18/12/2020
Por Álvaro Meneses
Tensión en la provincia de Chumbivilcas. Mientras que en el distrito de Ccapacmarca siete comunidades campesinas se unieron para presentar una demanda contra las normas que permiten el pase diario de 300 camiones de la minera Las Bambas por sus caminos comunales, al otro lado del Corredor Minero Sur, la población del distrito de Velille acaba de bloquear la carretera por conflictos con la misma empresa.

Desde el distrito de Ccapacmarca, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), dirigentes de las comunidades campesinas de Sayhua, Cancahuani, Huninquiri, Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya, Ccapacmarca y Tinturca Lacaya, presentaron una demanda de acción popular contra el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo Mori, y el gerente general de Las Bambas, Edgardo Orderique.

La demanda que fue admitida el pasado jueves 17 de diciembre por el Poder Judicial, busca la anulación del decreto supremo 011-2016-MTC y la resolución ministerial 372-2018-MTC/01.0. Ambas normas permitieron convertir caminos comunales del distrito de Ccapacmarca en una ruta nacional para que al día un aproximado de 300 camiones de carga de la minera Las Bambas transiten por el lugar. Desde que se aprobaron ambas normas, las comunidades campesinas denuncian contaminación ambiental y sonora.
Resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima que admite la demanda de acción de amparo presentada por 6 dirigentes del distrito de Ccapacmarca.

Al respecto, un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) reportó que el paso de los camiones de Las Bambas por el tramo declarado como ruta nacional genera niveles de ruido que exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y concentraciones de material articulado que sobrepasan los ECA del aire, principalmente, sobre la comunidad de Ccapacmarca. En ese sentido, OEFA también recomendó humedecer el Corredor Vial para reducir la emisión de polvo y ordenó a Las Bambas a que incluyan la contaminación ambiental ocurrida en su estudio de impacto ambiental.

Según la demanda, dichas normas aprobadas por el MTC durante el periodo de Edmer Trujillo no fueron consultadas por las comunidades campesinas involucradas y afectaría los derechos a la propiedad, a la salud y medioambiente. Por eso, los dirigentes de seis localidades piden que declaren inconstitucionales y que se ordene al MTC el inicio del proceso de consulta previa.
En las calles también

Varios kilómetros más al sur de Ccapacmarca, pasando Colquemarca y Santo Tomás, en el distrito de Velille la población entró en huelga contra Las Bambas, luego de que la empresa se rehúse a aceptar la propuesta del Frente Único de Defensa de los Intereses de Velille, quienes reclaman un aumento en el presupuesto asignado para el aporte económico previsto a las familias de la zona. Mientras la población pide S/5 millones, la minera se resiste a dar S/1 millón 330 mil.
Comuneros de Velille en huelga. Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras.

Desde hace cinco años el distrito de Velille mantiene un conflicto con la minera Las Bambas por la contaminación ambiental que generan los camiones de la empresa en la zona. Los veh´ículos de la empresa que transportan minerales generan excesivas cantidades de polvos y ruidos, también afectan los cultivos de los campesinos del lugar, según el informe de la OEFA.

Wayka pudo conocer que dirigentes de Velille y funcionarios de Las Bambas han agendado una reunión para las 2:00 .pm. de hoy, en donde se intentará llegar a un acuerdo. Los puntos principales de la discusión se centrarán en pactar proyectos de desarrollo sostenibles, compensaciones económicas por daños generados por la minera, acceso a trabajo y la firma de un Convenio Marco que constate los acuerdos entre la empresa y la población.

Tensión social y judicial en el Corredor Minero Sur por conflicto con Las Bambas

www.conflictosmineros.org.pe 19/12/2020
Las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, pertenecientes a la región Ayacucho, acataron un paro de 72 horas contra los abusos de la minería en las partes altas donde se ubican las cabeceras de cuencas (ríos). Ellos denuncian que las compañías mineras han seguido funcionando pese a la pandemia de la COVID-19, sin cumplir las medidas ambientales correspondientes.

