26/09/2024
El pasado viernes 30 de agosto se desarrolló el Primer Encuentro de Comunidades Campesinas por la Amnistía Política contra la Criminalización de la Protesta en la comunidad de Pumamarca, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, en la región Apurímac.

El encuentro contó con la participación de representantes de diversas comunidades adyacentes a la minera Las Bambas, incluyendo comuneros que enfrentan denuncias y procesos judiciales. Además, asistieron familiares de los cuatro jóvenes de la comunidad de Cuyo Grande del distrito de Pisaq, departamento de Cusco, recientemente sentenciados por la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco en segunda instancia, por los delitos de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. También estuvieron presentes en el encuentro Guillermo Bermejo, congresista de la República por Lima, e Isabel Taipe, congresista por Apurímac.

El objetivo principal del encuentro fue solicitar a los congresistas la presentación de un proyecto de ley que otorgue amnistía política a los comuneros que, al ejercer su derecho a la protesta, fueron identificados, denunciados y procesados por disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, entre otros cargos.

Rubén Huamaní, presidente de la comunidad de Pumamarca, declaró: “La comunidad de Pumamarca está al lado del tajo de Charcas, el tajo de Fuerabamba, y colindamos con la empresa Las Bambas. Cuando nosotros reclamamos, la empresa nos denuncia”.

En la reunión, que contó con la presencia de congresistas, Guillermo Bermejo expresó su compromiso de presentar un proyecto de ley de amnistía política para comuneros y comuneras que son procesados judicialmente por protestar contra la contaminación de la minera Las Bambas. “Yo los entiendo porque también he sido perseguido. Voy a presentar un proyecto de ley para apoyarles legalmente”, afirmó.

“Compañeros, están escuchando lo que pasa en la provincia de Cotabambas. Estamos presentando nuestra propuesta de ley de amnistía política. La empresa Las Bambas informa al Estado que están trabajando, pero no es así. Ustedes ven que aquí no hay apoyo ni de la empresa ni del Estado. Ni en agricultura, ni en salud, ni en educación. No tenemos locales, infraestructura, ni posta de salud. Nuestra agricultura no ha mejorado nada”, añadió Rubén Huamaní.

Así mismo, Julián Castro, comunero denunciado de la comunidad de Huancuire, provincia de Cotabambas dijo: “Cuando reclamamos, nos denuncian. Hay contaminación en nuestros ríos, el agua parece gelatina. Por eso protestamos y ahora nos encontramos denunciados. ¿Ya no podemos hablar? ¿Ya no tenemos derechos? Estamos denunciados injustamente. Nos sentimos abandonados por el Estado. Antes comíamos bien nuestro queso y papa, ¿dónde está el desarrollo que nos prometieron? Solo hay contaminación”.

Por otro lado, los familiares de Richars Camala, Ferdinan Huaccanqui, Redy Huamán y Joel David Hivallanca asistieron al encuentro para unir esfuerzos en la solicitud de amnistía política para estos jóvenes, quienes enfrentan sentencias ratificadas de entre 6 y 7 años de prisión efectiva. Los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando los jóvenes participaron en las marchas convocadas contra el gobierno de Dina Boluarte. Desde entonces, están detenidos en el penal de Quenqoro, en Cusco.

Finalmente, la congresista Isabel Taipe presentó el proyecto de ley N° 8742/2024-CR, que busca conceder amnistía general a los miembros de las comunidades campesinas y organizaciones sociales que participaron en las protestas en el ámbito del proyecto minero Las Bambas entre 2011 y 2019. Este proyecto, presentado al Congreso de la República el 29 de agosto, “busca restablecer la paz social y evitar la criminalización de la protesta, beneficiando a quienes fueron denunciados, procesados o sentenciados por delitos como coacción, extorsión y entorpecimiento de servicios públicos durante las manifestaciones en la zona”, según el texto del proyecto presentado. (Con información del OCM)
cooperaccion.org.pe

23/09/2024
Río Santa contaminado con metales pesados
Frente de Organizaciones Agrarias y juntas de usuarios exigirán acciones urgentes a las autoridades para enfrentar la contaminación por metales pesados

Los agricultores de la provincia del Santa anunciaron una movilización de protesta para este miércoles 25 de setiembre con el propósito de visibilizar su rechazo a la contaminación del río Santa con metales pesados provenientes de actividades mineras.

