero del Sur, por donde MMG Las Bambas, Hudbay Perú y Antapaccay sacan los minerales para la exportación, es un escenario de permanente conflictividad. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a setiembre, la región Cusco registra 20 conflictos sociales, 16 activos y cuatro latentes. Ocho de estos tienen que ver con las malas relaciones con la minería. Mientras que, en Apurímac, donde hay 15 conflictos sociales, cinco están ligados a dicha actividad extractiva.

El constante cierre del corredor genera pérdidas millonarias al sector turismo. El año pasado, a causa del bloqueo por más de 100 días, Las Bambas dejó producir más de 20 mil toneladas métricas de cobre. Otra cantidad deja de generar la mina Constancia de Hudbay y Antapaccay de Glencore. No obstante, las mineras son muy reticentes a hablar de las pérdidas económicas, porque “eso implicaría revelar también los millones que gana cada día”, dice un trabajador de Antapaccay, que pidió el anonimato.
La difícil tarea de resolver los conflictos

El prefecto regional, Julio Hancco, dijo que la dificultad para resolver los conflictos se debe a la multiplicidad de demandas. Además, sostiene, que las mesas de diálogo estuvieron suspendidas a causa de la pandemia y eso devino en una molestia de las comunidades y sus autoridades. Otro factor que contribuye a la alta conflictividad en la zona, según Hancco, es el uso de las demandas con fines electorales.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/10/24/conflictos-sociales-se-reactivan-en-corredor-minero-lrsd/

Foto: El peruano
26/10/2020
El lunes 9 de noviembre se reiniciará el proceso de consulta previa del proyecto minero Antapaccay Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco, de la multinacional Glencore, tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las 11 comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar que se encuentran en la zona de influencia directa.

Luego de estar suspendido durante los meses del estado de emergencia por la pandemia, el proceso quedó en la etapa de socialización del MEIA en la comunidad de Tintaya Marquiri.

Sin embargo, durante la reunión que sostuvieron este viernes 23 de octubre el titular del MINEM, Miguel Incháustegui, con los dirigentes de Espinar, llegaron al acuerdo de reiniciar la búsqueda de consensos para el desarrollo de los proyectos mineros.

El viceministro de Minas, Jaime Gálvez, será el encargado de representar al MINEM este 9 de noviembre, estando presente durante los talleres informativos que constituyen la fase inicial del proceso.

Asimismo otro acuerdo fue el compromiso del ministro Incháustegui para visitar la provincia de Espinar y sostener reuniones con dirigentes de las comunidades afectadas luego del reinicio de la consulta previa. La agenda que se desarrollará en dicha visita será elaborada en coordinación con la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del MINEM.

En cuanto al Fondo de Emergencia Social, se acordó realizar una reunión en la ciudad del Cusco el 4 de noviembre, con la participación de los equipos técnicos del Minem, PCM, el Gobierno Regional del Cusco y las comunidades, para tratar las alternativas para su implementación.

Estos acuerdos fueron adoptados en el marco de dos jornadas de reuniones en la que también estuvieron presentes Paola Bustamante, alta comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur, y Paulo Vilca, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Paulo Vilca, entre otros funcionarios.
26/10/2020

