Problemas. El corredor minero permanece bloqueado desde ayer. Las comunidades de Cotabambas (Apurímac) retomaron huelga y exigen presencia de presidente. En la zona limítrofe de Salinas Moche (Moquegua) y Salinas Huito, donde opera la minera Inkabor, hay un conflicto de límites que alentó la protesta contra compañía minera.
Reclamo. Población de Apurimac vuelve a bloquear corredor minero del sur, ante incumplimiento de promesas de parte del gobierno central. Foto: Miguel Gutiérrez/ cortesía
Reclamo. Población de Apurimac vuelve a bloquear corredor minero del sur, ante incumplimiento de promesas de parte del gobierno central. Foto: Miguel Gutiérrez/ cortesía
LR Sur
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11/11/2021
Zaida Tecsi /Elizabeth Huanca
Los conflictos sociales nuevamente estallaron en la zona sur del país. Esta vez los focos de las protestas se concentran en la región Apurímac, Arequipa y Moquegua. Todos los casos tienen un componente en común, el descontento de comuneros que residen en zonas de actividad minera. A ello se agrega problemas limítrofes no atendidos por el gobierno. Así, el corredor minero del sur fue bloqueado por los comuneros de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso (Grau), de la región Apurímac. Hoy, se cumple su segundo día de paro, así como las 48 horas de plazo que los residentes de la zona le otorgaron al presidente de la República, Pedro Castillo para que llegue al lugar y atienda sus reclamos.

Los comuneros tienen una plataforma de lucha de 17 puntos contra la minera MMG Las Bambas y el gobierno. Entre ellos, que todas las comunidades de Cotabambas y Progreso sean declaradas área de influencia directa del proyecto minero. Además, exigen que la empresa cumpla con el pago del canon y a su vez, que el Ejecutivo cumpla con los desembolsos por los terrenos individuales y colectivos por donde atraviesa el corredor minero. “Si hasta mañana (hoy) el Ejecutivo no nos responde, retomaremos la huelga indefinida”, advirtió el presidente del Frente de Defensa, Víctor Limaypuma.

El 27 de octubre pasado, la premier, Mirtha Vásquez llegó a la zona y se comprometió a la instalación de mesas de trabajo, el 9 de noviembre, para abordar sus demandas con la presencia de ministros. Se estableció que todos los acuerdos, entre los que figura el inicio de pago por canon de Las Bambas sean refrendados a través de un Decreto Supremo.

El gobierno no cumplió. El último martes, la población acudió a la comunidad de Pisacasa para la instalación de mesas de trabajo. Se esperaba el arribo de los ministros, pero ello no ocurrió. A la reunión solo asistieron funcionarios de rango menor y sin un documento que oficialice las mesas técnicas, por lo que el conflicto volvió a estallar.

Ayer, en el primer día de paro, los accesos a la provincia de Cotabambas fueron cerrados. En los diferentes distritos como Mara y Challhuahuacho, los comuneros se movilizaron. Aseguran que seguirán en la medida si no son escuchados.
Más conflictos

El lunes también estalló el conflicto social en los centros poblados Salinas Moche (provincia de Sánchez Cerro), Salinas Santa Lucía (Moquegua) y Salinas Huito (Arequipa). Las zonas mantienen un pleito limítrofe sin resolver desde hace 30 años.

La falta de hitos en estos territorios ha generado otro problema, la disputa por los beneficios económicos generados por la minera Inkabor, empresa que explota boro por casi cuatro décadas entre estos anexos. Los comuneros de la zona de Moquegua, denuncian que pese a ser zona limítrofe la empresa solo tributa en Arequipa. Advierten además que han invadido 600 metros de su terrirorio.

En ese contexto, el 8 de noviembre, alrededor de las 03:00 horas, los residentes de Salinas Moche y Salinas Santa Lucía, ingresaron a la zona de operaciones y tomaron como rehenes a 4 servidores. Ayer, en la mañana, estos fueron liberados.
Diálogo Salinas- Moche para resolver conflicto de Inkabor

El representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, informó que a las 10:00 horas de ayer se instaló la mesa de diálogo en la zona de Puquina (Moquegua) para resolver el conflicto en el lugar.