La marcha se llevará a cabo desde el cruce de Santa (punto de concentración a las 7 de la mañana) hasta la plaza de Armas de Chimbote.

La movilización, impulsada por el Frente de Organizaciones Agrarias de la Provincia del Santa (FOAPS) y las juntas de usuarios de Irchim y Santa, contará con la participación de la sociedad civil organizada.

Los agricultores exigen acciones inmediatas por parte de las autoridades competentes para abordar este problema que afecta tanto sus fuentes de agua como la salud de la población.

Entre los principales puntos de su plataforma de reclamos se encuentran la exigencia de un plan de remediación y control de la minería que afecta el río, así como la construcción de la bocatoma para el proyecto Chinecas en Chuquicara y la creación de un reservorio. Además, los agricultores piden la conformación del Consejo de Cuenca Regional y la demolición del dique de la bocatoma de Chavimochic.

Los organizadores también se oponen a la privatización del agua y solicitan inversiones en infraestructura básica, tales como carreteras, proyectos de agua potable y electrificación.

“Esperamos que la Fiscalía de Medioambiente abra investigación por el derrame minero», manifestaron los representantes de los agricultores, resaltando la urgencia de que las autoridades tomen medidas.

Los hombres del campo exigen que el Gobierno Regional de Áncash, la Dirección Regional de Energía y Minas, el proyecto Chinecas, la Autoridad Nacional del Agua y los gobiernos locales atiendan de forma efectiva su plataforma de reclamos. (W.C. – RSD Noticias).
https://radiorsd.pe/noticias/agricultores-marcharan-este-25-de-setiembre-en-protesta-por-la-contaminacion-del-rio-santa

La Red de Medios
18/09/2024
Desde la medianoche del sábado 14 de septiembre, cientos de residentes de la comunidad campesina Hatun Ccollana, en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, Cusco, se han congregado en el puente Paracaylla y en un tramo del corredor minero en una protesta para manifestar su descontento con la empresa minera MMG Las Bambas.

La protesta surge en respuesta al incumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio marco con la empresa y a los daños ambientales provocados por los camiones encapsulados que transitan por la carretera comunal sin asfaltar.

Los comuneros denuncian que estos camiones levantan una gran cantidad de polvareda, afectando la calidad del aire, contaminando el agua, dañando cultivos y ganado, y causando problemas respiratorios en ellos y sus hijos.

El domingo 15 de septiembre, alrededor de las 11:00 a.m., la policía nacional intervino, impidiendo que la comunidad ejerza su derecho constitucional a protestar pacíficamente.

La represión policial resultó en al menos un herido, quien fue atendido por la misma comunidad. Posteriormente, la fiscal de la provincia de Chumbivilcas llegó al lugar para dialogar con los manifestantes.

Protesta contra minera Las Bambas en Chumbivilcas
Las y los comuneros de Hatun Ccollana, así como sus dirigentes, hacen un llamado urgente a la minera MMG Las Bambas y a las autoridades para que atiendan sus demandas y remedien los daños ambientales de inmediato, buscando una solución que garantice la salud y el bienestar de la comunidad.

La protesta continúa hoy, lunes 16 de septiembre, en el puente Paracaylla y en un tramo del corredor minero. Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras

Protesta contra minera Las Bambas en Chumbivilcas: Comuneros de Hatun Ccollana exigen remediación ambiental

Político peruano aseguró que proyecto Tía María no tiene el respaldo de la población
DIARIO VIRAL
15/09/2024
redaccion@diarioviral.pe

Asegura que apoyará a los pobladores del valle de Tambo. El lider de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), Antauro Humala Tasso, señaló que apoyará las manifestaciones contra el proyecto minero Tía María. Pues, argumentó que la ciudadanía de la zona está en contra de los trabajos planteados.
“Southern Cooper debe abstenerse de entrar al valle de Tambo; porque aparte de ser nacionalistas, somos ecologistas. Si la actividad minera condiciona la agricultura, el Estado debe optar por la actividad agraria”, expresó el exmilitar.

Además, Humala Tasso remarcó las denuncias que hubo por desapariciones, muertes y afectados a raíz de las manifestaciones contra el proyecto minero. También destacó que aún existen los residentes del valle que tuvieron que autoexiliarse por dichas protestas.

