Luis Gárate
13/04/2021
Imagen: Valora analitik
El escenario político que ha traído la primera vuelta está siendo analizado desde varios ángulos, pero claramente ha dejado sorprendidos a la mayoría de líderes de opinión y analistas que miran al país desde Lima y los grandes medios de comunicación.

En esas lecturas se devela que hay otro país, otro Perú cuyas dinámicas parecen pasar desapercibidas para los debates y análisis que se hacen desde la capital de la República. La primera vuelta ha dado un escenario de polarización entre 2 alternativas: la representada por Keiko Fujimori de Fuerza Popular y la que representa Pedro Castillo de Perú Libre.

No se trata solo de dos personas, es la disputa entre los representantes de dos formas muy distintas de entender el país y modelos de desarrollo completamente diferentes.

Por un lado Keiko Fujimori se ha encargado de reafirmar en esta campaña que será la continuadora del modelo que instauró su padre. Ha señalado que va profundizar las líneas de ese modelo y una defensa irrestricta de la Constitución de 1993, que le da sustento. En ese sentido, Keiko abiertamente ha expresado su respaldo al empresariado minero, comprometiéndose a impulsar los proyectos que están trabados y nuevos proyectos.

Por su parte el candidato Pedro Castillo, ha señalado que propone una nueva constitución que sea producto de una asamblea popular constituyente, y que en esta se ponga al estado como actor central de la actividad económica, recuperando su rol en el manejo del gas y la minería. Propone consultar al pueblo antes de impulsar un proyecto minero.

Se trata de miradas muy distintas de cómo abordar la minería en el país y el papel del estado en la regulación de esta actividad. Pero a eso hay que agregar la complejidad de un congreso fragmentado y sin mayorías, así como los antecedentes y capacidad real que tendrán estos candidatos para desarrollar sus propuestas. La candidata Fujimori tiene serios cuestionamientos de corrupción, además de indicios que continuará con el legado autoritario y conservador de su padre. Por el lado de Castillo, su partido Perú Libre y él como dirigente magisterial, son acusados de tener vínculos con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Lo cierto es que Castillo y su movimiento tienen una mayor cercanía a movimientos sociales como los ronderos de la sierra norte, así como con otras organizaciones y comunidades de regiones como el sur andino y la Amazonía. No es casual que zonas donde se desarrolla una intensiva actividad minera, como Puno, Cusco, Arequipa, o Apurímac le hayan dado un voto mayoritario al candidato del lápiz. Si alguna coincidencia podemos encontrar entre ambos candidatos, es que ambas tienes posturas similares en temas como su oposición al enfoque de género, a derechos sexuales, así como en su crítica a la labor de los organismos de derechos humanos y las ONGs.

Sería aventurado hacer una predicción del desenlace de esta segunda vuelta. Lo que si podemos afirmar es que en el estado peruano existe lo que podríamos llamar una hegemonía del modelo neoliberal instaurado por el fujimorismo, y está claro que los sectores políticos alineados en la defensa del modelo y la constitución del 93 van a cerrar filas con la candidata de Fuerza Popular. Habrá que ver las alianzas o ajustes al programa que pueda realizar Pedro Castillo para ampliar su base de apoyo y disputarle el escenario a su contrincante.

Recordemos que buena parte del voto en apoyo a la candidatura de Castillo proviene precisamente de regiones donde se realiza la actividad minera de manera intensiva desde hace décadas, pero esto no se ha visto reflejado en el desarrollo y beneficio de las comunidades y población más necesitadas. Asimismo de regiones históricamente postergadas por el estado y que se han visto más golpeadas por los efectos económicos y sociales de la pandemia.

En cualquiera de los casos, desde la sociedad civil lo que seguiremos defendiendo e insistiendo, es en la importancia de la defensa de los derechos humanos, la democracia y las libertades. De la misma manera, en que se promueva el ordenamiento territorial para planificar la actividad minera, y se informe, coordine y consulte debidamente con las comunidades que se verían afectadas o son aledañas de los proyectos mineros.

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«No las empresas como Southern, lo digo claramente, que entró diciendo, ‘voy a tomar el agua del río Tambo’, y a los 10 años dice ‘no, ahora voy a traer agua del mar desalinizada’. Mintió pues»
29/03/2021 El Búho
Rafael López Aliaga llegó a Arequipa, para Elecciones 2021, y habló de Tía María.

El candidato a la Presidencia de la República en Elecciones 2021, Rafael López Aliaga, llegó a Arequipa como parte de sus actividades proselitistas. Uno de los temas donde expuso su posición, fue el del proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay.

«Una sola muerte no justifica ningún proyecto. Si no se pone de acuerdo Southern y el Valle de Tambo, Tía María no va», dijo.
Candidato a la Presidencia de la República, Rafael López Aliaga.

El candidato expuso alternativas, en el caso del sector minero, de no validar el megaproyecto cuprífero de Southern Perú. Indicó que se impulsaría la microminería, incluso adelantó que crearía un Cofopri minero, para impulsarlo desde el Estado.

«No las empresas como Southern, lo digo claramente, que entró diciendo, ‘voy a tomar el agua del río Tambo’, y a los 10 años dice ‘no, ahora voy a traer agua del mar desalinizada’. Mintió pues, y cuando uno miente, la confianza no se recupera, y esto origina muchas muertes»
Candidato a la Presidencia de la República, Rafael López Aliaga.

Rafael López Aliaga da alternativas para Tambo

El candidato de Renovación Popular en estas Elecciones 2021, expuso desde Arequipa su inclinación hacia otros proyectos que no sean mineros. De esta manera evitar el conflicto social en Islay, para impulsar la economía del Valle de Tambo.

«Yo prefiero que no, ver otro tema, ver turismo para Tambo, ver centrales de compra para Tambo, ver que tenga una limpieza tremenda de la agricultura, (y) pesca artesanal»
Candidato a la Presidencia de la República, Rafael López Aliaga.
https://elbuho.pe/2021/03/arequipa-rafael-lopez-aliaga-sobre-tia-maria-una-sola-muerte-no-justifica-ningun-proyecto/

Eduardo Gudynas
25/03/2021
Imagen: Fundación Heinrich Boll
Hace diez años atrás, en plena campaña electoral del año 2011, decenas de organizaciones ciudadanas reclamaron a los candidatos presidenciales un cambio sustancial frente a los extractivismos. Entendían que el nuevo gobierno debía iniciar una transición para salir de esa dependencia extractivista.

