Más de 150 pobladores realizaron una asamblea donde acordaron tomar medidas para que minera deje de explotar y contaminar sus recursos
Pobladores toman acuerdos en asamblea
Nilda Escalante
21/02/2021
Un conflicto social a causa de una explotación minera en la localidad de Accomarca fue advertido por el consejero Oscar Oré Curo, miembro de la comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de Ayacucho y según manifestó, la población está en contra de la presencia de la minera de Pisccocucho debido a que genera contaminación a los recursos hídricos, pero sobre todo porque la empresa no cumplió con los compromisos con la población.

Situación. El consejero precisó que a la fecha existe un descontento de parte de la población, quienes en la última reunión acordaron intervenir y cerrar la minera de Pisccocucho, debido a que en el lugar encontraron bolsas lleno de minerales, maquinarias pesadas y otros, además los acusan de que no se contaría con los documentos de formalización necesarias, por lo que se advierte una explotación informal.

Frente a ello, la comisión de Energía y Minas del Consejo arribó hasta este lugar donde solicitaron a la empresa remitir los documentos de autorización para la explotación, sin embargo, estos aún no fueron presentados.

“Una actividad minera requiere de responsabilidades, en coyuntura de emergencia sanitaria se requiere que tengan un plan anti Covid, autorización para uso de explosivos, impacto ambiental, entre otros, pero aún no tenemos nada”, dijo.

Ante esto, Oré Curo, solicitó a las autoridades del ejecutivo, mediante la Dirección de Energía y Minas, el ANA, la Fiscalía del Medio Ambiente, entre otros intervenir en este problema y evitar conflictos.
https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/accomarca-mas-de-150-pobladores-realizaron-una-asamblea-donde-acordaron-tomar-medidas-para-que-minera-deje-de-explotar-y-contaminar-sus-recursos-noticia/

Pachamama Radio 21/02/2021
Foto: GEC
La minería es una actividad importante en el Perú y lo que se plantea es una nueva minería que consiste en discutir ¿dónde le conviene al país que haya minería y dónde no? tomando en cuenta las condiciones y estándares sociales y ambientales, dijo el economista José Antonio de Echave Cáceres, candidato a la primera vicepresidencia por el partido político Juntos por el Perú.

En Razón Libre de Pachamama Radio, señaló que hay zonas donde la población percibe los proyecto mineros como una amenaza, es el caso de Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, Santa Ana en Puno y otros que generan conflictos sociales porque las políticas públicas no toman en cuenta la opinión de quienes van a ser afectados.

Sin embargo, hay zonas donde los proyecto mineros se pueden desarrollar porque según la Defensoría del Pueblo, el 70 por ciento de los conflictos sociales generados por la minera es por convivencia, es decir, la población no le dice no a la minería, lo que le exige es que respete su derecho a la economía, a su cultura, y al medio ambiente. El otro 30 por ciento de los conflictos, si son de rechazo a la minería, indicó.

“El marco legal e institucional vinculado a la minería ha sido elaborado para traer inversión recortando los derechos de la población, por eso se plantea una nueva minería”, declaró el ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Respecto a la minería informal e ilegal, señaló que en un eventual gobierno de Verónica Mendoza, erradicaran la minería ilegal, esa que se desarrolla en la actualidad en zonas prohibidas de las zonas altas y en la selva de Puno y buscaran mecanismos en coordinación con el gobierno regional, para la formalización de la minería.
https://www.pachamamaradio.org/candidato-a-la-primera-vicepresidencia-por-juntos-por-el-peru-se-erradicara-la-mineria-ilegal-en-puno/

Foto: Otra mirada
17/02/2021
El agua que consumimos en Lima y Callao estaría bajo amenaza. La proximidad del depósito de relaves del proyecto minero Ariana al Túnel Trasandino, que trasvasa el agua bajo los andes desde la cuenca del río Mantaro hasta la cuenca del río Rímac, genera altos riesgos para la disponibilidad de agua potable para más de 10 millones de personas.

“Este depósito de relaves estaría a 115 metros del túnel trasandino, y la presa de relaves a 1275 metros aguas arriba de la bocatoma de agua del túnel”, precisó el investigador Steven Emerman, quien recomienda por ello, rechazar este proyecto minero “sin mayor consideración”.

