El miércoles 14, CooperAcción y OXFAM presentarán la publicación «Conviviendo con la minería en el sur andino» que contará con un panel de especialistas en conflictos sociales, y con representantes de la región Apurímac.

La cita es en el Centro Cultural de la Pontíficia Universidad Católica del Perú – Av. Camino Real 1075, San Isidro, Lima. El ingreso es libre aunque la capacidad del auditorio es limitada. Las personas interesadas en asistir deben confirmar su asistencia escribiendo a prensa@cooperaccion.org.pe.

Se entregará un ejemplar de la ´publicación al público presente.

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Bancada fujimorista retrocedió en presentar modificatoria de Ley de Consulta Previa
Según Úrsula Letona, Fuerza Popular convocará a comunidades indígenas para replantear proyecto
La RED MUQUI aseveró que antes de proponer normas que promueven un supuesto “equilibrio” entre la inversión y el respeto a las comunidades donde estas se llevan a cabo, el Ejecutivo y los congresistas deben entender a la Consulta Previa como un derecho y no como un “mero trámite” que da luz verde a la realización de proyectos extractivos.

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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), anexo del Banco Mundial (BM), con sede en Washington D C, Estados Unidos, es escenario de la audiencia pública por la demanda que la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation inició contra la República del Perú por el caso del “aimarazo”.
En la demanda (caso es el Nº. ARB/14/21), según informa la organización Suma Marka ONGD, la transnacional pide al Estado peruano una suma aproximada de 1200 millones de dólares como indemnización por la cancelación del proyecto minero Santa Ana en el año 2011.

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El proceso de diálogo que inició en febrero avanza lentamente y sin concretar. Los pobladores denuncian que en la Mesa no existe ni siquiera un traductor oficial de quechua que pueda facilitar la comunicación con el Gobierno y la empresa.

Seis meses después desde que se instaló la Mesa de Diálogo en torno al proyecto Las Bambas, propiedad de la estatal china MMG, las comunidades se muestran preocupadas por sus limitados avances y demandan que el gobierno de PPK continúe con este proceso de diálogo. “Quisiéramos sentarnos con el presidente Pedro Pablo Kuczynski para ver de qué forma vamos a trabajar a nivel de Cotabambas. Nosotros no estamos en contra de la mina, queremos que funcione pero respetando a las comunidades”, afirma Ebert Buendía de la comunidad campesina de Pisaccasa, en el distrito de Mara.

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RED MUQUI y sus organizaciones miembro, nos dirigimos a la opinión pública a nivel nacional e internacional para expresar lo siguiente:

1. El pasado 6 de setiembre, la bancada del Partido Fuerza Popular ha presentado el proyecto de Ley 213-2016-CR, Ley que modifica el art. 2 de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido por el Convenio 169 de la OIT.
La modificación propuesta de dicho artículo es: “En los casos que el pueblo indígena u originario haya autorizado expresamente la realización de cualquier tipo de actividad económica o productiva formal a través de contrato, convenio o acuerdo previo formal vigente, no procede la consulta previa, ni tampoco cuando se cuenta con autorización previa conforme a Ley, se omite la consulta previa, haciéndose extensiva a todas sus etapas».

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Ruth Luque ha logrado arrojar un poco de transparencia a uno de los asuntos que permanecen en la más completa oscuridad: los convenios por los cuales la policía de Perú presta sus servicios a las empresas mineras. Esta abogada de la ONG Derechos Humanos sin Fronteras ha tenido que esperar dos largos años hasta que la Justicia le diera la razón y pudiera conocer los convenios suscritos en la región Cusco con las mineras Xstrata, Quechua y Hubday, después de que la policía le negara esta información.

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Representantes de organizaciones y federaciones indígenas amazónicas aledañas a la Zona Reservada Yaguas se reunieron para buscar consensos y establecer acuerdos respecto a la categorización de dicha zona.

A la reunión acudieron representantes de la Federación de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo (FECOIBAP), la Federación de las Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (FECONAFROPU) y la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (FECONA).

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El nuevo gobierno de Perú afronta una herencia de 150 conflictos socioambientales vinculados a la industria extractiva, en un listado donde destacan los reclamos de la población que convive con el proyecto minero más grande de la historia del país: Las Bambas.

La mina de cobre a cielo abierto se emplaza en el distrito (municipio) de Challhuahuacho, en el sureño departamento de Apurímac y es operada por el gigante asiático MMG Limited, que encabeza la empresa estatal china Minimetals Corporation y que invirtió en su primer proyecto en América Latina más de 10.000 millones de dólares.

Perú, con una economía donde la minería tiene un peso determinante, es el tercer productor de cobre del mundo y el quinto de oro, y en Las Bambas, que entró en operación en enero, se proyecta una producción inicial de más de 400.000 toneladas anuales de concentrado cuprífero.

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Un video alerta sobre los efectos del calentamiento global y la minería en los ecosistemas peruanos. El nevado Pastoruri de Perú ha perdido entre 60 y 65% de su nieves perennes, como consecuencia del calentamiento global y la minería a gran escala que se práctica en esa zona.

La denuncia fue realizada por Herriot Elmer Rodríguez Nomura, doctor en Economía y profesor principal de Finanzas en la Universidad Nacional de Trujillo, mediante un video realizado luego de un viaje a la zona del nevado, hace tres semanas.

Entrevistado por RT, el profesor Rodríguez Namura señaló: «Mi percepción global de lo que está ocurriendo es que los grandes empresarios del mundo convierten el capital natural en capital financiero, esa es su única preocupación, sin considerar que la naturaleza tiene una oferta de recursos limitada y que la demanda que ellos hacen es ilimitada. Eso pasa con el Pastoruri».

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Por: José De Echave C.

Hace unos días en una entrevista, Alberto Vergara remarcaba en relación al desempeño del gabinete, que hasta el momento todo parece indicar que es un equipo que muestra cierta capacidad para el manejo político desde Lima y en los espacios más institucionales del propio Estado; pero que habrá que ver cuál será su desempeño si, mañana o pasado, se ven en la obligación de desembarcar en alguna región del país para enfrentar un conflicto social de envergadura, como los que han ocurrido en los períodos anteriores.

Lo cierto es que hasta el momento no hay mayores indicios sobre lo que el gobierno piensa hacer en este tema. Para comenzar, en la presentación de Fernando Zavala en el Congreso, no se mencionó ni una sola vez el tema de los conflictos sociales. Además, luego de un mes de gestión, todavía no se ha definido absolutamente nada en la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros: no hay ni nuevo responsable y menos aún una nueva estrategia o enfoque.

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