La Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos buscó testimonios de personas afectadas durante la emergencia sanitaria en Perú.
03/09/2021
Con el objetivo de reunir testimonios de personas afectadas por empresas durante la pandemia, la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos decidió hacer un documental para mostrar estas historias.

“Durante las primeras semanas de emergencia por el covid-19, hubo varias denuncias de malas prácticas por parte de las empresas desde no respetar la cuarentena o no cumplir medidas sanitarias, hasta despedir trabajadores. Aquí surgió la idea de hacer una serie documental mostrando las historias de las personas que han sido vulneradas en sus derechos. Incluye una diversidad de vulneraciones, principalmente a los derechos laborales, al derecho a la salud y a los derechos sociales de las comunidades”, dijo Abel Gilvonio, coordinador de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos.
Gilvonio mencionó como ejemplo el sector minero, donde han expuesto a sus trabajadores al tránsito continuo entre las ciudades y las zonas de operación de la mina.

“Aquí no solo se atentó contra la vida de los trabajadores y sus familias, sino que también se expuso a las comunidades al contagio”, agregó.
En el documental “Shougang: reactivación minera a toda costa”, Zamira Llerena y Judith Miranda cuentan que sus esposos, trabajadores de la minera Shoungang Hierro Perú, se contagiaron y murieron por covid-19 estando internados en la Central Térmica San Nicolás, perteneciente a dicha empresa.

“Todo esto ha sido tolerado por el Estado, que con una actitud permisiva no ha fiscalizado adecuadamente el cumplimiento de los derechos laborales. Hemos visto a empresas que incluso pidieron préstamos a Reactiva Perú para supuestamente «no cortar la cadena de pagos» y luego despidieron o suspendieron a sus trabajadores, dejándolos sin ingresos”, denunció el vocero de la Plataforma.
Por su parte, Elidia Tandaypan, cosechadora de arándanos en la empresa agroexportadora Camposol, denunció en el documental “Agroexportadoras: Formalizar la explotación”, que a los trabajadores se les entregaba solo tres mascarillas para tres meses y que luego les entregaron un protector facial para cada uno. “Será por única vez”, les habría dicho la empresa.

“Nos dijeron que, si se deteriora o pierde, nosotros teníamos que cubrirlo con nuestros propios medios”, cuenta la denunciante
Otras realidades retratadas fueron la usura de las clínicas privadas en agravio de los pacientes y los despidos arbitrarios y descuentos injustos a trabajadores de Saga Falabella, el abandono a las comunidades indígenas, entre otras situaciones.

Los documentales “Clínicas: traficando con la salud”, “Saga Falabella: la crisis la pagan los trabajadores”, “Antapaccay: Los recursos son del pueblo” y “Pueblos indígenas: la defensa de la salud es la defensa de la Pachamama”, forman también parte de la muestra que se estrenará a partir del próximo 5 de septiembre, a las 7 p.m., por las redes del portal Wayka (Facebook y Youtube). La serie de documentales continuará durante 5 semanas más.

Sobre la serie documental

“La idea central fue recabar denuncias de vulneraciones de los derechos hacia los trabajadores por parte de los empresarios. Antes de iniciar las grabaciones se realizaron exhaustivas investigaciones, luego se decidió entrevistar a los actores directos para tener sus puntos de vista y conocer su experiencia en medio de la pandemia”, explicó José Carlos Pacheco, director de la serie documental Perú: Empresas y Covid-19.
“La fortaleza de esta serie documental, además de la investigación, es mantener un mismo estilo. La realización ha sido muy prolija y bien cuidada, respeta la estética en sus seis capítulos pese a tener ángulos distintos; pues uno es más esperanzador, otro refleja el abandono, la tristeza y también la intención de lucha”, agregó el director.
La Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos está conformada por: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, DAR, Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES, IESI, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú.
https://redaccion.lamula.pe/2021/09/03/estrenan-serie-documental-sobre-empresas-y-derechos-humanos-en-pandemia/redaccionmulera/

Agosto 2021
Foto: Referencial
En las últimas semanas se han ido sumando un conjunto de noticias en materia tributaria que, hay que reconocer, son buenas para la economía del país. Varias empresas, que tenían un conjunto de deudas tributarias, finalmente las están asumiendo y han comenzado a pagar o han anunciado que lo harán.

