El presidente electo, Pedro Castillo, tiene una serie de desafíos por delante. El primero de ellos será la gobernabilidad, pues el sector derrotado en las elecciones no sólo se ha resistido a reconocer el resultado electoral, sino que se ha involucrado en lo que algunos analistas han llamado un “golpe lento”. La derecha política y ciertos grupos de poder parecen dispuestos a desestabilizar al país para impedir que el nuevo gobierno pueda concretar sus promesas de cambio.
COOPERACCION
Imagen: Boletín APM
Ya han pasado más de 20 días desde las elecciones y, pese a que los números son claros y Pedro Castillo ha sido elegido presidente por la mayoría de peruanos y peruanas, aún el fujimorismo denuncia un supuesto “fraude” inexistente. La OEA, la Unión Europea, los gobiernos de Canadá y Reino Unido se han pronunciado reconociendo que las elecciones han sido limpias y justas; Ipsos Perú ha publicado un análisis estadístico que no encuentra irregularidades que favorezcan a uno u otro candidato; decenas de miembros de mesa de las provincias andinas y amazónicas -sorteados antes de las elecciones- han tenido que salir a ratificar que no hubo ninguna irregularidad en sus locales de votación. Pero ningún argumento es suficiente: el fujimorismo continúa con su narrativa golpista, utilizando todos los resortes legales y no legales, como el llamamiento de militares en retiro para que las Fuerzas Armadas desconozcan al gobierno electo. Esperamos que la democracia prevalezca y que pronto las autoridades electorales proclamen al nuevo Presidente y empiece el proceso de transferencia.

La crisis política originada por las intentonas golpistas no ha permitido que la agenda pública se enfoque en lo más importante: los planes y prioridades del próximo gobierno. Aquí queremos revisar algunas de esas propuestas en torno a la agenda minera, ambiental y de recursos naturales.

Existen dos documentos a tomar en cuenta para analizar las propuestas políticas de Pedro Castillo y el partido Perú Libre: el ideario y programa, presentado por el partido de manera formal ante el Jurado Nacional de Elecciones; y el plan “Perú al bicentenario sin corrupción”, elaborado por un equipo técnico más amplio de cara a la segunda vuelta.

El documento “Ideario y Programa” dibuja el horizonte ideológico del partido Perú Libre y orientará probablemente la actuación de su bancada parlamentaria. En este documento se plantea la necesidad de una nueva Constitución que “desmantele el neoliberalismo” y se propone un nuevo modelo de “economía popular con mercados” que se inspira en las experiencias del Movimiento al Socialismo en Bolivia y de la “revolución ciudadana” de Ecuador. En cuanto a los recursos naturales, son vistos como la principal fuente de riqueza del país y se plantea su “nacionalización” a fin de “invertir la proporción de ganancias a favor del Estado peruano”.

Como hemos señalado en una editorial anterior, este documento presenta vacíos importantes en el ámbito ambiental, en especial en relación al cambio climático, que se encuentra completamente ausente. Además, el programa propone un “extractivismo sostenible” y cuestiona el “medioambientalismo fundamentalista (…) que cree que superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables”. Este discurso puede considerarse afín a lo que, en América Latina, algunos han llamado el “neo-extractivismo”, que se enfoca en recuperar el control estatal sobre la renta de los recursos naturales, sin cuestionar los impactos territoriales ni la dependencia excesiva de la exportación de materias primas.

Al mismo tiempo, sin embargo, este documento hace énfasis en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos, reconociendo no sólo el derecho a la consulta previa sino también al consentimiento y la capacidad de “veto” de proyectos en sus territorios. También se plantea la necesidad de una zonificación económica y ecológica “con autonomía real” por parte de las regiones, que les permita demarcar sus áreas protegidas e intangibles, así como sus áreas hídricas.

Una de las cosas que preocupa del ideario y programa de Perú Libre es su visión sobre la minería informal e ilegal. De hecho, el documento se refiere a ella como “la mal llamada minería ilegal” y se apuesta por su formalización. Como se sabe, la actividad minera ilegal tiene graves impactos ambientales y sociales, especialmente en territorios amazónicos donde es un factor de deforestación y contaminación de los ríos.

Durante la segunda vuelta, Perú Libre convocó a un diálogo con fuerzas sociales y políticas, dando paso a la elaboración del Plan de Gobierno Perú Al Bicentenario Sin Corrupción, que enfoca de manera más específica medidas de corto y mediano plazo que serán impulsadas por el nuevo gobierno.

En los temas económicos, el Plan plantea medidas para el “relanzamiento del empleo y la economía popular” con un aumento de la inversión social pero manteniendo el equilibrio macroeconómico en el mediano plazo. Se plantea un enfoque de “economía mixta” y fortalecer el rol regulador del Estado, en particular una regulación más activa de los monopolios y oligopolios.

El Plan proyecta una inversión significativa en el sector rural y campesino, dándole una prioridad a este sector que no ha tenido en décadas. Se plantea el inicio de la “segunda reforma agraria”, entendida como “el desarrollo rural agrario y participativo como una decisión política importante para la gestión de una agricultura con enfoque territorial y desde abajo”. En ese marco, las propuestas incluyen disminuir y reorientar la importación de alimentos, dado preferencia a la agricultura andina y orgánica. Todo ello, en el marco de “un Ordenamiento Territorial basado en el desarrollo local”.

En los aspectos tributarios, el Plan Bicentenario se plantea aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud, para lo cual busca “nacionalizar” las riquezas del país, término que se entiende como “hacer que éstas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías”. El Plan toma nota del nuevo contexto de precios de los minerales, así como de los reducidos costos de producción del cobre en el Perú, lo que justifica un impuesto a las sobreganancias. Otras medidas son la eliminación de las exoneraciones de tributarias, la renegociación de los contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas, así como una política activa contra la elusión fiscal, el lavado de activos y los paraísos fiscales. Se plantea así mismo una modificación de las regalías, las mismas que en la reforma de 2011 fueron asociadas a las utilidades: Perú Libre plantea regresar a un esquema de regalías sobre las ventas, lo que permite mayor estabilidad y predictibilidad de la recaudación, así como hace mayor justicia al concepto de pago por el uso de un recurso no renovable que no depende de la ganancia de las empresas.

