César Flores y Abel Gilvonio
Imagen: El búho
10/03/2021
Hace 10 años que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó sus “Principios Rectores en materia de Empresas y Derechos Humanos” y esto abrió la discusión en numerosos países sobre la necesidad de contar con Planes Nacionales sobre Empresas y Derechos Humanos. De hecho, actualmente Perú está debatiendo su propio plan bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), la sociedad civil y los gremios empresariales.

Uno de los elementos trascendentales sobre estos planes de empresas y derechos humanos es si deben tener un carácter voluntario o uno obligatorio, en cuyo caso será necesaria una ley. Veamos el recorrido por el que ha pasado Alemania, para darnos una idea del camino que podría seguir el Perú a partir de las lecciones extraídas.

En diciembre del 2016 el gobierno alemán publicó su Plan Nacional sobre Economía y Derechos Humanos (2016-2020), con el cual buscaba aplicar los principios rectores de Nacionales Unidas. El núcleo de este plan es la aplicación del principio de debida diligencia que es “el proceso permanente mediante el cual una empresa detecta y resuelve las consecuencias que pueda tener para los derechos humanos en el contexto de todas sus operaciones y productos y en toda su red de proveedores y socios comerciales”. En el caso de Alemania, su principal preocupación está ubicada alrededor de la responsabilidad de sus empresas a lo largo de su cadena de suministro, especialmente, en sus proveedores de insumos desde otros países. Han sido frecuentes las preocupaciones por el trabajo infantil en maquilas de ropa, vulneraciones al medio ambiente de empresas mineras que proveen insumos a la industria automotriz, malas condiciones laborales y trabas a la sindicalización de proveedores de productos agrícolas, entre otros.

El Plan Nacional sobre Economía y Derechos Humanos de Alemania se diseñó para que sea aplicado de manera voluntaria, sin embargo, las empresas alemanas se someterían a un proceso de monitoreo en el que se examinaría en qué medida las empresas con más de 500 empleados cumplían con sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos. El resultado del proceso de monitoreo que fue publicado en octubre de 2020 fue determinante para pasar a un esquema obligatorio (ley) y dejar el carácter voluntario. Se observó que sólo el 13%al 17 % de las empresas cumplían con los requisitos del Plan de Economía y Derechos Humanos, y el 83% al 87 % no cumplían estos requisitos. Este pobre resultado quedó lejos de la meta que se había fijado el gobierno alemán de contar con al menos un 50% de empresas cumplidoras.

Este cumplimiento muy bajo originó que recientemente, en febrero 2021, el gobierno alemán anuncie la “Ley de Debida Diligencia” ya que las medidas voluntarias no lograban su objetivo. Esta ley entrará en vigor en 2023 y en una primera fase se aplicará a empresas con más de 3.000 empleados, mientras que en una segunda fase a partir de 2024 a empresas con más de 1.000 personas. Un aspecto clave es que las obligaciones sobre debida diligencia en derechos humanos no sólo se revisarán para las operaciones de las empresas dentro de Alemania, sino también en los países en donde empiezan las cadenas de suministro. Para ello una instancia gubernamental realizará el monitoreo correspondiente y el incumplimiento puede originar multas, así como la exclusión de contratos públicos. Si bien no se prevé responsabilidad civil para las empresas, sirve como antecedente para los procesos judiciales en casos de violación en derechos humanos.

¿Cómo repercute esto en el Perú? Por un lado, da varias luces de por dónde puede ir el diseño de nuestro Plan sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA). Este viene siendo discutido en este momento y la postura de las centrales sindicales, las organizaciones de pueblos indígenas e instituciones de la sociedad civil es que una de las acciones estratégicas del segundo pilar del PNA relativo a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos -con sus respectivas metas e indicadores-debería tener como mandato en el mediano plazo aprobar una ley que genere obligaciones laborales y ambientales en toda la cadena de valor de las empresas trasnacionales que desarrollan actividades en el país.

Por otro lado, cada vez va a ser más evidente la necesidad de mejorar los estándares ambientales, sociales, laborales en los que operan las empresas peruanas si queremos mantener los mercados destinos de nuestras mercaderías en el extranjero, ya que la responsabilidad en derechos humanos repercute en toda la cadena de suministro. En el caso de Alemania, nuestros principales productos de exportación son el cobre en minerales y café en productos agrícolas. El indicador mensual de la Defensoría del Pueblo que registra 196 conflictos sociales en Perú (enero 2021), de los cuales el son 65% socio-ambientales y 45% relacionados a la minería, nos pone en alerta y exige cambios drásticos.