Aquello fue resultado de un trabajo que ofrece muchas lecciones para el actual proceso electoral. Constituyó una muy exitosa coordinación entre organizaciones ciudadanas que querían ser escuchadas, y a la vez, los análisis y propuestas mantienen vigencia en la coyuntura actual. Es más, en este 2021, por momentos se extraña que no se lograra reeditar una coordinación ciudadana similar o que no se aborden con más precisiones las problemáticas y alternativas a los extractivismos.

Es por lo tanto oportuno rescatar aquella experiencia, sus contenidos y los posibles aportes para el actual proceso electoral. Es, por lo tanto, un ejercicio en la historia reciente de la sociedad civil en su búsqueda de opciones de cambio.

Es posible una alternativa a los extractivismos

En 2010 estaba claro que la problemática de los extractivismos constituía una cuestión central para la sociedad civil, con múltiples implicancias, desde la social a la ambiental, desde la territorial a la económica. La conflictividad ante distintos enclaves o proyectos era muy intensa y basta recordar las situaciones que se vivían por ejemplo en Cajamarca o en las zonas mineras del sur del país. En ese contexto, desde la sociedad civil se lanzó un proceso que a lo largo de varios meses exploró posibles salidas alternativas a los extractivismos, desembocando en marzo de 2011 en eventos públicos y en dos documentos dirigidos a los políticos con reclamos de cambios sustanciales.

Por un lado, se preparó lo que se denominó como “Agenda para el nuevo gobierno y necesario escenarios de transición”, y por el otro, un texto con mayores precisiones, bajo el título “Alternativas al Extractivismo”. Se apuntaba específicamente a los políticos y partidos que estaban en ese momento en plena campaña electoral.

El primer documento, la “agenda para el nuevo gobierno”, comenzaba por señalar que Perú debía definir transiciones desde su condición extractivista hacia alternativas que no lo fueran. Reclamaba recuperar la capacidad para regular y controlar lo que sucede en los territorios, mejorar y fortalecer los instrumentos de gestión ambiental. Se daban unos pasos más, dejando en claro que se debía abandonar una economía que era profundamente extractivista, para avanzar a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales. Admitía un desarrollo acoplado al crecimiento económico pero a la vez exigía la participación ciudadana, la consulta previa, libre e informada, y una institucionalidad que específicamente protegiera a los pueblos indígenas (1).

En el otro documento, más extenso, titulado “Alternativas al Extractivismo”, se postulaba un “nuevo acuerdo de gobernabilidad social, ambiental y económica”, y repetía la insistencia en promover transiciones hacia otro desarrollo, abandonando la dependencia de los extractivismos (2). No es menor el título empleado ya que por esos años era una cuestión casi prohibida o imposible de pensarse. Se habían consolidado ideas y sensibilidades que concebían que el país necesariamente debía ser extractivista y que no había otra opción.

Ese dogmatismo fue quebrado por esa campaña, ya que desde un inicio se plantó como una búsqueda de opciones de cambio ante los extractivismos. Más allá de las oposiciones, rechazos o críticas, se aceptó que no solamente se podían explorar alternativas a los extractivismos, sino que ello era necesario para enfrentar la crisis. Asimismo, las organizaciones ciudadanas entendían que si se quería asegurar la gobernabilidad del país se debían abordar opciones de cambio al extractivismo.

A partir de los objetivos de “Alternativas al Extractivismo”, se consideraron cinco asuntos clave:

1. No hay democracia sin consulta previa ni participación sobre la inversión y los proyectos extractivos.
2. Se deben evaluar las regiones y sitios para decidir donde son posibles los enclaves extractivos, como donde los lugares en que la protección de los recursos naturales los hacen inaceptables.
3. Si los proyectos de inversión no consideran los impactos ambientales y sociales no hay desarrollo.
4. Si se desea proteger la Amazonia no se puede depender del petróleo o de grandes hidroeléctricas.
5. Las empresas mineras gozan de ganancias extraordinarias y subsidios del Estado y a la vez no hay una redistribución justa de los beneficios de la población.

Para cada uno de estos asuntos, en aquel documento de 2011 se ofrecía un breve resumen de la situación en esos años, y luego se enumeraban las propuestas de cambio. Se totalizaron 28 propuestas, tales como garantizar el derechos a la consulta previa de las comunidades campesinas sobre el uso y aprovechamiento de los recursos en sus territorios, implantar el ordenamiento territorial, crear zonas de exclusión minera en ecosistemas frágiles, cabeceras de cuentas o zonas agroecológicas, cuantificar el costo ambiental y social a corto y largo plazo de proyectos extractivos y megaemprendimientos, modificar la matriz energética para reducir la extracción de petróleo de la Amazonia o aplicar un impuesto a las sobreganancias.

En la discusión esas distintas propuestas no sólo buscaban solucionar problemas acuciantes sino que además se las articulaba en ese marco de ir más allá del desarrollo extractivista convencional. A su vez, esa meta permitía comparar alternativas entre sí, ya que debían servir a esa meta postextractivista.

Otro aspecto a destacar es que esas propuestas abordaban los extractivismos como un todo, a nivel sectorial, y ese concepto es distinto, pongamos por caso, a la minería. Los extractivismos mineros son un tipo particular de minería, donde se remueven enormes volúmenes y bajo una alta intensidad, para ser exportados como materias primas. Pero no todos los enclaves mineros son parte de los extractivismos. Por esa razón, en aquellos documentos no hay ni una sola palabra que pueda ser calificada como “anti-minera”. No está demás precisar que esa etiqueta, “anti-minero”, fue una y otra vez repetida en los años siguientes por los defensores radicales de los extractivismos. Pero es un rótulo ajeno al espíritu del postextractivismo, tal como esa palabra lo deja en claro.

Alternativas a los extractivismos en 2011: el cartel de anuncio de los eventos (izquierda) y el comunicado de la Agenda para el nuevo gobierno y necesario escenarios de transición publicado en la prensa.