Participaron los representantes de la Minera Inkabor, los de la Comunidad Salinas Moche, representantes del Ministerio del Interior, Presidencia del Consejo de Ministros y de Energía y Minas, así como la Defensoría del Pueblo.

La población exige la revisión de convenios con la mina, así como su tributación, pago servidumbre y el respeto a su propiedad. De acuerdo al acta de acuerdo, los comuneros de Salinas Moche denunciaron que de forma irregular las operaciones mineras habían “invadido” parte de su propiedad, por lo que estos se comprometieron a no trabajar en la zona de conflicto, hasta que se llegue a un acuerdo final.

La próxima cita ha sido programada para el 16 de noviembre. Los comuneros además piden que de una vez por todas, se definan los límites entre regiones.
Enfoque

Rodolfo Marquina – especialista Descosur

Realidad paradójica

En las zonas donde operan las mineras se da una gran contradicción. Estas son empresas con recursos y su explotación se hace en los lugares más apartados y sin servicios. Así tenemos a la empresa con muchos recursos, frente a una población con muy pocos recursos y sin presencia del gobierno. En esas condiciones, las necesidades de la población resultan siendo una suerte de presión frente a la empresa. Este es el origen de todos los conflictos.

A ello se suma, en algunos casos que los malos dirigentes distorsionan las justas demandas de la población. El rol del gobierno en esos casos debe ser más proactivo. La solución, está en que el Estado atienda correctamente y a tiempo a esta población y que haga respetar los derechos de las comunidades.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/11/11/conflicto-con-mineras-agitan-otra-vez-el-sur-lrsd/

Naara Cancino
Imagen: Ipe
10/11/2021
En el contexto actual de solicitud de facultades por parte del Ejecutivo al Congreso de la República para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, es importante colocar en perspectiva la afirmación de que dada la ineficiencia del gasto público no se debería aumentar los ingresos tributarios. Si bien es cierto que el gasto público puede ser administrado más eficientemente, apelar a esta característica para no reformar la lógica de recaudación fiscal antagoniza dos aspectos que no son de por sí mutuamente excluyentes. Se puede mejorar la recaudación tributaria y la calidad del gasto a la par, incluso podrían retroalimentarse.

El escenario actual post-pandemia indica que el país necesita alinearse a las reglas de sostenibilidad fiscal. El Estado viene de haber mantenido un fuerte gasto fiscal en 2020 y 2021 debido a las políticas expansivas fiscales de casi 20 puntos del PBI para hacer frente a la pandemia (MEF, 2021). En este periodo, el déficit fiscal ascendió hasta casi 9% del PBI, superando por mucho la regla fiscal de límite de déficit de 2.9% del PBI (MEF, 2019) y la deuda pública pasó de representar 26,7% en el 2019 a 34,5% del PBI en 2020 (MEF, 2021). Además, debido a la recesión económica y a la pérdida de empleo, la recaudación fiscal cayó entre 15 a 20 millones de soles.

Para lograr la estabilidad fiscal sin disminuir los niveles de servicios que se otorga a la población, el Perú tiene la necesidad de estabilizar sus ingresos fiscales, tomando en cuenta que la deuda no puede seguir aumentando en el largo plazo. Por ello, es importante replantear los ingresos fiscales para que puedan ser más sostenibles, contracíclicos y menos volátiles.

Sobre la calidad del gasto público

Es importante reconocer que ejecución de presupuesto no es igual a dotación de servicios de calidad. Como se observa en el gráfico 1, un análisis histórico de la ejecución presupuestal por funciones a nivel regional muestra que la ejecución en los sectores salud, educación, transporte, agua y saneamiento, y seguridad ciudadana, ha sumado gran parte del presupuesto otorgado en todas las regiones (cerca del 70% en promedio en los años analizados).

Gráfico 1. Gasto por función de los gobiernos regionales en porcentaje del gasto total (promedio años 2009-2020)

El gasto público no solo se mide a través de las actividades o productos que contribuyen a la creación de valor público, sino por los objetivos de resultado normalmente ligados a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Luego de ver la ejecución presupuestal, queda la duda de si tal ejecución del gasto indica mejoras en los servicios que ha recibido la población.

A pesar de los esfuerzos realizados para brindar una mejor calidad de servicios, desde la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) en 2007, una mirada sectorial y territorial muestra que las deficiencias siguen siendo latentes.