Los procesos son distintos y no es que las empresas por voluntad propia hayan decidido asumir sus deudas tributarias. En algunos casos, como el de la empresa Buenaventura y Cerro Verde, los pagos se realizan luego de largos procesos legales y teniendo de por medio una sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó una pretendida prescripción de las deudas. Que quede claro que ambas empresas, como muchas otras deudoras, hicieron lo imposible, utilizando todos los vericuetos legales para no pagar o retrasar al máximo el pago.

Como se sabe, varios de estos procesos han demorado entre diez y quince años. Además, como lo ha recordado un reciente artículo publicado por CooperAccion, en ambos casos son pagos bajo protesto, lo que significa que las empresas no se han resignado y mantienen la esperanza que los tribunales les den la razón, lo que significaría la devolución de lo pagado al Estado. Mientras tanto, la buena noticia es que el fisco recibirá este año un ingreso adicional de 2,647 millones de soles por el pago de ambas empresas.

Por otro lado, el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ha anunciado que el Tribunal Fiscal resolverá en los próximos 30 días sobre una deuda de aproximadamente 690 millones de soles de la empresa Las Bambas por concepto de IGV de los años 2011 y 2012. Además, se anuncia que, finalmente, esta empresa comenzaría a pagar desde este año impuesto a la renta (IR). De producirse, este adelanto del pago de IR se explicaría sobre todo por los altos precios internacionales de los minerales que han permitido que finalmente recuperen sus inversiones. Como se sabe, Las Bambas inició la fase de producción el año 2016.

Todos estos anuncios, más el incremento de la recaudación tributaria, sobre todo proveniente de la minería, están permitiendo que este año se registren mayores ingresos fiscales, luego de una fuerte caída de la recaudación el año pasado. Sin embargo, debe quedar claro que algunos de estos ingresos, como los que provienen de las deudas tributarias, son excepcionales y en relación al aporte tributario de la minería no hay de por medio ningún cambio en la política tributaria, es decir solamente nos estamos beneficiando de la mejora de los precios internacionales de los minerales.

Por lo tanto, sigue pendiente la puesta en marcha de una verdadera reforma tributaria de carácter estructural en el país -somos el único país de la Alianza del Pacífico que no ha implementado una reforma tributaria estructural-. En el campo de la minería, no debemos repetir el error cometido durante el período del súper ciclo de precios de las materias primas (2002-2012), cuando dejamos de colocar un impuesto a las sobreganancias mineras.

Que la lluvia de millones que se viene anunciando este año no nos haga olvidar que el Perú figura en el ranking de los 10 países en el mundo con menor presión tributaria y seguimos estando muy lejos del promedio latinoamericano. Con una presión tributaria que gira desde hace décadas alrededor del 14% del PBI, en épocas de bonanza y en tiempos de vacas flacas, el Estado peruano seguirá en colapso total y sin poder atender necesidades urgentes. ¿Será que estos repentinos pagos millonarios buscan transmitir la idea de que “las empresas ya están pagando y no se necesita hacer ninguna reforma tributaria”?

Los que se opusieron antes a una reforma tributaria y, sobre todo, a cambios sustantivos en la política tributaria minera, en la actualidad han comenzado a desplegar una nueva ofensiva para evitar que en el país se produzcan cambios y se avance con una verdadera política tributaria progresiva, tal y como lo recomiendan todos los organismos internacionales y se comienza a implementar en países con una actividad minera importante.

En un contexto de emergencia como el que vivimos, con la amenaza de una posible tercera ola y la necesidad de seguir impulsando la recuperación de la economía, es totalmente legítimo que el Estado peruano busque capturar un porcentaje mayor de la renta minera, en un contexto en el que las empresas están teniendo ganancias extraordinarias.
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Por Elena Miranda | 28/08/ 2021
Este domingo 29 de agosto se instalará la mesa de diálogo entre los representantes del gobierno y las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, que reclaman por lo que consideran un uso ilegal de sus territorios, dispuesto por el Estado para que opere el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, y la negativa de la empresa Las Bambas a indemnizarlos por los perjuicios que les genera. Al encuentro reprogramado por la PCM, pues inicialmente estaba acordado para este sábado 28 de agosto, acudirá el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien se vio obligado a fijar una fecha para el inicio del proceso de diálogo luego de que los comuneros reanudaran su protesta ante el incumplimiento de las promesas del premier.