Los pobladores de Coracora, Chaviña, Chumpi, Incuyo y Pauza, iniciaron su protesta pacífica en la ciudad de Puquio, el viernes 18 de diciembre, donde han bloqueado la carretera que conduce a Cusco, así lo informó la Gaceta de Puquio y la página de Puquianos en Acción.

El paro se anunció luego de que el gobierno, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), incumpliera con las visitas de inspección ambiental a las mineras que explotan los recursos en estas provincias ayacuchanas. Ellos denunciaron también que el Estado, a través del sector de Energía y Minas, amplió las licencias a las compañías mineras durante la pandemia.

Uno de los casos es el de Coracora. El presidente del comité de lucha del Frente de Defensa del Pueblo de Parinacochas, Julio Cesar Guillermo Gutiérrez, indicó que en esta zona hay empresas mineras contaminando la principal represa que es Ancascocha.

En esta zona el proyecto de explotación minera denominado “Lourdes” se desarrolla como parte del proyecto de la compañía minera Empresa Pucará Resources S.A.C, causando un impacto ambiental.

En tanto, en Lucanas se rechaza los abusos ambientales de la compañía minera Apumayo S.A.C. con unidades mineras ubicadas en los distritos de Chaviña y Sancos. Asimismo, esta compañía tiene antecedentes por contaminación en la OEFA.

La situación en Páucar del Sara Sara no es distinta, también se denuncian contaminación en las cuencas Huanca Huanca, Páucar del Sara Sara y el río Mirmaca por parte de la Minera Ares S.A.C. del Grupo Hochshild – Hochschild Mining.

La población de estas provincias afectadas continuará con su protesta pacífica en las calles, hasta el domingo 20 de diciembre, con el fin de ser escuchados y resolver sus demandas por los graves daños ambientales que sufre su región a causa de estas empresas mineras.

16/12/2020
Imagen referencial
La minera canadiense Lupaka Gold emitió una actualización sobre el progreso de su demanda de arbitraje internacional contra Perú, en la que exige una compensación económica de más de USD 100 millones.

La compañía dijo que Perú ha designado a su árbitro para el proceso de arbitraje, teniendo en cuenta que cada parte del arbitraje selecciona un árbitro. La compañía seleccionó a su representante previamente.

El tercer árbitro (que será el Presidente del Tribunal Arbitral) se determinará mediante un proceso de presentación y selección de candidatos acordado por todas las partes e involucrando a ambas partes y al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

En el comunicado de Lupaka Gold, se resume los pasos que se han completado en el proceso: el 21 de octubre, la compañía presentó su solicitud formal de arbitraje y seleccionó a su árbitro para el arbitraje; el 27 de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú reconoció la interposición del arbitraje y reconfirmó a su asesor legal designado; el 30 de octubre, el CIADI entregó la Notificación de Registro y la asignación del número de caso; y el 2 de diciembre, Perú confirmó el nombramiento de su árbitro.

A pesar de los recientes disturbios políticos, el proceso de arbitraje continúa avanzando.

En su solicitud de arbitraje ante el CIADI, Lupaka Gold alude incumplimientos por parte del Estado peruano y exige una compensación económica de más de USD 100 millones. De acuerdo con la minera, se vulneró el artículo 36 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (“Convenio CIADI”) y el Artículo 824 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República de Perú.

El origen de la demanda contra el Estado peruano se debe a la falta de apoyo de la policía peruana, fiscales y funcionarios del gobierno central para eliminar el bloqueo ilegal y restaurar los derechos que exigía la minera Lupaka en el proyecto que llevaba adelante.

Los enfrentamientos iniciaron en setiembre del 2018, cuando Invicta Mining Corp. (IMC) había desarrollado aproximadamente 3,000 metros de trabajos subterráneos, luego de los acuerdos con las comunidades que poseen las tierras superficiales dentro del área del proyecto, completó una carretera de acceso de 29 kilómetros y las pruebas metalúrgicas.

Así, en setiembre del 2018, IMC solicitó que se realizara la inspección final de las obras terminadas para permitir el inicio de la explotación.

A mediados de octubre de 2018, justo antes de que se llevara a cabo la inspección final, un grupo de pobladores de la Comunidad de Parán atacaron el proyecto, incluidas sus oficinas ubicadas en el campamento, y establecieron un bloqueo que impidió el acceso a la mina y al campamento.