Organización y coordinación ciudadana

Aquella campaña tuvo otro componente destacado. Fue posible gracias a un trabajo a lo largo de varios meses donde participaron muchas personas y organizaciones. La coordinación, la buena voluntad y los consensos primaron sobre personalismos y egos. Eso explica que los documentos finales fueran respaldados por dieciséis organizaciones y redes ciudadanas (3).

Ese proceso ciudadano permitió que los borradores finales de la “agenda” de gobernabilidad y de las “alternativas a los extractivismos” fueran rediscutidos y ajustados. Además, se preparó una lista de preguntas a los candidatos, todas ellas enfocadas en los extractivismos y las alternativas. El proceso culminó en encuentros ciudadanos que tuvieron lugar en Lima el 23 y 24 de marzo de 2011 (4).

Se presentaron esas conclusiones a todos los partidos políticos que participaban en el tramo final de la campaña presidencial. En aquella noche, en el escenario del Centro de Convenciones del Colegio Médico, ante una multitudinaria concurrencia, se leyeron aquellos puntos, se escucharon los comentarios de Marc Dourojeanni y de Javier Iguíñiz, para luego escuchar las reacciones de los delegados partidarios presentes (Daniel Córdova por Alianza por el Gran Cambio: Roger Rumrrill por Gana Perú; Carlos Loret de Mola por Perú Posible; y Carlos Amat y León por Solidaridad Nacional; la delegada de Fuerza 2011 no asistió) (5).

Alternativas al extractivismo: mesa del plenario final con delegados de los candidatos presidenciales y comentaristas; 24 de marzo 2011, en Lima.

El listado de preguntas a los candidatos y partidos políticos también es destacable. Los cuestionamientos desde la sociedad civil fueron abundantes y precisos, casi siempre muy agudos (6). Las interrogantes enfocaban la gobernabilidad de las industrias extractivas y los megaproyectos, y fueron divididas en tres dimensiones: social, ambiental, y económica

Para recordar algunas de ellas, se puede citar que se le preguntó a los políticos cuáles serían las medidas para promover la participación y vigilancia social de las comunidades locales en los procesos extractivos, cuáles eran sus posiciones sobre un impuesto a la sobreganancias mineras, o si mantendrían vigentes incentivos y subsidios (tales como la devolución anticipada de IGV).

El proceso de pensar los posextractivismos tuvo otros resultados inmediatos, y entre ellos la publicación de un primer libro, “Transiciones, postextractivismos y alternativas al extractivismo en el Perú” (7). Le siguieron otros, así como reportes temáticos, y una larga serie de talleres, cursos y mesas de debate a lo largo de los años siguientes.

Es importante colocar todas esas acciones en un marco internacional. Constituyeron una experiencia pionera en todo el continente, porque fue la primera vez que se lograba un examen tan amplio de las alternativas a los extractivismos, y también fueron un ejemplo por la organización y coordinación ciudadana. Aquellos documentos, así como la serie de estudios sobre postextractivismo que se sucedieron en los años siguientes, siguen siendo referencias en todos los países vecinos. Basta observar el actual debate en Chile ante un proceso constitucional para reconocer la vigencia de la agenda postextractivista.

Talleres, mesas redondas y cursos acompañaron la campaña de Alternativas al Extractivismo.

La vigencia del ayer en las urgencias de hoy

Después de aquellos eventos de 2011, finalmente fue Ollanta Humala el que consiguió la presidencia. Todos sabemos lo que sucedió después a lo largo de la última década, hasta llegar a esta nueva campaña presidencial. Pero a pesar del tiempo transcurrido, todas las cuestiones que se plantearon en 2011 son válidas en 2021. Como mantienen su vigencia, no puede evitarse que una sensación agridulce porque sin duda mucho se avanzó, pero siguen persistiendo esencialmente los mismos problemas.

Ha pasado una década y no se lograron solucionar buena parte de los problemas y los impactos negativos se repiten y acumulan. Persisten los conflictos debido a inadecuados o inexistentes procesos de participación e información, las limitaciones en el ordenamiento territorial no se han superado, las evaluaciones sociales y ambientales siguen siendo cuestionadas por su mala calidad e incluso en algunas circunstancias ni siquiera son debidamente aplicadas. Las cuestiones en energía y Amazonia siguen pendientes, y persiste el descontento con el manejo tributario de los extractivismos.

Esto no impide subrayar que aquel fue un ejercicio ciudadano impresionante por su apertura democrática. Es más, al contrario de las prácticas usuales, donde los candidatos arman sus actos para decirles a sus audiencias lo que debería hacerse, en aquel foro fue la sociedad civil la que cuestionó a los políticos y les presentó sus reclamos. Eran los políticos los que debían escuchar.

También son inevitables algunas comparaciones con los planes políticos que se discuten en esta campaña 2021, así como con las demandas desde la sociedad civil. En una primera evaluación, debe destacarse que la agenda, los documentos técnicos y las discusiones de 2011 aparece mucho más enfáticos y concretos en varios puntos que buena parte de las propuestas o demandas que se han ofrecido en la actualidad.

Podría incluso plantearse que era más ambiciosa.Como sostenían algunos participantes en aquellos encuentros de 2011, la tarea era imaginar un país que no fuera solamente minero, el esfuerzo estaba en asumir que también había un Perú agrícola y forestal. Sin duda habrá opiniones sobre cómo deben ser los postextractivismos, pero más allá de eso, se abrieron las puertas a ese tipo de discusión.

El punto no es menor porque en la actualidad, incluso en algunas demandas desde la sociedad civil, hay muchos enfoques puntuales, y si bien se mencionan las alternativas al desarrollo, corren el riesgo de quedarse en un mero título pero con escaso contenido.

Al mismo tiempo, la experiencia de 2011 mostró que el postextractivismo debía discurrir por medio de transiciones. Nadie exigió un cambio instantáneo, ya que en todos los participantes prevalecía el sentido común de comprender que dejar atrás la dependencia extractivista requeriría reformas y transformaciones en varios campos, y todo ello tomaría su tiempo. Pero además, porque esos cambios tenían que ser democráticos, no podían imponerse autoritariamente, y ese aprendizaje también requería tiempo.