Este plan también aborda la búsqueda de una nueva Constitución que reconozca expresamente y garantice los derechos a la salud y la educación, a la alimentación, a la vivienda, el reconocimiento a los pueblos originarios y a nuestra diversidad cultural, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el buen vivir. La propuesta de cambio constitucional también incluye un Estado que practique la planificación estratégica, regule e invierta; y donde el interés público prime sobre el privado. El Plan hace hincapié en que este cambio se promoverá respetando los mecanismos constitucionales vigentes.

Sin embargo, aún es incierta la viabilidad del cambio constitucional, pues el referéndum para que la ciudadanía se exprese al respecto depende de una Ley del Congreso, donde las fuerzas conservadoras parecen ser mayoría. Ese será, probablemente, uno de los primeros grandes conflictos políticos de los próximos meses.

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Por Los Andes Arequipa
28/06/2021
Por Zenaida Zea Olivera
Las familias de Edwin Félix Yrpanoca Turpo, Raúl Cancapa Huaricallo, Peronila Coa Huanca, Gregorio Huamán Mamani, Antonia Campos Huanca y Javier Perlacio Limachi, aún no encuentran sosiego. Han pasado 10 años pidiendo que la muerte de sus seres queridos no quede impune; sin embargo, solo el silencio doloroso los acompaña.

El “Azangarazo” o “Juliacazo”, como otros lo llaman, representa una de las luchas sociales más atípicas en lo que a defensa ambiental refiere. Quienes fueron parte de la escaramuza, tuvieron la valentía de levantarse contra la minería ilegal, pero el Estado les dio la espalda incluso al ver la desolación que esta actividad dejaba a su paso.

El clamor popular se fundamentaba en la derogatoria del Decreto Supremo N° 10, con el que las poblaciones de Asillo, San Antón, Progreso y otras localidades de Azángaro podrían verse aliviadas de la contaminación provocada por la minería ilegal de La Rinconada, Ananea y zonas aledañas, que envenenaban el río Ramis y sus afluentes.

Fueron años de protestas. El ganado, peces, pastizales y todo vestigio de vida, sucumbía ante la presencia de metales pesados en el agua. En las protestas, los lugareños llevaban como evidencia sus animales muertos, y entre lágrimas invocaban ayuda porque sentían que esas sustancias nocivas causaban estragos en su organismo.

INDOLENCIA Y APATÍA

Las protestas de los pobladores fueron escalonadas. Al no ser escuchados en sus localidades, adoptaron como estrategia trasladarse al epicentro de la integración regional. Al estar Juliaca sitiada y perjudicaba todas las actividades con las regiones vecinas, por fin el gobierno giraría la cabeza hacia este sector olvidado.

Los comités de lucha invocaron la instalación de mesas de diálogo, sus autoridades viajaron a Lima para gestionar soluciones, pero como acostumbra el Estado, no actúa hasta que estalle el conflicto social. La problemática ameritaba una comisión de alto nivel, pero la apatía era mayor.

ESTALLÓ EL CONFLICTO

Juliaca estuvo paralizada una semana y no resistía más. Diversas organizaciones de la sociedad civil se solidarizaron con los pobladores de Azángaro y se plegaron a la lucha. El 24 de junio, una fecha emblemática en el mundo andino, decidieron radicalizar sus medidas de protesta.

La tensión se agravó cuando los piquetes se trasladaron al aeropuerto internacional Manco Cápac. La situación provocó que el gobierno del presidente Alan García, en lugar de entablar diálogo con los manifestantes, optara por reprimirlos, y sin la menor clemencia.

Se desató una balacera descomunal. Para socorrer a los heridos, los bomberos y ambulancias del sector salud se trasladaron a la zona de conflicto, próxima al Aeropuerto y la salida a Cusco. Al hospital llegaron personas con impacto de bala y otras lesiones que hicieron colapsar sus instalaciones.

En gran parte de Juliaca se aspiraba bombas lacrimógenas hasta caer la tarde, y cuando la población conmocionada por los sangrientos hechos salía de nuevo a las calles, no faltaron las personas de malvivir e infiltrados que perpetraron saqueos en algunos establecimientos comerciales.

IMPUNIDAD

Aún no se asimilaba lo sucedido y todavía se hacía la evaluación de la tragedia. Abogados de derechos humanos se sumaron para apoyar a los deudos y conformaron la “Asociación de Víctimas del 24 de junio”. La batalla legal que iniciaron hace una década duerme hoy el sueño de los justos.

Según el abogado de este colectivo, Carlos Torres Rodríguez, son más de 200 procesados, entre miembros de las Fuerzas Armadas, autoridades y dirigentes. El proceso se encuentra en etapa de control de acusación, y desde el 2019 se suspenden las audiencias bajo el argumento de que no se puede notificar a los sujetos procesales.

El caso está en manos del fiscal Ernesto Rojas Cayllahua, mientras que la jueza Penélope Nájar Pineda, del primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román, para el 10 de agosto próximo, estaría llevando la audiencia de control de acusación, de no haber otro inconveniente.

LOGROS

A pesar del alto costo social de este levantamiento, con un saldo de seis muertos y más de 30 heridos, los deudos de las víctimas no fueron resarcidos de ninguna forma. Por ello, al conmemorarse una década de esta tragedia los deudos salieron nuevamente a clamar justicia, ávidos de que alguna ONG pueda apoyarlos con las reparaciones.

Gonzalo Yrpanoca, presidente de la Asociación de Víctimas del 24 de junio, sostiene que los pocos proyectos agrícolas y de irrigación que se ejecutan en la zona son por parte de los gobiernos distritales. Mientras que en materia de remediación ambiental las acciones serían nulas.