Sin embargo, mucho del trabajo para lograr dichas mejoras se orienta a problemas de gestión del presupuesto asignado y a la necesidad de grandes inversiones para lo cual la reforma tributaria no es solo beneficiosa sino necesaria. Parte de los problemas estructurales de los principales sectores encuentran necesidades ligadas a los ingresos y a la eficiencia en la ejecución del presupuesto. En el sector de agua y saneamiento son necesarios los proyectos de inversión, financiamiento de operación y mantenimiento y provisión de servicios. En salud, es necesario financiar inversiones en la modernización de la prestación de servicios de salud y sistemas de información. En educación, más ingresos podrían permitir la implementación de infraestructura, equipamiento y tecnologías. En seguridad ciudadana, podría permitir la mejora de tecnologías y servicios básicos. Por ultimo, en transporte, ayudaría a la financiación de los grandes proyectos de infraestructura que permitan mayor conectividad, reducción de costos de logística e interconexión social (BID, 2017).

Sobre la modificación del régimen tributario

La teoría menciona que los sistemas tributarios deben asegurar la eficiencia del mercado, asegurar la estabilización macroeconómica o mejorar la igualdad a través de la redistribución, las tres funciones básicas generalmente asignadas a la política fiscal (Musgrave, 1959). Además, los impuestos no solo deben mejorar debido a su papel de eficiencia económica y sostenibilidad fiscal, mejorar un sistema tributario también pasa por entender su importancia social y su papel en el desarrollo de una nación.

La reforma tributaria minera debe procurar no reforzar la dependencia de los ingresos fiscales hacia las materias primas. Una alta dependencia de los ingresos fiscales de las industrias extractivas no solo representa una amenaza para las disparidades regionales internas de un país y exige mecanismos regionales de distribución eficaces y eficientes, sino que también expone al país a la volatilidad de los precios mundiales de las materias primas (Atria et al, 2007). Asimismo, esta reforma debe ser planteada de manera tal que permita que la inversión se mantenga. Las expectativas empresariales según los datos del BCRP, indican que a octubre estas han retornado a un nivel pre elecciones. Si bien no se encuentran al nivel prepandemia, tampoco nos encontramos en un nivel en donde las reformas no puedan ser llevadas a cabo. Asimismo, es necesario que de la misma manera exista un espacio de diálogo con las empresas que asegure los mensajes a los inversionistas que implique predictibilidad pero que a la vez asegure una mayor recaudación.

Por ende, la tarea debe ser construir un sistema tributario sólido, sostenible, justo y diversificado capaz de mantener un dinamismo razonable de la inversión y, simultáneamente, lograr una participación estatal progresiva en las rentas económicas derivadas de la extracción de recursos naturales cuidando de no implicar dependencia en las mismas. El actual escenario de precios altos facilita la tarea, puesto que las empresas pueden tener mayor espacio de maniobra. Años atrás durante la bonanza minera, los gobiernos fueron inerciales: las reglas de juego no fueron cambiadas en lo sustantivo y siguieron siendo las que se heredaron de la década de los años 90. Por ejemplo, el gobierno de Toledo concretó la implementación del alza del porcentaje del IR de la tercera categoría y aprobó el pago de regalías mineras (Mendoza y De Echave, 2016). Luego con Ollanta Humala, a pesar de existir gran expectativa, no se realizaron modificaciones importantes. En el actual contexto no puede suceder lo mismo, y se debe aprovechar la oportunidad política. El costo de oportunidad de no hacerlo, sería muy grande.

Para el desarrollo sostenido, pensar en el gasto público dejando de lado los ingresos es tener una mirada reducida. Una mejora en el esquema de recaudación fiscal que permita una recaudación eficiente, sostenida y contracíclica podría ayudar a gatillar las mejoras en la calidad del gasto público. Por ello, sustentar que el esquema tributario y/o el esquema tributario minero no debe aumentar y/o mejorar teniendo espacio, margen y necesidad; es optar por un punto de vista egoísta e ineficiente. La recaudación debe ser puesta en el debate de inversión pública y cumplimiento de necesidades fiscales.

Bibliografía

Atria, J., Groll, C., & Valdés, M. (2017). Rethinking taxation in Latin America. Reform and challenges in times of uncertainty. Latin American Political Economy.

