Perú

Represión en protestas de corredor minero del sur


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Maribel Mamani
27/07/2021
Protesta. La medida de fuerza de comunidades del Corredor Minero inició el viernes.
Denuncia. Dirigentes acusan a la policía de lanzarles agredirlos. Paro seguirá hasta que se instale mesa de diálogo el 4 de agosto.
Las protestas que iniciaron las comunidades de la provincia de Chumbivilcas, por donde pasa el Corredor Minero del Sur, se tornó violenta el último fin de semana. Dirigentes que encabezan este paro indefinido, manifestaron que los pobladores fueron atacados con bombas lacrimógenas y perdigones por parte de la Policía.

El presidente de la comunidad de Huininquiri (Chumbivilcas), Sixto Huamaní denunció que un contingente policial irrumpió en la vía donde decenas de manifestantes estaban reunidos. Los efectivos provistos de armas no letales comenzaron a dispersarlos para liberar la carretera. Producto de esta represión, como la calificaron, al menos diez personas resultaron heridas.

“Los compañeros han sido perseguidos cerro tras cerro, como si fueran delincuentes. Quiero hacer llegar este reclamo al presidente electo Pedro Castillo, nos han reprimido sin ningún respeto a las señoras, adultos mayores, niños y niñas. Nuestra huelga era pacífica”, expresó Huamaní.

Por su lado, el presidente del comité de lucha de la provincia de Chumbivilcas, Luis Huamaní Fuentes, detalló que la medida de fuerza es contra la empresa minera MMG Las Bambas. La acusan de afectar las vías de la zona y generar contaminación con el polvo que los camiones levantan a su paso. También protestan contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por clasificar como vía nacional esta carretera.

“Nosotros exigimos que la empresa minera asuma su responsabilidad social y ambiental, tal como dice la ley. Pedimos que se haga un contrato de servidumbre, porque cada comunidad tiene su título, es propiedad privada. Por el hecho de que la vía es considerada nacional, ellos siguen pasando y nos causan ruido y polvo. La carga vehicular ha aumentado, no podemos pasar ni con motos ni con nuestros animales”, expresó Luis Huamaní.

Sobre el tema el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado en el que señala que esta vía fue clasificada como nacional a pedido de los gobiernos regionales de Cusco y Apurímac en 2017 y que a la fecha pagaron S/ 56 millones 241 mil 765 por el saneamiento legal de estos terrenos, divididos en 1847 cheques de compensación económica y 223 cheques de tasación.

Este 4 de agosto se instalaría una mesa de diálogo para solucionar el problema. Hasta que esto se concrete, las comunidades de Cancahuani, Yanque Lacca Lacca, Huininquiri y Cruzpampa, seguirán en paro indefinido.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/07/23/restricciones-28-y-29-de-julio-medidas-y-que-se-puede-hacer-y-que-no-durante-fiestas-patrias-atmp/?ref=scrollinternal2

Perú

Corredor Minero del Sur: El primer conflicto social del nuevo gobierno


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Las demandas de las comunidades no son recientes, desde hace ya varios meses han intentado generar diálogo con los gobiernos y las empresas mineras
26/07/2021
A puertas de recibir el Bicentenario, nuevamente el corredor minero del sur es escenario de protestas y manifestaciones en contra de los incumplimientos de compromisos de las empresas mineras y del mismo Estado. Desde las primera horas del 23 de julio, la comunidad originaria de Huininquiri, ubicada en el distrito de Colquemarca, provincia cusqueña de Chumbivilcas, inició un paro preventivo para exigir al presidente electo, Pedro Castillo, que incluya sus demandas en el próximo mensaje presidencial de toma de mando.

En un primer momento, la medida sería un paro preventivo de 24 horas, sin embargo el sábado 24 de julio, los comuneros denunciaron a través de las redes sociales que fueron víctimas de represión policial. Hasta la fecha se han reportado 6 mujeres y 10 hombres heridos por impactos de perdigones y bombas lacrimógenas, ninguno de gravedad, pero quienes ya pasaron por el médico legista, se les ha recomendado descanso médico de por lo menos una semana. Debido a este hecho, han decidido que el paro sea indefinido.

