Más de 15 comunidades de la zona alta del distrito de San Miguel, provincia de La Mar, rechazaron la explotación minera en la comunidad de Chaca, donde una empresa minera estaría haciendo cateos en varios lugares como prueba de la existencia de minerales.
En la reunión, realizada el 30 de julio en la comunidad campesina de Chaca, indicaron que se trata de una “empresa” de mineros informales, no descartándose que se trate de minería ilegal.
También asistieron las autoridades de la provincia de La Mar, María Magdalena Quispe Valdivia, Gobernadora Provincial; Nelly Mejía Paredes, Jueza de Paz no letrado; y el regidor Cirilo Coras Canales, en representación de la municipalidad provincial.
Una menor de 3 años perdió la vida al ingerir cianuro que encontró al interior de una botella de gaseosa, cuando jugaba en los exteriores de su casa, ubicada en el caserío de Chiracmaca, provincia de Huamachuco, zona donde se practica la 
El 14° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, elaborado por las organizaciones no gubernamentales Grufides, CooperAcción y Fedepaz, en esta edición hace un balance de los conflictos por macro regiones: sur, centro y norte. Si bien es cierto, es menor el número de conflictos así como su intensidad, pues los estallidos sociales del 2012 (Conga, Espinar y otros) no se han reproducido; la balanza ha girado hacia el sur andino, siendo además la región que concentra el 53% de inversiones mineras del país. Apurímac es el departamento que concentra este año el mayor número de conflictos sociales.
José de Echave, subdirector de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, estuvo en el programa Rumbo Económico de Canal N, en donde cuestionó las medidas económicas recientemente promulgadas por el Ejecutivo con respecto al funcionamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
El décimo cuarto Observatorio de Conflictos Mineros criticó hoy al gobierno de Perú por haber aprobado un paquete de normas económicas, que «apunta a debilitar regulaciones ambientales» establecidas en los últimos años para responder a la conflictividad social en el país. En su reporte del primer semestre del 2014, el Observatorio indicó que el paquete económico «tiene un peligroso aroma a los decretos legislativos del gobierno aprista (del expresidente Alan García 2006-2011), que estuvieron en la base de la movilización indígena y el trágico conflicto de Bagua». El gobierno de García intentó promover las inversiones privadas «a como dé lugar» y aprobó un conjunto de medidas que afectaban directamente los derechos de los pueblos indígenas, recordó el Observatorio, formado por las organizaciones no gubernamentales CooperAcción, Grufides y Fedepaz. 
Las nuevas medidas del gobierno que flexibilizan los controles a la explotación minera generarían nuevos escenarios de conflictos sociales en Perú, a pesar que los últimos reportes registran un descenso de éstos, advirtió el martes un colectivo de organizaciones ambientalistas.
Mediante la resolución Nº 009-2014-GR-CUSCO/DRTPE-OZTPEPAA, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo de las Provincias Altoandinas, del Gobierno Regional de Cusco, se ratifica en las sanciones impuestas a la compañía Minera Antapaccay S.A., filial de Glencore Xstrata, por el despido de 35 trabajadores por haber fundado su sindicato.
Organizaciones civiles alemanes han calificado como “una señal equivocada” un acuerdo minero que firmará el país europeo con Perú en los próximos días. Para este, el presidente de la República, Ollanta Humala, emprendió hoy un viaje a tierras teutonas. Humala tiene planeado reunirse con la canciller alemana, Ángela Merkel. En la cita, ambos firmarían el acuerdo de ‘Extracción de Materias Primas, Industrialización y Transferencia de Tecnología’. Ese futuro pacto ha alertado a un grupo de ciudadanos alemanes, por los efectos colaterales que generaría. 
El caso Doe Run Perú SRL servirá para enseñar en las facultades de Derecho cómo se engaña de manera eficiente a un país subdesarrollado. Ira Rennert, empresario norteamericano billetudo, poco escrupuloso y propenso a contaminar el ambiente, se adjudicó en 1997 –mediante una cadena de empresas ubicadas en paraísos financieros– las acciones de una sociedad propietaria del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza.
Por más formal que sea una mina, es muy difícil controlar el impacto que genera sobre el ambiente, los ecosistemas y las comunidades que viven cerca a sus instalaciones. A 40 kilómetros de la ciudad de Cajamarca se encuentra la mina Yanacocha, la explotación de oro más grande de Sudamérica. Esta minera cuenta con dos diques, uno en el Río Grande y otro en el Río Rejo, los cuales fueron construidos originalmente para controlar los sedimentos producidos por los relaves de la mina. Actualmente, los diques sirven como reservorios de agua para las temporadas secas, permitiendo regar los campos de cultivo de la zona.