BCRP. (2021). Reporte de Inflación Junio 2021. Obtenido de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2021/junio/reporte-de-inflacion-junio-2021.pdf

BID (2016). MÓDULO 3 Presupuesto por resultados. Banco Interamericano de Desarrollo.

BID. (2017). Public Environmental Expenditure Review in Peru 2008–2013 . Inter-American Development Bank .

Boadway, Robin y Keen, Michael (2014). Rent taxes and royalties in designing fiscal regimes for non-renewable resources. En: Cesifo Working Paper Series, N.°4568, enero, 44p.

De Echave C., J., & Flores U., C. (2020). Minería y tributación en tiempos de pre y post pandemia. Lima: Grupo Justicia Fiscal.

MEF. (2019). Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023. Obtenido de https://www.ipe.org.pe/portal/marco-macroeconomico-multianual-mmm-2020-2023/

MEF. (2021). Informe Anual de Deuda Pública 2020. Obtenido de https://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/documentos/Informe_Deuda_Publica_2020.pdf

Torres Cuzcano, Víctor (2018). Boom Minero, política fiscal y corrupción. Documento de Trabajo Omega Beta Gamma 01, Grupo de Investigación Omega Beta Gamma.

World Bank. (2017). PERU PUBLIC EXPENDITURE REVIEW . World Bank Group.

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Imagen: Inforegión 08/11/2021
En el año 2017 se conoció del riesgo que representaba los relaves mineros de Tamboraque para el agua de Lima, debido a los deslizamientos por lluvias intensas que provocaba el Fenómeno El Niño entre febrero y marzo de ese año y una serie de sismos que se registraron en Huarochirí en setiembre.

En una publicación del diario El comercio del día de hoy, se recordó los antecedentes del caso y se alerta de que han pasado cuatro años después de esas denuncias, y el tema sigue sin resolverse.

En la nota se recordó que el entonces alcalde de Huarochirí, Hugo Gonzales Carhuavilca, denunció que la presencia de un relave en Tamboraque representa un grave riesgo en la población de esta zona y de toda Lima Metropolitana por la cercanía de estos desechos con el río Rímac. Señaló el riesgo de contaminación si el arsénico, antimonio, plomo, zinc y otros residuos tóxicos caían al agua que alimenta a la región.

Por su parte Osinergmin confirmó a El Comercio que la empresa Great Panther Coricancha S.A. – que compró la mina en el 2015– mantiene pendiente el traslado de aproximadamente 140.000 m3 (casi 140.000 toneladas) de relaves remanentes que se ubican al pie de la ladera del cerro Tamboraque, adyacente al río Rímac.

Esta cantidad representa el 37% del total de desechos mineros. El 63% –la empresa asegura que es el 65%– ya ha sido trasladado al depósito de Chinchán. La continuidad del traslado está suspendida en medio de una disputa legal.

Los antecedentes

Tamboraque se ubica en el distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí, a la altura del kilómetro 90 de la Carretera Central. Los depósitos de relave (canchas 1 y 2) corresponden a la mina Coricancha, que operaba la compañía San Juan desde los años 50. A inicios del 2008, los cerros empezaron a mostrar evidencias de inestabilidad por la activación de un deslizamiento de tierras.

En julio de ese año, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró el estado de emergencia del cerro por el plazo de sesenta días calendario debido al riesgo posibles daños en la Carretera Central, las vías férreas y el río Rímac si un deslizamiento arrastraba los residuos mineros. Ese mismo año la mina y los pasivos pasaron a manos de NYRSTAR y luego a Great Panther Coricancha S.A.

Aunque instituciones como Osinergmin y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) han indicado que la ladera se encuentra estable, insisten en la necesidad que continuar con el traslado de los relaves. NYRSTAR se había comprometido a moverlos, pero no se ha terminado de ejecutar.

En julio del 2018, el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima aceptó una medida cautelar interpuesta por la empresa y paralizó la movilización de los residuos mineros. De acuerdo con el organismo supervisor, esto le impidió exigir el traslado y emitir sanciones por incumplimiento. Dos años antes, la empresa había solicitado al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la modificación del plan de cierre de minas.