Hasta el cierre de edición, se han sumado nuevas comunidades a la protesta: Huascabamba, Cruzpampa, y otras comunidades del distrito de Ccapacmarca.

El Observatorio de Conflictos Mineros se contactó con Sixto Huamaní, presidente de la comunidad Huininquiri. Huamaní es uno de los comuneros que están liderando estas protestas, y quien también denunció por diferentes medios de comunicación la represión policial.

‘Hasta el momento no tenemos ninguna comunicación de funcionarios del Gobierno, entendemos que estamos en una transición, por eso estamos evaluando mantener la protesta hasta pasado el 29 de julio, además porque hemos sido víctima de violencia física y psicológica de parte de la policías, nosotros no somos antimineros, estamos protestando de manera pacífica, ellos han venido directo, a dispararnos, incluso afectando a mujeres’ sentenció Huamaní.

¿Cuáles son sus demandas?

Las demandas de las comunidades no son recientes, desde hace ya varios meses han intentado generar diálogo con los gobiernos y con las empresas mineras. Uno de los puntos principales de su agenda de reclamos es la nulidad de la R. M. N° 372-2018-MTC, publicada el 25 de mayo de 2018, la cual consiste en la reclasificación de manera definitiva como Ruta Nacional diversas vías de Apurímac y Cusco, logrando que las empresas mineras pasen por sus territorios sin ningún consentimiento comunal previo.

Las comunidades cuestionan que esta medida está vulnerando derechos legítimos como el derecho a la consulta previa, pues nunca se les informó sobre esta decisión; el derecho a la propiedad, derecho a la identidad cultural, derecho a la salud y derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida. Este último punto, debido a que en la vía del corredor minero transitan mínimamente 500 vehículos al día.

Debido a las afectaciones, las comunidades también exigen una compensación e indemnización por los daños y perjuicios ambientales, asimismo el pago de los derechos de servidumbre minera. Además solicitan ser considerados como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera y el contrato de concesión minera.

Hay muchas comunidades que no están consideradas como zonas de influencia directa dentro del Estudio de Impacto Ambiental, por ello exigen la Inclusión como área de influencia directa ambiental y social de todas las comunidades del corredor.

Finalmente, debido a los sucesos de represión policial, las comunidades exigen que el nuevo gobierno de Pedro Castillo no repita las prácticas de criminalización de la protesta social.

Triunfo de Castillo

Cabe recordar que el reciente 06 de julio, ante la estrategia del fujimorismo y sus aliados de acusar un supuesto fraude en las elecciones presidenciales y la dilatación de la proclamación presidencial, diferentes comunidades de Colquemarca tomaron por las rutas del corredor minero del sur, para exigir la proclamación de Castillo. Esta movilización afectó la circulación de encapsulados de la empresa minera HudBay.

En Colquemarca el respaldo a Pedro Castillo fue contundente. En esta zona, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% de actas contabilizadas, Castillo obtiene un respaldo de 96.5%, mientras su contrincante, Keiko Fujimori, solo alcanzó el 3.5%.

Las comunidades han hecho respetar su voto, ahora exigen al presidente electo cumpla sus promesas y atienda las demandas de las comunidades afectadas por el uso de las carreteras del corredor minero.

‘Nos maltratan como si fuéramos delincuentes, hemos buscado diálogo pero no nos hacen caso, más de tres oportunidades hemos remitido documentos a la empresa minera Las Bambas, pero no responden, solo queremos que se respeten nuestro derecho a nuestra propiedad y que tampoco se contaminen más nuestros territorios’ nos cuenta Huamaní mientras hacía un alto en las protestas para darnos una entrevista.
https://www.inforegion.pe/287167/corredor-minero-del-sur-el-primer-conflicto-social-del-nuevo-gobierno/

Perú

MTC de Perú afirma que rutas de vehículos mineros no son de su competencia


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

28/07/2021
MTC continúa con el proceso de la liberación y adquisición de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto Corredor Vial Apurímac-Cusco. / Foto: Cortesía del MTC
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú, respecto a las últimas acciones de protesta registradas sobre el Corredor Vial Apurímac-Cusco, en la provincia de Chumbivilcas, región Cusco, aseguró que las rutas de paso de los vehículos de transporte minero no se vinculan ni se encuentran condicionadas a los procesos de reclasificación de vías vecinales y/o regionales a rutas nacionales.