La mesa de diálogo entre los representantes del gobierno de Pedro Castillo y de las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, para tratar sobre el corredor minero del sur y otras demandas, no se instalará hoy pues la Presidencia del Consejo de Ministros la reprogramó para este domingo 29 de agosto, tras obtener el voto de confianza en el Congreso de la República.

El análisis de la resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que declara las vías de las comunidades campesinas como nacionales para permitir el paso de los camiones de la empresa china Las Bambas y el pedido para que la minera tome medidas ante el daño ambiental que ocasiona y otorgue indemnizaciones a ocho comunidades campesinas de la zona de influencia son dos de los puntos a tratar en la mesa de diálogo, que se instalará en el distrito de Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas.

Las partes también hablarán sobre la propuesta de las comunidades de ser proveedores de bienes y servicios e integrarse a la cadena de valor que genera la minera Las Bambas y el pedido al Gobierno para que no persiga y criminalice a los dirigentes y comuneros, pues varios enfrentan investigaciones y juicios por haber participado en protestas sociales relacionadas con conflictos ambientales provocados por la minería.

En este encuentro está confirmada la participación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y otras autoridades del gobierno. Los dirigentes de ocho comunidades campesinas y del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincias de Chumbivilcas han convocado a la población a que acuda a presenciar el encuentro.

El sábado 21 de agosto hubo una reunión preparatoria entre los representantes del gobierno y de las comunidades. Se formó un grupo de trabajo integrado por representantes del gobierno y de ocho comunidades campesinas. Además, se crearon cuatro subgrupos de trabajo para cada uno de los cuatro puntos que se tratarán en la mesa de diálogo.
Actualización 17 de agosto de 2021
La reanudación del paro y del bloqueo del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, que impide el paso de los camiones de la minera Las Bambas, forzó al premier Guido Bellido a fijar fechas de diálogo con las comunidades campesinas de la provincias de Chumbivilcas, en Cusco, luego de que permaneciera en silencio durante dos semanas sin haber atendido los pedidos de los dirigentes de los comuneros, que lo instaban a cumplir la promesa que les hizo el 2 de agosto pasado, cuando los visitó y consiguió que le dieran una tregua de 60 días.

A través de un comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que, el sábado 21 de agosto, se ha previsto la instalación de una mesa de diálogo preparatoria en el distrito de Ccapamarca y el sábado 28 de agosto, la instalación de una mesa de diálogo en el distrito de Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, para tratar las demandas planteadas por el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas.

Horas antes, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y los presidentes de ocho comunidades campesinas de la provincia emitieron un pronunciamiento en el que rechazaban las declaraciones que dio ayer Guido Bellido, durante su visita a la ciudad del Cusco. El premier declaró a la prensa que los comuneros eran azuzados y engañados por abogados y también se pronunció en Twitter.

Guido Bellido:

Hermanos del corredor minero, la mafia viene comprando y pagando dinero a supuestos asesores para hacer enfrentar al pueblo con el Pdt. Pedro Castillo, nuestros compromisos se cumplirán en el tiempo acordado, en este momento estamos emplazando a las empresas para su descargo.

«En todo caso, el único azuzador hasta hoy ha sido la empresa minera y el Estado que, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, arbitrariamente, decidió declarar una Vía Nacional en nuestros terrenos sin el saneamiento legal y la Consulta Previa. Todo esto en beneficio de la empresa minera MMG Las Bambas», señala el comunicado emitido esta madrugada.
https://convoca.pe/agenda-propia/las-bambas-pcm-reprograma-mesa-de-dialogo-con-comuneros-de-chumbivilcas-para-tratar

Gretta Zegarra
Imagen: Enfoque y Derecho

En el año 2003, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 28090, que regula el Cierre de Minas. Esta ley tiene por finalidad establecer las obligaciones y procedimientos que deben cumplir los titulares mineros para la elaboración, presentación, e implementación del plan de cierre de minas y la constitución de las garantías ambientales respectivas.
El Congreso de la República modificó los artículos 4, 6, 7, 9, 10, y 11 de esta norma a través de la Ley Nº 31347, la misma que fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 18 de agosto. Algunos de los cambios dispuestos son:

