Thomson Reuters 2022
11/05/2022
LIMA – Representantes del gobierno de Perú no pudieron llegar el martes a un acuerdo con un grupo de comunidades indígenas, en una reunión en la que se buscaba frenar las protestas que han detenido la operación de la enorme mina de cobre Las Bambas.

Perú es el segundo productor mundial de cobre y Las Bambas, de propiedad de la china MMG Ltd, aporta alrededor del 2% del suministro global. La suspensión de la operación de la mina desde hace casi tres semanas significa para la empresa y el país la pérdida de millones en ingresos y en impuestos en un momento de precios del cobre históricamente altos.

En una tensa reunión cerca de la mina, en los Andes peruanos, los líderes comunitarios dijeron que no permitirían que la mina reanudara sus operaciones a menos que el Gobierno levante el estado de emergencia que impuso en la zona el mes pasado. La medida suspende los derechos de reunión y manifestación.

“Si quieren diálogo, primero levanten el estado de emergencia”, dijo Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, en la cita, que fue transmitida por redes sociales.

Representantes del Gobierno dijeron por su parte que primero quería un compromiso de las comunidades de que levantarían su protesta para permitir que Las Bambas reinicie operaciones.

Las comunidades indígenas de Fuerabamba y Huancuire vendieron tierras a Las Bambas para permitir la construcción de la mina, pero recientemente acusaron a la empresa de no respetar todos sus compromisos. MMG dice que ha satisfecho alrededor del 80% y que el resto por cumplirlo.

El mes pasado, ambas comunidades ingresaron a sus antiguas tierras y acamparon dentro de Las Bambas. Personal policial y de seguridad de la mina desalojó el campamento de Fuerabamba, pero permanecieron los de la comunidad de Huancuire.

Edgardo Orderique, gerente general de operaciones de Las Bambas, dijo durante la reunión que el Gobierno debe mantener el estado de emergencia mientras la mina no pueda operar.
https://es.euronews.com/next/2022/05/11/mineria-peru-lasbambas

30/04/2022
Lima, 29 abr (EFE).- El Gobierno peruano convocó este viernes a dos comunidades que protestan contra la mina Las Bambas y a la empresa cuprífera que la explota a una mesa de diálogo para el próximo 7 de mayo en busca de una solución a los reclamos de los nativos, que denuncian que la compañía ha incumplido sus compromisos.

La Presidencia del Consejo de Ministros informó, a través de un comunicado, que convoca a la comunidad de Fuerabamba y de Huancuire, así como a la minera Las Bambas, para llevar a cabo la mesa de diálogo el sábado 7 de mayo a las 11.00 hora local (16.00 GMT).

El Ejecutivo dejó a las comunidades elegir el lugar donde se reunirá la mesa de diálogo, sea en Lima o en Tambobamba, en la surandina región de Apurímac.

“Una vez logrado el diálogo e instaurada la paz y tranquilidad, se fijará la fecha para la realización de un consejo de ministros descentralizado en la provincia de Cotabambas”, en la cual se ubican las comunidades y el yacimiento minero operado por la empresa china MMG, agregó el Gobierno.

IRREGULARIDADES EN DESALOJO

Este viernes, la comunidad campesina de Huancuire denunció el “uso irregular” de la fuerza pública durante el desalojo de manifestantes que ocuparon terrenos de Las Bambas hecho por la Policía Nacional el pasado miércoles.

“Hay un uso irregular de la fuerza pública, se está utilizando personal civil que está siendo dotado con equipamiento policial y esa cuestión está haciendo desde el punto de vista de la conflictividad social que escale a un nivel de crisis”, declaró a Efe el asesor legal de la comunidad campesina, Alexander Anglas Quiroz.

Los pobladores de ambas comunidades ingresaron en terrenos de Las Bambas, productora del 2 % del cobre mundial, el pasado 14 de abril como protesta de supuestos compromisos incumplidos por la minera desde 2014, cuando vendieron sus tierras a la empresa.