Desde el campo de las empresas, la pérdida o ganancia en competitividad internacional introducirá cada vez con mayor claridad el enfoque de derechos humanos. Ese es el escenario mundial que se viene en adelante, ya que una ley sobre debida diligencia como la alemana se irá reproduciendo en más países donde llegan nuestras exportaciones y en nuestra propia región.

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11/03/2021
Minera Antapaccay / Foto: Glencore
La compañía Minera Antapaccay pidió a las comunidades y autoridades del gobierno central a que se retome el diálogo para alcanzar consensos en pro del bien común de la provincia de Espinar, región Cusco.

Esto debido a la falta de consenso entre representantes de 11 comunidades de Espinar y representantes del Gobierno por la fecha de inicio de las visitas de campo, cuyo propósito era hacer monitoreos e identificar supuestos impactos ambientales, se interrumpió el dialogo y como consecuencia las comunidades han iniciado medidas de protesta.
Inminente paralización

Mediante un comunicado la minera precisó que “desde ayer, 08 de marzo, los principales accesos a nuestras instalaciones fueron bloqueadas afectando el normal desarrollo de las actividades de producción. Hemos sufrido, además, actos violentos y de sabotaje sobre un componente principal y ataques con piedras al personal que se acercó a la zona a revisarlo. Igualmente estamos siendo objeto de actos de coacción en la medida que nuestros trabajadores están siendo impedidos de movilizarse de forma regular y los manifestantes impiden que se les traslade alimentos, agua e insumos básicos al encontrarse ellos en un área operativa fuera del campamento”.

Subrayó que esta situación hace insostenible la continuidad de las operaciones, avizorándose una inminente paralización de sus actividades, lo que implica la suspensión de las operaciones, la suspensión de los contratos con nuestros proveedores locales y comunales y la suspensión de los proyectos sociales que venimos ejecutando.

“Cabe mencionar que nuestras actividades implican el desplazamiento de personal e insumos que en las condiciones actuales no podrán realizarse si las medidas de fuerza continúan”, manifestó.

Fuente: Gestión

Perú: Operaciones de Minera Antapaccay podrían paralizarse ante protestas

José Víctor Salcedo
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10/03/2021
El Corredor Minero se ha convertido desde hace algunos años en el epicentro de las protestas contra la minería. Foto: difusión
De cal y arena. Chumbivilcas firmó convenio con Hudbay y Espinar retomó protestas por incumplimientos en la implementación del plan de reparaciones a afectados por minería.

Mientras que la provincia de Chumbivilcas logró cerrar la firma del Convenio Marco con la minera Hudbay, un grupo de comunidades de la provincia de Espinar decidió retomar acciones de protesta porque el diálogo no dio resultados.

Por un lado, Hudbay y Chumbivilcas suscribieron el lunes el convenio que implica un aporte voluntario de S/ 11 millones, más el financiamiento de obras por impuestos por S/ 42 millones. Con eso – por lo menos este año- se cierra el conflicto que había ocasionado la suspensión de las actividades de Hudbay en los últimos días de febrero pasado.

En detalle, el Convenio Marco considera los siguientes aportes: S/ 4.5 millones destinados a financiar proyectos y actividades en beneficio de la provincia, S/ 1.5 millones para la compra de equipos e implementos para fortalecer la lucha contra el coronavirus, y S/ 5 millones para la elaboración de perfiles y/o expedientes técnicos de proyectos para el cierre de brechas sociales en todos los distritos de Chumbivilcas.

Adicionalmente, la minera destinará un fondo revolvente de S/ 42 millones para ejecutar proyectos bajo la modalidad Obras por Impuestos, sin afectar el presupuesto de la provincia. “El compromiso de la empresa es el de destinar S/ 53 millones para el desarrollo y ejecución de proyectos prioritarios que mejoren la calidad de vida y las oportunidades de las familias chumbivilcanas”, dijo Jaime Gálvez, ministro de Energía y Minas.
Caso Espinar

La otra cara de la moneda es el reinicio de las protestas en Espinar. Las comunidades de la zona de influencia del proyecto Integración Coroccohuayco, expansión de la mina Antapaccay de Glencore, cuestionan la demora excesiva de la Comisión Multisectorial para implementar el plan de reparaciones por las afectaciones de la actividad minera. Por eso, el lunes procedieron a bloquear el Corredor Minero del Sur a la altura de la comunidad campesina Tintaya Marquiri. Decenas de vehículos quedaron varados.