Es decir, no está dentro de sus competencias sectoriales, pues la ruta de transporte del concentrado de mineral es declarada en el Instrumento de Gestión Ambiental del proyecto minero correspondiente.

La semana pasada se informó que algunas comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, han bloqueado el corredor minero como protesta contra la circulación de vehículos de la empresa MMG Las Bambas.

El secretario del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas, Wilber Fuentes, afirmó que se prolongará hasta el miércoles 4 de agosto el bloqueo.

De acuerdo con el MTC, se ha realizado la identificación de los posesionarios y propietarios de las áreas requeridas para el proyecto de Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac-Cusco, incluidos aquellos ubicados en la provincia de Chumbivilcas.

“A la fecha, el MTC ha realizado el pago de 1.847 cheques de compensación económica y 223 cheques de tasación, por un total de S/ 56.241.765 (USD 14.3 millones), con la finalidad de contar con el saneamiento legal de los terrenos implicados en el Corredor Vial Apurímac-Cusco”, indicó en un comunicado.

Además, señaló que ha desarrollado reuniones y talleres informativos en la comunidades campesinas ubicadas a lo largo de los seis tramos del corredor.

MTC de Perú afirma que rutas de vehículos mineros no son de su competencia

Perú

Perú transfiere más de USD 23 millones para remediar pasivos ambientales mineros

26/07/2021
Foto: Cortesía del Minem.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante la Resolución Ministerial N° 244-2021-MINEM/DM, publicada el 20 de julio, autorizó la transferencia de 92.1 millones de soles (USD 23.5 millones) para el desarrollo y ejecución de proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros (PAM)

Los recursos provendrán del Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas – Unidad Ejecutora Nº 001 – Ministerio de Energía y Minas – Central, a favor de la empresa pública Activos Mineros S.A.C. (Amsac), entidad especializada en la remediación de PAM.

“La remediación de los pasivos ambientales mineros es crucial para fortalecer la sostenibilidad y aceptación de la minería, así como la confianza de las poblaciones que conviven con la actividad”, destacó el titular del Minem, Jaime Gálvez, al precisar que con los recursos a ser transferidos, Amsac podrá continuar las acciones de remediación encargadas en 14 proyectos ubicados en Cajamarca, Puno, Pasco, Áncash, Junín y Lima.

La transferencia financiera se concretó en virtud a la primera adenda al convenio de transferencia financiera de recursos entre el Minem y Amsac, suscrita el 16 de julio del 2021, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2021.

Perú transfiere más de USD 23 millones para remediar pasivos ambientales mineros

Criminalización de la protesta, Perú

SE ANULA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y PROCESO PENAL HASTA LA ETAPA DE ACUSACION…


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero


…SEGUIDO A DIECINUEVE CAMPESINOS POR LAS PROTESTAS SOCIALES EN TORNO A LAS
VULNERACIONES DE DERECHOS GENERADAS POR EL PROYECTO MINERO “LAS BAMBAS”

Lima, 26 de julio del 2021
En una decisión absolutamente arbitraria que vulnera el debido proceso judicial, el principio de
juzgamiento dentro de un plazo razonable y la tulela jurisdiccional efectiva
El pasado 22 de julio, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac, en segunda instancia,
declaró nula la sentencia que absolvía a 19 defensores de derechos humanos, miembros de comunidades
campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes fueron injustamente criminalizados
mientras ejercían su derecho constitucional a la protesta social en defensa de los derechos fundamentales
de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, datan del 25 de setiembre del 2015, fecha en la que las comunidades
de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido
informados ni consultados sobre las sustanciales modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del proyecto minero Las Bambas. Con dicha medida, absolutamente legítima, exigían que la empresa
minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más
álgido el 28 de septiembre de 2015, cuando la brutal represión policial produjo la muerte de 3 comuneros y
la detención de 21 campesinos de los cuales 19 continúan con proceso penal desde hace casi seis años.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac, en una actitud arbitraria, vulnerando el
derecho al debido proceso judicial de los 19 defensores de derechos humanos antes mencionados, decidió
declarar la nulidad de la sentencia absolutoria dictada el 12 de marzo del 2021, además de anular parte del
Proceso Penal hasta la etapa de control de la acusación fiscal, con el argumento de que la sentencia no había
evaluado todas las pruebas de cargo y que el fiscal no había cumplido con precisar los hechos imputados a
cada defensor y las pruebas específicas que respalden sus imputaciones.