…..por el simple hecho de ejercer legítimamente su derecho fundamental a la protesta social. Después de 5 años de proceso judicial
27/10/2020
por el simple hecho de ejercer legítimamente su derecho fundamental a la protesta social
El Juzgado Unipersonal de Cotabambas notificó el día de ayer la sentencia por la cual absuelve a 17
comuneros campesinos injustamente acusados por la comisión de delitos de tenencia illegal de
armas, producción de peligro común con medios catatróficos, disturbios y, daños (Expediente No.
13-2015, Especialista Legal Treissi Solís Eccoña) y para los cuales la fiscalía solicitaba condenas de
hasta 17 años de pena privativa de la libertad.
En efecto, en la antes referida sentencia se señala que: “…De acuerdo a las reglas de la lógica, a las
máximas de la experiencia y a los conocimientos científicos, con los medios probatorios actuados,
se ha generado en el magistrado a cargo del juzgado la plena convicción de la falta de
responsabilidad de los acusados …”.
Como se recordará a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas
por el proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho
constitucional iniciaron una serie de protestas públicas, ante el desinterés del estado peruano de
atender sus demandas por afectación a sus derechos fundametales, generada por la actuación de la
empresa MMG Las Bambas (propietaria, del menionado proyecto minero) que entre otras cosas
venía afectando su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.
Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represion indiscriminada contra los
integrantes de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo tiempo, el
gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diveros delitos a dichos
campesinos que no hacían otra cosa que ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la
protesta social.
Este proceso judicial se volvió emblemático porque fueron detenidos alrededor de 25 campesinos,
disponiéndose prisión preventiva, por seis meses, para dos de ellos: Eduard Brandos Quispe Ccuno
y Javier Mamani Coaquira, a quienes en particular se les acusaba de poseer un arma de fuego y
dinamita, teniendo como supuesta prueba incriminatoria un acta de incautación suscrita, incluso,
por el propio General Rucoba Tello, en aquel entonces Jefe de la Región Policial de Apurímac.
Respecto de dicha prueba que fue cuestionada por la defensa legal de los acusados por haberse
elaborado vulnerando groseramente las formalidades exigidas por la ley y por contener información
falsa y contradictoria en sí misma, el juzgado señaló que: “ … El testigo General Rucoba Tello,
manifesto haber suscrito las mismas para refrendar el trabajo de sus subalternos, labor que no lecompetía, lo que lleva a inducir que quisieron validar tales actas de manera apresurada o
desesperada. Por otro lado, lo demas pruebas documentales actadas, en modo alguno acreditan
la vinculación directa entre el origen illegal o ilícito de la posesión del arma de fuego y las
dinamitas por parte de los acusados …”.
Es decir, en la aquí referida sentencia, el juez reconoce la grave irregularidad en la elaboración y
suscripción por parte del Jefe Policial mencionado, de la suspuesta acta de incautación que,
entendemos se hizo así en un vano intento de fabricar y sembrar una prueba falsa que incrimine,
también falsamente, a los dos campesinos acusados arriba citados.
En relación a ello, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, organismo no
gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú, que asumió la defensa
legal de los campesinos acusados, en forma conjunta con APRODEH y el apoyo institucional de
COOPERACCION, expresa su satisfacción con esta resolución que declara inocente a los 17
campesinos acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto en evidencia la
condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en
defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales,
con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

Área de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Telf: (+51 1) 4250211 / 4250209 / 999094914
Correo electrónico: [email protected]
Web: www.fedepaz.org
Facebook: www.facebook.com/fedepazperu
Twitter: @FedepazPeru

Foto referencial: municipalidad distrital de Carmen de la Frontera (El Regional de Piura)
www.conflictosmineros.org.pe Alerta informativa. Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
23/10/2020 Con carta recibida el día 16 de octubre por la Municipalidad Distrital de Carmen de la Frontera (Provincia de Huancabamba, Piura), el Ministerio de Energía y Minas informa la aprobación de la segunda modificación de la Actualización del Plan de Rehabilitación del proyecto minero Río Blanco.

El plan fue aprobado mediante resolución directoral 057-2020-MINEM-DGAAM el pasado 13 de marzo, sin embargo, recién en octubre se ha notificado al respecto a la municipalidad local.

Al respecto, el alcalde distrital Sebastián Melendres señaló en declaraciones a una radio local que “Como municipalidad estamos preparando una respuesta. Estamos notificando también a las organizaciones sociales, al presidente de la comunidad campesina de Segundo y Cajas, y a la central de rondas campesinas provincial y distrital. Tenemos que darle una respuesta contundente, tenemos que contestar con los antecedentes, lo que ha acontecido en este distrito, nuestro pueblo ya se ha pronunciado a través de una consulta vecinal”.

Como se recuerda, el 2007 se realizó una consulta vecinal en la cual se evidenció que más del 90% de ciudadanos de la zona de Huancabamba y Ayavaca se oponían al proyecto minero Río Blanco (entonces Majaz) que se ejecutaría en los frágiles páramos de la sierra norte de Piura.

La RS 057-2020-MINEM-DGAAM aprueba un cronograma de actividades en dos etapas: una primera etapa de “evaluación social” o “pre-rehabilitación, que debería culminar en agosto del 2022; y una segunda fase de implementación programada hasta mayo del 2030. Además, establece que Río Blanco deberá cumplir con un “Plan de sensibilización social”, así como informar anualmente al OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) acerca de los avances realizados.