Respecto a la aprobación de la presidenta Dina Boluarte para ejecutar dicho proyecto, indicó que la mandataria no tiene credibilidad. Además, mencionó que la autoridad nacional no tiene conocimiento del cargo.

FUJIMORI. Sobre el reciente fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori Inomoto, Antauro Humala lo responzabilizó de las deficiencias actuales a nivel nacional. Una de las razones principales del repudio del exmilitar al exmandatario se debe a la privatización de las empresas en su período.
https://diarioviral.pe/cercado/antauro-humala-apoyara-protestas-contra-proyecto-tia-maria-31006

Cooperaccion 28/08/2024
El Frente de defensa y desarrollo de la provincia de Huanta, en la región Ayacucho, convocó un paro provincial que duró varios días. Las organizaciones sociales de esta provincia vienen organizando protestas contra las actividades mineras de parte de las empresas Newmont Peru S.R.L y Puma Ñahui Exploraciones Per S.A.C., exigiendo la protección de esta área y la nulidad de las concesiones mineras.

La medida de lucha es respaldada por comunidades, sindicatos y organizaciones de base que no están de acuerdo con las excavaciones y extracción de minerales en las cuencas de las lagunas de Razuhuillca. Cabe señalar que se trata del principal recurso hídrico de la zona, utilizado para regar los cultivos y alimentar el sistema de agua potable de la ciudad.

Las protestas comenzaron en septiembre 2023 y llevaron a la instalación de una mesa técnica para discutir el tema, aunque hubo retrasos y conflictos en la organización de reuniones. A finales de octubre del año pasado, se convocó a un paro y movilizaciones en noviembre, respaldadas por comunidades locales y sindicatos preocupados por los impactos ambientales de la minería.

El gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima ha prometido tomar medidas, pero enfrenta críticas por su gestión en relación con las licencias mineras. Actualmente el pueblo de Huanta sigue en pie de lucha y pide el cese de las actividades y cancelación de la concesión minera.

Cooperaccion 28/08/2024
Los mensajes contradictorios sobre la situación del proyecto Tía María continúan. En el mensaje del pasado 28 de julio, Dina Boluarte dijo que Tía María era “una realidad”. Habría que preguntar qué significa “una realidad” para el gobierno.

El anuncio de la presidenta coincide con las versiones de los últimos meses de la propia empresa. Por ejemplo, a mediados de mayo, Raúl Jacob, vicepresidente de finanzas de la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC), declaró que esperaban que el proyecto comience su construcción a finales de este año o en la primera mitad del 2025. Curiosamente, a los pocos días, un comunicado firmado por el representante bursátil del Grupo México, Álvaro Burga, señalaba que el inicio del proyecto no tenía fecha determinada. Posteriormente, el 29 de junio se filtró un memorando interno firmado por Oscar González Rocha, presidente ejecutivo del Grupo México, en el que se anunciaba el reinicio de actividades del proyecto Tía María a partir del 1 de julio de 2024. Algunos días después, la propia empresa anuncio que iba a realizar una modificatoria de su estudio de impacto ambiental (MEIA), lo que significa que están pensando hacer algunos cambios sustantivos al proyecto.

Un tema central es saber con exactitud cuál es la situación actual del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María. ¿Por qué las dudas? En primer lugar, porque el EIA del proyecto Tía María fue aprobado mediante la Resolución Directoral N°392-2014-MEM/DGAAM el 1 de agosto de 2014. Ojo con la fecha: ya han pasado casi diez años y, como se sabe, en la actualidad la vigencia de un EIA es de cinco años.

Es cierto que la suspensión de la licencia de construcción tuvo consecuencias en la vigencia del EIA, pero habría que dilucidar la situación actual del EIA. Más aun cuando la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, respondiendo a la solicitud de una congresista, ha señalado (en el Informe N°0146-2024-MINEM/DGM, del pasado 1 de marzo) que la Evaluación de Impacto Ambiental se encuentra NO VIGENTE. Esta dirección general señala en el mencionado informe lo siguiente: “Del cuadro precedente, se verifica que el único titular del proyecto «Tía María» es la empresa minera SOUTHERN. Asimismo, con tres instrumentos de gestión ambiental, contando con el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación y Beneficio Minero «Tía María», aprobado mediante Resolución 392-2014-MEM/DGAAM del 1 de agosto de 2014 – NO VIGENTE-” [énfasis añadido].