El bloqueo se realizó en la carretera construida por la empresa minera y en la propiedad registrada de la Comunidad de Lacsanga.

Tras los incidentes, tanto la Comunidad de Lacsanga como IMC solicitaron que las autoridades ayuden a eliminar el bloqueo y restablecer el acceso a la mina. Esta asistencia no fue proporcionada.
Impacto

El financiamiento para el desarrollo de la mina por parte de IMC se financió con un préstamo, que se pagaría con el flujo de caja de la generación del proyecto.

“No pudo hacerse el pago debido al bloqueo ilegal. Diez meses después, en agosto del 2019, y sin ningún progreso aparente en el conflicto, el prestamista ejecutó el préstamo y Lupaka perdió toda su inversión”, sostiene.

En virtud a ello, la empresa afirma que la pérdida de IMC y la mina por parte de Lupaka fue consecuencia de los actos y omisiones de Perú. Por lo tanto, Lupaka inició el procedimiento de arbitraje.
Fuente: Gestión

Perú designa su árbitro para afrontar demanda de Lupaka Gold

Marlene Castillo Fernández 15/12/2020
Imagen: La República
Han pasado 14 años desde la promesa estatal de atención de la emergencia sanitaria y ambiental ante la protesta y reclamos del Pueblo Achuar en la cuenca del río Corrientes (Acuerdos de Dorissa); hecho que se convirtió en denuncia pública nacional de la afectación de la salud indígena por exposición a la contaminación ambiental y de las fuentes de agua con tóxicos derivados de 45 años de explotación petrolera (Lote 1 AB y Lote 8, distrito de Trompeteros, Loreto) sin remediación alguna en medio de la carencia absoluta de servicios de agua potable y de salud pública. Y no cambió nada. Hoy en día las cuatro cuencas del circuito petrolero reclaman atención, remediación, servicios básicos, supervisión, prevención y atención especializada.

Hasta la década de los años ochenta, hablar de la afectación de la salud humana por tóxicos en las zonas mineras era equivalente a hablar de la afectación de la salud de los trabajadores mineros, tanto que el propio Ministerio de salud reducía su labor a la salud ocupacional. Aún no era un asunto público la afectación de la salud por exposición a la contaminación ambiental (aire, agua, suelos) con metales pesados y otras sustancias tóxicas derivadas de estas actividades; el tajo devorador de Cerro de Pasco y sus explosiones alterando el aire y la paz de la ciudad era el caso emblemático entonces. Las niñas y los niños del distrito de Simón Bolívar y sus familias siguen sin justicia sanitaria y ambiental, como el niño fallecido el 2019 con un combo de metales pesados en su cuerpo tardíamente atendido en Lima. La población comunera de Espinar espera justicia sanitaria ambiental desde hace 10 años que el Estado tiene conocimiento de la afectación de la salud por metales tóxicos.

Desde el 29 de octubre de este año, el gobierno de transición y de emergencia (Ministerio del Ambiente) tiene conocimiento de la exposición de casi un tercio del total de la población peruana actual: 10 millones 162 mil y 380 habitantes de zonas ambientalmente contaminadas con metales pesados y/o metaloides (arsénico) y otros (dióxido de azufre) o petróleo crudo. Ver gráfico.

Un 20% de la población expuesta a petróleo crudo corresponde a zonas ubicadas en las regiones de Loreto (asociada a explotación y derrames), Amazonas (asociada a derrames y exploración) y Lambayeque (asociadas a derrames en Olmos). Baste con recordar que en la Amazonía existen 32 de las zonas más contaminadas con crudo de petróleo y metales pesados equivalen a 231 estadios nacionales (OXFAM 2020).

Un 50% de la población expuesta a arsénico y otras sustancias corresponde a zonas de 17 regiones, tanto las de mayor antigüedad de explotación minera concentrando pasivos ambientales, como aquellas donde principalmente operan diversos proyectos mineros en producción, así como diversas zonas de minería ilegal.