Las poblaciones asentadas en la cuenca del río Ramis siguen sumidas en la pobreza y extrema pobreza. Entretanto, la minería ilegal de La Rinconada, que enriquece a unos, explota a otros y da origen a otros flagelos sociales, sigue devastando el medio ambiente.

A una década del ‘Azangarazo’ o ‘Juliacazo’ la herida sigue abierta y sangrante

LR Cusco
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24/06/2021
Protestas en Cusco por incertidumbre electoral. Foto: La última
Bloqueos en la vía Arequipa-Cusco iniciaron la madrugada de este jueves. Además, comuneros de Chumbivilcas anuncian protestas en corredor minero.

Cusco. En la región imperial iniciaron las protestas por la incertidumbre electoral que se vive en el país. Los ronderos de la provincia de Canchis bloquearon la vía Arequipa-Cusco la madrugada de este jueves.

Los piquetes en la zona de Cruz Cunca y puente Arturo a la salida de Sicuani, capital de la provincia, impidieron el paso de los vehículos.

El dirigente Waldo Núñez dijo que insistirán con las protestas hasta la proclamación de Pedro Castillo como presidente.

“Las comunidades altas están molestas porque a estas alturas ya se había proclamado al presidente. El Jurado Nacional de Elecciones ya debe pronunciarse. Esta protesta es solo preventiva en apoyo también a nuestros hermanos ronderos que están en Lima”, expresó.

En tanto, en la provincia de Chumbivilcas también se anuncian protestas. El presidente del Frente de Defensa de la provincia, Wilber Fuente, señaló que se acordó tomar el corredor minero si el JNE no se pronuncia en estos días.

“Este es un pueblo que busca cambio y además es antifujimorista. Yo mismo fui personero y vi que a lo mucho hubo 10 votos para Fuerza Popular, en la mayoría nada. Ese es nuestro sentir”, apuntó.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/06/24/ronderos-y-comuneros-de-cusco-protagonizan-protestas-por-incertidumbre-electoral-lrsd/

CooperAcción 23/06/2021
La empresa Sedapal, encargada de abastecer de agua potable a más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao, fue admitida, el último 08 de junio de 2021, como parte demandante (litisconsorte facultativo activo) por el 6to juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el proceso de amparo que interpusieron representantes de la sociedad civil el 2019. Esta demanda de amparo busca se declare la nulidad de las resoluciones administrativas que autorizan el desarrollo del proyecto minero Ariana en una zona de vital importancia para el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Lima. La jueza Rocio Rabines Briceño, a cargo del caso, fundamenta en su decisión que Sedapal tiene interés jurídicamente relevante en la demanda porque es responsable de verificar que el servicio de agua potable llegue en forma óptima para el consumo humano, por lo que está acreditado su legítimo interés para participar en el desarrollo del proceso a favor de la parte demandante.

Fundamentos de Sedapal

Sedapal como empresa prestadora de servicios de agua y saneamiento, tiene la responsabilidad de producir agua potable de calidad para consumo de las poblaciones de Lima y Callao, y esta responsabilidad impone el deber de cuidar de las fuentes de agua potable como la laguna Sangrar y la infraestructura que soporta el agua que fluye a la ciudad de Lima y Callao, como es el túnel trasandino Cuevas-Milloc.

En su solicitud para ser incorporada en el proceso, Sedapal indica que su Equipo de Gestión Integral de Plantas tomó muestras de agua, que descarga la laguna de Sangrar y del agua proveniente de la laguna de Marcapomacocha en la entrada al túnel trasandino, en noviembre del año 2020, así como en febrero del presente año; realizando los correspondientes análisis, encontrándose que la concentración de arsénico se encuentra en el límite de los estándares de calidad ambiental (ECA); siendo ello un ambiente muy vulnerable a cualquier variación en sus condiciones, como la construcción de un depósito de relaves mineros, lo que impactaría negativamente en el medio ambiente en la zona.

La demanda de amparo sostiene que la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que autoriza a la Empresa Ariana Operaciones Mineras S.A.C para que realice la explotación de mina subterránea en el área ubicada de forma adyacente a la laguna Sangrar y a la salida del túnel trasandino, implica una amenaza real al derecho al agua potable, pues el inicio de la explotación del proyecto Ariana pone en riesgo el acceso, la suficiencia y calidad del agua potable de la población ubicada en Lima y Callao.

Dos años de espera: ¿qué sigue en el proceso?

La jueza Rocío Rabines Briceño, titular del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, debe emitir una sentencia en el más breve plazo para decidir si paraliza o no el proyecto Ariana, de la canadiense Southern Peaks Minnig. El caso Ariana está para sentencia, es decir no hay más actos procesales que resolver, luego de declarar fundada la solicitud a favor de Sedapal para integrarse como parte demandante en el estado que se encuentre el proceso.

Es importante precisar que se trata de un proceso constitucional de amparo y, por ende, de tutela urgente debido a que está en juego varios derechos fundamentales, especialmente el derecho fundamental al agua potable, el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, y el derecho fundamental a la salud.

Según Maritza Quispe, abogada constitucional del IDL, “esta sentencia debe ser emitida con argumentos jurídicos válidos, tomando en cuenta los peligros que podría significar la construcción de este proyecto en una zona donde se ha evidenciado que es altamente sísmica o de lo contrario se pondrá en peligro la calidad y cantidad de agua potable para más de 10 millones de ciudadanos de Lima y Callao”.