La ocupación de los terrenos de la mina provocó que la empresa suspenda sus operaciones y el Gobierno peruano declaró el último miércoles el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, región Apurímac, por 30 días para que la Policía Nacional asuma el control de la zona con apoyo de las Fuerzas Armadas.

A pesar de ello, el Gobierno peruano negó el jueves haber intervenido en el desalojo y afirmó que la Policía Nacional actuó directamente “en el marco de la ejecución de una ‘defensa posesoria extrajudicial’ tramitada por la empresa” y que se encuentra “regulada en Código Civil”.

Por su parte, Anglas Quiroz dijo que han “podido constatar el uso de armas de fuego de largo alcance contra comuneros y de bombas lacrimógenas vencidas”.

“Han estado utilizando personal civil equipado con implementos policiales, armas, escudos, chalecos antibalas, eso es totalmente irregular, abiertamente irregular y contradice todo el marco normativo que ordena el actuar de la PNP”, denunció.

PERMANENTE TENSIÓN

La comunidad de Huancuire se opuso el pasado marzo a un nuevo proyecto de extracción de MMG en terrenos de la zona de Challcobamba, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en un territorio adquirido por la minera en 2013.

En el desalojo del miércoles, según transmitieron medios locales, los agentes usaron gas lacrimógeno para dispersar a los comuneros, quienes respondieron con piedras, lo que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, dejó un saldo de 14 civiles y 4 efectivos policiales heridos, pero ningún detenido.

Estas cifras contrastan con las ofrecidas por la Policía Nacional, que informó de cuatro heridos y once detenidos.
https://holanews.com/el-gobierno-peruano-convoca-a-una-mesa-de-dialogo-en-el-conflicto-por-la-mina-las-bambas/

Por mineriaenlinea 28/04/2022

La policía peruana está llevando a cabo el jueves un segundo día de desalojos en la mina de cobre Las Bambas de MMG, tratando de desalojar a una comunidad indígena restante que había acampado dentro de la propiedad de la empresa en una protesta, dijo un asesor de la comunidad a Reuters.

La acción en Las Bambas, de propiedad china, que suministra el 2% del cobre del mundo, sigue al desalojo el miércoles de otra comunidad que también había acampado dentro de la mina, asentándose cerca de su enorme pozo abierto.

La empresa no hizo ningún comentario inmediato. Perú es el segundo productor mundial de cobre y la minería es una fuente clave de ingresos fiscales.

Las Bambas suspendió sus operaciones el 20 de abril después de que las comunidades se asentaran en el interior de la mina, que, según dicen, no ha podido reanudar la producción, que sigue detenida por motivos de seguridad.

Las Bambas dijo en una presentación de seguridad a última hora del miércoles que había logrado desalojar a la comunidad de Fuerabamba, que había estado exigiendo la devolución de sus tierras ancestrales, pero que la comunidad de Huancuire seguía dentro de la propiedad de la empresa.

“Sí, vienen de tres direcciones diferentes, ya están entrando”, dijo a Reuters Alexander Raúl, un asesor de la comunidad de Huancuire, refiriéndose a los policías.

Huancuire vendió tierras a Las Bambas en los últimos años para dar paso a una ampliación de la mina prevista para este año. Pero Raúl y los residentes de Huancuire alegan que la mina no ha cumplido plenamente todos los compromisos del acuerdo de venta y que los beneficios no han llegado a su comunidad, alegaciones que la empresa niega.

Según la ley peruana, los propietarios pueden utilizar la fuerza para expulsar a los intrusos durante los primeros 15 días de una invasión, un estatuto legal que fue invocado por Las Bambas esta semana, según un comunicado de la empresa.

El gobierno de izquierda de Perú dijo el jueves que no había participado en los desalojos, pero que la policía nacional había participado para apoyar el derecho de la empresa a expulsar a los intrusos.