Otro 30% de la población expuesta a metales pesados y otros corresponde a zonas de Lima Metropolitana (1.2 millones personas; entre ellos gestantes y neonatos en Lima Norte), de las regiones de Callao (asociado al transporte de plomo), Ancash, Lima Provincias, así como de la minería ilegal en Madre de Dios.

Recordemos que hasta julio del 2019 existían 1,097 pasivos ambientales mineros de alto y muy alto riesgo, en un 83% concentrados en las cuencas de los ríos Llaucano (Hualgayoc-Cajamarca), Santa (Ancash), Mantaro (Junín), Rímac (Lima), Alto Huallaga y Alto Marañón.

Van tres presidentes constitucionales incluyendo al reciente Francisco Sagasti, desde la demanda de atención estatal urgente realizada por la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas, cuyas movilizaciones y pronunciamientos se dirigen a conseguir que el Estado cumpla con proteger y atender su derecho constitucional a la salud (Art. 7) y al acceso equitativo a los servicios públicos (Art.9) así como a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (Art. 2 numeral 22). Han sostenido reuniones con el MINSA, han formado parte activa de la Mesa Técnica Multisectorial de la Comisión de Pueblos del Congreso sobre “Políticas para la atención y prevención integral de la afectación de la salud por contaminación con metales tóxicos y otros, asociados a la minería o hidrocarburos”, marco en el cual se logró que la PCM en la Audiencia Pública del 08 de julio 2019 se comprometiera en la creación de una Comisión Multisectorial hacia ese fin.

Pasó un año desde ese compromiso hasta que el 02 de julio 2020 por fin se creó “la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el objeto de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados” (Resolución Suprema N° 034-2020-PCM).

Así de esquivo, tardío, lento, burocrático e indolente es el Estado peruano que a dos meses de que termine el plazo de su funcionamiento, la Comisión Multisectorial no ha logrado avanzar sustantivamente en la responsabilidad que es su razón de ser: “elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados”.

Proteger y garantizar el derecho humano fundamental de la vida en estos territorios en conflicto social requiere no sólo enfrentar la crisis sanitaria COVID-19, sino también la crisis de salud humanitaria ambiental pre-existente que incrementa el riesgo para las actuales y venideras generaciones. Promover la inversión extractivista (y permitir el extractivismo ilegal), sin asegurar protección ambiental y vida saludable de la población es profundamente injusto y discriminador.

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Javier Meregildo – [email protected]
11/12/2020
Dirigente cuestionó que mineros ilegales de Huamachuco quieran erradicar minería formal. Foto: difusión
La Libertad. El directivo cuestionó que conocidos mineros ilegales de la zona se infiltren en la lucha de la ciudadanía para erradicar a una empresa formal.
El presidente de las rondas campesinas de Huamachuco, Vicente Ruiz Henriquez, fue enfático en señalar que se debe erradicar la minería legal e ilegal para evitar que se produzcan nuevos conflictos en Cerro El Toro, en la provincia de Sánchez Carrión (región La Libertad).

Ante ello, dejó en claro la posición de los ronderos de no respaldar la lucha que ha iniciado el caserío de Shiracmaca contra una empresa minera formal hasta que también los comuneros se comprometan a erradicar las operaciones informales e ilegales de extracción de oro que proliferan en la zona y que tanto daño vienen causando al medio ambiente.

“Los hermanos de Shiracmaca hoy reclaman que no quieren minería, pero no se atreven a erradicar la minería en el sector Cachito invadido por cientos de mineros informales, al igual que en los alrededores del cementerio de este caserío”, señaló.

“Ellos llevan más de 15 días exigiendo ‘No a la minería’ y no se atreven a tapar un hoyo de sus socavones que hicieron. Nosotros estamos de acuerdo en que se erradique todo, formal e informal”, expresó enfático el dirigente.

Además, cuestionó que conocidos mineros ilegales de la zona se infiltren en la lucha de la ciudadanía e incluso participen en marchas generando conflictos para resguardar sus intereses.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/12/11/presidente-de-rondas-pide-erradicar-mineria-legal-e-ilegal-para-evitar-conflictos-lrnd/

11/12/2020
Imagen: OCMAL
Mediante el Decreto supremo N° 027-2020-EM, el gobierno ha declarado de necesidad pública la inversión privada en actividad minera y autorizado a la empresa Nuevo Arcoirirs a adquirir derechos mineros dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera en la zona de Tambogrande, Piura.