Osinergmin informó que apelaron la decisión judicial y el 19 de enero de 2021, resolución de segunda instancia notificada recién en junio, se dispuso levantar la medida cautelar. Queda pendiente resolver una acción de amparo de la empresa minera contra el Mimen, OEFA y Osinergmin, que fue declarada fundada en febrero del 2019. El organismo supervisor volvió a apelar y luego de que Great Panther Coricancha S.A. interpusiera un Recurso de Agravio Constitucional el expediente será elevado al Tribunal Constitucional.

Pese a todo ello, el organismo supervisor señala que ha sancionado a la minera con 2 multas de 206 UIT cada una en el año 2016, y cinco multas coercitivas por un monto total de 500 UIT, entre 2016 y 2017.

Consultada sobre las razones por las que no se ha continuado con el traslado, Great Panther Coricancha S.A. señaló que “como resultado del constante monitoreo geotécnico de dichos depósitos y de acuerdo con las recomendaciones de una consultora internacional independiente” han solicitado al Minem la modificación del plan de cierre de los depósitos “para preservar la estabilidad de las áreas cercanas al cerro Tamboraque”. No detallaron en qué consiste la modificación que piden. Mientras el ministerio no resuelva, mantendrán los relaves (115,000 m3, indican) en la zona.

De todas formas, aseguran que la ladera se encuentra estable y que para evitar los residuos se filtren o caigan al río Rímac realizan monitoreos e inspecciones diarias para detectar posibles signos de grietas o fisuras.

Más riesgos sobre el Rímac

El diario conversó con el coordinador del área socio ambiental del colectivo Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi, quien señaló que el problema con la disposición final de pasivos ambientales en la cuenca del río Rímac en Lima no se limita a Tamboraque. Señaló que han identificado al menos 220 pasivos en la provincia de Huarochirí.

En la misma línea Genaro Aguilar, integrante de la Plataforma de Defensa de Medio Ambiente de San Mateo, señaló que a diferencia de Tamboraque, que al menos está cubierto y monitoreado constantemente por el riesgo que representaría, los otros desechos industriales de actividad minera están expuestos. “Hay varios relaves al aire libre. Solo en San Mateo somos miles de personas en riesgo de contaminación, sin contar con que el agua es consumida por animales y en la agricultura”, sostiene.

De acuerdo con Osinergmin, la misma concesión de Tamboraque, en la parte baja del cerro y de la planta, tiene un antiguo depósito de relaves denominado Triana. Dicho depósito tiene aprobación de cierre in situ de parte del Ministerio de Energía y Minas. En la cuenca alta hay otros cinco depósitos, tres operativos, que cuentan con estudios de estabilidad física cada dos años.

El riesgo principal, insiste Alejandro Berrospi, es que no existe una adecuada planificación sobre el tratamiento de los relaves mineros. Una eventual contaminación del río Rímac no solo impactaría en la población que vive en la provincia de Huarochirí, sino en gran parte del departamento de Lima. Este río es la principal fuente de abastecimiento de agua potable. En el año 2019, Sedapal advirtió que la tercera fuente de contaminación del río Rímac estaba vinculada con relaves mineros antiguos.

Asimismo cabe recordar que diversas organizaciones, entre ellas CooperAcción, denunciaron desde el 2019 que el proyecto minero Ariana que se viene construyendo en las cercanías de Marcapomacocha en Junín, pone en riesgo las fuentes de agua que abastecen Lima debido a la cercanía de su relavera al túnel trasandino. La sociedad civil ha interpuesto una demandan constitucional para que se detenga la construcción de la minera en la zona y se espera la sentencia del juzgado respectivo.

Ante esta situación urge que el gobierno, y sobre todo los organismos de las áreas pertinentes del MINEM y el MINAM tomen caratas en este asunto y prevengan los riesgos que se ciernen sobre las aguas y ecosistemas de la cuenca del río Rímac, antes que lamentar las consecuencias.

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Hoy, la minera Antamina anunció la paralización de su operación a raíz de las manifestaciones por parte de comunidades de Aquia, en el área de influencia de la compañía.
Vásquez criticó el pedido de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de que el Ejecutivo intervenga en las protestas y restablezca el estado de derecho. (Foto: GEC)
El Comercio
01/11/2021
La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, pidió al empresariado a que reconozca las demandas de las protestas vinculadas al sector minero energético.

“Siempre he reclamado que nos sentemos en procesos de diálogo, que se reconozca válidamente a actores, interlocutores, que no se siga calificando a la gente como violentista o manipulada”, señaló la titular de la PCM en diálogo con el programa Agenda Política.