El proyecto minero Ariana debe ser desestimado por amenazar el agua potable para Lima y Callao

Earthworks y CooperAcción, con la finalidad de sustentar la demanda de amparo con los más altos estándares de rigurosidad científica y técnica, solicitaron a un experto internacional el estudio de riesgo de uno de los componentes mineros más peligrosos del proyecto: la presa de relaves. En este estudio, el doctor en geofísica Steven Emerman ha sido enfático en recomendar que el proyecto minero Ariana debe ser rechazado “sin mayor consideración”, ya que si la presa de Ariana colapsa, los relaves fluirían inmediatamente hacia la bocatoma de agua del Túnel Trasandino, a los canales colectores, al Río Carispaccha y siguiendo su curso podrían afectar incluso los pueblos de Corpacancha, Santa Ana, Sincamachay y la planta hidroeléctrica Malpaso. Emerman sostiene que no conoce un caso de explotación minera parecida en el mundo, que implique la construcción de una presa de relaves en una zona de suministro de agua para una ciudad capital de un país.

Conoce detalles del caso aquí: https://bit.ly/2Smwbil

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Imagen: El peruano
24/06/2021
En la edición del pasado martes 22 de junio, el diario de economía y negocios Gestión anunciaba en su carátula (ver la parte baja de la izquierda) que las inversiones mineras en Perú y Chile se desacelerarían en el corto plazo. ¿Es así? ¿Las inversiones mineras se van a desacelerar en el contexto actual? ¿Qué variables son las que cuentan para los inversionistas? Intentaremos responder a estas interrogantes.

En primer lugar hay que subrayar que en medio de la campaña electoral varios medios de la prensa escrita peruana han optado por titulares francamente alarmistas. Incluso, cuando se lee el contenido de las notas desarrolladas, hay una diferencia con el titular: por ejemplo, en este caso, en las páginas internas, cuando se cita el informe de referencia de la empresa Standard & Poor’s Global Market Intelligence, su analista, Kevin Murphy señala que “no espera un enfriamiento significativo de las inversiones en Perú, pues junto con Chile están bien considerados por su potencial mineral”. ¿Lo dicho coincide plenamente con el titular?

Pero lo más importante es analizar si realmente es posible que las inversiones mineras en países como Perú y Chile se desaceleren en el contexto actual. Lo cierto es que si uno revisa el comportamiento histórico de la inversión minera, en el Perú, Chile o a nivel global, cada vez que los precios de los minerales han estado al alza, los flujos de inversión se han activado y, por el contrario, cuando han estado a la baja, las inversiones se redujeron de manera significativa.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, a partir del año 97 y 98, como consecuencia de una crisis internacional (lo que se conoció como la crisis rusa y asiática), los precios de los minerales se desplomaron y lo mismo ocurrió con los flujos de inversión. Luego, a partir del 2003, los precios comenzaron a recuperarse (se inició el denominado súper ciclo de precios de las materias primas) y las inversiones también comenzaron a aumentar de manera sostenida. Finalmente, a partir del año 2013 los precios comenzaron a caer y las inversiones también cayeron, en el Perú, en América Latina y en todo el mundo.

Ahora hemos entrado a un período de precios altos que, en algunos casos como el cobre, superan largamente los niveles del súper ciclo y todo indica que las inversiones comenzarán a recuperarse. ¿Alguien piensa seriamente que los inversionistas mineros van a desaprovechar una coyuntura excepcional como la que estamos viviendo y dejar de tener sobre-ganancias?

Las inversiones van a donde está el recurso mineral y eso es algo que no abunda hoy en día en el planeta. Además, nuestras minas tienen los más bajos costos de producción a nivel mundial. Alguna vez, un CEO de una gran empresa transnacional minera nos comentó, allá por el año 2005, que habían tomado la decisión de dejar el Perú, no por la situación política que se vivía por entonces -con un candidato con polo rojo que anunciaba la gran transformación-; tampoco por los conflictos sociales que se habían incrementado. Habían decidido vender su principal operación minera simplemente porque acababan de perder en el pulseo por la compra de una gran mina en el Perú, que era el principal motivo de su presencia en el país. Los temas políticos y sociales no eran el factor determinante para invertir en un país y su empresa estaba acostumbrada a operar en situaciones extremadamente complejas: comentó que una de sus operaciones en África se ubicaba a 30 kilómetros de una zona en donde una guerrilla marxista leninista se enfrentaba a un dictador feroz.

Que quede claro, con los actuales precios de los minerales, las inversiones en este sector se van a activar; van a seguir llegando a América Latina y a países como el Perú. Que ningún titular alarmista distorsione la realidad.

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Imagen: CooperAcción  –  23/06/2021
El viernes 11 de junio, mediante el Decreto supremo 009-2021-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) como resultado de un proceso inédito de construcción participativa de una herramienta cuyo objetivo es adoptar acciones para superar progresivamente las brechas de coherencia de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la competitividad y la inversión sostenible.

En ese sentido, destacamos la participación de las centrales sindicales, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en este proceso, que con su voz y aportes ha permitido que el Estado y las empresas reconozcan oficialmente los impactos negativos en los derechos humanos generados por las actividades empresariales en los pueblos indígenas, comunidades originarias, defensores y defensoras ambientales, trabajadores, trabajadoras, usuarios y consumidores; y también resaltamos que a través de un diálogo multiactor hemos logrado la construcción de un plan nacional que debe guiar al Estado, con el apoyo de los titulares de estos derechos, hacia la implementación de una política pública que reduzca estas violaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar ausencias centrales e importantes que deja el Plan aprobado.

En primer lugar, los pueblos indígenas y comunidades originarias señalamos que sólo uno de los puntos mínimos propuestos por las organizaciones indígenas ha sido incorporado. Durante el proceso, las organizaciones indígenas planteamos se incorpore mecanismos que permitan proteger nuestro derecho al territorio, a la soberanía alimentaria y a la institucionalidad indígena; sin embargo, estos derechos no han sido tomados en cuenta. Tampoco fue tomada en cuenta la jurisdicción indígena como mecanismo de reparación de nuestros pueblos frente a la violación de derechos humanos. Además, la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada y los estudios de impacto ambiental aún no se encuentra acorde a los estándares internacionales. Demandamos que, en el proceso de implementación, se incorpore este punto por ser de derecho, porque es necesario que se reconozca la importancia del consentimiento previo, libre e informado; así como la reparación de las afectaciones a los pueblos indígenas y las personas y poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas.