Cabe anotar que esta empresa cuenta con inversión extranjera y peruana, por lo que solo puede ser autorizada por medio de un decreto supremo que la declara de necesidad pública.

El mencionado decreto publicado hoy, recuerda que “el artículo 71 de la Constitución Política del Perú establece que, dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido y que se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a Ley.”

Asimismo señala que, Nuevo Arcoiris S.A.C., es una empresa peruana que tiene como inversionista a Tesoro Minerals CORP., persona jurídica constituida en Canadá, con un porcentaje de acciones de 99.9996 %; y, a Raúl Alfredo Ferreyra Martínez, persona natural de nacionalidad peruana, con un porcentaje de acciones de 0.0004 %; y, ha solicitado autorización para adquirir nueve (09) derechos mineros ubicados en la zona de la frontera norte del país, en el departamento de Piura.

Cabe recordar que en la zona de Tambogrande, la población se dedica mayoritariamente a las actividades agrícolas, y ha rechazado en varias oportunidades los intentos de otorgar concesiones mineras como ha ocurrido en el pasado reciente con la minera Manhattan. Llama la atención que esta vez se insista en nuevos proyectos en la zona.
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Los ciudadanos piden a la minera que contrate a la empresa comunal. Un contingente policial llegó al lugar para custodiar las instalaciones de la empresa.
08/12/2020

Un contingente policial custodia las instalaciones de la minera. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Dirección Regional de Energía y Minas de Pasco

Un contingente policial llegó hoy a la comunidad de Smelter, distrito de Tinyahuarco, provincia y región Pasco, donde hace 16 días un grupo de comuneros bloquea uno de los accesos de la minera Brocal, para exigir que la compañía contrate los servicios de la empresa comunal para el trabajo en sus tierras.

El presidente de la comunidad, Carlos Rivera Sánchez, consideró este hecho como un acto de provocación por parte de la minera.

“Estamos trabajando de una manera cautelosa, sana. Pero, también hay un malestar en la población al ver los policías”, dijo.

La minera informó que no aceptará el diálogo mientras existan bloqueos en la zona, según comentó el director regional de Energía y Minas, Juan Rojas Quispe.

En respuesta, el presidente de la comunidad dijo que habrá diálogo siempre y cuando no haya presencia de agentes policiales.
https://rpp.pe/peru/pasco/cerro-de-pasco-desde-hace-16-dias-pobladores-bloquean-acceso-a-minera-brocal-noticia-1308688

Imagen: La República – 10/12/2020
El último estallido en el denominado corredor minero del sur tiene a la base una interrogante que muchas poblaciones se hacen sobre los impuestos que las empresas deben de pagar y que no llegan o tardan en llegar a los territorios.

En la zona de influencia directa del proyecto Las Bambas se ha generado un fuerte malestar por el no pago del impuesto a la renta de parte de la empresa propietaria del proyecto y como consecuencia que no haya canon para la región. Además, el plazo de un posible pago de impuesto a la renta se ha postergado una vez más: se dice que Las Bambas no pagaría impuesto a la renta hasta el año 2023, lo que significa que el canon llegaría el año siguiente a Apurímac.

Esta situación obliga a reconocer varios temas. Uno primero es que el hecho de no saber cuándo van a llegar vía canon los recursos de la minería, genera incertidumbre y mucho malestar en las localidades de influencia directa. Lo que viene ocurriendo en el caso de Las Bambas ya ha pasado en casos como Antamina y otros proyectos mineros.

Lo cierto es que por lo general en el caso de las empresas mineras las cosas se manejan con muy poca transparencia por diferentes motivos y desde varias perspectivas. En primer lugar se sabe que las empresas cuando empiezan a producir, comienzan a cargar sus inversiones preoperativas, sobre todo durante los primeros años de la producción, lo que provoca un marcado retraso por varios años del pago del impuesto a la renta y, por lo tanto, de la transferencia del canon.