Este breve resumen de la historia reciente muestra que en Perú existen antecedentes sustantivos, no sólo en organizarse para generar reclamos comprometidos con la justicia social y ambiental frente a los extractivismos, sino también para avanzar hacia un país postextractivista. En esa historia hay muchas lecciones y aprendizajes valiosos para los desafíos actuales.

Notas

1. El Perú y el modelo extractivo: agenda para el nuevo gobierno y necesarios escenarios de transición, disponible en: http://www.redge.org.pe/sites/default/files/peru_extractivo_-_9_x_4_-_peru_21.pdf

2. Alternativas al Extractivismo: Por un nuevo acuerdo de gobernabilidad social, ambiental y económica frente a las industrias extractivas y las grandes inversiones; disponible en: http://www.redge.org.pe/gobernabilidad-alternativas-extractivismo

3. Las organizaciones participantes incluyeron a Grupo Allpa; Asociación de Centros de Investigación de Promoción Social y Desarrollo –ANC; Asociación Pro Derechos Humanos -Aprodeh; Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES; Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS; Centro Latino Americano de Ecología Social – CLAES; Conferencia Nacional Sobre Desarrollo Social – CONADES; CooperAcción; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR; Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz –Fedepaz; Forum Solidaridad Perú; Instituto de promoción para la gestión del agua – IPROGA; Grupo Propuesta Ciudadana – GPC; Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCCIC; Red Muqui; Red Jubileo Perú; y la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), que fue la que coordinó todo ese proceso.

4. El conjunto de actividades incluyó un foro público sobre «Alternativas al Extractivismo: Una mirada desde el Perú y la región», seguido por el trabajo en mesas colectivas (para temas económicos, sociales y ambientales), y un evento final, el foro «Hablan los candidatos: ¿Qué hacer con las industrias extractivas”. En paralelo, tuvo lugar un intenso trabajo con los medios de prensa.

5. Ejemplos de testimonios de aquel encuentro en los siguientes videos:
Marc Dourojeanni – La importancia de formalizar al pequeño extractor minero; video en: https://www.youtube.com/watch?v=qOqAT92EZ_M
Javier Iguiñiz – Los beneficios del extractivismo NO llegan a toda la población; video en: https://www.youtube.com/watch?v=3G23714LcNw

6. Preguntas a los candidatos presidenciales, ordenadas por cada uno de los ejes temáticos; disponible en: http://www.redge.org.pe/sites/default/files/201103%20SC%20Preguntas%20a%20los%20Candidatos%20ALTEREXTRACT%20final.pdf

7. Transiciones, postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú, es el libro con aportes por P. Francke, V. Sotelo, C. Gamboa, J. de Echave, M. Scurrah, C. Monge, C. Viale, J. Azpur, E. Baca, J.C. Sueiro y E. Gudynas, compilado por A. Alayza y E. Gudynas, RedGE, Lima, 2012. Disponible en: http://www.redge.org.pe/transiciones-alternativas-variosautores

*Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Las opiniones en este artículo son personales y no representan necesariamente a las instituciones que lo publican.

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25/03/2021
El Minem destacó la disposición de los representantes del distrito y de la empresa minera para alcanzar consensos. / Cortesía del Minem.

Con la intermediación del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se instaló una mesa de diálogo en el distrito de Coporaque (Espinar, Cusco) que reunirá a las autoridades y dirigentes sociales de la localidad con representantes de la minera MMG Las Bambas para trabajar de forma consensuada soluciones a las demandas de la población.

La Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Minem informó que la instalación de este espacio de diálogo fue el resultado de un diálogo extenso y respetuoso que se apoyó en plataformas virtuales para congregar a todos los actores involucrados.

“El Minem y la PCM seremos los garantes y facilitadores del diálogo entre Coporaque y la empresa minera (Las Bambas) para lograr acuerdos sostenibles en beneficio de todos. Para ello, se ha solicitado que ambas partes acrediten a sus representantes de manera formal y oportuna”, precisó la OGGS.

El Minem destacó la disposición de los representantes de Coporaque y de la empresa minera para alcanzar consensos y acuerdos a través de reuniones virtuales, tal como ha ocurrido en otras localidades del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa.

En la reunión, los dirigentes de Coporaque solicitaron el aporte de la minera para ejecutar obras en la localidad, crear una bolsa de trabajo para los jóvenes del distrito, entre otros.

En la primera semana de abril, se realizará un encuentro entre los equipos técnicos del distrito y la empresa, mientras que el 21 del mismo mes volverá a sesionar la mesa de trabajo.

Perú promueve el diálogo entre la comunidad Coporaque y minera Las Bambas

Gretta Zegarra
23/03/2021
Imagen: Agriculturers
La semana pasada publicamos un CooperAcción opina con el cual analizamos las propuestas que los partidos políticos Acción Popular, Renovación Popular, Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Victoria Nacional, quienes lideran la intención de voto a la Presidencia de la República, habían formulado en materia indígena[1]. En dicho artículo identificamos deficiencias en sus propuestas y concluimos que la mayoría de los planes de gobierno no están dirigidos a los pueblos indígenas.

Debido a estos hallazgos, hemos decidido analizar las propuestas que los cinco partidos políticos mencionados en el párrafo anterior han formulado en materia ambiental. Para no extendernos demasiado solo nos enfocaremos en las propuestas que tratan sobre cambio climático, deforestación, gestión del agua e industrias extractivas (hidrocarburos y/o minería).

En el caso de Acción Popular, su plan de gobierno tiene pocas propuestas y éstas tienden a ser genéricas. Algunas de las propuestas aludidas son: impulsar la producción de energías limpias y los estándares de calidad del aire, combatir la tala y la minería ilegal, construir represas en las partes altas del Perú para captar el agua y que éste sea utilizado en labores domésticas y en la actividad agropecuaria, regular el uso de aguas subterráneas, e imponer una tarifa de consumo técnicamente calculada a las grandes empresas.