El investigador subrayó que en el Perú han ocurrido (18 fallas conocidas) desde 1952), por lo tanto, no puede descartarse una eventualidad de este tipo, sea por sismos, malas construcciones, u otras causas. El Dr. Emerman agregó, si la presa de Ariana colapsa, los relaves fluirían inmediatamente hacia la bocatoma de agua del Túnel Trasandino, a los canales colectores, al Río Carispaccha y siguiendo su curso podrían afectar los pueblos de Corpacancha, Santa Ana, Sincamachay y la planta hidroeléctrica Malpaso.

Sumado a ello, Emerman precisó que el cimiento de la relavera del proyecto minero presentaría una gran fragilidad, que sometida a un esfuerzo o tensión horizontal, por ejemplo en caso de un sismo, tendría altas probabilidades de colapsar. En una situación así, se soltarían los relaves, lo cual podría afectar gravemente las fuentes de agua y el entorno de escorrentía natural de éstos.

“La ingeniería y la ciencia tras este proyecto son muy débiles. Los peligros para las comunidades aguas abajo y para la población de Lima son muy altos. Por eso la recomendación es rechazar este proyecto”, dijo tras exponer los hallazgos de su investigación “Análisis de Riesgo de la Presa de Relaves en la Mina de Cobre y Zinc Propuesta Ariana, Provincia de Yauli, Departamento de Junín, Perú”.

Sobre la posible ruptura de la presa y su impacto en la capital, Emerman sostuvo que no conoce un caso de explotación minera parecida en el mundo, que implique la construcción de una presa de relaves en una zona que da suministro de agua para una ciudad capital de un país. “Desde mi conocimiento, nunca se ha construido una presa de relaves aguas arribas de un suministro de agua para una gran ciudad”, enfatizó.

A su turno, Luisa Eyzaguirre, secretaria general del sindicato de trabajadores de Sedapal (SUTESAL), recalcó que más del 60% del agua que consumimos los limeños viene por el túnel trasandino y que la cercanía de la presa del relaves a esta infraestructura implica muchos riesgos. Asimismo señaló que la minera Ariana no ha permitido a Sedapal medir el agua de las lagunas que son parte del sistema hídrico de la zona.

“Sedapal tiene la obligación de tener una posición bastante firme. No se trata de tener una postura antiminera, el Estado está para preservar el derecho a la vida de las personas por encima de intereses económicos”, precisó.

Elizabeth Zamalloa, representante de CooperAccion, hizo también hincapié en la ubicación de esta presa de relaves. “Es una zona altamente sísmica, y ello, unido a precipitaciones, configuran un peligro real. No es ser antiminero, es apostar por la vida. En otros países se rechazaría esta propuesta solo por su ubicación. Estamos reclamando el derecho a la vida”, manifestó.

Cabe señalar que hoy se tenía prevista una audiencia en el marco de la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil como CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal, las ex congresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio contra la realización del proyecto minero Ariana. Sedapal había sido citada a la audiencia del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para exponer su posición sobre el proyecto. Sin embargo, la audiencia ha sido reprogramada por la Jueza Rocío Rabines para el día 4 de marzo aduciendo las dificultades del estado de emergencia.

Por su parte, mediante un comunicado publicado ayer, Sedapal informó que solicitará a una firma independiente que determine si las actividades del proyecto minero Ariana afectarán la provisión de agua potable para Lima y Callao.

“Se solicitará a una firma especializada de reconocido prestigio, independiente e imparcial, los correspondientes estudios Geomecánicos, Geotécnicos, Hidrogeológicos e Hidroquímicos que determinen si las actividades que tiene previstas realizar la Minera Ariana podrían generar impactos negativos en la estabilidad del túnel Trasandino, así como el caudal y la calidad de las aguas que trasvasa hacia el río Rímac”, indicó en el comunicado.

Por otro parte, hay que destacar que el autor del informe, el Dr. Steven H. Emerman es un prestigioso estudioso estadounidense y autoridad en la materia, tiene un Bachelor of Science en Matemáticas de la Universidad Estatal de Ohio, un Máster (M.A.) en Geofísica de la Universidad de Princeton, y es Doctor (Ph.D.) en Geofísica por la Universidad de Cornell. El Dr. Emerman tiene 31 años de experiencia en la enseñanza de hidrología y geofísica y tiene 70 publicaciones revisadas por expertos en estas áreas. El Dr. Emerman es el autor del capítulo sobre Gestión de residuos para el próximo Manual de Minería Subterránea de la SME (Sociedad para la Minería, Metalurgia y Exploración).