En materia laboral, los trabajadores y trabajadoras lamentamos que no se reconozca con la claridad necesaria que la legislación nacional, las políticas públicas y las prácticas empresariales se mantienen aún por debajo de los estándares internacionales y que es necesario y urgente atender todos los derechos colectivos del trabajo incluyendo la asociación y libertad sindical, la huelga y la negociación colectiva así mismo en el tema de la informalidad tantas veces mencionado en este diálogo multiactor nos ratificamos es que no debe entenderse como un fenómeno desvinculado de la actividad empresarial formal, pues muchas veces funcionas articuladas, permitiendo que las empresas relativicen sus obligaciones de respeto de los derechos humanos.

Las instituciones de derechos humanos hemos exigido en todo el proceso de elaboración del PNAEDH la adopción de una metodología adecuada y el uso de indicadores que realmente evidencien cambios en la conducta empresarial y que ayuden a reducir la vulneración de derechos humanos, así como el cierre de brechas en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Así mismo, insistimos en lo que hemos mencionado en nuestros aportes al Plan ahora que se viene el proceso de implementación del Plan seguiremos haciendo incidencia sobre estos puntos, porque el desarrollo empresarial solo será sostenible si se incorpora integralmente las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Necesitamos mirar el PNAEDH, a partir de este momento, como parte sustancial de una nueva arquitectura estatal de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos que se deben seguir desarrollando en el país, a fin de que tanto las empresas internacionales como nacionales respeten los derechos humanos. En particular, atendiendo al hecho de que el PNAEDH no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que el desarrollo empresarial, que todas y todos saludamos, no se haga a costa de los derechos humanos de los demás. En ese orden de cosas, el PNAEDH recientemente aprobado debe tomarse como un punto de partida para seguir mejorando los procesos en el corto y mediano plazo, en el que se elimine la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras, y se reconozca genuinamente la labor de defensa y protección de los derechos humanos.

La implementación del PNAEDH demanda potenciar la participación empoderada de la sociedad civil en la ejecución y seguimiento, tanto de sus acciones estratégicas, como del cumplimiento de los objetivos planteados en él; y ello pasa por trasladar la información respectiva desde lo nacional a lo regional y viceversa; visibilizando las experiencias piloto de diálogo que hemos venido desarrollando en diferentes zonas del país, las mismas que deben servir de referencia del ejercicio de diálogo entre sectores empresariales, actores sociales y poblaciones ubicados en esos territorios.

La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.

Finalmente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que todos estos años hemos defendido los derechos humanos, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir bregando, tanto desde la discusión de las políticas públicas, como ejerciendo el derecho a la incidencia, la movilización y la protesta con propuestas, para reducir la vulneración de derechos humanos y así poder construir juntos un Bicentenario en el que las empresas respeten plenamente los derechos humanos en el Perú.

Firmas:
Centrales Sindicales
Confederación General Trabajadores del Perú
Central Autónoma de Trabajadores del Perú
Central Unitario de Trabajadores del Perú
Confederación de Trabajadores del Perú
Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines – FENTAGRO

Organizaciones de Pueblos Indígenas
Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP

Asociación en Defensa de las viviendas y medio ambiente del Puerto de Chancay
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa de Chancay

Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
CooperAcción
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Red Muqui
Red Peruana por una Globalización con Equidad -RedGE
Instituto del Bien Común – IBC
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Comisión de Derechos Humanos de ICA -CODEHICA
Earthrights International -ERI
Programa Laboral de Desarrollo – Plades
Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Derechos Humanos Sin Fronteras -DHSF
IDLADS
CIPCA
GRUFIDES
IESI
DIAKONIA
OXFAM en Perú
11.11.11
Broederlijk Delen

Otras adhesiones:
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

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Foto: Comuneros de Huancuire
22/06/2021 www.conflictosmineros.org.pe
El actual contexto electoral no ha impedido que la comunidad campesina de Huancuire, del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, Apurímac, continúe protestando por más de 14 días en contra de la empresa minera MMG Las Bambas. Las y los comuneros han llegado a protestar hasta la zona conocida como Charcas Ccocha donde se encuentra el campamento minero.

La comunidad nuevamente ha iniciado protestas para exigir que, tanto la empresa minera en mención como las instituciones del Estado, empiecen a trabajar en el resarcimiento ambiental.

Antecedentes

El 26 de mayo, las y los comuneros de Huancuire en sus actividades cotidianas de agricultura reconocieron que los puquios, que son alimentados por la cuenca de Chalcobamba, contenían aguas turbias.

‘No solo fueron nuestros manantiales y puquios, sino también las truchas que criamos en nuestras piscigranjas aparecieron muertas. Esa agua también la consumen nuestros animales, y también nosotros, por eso tenemos miedo que estemos contaminados con metales pesados en nuestros cuerpos’ declaró para el Observatorio de Conflictos Mineros el vicepresidente de la comunidad de Huancuire, Isidro Pusaclla.

La acción inmediata de la comunidad fue informar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, cuyos funcionarios llegaron hasta la zona el 01 de junio para tomar las muestras respectivas. Sin embargo, hasta la fecha la comunidad no ha recibido resultados.

‘No confiamos en OEFA, porque el año pasado, descubrimos que la empresa minera había arrojado sus residuos a una de las lagunas que nos abastece de agua en tiempos de sequía. Denunciamos, vinieron a sacar pruebas, y hasta la fecha no nos dan los resultados’ sentenció Isidro Pusaclla.

Debido a esta situación, de permanente contaminación y de nula respuesta de mitigación, la comunidad decide iniciar un paro indefinido el 09 de junio, que se viene desarrollando hasta la fecha.