Con un nivel mayor de propuesta para formular medidas que combatan el cambio climático y la deforestación, y percibiendo más al agua como un servicio público que como un recurso natural que debe ser protegido, al igual que Acción Popular, el plan de gobierno de Fuerza Popular promete lo siguiente:

Cambiar, de manera progresiva, la matriz energética a fuentes de energía renovables, y los sistemas de transporte de combustible fósil a eléctrico.
Reforestar terrenos eriazos marginales en zonas agrícolas y de expansión urbana.
Priorizar el cierre de las brechas en agua potable y alcantarillado.
Desarrollar estrategias de fortalecimiento de capacidades de gestión y gobernanza de los prestadores de servicios de saneamiento.
Recurrir a la inversión privada para desarrollar infraestructura de producción de agua potable, ejecución de obras de saneamiento, tratamiento de aguas residuales para reúso, y gestión de los servicios de agua y saneamiento.
Incrementar fondos para la cosecha de agua en la Sierra, entre otras propuestas.

En cuanto a industrias extractivas, el plan de gobierno de Fuerza Popular tiene propuestas genéricas como fomentar una sana convivencia entre la agricultura y la minería, promover el diálogo entre las empresas mineras y las comunidades para prevenir conflictos, y mejorar la capacidad de respuesta técnica del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente (Minam). También presenta propuestas que dependiendo del enfoque con las que sean aplicadas, podrían generar la desprotección del ambiente, dichas medidas son: impulsar la formalización minera a través de procedimientos simplificados y revisar la normativa minera vigente para confirmar su aplicabilidad real en la dinámica del sector.

Mediante una visión más integral del cambio climático, la deforestación y la gestión del agua, el plan de gobierno de Juntos por el Perú plantea lo siguiente:

 

Incorporar políticas de respuesta al cambio climático de manera transversal a los planes regionales y locales.
Impulsar el Plan Energético de Mediano y Largo Plazo hacia una nueva Matriz Energética.
Fortalecer al Minam con más presupuesto y competencias para la adecuación de los sectores productivos a medidas de mitigación y adaptación del cambio climático.
Establecer un sistema nacional de veedurías forestales con la participación de población local y pueblos indígenas.
Promover la protección de valles y ecosistemas frágiles (lomas costeras y humedales) de los territorios urbanizados, entre otras propuestas.

No obstante, Juntos por el Perú contradice su promesa de implementar la transición energética, puesto que en su plan de gobierno promueve el incremento de la explotación del gas natural a través de la ejecución del Proyecto Integral de Masificación del gas en el Territorio Nacional.

Por otro lado, el plan de gobierno de Victoria Nacional parece estar orientado a cuidar el ambiente, ya que se compromete a:

Crear el Viceministerio de Cambio Climático y Desertificación.
Promover la inversión privada para aprovechar el potencial de las energías renovables.
Minimizar el uso de combustibles fósiles y maximizar la utilización de energías limpias (electro movilidad) en el transporte.
Fortalecer la institucionalidad forestal y el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR).
Reforestar, restaurar y promover la agroforestería sostenible.
Promover el uso equilibrado del agua superficial y subterránea, cuidando que los acuíferos se llenen, evitando las descargas intensas de agua y que el suelo no se salinice.
Promover la optimización de los sistemas de riego y la gestión integrada del agua a nivel de cuencas hidrográficas, aunque éstas no calcen con las fronteras políticas, entre otras propuestas.

 

Sin embargo, Victoria Nacional también contradice su promesa de implementar la transición energética, dado que en su plan de gobierno indica que va a hacer que el Perú continúe explotando petróleo hasta los próximos 20 ó 30 años. Adicionalmente, el referido plan de gobierno tiene otras medidas cuestionables en materia de industrias extractivas, las cuales son: revisar la Ley Orgánica de Hidrocarburos con un enfoque promocional a fin de dinamizar la oferta en el upstream de la industria petrolera, modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y su reglamento para permitir la explotación de petróleo en ANP, destrabar la tramitología que retrasa la producción de crudo en lotes descubiertos, y otorgar beneficios tributarios a mediano plazo para promover la formalización en la pequeña minería.

En el caso de Renovación Popular, su plan de gobierno tiende a presentar propuestas genéricas sobre el cambio climático, la deforestación y la gestión del agua, asimismo está predispuesto a tratar al agua como un servicio público. Algunas propuestas de este partido político son: controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, priorizar la generación de energía limpia hidroeléctrica, elaborar una política de reforestación para las zonas afectadas, aumentar el servicio de agua potable en todo el país, fomentar el tratamiento de aguas contaminadas con asociaciones público-privadas, y reforzar la institucionalidad y facultades del Consejo Nacional del Agua para un eficiente manejo técnico de cuencas.

Al igual que Juntos por el Perú, Renovación Popular comete el error de asegurar de manera contradictoria que va a implementar la transición energética, e incrementar la explotación del gas natural.

Consideramos que los cinco planes de gobierno analizados presentan deficiencias importantes. Hacemos dicha afirmación porque un número considerable de estos documentos (1) tiene propuestas genéricas que no permiten combatir el cambio climático ni la deforestación, (2) percibe al agua más como un servicio público que como un recurso natural que debe ser protegido, y (3) promete implementar la transición energética e incrementar la explotación de hidrocarburos, a pesar de que estas propuestas se contraponen

[1]Zegarra, G. (2021, 15 de marzo). Elecciones generales 2021: ¿Qué están proponiendo los partidos políticos a los pueblos indígenas? COOPERACCIÓN. http://cooperaccion.org.pe/elecciones-generales-2021-que-estan-proponiendo-los-partidos-politicos-a-los-pueblos-indigenas/

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CooperAcción
22/03/2021
Imagen: Actualidad Ambiental
Nuestro país tiene una débil gestión del agua, cuyos efectos pueden verse en la contaminación de nuestros ríos, así como en los constantes conflictos por el acceso al agua.

De 159 unidades geográficas estudiadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) hasta 2014, 41 tuvieron estaban contaminados con parámetros que superaban los Estándares de Calidad Ambiental oficiales para agua. La ANA ha identificado más de 4 mil fuentes de afectación de la calidad de agua; entre las principales se encuentran: aguas residuales poblacionales; residuos sólidos; pasivos ambientales mineros y petroleros; efluentes de la actividad agrícola; entre otros.