La Comisión Multisectorial informó que ya se presentaron los resultados de la información analizada sobre los componentes agua, suelo, y aire, así como de la vigilancia sanitaria del periodo de 2012-2020. “Cabe señalar que la información presentada fue previamente distribuida a los interesados el 22 de febrero del presente”, informó en un comunicado.

Agregó que en aquella reunión se anunció la realización de trabajo de campo, previa planificación y preparación con los representantes de las comunidades para complementar el análisis sobre los impactos, riesgos y eventuales daños.

Se había propuesto iniciar la visita de campo a partir del 22 de marzo. El plazo propuesto era porque las entidades involucradas debían realizar coordinaciones técnicas para garantizar la obtención de información en un proceso planificado, integral y participativo.
Segundo en conflictos

Según el reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo, a fines de enero, la región imperial tenía 22 conflictos sociales: 15 activos y siete latentes. Ocupaba el segundo lugar en el ranking después de Loreto. El 64.8% corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera. La mayoría está en el Corredor Minero, que atraviesa las provincias de Espinar y Chumbivilcas.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/10/cusco-gobierno-desactiva-un-conflicto-pero-se-activa-otro-en-el-corredor-minero-lrsd/

La candidata de Juntos por el Perú se refirió a la minera como «corrupta y contaminadora» y propuso un gabinete agrario que discutirá una segunda reforma agraria.
05/03/2021
Pobladores del Valle de Tambo mantienen su posición en contra del proyecto minero Tía María. (Foto: JAVIER ZAPATA)

La población agrícola es foco principal de las propuestas de Verónika Mendoza. En su visita al Valle del Tambo, en la provincia de Islay en Arequipa, la candidata declaró firmemente que el proyecto minero Tía María no va. La decisión podría significar conflicto son Southern Perú, que ya tiene licencia para avanzar el proyecto.

El proyecto Tia Maria es rechazado por la población del Valle de Tambo con sustento técnico. A pesar de eso 3 gobiernos han insistido en imponerlo a sangre y fuego. Ya hay 8 muertos. Cuántos más van a morir para que el gobierno entienda que ese proyecto es inviable? #VoyConVero. pic.twitter.com/72AAWUwaCN

— Nueva Constitución Perú (@nuevaconsti) March 6, 2021

En ese sentido, Mendoza refirió a la minera como corrupta y contaminadora, y propuso un gabinete agrario que discutiría una segunda reforma agraria. Además, prometió que serían los productores locales los que abastecerían a los programas del Estado como Vaso de Leche y Qali Warma. Trabajara el programa nacional de riego, el crédito barato y el programa de compras públicas.

“Debemos garantizar que los programas sociales se abastezcan de nuestra producción nacional. Es inaudito comprar conservas chinas o fideos de Brasil, en vez de comprar a nuestros productores nacionales”, afirmó.
https://caretas.pe/politica/veronika-mendoza-afirma-que-cancelara-el-proyecto-minero-tia-maria/

04/02/2021
Imagen: El montonero
La empresa Sedapal, encargada de abastecer de agua potable a más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao, se presentó hoy ante el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima pidiendo se le considere como tercero coadyuvante en la demanda que interpusieron representantes de la sociedad civil pidiendo suspender el proyecto minero Ariana ante la amenaza de suministro de agua para la ciudad capital.

A pesar que Sedapal es la encargada de la administración de los recursos hídricos para Lima, en la audiencia otras entidades del Estado, como el Ministerio de Energía y Minas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) o incluso la Presidencia del Consejo de Ministros, se opusieron al ingreso de Sedapal como tercero coadyuvante. Coincidentemente, la posición de las entidades estatales coincide con la de los abogados de la minera Ariana.

“Sedapal dejó transcurrir el tiempo. Ahora considero se declare improcedente el pedido de Sedapal”, comentó el abogado Victor Oliveros Quiñones, representante de la PCM en la audiencia. Similares opiniones tuvieron sus colegas María Mercado por parte de la ANA y Carlos Romero García (OEFA).

ARGUMENTOS ERRÓNEOS

Para Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL, los argumentos esgrimidos por el abogado de la minera para dejar fuera de la demanda a Sedapal “no solo carecen de sustento jurídico, sino que escapa totalmente de la realidad”.

El abogado de la minera Claudio Cajina argumentó que Sedapal no debe ser considerada como tercero coadyuvante debido a que fue notificado sobre el caso Ariana el 16 de diciembre de 2019, mediante resolución 25, emitida por el Juzgado. No obstante, según Cajina, la empresa estatal no respondió.