Al respecto, en el juicio oral se estableció, de manera fehaciente, de que la denominada Acta de Intervención
por la cual se habría registrado el hallazgo de un arma y dinamita en dos de los procesados, fue elaborada
vulnerándose las exigencias legales contenidas en el Código Procesal Penal y el procedimiento de
intervención y elaboración de actas de intervención y/o registro personal establecido en las propias normas
de la Policía Nacional del Perú. Por ejemplo, no se identificó al efectivo policial que habría elaborado dicha
Acta, no se identificaron en el Acta a los representantes de la fiscalía que sólo la suscribieron al final, no
contaban con las firma de los intervenidos, ni menos se consignó la razón del por qué no constaban dichas
firmas. Además, en el juicio se constató la contradicción del principal testigo de la fiscalía porque al declarar
inicialmente señaló que la intervención y hallazgo de armas y dinamita contó desde un inicio con la
intervención de la fiscalía, sin embargo, al recordársele que en la propia Acta se precisó que primero se da
la intervención y luego del supuesto hallazgo llaman a los fiscales, señaló que no estaban los fiscales, lo cual
llevó a concluir que los fiscales no estuvieron presentes en el momento mismo de la intervención.

También, la Sala Penal de Apelaciones llama la atención de que supuestamente en la sentencia de primera
instancia no se habrían evaluado otras actas como las de Registro Personal que si son firmadas por los
intervenidos, pero dicha Sala Penal no toma en cuenta que dichas actas fueron elaboradas seis horas después
de la intervención, en lugares distintos a la intervención y/o sin señalarse donde o en qué lugar se llevó a
cabo la redacción de dichas actas. Además, resulta falso que el juez penal no haya evaluado las pruebas decargo porque en la sentencia, expresamente, se señala que el acta de intervención fue elaborada en forma
desesperada y apresurada para intentar darle validez cuando en realidad no la tenía.

Finalmente, para declarar la nulidad de la sentencia la Sala Penal señala que en la acusación fiscal se
produjeron una serie de omisiones graves, como por ejemplo, no se cumplió con el principio de imputación
necesaria que consiste en que el fiscal debe describir al detalle que conducta ilícita habría asumido cada
acusado y que pruebas sustentarían en forma específica cada una de sus descripciones acusatorias, situación
que no se controló debidamente por el Juez Penal de Investigación Preparatoria distinto al Juez de
juzgamiento y que dictó la sentencia.

En relación a ello, desde FEDEPAZ rechazamos los términos de la sentencia expedida por la Sala Penal de
Apelaciones de Apurímac por vulnerar el debido proceso judicial: primero: porque el Juez de juzgamiento si
evaluó todas las pruebas de cargo y descargo, fundamentando, debidamente, su sentencia absolutoria y,
segundo: porque si quienes son responsables de perseguir el delito y sancionarlo (Ministerio Público y Poder
Judicial), en nombre del estado, son responsables de cometer graves errores en la tramitación de los
procesos penales, dichos errores no pueden, en modo alguno, a afectar el derechos de los procesados a ser
juzgado dentro de un plazo razonable, con mayor razón si ya fueron absueltos en primera instancia después
de un larguísimo proceso penal de casi seis años. Hacer lo contrario, como lo hizo la Sala Penal de Apelaciones
es trasladar la responsabilidad de dichos errores a los acusados ya absueltos, lo cual resulta en una
arbitrariedad.