La policía de Perú lleva a cabo el segundo día de desalojos en la mina paralizada de Las Bambas

Alerta informativa 27/04/2022
www.conflictosmineros.org.pe

Los efectivos policiales desalojaron hoy a comuneros de Fuerabamba que ocupaban terrenos de la empresa MMG Las Bambas como parte de su reclamo de atención a una serie de demandas sobre el cumplimiento de acuerdos con la empresa minera.

La policía habría empleado armas de fuego y bombas lacrimógenas para reprimir a los comuneros en la zona de Taquiruta. Se ha reportado que la comunera Rosa Paniura tiene una herida grave en el ojo.

La acción represiva trajo que los comuneros respondan lanzando piedras. Se reportaron luego enfrentamientos entre efectivos de la PNP y comuneros de Fuerabamba.

Según testimonios recogidos por el portal Noticiero Cotabambas, los comuneros se encontraban en el sector desde la mañana tomando acuerdos en terrenos de propiedad privada, ajena a los terrenos de la empresa.

El presidente de la comunidad Edinson Vargas señaló que esperaban a las 2:00 pm el ministro de Energía y Minas que llegaría a la zona para retomar el diálogo. Sin embargo al medio día más de 1500 efectivos policiales llegaron para desalojar a la población en la zona, lo que tomó por sorpresa a los comuneros.

“Lamentamos esta situación, nosotros estábamos con ansias de dialogar con el ministros de Energía y minas y con los delegados de la empresa minera. Acá reclamamos al presidente de la República por el estado de emergencia”, denunció Vargas.

Por su parte el ex dirigente Edinson Ochoa señaló que las autoridades policiales de la localidad les había anunciado a las 9 de la mañana, que el dialogo se retomaría pero sin embargo horas después empezó la represión.

“El único responsable de este conflicto es la empresa Las Bambas y también responsabilizo a las autoridades policiales de Challhuahuacho. Los heridos y detenidos son responsabilidad de la minera”, señaló Ochoa.

Agregó que los efectivos de la policía apelaron a la violencia y la represión y lanzaron bombas lacrimógenas hacia la población, sin tomar cuidado a quienes pueden afectar.

Asimismo según denuncias de la Asociación Nacional de Periodistas, el corresponsal Raúl Cabera del diario La República fue detenido por efectivos policiales cuando realizaba la cobertura de la represión.

El estado de emergencia

Cabe recordar que a primera hora de la mañana, la Presidencia del Consejo de Ministros oficializó hoy, con el Decreto Supremo 042-2022-PCM publicado en el Diario El Peruano, la declaratoria de estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, Apurímac. La medida tendrá una duración de 30 días calendarios.

Como se recuerda, en estos territorios, las comunidades vienen protestando en contra de la omisión de compromisos de la empresa minera MMG Las Bambas. Los comuneros de Fuerabamba acampan en una zona de la minera desde el 14 de abril, denunciando que no se les habría pagado justiprecios por la venta de terrenos. Los dirigentes comunales sostienen que son más de 100 compromisos que la minera aún no cumple

Debido a este conflicto, la minera anunció la paralización de sus actividades desde el 20 abril. Durante estos días, el gobierno ha promovido espacios de diálogo pero que no han llegado a ningún consenso.

Mineriaenlinea Última actualización 24/04/2022
Perú informó el viernes de que un grupo de comunidades indígenas había levantado una protesta contra la mina de Cuajone de Southern Copper Corp que había obligado a suspender la producción durante más de 50 días.

Perú, segundo productor mundial de cobre, había enviado a su ejército para restablecer las operaciones de la mina, desestimando como “irracionales” las demandas financieras de los residentes cercanos.

Southern Copper aún no ha dicho si reanudará la producción tras la suspensión de las protestas.

Los disturbios se extendieron después a la gigantesca mina Las Bambas de MMG, la cuarta mayor mina de cobre de Perú y la novena del mundo, que ha sido cerrada y reabierta al menos dos veces este año. La última suspensión se anunció esta semana después de que los habitantes de la cercana comunidad de Fuerabamba entraran en la mina y acamparan en su interior.

La mina Antapaccay de Glencore, la sexta mayor mina de cobre de Perú, también ha sido el objetivo de los manifestantes esta semana, según los medios de comunicación locales.