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ya no es la única institución encargada de aprobar el plan de cierre de minas. Ahora el Minem está facultado para realizar esa labor solo en el caso de la gran y mediana minería; mientras que los Gobiernos Regionales (Gore) asumen dicha tarea en el caso de la pequeña minería y minería artesanal. También se indica que dichas entidades tienen competencia para aprobar modificaciones o actualizaciones del plan de cierre de minas, administrar garantías financieras, y evaluar los aspectos económicos y financieros del plan de cierre de minas.
El Minem ya no se encargará de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contendidas en el plan de cierre de minas. Con la modificatoria, dicha actividad será realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), en el caso de la gran y mediana minería; y los Gore, en el caso de la pequeña minería y minería artesanal.
Se especifica que el Minem es quien determina el contenido del plan de cierre de minas, no obstante dicha entidad debe contar con la previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente (Minam).
Se dispone que el titular minero debe reportar semestralmente al Minem, Gore, Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA), y Osinergmin, según corresponda, el avance de las labores de las actividades consignadas en el plan de cierre de minas (a nivel de ingeniería de detalle), los montos ejecutados, así como su avance porcentual.
Se advierte que la no constitución de la garantía ambiental trae como consecuencia la desaprobación del plan de cierre de minas.
Se permite que la garantía ambiental cubra los costos de las medidas de mitigación ambiental derivadas del abandono de la unidad minera, en escenarios de emergencia por peligro inminente o riesgo de desastre, aun cuando tales medidas no hayan sido comprendidas en el plan de cierre de minas.

De igual modo, con esta modificatoria se incorporan los artículos 14, 15, 16, 17, y 18. Estableciéndose lo siguiente:

Ante el incumplimiento del plan de cierre de minas, se debe requerir al titular minero que en el plazo de 10 días calendario facilite el acceso de forma expresa a la unidad minera, a efectos de tomar las acciones que sean necesarias, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan. A falta de consentimiento, el permiso será autorizado mediante resolución judicial.
Si es necesaria la ocupación o uso de predios y concesiones mineras para ejecutar medidas de cierre final y postcierre, el titular minero podrá solicitar al Minem el establecimiento de una servidumbre. Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas deberán dar su consentimiento expreso a través de sus organizaciones representativas, si el titular minero solicita la imposición de una servidumbre sobre territorio indígena o comunal.
El titular minero y directores y/o accionistas mayoritarios de la empresa minera, bajo cuya gestión se da el abandono de la unidad minera y respecto de los cuales se determina su responsabilidad en la acción u omisión que genera dicho abandono o el incumplimiento del plan de cierre de minas, tienen responsabilidad solidaria por las sanciones administrativas y civiles que deriven del incumplimiento o abandono. Asimismo, el titular minero y las otras personas mencionadas anteriormente, quedarán inhabilitados por el periodo de cinco años para adquirir nuevos derechos mineros o autorizaciones para el desarrollo de la actividad minera, entre otras disposiciones.

Complementariamente, la modificatoria de la Ley que regula el Cierre de Minas alberga precisiones importantes en sus disposiciones complementarias, una de ellas es que las EFA fiscalizarán los planes de cierre de minas por lo menos una vez al año, pudiendo ser más frecuentes las fiscalizaciones conforme se acerque el final de la vida útil de la unidad minera.

Otra parte importante de las disposiciones complementarias es la modificación del artículo 305 del Código Penal, ya que establece que el desactivar o dejar inactivas las áreas, labores, e instalaciones de una unidad minera sin contar o sin cumplir el plan de cierre de minas es un agravante del delito de contaminación ambiental. Además, estipula que este agravante puede acarrear la imposición de una pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de siete años y con 300 a 1000 días-multa.

Consideramos que la modificatoria de la Ley que regula el Cierre de Minas es positiva para el ambiente, porque condiciona la aprobación del contenido del plan de cierre de minas, así como limita la facultad de aprobación y elimina la facultad de fiscalización que tenía el Minem sobre éste, haciendo que en dichos procedimientos participen entidades más especializadas (Minam, Osinergmin, y EFA), y sin un especial interés por la promoción del desarrollo de la actividad minera en el país (Gore).