En efecto, anular el proceso y retrotraerlo a la etapa de Audiencia de Control de Acusación, por la
incapacidad del Ministerio Público de formular su acusación respetando el principio de la imputación
necesaria y por la incapacidad del Poder Judicial de no efectuar un debido control jurisdiccional de dicha
acusación, es trasladar los perjuicios de dichos errores a los procesados que, igualmente, ven vulnerado su
derecho a obtener tutela jurisdiccional efectiva dentro de un debido proceso judicial.
Por el contrario, ante la falta de imputación específica y de pruebas necesaria por parte de la Fiscalía, se
debió disponer la confirmación de la absolución de los acusados y cerrar un proceso que demandó casi seis
años para su tramitación

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Perú

Las Bambas: corredor minero permanece bloqueado por cuarto día consecutivo por protestas


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Las comunidades campesinas reclaman por el pase de vehículos de carga pesada en la zona. El representante de las comunidades señaló que esperan que el presidente electo Pedro Castillo atienda sus demandas.
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26/07/2021
Comunidades campesinas bloquean corredor minero por cuarto día consecutivo como parte de sus protestas contra la circulación de vehículos pesados de la empresa minera china MMG Las Bambas en Chumbivilcas, región de Cusco. RPP informó que la vía solo es interrumpida para el pase de estas unidades, no para aquellas que tienen otras características.

Según explicó el mencionado medio, las protestas de las comunidades se producen debido a que en 2018 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó las características de la vía de “comunal” a “nacional” a fin de que unidades de carga pesada puedan pasar por la zona.

Al respecto, Wilmer Fuentes, del frente de defensa de los intereses de Las Bambas, informó que eso seguirá hasta el 28 de julio y que esperan que el electo presidente Pedro Castillo responda por estas demandas.
Chumbivilcas: corredor minero permanece bloqueado por cuarto día consecutivo por protestas de comunidades

“Nosotros le hemos dado más respaldo como comunidades, hoy estaos en medida de lucha, hay un problema pendiente por resolver. Se tiene que recodar que el 97% de la nosotros respaldó a Castillo, este problema tiene que ser solucionado en el primer mes”, aseveró a RPP.

Cabe indicar que en diciembre del año pasado la empresa extranjera comunicó que la vía en el distrito de Velille (Chumbivilcas), en la región del Cusco, a 200 kilómetros de la mina, se impide “de manera ilegal el paso de nuestras unidades” de transporte de minerales.
https://gestion.pe/economia/empresas/las-bambas-corredor-minero-permanece-bloqueado-por-cuarto-dia-consecutivo-por-protestas-nndc-noticia/

Perú

PLANTEAN NUEVA POLÍTICA MINERA AL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO

22/07/2021
Ayer, durante el transcurso del panel “Minería y Medio Ambiente. Los retos del nuevo gobierno” en el que se presentó el 28 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú (OCM), los integrantes de esta plataforma informativa y de análisis, y panelistas invitados abordaron los impactos de los conflictos socioambientales en la población y la necesidad de plantearse un impuesto a las sobreganancias mineras.

Como integrantes del panel participaron Pedro Francke, asesor económico del presidente electo Pedro Castillo, y Ruth Luque, congresista electa por la región Cusco, quienes señalaron desde su experiencia, aspectos e impactos de los conflictos mineros en la población.

Francke, destacó la necesidad de una política minera distinta, articulada de manera integral y no sectorizada, que permita a esta actividad ser una palanca de desarrollo social, humana, integral y no un espacio alrededor del cual se genere conflictos o desigualdades.

“Es importante (la actividad minera), desde luego, la generación de divisas, pago de impuestos y empleos dignos, pero debe de verse como parte de un desarrollo integral, humano y sostenible, de la mano de objetivos como el cuidado del medio ambiente, equidad de género, manejo del agua, mejora de los agricultores y comunidades alrededor de la minería” señaló.

