El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, admitió a trámite la demanda de amparo que presentaron la comunidad nativa awajun de Supayacu (ubicada en el distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, región Cajamarca) y la Organización Fronteriza Awajun de Cajamarca – Sede Central Supayacu, para que se declare la nulidad de la Resolución Directoral No. 229-2013 MEM/DGM que autoriza el inicio de actividades de exploración minera a la empresa Exploraciones Águila Dorada SAC, relacionada al proyecto minero “YakuEntsa” y se declare la nulidad de la Constancia de Aprobación Automática No. 042-2012-MEM-AAM que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero antes referido.
Al respecto, cabe mencionar que el proyecto minero “YakuEntsa”, si bien se encuentra asentado sobre territorio de la comunidad nativa Awajun de Los Naranjos, sus actividades de exploración tienen como área de influencia ambiental directa, el territorio de la comunidad nativa awajun de Supayacu (reconocida como tal por la Resolución Sinamos No. 034-OAES-ORAMS 11-77 y que se encuentra incluida en la Base de Datos de los Pueblos Indígenas u Originarios que publicó el Ministerio de Cultura); lo cual puede afectar su derecho constitucional a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado.
El Marañón, Mantaro, Apurímac, Camaná e Inambari son cinco de las cuencas hidrográficas más importantes del Perú por la cantidad de terrenos agrícolas que riegan con sus aguas. Y sus territorios han sido otorgados en concesión a empresas mineras. Existe una superposición de territorios, lo que ocasiona choques entre la población y las empresas, además de pérdidas millonarias e inseguridad alimentaria.
Organizaciones sociales y representantes de las familias de La Oroya, en el departamento peruano de Junín, solicitaron ante el posible reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico ubicado en la zona, garantizar con medidas concretas la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.
Gran inquietud se ha generado al interior de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, en Huancabamba (Piura), por la realización de una serie de actividades de parte de la empresa minera Río Blanco. Se presume que detrás de la reapertura de su oficina administrativa o de la campaña asistencialista en los colegios de la ciudad (medición de la vista a los niños, regalándoles una manzana, una caja de jugo, etc.), hay un gran interés por distaer la atención de la población y evitar informar sobre los graves e irreversibles impactos ambientales que se generarían de desarrollarse su proyecto minero.
En representación de sus organizaciones y rondas campesinas, dirigentes de Ayabaca y Huancabamba1, se reunieron el pasado jueves 16 de octubre, con la comisionada de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Fabiola Alburqueque. En dicha reunión, manifestaron su preocupación por la presencia activa de la empresa minera Río Blanco en su zona, a pesar de no tener la autorización de la municipalidad de Huancabamba, ni la licencia social de la población.
Gran preocupación ha generado en la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas la realización de actividades, como la realizada el día de hoy en el Barrio el Alto de la Paloma, ciudad de Huancabamba, convocado por la Oficina de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura, denominado “Promoción y Difusión minera y los mecanismos de la Participación Ciudadana”, evento que buscaría convencer a la población a fin de lograr la licencia social que carece el Proyecto Minero Río Blanco.
El 13 de agosto de 2014, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la realización de una Audiencia Temática en la que se trate el preocupante tema de la criminalización de la protesta social, principalmente en el caso de los pueblos indígenas, y, de los estados de emergencia en contextos de conflictividad social.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupada por la situación en el Perú, decidió convocar a una Audiencia Temática para analizar el tema de la criminalización de la protesta social, principalmente en el caso de los pueblos indígenas; y los estados de emergencia en contextos de conflictividad social. Ello a solicitud de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ).
Honor de Defensor de Derechos Humanos y el Ambiente es reivindicado por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Jaén
La lucha del gobierno contra la minería ilegal continúa y ahora el