Entre las actividades aprobadas se encuentra la construcción de la carretera que lleva hasta el campamento minero; así como labores de apoyo social. En su solicitud, la empresa señaló que requería la ampliación del cronograma del Plan de Rehabilitación pues debido a la situación de conflicto social no había podido iniciar actividades.

Río Blanco es un proyecto minero actualmente en manos de la empresa china Zijin. El proyecto busca explotar los yacimientos de cobre y molibdeno en la zona, sin embargo se encuentra paralizado desde hace varios años. Las comunidades de las provincias de Ayavaca y Huancabamba se oponen al proyecto por sus posibles impactos en la agricultura, la provisión de agua y el ecosistema de páramos. En 2007, una consulta vecinal mostró que el 97% de los participantes se oponían al proyecto minero.

Pese a ello, recientemente China ha insistido en incluir a Río Blanco entre los proyectos prioritarios que busca llevar a cabo en el Perú. Durante un evento empresarial en setiembre, el embajador de la República Popular China en el Perú, Liang Yu, afirmó que su país espera que con el apoyo del Gobierno peruano los proyectos Río Blanco, Toromocho y Galeno, agregando que Perú abastece el 27% del consumo de cobre de China.

19/10/2020
Foto: Referencial/Difusión
En el distrito de Pichacani, provincia de Puno, existe un descontento de las autoridades y la población contra la empresa minera CULTINOR S.A.C., que pretendería ejecutar el proyecto minero KATY, “la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) debe remitir un informe sobre todos los actuados de la minera”, afirmó el alcalde distrital, Pedro Ramos Cutimbo.

El exdirigente del distrito de San Miguel, provincia de San Román, Lucio Juárez, señaló que la dirigencia de este distrito debe ser reestructurada, puesto que algunos dirigentes en lugar de fiscalizar a la actual gestión municipal, habrían sido absorbidos por esta.

Para el último sábado, la minera programó un taller informativo en la comunidad de Jatucahi del centro poblado Huacochullo, en el proceso denominado “Participación ciudadana – etapa antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación minera KATY”, pero este fue suspendido.

El alcalde refirió que la reunión fue suspendida debido a que no convocaron a las demás localidades y no cumplieron con los protocolos de bioseguridad, “hay comunidades que no fueron informadas a tiempo y no se les tomó en cuenta, eso generó algunos conflictos”, dijo a través de Pachamama Radio.

Además, cuestionó a las autoridades de la región Moquegua, quienes estarían reclamando como suyo la localidad de Titire, zona de intervención de la minera, y aclaró que Titire pertenece a la comunidad de Jatucachi, “pedimos la intervención del alcalde provincial y de las autoridades regionales”, añadió Ramos Cutimbo.
https://pachamamaradio.org/regional/puno/se-avecina-un-nuevo-conflicto-minero-y-territorial-en-pichacani

Bloquearon corredor minero por incumplimiento de la trasnacional en la ejecución de proyectos de desarrollo para su jurisdicción.
18/10/2020

Cientos de comuneros de la comunidad de Tuntuma del distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas (Cusco), bloquearon ayer parte del corredor minero que usa la empresa Las Bambas. Según explicaron, la medida responde a que la trasnacional no cumplió con ejecutar proyectos de desarrollo rural, uno por año, en beneficio de la localidad.

“Tuvimos sendas reuniones y compromisos y hasta ahora no se cumplió ni uno solo, [la minera Las Bambas] siempre tienen la costumbre de romper el tablero”, declaró el dirigente de la comunidad de Tuntuma, Ubaldo Rimache. Demandaron la presencia de funcionarios de Las Bambas para instalar una mesa de diálogo.

Asimismo, denunciaron que la circulación de vehículos de alto tonelaje que pasan por el corredor—aledaño a su localidad— genera contaminación y la pérdida de campos de cultivo. En la provincia cusqueña de Espinar comuneros también bloquearon un corredor minero, aunque esta vez en protesta contra la empresa Antapaccay-Glencore.
https://exitosanoticias.pe/v1/wp-content/uploads/2020/10/Comuneros-reinician-protestas-contra-la-minera-Las-Bambas.jpg