Por su parte la congresista Ruth Luque, puso énfasis en la falta de atención de las personas afectadas por los metales pesados, señalando que, si bien existe una ley al respecto, no hay un avance en la atención a la salud de los afectados por la falta de un presupuesto concreto. Se refirió a las familias de las zonas de Espinar, Pasco y la Amazonía afectadas por las actividades mineras y extractivas.

Por otro lado, Luque señaló que también va a trabajar para que se implemente un plan de reparaciones para las familias afectadas por los conflictos sociales. “Esperamos generar un nivel de diálogo sobre las reparaciones, tenemos secuelas, gente que tiene discapacidad, familias que no han sido atendidas, es una deuda que tiene el Estado” expresó Luque, en torno a la labor que desarrollará desde el congreso.


En la primera parte del evento, los representantes del Observatorio de Conflictos Mineros, José de Echave -CooperAcción, Mirtha Villanueva-Grufides, y David Velazco -Fedepaz, destacaron algunas propuestas planteadas en el reporte del OCM, como la revisión de la política fiscal, y el fortalecimiento de las instituciones públicas vinculadas a la actividad minera y fiscalización, hoy debilitadas.

En su momento José de Echave, señaló que, ante alza de los minerales, el gobierno de Pedro Castillo deberá decidir si se sigue en piloto automático o si el Perú tiene derecho o no de aplicar un impuesto a la sobreganancias mineras. «Desde el OCM consideramos totalmente legítimo que el país ejerza su derecho a pensar en cómo puede lograr una mayor captura de la renta extractiva, en este caso, minera. Organizaciones internacionales como el FMI recomiendan este impuesto» expresó.

Por su parte, Mirtha Villanueva, describió el avance de un conjunto de proyectos mineros en Cajamarca como el de Yanacocha, que se encuentra en expansión e involucra a cabeceras de cuenca, con actividades proyectadas hasta el 2040. Asimismo, alertó sobre el impacto de la minera informal afectando los ríos y cultivos del Valle de Condebamba.

Mientras que David Velazco, destacó que en Piura a fines del año pasado se establecieron 21 concesiones mineras para la empresa Nueva Arco Iris, sin haber hecho ninguna consulta a la población. Llamó también la atención sobre la criminalización de la protesta, como un instrumento legal en contra de quienes reclaman por sus derechos vulnerados, y la necesidad de una ayuda económica para los heridos y deudos de los conflictos sociales, mineros.

Este y otros hallazgos del 28 Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros los puede ver en el documento publicado en el siguiente enlace: bit.ly/3kJ0Bab

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Perú

Observatorio de Conflictos Mineros propone un impuesto a las «sobreganancias»

La medida podría tomarse en el gobierno de Castillo.
Observatorio de Conflictos Mineros propone un impuesto a las «sobreganancias»
21/07/2021
El organismo denominado Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) recomienda un impuesto a las sobreganancias mineras, volver al esquema de regalía sobre las ventas, y revisar los beneficios tributarios al sector minero.

Estas propuestas se expondrán en la presentación del reporte del OCM donde participarán Pedro Francke, integrante del equipo económico del presidente electo Pedro Castillo; Ruth Luque, congresista electa por Juntos por el Perú; y Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso. Asimismo, José De Echave de CooperAcción; David Velasco de -Fedepaz y Mirtha Villanueva de Grufides.

La información es sobre los conflictos socioambientales vinculados a la minería y un panorama sobre el aumento de precios de los metales. Se destaca los aumentos en cobre (96%), oro (6.2%), plata (67.5%), plomo (34%) y zinc (49.8%).

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https://www.expreso.com.pe/economia/observatorio-de-conflictos-mineros-propone-un-impuesto-a-las-sobreganancias/

Perú

Afectados de la cuenca Suches advierten protesta contra la DREM Puno

Pachamama Radio
Foto: Referencial/Difusión
Los afectados por la contaminación de la cuenca Suches del distrito de Cojata, provincia de Huancané, advirtieron una medida de protesta contra la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, por retrasar el trámite para la paralización de la minera informal.

El presidente del Frente de Defensa de la Cuenca Suches, León Colquehuanca Ojeda, informó que la Prefectura Regional, DREM, Fiscalía del Medio Ambiente y otros, sostendrán una reunión virtual, para saber el avance del trabajo de detención de actividad minera informal, el 20 de julio de 2021.