“Tenemos que entender el hartazgo de la gente que ha sentido la desprotección del Estado y por otro lado la invisibilización de sus demandas por parte de las propias empresas”, agregó.

Hoy, la minera Antamina anunció la paralización de su operación a raíz de las manifestaciones por parte de comunidades de Aquia, en el área de influencia de la compañía.

Vásquez criticó el pedido de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de intervenir en las protestas y restablecer el estado de derecho.

“No volvemos al estado de derecho reprimiendo y matando gente, sino cuando encauzamos estos conflictos, institucionalizamos las salidas y ponemos a dialogar con actores sin generar falsas expectativas”, explicó la primera ministra.

Por otro lado, condenó los actos violentos por parte de los manifestantes, y señaló que en esos casos, la Policía Nacional del Perú (PNP) sí ha intervenido.

“Somos muy tajantes. Vamos a desmarcar de los actos de violencia. El sistema de justicia se va a encargar de investigar quién ha hecho estos daños a la empresa, pero eso no puede deslegitimar la protesta”, puntualizó.
https://elcomercio.pe/economia/peru/mirtha-vasquez-emplaza-a-sector-minero-a-no-calificar-la-protesta-como-violentista-o-manipulada-nndc-el-sistema-de-justicia-se-va-a-encargar-de-investigar-quien-ha-hecho-estos-danos-a-la-empresa-pero-eso-no-puede-deslegitimar-la-protesta-dijo-vasquez-noticia/

El presidente del gremio, Raúl Jacob, consideró que hay un grupo que está azuzando políticamente a la población, pero también está la población legítimamente preocupada que quisiera un proceso de diálogo.
Gremio minero se refirió a los constantes conflictos sociales y manifestaciones contra operaciones del sector. (Foto: Referencial/Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco)
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31/10/2021
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl Jacob, advirtió que los constantes conflictos sociales y manifestaciones contra operaciones del sector minero energético, pueden ser el inicio de una escalada.

Consideró que hay un grupo que está azuzando políticamente a la población, pero al margen de ello, también está la población legítimamente preocupada que quisiera un proceso de diálogo para aclarar las cosas y no una situación de violencia.

“Pensamos que está dándose el comienzo de una escalada (de violencia), las intenciones pueden ser varias, lo cierto es que están ocurriendo”, indicó el dirigente gremial en diálogo con el programa Agenda Política.

Detalló que Antamina es la primera productora de zinc y que representa el 18% de las exportaciones de cobre, equivalente a US$ 4,500 millones al año.

“Antamina, junto al Corredor Minero del Sur, representan el 63% de las exportaciones de cobre del país”, dijo.

Este domingo la minera Antamina anunció la paralización de su operación a raíz de las manifestaciones por parte de comunidades de Aquia (Áncash), en el área de influencia de la compañía.

Por su parte, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, apuntó que las empresas deben reconocer su responsabilidad ante la demanda de los manifestantes.

“Los actores tenemos que hacernos cargo de cada una de nuestras responsabilidades y la empresa también. Es cierto que hemos tenido un mal abordaje del conflicto, pero algunos actores no han querido reconocer la responsabilidad que tienen en atender los reclamos de la población”, apuntó.
https://gestion.pe/economia/snmpe-sobre-conflictos-mineros-pensamos-que-es-el-comienzo-de-una-escalada-de-violencia-nndc-noticia/

Según el comunicado emitido por la PCM, los pobladores aceptaron iniciar un proceso de dialogo con el fin de abordar la problemática de la zona minera que terminó quemando el campamento minero de Apumayo.
31/10/2021
Premier Mirtha Vásquez. (Foto: Difusión).
Luego de que los pobladores de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en la región de Ayacucho, terminaran quemando el campamento minero de Apumayo, el pasado viernes 29 de octubre, en señal de protesta ante la indiferencia del Estado por escuchar sus reclamos.

La premier Mirtha Vásquez, se comprometió acudir a la zona de conflicto con un equipo del Ejecutivo, para establecer el dialogo con las comunidades afectadas.

“Una delegación del gobierno está viajando al sur de Ayacucho para restablecer el diálogo, garantizar los derechos y atender las demandas de la ciudadanía en protesta, la misma que ha decidido levantar sus medidas de fuerza aceptando iniciar este proceso de manera genuina”, señalaba en su cuenta de Twitter.