A su vez, pensamos que esta modificatoria es beneficiosa para el ambiente debido a que implementa medidas que obligan a las empresas mineras a responsabilizarse realmente por el daño que podrían causar sus actividades. Algunas de estas medidas son la constitución de la garantía ambiental como un requisito para la aprobación del plan de cierre de minas; que la garantía ambiental cubra los costos de las medidas de mitigación ambiental derivadas del abandono de la unidad minera en escenarios de emergencia, aunque dichas medidas no hayan sido previstas en el plan de cierre de minas; disponer que la empresa minera y sus directores y/o accionistas mayoritarios sean responsables solidarios por las sanciones administrativas y civiles que ocasione el incumplimiento del plan de cierre de minas; la inhabilitación temporal de la empresa minera y sus directores y/o accionistas mayoritarios para adquirir nuevos derechos mineros o autorizaciones para el desarrollo de la actividad minera como consecuencia del incumplimiento del plan de cierre de minas o el abandono de las operaciones; y tipificar la desactivación y abandono de áreas, labores, e instalaciones de una unidad minera sin contar o sin cumplir el plan de cierre de minas como un agravante del delito de contaminación ambiental.

Asimismo, saludamos que a partir de ahora se exija como requisito para establecer una servidumbre sobre territorio indígena o comunal, en el marco de la ejecución de medidas de cierre final y postcierre, que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas den su consentimiento expreso; ya que con esta medida se tutela el derecho al territorio de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, así como se evita el surgimiento de nuevos conflictos sociales.

Por las razones expuestas, consideramos que esta modificatoria es un cambio positivo y esperamos que ayude a evitar que existan unidades mineras abandonadas.

www.cooperaccion.org.pe
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Eva Cruz
23/08/2021
Minem coordina esfuerzos con el sector privado para dinamizar la inversión minera.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, se reunió con Óscar González Rocha, presidente de Southern Perú, y con Raúl Jacob Ruisánchez, vicepresidente de Finanzas de la minera, una de las principales empresas productoras del metal rojo en el país.

La finalidad del encuentro fue la de coordinar esfuerzos que permitan dinamizar el desarrollo de inversiones mineras aplicando el criterio de Rentabilidad Social para los proyectos y el Enfoque Territorial impulsados por la gestión del ministro Merino.

El titular de Energía y Minas y los ejecutivos de la empresa coincidieron en la necesidad de lograr que los recursos generados por la minería se traduzcan en obras e intervenciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente de los que viven en las localidades donde se realiza la actividad.

Merino Aguirre destacó la importancia de Southern como uno de los principales productores de cobre, y aseguró que su gestión acompañará el desarrollo de nuevas inversiones sobre la base del consenso y diálogo con la sociedad civil.

Acordaron, finalmente, seguir promoviendo una mayor articulación que permita alcanzar un nuevo pacto entre todos los actores involucrados en el desarrollo sostenible de la minería.
https://www.rumbominero.com/noticias/mineria/ministro-merino-se-reunio-con-ejecutivos-de-southern-peru/

18/08/2021
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
Siete comunidades de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, suspendieron esta mañana el bloqueo del Corredor minero del sur. La decisión fue tomada luego de que la Presidencia de Consejo de Ministros confirmara ayer mediante un comunicado la instalación de la mesa de diálogo este 21 y 28 de agosto.

Por su parte Sixto Huamaní, presidente de la comunidad campesina de Huininquiri, comentó que el día de ayer tomaron la decisión de suspender las protestas, porque les llegó una carta invitando a una reunión con todos los presidentes de las comunidades donde estará el premier Guido Bellido.

Cabe recordar que las comunidades retomaron las protestas el día lunes debido a que señalaron que los compromisos a los que habían llegado con el Primer ministro Guido Bellido y con MMG Las Bambas, en la reunión de pasado 2 de agosto, no se estaban cumpliendo.

“Las comunidades retomamos las protestas, porque el premier prácticamente ofreció que en 60 se iban a solucionar los temas. Pasaron 15 días no había ninguna comunicación, ningún avance. Por eso enviamos una comunicación también a la empresa. Y como no tuvimos respuesta, se decidió la medida” señaló Huamaní.