El cuadro al que se hace mención es el siguiente:

La situación del EIA se encontraría directamente relacionada con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que indica que la certificación ambiental pierde vigencia si dentro del plazo máximo de 3 años posteriores a la emisión el titular no inicia las obras para la ejecución del proyecto. Sobre este tema, cabe señalar que el 6 de setiembre de 2018 se publicó el Decreto Legislativo 1394, que modificó la mencionada Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (artículo 12), para establecer que la pérdida de vigencia de la certificación ambiental se da en un plazo máximo de cinco años.

Otro elemento importante del cuadro que acompaña este editorial es que el proyecto minero no cuenta con autorizaciones de exploración y/o explotación, y se confirma que a la fecha de la emisión del informe no se estaban tramitando autorizaciones para dicho proyecto: “ […] ; no obstante, no cuenta con las autorizaciones de exploración y/o explotación para el proyecto minero «Tía María», asimismo, no se encuentra tramitando autorizaciones de exploración y/o explotación para el proyecto Tía María” [énfasis añadido].

Las autorizaciones correspondientes deberían aclarar esta situación. Además, no hay que perder de vista que la institución que está facultada para declarar la caducidad de un EIA es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Sería importante que el SENACE se pronuncie sobre este tema.

Lo cierto es que todo indica que Tía María está lejos de ser una realidad, tanto en materia de certificación ambiental como en los aspectos relacionados a lo que las empresas denominan como licencia social para operar: cada vez es más notorio que el rechazo al proyecto en el Valle de Tambo se mantiene. En este desorden y falta de claridad, preocupa es que se esté evaluando imponer el proyecto en contra de la voluntad de la gente de la zona.

www.conflictosmineros.org.pe 26/08/2024
El gobierno regional de Áncash, declaró el domingo 25 de agosto al agua de los ríos Santa y Tablachaca “no apta para el consumo humano”, tras haber realizado una investigación que reveló que contiene elevados niveles de hierro, arsénico y manganeso, derivados de la actividad minera.

Esto ocurre dos semanas luego de que se produjera el incidente que ocasionó la contaminación del río La Plata -uno de los afluentes del río Santa en la región Áncash- con desechos provenientes de una antigua concesión minera, finalmente se conocen los resultados de las muestras de agua que se tomaron para determinar el impacto de este desastre.

A principios de agosto, estos ríos presentaban agua anaranjada que alertó a la población, por lo que tanto el gobierno regional como organismos ambientales tomaron muestras para evaluar el estado de fisicoquímicos y metales pesados.

Los resultados de la primera muestra, tomada en el río Santa, mostraron que hay niveles elevados de hierro y arsénico, que superan los Límites Máximos Permisibles (LMP). La segunda fue tomada en el río Tablachaca, en la provincia de Pallasca, y mostró niveles elevados de hierro, arsénico y manganeso, además de la turbiedad del agua, que sobrepasa los Estándares de Calidad Ambiental (ECA).

El río Tablachaca se encuentra en la provincia de Pallasca (Áncash) y forma parte de la cuenca hidrográfica del río Santa, que provee de agua al Proyecto Especial Chavimochic (PECh) para el consumo del 55% de la población de Trujillo.

También se revela que la comunidad más afectada es la de Chuquicara, pues su fuente de agua -el río Tablachaca- tiene alta concentración de arsénico, hierro y manganeso. En este caso no solo se hizo la recomendación de que se encuentre un tratamiento adecuado para el agua, sino que también se añade “en caso contrario, una nueva fuente para el abastecimiento de agua de consumo humano”.

Cuando se difundieron las imágenes del agua anaranjada, el ministro de Ambiente de Perú, Juan Carlos Castro, señaló a la “minería ilegal” como fuente de la contaminación. El funcionario aseguró a RPP que ya se controló el flujo de aguas contaminadas, que provenían de la Bocamina 1464, ubicada en el distrito de Pampas, en Áncash.

El funcionario precisó que, según informes de la empresa pública Activos Mineros SAC (AMSAC), estas bocaminas están inactivas desde el 2015, por lo que piensan que han sido tomadas por mineros informales que operan en la zona.

De hecho, la AMSAC ha recordado que ya había denunciado con anterioridad un incremento de la minería informal en esta área y que esta actividad ilícita manipula los materiales mineros “sin el cuidado debido”.