Asimismo, por medio del comunicado expresó “la predisposición del Gobierno para impulsar un dialogo sincero, abierto y transparente que permita encontrar soluciones viables en beneficio de todos”.

Según el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rua Carbajal, que en los próximos días se instalará una mesa de diálogo en Coracora (Parinacochas), donde participarán la premier, Mirtha Vásquez y los ministros de Estado, con el objetivo de encontrar una solución al conflicto socio-ambiental registrado en la zona producto de la actividad minera.

Conflicto en el sur de Ayacucho

Desde el 28 de octubre los pobladores de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en la región de Ayacucho, mantienen un paro indefinido, que incluye la restricción del tránsito vehicular en los distritos de Cora Cora, Chavín, Sancos y Puyusca.

Además, de la aglomeración de personas que se instalaron en las unidades mineras de las empresas Apumayo, Inmaculada, Breapampa y Pallancata. Los pobladores exigen el cierre definitivo de estas mineras.

Según David Pacheco, jefe de la Defensoría del pueblo, en Ayacucho, este conflicto data de hace varios años atrás, realizando labores de exploración, aproximadamente desde el año 2010.

“La demanda de la población implica el cierre definitivo de las unidades mineras Apumayo, Inmaculada, Breapampa y Pallancata, que están en labores de supervisión y fiscalización por parte de OEFA y con labores relacionada al trabajo de la Autoridad Nacional del Agua, esto en cuanto a la vigilancia y monitoreo de la calidad del agua de las cuencas hidrográficas y las supervisiones especiales que se realizan en los proyectos mineros”.
https://caretas.pe/politica/premier-mirtha-vasquez-anuncia-presencia-del-ejecutivo-en-la-zona-de-conflicto-minero-en-ayacucho/

29/10/2021
Ejecutivo busca fortalecer la política fiscal y tributaria asegurando la competitividad del país y la reactivación económica. / Crédito: Ministerio
Considerando que el precio del cobre y otros minerales están al alza en el mercado internacional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apunta a elevar la tasa de Impuesto a la Renta (IR) a las empresas mineras con más del 80% o 90% de margen operativo, informó el titular de la cartera, Pedro Francke.

“Hay margen para mejorar la tasa para quienes tienen las ganancias operativas más grandes. No proponemos nuevos impuestos, simplemente la idea es para quienes tienen ganancias altas que aumenten su tasa de contribución”, detalló el ministro, quien explicó los puntos más importantes del pedido de delegación de facultades en materia tributaria, fiscal y reactivación económica.

Recordó que en el 2011 se publicó el régimen de la regalía minera y el impuesto especial a la minería y ahora la idea es “perfeccionarlo”.

Para ello, anotó que se está trabajando con la asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI). “La idea es que no se pierda la competitividad en el sector y una de las ventajas es que ellos (el FMI) tienen la información de todos los países del mundo sobre los regímenes fiscales y están realizando las comparaciones necesarias”, agregó.

El FMI entregó el viernes 29 de octubre su primer informe sobre la asesoría y con dicha información el MEF espera calcular el margen que tendría para subir la tasa del Impuesto a la Renta en el sector minero para las empresas que más ganen.
Fuente: Gestión

Perú: Aumento de tasa de Impuesto a la Renta aplicaría a mineras con más de 80% de margen operativo

El presidente de la República resaltó que la provincia de Cotabambas recibirá el canon minero desde enero de 2022 como parte de los acuerdos firmados con la empresa Las Bambas.
28/10/2021

Un día después de levantamiento del paro minero en Cotabambas, en Apurímac, el presidente de la República Pedro Castillo saludó las acciones del Ejecutivo tras la instalación de la mesa de diálogo con los comuneros y la empresa MMG Las Bambas presidida por la premier en Mirtha Vásquez.

«El levantamiento del paro en Cotabambas demuestra que como Gobierno sí resolvemos los conflictos, en base al diálogo y el consenso. Además, gracias al acuerdo, esta provincia y el distrito de Progreso recibirán el canon minero desde enero de 2022», dijo el jefe de Estado.