El principal reclamo de las comunidades es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones les pague precios justos por sus tierras, que forman parte del corredor minero usado para transportar mineral de la empresa MMG Las Bambas. Asimismo que se reconozca las afectaciones ambientales por el paso de vehículos pesados de minerales y la criminalización que los últimos gobiernos desplegaron en la zona.

Recordó que las recientes declaraciones del premier en la región Cusco sobre una supuesta presencia de abogados que estaban azuzando los reclamos, era producto de una desinformación.

El papel de la empresa

Asimismo Sixto Huamaní destacó que a los dirigentes comunales les indigna la poca comunicación de parte de la empresa Las Bambas, debido a que la empresa es un actor principal en el corredor minero.

Haumaní destacó que “ellos son los que pasan con sus vehículos de alto tonelaje que generan una alta contaminación ambiental. Esperamos que la empresa asuma su responsabilidad social y ambiental, nosotros no estamos en contra la minería.”

Finalmente el presidente comunal señaló que tienen la esperanza y confianza de arribar a acuerdos, ya que el premier es su paisano y conoce la problemática de la zona que viene de muchos años atrás. Puntualizó que si no hay respuesta del estado, las comunidades han tomado la decisión de recuperar los terrenos comunales (Información en desarrollo).

18/08/2021
El ministro Iván Merino. / Foto: Cortesía del Minem.
El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, aseguró que el Perú tiene grandes ventajas comparativas frente a otros países de la región para atraer inversiones en el sector minero. Para ello, prometió “incentivos” dirigidos a las empresas del rubro.

“Se dará incentivos a quienes cumplan con proteger y regenerar el medio ambiente, así como todas las intervenciones que en lugar de modificar el contexto cultural, lo protejan”, apuntó Merino.

“No solo seremos facilitadores, también brindaremos un acompañamiento a los proyectos promoviendo un diálogo horizontal entre todos los agentes del sector minero”, agregó.

En referencia a las ventajas competitivas del país, el titular del Minem resaltó la disponibilidad de capital humano especializado en minería y en sus actividades conexas, lo que permite ejecutar los proyectos con profesionales y técnicos peruanos.

Además, mencionó la riqueza geológica del país, con la existencia de yacimientos metálicos y no metálicos, y operaciones de gran envergadura. Por otro lado, anunció que el Gobierno promocionará la actividad minera para que sea “uno de los puntales de la economía”.

Merino sostuvo que existe abundante información geológica del territorio, aspecto muy valorado por los inversores, y afirmó que esa ventaja se debe, en buena medida, al trabajo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Para superar los retos de la industria minera y fomentar su desarrollo sostenible, Merino señaló que se ha elaborado el criterio de rentabilidad social, con el que se busca asegurar ingresos para el país, un trato adecuado a los trabajadores, la transferencia tecnológica y la implementación de buenas prácticas realizadas en otros países, entre otros.

Conflicto minero

Por otro lado, las protestas en Chumbivilca se retomaron, después de que no se instalase la mesa de diálogo prometida por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, tras levantar temporalmente la protesta en la que llevaban inmersos desde el 23 de julio para iniciar un diálogo que hasta ahora no ha comenzado.

Ante ello, el excongresista del Frente Amplio, Richard Arce, criticó al premier por su gestión en el conflicto minero de Las Bambas en la provincia de Chumbivilcas (Cusco).

Según indicó Arce, el premier habría “engañado” a la población al prometer el 2 de agosto que, en un plazo de 60 días, resolvería el conflicto en la zona, sin instalar una mesa de diálogo para abordar las demandas de los comuneros.

“Ha generado una sobre expectativa con la población que, al final, está logrando que se activen los conflictos sociales por su irresponsabilidad y desconocimiento”, mencionó.
Fuente: Con información del Minem y Gestión

Perú promete incentivos a mineras que protejan y regeneren el medio ambiente

17/08/2021
Foto: Cortesía del Minem.
El nuevo gobierno peruano busca desbloquear la enorme riqueza mineral del país y para ello está trabajando con la industria minera en un nuevo enfoque para abordar las relaciones comunitarias y la burocracia.

El último sábado (14 de agosto), el ministro de Energía y Minas, Ivan Merino, afirmó que “todas las empresas están contentas, hasta ahora”, y agregó que todos están de acuerdo en que todos los proyectos deben tener una nueva cara social y que se necesita un nuevo pacto.