Perú, segundo productor mundial después de Chile, es también un importante proveedor de plata y zinc.

Las minas afectadas por la protesta de esta semana produjeron en conjunto casi 500.000 toneladas de cobre en 2021; Las Bambas produjo 300.000 toneladas de cobre y Cuajone otras 170.000 toneladas.

Perú dice que se ha levantado la protesta de 50 días en la mina de Cuajone

Conflictos. Según el DS, la PNP asume la seguridad del distrito de Torata (Mariscal Nieto) con apoyo de las FF. AA. El objetivo es restablecer las operaciones en Cuajone. Casi la tercera parte de la producción nacional de cobre está amenazada por los conflictos sociales. Las Bambas dejó de producir mineral y Xstrata Tintaya también enfrenta protestas.
Paralizado. Por casi dos meses, 5.000 familias se quedaron sin agua en campamento minero de Cuajone por protesta de 470 comuneros. Foto: difusión
21/04/2022
Zaida Tecsi. Cusco
Hace 60 días, Cuajone, mina de cobre que explota Southern Perú, se quedó sin agua. La comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala le cerró el suministro para exigirle el pago de 5.000 millones de dólares. Además, le bloqueó la línea férrea que utilizaba para el traslado del mineral a la costa peruana.

Después de semanas de diálogo infructuoso, el Ejecutivo anunció que recuperará el embalse de Viña Blanca. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, justificó la decisión para proteger la vida de 5.000 familias que radican en el campamento minero y que se quedaron sin este servicio básico. “El diálogo puede continuar, pero debemos garantizar ese servicio y evitar enfrentamientos entre peruanos”, dijo.

El panorama para la actividad minera viene mal en el sur. En Apurímac, donde opera MMG Las Bambas, fracasó el diálogo. Los comuneros continúan en posesión de terrenos de propiedad de la compañía de capitales chinos. Invadieron el yacimiento y la minera optó por paralizar sus operaciones indefinidamente. Los trabajadores de ambas compañías anunciaron que se unirán para protestar contra el Gobierno. Lo acusan de azuzar la protesta antiminera.

Cuajone en emergencia

En Cuajone viven cinco mil familias en el campamento. Los jefes de familia quedaron sin empleo. La salud está en riesgo por falta de agua, colapsó el hospital y 600 escolares no van al colegio.

El Ejecutivo publicó anoche que la provincia Mariscal Nieto, donde se ubica el tajo de cobre, se declaró en emergencia por 60 días para recuperar el principio de autoridad. La ministra Chávez argumentó que la medida busca evitar los enfrentamientos entre los 470 comuneros y los miles de trabajadores de Southern que amenazaron recuperar a la fuerza el embalse de Viña Blanca.

Igualmente, el premier Aníbal Torres explicó que los huelguistas tienen algunos reclamos económicos inatendibles. “Tienen un pedido irracional, 5.000 millones de dólares, una cantidad inimaginable”, apuntó.

La noticia representa una esperanza para el personal de la mina. Jesús Ordóñez, secretario de los trabajadores de Southern, dijo que esperan que hoy mismo vuelvan a laborar tras la publicación del estado de emergencia, que reforzará la seguridad con la PNP y las FF. AA. “No es la solución que buscábamos, pero de alguna manera nos da tranquilidad. No se imagina cómo hemos estado casi dos meses, peor con la angustia de que la mina iba a cerrar definitivamente”, dijo.

Según Ordóñez, la mina barajaba la posibilidad del cierre. Eso generaría una afectación para el Estado de S/ 3.100 millones por impuestos y regalías, y se perderían 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

La restitución de actividades en Cuajone, de ser liberada, podría tardar días. Según Ordóñez, se debe restituir algunos rieles de la vía férrea bloqueada, así como trabajos de limpieza. Aunque el Gobierno aún no precisó cómo se dará la liberación de la mina, para el dirigente, las fuerzas policiales y militares deben tomar el control del embalse de agua que abastece al campamento.

