José De Echave C. 14/06/2022
Foto: La República
Debemos tomar conciencia en el país que hoy en día la conflictividad social vinculada a la minería ha cambiado. Los conflictos vinculados a la minería formal han cambiado y también ha ocurrido lo mismo con los conflictos relacionados con la minería informal y la abiertamente ilegal.

Los últimos hechos de violencia ocurridos en Arequipa, Ica y Apurímac, vinculados a la minería informal y también los que ocurren en diferentes partes de la Amazonía, son indicadores de un nuevo momento de expansión de esta actividad que hay que caracterizar bien por los impactos que se vienen generando y la violencia que la acompaña.

¿Cuáles son los factores que explican esta nueva etapa de expansión?

Un primer factor tiene que ver con la subida espectacular de las cotizaciones de los minerales que ha hecho cada vez más rentable y atractiva esta actividad, como ocurrió en el pasado súper ciclo (2003-2012): las cotizaciones del oro se han mantenido en un nivel muy alto, incluso mucho antes de la pandemia y luego el cobre ha tenido una subida que ha batido todos los récords previos.

Otro factor que explica la expansión es la propia pandemia y los impactos que generó. Como se sabe, la pandemia significó un fuerte golpe a la economía del país, lo que se tradujo en una pérdida masiva del empleo y el fenómeno de los retornantes: un sector importante que se quedó de un día para otro sin empleo y que tomaron la decisión de volver a sus comunidades, generando una mayor presión para buscar otras opciones de subsistencia.

Pero la pandemia también significó el retroceso del Estado en los territorios: frente a la emergencia sanitaria, el Estado peruano y todos sus estamentos se tuvo que movilizar, con enormes dificultades para enfrentar la pandemia, descuidando otras funciones. Ese vacío ha sido aprovechado por un conjunto de actividades ilegales que encontraron condiciones propicias para su expansión: tala, narcotráfico y minería. Algunos indicadores dramáticos de este avance: por un lado, la deforestación alcanzó niveles récord el primer año de la pandemia (203 mil hectáreas el año 2020) y desde su inicio ya son 17 defensores ambientales, sobre todo líderes indígenas, que han sido asesinados principalmente por las mafias que controlan estas actividades.

Minería informal, sus actuales características

Este estrato de minería no solo tiene una dimensión distinta a la que mostraba tiempo atrás, sino que también presenta nuevas características que se han ido definiendo en los últimos años. Vamos a detallar algunas de las principales:

Hoy en día la minería informal o la abiertamente ilegal, ya no solo es aurífera o no metálica, crecientemente ha comenzado a incorporar otros metales, como es el caso del cobre. Si bien, en otros períodos ha habido explotación en pequeña escala y artesanal de cobre y otros metales de base, las cotizaciones actuales la convierten en una actividad muy atractiva.
Hasta hace un tiempo, la pequeña minería, la informal y la abiertamente ilegal, no coincidían ni compartían territorios con la gran minería. Donde había gran minería, por lo general no había minería informal. Ahora sí se encuentran y esa convivencia se viene convirtiendo en una abierta disputa por el control de las concesiones. Lo que viene ocurriendo en varias provincias de Apurímac y Cusco y en otras regiones como La Libertad, Puno, Arequipa, etc., con enfrentamientos y hasta quema de campamentos, es un ejemplo de este nuevo escenario de disputa entre la minería formal y la informal.
Hay poblaciones que se están convirtiendo masivamente a la minería informal. Comunidades que optan por desarrollar extracción minera, ya sea como actividad complementaria y en algunos casos como principal fuente de ingresos. Esto ocurre tanto por las presiones que se dan dentro de la propia comunidad, impulsada en algunos casos por los ya mencionados retornantes que buscan nuevas alternativas para generar ingresos, así como por la presión de actores externos que buscan incorporar nuevos territorios a la minería informal.
Hay que reconocer que en las últimas décadas se ha forjado toda una especialidad en este tipo de minería que se mueve con promotores por el país: que capacitan, asesoran, prestan servicios, facilitan el acceso a insumos y canales de comercialización; enganchan con créditos a los nuevos grupos de mineros y que, al mismo tiempo, cuando encuentran resistencias invaden territorios e imponen condiciones con violencia.
Es un sector que ha acumulado mucho poder económico e influencia. Los grupos que controlan esta actividad se han beneficiado desde hace un buen tiempo de los ciclos de precios altos, lo que les ha permitido acumular ganancias extraordinarias. Ese poder económico también se traduce en influencia política y social; penetración en esferas del Estado subnacional y nacional; por ejemplo en el sistema de justicia, las fuerzas del orden, municipios distritales y provinciales, congresistas y hasta algunos ministros han sido sindicados en varios gobiernos por su cercanía a este sector. Un dato: a finales del año pasado lograron ampliar nuevamente los plazos de formalización con el apoyo de Legislativo y el Ejecutivo.
Es un sector que hoy en día es consciente de su poderío; que sabe que ha crecido y se ha consolidado en varios territorios y que además percibe que no hay voluntad política desde los diferentes poderes del Estado para enfrentarlo. Es más, en cada campaña electoral varios partidos políticos terminan aproximándose a las organizaciones de mineros informales e incluso firman actas y compromisos.
Cada vez se tiene mayores evidencias que el sector genera sus propios mecanismos de seguridad y cuando se abren disputas, informes de investigación apuntan a señalar que optan por contratar grupos armados para imponer condiciones, controlar yacimientos y desalojar a otros grupos de mineros, etc. Aparentemente, eso es lo que habría pasado en Caravelí en los primeros días de junio.