Al respecto, el abogado de IDL, precisó que dicha resolución solo integraba en el proceso judicial como codemandados a la OEFA, ANA, PCM y al Congreso de la República, pero no a Sedapal. Entonces solo las tres instituciones antes señalada debían contestar la demanda en el plazo establecido por la ley, “mas no Sedapal como pretende confundir el abogado de los demandados”.

“A Sedapal se le pone en conocimiento, conforme lo señal la propia resolución 25. Lo cual significa señora magistrada que Sedapal no tenía ninguna obligación de contestar la demanda debido a que nunca fue emplazada como tal (ni por los demandantes ni por su juzgado). Por el contrario, si podía solicitar su incorporación en cualquier momento del proceso, no solo como tercero coadyuvante, sino incluso como litisconsorte necesario activo”, subrayó

SEDEPAL DEFIENDE PARTICIPACIÓN EN DEMANDA

La canadiense Southern Peaks Minnig, responsable del proyecto minero tiene previsto construir un depósito de relaves tóxicos en una zona sísmica y a 500 metros de la entrada principal del Túnel trasandino Cuevas Milloc, que capta el agua de la cuenca del río Mantaro hacia el río Rímac para abastecer a Lima y Callao.

Durante la audiencia, Renzo Natheri, abogado de Sedapal resaltó que el privado pretende desarrollarse en el corazón del sistema hidráulico Marcapomacocha que comprende el represamiento de seis lagunas, canales colectores y conductores, así como el túnel trasandino Cuevas Milloc.

La defensa legal de la estatal resaltó que el túnel transandino es el único medio de trasvase del agua almacenada en el sistema de lagunas de la cuenca del Atlántico hacia la cuenca del Pacífico y representa el 62% del volumen total de la reserva de agua de Sedapal para su uso durante los meses de estiaje (de mayo a noviembre).

En opinión de Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL, existen indicios razonables de posibles impactos en toda la infraestructura hídrica que ha sido construida en la zona donde Ariana pretende desarrollar su proyecto minero. Por eso, justificó el ingreso de Sedapal en la demanda

Según Ruiz, el proyecto minero representa una inminente violación al derecho fundamental al agua potable (artículo 7.A de la Constitución), de violación al derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente equilibrado (artículo 2.22 de la Constitución), y; de violación al derecho fundamental a la salud (artículo 7 de la Constitución).

La jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño escuchó a las partes litigantes y anunció que en la próxima audiencia se pronunciará sí acepta o no el pedido de Sedapal.

RIESGO DE COLAPSO DE PRESA DE RELAVES

Además, en un reciente estudio el doctor en geofísica Steven Emerman – presidente del subcomité de conocimientos, comité de presas de EEUU- ha sido enfático en recomendar que el proyecto minero Ariana debe ser rechazado “sin mayor consideración”, ya que si la presa de Ariana colapsa, los relaves fluirían inmediatamente hacia la bocatoma de agua del Túnel Trasandino, a los canales colectores, al Río Carispaccha y siguiendo su curso podrían afectar incluso los pueblos de Corpacancha, Santa Ana, Sincamachay y la planta hidroeléctrica Malpaso.

En la presentación pública del informe, Emerman sostuvo además, que no conoce un caso de explotación minera parecida en el mundo, que implique la construcción de una presa de relaves en una zona de suministro de agua para una ciudad capital de un país.

Entre otros riesgos posibles, subraya las fallas de las presas de relaves en Perú (18 fallas conocidas), manifestando que no puede descartarse una eventualidad de este tipo, sea por sismos, malas construcciones u otras causas.

Puede ver el encarte especial que la campaña Día Cero Perú sacó sobre este caso aquí:http://bit.ly/LimaSinAgua

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Alerta informativa
Los conflictos en el Corredor Minero del Sur siguen vigentes. Foto: Redes Sociales

El último sábado, una manifestación de comuneros del distrito de Livitaca, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas terminó en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional. Durante la protesta, los manifestantes se acercaron al campamento minero de la empresa minera Hudbay lo que desencadenó una dura represión policial.

La protesta contra Hudbay convocó a unos 350 comuneros, quienes se concentraron en el sector de Chilloroya. La población se movilizó hasta el campamento minero para exigir la reformulación de Convenio Marco entre el distrito de Livitaca y la compañía. Este requerimiento se viene negociando desde noviembre del año pasado, sin embargo, hasta hora las partes no llegan a un acuerdo, y el contexto de la pandemia y crisis sanitaria no agiliza el diálogo.