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17/02/2021
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que solicitará a una firma independiente que determine si las actividades del proyecto minero Ariana afectarán la provisión de agua potable para Lima y Callao.

“Se solicitará a una firma especializada de reconocido prestigio, independiente e imparcial, los correspondientes estudios Geomecánicos, Geotécnicos, Hidrogeológicos e Hidroquímicos que determinen si las actividades que tiene previstas realizar la Minera Ariana podrían generar impactos negativos en la estabilidad del túnel Trasandino, así como el caudal y la calidad de las aguas que trasvasa hacia el río Rímac”, indicó Sedapal en un comunicado.

Explicó que el Túnel Trasandino es el único medio de trasvase del agua almacenada en el sistema de lagunas de la cuenca del Atlántico hacia la cuenca del Pacífico y representa el 62% del volumen total de la reserva de agua de Sedapal para su uso durante los meses de estiaje (de mayo a noviembre).

A su vez, indicó que este miércoles 17 de febrero se presentará ante el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde solicitará participar en el proceso como interviniente coadyuvante de la parte demandante.

Un colectivo ciudadano interpuso una demanda contra la construcción del proyecto, alegando que amenaza la provisión de agua para la ciudad.

“Es importante asegurar que las operaciones de Sedapal de captación, almacenamiento y conducción de las aguas de las lagunas alto andinas, para su potabilización y distribución en beneficio de más 10 millones de habitantes de Lima y Callao, no se vean afectadas con la actividad de Minera Ariana”, anotó Sedapal.

Fuente: El Comercio

Perú: Sedapal pedirá a firma independiente que determine si Minera Ariana afectará agua potable

Ing. Marlene Castilo Fernández
Cooperaccion
Imagen: Camiper
La razón no ingenieril: desconfianza en su responsabilidad ambiental y social
El criterio de confianza/desconfianza fundamentada sobre la responsabilidad socio-ambiental no es un criterio que forme parte de la evaluación para las decisiones gubernamentales para otorgar derechos mineros; pero sí es un criterio ciudadano para otorgarle la licencia social. El antecedente de incumplimiento de obligaciones ambientales contraídas con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental-EIA y el respectivo plan de cierre, no se sanciona en el sistema normativo-administrativo de ninguna forma. Precisamente, este sería el caso de la Compañía Minera Quiruvilca S.A, subsidiaria de la empresa Southern Peaks Mining; SPM quien es también propietaria del Proyecto Minero Ariana que ejecuta la empresa Ariana Operaciones Mineras, cuya etapa de construcción está suspendida hasta que el poder judicial sentencie respecto a la demanda de amparo para salvaguardar el derecho constitucional al agua potable que estaría en cuestión por el riesgo de afectación del abastecimiento de Lima y Callao con el proyecto minero Ariana.

A una semana de la Audiencia del juicio oral que se realizará el 17 de febrero de este año, el pasivo no cerrado/remediado del depósito de relaves/relavera Catalina de la Unidad Minera Quiruvilca, a cargo de su empresa subsidiaria, regresa ahora como factor de contaminación del río Moche, interpelando la responsabilidad ambiental que dice cumplir la SMP, cuya subsidiaria la Compañía Minera Quiruvilca S.A, a fines del 2017 después de haberse declarado en quiebra, dejo de operar y abandonó los componentes mineros sin cumplir con el plan de cierre de la mina, incluido el cierre de la relavera Santa Catalina. Desde enero 2018 a enero 2021, han pasado tres años, tiempo durante el cual los materiales tóxicos de esta relavera se han filtrado y han venido contaminando al río Moche. La titular minera no cumplió con el plan de cierre, le resultó menos costoso/rentable no hacerse cargo del cierre y usar la opción normativa-administrativa de dejar que el estado, es decir la Dirección General de Minería-DGM del Viceministerio de Minas, se haga cargo del cierre cobrando el valor de la carta de fianza; claro, el valor era menor, no cubriría el costo de cierre/remediación. Pero, tampoco el estado cumplió con hacerse cargo, es decir, la DGM.