Las Bambas no opera

La empresa MMG Las Bambas, ubicada en la región Apurímac, paralizó sus operaciones de explotación de cobre desde ayer por tiempo indefinido. Hace una semana, comuneros de Fuerabamba, del distrito de Challhuahuacho, invadieron propiedad de la minera que reclaman como suya. “La detención de nuestras operaciones se mantendrá hasta que se pueda concretar un acuerdo viable, con el fin de asegurar principalmente la seguridad de nuestros trabajadores “, dijo en un comunicado.

Ayer, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, encabezó una comisión de alto nivel del Gobierno y junto con representantes de la minera llegaron a la zona de Takiruta, donde pernoctan los comuneros. El intento de hacer desistir a los huelguistas de la invasión no prosperó.

Los comuneros insisten en que su reclamo es justo y que Las Bambas incumplió más de cien compromisos, entre ellos, la adquisición de 180 hectáreas para su agricultura. Además, aseguran que los terrenos donde fueron reasentados son reclamados por otra comunidad. “No tenemos a dónde ir. No somos antimineros ni estamos protestando por plata. Que la mina solucione con las comunidades que se han vuelto a posicionar en Nueva Fuerabamba, si eso no ocurre, no vamos a salir de acá”, señaló su dirigente Edison Vargas.
Fracaso. Reunión en Challhuahuacho no prosperó. Foto: difusión

Las Bambas, por su parte, asegura que el 70% de los compromisos fueron cumplidos y el resto está en curso. Al final de la cita se firmó un acta en la que se asumen algunos compromisos para reiniciar el diálogo, siempre y cuando la minera y el Gobierno solucionen el conflicto con las comunidades de Choaquere y Chila, que habrían desalojado a los fuerabambinos. El ministro Palacios se quedó en la zona para atender hoy este punto.

Erick Torres, secretario de los trabajadores de Las Bambas, dijo estar consternado al igual que las más de ocho mil personas que dependen de Las Bambas. “Vivimos una situación de incertidumbre constantemente. En la noche (de ayer) terminarán de trasladar al personal. Con comuneros dentro de la mina, la empresa no puede hacer otra cosa que paralizar”, cuestionó.

Para el dirigente, el Gobierno contribuye con los conflictos sociales al no atender oportunamente las demandas. Acusó al Ejecutivo Nacional de propiciar la tensión en el país. “Hay algo oscuro. Vean el caso de Cuajone, de dos meses, nosotros también debemos esperar algo similar. Por qué permitir este caos que desestabiliza al país”, mencionó.

Corredor minero

Los comuneros de los distritos de Pallpata, Pichigua, Alto Pichigua, Ocoruro y Condoroma, en la provincia cusqueña de Espinar, se movilizaron ayer en contra del Gobierno y la minera Glencore Antapaccay. Exigen ser declarados de influencia directa del proyecto minero Coroccohuayco y ser sometidos a consulta previa. De lo contrario amenazan con bloquear el corredor minero como parte de una huelga indefinida. Cumplir ese pedido implica la modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero.

Los manifestantes señalaron que su medida (de ayer) fue preventiva y que aguardarán la llegada del premier, Aníbal Torres, para el 29 de abril. Antapaccay es una de las mineras más importantes de la región imperial, genera más de cinco mil empleos. Su nuevo proyecto podría correr la misma suerte que Cuajone.

Las tres mineras son responsables del 30% de cobre que produce el Perú, generadoras de más de 20.000 puestos de trabajo directo. Para el consultor minero César Montes de Oca, el Gobierno debe transparentar su política minera para no ahuyentar a los inversionistas. Dijo que la afectación de cada minera repercute en las empresas, los trabajadores y la misma población que se beneficia con canon para la ejecución de obras. “En los ocho meses de este Gobierno, Las Bambas suspendió sus operaciones hasta tres veces, eso es inadmisible”, dijo.