“Los representantes de estas entidades, deberán de informar sobre los resultados positivos en la reunión programada, de lo contrario, los dirigentes y la población determinarán una fecha de protesta, que consistiría realizar un plantón en exteriores de DREM”, expresó el dirigente.

Recordó, que presentaron varios documentos a las instituciones involucradas solicitando la paralización de la actividad minera al lado boliviano de la cuenca, sin embargo, no encuentran solución, inclusive las autoridades inspeccionaron los lugares contaminados con relaves mineros.

Asimismo, dijo que las aguas están generando la mortandad alpacas, ya que la población de la zona se dedica a la crianza de ese animal.
https://www.pachamamaradio.org/afectados-de-la-cuenca-suches-advierten-protesta-contra-la-drem-puno/

Perú

PRESENTAN 28 REPORTE DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS

Especialistas recomiendan impuesto a sobreganancias mineras ante alza de precios de metales
Sugieren que esta medida podría tomarse en nuevo gobierno de Pedro Castillo
A pesar de la pandemia, los precios de varios minerales han seguido en acenso
Los integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) recomiendan cambios en la política tributaria minera como el impuesto a las sobreganancias mineras, volver al esquema de regalía sobre ventas y revisar los beneficios tributarios al sector minero. Propuestas que toman en cuenta el impacto de la pandemia en la economía y la baja recaudación fiscal.

Estas y otras propuestas se expondrán el próximo miércoles 21 como parte de la presentación del reporte semestral del 28 Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), en el que participarán como panelistas: Pedro Francke, integrante del equipo económico del presidente electo Pedro Castillo; Ruth Luque, congresista electa por Juntos por el Perú y Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso de la República.

Asimismo estarán José De Echave – CooperAcción, David Velazco -FEDEPAZ y Mirtha Villanueva –GRUFIDES, quienes darán mayores alcances sobre el reporte, con información relevante sobre la situación de los conflictos socioambientales vinculados a la minería y un panorama sobre el nuevo ciclo de aumento de precios de metales, que presenta niveles inclusive superiores al del período del súper ciclo de precios (2003-2012).

El informe del OCM detalla también los puntos de la agenda pendiente que el próximo gobierno de Pedro Castillo debe tomar en cuenta, como el fortalecimiento de la autoridad ambiental, solución a los problemas de la población expuesta a los metales pesados y una reactivación sostenible post-COVID.

En esta 28º edición, el informe explica un contexto marcado por las expectativas de un nuevo gobierno, la pandemia y una crisis económica, se destaca los niveles de aumento en el alza de los precios registrados el último año: el cobre (96%), oro (6,2%), plata (67,5%), plomo (34%) y zinc (49,8%).

Asimismo analiza lo que viene ocurriendo en la macro norte, macro centro, y macro sur del país. Hay un seguimiento a los proyectos Río Blanco (Piura) y Cañariaco (Lambayeque). En Cajamarca continúa el proceso de expansión minera, siendo la región en primer lugar en cuanto a la cartera de inversión minera, por citar algunos casos.

En el centro del país persisten los conflictos de la minera Ariana (Junín) que pone en riesgo las fuentes de agua de Lima y de la comunidad campesina de Parán (provincia de Huaura, Lima) con la empresa Invicta, por contaminación de los ojos de agua de la comunidad. Este último, un conflicto que ha sido llevado al CIADI por la empresa minera.

El corredor minero sur andino, con Arequipa, Apurímac y Cusco como las principales regiones productoras de cobre, es un eje sensible de conflictos sociales por problemas vinculados a la negociación de tierras con la minera MMG Las Bambas (Cotabambas, Apurímac), impactos causados por el transporte terrestre del mineral, y conflictos por la minería ilegal (Caravelí).

La presentación se realizará a través del portal Wayka, el miércoles 21 de julio a las 11:00 am.

Pueden seguir la transmisión en vivo aquí:

Vía Facebook: https://www.facebook.com/450707365013669/posts/4264108063673561/

Vía Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DPiEP-Df4zE