El acta de acuerdo que la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso recibirán el canon minero a partir de enero del 2022, para lo cual en diciembre de este año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá un cálculo exacto de cuánto es lo que recibirán.

El MEF anunció que en enero del 2022 se contarán con los recursos para el proyecto del hospital de Tambobamba. Además, entre los acuerdos se encuentra el mejoramiento y rehabilitación de un camino vecinal. Este proyecto demandará una inversión de S/ 53.6 millones y está considerado dentro de la programación de Provías Descentralizado.

Ahora la próxima reunión se realizará el 8 de noviembre en el distrito de Chalhuahuacho, con la participación de los ministerios de Energía, Desarrollo Agrario y representantes de las mineras Las Bambas.
https://caretas.pe/politica/pedro-castillo-como-gobierno-si-resolvemos-los-conflictos/

Mirtha Vásquez. (Foto: Difusión)
Redacción Gestión
[email protected]
28/10/2021
Tras una reunión entre la premier Mirtha Vásquez, pobladores, dirigentes comunales de Cotabambas y el Progreso, en la región Apurímac, se llegó a un acuerdo que permitió el “levantamiento de las medidas de fuerza” en el lugar del conflicto minero, informó la Presidencia del Consejo de Ministros.

La PCM, través de sus redes sociales, indicó que la delegación del Ejecutivo luego de reunirse con comunidades de Cotabambas y del distrito Progreso, acordó “encaminar el proceso de diálogo que permitió el levantamiento de las medidas de fuerza desde hoy en la zona”.

Antes de dicha reunión, uno de los puntos más álgidos del bloqueo en el Corredor Minero Sur se venía dando en el distrito de Progreso, provincia de Grau (Apurímac), donde cientos de manifestantes impedían todo tránsito de vehículos particulares y de la empresa minera MMG Las Bambas.

Ante ello, la pregunta de hoy es:

¿Premier Vásquez podrá restablecer diálogo en corredor minero del sur?
https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/premier-vasquez-podra-restablecer-dialogo-en-corredor-minero-del-sur-noticia/

28/10/2021
Presidente Pedro Castillo Terrones (2021-2026). / Credito: Presidencia de Perú.
El gobierno izquierdista de Perú solicitó el miércoles (27 de octubre) al Congreso autorización para reformar el código tributario del país con un enfoque en aumentar los impuestos al sector minero, fondos que la administración quiere usar en programas sociales.

El gobierno quiere “perfeccionar el régimen fiscal del sector minero”, según copia del documento presentado al Congreso. Específicamente, el gobierno quiere revisar las tasas de regalías, impuesto sobre la renta y el llamado “impuesto especial” que entra en vigencia cuando los precios de los metales se disparan.

El presidente socialista Pedro Castillo ha hecho de la elevación de impuestos a los mineros una piedra angular de su incipiente administración. Perú es el segundo productor mundial de cobre y la minería es una fuente importante de ingresos fiscales.

El ministro de Finanzas, Pedro Francke, dijo anteriormente que el Fondo Monetario Internacional está asesorando a Perú sobre cómo aumentar los impuestos al sector minero sin afectar su competitividad.

Perú tiene una de las relaciones impuestos / PIB más bajas de América Latina, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

No está claro cuándo el Congreso de Perú, controlado por la oposición, considerará la propuesta de reforma tributaria y en qué medida la respaldaría.
Yacimiento Yanacocha se localiza en la provincia y departamento de Cajamarca a 800 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima, Perú. / Crédito: Newmont

Perú tiene una cartera de alrededor de USD 50.000 millones en futuras inversiones mineras, según el Ministerio de Minería, y garantizar la realización de nuevos proyectos mientras se imponen impuestos más altos es un desafío clave para la administración Castillo.

Algunas de las firmas mineras más grandes del mundo operan en Perú, incluidas Freeport McMoRan, Glencore, Newmont Corp, Barrick Gold y Southern Copper.

Aún así, varios mineros estarían exentos del núcleo de la reforma tributaria porque en el pasado han firmado acuerdos de estabilidad tributaria para protegerlos de este tipo de escenario.

Esos mineros incluyen MMG LTd, Aluminium Corp y Anglo American, cuya mina Quellaveco está programada para comenzar la producción el próximo año.
Fuente: Reuters

Perú: Administración de Castillo solicita al Congreso permiso para aumentar los impuestos a la minería