Asimismo, a través de las redes sociales, la comunidad también ha denunciado que la empresa MMG Las Bambas viene desarrollando actividades de explotación en 132 hectáreas de terreno cedidos irregularmente, sobre los cuales pesa una medida judicial de nulidad y una medida cautelar. Sin embargo, la empresa sigue operando sobre el terreno referido.

Comunero Herido

Como se recuerda, según denunciaron los comuneros, el 11 de junio último, la camioneta de placa V7V897, de propiedad del Policlínico Santísimo Sagrado Corazón de Jesús S.A.C., quien le brinda servicios a la empresa minera, atropelló al comunero Juan Huilllca Ochoa, quien después fue retenido en el campamento minero por los miembros de la PNP y funcionarios de la empresa minera.

La comunidad ha denunciado que las truchas que crían mueren constantemente. Foto: Comuneros de Huancuire

Después de más de dos horas, el comunero fue retirado del campamento a bordo del patrullero policial. Gracias a los medios de comunicación locales, se pudo evidenciar que efectivamente se encontraba herido, y junto a su esposa e hija acudieron hasta el centro de salud de Challhuahuacho.

Actualmente, Huillca se encuentra en la clínica Max Salud en Cusco, y según nos relata Isidro Pusaclla, ha recibido dos intervenciones quirúrgicas.

Cabe señalar que la comunidad se ha pronunciado en diferentes oportunidades afirmando que no están en contra de la actividad minera, y que están dispuesto a iniciar un proceso de diálogo, pero sí exigen que la MMG Las Bambas cumpla mínimamente con los acuerdos que ha pactado con las comunidades a lo largo del corredor minero del sur.

‘Dicen que no queremos diálogo, pero eso es mentira, no hemos tenido una comunicación oficial de parte de la empresa. Nosotros estamos protestando pacíficamente, pero no vamos a bajar la guardia, el agua es un derecho, y la empresa y el gobierno tienen que garantizar la salud de nuestra comunidad’ concluye Pusaclla.
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José Caro y Daniel Huamán
“El problema de la minería informal debe ser abordado pronto, pues de no hacerlo, somos nosotros y las futuras generaciones de peruanos quienes asumiremos el costo de los daños ambientales generados en la actualidad por los mineros informales”, advierten los profesores de Derecho Penal de la Universidad del Pacífico
«¿Realmente fue una buena decisión crear y tolerar un proceso de formalización tan nocivo para tener resultados tan decepcionantes?», cuestionan los expertos. (Foto: GEC)
21/06/2021
¿Se imagina usted ser minero, no pagar impuestos, no pagar por el mineral que extrae, no ser sancionado por los daños al ambiente, y, por último, no ser perseguido penalmente por ello? Esta situación que parece surreal es la que nuestro sistema jurídico ha promovido con la creación del proceso de formalización minera, el cual –sin desearlo– incentiva a precisamente a lo contrario: ser informal y recibir por ello todos los beneficios de la formalidad.

Los orígenes del problema se remontan al año 2012, cuando el gobierno de Ollanta Humala decidió afrontar el problema de la minería ilegal. Para ello creó un sistema transitorio de formalización minera. En virtud de dicho sistema el minero informal podía alcanzar la legalidad si cumplía los siete requisitos exigidos.

Asimismo, para incentivar a que los mineros informales se acogieran a este sistema emitió el Decreto Legislativo 1102, el cual impide la sanción penal del minero ilegal que se acoja al proceso de formalización minera. Hasta la actualidad, al amparo del Decreto Legislativo 1351, dicho beneficio sigue vigente.

La legitimidad constitucional de esta exención de pena es muy discutible, pues tolerar –aunque fuere transitoriamente– la minería ilegal implica aceptar la afectación del derecho fundamental a un ambiente sano y saludable, acción que es mucho más visible en nuestra Amazonía.

Para disminuir la crítica que podría residir en el proceso de formalización el legislador intentó ponerle un límite a su duración, de forma tal que sólo tuviera una vigencia transitoria de dos años. En la práctica, esta buena intención de colocar un límite temporal ha sido sucesivamente dejada de lado, pues el proceso que inició el 2012 aún hoy se encuentra en vigor. Esto es, han pasado casi 10 años desde que el proceso de formalización minera inició y aún este no tiene un fin.

Lo que uno debería analizar es si quizá esta política tuvo algún efecto positivo al permitir que muchos mineros dejaran la informalidad y ahora se encuentren en la legalidad. Sin embargo, los resultados en cifras son bastante decepcionantes, pues según la data del Ministerio de Energía y Minas, hasta el año pasado sólo el 3% de los mineros que se incorporaron al proceso de formalización habían alcanzado la legalidad.

Entonces, nos preguntamos, ¿realmente fue una buena decisión crear y tolerar un proceso de formalización tan nocivo para tener resultados tan decepcionantes?

La respuesta es evidentemente negativa, por lo que –tal como se encuentra en el documento La insostenibilidad técnico-jurídica del proceso de formalización minera. Enfoque penal, nuestro aporte al proyecto Agenda Bicentenario del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico– corresponde una reforma inmediata de la normativa vigente, la que debe enfatizar dos puntos.

En primer lugar, poner un límite temporal inamovible al proceso de formalización minera, al cabo del cual el Estado debería poder ejercer el ius puniendi en contra del minero ilegal. En segundo lugar, a efectos de crear un verdadero incentivo en el minero en proceso de formalización, la exención de pena no debe darse por la incorporación al proceso de formalización minera, sino por la culminación de dicho proceso.