Si se manejase la información económica con mayor transparencia, desde el lado de las empresas y también desde el propio Estado, la información podría llegar a la población. Sobre la base de la información económica y contable que manejan las empresas mineras y las declaraciones juradas con las que cuenta la Sunat, se podría estimar sin mayores problemas -tomando en cuenta diferentes escenarios- cuándo una empresa comenzará a pagar impuesto a la renta y por consiguiente, cuándo se transferirá canon a las zonas. Sin embargo, esto no ocurre. O es un ejercicio que no se hace, o si se realiza, no lo transparentan.

Además, la Sunat tampoco hace un adecuado control y fiscalización del planeamiento tributario, la elusión y los precios de transferencia, prácticas que han sido más o menos recurrentes entre las grandes empresas del sector minero y que les permite registrar “cargas contables” que terminan teniendo efectos en la tributación, en la medida que reducen, precisamente, el pago del impuesto a la renta.

¿A la población de Cotabambas se le ha ocurrido arbitrariamente que la empresa debía comenzar a pagar Impuesto a la Renta y por lo tanto comenzar a percibir el canon a partir del 2020-2021? No. Para comenzar habría que recordarque en el Marco Macroeconómico Multianual de agosto de 2017 apareció una mención sobre el tema: “los grandes proyectos mineros nuevos como Las Bambas, Toromocho y Constancia comenzarían a pagar impuesto a la renta empresarial a partir de 2020”.

¿Qué pasó para que a estas alturas el pago se haya postergado algunos años más? En todo caso, la población se merece una explicación. Cabe recordar que Las Bambas inició la fase de producción en diciembre de 2015 y en enero de 2016 realizó su primer embarque de minerales por el puerto de Matarani y unos meses después, en julio de 2016, alcanzó niveles de producción comercial de molibdeno y cobre respectivamente.

La empresa se apresta a preparar las condiciones para explotar un segundo tajo, el de Chalcobamba y hasta ahora no llegan los beneficios del canon del primer tajo (Ferrobamba). Mucho para corregir y sobre todo mucha información para transparentar.

[1]Este artículo ha sido redactado tomando información de las siguientes publicaciones:

Flores Unzaga, César (2019): “¿Milagro apurimeño? La minería y el debate del crecimiento local”. Grupo de Justicia Fiscal, Oxfam y CooperAccion.

De Echave Cáceres José y Armando Mendoza Nava (2016): “¿Pagaron lo justo? Política fiscal peruana en tiempos de boom minero”. Grupo de Justicia Fiscal, Oxfam y CooperAccion.

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José De Echave C.
Imagen: RPP 09/12/2020
Estalló un conflicto laboral como hace bastante tiempo no ocurría en el país, pero en realidad ha sido bastante más que eso. Los peruanos y peruanas hemos descubierto en detalle lo que venía pasando desde hace tiempo en la boyante actividad agroexportadora; esa que se jacta de haber ganado los principales mercados a nivel mundial con los espárragos, uvas, arándanos, paltas y varios otros productos.

Y saberlo, con tanto detalle, no deja de sorprender. Pareciera que estuviésemos volviendo a leer el viejo libro de Peter Klaren (“Formación de las Haciendas Azucareras y orígenes del Apra”), solo que estamos en pleno siglo XXI y ad portas del bicentenario. Lo cierto es que ya todos deben estar bien enterados: estamos hablando de un sector agro exportador moderno que se conecta con mercados globalizados pero que, según los empresarios, solo pueden ser competitivos si aplican condiciones laborales del siglo XIX: los trabajadores en la práctica no pueden sindicalizarse, sus sueldos apenas superan la remuneración mínima, gracias a que la CTS y las gratificaciones se terminan salarizando y donde el uso y abuso de contratos temporales campea en toda la actividad. Además, las boyantes empresas agroexportadoras solo pueden pagar la mitad del Impuesto a la Renta-a diferencia del resto de actividades productivas- y una pequeña parte de las aportaciones a EsSalud, porque, según dicen, no hay hospitales en la zona. Impresionante.