Este río, que desemboca en el río Santa, abastece el consumo humano y agrícola de áreas de Áncash y La Libertad, y como medida preventiva, grandes proyectos agrícolas dispusieron el cierre de compuertas de tomas de agua.

Este hecho debe poner alertas en todo el país de la necesidad de abordar la gestión de los pasivos mineros, sobre todo de los reservorios de relaves mineros que son una amenaza permanente a las fuentes de abastecimiento de agua potable de las comunidades y ciudades, así como los proyectos de irrigación.

OCM en el Perú 22/08/2024
El pasado 3 de agosto ha sido prorrogado, una vez más, el Estado de Emergencia en el denominado Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa, el Decreto Supremo Nº 078-2024-PCM, por 30 días calendario. Cabe resaltar que ésta no es la primera prórroga ya que ha sido ampliada hasta en cinco ocasiones, una situación que se ha vuelto casi crónica en la región. En la práctica, las comunidades aledañas al corredor viven en un estado de emergencia constante, marcado por conflictos sociales y tensiones que afectan su vida diaria

Al respecto, Elsa Merma, representante de la organización Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar, declaró para este Observatorio que esto demuestra “que el gobierno de Dina Boluarte solo prioriza los proyectos mineros, como Tía María en Arequipa y otros proyectos mineros en Cusco y Apurímac, ignorando las necesidades y demandas de la población que estamos afectados, no hay capacidad para solucionar por ello amplía el Estado de Emergencia”.

Como se sabe, en este Corredor Vial Sur se ubican proyectos mineros como Las Bambas (Apurímac), Constancia y Antapaccay (Cusco), entre otros. Según el enunciado del decreto supremo, esta medida tiene la finalidad de “preservar y/o restablecer el orden interno, así como garantizar los derechos constitucionales de la población, frente a la proyección de escalamiento de las acciones de fuerza y actos violentos en el territorio por donde atraviesa el referido corredor vial”. Las instituciones encargadas de intervenir son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Parecería que estamos secuestrados y bajo constante vigilancia del Estado y la minería. Las zonas aledañas a la extracción, donde la pobreza y la contaminación por metales pesados son más graves, siguen desatendidas” comenta Elsa Merma, Ex Presidenta de la Plataforma de Afectados por Metales Pesados Espinar y actualmente asociada.

El Decreto Supremo justifica la extensión del Estado de Emergencia bajo el pretexto y recomendación de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú que indica: “Con el objetivo de continuar ejecutando las acciones necesarias para el mantenimiento del control del orden interno, así como garantizar los derechos constitucionales de la población frente a la proyección de actos violentos y acciones de fuerza a lo largo del Corredor Vial Sur”. Al mantener este régimen de excepción, el Estado no solo limita algunos derechos fundamentales, sino que también crea un marco legal que atemoriza a la población, restringiendo su derecho a libertad de tránsito y la libertad de reunión.

Frente a ello, la lideresa Elsa Merma hace un llamado a la organización de los pueblos que conforman el Corredor Vial Sur: “Es urgente reorganizarnos para responder a estas medidas que amenazan nuestros derechos de las comunidades originarias y revisar el impacto del corredor minero y la presencia policial y militar, que solo ha incrementado la inseguridad y el temor”.

El Estado de Emergencia es un régimen de excepción reconocido en el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que se implementa: “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”[1] .

Esta medida implica consecuencias directas en los derechos de las personas que se ubican en la zona delimitada. Lejos de abordar las causas de los supuestos actos violentos, esta medida parece estar más enfocada en controlar y reprimir a la población. Las comunidades aledañas al corredor, que conviven con la presencia de proyectos mineros como Las Bambas, Constancia y Antapaccay, han visto cómo sus derechos fundamentales han sido vulnerados, por la falta de respuesta del Estado en atender sus necesidades y demandas básicas.

Al respecto, Yovana Mamani, coordinadora del programa Sur Andino de CooperAcción, señaló que “cuestionamos esta decisión por parte del Estado, pues ha dejado de ser excepcional y se ha convertido en una medida permanente que, además, ha resultado ser ineficaz para mediar los conflictos de la zona, los cuales se mantienen como una medida para viabilizar el funcionamiento de la empresa minera, sin dar respuesta al malestar de la población, su disconformidad por el limitado acceso y transparencia de información y el incumplimiento de los compromisos por parte de las empresas mineras”.
www.conflictosmineros.org.pe