Participantes de la Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería en Perú afirmaron que el gobierno del presidente Ollanta Humala «está permitiendo el saqueo irracional» de los recursos naturales a través de su política extractivista. En la Declaración de Arequipa, divulgada al final del evento, el último día 19, ellos alertaron sobre los «daños irreparables» que la actividad causa al medio ambiente y a los pueblos y comunidades cercanas a las minas.
También criticaron la promoción de la actividad extractivista como «motor del crecimiento económico», usada como una alegación para invadir tierras de pueblos y comunidades, que ya tienen casi el 50% de sus tierras concedidas a la minería. Ellos denunciaron la desaparición de lagos y fuentes de agua, contaminación de ríos, además del desalojo de las poblaciones de sus territorios.
En entrevista con el diario La República, la organizadora de la Cumbre de los Pueblos, Dilvia Gálvez, afirmó que la minería no trae desarrollo económico a las regiones explotadas. «Cajamarca es el ejemplo más claro. Es una región que por muchos años alberga la minería, pero la pobreza no se redujo. Situaciones similares se pueden ver en otras regiones del país”. Ella defendió la eliminación de las minas en las cabeceras de las cuencas y explicó que la explotación minera debe ocurrir en «zonas cenizas”, lejos de los poblados y cuencas hidrográficas.
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