Trabajadores de mineras se unen por sus derechos

Erick Ramos, secretario de los trabajadores de Las Bambas, anunció que los sindicatos de Las Bambas y Southern realizan coordinaciones para protestar en contra del Gobierno y su actitud pasiva frente a los conflictos sociales que ponen en peligro la actividad minera del sur del Perú. Jesús Ordóñez, de Southern, confirmó la posición y dijo que convocarán a los sindicatos de Antamina y Antapaccay, también en conflicto. No se descarta que inicien protestas. “Esta situación es recurrente, mes a mes. Las paralizaciones son constantes. Esto nos empuja a organizarnos, este problema se presenta en cada región”, mencionó.
No hay capacidad de dirección

Enfoque por: Iván Lanegra, secretario general de Transparencia

Las circunstancias actuales son consecuencia de los problemas de fondo no resueltos en el actual modelo de gestión de proyectos que han reposado muchísimo en el comportamiento de las empresas, es decir, se han sostenido sobre su capacidad de llegar a acuerdos con las comunidades y darles respuestas a los problemas focales más allá de la debilidad del Estado.

Recién entra el Estado cuando el problema se ha desatado, y se asumen compromisos que no están en la capacidad de atender o, si los atiende, no es capaz de hacer el seguimiento efectivo. Hay faltas en la capacidad de gestión, y si existe, no hay liderazgo ni capacidad de dirección adecuada. No hay una estructura del Estado dedicada particularmente a la atención de los conflictos, porque esta es sectorial. Respecto a las fallas en el Minem, se puede decir que llueve sobre mojado aunque los problemas mencionados ya existían desde antes, pero con la ineptitud de funcionarios, todo es un desastre. En los últimos meses hemos tenido estas situaciones no solo en el Minem, sino en varios sectores con problemas de capacidades mínimas.
https://larepublica.pe/politica/2022/04/21/mineria-gobierno-declara-en-emergencia-la-zona-de-cuajone-las-bambas-minem/

José De Echave C. 21/04/2022

Por lo general, las agendas de las comunidades y la de los trabajadores mineros en los últimos tiempos no han coincidido. Incluso en ocasiones se han producido ciertas tensiones entre estos dos actores: por ejemplo, cuando en Cajamarca se vivieron momentos de estallidos sociales en contra de las operaciones de Yanacocha, los trabajadores de la empresa minera organizaron marchas en la propia ciudad, en clara oposición a los reclamos de las comunidades y por la defensa de sus puestos de trabajo. Algo similar ha ocurrido en otros territorios, como Espinar en Cusco y ahora lo vemos en Moquegua.

Sin embargo, lo que se ha visto en estas últimas semanas en la zona donde se ubica la operación de Cuajone tiene otro nivel de confrontación, con la amenaza latente de escalar a un nivel de enfrentamiento directo y violencia nunca antes visto: frente a la toma de las comunidades del reservorio que abastece de agua al campamento y la operación minera, los trabajadores de la empresa han anunciado que se movilizarían para liberarlo.

Lo cierto es que estamos viviendo un nuevo momento de escalada de conflictos sociales en el país, que tiene como característica agendas fragmentadas y actores cada vez más disociados que hasta compiten entre sí: un sindicato de trabajadores mineros puede enfrentarse a la empresa, hasta con paralizaciones y huelgas, reclamando mejores salarios y condiciones de trabajo; mientras que una comunidad vecina a la misma empresa plantea sus reclamos por temas de afectación de derechos ambientales, sociales, económicos y hasta culturales.

Ambas luchas no se conectan, como tampoco se conectan las demandas de las diferentes comunidades que pueden ubicarse en la zona de influencia de una operación minera. Por ejemplo, esto se ve con mucha claridad en el denominado corredor del sur andino, donde en los últimos meses hemos visto estallidos de conflictos diversos en las tres provincias involucradas y una multiplicidad de actores y demandas que se expresan cada 50 kilómetros.