Por otro lado, el control y acceso a las fuentes de agua es uno de los principales motivos de la conflictividad socioambiental en el país. Los conflictos en torno al agua son de diverso tipo. La principal fuente de conflictos en este ámbito, según la Defensoría del Pueblo, es la superposición de usos de agua entre la minería y la agricultura, que explica el 62% de los mismos. Otro tipo de conflictos tiene que ver con la disputas entre actores. Por ejemplo, dentro del propio sector agrario, entre pequeños y medianos agricultores que producen para el mercado interno, y grandes empresas agroexportadoras, como ocurre en el caso del acuífero de Ica. Además, existen conflictos que tienen que ver con megaproyectos de irrigación que trasvasan el agua de una cuenca hacia otra, lo que puede afectar la disponibilidad de agua por parte de las comunidades ubicadas en torno al curso original de las aguas, lo que ha sido motivo de protestas en casos como Majes Siguas II, Paltiture o el conflicto entre las regiones de Ica y Huancavelica.

La institucionalidad de la gestión del agua en el país

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, entidad que está adscrita al Ministerio de Agricultura (aunque desde su creación se insiste en que no debería estar adscrita a uno de los sectores usuarios, sino que debería tener una mirada transectorial o depender el Ministerio de Ambiente).

La ANA actúa en los territorios a través de sus organismos desconcentrados: las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las Autoridades Locales del Agua (ALA).

Además, existe un nivel de concertación a nivel de cuencas, a través de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC), donde participan las instituciones y los actores sociales para planificar el aprovechamiento sostenible del agua en la cuenca a través de la información y participación de sus habitantes. Hasta el momento existen once Consejos de Cuenca en el Perú, en las cuencas de: Tumbes, Chira -Piura, Chancay – Lambayeque, Chancay – Huaral, Caplina – Locumba, Quilca – Chili, Jequetepeque – Zaña, Chillón – Rímac – Lurín, Mantaro, Pampas y Urubamba.

La necesidad de acercar la gestión a los actores locales

Sin embargo, en la práctica, la escala de los Consejos de Cuenca ha demostrado ser demasiado extensa para garantizar la participación efectiva de sus actores. Son espacios tan grandes, que es difícil abordar los problemas de territorios más pequeños e involucrar a los actores directamente afectados.

Por ello, en diferentes territorios han surgido Comités de Sub cuencas y de Micro cuencas, en los cuales usuarios de riego, comunidades campesinas y nativas, centros poblados, participan, concertan y gestionan el uso y cuidado del agua. Ejemplos exitosos de ello son los Comités de Micro cuencas de Cumbaza y del Rimiyacu, Misquiyacu, Almendra, con 8 y 10 años de existencia respectivamente. Así como el Comité de Sub cuenca Mayo, el primer y único Comité de Sub cuenca reconocido por la ANA.

Estas prácticas sólo están parcialmente reconocidas en la Ley de Recursos Hídricos. De hecho, los comités de Sub cuenca están reconocidos sólo para la zona de Amazonía, en tanto que los comités de Micro cuenca simplemente no tienen ningún reconocimiento legal.

Por ello, el el Congreso de la República se viene discutiendo el Proyecto de Ley N°6917/2020 – Ley que promueve la recuperación, protección y gestión integrada de los recursos hídricos de las sub cuencas de los recursos hídricos de las sub cuencas y micro cuencas del Perú. Este proyecto busca el reconocimiento y fortalecimiento de la gestión social del agua a nivel local a través de los Comités de Sub cuenca y Micro cuenca.

Con este reconocimiento, los Comités locales podrán enfrentar de mejor manera los desafíos de la gestión del agua en sus territorios, concertando entre los diversos actores y usuarios del agua para evitar su contaminación y sobre-explotación, así como la conflictividad social asociada a las disputas por el control y acceso al agua.

Este proyecto está pendiente de aprobación en las comisiones Agraria y de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, tras lo cual debería pasar a discutirse en el Pleno Ambiental anunciado para las próximas semanas. Esperamos que así sea, para acercar la gestión del agua a los actores locales y lograr una participación más afectiva de los mismos desde sus territorios.

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CooperAcción
18/03/2021
Imagen: Parthenon
El pasado viernes 12 de marzo se realizó el denominado Debate Ecológico entre candidatos y candidatas presidenciales. En este foro, organizado por una serie de colectivos y organismos no gubernamentales, entre los que figura CooperAccion, apenas participaron seis representantes de las agrupaciones que se encuentran en la contienda electoral: Verónika Mendoza de Juntos por el Perú, Julio Guzmán del Partido Morado, Rafael Santos de Patria Segura, Marco Arana del Frente Amplio y Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Genera preocupación la ausencia de candidatos como Lescano y otros, aunque en realidad no sorprende, ya que la falta de interés en este tema también se refleja en sus planes de gobierno.
Uno de los temas que permitió develar el verdadero alineamiento de las agrupaciones políticas sobre la problemática ambiental -al margen de las poses y frases hechas que se utilizan en campaña electoral-, fue el denominado Acuerdo de Escazú. Candidatos como López Aliaga y Santos mostraron su verdadero rostro y repitieron la misma monserga de hace unos meses: la supuesta pérdida de soberanía dela Amazonía, entre otros argumentos que no se sostienen y que están a la base de su oposición a la ratificación del acuerdo. De hecho, varios personajes como Francisco Tudela, el ex marino Jorge Montoya, que acompaña en la fórmula presidencial a López Aliaga, lideraron en la denominada Coordinadora Republicana la oposición a la ratificación de Escazú.

Aprovechando todo lo que se dijo el pasado viernes, no está de más recordar que en esencia el Acuerdo de Escazú, como se le conoce al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue firmado el 4 de marzo de 2018 por 22 países de América Latina y el Caribe y que tenían que ratificarlo. El acuerdo entra en vigor 22 de abril de este año.