El tono conciliador y pragmático del ministro puede aliviar aún más los temores avivados por las conversaciones en la campaña electoral de una mayor intervención estatal en los recursos naturales que sofocaría la inversión y la producción futura.

Perú es el principal productor de cobre después de Chile y el mercado depende de que la nación andina desarrolle más de sus depósitos gigantes para satisfacer la creciente demanda en el cambio hacia la energía limpia.

Las tensas relaciones entre los proyectos mineros y las comunidades rurales a menudo aisladas, junto con la lentitud de la concesión de permisos, han obstaculizado el progreso de la industria.

De 60 proyectos mineros en diferentes etapas, el Gobierno se enfocará en aquellos que están cerca de comenzar y liberar a los que están atrapados en la burocracia.

“Reconocemos que el estado no ha estado presente, que el mejor camino a seguir es directo, con intercambio de información, para que no haya distorsiones”, dijo Merino.

Cuando se le preguntó sobre la iniciativa Tía María de Southern Copper Corp., Merino dijo que su trabajo era entregar el programa del presidente Pedro Castillo, quien ha dicho que se opone a ese proyecto.

“Ya lo dijo el presidente: los proyectos con rentabilidad social van, los que no tienen rentabilidad social simplemente no”, dijo Merino.

Hay depósitos en Perú que son más ricos y más grandes, y la región entre Apurímac y Cusco contiene suficiente mineral para igualar la producción de Chile, dijo.

El mensaje para las empresas mineras es que el Minem garantizará reglas claras y actuará como medidor y facilitador para agilizar “esta maraña burocrática”, dijo. “Lo que vamos a hacer es impulsar la industria para que las cosas se hagan bien y no seamos un obstáculo”.

En algún momento, el Estado peruano podría jugar un papel más activo en sectores estratégicos e incluso puede ser accionista en algunos proyectos, dijo, pero la prioridad es poner en orden procesos y solicitudes que languidecen por más de un año.

Shougang Hierro Perú

La semana pasada, el ministro Merino sostuvo una primera reunión con los representantes de los sindicatos de trabajadores de la empresa Shougang Hierro Perú; el congresista por Ica, Jorge Marticorena; el alcalde distrital de Marcona, Elmo Pacheco; entre otras autoridades y dirigentes.

“Este tipo de encuentros nos ayudarán a construir, entre todos, un nuevo pacto entre el Estado, las empresas privadas y la sociedad organizada apuntando al desarrollo integral de todos los peruanos”, comentó Merino.

Shougang Hierro Perú es el principal productor de hierro a nivel nacional que tiene sus operaciones en el distrito de Marcona (Nasca, Ica).
El Dato

El Gobierno de Castillo está evaluando una propuesta para elevar impuestos y dejar más ganancias mineras en el país, aunque esa iniciativa aún debe pasar por diferentes departamentos gubernamentales y un congreso liderado por la oposición.
Fuente: Gestión y Minem

Gobierno peruano afirma que las mineras están contentas

Elizabeth Prado
[email protected]
14/08/2021
Reclamo. Comunidades campesinas e indígenas anuncian la presentación de demandas socioambientales. En julio, los conflictos sociales se incrementaron en cuatro respecto al mes anterior. Foto: La República

Tensión. Los más fuertes se encuentran en el corredor minero del sur, especialmente en Cusco, y en regiones amazónicas, principalmente en Loreto donde se han acumulado 31 casos. Dirigentes esperan que el premier Guido Bellido cumpla con lo que ofreció.

Según el último reporte de Defensoría del Pueblo, el país afronta 195 conflictos sociales, la mayoría de ellos de tipo socioambiental e identificados como activos. Los casos más resaltantes tienen como escenario el corredor minero del sur y la Amazonía. Son problemas que el Gobierno de Pedro Castillo no debe tardar en solucionar.

El adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, ha advertido la concentración de problemas en el corredor minero del sur. Precisaba las localidades de Cotabambas, Haquira y Pumamarca (Apurímac), Espinar, Fuerabamba, Chumbivilcas y Livitaca (Cusco).