La tendencia a la fragmentación de los conflictos y las demandas, así como la competencia entre actores sociales, aparece como una característica en el contexto actual de conflictividad social. Son múltiples factores los que explican este escenario de fragmentación. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que un componente central de las estrategias de las empresas mineras durante años ha sido debilitar los niveles de organización y articulación de las comunidades: el temor de enfrentar a poblaciones organizadas y fuertes ha explicado el comportamiento de las empresas mineras que han aplicado la antigua estrategia de divide y reinarás.

En la actualidad, las empresas mineras y el propio Estado se lamentan y perciben este escenario de fragmentación y múltiples demandas como adverso. Pero también es importante notar que éste es un escenario adverso para la agenda de defensa de derechos de las poblaciones afectadas. Por lo tanto, uno de los retos para las propias organizaciones sociales es apostar por procesos de agrupamiento y demandas más unitarias. Esto es válido para los trabajadores y también para las propias comunidades vecinas a las operaciones mineras.

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Propiedades pertenecen a una sola familia, que además está acusada del presunto delito de lavado de activos.

Una de las viviendas incautadas llamaba la atención por la cantidad de pisos. Está ubicada en el jirón Elías Aguirre de la ciudad de Juliaca. Foto: Captura Sur Noticias
LR Sur
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19/04/2022
Desde la madrugada de este martes, un equipo de fiscales de la Fiscalía de Lavado de Activos de Puno procedió a la incautación de bienes e inmuebles que pertenecen a personas vinculadas a la minería ilegal e investigadas por el presunto delito de lavado de activos.

Según informó el fiscal Reynaldo Pandia, quien es titular de la Fiscalía de Lavado de Activos, se trata de seis vehículos de fabricación reciente y 10 inmuebles, nueve de ellos en la ciudad de Juliaca en Puno y uno en Arequipa. En la incautación también participaron miembros de la Policía Especializada de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional, así como personal de Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

La hipótesis fiscal es que el origen de los bienes es la minería ilegal. Son un total de 12 investigados, integrantes de una sola familia. “Varias personas que tienen concesiones mineras, paralelamente se dedican a la minería ilegal, entonces generan patrimonio de origen ilícito”, señaló el fiscal.

El caso se encuentra en la etapa de acusación, un primer juzgado rechazó el planteamiento, la Fiscalía apeló y el juzgado de segunda instancia fue el que ordenó la incautación de los bienes.
Los bienes pasarán a la administración del Pronabi.
https://larepublica.pe/sociedad/2022/04/19/puno-incautan-inmuebles-y-bienes-de-personas-vinculadas-a-la-mineria-ilegal-lrsd/

Imagen: CooperAcción 20/04/2022
La inflación es el principal problema económico que están enfrentando todos los países en el mundo. Se trata de un período de precios históricamente altos de combustibles, alimentos y materias primas en general. En ese contexto, el Grupo de Justicia Fiscal (GJF) organizó el día martes 19 de abril una reunión de trabajo con periodistas para plantear sus propuestas para una reforma tributaria en el sector extractivo que permita financiar los urgentes gastos de alivio social que demanda esta situación para las familias más vulnerables. En la sesión participaron el exministro de Economía, Pedro Francke, y la economista del GJF, Naara Cancino.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 22 de marzo el índice global de precios de los alimentos alcanzó su máximo histórico desde 1990. El indicador registró un promedio de 159,3 puntos, 12.6 % más que el mes anterior.

Y el problema no está por acabar. El FMI ha informado que espera una inflación más agresiva para este año: mientras en las economías desarrolladas alcanzarían una tasa de 5.7%, en los países emergentes sería de 8.7%.

Esta coyuntura, que está afectando en mayor medida a las familias más vulnerables, ha generado que gobiernos de todo el mundo estén tomando medidas para afrontar el alza de precios a nivel mundial. Según una evaluación realizada por el GJF, 40 países ya han tomado medidas de alivio social para compensar el aumento de precios de combustibles y alimentos (exoneraciones tributarias, subsidios, entrega o ampliación de bonos), 22 países ya contaban con medidas antes del inicio de la crisis y tres se encuentran evaluando las medidas que tomarán.