La Ley 27369, que se aprobó el año 2000 -en los últimos meses del fujimorismo y que fue auspiciada por el ministro agroexportador, José Chlimper- representa un conjunto de normas excepcionales de promoción del sector, que en principio era temporal. Sin embargo, en el camino fue ganando ampliaciones: la primera fue antes de que se cumpla el plazo de 10 años y la segunda, con el Decreto de Urgencia 043-2019 promulgado el año pasado por Vizcarra. Cabe recordar, que en el debate en el Congreso de entonces, las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, la denominada Bancada Liberal (ahora Partido Morado), Peruanos por el Kambio (ahora Partido Contigo) y el APRA, entre otras, votaron a favor de la ampliación.

Con las dos ampliaciones el régimen de excepción iba a cumplir 30 años y seguramente el proyecto de los empresarios agroexportadores era ir por nuevas ampliaciones y por qué no, el ejemplo se podía extender a otras actividades productivas. En suma, el sueño dorado de nuestro sector empresarial.

De hecho, este tipo de relaciones laborales no es una exclusividad del sector agroexportador. Algo de esto ha sido reconocido por el superintendente de Sunafil, Juan Carlos Requejo, cuando en una reciente entrevista (Gestión 7/12/2020) señala que sectores como el de la pesca para consumo humano, manufactura, retail, construcción civil -donde se contrata por rama- y también en el sector minero, donde se contrata trabajadores tercerizados para cubrir puestos que son permanentes, son sectores que deben ser fiscalizados de manera intensa y permanente. Habrá que ver si se concretan las anunciadas fiscalizaciones.

Lo cierto es que las famosas services, las contratas y las empresas intermediarias, también campean en sectores como el minero. Solo un dato: en las últimas décadas, en promedio, apenas un 30% de trabajadores mineros ha tenido relación laboral directa con una empresa minera; el 70%, la inmensa mayoría, son trabajadores de empresas intermediarias, que además no tienen los mismos derechos que el resto y son los más expuestos a los accidentes fatales e incapacitantes.

Queda claro que hay mucho por haceren el país para que los derechos laborales sean reconocidos, no se perjudique la libertad sindical, la negociación colectiva y, sobre todo, que los beneficios de sectores que han gozado por décadas de una expansión y bonanza, lleguen también a los trabajadores.

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06/12/2020
Comuneros de Challhuahuacho iniciaron medida de lucha el lunes 30. Foto: composición La República
Lenin Checco, vocero del Frente Amplio, señaló que los ciudadanos ya no quieren más comisiones de alto nivel, sino medidas concretas para solucionar sus demandas a la minera Las Bambas.
Este domingo 6 se cumplió una semana del paro indefinido que sostienen los pobladores del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac, en contra de la minera Las Bambas.

Los ciudadanos exigen el cumplimiento de compromisos del 2019 sobre la ejecución de obras para el desarrollo del distrito y que la empresa MMG Las Bambas empiece a pagar los impuestos con el fin de que esta localidad reciba transferencias por canon minero.

Ante ello, el portavoz del Frente Amplio, Lenin Checco Chauca, demandó que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, llegue hasta el distrito de Chalhuahuacho para dar una solución.

Añadió que los residentes del lugar ya no quieren más comisiones de alto nivel, sino autoridades con capacidad de decisión que puedan tomar medidas para dar solución a su problema.

Checco calificó el conflicto como una bomba de tiempo porque son años de desidia y de mesas de trabajo que no han tenido resultados. Por eso hizo llegar una comunicación oficial a Bermúdez con la finalidad de solicitar su a Apurímac.

Según el legislador, es muy probable que provincias como Andahuaylas y Abancay se sumen a la medida de protesta.

“Sería un mensaje positivo de este Gobierno interino resolver el conflicto y las demandas justas con las cabezas de los sectores para una toma de decisiones reales, las y los pobladores han esperado cuatro años para el cumplimiento de los compromisos asumidos”, manifestó.
https://larepublica.pe/politica/2020/12/06/apurimac-piden-que-premier-bermudez-llegue-a-challhuahuacho-por-conflicto-lrsd/