El problema de la minería informal debe ser abordado pronto, pues de no hacerlo, somos nosotros y las futuras generaciones de peruanos quienes asumiremos el costo de los daños ambientales generados en la actualidad por los mineros informales.
https://elcomercio.pe/economia/peru/el-incentivo-perverso-del-proceso-de-formalizacion-minera-por-jose-caro-y-daniel-huaman-opinion-noticia/

Vanessa Schaeffer 18/06/2021
Imagen: Agora RSC
Durante los últimos años las principales economías del mundo[2] se han comprometido a lograr ser carbono neutral para el año 2050[3]. La carrera por alcanzar las cero emisiones netas (en inglés, Net-Zero) es urgente para que la temperatura de nuestro planeta no aumente en más de 1.5°[4] y evitemos así (para ponerlo en simple) el riesgo del colapso de los ecosistemas que dan sustento y hacen posible nuestra vida.

Para alcanzar esta meta, necesitamos dar un impulso sin precedentes a la producción de energías de bajas emisiones en todo el mundo, esto es, dar paso a una transición energética global agresiva que logre dejar atrás la quema de carbón y de combustibles fósiles. Energía solar y eólica, vehículos eléctricos y sistemas de transporte electrificados, son esenciales para dar el paso definitivo hacia sistemas de energía limpia. En la base de estas tecnologías está un aspecto clave que países industrializados e inversionistas ya tienen en la mira: la transición energética global necesitará de muchos minerales, muchos más de los que extraemos ahora.

De un uso intensivo de combustible a un uso intensivo de minerales

Para alcanzar las metas climáticas del acuerdo de París, nuestros sistemas de energía pasarán de un “uso intensivo de combustibles a un uso intensivo de minerales”[5], señala Tim Gould, Jefe de la División de Suministro de Energía e Inversiones, de la Agencia Internacional de Energía (AIE)

Esto sucede, entre otras razones, porque las tecnologías de energía limpia (por la manera en la que estas producen y almacenan energía) requieren de considerablemente más materiales y minerales que nuestros actuales sistemas de energía basados en combustibles fósiles[6]. Estas tecnologías crecen rápidamente en el mundo, con lo que aumenta también su parte sobre la demanda global de minerales. Así, con las transiciones, el sector energético se va transformando en uno de los principales sectores en la demanda de minerales. En un escenario (ideal) en el que las principales economías del mundo cumplen con sus compromisos climáticos y cambian hacia sistemas de energía limpia, esta tendencia se multiplicaría con importantes consecuencias sobre la demanda de minerales a nivel global.

En su último reporte sobre minerales y transición energética[7], la Agencia Internacional de Energía calcula la demanda futura de minerales de acuerdo a dos escenarios proyectados: uno en el que los países cumplen con sus compromisos climáticos y alcanzan ser carbono neutral a tiempo, en el 2050, denominado escenario de Desarrollo Sostenible (SDS, por sus siglas en inglés); y otro en el que las medidas y planes que tenemos en la actualidad guían el sector energético, muy lejos de alcanzar las metas climáticas trazadas, denominado Escenario de Políticas Declaradas (STEPS).

Ambos escenarios coinciden: para el año 2040 la demanda total de minerales para el desarrollo de energías limpias aumenta considerablemente, esta se duplica, en el escenario STEPS y hasta cuadruplica en el escenario en el que cumplimos las metas de París (SDS).

En ambos escenarios, los vehículos eléctricos y las baterías son responsables por casi la mitad del crecimiento de la demanda de minerales para tecnologías limpias de las siguientes décadas[8]: su demanda crece de diez (STEPS) a treinta veces (SDS) hasta el 2040. Si bien el crecimiento de la demanda es mayor para aquellos minerales vinculados a la producción de baterías y almacenamiento de energía (como el litio, cobalto, níquel, manganeso), no obstante los minerales para la producción de energía (energía solar, eólica) y redes de interconexión (como el cobre o el molibdeno) también incrementan su demanda. En el caso del cobre[9], metal base e indispensable por su excepcional capacidad térmica y de conducción eléctrica (clave para las redes de tendido eléctrico) su demanda para energías limpias crece de 24% (actual) a 30% en el 2040 (STEPS) y 45% (SDS). En el caso del litio[10], esencial para baterías, en un escenario SDS su demanda para energías limpias aumenta a más del 90%.

Grandes transiciones, grandes desafíos

Transitar hacia sistemas de energía limpia durante los próximos diez años es urgente e indispensable. Para evitar el colapso de los ecosistemas que sostienen nuestra vida y la de las generaciones futuras, tenemos que dejar atrás la quema de combustibles fósiles.

Sin duda, la transición significará una mayor extracción y procesamiento de minerales. Aunque los escenarios evaluados están sujetos a un gran rango de incertidumbre (dependiente de variables tan impredecibles como las políticas que adopten los países, las decisiones de inversión, el nuevo desarrollo tecnológico, etc.), la tendencia es clara: alcanzar las metas del Acuerdo de París tendrá un efecto crítico sobre la demanda de minerales en mundo. Con ello, aumentará la presión sobre los territorios de los países productores en un contexto en el que todavía no se han superado grandes desafíos pendientes como los graves impactos ambientales y sociales que estas operaciones tienen a nivel local. Esto sucede no solo en los Andes del Perú (como segundo productor de concentrado de cobre mundial) sino también en otros países de extracción: a la fecha el 70% de los proyectos mineros de las 6 empresas mineras más grandes del mundo operan en regiones con estrés hídrico[11]. Estos proyectos operan muchas veces además en territorios indígenas, megadiversos, impactando gravemente en ecosistemas claves para la vida de la población local.

¿Cómo superar estos desafíos? La extracción minera de ahora (y con ello empresas y estados detrás) tiene que cambiar de enfoque. Sus impactos son evidentes y las estrategias basadas únicamente en Responsabilidad Social Corporativa, compromisos voluntarios y marketing corporativo son insuficientes. Mayores y mejores estándares, que protejan el agua, el aire y el territorio y su gente, son indispensables, así como mecanismos que aseguren su cumplimiento.