Para el exministro de Economía, Pedro Francke, es necesario ampliar y mejorar las políticas de alivio. Por ejemplo, debería sumarse la entrega de un bono enfocado en poblaciones vulnerables, pues tendría un efecto más directo en aliviar su capacidad adquisitiva.

“El incremento de precios de las materias primas que producimos debe servirnos para compensar socialmente el aumento de precios de commodities que no producimos”, afirmó. Agregó que para este 2022 se estima que habrá una recaudación adicional de S/ 4 000 millones a lo presupuestado inicialmente producto del incremento de precios de minerales e hidrocarburos.

Además de ello, el Gobierno puede implementar una reforma para aumentar la carga tributaria para el sector minero sin afectar su competitividad. En uno de los escenarios propuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que plantea aumentar el piso de la regalía en 1 punto porcentual (a 2%) y también aumentar moderadamente las tasas del Impuesto Especial a la Minería, en los primeros cinco años la recaudación pasaría de US$ 13 480 millones a US$ 14 634 millones. Ello representaría un aumento de US$ 1 154 millones en cinco años en un panorama de precios conservador, pues considera un precio del cobre de 3.35 US$/libra cuando hoy se encuentran en niveles de 4.60 US$/libra.

El informe que el FMI presentó el año pasado también incorpora en su análisis la posibilidad de aumentar los tributos a las ganancias de capital. Porque hoy, un trabajador peruano paga más impuestos que una persona que obtiene rentas de sus inversiones. “Es una reforma que el MEF también debe evaluar”, afirmó Francke.

Por su parte, Naara Cancino, economista del Grupo de Justicia Fiscal, mencionó la importancia de considerar en el debate sobre una reforma tributaria en minería el retorno a la regalía ad valorem. A partir de los resultados de un cálculo realizado con el modelo usado por el FMI (denominado «FARI»), mencionó que se concluye que el retorno a esta regalía permitiría mayor predictibilidad, estabilidad en la recaudación, menos volatilidad y a la vez mantener la competitividad del sector.

Asimismo, mencionó que es necesario plantear una reforma tributaria integral que permita financiar inversiones productivas de largo plazo, para lo cual la predictibilidad de ingresos es necesaria, sin dejar de lado la eficiencia y la calidad del gasto público.

Mayor inversión en el sector minero

Para aprovechar el actual boom de las materias primas, tan importante como lograr que las mineras paguen más impuestos es crear las condiciones para promover la inversión en el sector y así garantizar el desarrollo de nuevos proyectos, señaló el exministro de Economía. Para ello, resulta indispensable una buena gobernanza y crear un clima de paz social, y ello es responsabilidad directa de este Gobierno. “De ello depende que no dejemos pasar esta oportunidad que está creando este nuevo boom de materias primas”, recalcó.

Los proyectos en proceso de construcción y por iniciar construcción entre el 2022 y el 2025 pueden dinamizar las economías regionales, generar oportunidades de desarrollo y mayor empleo en sus zonas de influencia. En este sentido, “tendría que mejorarse y acelerarse que las empresas mineras puedan utilizar los impuestos que generan para invertirlos en proyectos de inversión en sus zonas de influencia”, afirmó Francke.

“No podemos dejar pasar esta oportunidad. En el corto plazo, los mayores recursos que se pueden obtener de una reforma tributaria son necesarios para financiar las políticas de alivio social, que son urgentes e indispensables. Pasada esta crisis de aumento de precio, los mayores recursos que se obtengan servirán para invertirlos en el cierre de brechas de infraestructura, para asegurar que los peruanos más vulnerables cuenten con servicios esenciales, como educación, salud y saneamiento” finalizó Francke.

Sobre Grupo de Justicia Fiscal Perú

El Grupo de Justicia Fiscal Perú (GJF Perú) es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil constituida con el objetivo de promover y apoyar políticas públicas en favor de la Justicia Fiscal. Está conformado por Oxfam, CooperAcción, el Grupo Propuesta Ciudadana y NRGI.

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