Ahora, la irresponsabilidad ambiental y social de la titular minera y del Ministerio de Energía y Minas, vuelve a salir a la luz, en los documentos anexados al Informe 005-2021-GRLL-GRDN-SGDC/SLM, que sustenta la solicitud de prórroga de la Declaratoria de Estado de Emergencia por peligro inminente ante la contaminación del río Moche (Oficio 348-2021-GRLL/GOB dirigida al Jefe de INDECI). Así lo muestran los oficios del gobernador regional de La Libertad cursados en el último mes de este año.

Primero, con fecha 11 de enero de este año, mediante Oficio 056-2021-GRLL-GOB, se dirige al Ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado (con atención: Ing. Oscar Alfredo Rodríguez Muñoz, DGM), para “solicitarle que nos informe de manera urgente sobre las acciones que se vienen realizando respecto al plan de cierre de minas de la unidad fiscalizable Quiruvilca (…). Debido a que la relavera Santa Catalina está completamente abandonada, los sedimentos y las aguas se están filtrando y descargando directamente al río Moche sin recibir ningún tipo de tratamiento”. Posteriormente se precisa la información, en el Oficio 0080-2021-GRLL-GGR/GREMH, dirigido al Viceministro de Minas, Jorge Montero Cornejo, de fecha 14 enero 2021, donde se afirma: “es oportuno informar que el Gobierno Regional de La Libertad informó sobre los graves problemas generados por la minería ilegal en los alrededores del pueblo de Quiruvilca, que tiene como comienzo a finales del año 2017, a consecuencia del abandono de las operaciones de explotación del Proyecto “Mina Quiruvilca”, el cual estuvo a cargo de la Compañía Minera Quiruvilca S.A.”.Es decir, de la subsidiaria de SPM. Mal antecedente. Sobre esto ninguna explicación pública aún.

La razón ingenieril: la probabilidad de un peligro sísmico generando fallas de la presa de relaves

Los altos ejecutivos de la empresa Ariana Operaciones Mineras[1], expresan que Ariana es un ejemplo de minería moderna que ha cumplido con todas las exigencias normativas y administrativas, de tal modo que cuenta con el EIA detalladoaprobado en mayo 2016, la autorización de construcción en el 2018 y la aprobación de modificaciones del EIA correspondientes a dos Informes Técnicos Sustentatorios-ITS aprobados en enero 2019 y marzo 2020. También han reiterado que desde el punto de vista hidrológico el proyecto minero no afectará al sistema de trasvase Marcapococha, pues “los estudios concluyen que la mina no tiene influencia sobre las aguas subterráneas, ni sobre las lagunas superficiales, ni sobre el túnel transandino”. Sin embargo, no resulta convincente la conclusión de la inexistencia del riesgo sísmico que conlleve fallas estructurales de la presa de relaves y al fenómeno de licuefacción/licuación, produciendo una cadena de amenazas que podrían afectar/interrumpir a algunos componentes del sistema de trasvase Marcapomacocha. Recordemos que mediante el túnel trasandino Cuevas-Milloc del sistema Marcapomacocha se trasvasa el agua de la cuenca alta del río Mantaro, y que en la zona del proyecto donde se ubican sus componentes mineros se encuentra parte dela infraestructura hidráulica del sistema Marcapomacocha: la represa Pucrococha, el canal Tucto y el túnel transandino Cuevas-Milloc. El agua del Alto Mantaro es así trasvasada hacia el río Santa Eulalia de la cuenca del río Rímac.

El argumento central negacionista del riesgo desencadenado con un sismo extremo probable, es que los estudios realizados han contemplado todos los controles de ingeniería necesarios que permiten descartar cualquier posibilidad de afectación al sistema de trasvase por parte del proyecto Ariana. Aquí copiamos el mapa de la infraestructura hidráulica en el entorno del proyecto Ariana publicado (https://mundominero.com.pe/el-proyecto-ariana-y-el-compromiso-con-el-medio-ambiente/). Como podemos observar el canal Tucto está en una ubicación topográficamente vulnerable (por exposición y resistencia constructiva) a una peligrosa inundación de masa de relaves con aceleración creciente.

Esta simple e insuficiente conclusión, sin embargo, es un elemento considerado en el Informe titulado “Análisis de Riesgo de la Presa de Relaves en la Mina de Cobre y Zinc Propuesta Ariana, Provincia de Yauli, Departamento de Junín, Perú” de autoría del especialista Steven H. Emerman, Ph.D; que próximamente será presentada y publicada. Del que destacaremos sólo una parte de su argumentación a continuación.