En esta zona, donde operan las empresas Antapaccay, Hudbay, Las Bambas y Anabi, las comunidades exigen la entrega inmediata del canon, suscripción o modificación de convenios marco, renegociación de la venta de tierras, atención de impactos ambientales en el corredor vial debido al polvo, ruido y daños a sus viviendas. También piden ser parte del área de influencia del proyecto minero, así como demandan consulta previa, cumplimiento de compromisos sobre inversión pública en salud, educación, agua y saneamiento, transportes, agricultura y otros. Ellos esperan que el premier Guido Bellido cumpla con su promesa de atenderlos.

El último conflicto registrado ha sido en Challhuahuacho, Apurímac. La comunidad campesina de Choaquere alega que la minera Las Bambas habría incumplido compromisos de responsabilidad social sobre salud, educación, trabajo y otros.

Lo mismo que en Chumbivilcas, Cusco. Ahí las comunidades de Huininquiri, Muyoc Orcco, Cancahuani, Llacca Llacca, Cruzpampa e Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya iniciaron una huelga indefinida que fue amainada por el premier Guido Bellido. Los comuneros desconocen la resolución que convierte una vía comunal en nacional y piden compensación por daños ambientales.

Mientras que en las regiones amazónicas, Loreto tiene el mayor número de conflictos sociales del país.

Las demandas de las comunidades indígenas no solo se dirigen a las empresas petroleras sino principalmente al Estado. Ellas tienen años reclamando servicios públicos, proyectos de infraestructura, remediación de lugares contaminados, compensación por daños, así como beneficios económicos por la actividad hidrocarburífera.

El caso número 31 se produjo en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto. La comunidad Saramurillo reclama el cumplimiento de acuerdos asumidos por Petroperú, la Municipalidad de Urarinas y el Gobierno Regional de Loreto en actas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Los pobladores han paralizado la descarga y embarque de hidrocarburos, así como los trabajos de las empresas contratistas de la Estación 1, que opera Petroperú.

Los dirigentes alistan sus pliegos de reclamos. El líder loretano José Fachín afirma que exigirán al Gobierno “un nuevo contrato social y ambiental”.

Desde Apurímac, el presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Cotabambas, Alejandro Enríquez, refiere que tienen las peores condiciones de salud, educación y agricultura, y por eso piden un convenio marco con Las Bambas.

“Que la empresa aporte el 8% de su venta anual para atender estos tres puntos. Queremos que el presidente nos respalde y nos haga respetar”, reclama el dirigente apurimeño.
https://larepublica.pe/politica/2021/08/14/pedro-castillo-195-conflictos-sociales-esperan-ser-atendidos-por-el-gobierno/

13/08/2021
Ministro Merino se reunió con altos ejecutivos de la empresa MMG Las Bambas, operadora de una de las minas de cobre más importantes del país. / Foto: Cortesía del Minem.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Iván Merino Aguirre, sostuvo una reunión de trabajo con altos ejecutivos de la empresa MMG Las Bambas, operador de Las Bambas, una de las principales minas de cobre del país, ubicada en la región Apurímac.

Merino Aguirre manifestó que su gestión promueve un nuevo pacto entre el Estado, los inversores privados y la sociedad civil, que se orienta a promover inversiones sostenibles, proteger el medioambiente, salvaguardar la cultura de las poblaciones aledañas a las operaciones y lograr que el país reciba una contribución justa.

“Propugnamos el desarrollo territorial integral en base a una labor conjunta entre mi despacho con los ministerios de Desarrollo Agrario, Ambiente y el futuro sector de Las Culturas, entre otros, buscando sacar adelante proyectos con respaldo social”, aseveró.

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Participaron en el encuentro, realizado el martes, Jianxian Wei, gerente general de MMG Las Bambas; Carlos Castro, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa; y Álvaro Ossio, director financiero; quienes manifestaron su voluntad por coordinar con el Minem esfuerzos e iniciativas para impulsar el progreso de Apurímac, del corredor minero –por donde se transporta su producción de cobre- y del país en su conjunto.

El ministro Aguirre resaltó que con el criterio de Rentabilidad Social en el sector minero-energético, impulsado por el Gobierno, se dará mayor énfasis al desarrollo económico y social de Apurímac en base a un diálogo sincero y directo, en un clima de paz social.
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