Este acuerdo lo que busca es precisamente fortalecer tres derechos fundamentales: (1) el acceso a la información ambiental, mediante el cual las personas podrán ejercer su derecho a estar informadas; (2) el derecho a la participación pública y; (3) el acceso a la justicia ambiental. Es lo que se conoce como derechos de acceso. Adicionalmente, el acuerdo da especial atención a la protección de los defensores ambientales, como respuesta al número creciente de asesinatos a activistas ambientales en la región: el 60% de fallecidos por conflictos socio ambientales en el mundo han ocurrido en América Latina. Al respecto, es importante recordar que en el último año han sido asesinados siete dirigentes indígenas defensores ambientales: Estela Casanto Mauricio, dirigente asháninka; Herasmo García y Yenes Ríos, líderes cacataibos de Ucayali; Arbildo Meléndez en Huánuco; Gonzalo Pío en Junín; Lorenzo Wampa en Amazonas; y Roberto Pacheco en Amazonas. Ya son más de 220 defensores ambientales asesinados desde el año 2011 por proteger la tierra y los bosques en el Perú.

Cabe señalar que es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible; el primer acuerdo ambiental regional de A.L. y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Como se sabe en el Perú se desató una feroz campaña en contra de la ratificación de Escazú, liderada por la Coordinadora Republicana de López Aliaga, Tudela, entre otros personajes. Aparte de calificarlo como un “acuerdo entreguista y que nos haría perder soberanía, también se dijo que Escazú es “un acuerdo ambientalista radical”, producto de “un globalismo endurecido de la izquierda radical”, que lo que busca es paralizar las inversiones. Es curioso que se hable de ambientalismo radical, precisamente cuando todo el planeta sigue batallando por alcanzar acuerdos globales para enfrentar la crisis ambiental y cuando al mismo tiempo todos los expertos mundiales en la ciencia del clima nos recuerdan y advierten que estamos perdiendo la batalla: Ahora bien, ¿Escazú es realmente un acuerdo entreguista y va a provocar la pérdida de la soberanía en más del 50% del territorio nacional, sobre todo en la Amazonía?

Lo primero que habría que subrayar es que el Acuerdo de Escazú no se refiere a la Amazonía en particular. No se entiende la obsesión de los opositores por vincular el acuerdo con una supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía, cuando el acuerdo trasciende a la Amazonía. Es más, ha sido firmado y ratificado por países que no son amazónicos.Además, en su artículo 3 se reconoce expresamente que la implementación del acuerdo se guía por “principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales” y el “principio de igualdad soberana de los Estados”. Mariano Castro, vice ministro del MINAM, subraya que: “el Acuerdo no es un tratado que fija límites, sino que, por el contrario, establece criterios que los Estados y ciudadanos deben observar en materia de acceso a la información, participación y justicia en Asuntos Ambientales. Por tanto, es falso que el Acuerdo de Escazú contenga alguna disposición que conceda la soberanía sobre el 53% del territorio nacional”.

Los anuncios de paralización de inversiones también se desvanecen cuando la propia OCDE (no hay que olvidar que el Perú aspira a formar parte de este exclusivo grupo de países industrializados) ha recomendado que el Perú priorice “la ratificación del Acuerdo de Escazú”. ¿Acaso la OCDE también forma parte de ese “globalismo” que, según Tudela y El Montonero, “maniobra la izquierda Latinoamericana para imponer un ambientalismo radical”? Seguramente, para estos señores, hasta el Acuerdo de París sobre cambio climático responde a un “ambientalismo radical”.

Que quede claro que el Acuerdo de Escazú fue trabajado de manera conjunta, abierta y transparente en un largo proceso que involucró a 24 países de la región con gobiernos que respondían a diferentes orientaciones políticas y que, como viene ocurriendo en los procesos de construcción de acuerdos globales o regionales de carácter ambiental, buscan avanzar en compromisos que traten de garantizar la protección del planeta y el bienestar de las personas.

En pleno proceso electoral y a unas semanas de emitir nuestro voto, no deberíamos olvidar a los partidos políticos que votaron en contra de la no ratificación de Escazú en el Congreso de la República fueron: Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos y Frepap.

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Bnamericas 17/03/2021
Los conflictos sociales activos relacionados con la minería de Perú sumaron 64 en febrero, según el último informe de la Defensoría del Pueblo.

La minería es responsable de dos tercios del total de 96 conflictos socioambientales activos en el mes, entre los que también se cuentan otros en los sectores de hidrocarburos, residuos y saneamiento, entre otros.

La conflictividad social en Perú ha afectado la producción en grandes minas de cobre como Las Bambas, ubicada en el denominado Corredor Minero del Sur, y grandes proyectos cupríferos como Tía María, el cual, pese a tener todos los permisos, no ha podido avanzar.

En febrero, Las Bambas tuvo que enfrentar un nuevo conflicto, ya que la comunidad campesina de Pumamarca solicitó renegociar el precio pagado por sus tierras en el contrato de compraventa del 7 de abril de 2011 y exigió que la empresa formalice sus compromisos sociales en un convenio marco. Los pobladores ingresaron a los predios de la minera y comenzaron a levantar chozas y cercos.

El informe de la Defensoría alertó sobre la posibilidad de que estalle una nuevo conflicto para Las Bambas, situada en la Región Apurímac, donde los pobladores denuncian que la minera controlada por capitales chinos no ha estado cumpliendo los compromisos asumidos en el convenio marco suscrito por las partes en diciembre de 2017.

Adicionalmente, el denominado Frente de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Apurímac también tiene pedidos para Las Bambas y, según la Defensoría, podría generarse otro conflicto.

De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, entre los objetivos en lo que resta del gobierno interino de Francisco Sagasti está mejorar la gestión de la conflictividad social, implementar un fondo de adelanto social para disminuir brechas en lugares donde se asientan proyectos y consolidar los diálogos a través del mecanismo denominado Rimay, en busca de consensos que permitan el normal desarrollo de proyectos mineros.
Seguir leyendo en: https://www.bnamericas.com/es/noticias/conflictividad-social-sigue-afectando-a-la-mineria-de-peru

LR Sur
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11/03/2021
No hay paso por el Corredor Minero del Sur por protestas de Espinar. Foto: La República
Grupos de manifestantes tomaron Corredor Minero del Sur. Oficina defensorial exhortó brindar las condiciones para reuniones virtuales.

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento para hacer un llamado a las organizaciones sociales y comunidades de Apurímac y Cusco que acatan medidas de fuerza en el Corredor Minero del Sur para continuar con el proceso de diálogo. A la fecha se registraron 12 conflictos sociales en fase de diálogo en este ámbito territorial.