La presa de relaves de la mina Ariana estaría ubicada en la microcuenca Iscumachay. La forma de la microcuenca aclara que un derrame de relaves fluirá hacia el norte en el río Carispaccha. La presa de relaves se podría convertir en un peligro de alto riesgo si se produce una falla en sus cimientos que la desestabilice y fisure/fracture de tal modo que se produzca desborde/derrame de los relaves contenidos, sea durante la operación minera o después del cierre de la misma. El autor señala que desde 1952, se tienen registrados 18 fallas de presas de relaves en el Perú y el diseño de la presa tendría que dar seguridades de resistencia de la presa ante fenómenos no controlables que podrían desestabilizarla; el problema es que no las da.

En este caso, el autor revisa y cuestiona los supuestos de una supuesta resistencia de la presa de relaves a fenómenos sísmicos y sostiene que existe alta probabilidad de colapso de la presa. Por una parte, se habría minimizado la ocurrencia e intensidad del fenómeno sísmico, al haber delimitado que el período de retorno de un probable sismo en la zona de ubicación de la presa, sería de 475 años basados en la información de la sismicidad regional, sin haber incorporado información de las fallas geológicas locales (fracturas de la corteza terrestre) y fallas en las cercanías de la presa. Por otra parte, las mediciones de campo realizadas en el lecho de lago, donde se construye y operará la relavera, no serían aplicables a suelos de arcilla blanda cuestiona el autor, concluyendo que la resistencia del cimiento de la presa resulta desconocida. No menos importante es su afirmación de que la probabilidad de la falla de la presa de relaves aumentaría si se hubiera incorporado rigurosamente la posible licuefacción/licuación de los suelos del cimiento de la presa donde se colocarían los relaves en contexto sísmico.

Al contrario, en los cálculos del análisis de estabilidad sísmica para el diseño de la presa, se habría supuesto – sin ninguna comprobación del mismo a pesar de su importancia – que el nivel de la napa freática está (siempre) debajo de la presa, el drenaje natural funciona perfectamente, y que no habría probabilidad de que coincidan el fenómeno sísmico con una alta precipitación en la zona. Lo que distaría de la realidad, dada la siguiente afirmación que cito al autor: “aunque los consultores afirmaron que podría producirse licuefacción de la plaza de relaves si tuviera menos de 400 metros de ancho”. Pero tampoco existe un plan para mantener ese ancho de la plaza. Además, el autor detalla, es probable la licuación de existir nivel freático alto y/o precipitación pluvial excesiva (lo que suele suceder en zonas andinas en la estación de diciembre-marzo y podría ser mayor por la extrema variabilidad asociada al cambio climático). Encuentra además que la tecnología de relaves filtrados que elimina agua no ha sido incluida en la Plan de mitigación.

Escenarios de riesgo a consecuencia de la inundación de relaves por falla/colapso de la relavera

La pregunta central aquí es ¿qué territorios están expuestos y son vulnerables de afectación/daño a consecuencia de la inundación de relaves por falla/colapso de la presa de relaves (durante y después de la operación-desarrollo del proyecto minero Ariana)? Consideramos, a partir de los aportes del Informe citado, dos escenarios:

Escenarios en la subcuenca del río Mantaro cuyos impactos se extenderían al río Mantaro e instalaciones adyacentes, ande del departamento de Junín. El autor simula las consecuencias del colapso de la presa con relaves, identificando un primer escenario de territorialidad de los impactos en un afluente del río Mantaro y las zonas como centros poblados cercanos aguas abajo (escenario probable). Inundación que con la fuerza del caudal del río y la pendiente podría llegar hasta el mismo río Mantaro y las instalaciones adyacentes (Peor escenario).
Escenario cuyos impactos comprometerían fallas en el abastecimiento de agua para Lima Metropolitana.

Otro posible escenario de la territorialidad de cadena de impactos a partir del desborde y desplazamiento de masas de relaves a consecuencia del colapso de la presa sería la obstrucción y/o destrucción/fractura de la infraestructura que asegura el traslado de agua dulce de la cuenca de Junín al Tunel Trasandino, tales como la bocatoma de aguas y los canales que transportan el agua, entre ellos el más vulnerable el canal Tucto. Si eso sucede, la consecuencia sería el colapso temporal y/o contaminación de las aguas cuyo destino es abastecer a Lima Metropolitana, extendiéndose así la territorialidad de los impactos finales hasta la ciudad al menos temporalmente.