Al mismo tiempo, los desafíos ambientales no se pueden abordar únicamente con una transición tecnológica: es necesario también evaluarlos desde una perspectiva de suficiencia y preguntarnos ¿hasta qué punto debe y puede crecer la producción de energía, sin causar nuevos desequilibrios a los ecosistemas? Como ya muchos han apuntado, nada puede crecer infinitamente en un mundo físico con recursos finitos.

Estados, empresas y sobre todo, territorios locales deben prepararse construyendo gobernanza para las transiciones. El suministro de minerales, la transición energética y en buena cuenta, el futuro de nuestros ecosistemas y la vida como la conocemos, dependen de ello.

[1]Hund K, La Porta D, Fabregas T, Laing T, Drexhage J. Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. World Bank. 2020. pg.11.

[2]Que en conjunto significan el 68% del PBI y el 60% de las emisiones de globales. Black, R., Cullen, K., Fay, B., Hale, T., Lang, J., Mahmood, S., Smith, S.M. (2021). Taking Stock: A global assessment of net zero targets, Energy & Climate Intelligence Unit and Oxford Net Zero.

[3]En simple, ser carbono-neutral/emisiones netas cero/Net-Zero significa que con nuestras actividades (como empresa, país o comunidad global) en balance, no estamos añadiendo más emisiones a la atmósfera. Para lograrlo, en la práctica continuaremos emitiendo pero estas nuevas emisiones deberán ser absorbidas en una cantidad equivalente.

[4]Un aumento de hasta 2° en la temperatura global es considerado el máximo que la Tierra puede soportar sin riesgo de impactos catastróficos en la producción de alimentos, el nivel del mar, la escasez de agua y la pérdida de fauna y flora. Por su importancia, casi todos los países han suscrito el Acuerdo de París, tratado internacional que busca mantener el nivel de temperatura global hasta máximo 1.5°C por encima de niveles pre- industriales.

[5]Tim Gould Head of Supply Division, World Energy Outlook · ‎International Energy Agency. Junio 2021. Presentación del Reporte The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=FfpuT1cvYiM&t=1124s

[6]World Bank 2020.Pg.11.

[7]The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. World Energy Outlook Special Report. Agencia Internacional de la Energía AIE. 2021.

[8]AIE 2021. Pg.50

[9]AIE 2021. Pg.136

[10]AIE 2021. Pg.141

[11]World Bank. 2020. Pg.13.

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José De Echave C.
Imagen: Perfil
No hay que ser un experto en historia económica del Perú para dar una mirada retrospectiva y darse cuenta de que cuando los precios de nuestras exportaciones han estado al alza, la economía peruana ha estado en expansión; por el contrario, cuando han estado a la baja, el país ha entrado en escenarios de estancamiento y recesión. Esa ha sido una constante en nuestros casi 200 años de vida republicana.

Para los que insisten en señalar que gracias a la Constitución del 93 hemos tenido 30 años de crecimiento económico sostenido, es bueno recordarles que en este período también pasó lo mismo: en los últimos 30 años, la economía peruana estuvo bien cuando los precios de nuestras exportaciones andaban bien y estuvimos mal cuando la situación cambió. Por ejemplo, la situación económica fue positiva en la década del 90 hasta que por los años 97 y 98 estalló una crisis internacional (lo que se conoció como la crisis rusa y asiática) y se trajo abajo los precios de los minerales. Por eso, los últimos años del fujimorismo fueron una etapa de recesión y estancamiento.

Luego, a partir del año 2003 comienza un ciclo de recuperación de los precios de las materias primas, entre ellas los minerales, que duró 10 años (2003-2012). Es el ciclo de bonanza de las materias primas de mayor duración en los últimos 70 años. Casi todos los indicadores que hoy en día se presentan como resultados del modelo y de la Constitución del 93, en realidad son consecuencia de ese período de súper ciclo de precios de las materias primas en general y de los minerales en particular. Si borrásemos ese período, la reducción de la pobreza, la evolución del PBI y otros indicadores más, mostrarían resultados bastante modestos. Además, en el período del súper ciclo de las materias primas, en América Latina crecieron países con modelos y constituciones diametralmente opuestas. Finalmente, el súper ciclo terminó y la economía peruana nuevamente entró en problemas.

Hacemos este breve recuento para subrayar que, en la actualidad, los precios de los minerales están nuevamente al alza (de repente tienen razón los que dicen que Dios es peruano) y en algunos casos a niveles muy por encima de la etapa del súper ciclo. Por ejemplo, la cotización del cobre ha batido todos los récords: es importante mencionar este metal porque en los últimos años el Perú ha duplicado su producción y con los actuales precios las empresas productoras de cobre ya deben haber recuperado sus inversiones y, por lo tanto, comenzarán a pagar impuesto a la renta.

En mayo de este año los ingresos tributarios se han recuperado a niveles pre pandemia e incluso comienzan a estar por encima de los que se recaudaba el año 2019. Todo indica que el Estado peruano comenzará a tener una mayor presión tributaria en los próximos años y si se corrigen los errores del pasado con reformas claves como la tributaria y un impuesto a las sobreganancias de las mineras, estos ingresos se pueden potenciar aún más y sobre todo sostener. Esto sería un gran alivio para la economía peruana y se podría comenzar a fortalecer los presupuestos de salud, educación, entre otros componentes.

¿Cuánto durará este nuevo ciclo de precios altos de los minerales? Difícil decirlo, quizás no será tan largo como el ciclo previo, aunque todo indica que tiene para algunos años más. Si no tuviésemos que recuperar todo lo que se perdió el año 2020 como consecuencia de la pandemia, la economía peruana ya estaría entrando de lleno a un nuevo ciclo expansivo. Por lo tanto, la primera tarea es recuperar el dinamismo económico, los puestos de trabajo que se han perdido, fortalecer la salud y la educación pública e impulsar, sobre todo, los sectores productivos intensivos en la generación de puestos de trabajo, como la agricultura y las pymes.

El próximo quinquenio se presenta favorable. De lo que se trata es hacer la tarea y no cometer los errores del pasado.

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