Las autoridades informaron que estas citas se desarrollan a distancia mediante el uso de plataformas informáticas debido a las circunstancias actuales de pandemia. Sin embargo, los manifestantes exigieron que se den de forma presencial.

“Los temas de agenda de estos espacios deben seguir siendo tratados de manera amplia, constructiva y flexible con la activa participación de representantes de la sociedad, las empresas y el Estado, pero priorizando la salud y la vida de las personas”, dijo el pronunciamiento.

La Defensoría reiteró las recomendaciones formuladas al Gobierno en el informe de prevención y gestión de conflictos sociales en el contexto de la pandemia por la COVID-19, donde se pidió que se garantice la conectividad a internet y el soporte técnico correspondiente para que las reuniones fluyan sin contratiempos. Asimismo, exhortó a los Gobiernos regionales y municipalidades que pongan a disposición su infraestructura y logística.

Agregó que la reanudación de reuniones presenciales deberá ser evaluada cuando las cifras de contagios desciendan en estas regiones, cuando se trate de una reunión impostergable o cuando no pueda ser desarrollada a distancia por alguna imposibilidad técnica.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/11/defensoria-pide-continuidad-en-dialogo-por-conflicto-en-cusco-y-apurimac-lrsd/

16/03/2021
Unidad Minera Las Bambas. / Foto: Facebook de Minera Las Bambas

Perú es uno de los mayores productores mundiales de cobre, oro, plata, zinc y plomo, pero los conflictos sociales y la burocracia le dificultan beneficiarse del ciclo de altos precios de los minerales.

El sector minero peruano cayó 13.16% en el 2020, en línea con la baja del PBI tras una larga cuarentena por la pandemia del Covid, pero el repunte de los precios este año podría ayudar a reactivar la economía de un país donde el 60% de los ingresos por exportaciones provienen de la minería.

Perú posee enormes reservas y tiene una cartera oficial por USD 57.742 millones de inversión en 48 proyectos, dos tercios de ellos de cobre.

Pero las demoras para obtener las concesiones y los conflictos que atrasan o impiden el inicio de la producción han hecho caer al país 20 lugares al puesto 34 en el ranking de competitividad global en minería del Instituto Fraser de Canadá.

“Es un mensaje claro de los inversionistas. Contar con un alto potencial geológico y de recursos no es suficiente, hace falta tener la seguridad de que esa inversión redituará ganancias”, comenta Miriam Loli, socia de la firma de auditoría Deloitte Perú.

“Ante la incertidumbre política y sobre todo de poder lograr la ‘licencia social’ [el apoyo de la comunidad al proyecto], (las transnacionales mineras) prefieren destinar sus inversiones hacia otras jurisdicciones”, agrega.

El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, menciona que hay “dos grandes impedimentos: la conflictividad social y la ‘tramitocracia’”, aludiendo a una multiplicación por 20 en los últimos años de la permisología permisos y requisitos para una concesión.
Tía María y Las Bambas

La Defensoría del Pueblo (ombudsman) reportó 196 conflictos sociales en enero, con 63% de los casos con al menos un hecho de violencia. Y 42% de los conflictos (83) corresponden a la actividad minera.

De la Flor afirma que la conflictividad “ha sido perturbadora de la inversión y se está convirtiendo en uno de los principales escollos” para la minería, por continuas protestas y reclamos de comunidades cercanas a las minas, que suelen ser pobres y carecen de servicios públicos básicos.

De la Flor acusa a “la incapacidad del Estado de transformar los recursos que se están generando”, USD 11,000 millones en la última década, según calcula, y que no se han traducido en “mejor calidad de vida por falta de ejecución y de calidad de gasto”.

Otra señal poco alentadora son los comentarios de algunos candidatos a la presidencia en las elecciones del 11 de abril, prometiendo archivar los proyectos cuestionados por las comunidades, como Tía María o Las Bambas, de cobre. Ambos suman USD 12,000 millones en inversión.

Loli subraya que “el apoyo dado por el sector minero a sus comunidades vecinas durante la pandemia es un buen ejemplo de cómo puede comportarse como un buen vecino”, y menciona también los casos de empresas -como la Southern- que donaron oxígeno medicinal, muy escaso y vital para atender a pacientes graves.

Pero advierte que “las empresas no pueden ser el reemplazo de rol del Estado”, y que “sin involucramiento claro y directo del gobierno, difícilmente se lograrán destrabar los proyectos paralizados por conflictividad”.
“Más permisología”

Con la reactivación económica mundial tras la pandemia se va a necesitar mucho cobre y otros minerales que produce Perú, como el litio, dice el geólogo Enrique Garay, del Instituto de Ingenieros de Minas.

Pero la caída de la inversión en exploración va a demorar la entrada en producción de los proyectos, dice Garay.

Mientras en el 2018 se invirtieron USD 610 millones en exploración, en el 2020 fueron solo USD 365 millones, pero no hace mucho tiempo eran USD 1,000 millones anuales.

La falta de interés en la exploración se debe a la burocracia, según este experto.

“Obtener un permiso de perforación en Perú demora entre 18 y 24 meses”, frente a “tres meses en Chile y dos semanas en Canadá”, dice Garay.

Menciona que la mina cuprífera Altamina a partir de 1998 tuvo que gestionar 250 permisos y que dos décadas después, Las Bambas ha tramitado 1,032.

“¿Qué pasó desde 1998? No pasó nada catastrófico, lo que aumentó fue la burocracia, la ‘permisología’. La burocracia frena el desarrollo minero”, agrega Garay.

La minería aportó a Perú el 16% de la inversión privada durante la última década (unos USD 59,000 millones), genera 1.8 millones de empleos directos e indirectos, y representa casi 60% de las exportaciones.

El economista Diego Maceda, del Instituto Peruano de Economía (IPE), asegura que si se pone en marcha toda la cartera de proyectos mineros para el año 2030, aumentaría en 25% el PBI peruano, se elevarían en 66% las exportaciones y se crearían 2.3 millones de empleos.
Fuente: Gestión

Conflictos sociales y burocracia frenan la actividad minera en Perú