Esta mayor vulnerabilidad del canal Tucto, en contexto sísmico, es reconocido por la titular minera, cuando sustenta la consistencia de su diseño para mitigar el riesgo: “La ingeniería del depósito de relaves contempla un dique principal antisísmico físicamente estable debido a su amplia base de 200 metros, una altura de 28 metros y la operación con un borde libre de 4 metros, el que se irá recreciendo por etapas con el método aguas abajo. Teniendo en cuenta la presencia del canal Tucto, se ha previsto la implementación de 03 diques de contención antisísmicos adicionales” (Mario Guerra, gerente de operaciones mineras; 2020 en mundominero.com.pe). Pero, resulta insuficiente para absolver con suficiencia las observaciones del doctor Steven Emerman, que le dan la razón a la ciudadanía de Lima y Callao que considera justa y razonable la preocupación y demanda presentada por instituciones y personalidades de la sociedad de Lima y Junín, así como los reiterados cuestionamientos y preocupación de SEDAPAL y ENEL, entidades comprometidas con asegurar el abastecimiento de agua potable de Lima Metropolitana y el Callao.

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[1] La información de los representantes deC la empresa sobre el proyecto se toma de las entrevistas publicadas (visitadas el 09 febrero 2021): i- el 18 diciembre 2020 en https://energiminas.com/entrevista-southern-peaks-estima-que-proyecto-ariana-iniciara-operaciones-a-principios-de-2024/; ii-el 4 de diciembre 2020 en https://energiminas.com/ceo-de-southern-peaks-ariana-no-tiene-influencia-sobre-aguas-subterraneas-ni-sobre-el-tunel-transandino/; y, iii- el último trimestre 2020 en https://mundominero.com.pe/el-proyecto-ariana-y-el-compromiso-con-el-medio-ambiente/

12/02/2021
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Bnamericas 05/02/2021
Minería a cielo abierto Impuestos y Subsidios Legislación y regulación Empresas Mineras Procesamiento, fundición y refinación de metales
Congreso de Perú recibe proyecto para fomentar industrialización del litio y uranio

La congresista Jessica Apaza, de Unión por el Perú, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para declarar de necesidad pública la promoción y fomento de la industrialización del litio y el uranio.

El proyecto declara que son estratégicas las actividades de prospección, exploración y explotación, beneficio, refinación, procesamiento, comercialización e industrialización de los dos minerales en todo el territorio peruano.

Entre otras cosas, el proyecto establece que las empresas que exploten litio y uranio deberán pagar al Estado una regalía de 10%, que se calculará sobre la utilidad operativa trimestral.

Apaza sostiene en la propuesta que Perú necesita inversiones para realizar trabajos de prospección y exploración de los dos minerales, para lo cual el Estado debe fomentar políticas sostenibles.

Entre los incentivos que contempla el proyecto legislativo está la devolución del impuesto general a las ventas y de promoción municipal durante la fase de construcción de las plantas para refinar e industrializar el litio.

La propuesta también apunta a garantizar la estabilidad legal, tributaria y cambiaria para las inversiones que superen los US$50 millones y que estén orientadas a la prospección, exploración, refinación y construcción de industrias relativas al litio.

Según el regulador de inversión en energía y minería Osinergmin, Perú alberga potenciales recursos de litio en la zona altoandina.

En 2017, la canadiense Plateau Energy Metals descubrió el depósito de litio Falchani, en la suroriental Región Puno.

De acuerdo con un estudio de Osinergmin, Falchani sería uno de los depósitos más grandes del mundo de ese mineral.

Plateau informó en noviembre pasado que recaudó casi US$600mn de fondos europeos para desarrollar Falchani y producir desde el año 2023.

https://www.bnamericas.com/es/noticias/congreso-de-peru-recibe-proyecto-para-fomentar-industrializacion-del-litio-y-uranio

Alerta informativa Observatorio de Conflictos Mineros en el Peru
03/02/2021
Foto: La República
La declaración de la cuarentena y la medida adoptada por el Ministerio de energía y minas irrumpieron en un momento crítico en las decisiones de la Mesa de Diálogo de las organizaciones y autoridades de la provincia cusqueña de Chumbivilcas con la representación de la empresa Hudbay, titular de la mina Constancia.