De acuerdo a información preliminar de la Policía Nacional, los manifestantes intentaron ingresar al tajo minero por la fuerza, lo que desencadenó represión policial. Los hechos dejaron como consecuencia tres heridos, situación que fue denunciada inmediatamente a través de las redes sociales y medios locales.

Al respecto, se conoció que Nilton Díaz Martínez, jefe de Relaciones Gubernamentales de Hudbay, conversó con los manifestantes para explicarles que la compañía tiene programado el reinicio del diálogo con representantes del Ejecutivo para el próximo jueves 04 de marzo, de manera semipresencial.

Además, la empresa minera y el Ministerio de Energía y Minas han publicado comunicados en el que aseguran harán prevalecer el proceso de diálogo para evitar que el conflicto social se agudice.

Denuncian uso desmedido de la fuerza

Por su parte, como lo señalan diferentes medios de comunicación, las y los comuneros denunciaron el abuso de parte de la Policía Nacional al ser atacados con bombas lacrimógenas, perdigones y haber sido maltratados con golpes, incluso a mujeres, personas de tercera edad y niños, quienes resultaron con impacto de perdigones. Asimismo, los agentes policiales propinaron golpes en diferentes partes del cuerpo, tras la marcha pacífica que realizaban cerca a las instalaciones de la minera.

Además, los comuneros denunciaron que los efectivos policiales sustrajeron a la fuerza objetos como celulares y billeteras de los pobladores, por lo que exigieron la devolución de dichos bienes.

Los comuneros difundieron fotos de la represión policial que sufrieron. Foto: Redes Sociales.

Cirilo Meléndez Arias, Alcalde del Centro Poblado de Totora, uno de los heridos del enfrentamiento, declaró en una conferencia de prensa que realizaron en Cusco el 01 de febrero que han ‘sido atacados con bombas lacrimógenas en la cara, con perdigones en el cuerpo, y que raro, que cuando estábamos adentro, los funcionarios no han tenido capacidad para dialogar. La Fiscalía llegó inmediatamente, pero cuando el pueblo lo demanda ni la policía ni la fiscalía se aparecen. Yo soy una persona discapacitada, y aun así me han agredido, por eso los voy a denunciar’, declaró Meléndez a la prensa.
www.conflictosmineros.org.pe

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28/02/2021
La Republica
Se registró enfrentamiento entre comuneros y Policía.
Protesta. Comuneros intentaron tomar campamento minero de Hudbay. De acuerdo a lo informado, se reportaron siete heridos y la Policía tuvo que hacer empleo de gases lacrimógenos.
Cusco. Una manifestación que se suponía pacífica terminó en un violento enfrentamiento entre comuneros del distrito de Livitaca en la provincia de Chumbivilcas y la Policía. Los protestantes intentaron tomar el campamento minero de la empresa Hudbay.

Aproximadamente 350 pobladores se concentraron en el sector de Chilloroya para iniciar su movilización en demanda de la reformulación del Convenio Marco entre el distrito de Livitaca y la Hudbay, un hecho que se negocia desde noviembre del año pasado.

Sin embargo, a promediar las 14.00 horas de ayer, los manifestantes intentaron ingresar al tajo minero suscitándose una violenta gresca con la Policía. De acuerdo a lo informado, se reportaron siete heridos y la Policía tuvo que hacer empleo de gases lacrimógenos para controlar la manifestación.
Nueva convocatoria

Nilton Díaz Martínez, jefe de Relaciones Gubernamentales de la minera, pudo conversar con los protestantes y explicar que se tiene programado el reinicio del diálogo con integrantes del Ejecutivo para el próximo jueves, de manera semipresencial.

En respuesta, pobladores rechazaron dicha convocatoria y exigen que se presenten inmediatamente representantes de Hudbay y del Gobierno central.

Al caer la tarde la calma llegó, no obstante, no se descartan más protestas.

El Ejecutivo suspendió las reuniones presenciales para tratar conflictos haciéndose por la vía virtual, sin embargo, la población insiste que se hagan de manera física. Livitaca exige a la minera la asignación económica de 250 millones de soles por año. El conflicto en el corredor minero no se cierra. Ayer se anunció un acuerdo entre Hudbay y la provincia de Chumbivilcas que recibirá aporte de S/ 11 millones.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/28/cusco-se-reaviva-conflicto-minero-con-livitaca-lrsd/