En consecuencia, el desacuerdo sobre el Convenio Marco continúa; por tanto, el conflicto sigue latente. Además, la reanudación de la Mesa de Diálogo sólo podrá ser mediante reuniones virtuales durante el mes de febrero; en un contexto donde la tasa de contagio COVID-19 está siendo más alta respecto a la tendencia en el 2020.

Por una parte, ya no es posible que se cumpla con el acuerdo de la reprogramación de las reuniones presenciales a inicios de febrero. Como se conoce, los días 26 y 27 de enero 2021 se desarrollaron reuniones presenciales de la Mesa de Diálogo, después de que se frustrara la sesión del 15 de enero por ausenciade la representación de la titular minera. Al final del segundo día, se suspendió la Mesa de Diálogo, decidiéndose que la siguiente reunión presencial se programaría el 1 de febrero, una vez que se confirmara la participación del Gerente General de Hudbay, a fin de asegurar que los compromisos a los que se arribe se traduzcan en acuerdos exigibles, pues quien había participado no tenía ese poder de decisión. Esa decisión no ha podido cumplirse debido a que el 29 de enero, el Ministerio de energía y minas dispuso “la suspensión de todas las reuniones presenciales programadas en los espacios de diálogo durante el mes de febrero y mientras dure el confinamiento” (comunicado del 29-01-21); además la empresa Hudbay también había solicitado reprogramación de la reunión a la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas dado el incremento de casos COVID-19 en la provincia.

Por otra parte, en el mes de enero, en la provincia de Chumbivilcas se han confirmado 381 casos nuevos con Covid-19 de un total de 1,226 personas a quienes se les aplicó las pruebas, lo que resulta en una alta tasa de positividad del 31%, de acuerdo a la data de DIRESA-Cusco. En este contexto es razonable pensar que no se reanudarían las reuniones presenciales. Pero, sí es posible reprogramar reuniones virtuales de la Mesa de Diálogo, con las garantías de las condiciones y facilidades requeridas que el Ministerio de energía y minas ha ofrecido mediante el comunicado mencionado.

Sobre la agenda de la Mesa de Diálogo provincial, es necesario recordar que hace más de 4 años, las organizaciones campesinas y las autoridades provinciales de Chumbivilcas han venido planteando a la empresa minera Hudbay, titular de la mina Constancia, la suscripción de un Convenio Marco. Este es el primer punto de la Plataforma de lucha suscrita por el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas- FUDICH, frentes de defensa distritales, rondas y comunidades campesinas; Plataforma que contiene tres demandas específicas:

i. Firma de Convenio Marco Provincial entre Provincia de Chumbivilcas y Hudbay titular de la mina, en cumplimiento de su responsabilidad socio-ambiental.

ii. Nulidad de la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Constancia, por afectación de derechos colectivos reconocidos por el Convenio 169-OIT y vulneración de normas, procedimientos y forzar su aprobación en plena pandemia.

iii. Inmediata fiscalización ambiental participativa con OEFA, gobierno local y comunidades en las cabeceras de cuenca y zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero.

Es importante destacar que la firma del Convenio Marco no es sólo de interés de las organizaciones campesinas y sociales de Chumbivilcas, sino también de las altas autoridades municipales provinciales y del gobierno regional de Cusco, por lo que en la reunión dela Mesa del 26 y 27 de enero, estas entidades también participaron.

En la citada reunión las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre los tipos y montos de beneficios a incorporar en el Convenio Marco. Las organizaciones campesinas pusieron en la mesa su solicitud para que el 7% de las utilidades anuales se destinen a proyectos de desarrollo de los distritos y la provincia de Chumbivilcas a fin de que los beneficios del progreso minero lleguen a los territorios de influencia directa e indirecta. El titular de la minera hizo una contraoferta para destinar 4 millones hacia ese fin (menos del 1% solicitado), así como un fondo por valor de 42 millones destinado al financiamiento de obras bajo la modalidad de obras por impuestos y 1 millón de soles para acciones de prevención y lucha contra el COVID-19.La propuesta minera no convenció a las organizaciones sociales, por lo que suspendieron la reunión y exigieron la presencia del Gerente General de Hudbay para llegar a acuerdos firmes.