¿Hacia dónde vamos?

Esta es una pregunta clave. Si la tendencia es de expansión y descontrol en varias zonas del país, un posible escenario es que este sector se siga imponiendo, ya no solo en los territorios ganados sino que termine incorporando otros, como hoy en día se intenta en el Cenepa, en la provincia de Condorcanqui y en la Amazonía de Loreto.

¿Estamos marchando hacia un escenario similar al de Bolivia, donde los denominados cooperativistas se han convertido en una base social en disputa que termina imponiendo condiciones a los gobernantes? Por lo que se aprecia en algunos territorios en el Perú, no habría que descartar esta posibilidad.

¿Qué hacer? Lo primero que hay que reconocer es que a estas alturas no hay soluciones sencillas. El que diga lo contrario no tiene idea del problema o subestima la situación. Planteamos algunas propuestas que no pretenden ser una solución integral pero que podrían ser primeros pasos para hacer frente a la emergencia:

En primer lugar, se debería reconocer e identificar a las poblaciones que están luchando por proteger sus territorios y que se resisten al avance de la minería. Poblaciones como los awajun, wampis y otros pueblos amazónicos están dando una dura batalla para detener la minería ilegal, defendiendo los ríos y sus bosques. No pueden hacerlo solos y es deber del Estado peruano respaldarlos.
Por otro lado, el bioma amazónico está en peligro y el riesgo que termine convertido en una gran sabana es inminente. Salvar la Amazonía es una tarea que debe ser encarada de manera coordinada entre los 9 países amazónicos y enfrentar al mismo tiempo de manera conjunta actividades ilegales como la minería. La lucha frente al calentamiento global y la deforestación abre una gran posibilidad que no está siendo aprovechada, de contar con aliados estratégicos y recursos que pueden potenciar cualquier estrategia a nivel nacional para enfrentar una actividad como la minería ilegal. Para ello se necesita mucha voluntad política e iniciativa de nuestras autoridades.
Se debería neutralizar la expansión y así evitar que nuevos territorios se incorporen a los espacios que ya controlan los circuitos de poder de la minería ilegal. Por lo tanto, otro paso clave es neutralizar los avances de esta actividad para luego comenzar a recuperar los territorios ya impactados.
Finalmente, se debe cortar con la especulación que se da en torno a las concesiones mineras: empresas titulares de concesiones que terminan arrendando a grupos de mineros para que las exploten de manera informal. Todo indica que el caso de Caravelí es un ejemplo de esta práctica.

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Eva Cruz 10/06/2022
Las seis comunidades de la provincia de Cotabambas firmantes del acuerdo son Fuerabamba, Huancuire, Chila, Choaquere, Chuicuni y Pumamarca.
Durante los 30 días de tregua, en tanto la comunidad campesina de Huancuire levanta toda medida de protesta en el lugar.

Una comitiva oficial del Ejecutivo, liderada por la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera Jara, se reunió con los representantes de seis comunidades de la provincia de Cotabambas en el centro poblado de Pumamarca, región Apurímac, para alcanzar una solución a las controversias que mantienen con la minera MMG Las Bambas.

Luego de un amplio debate, se alcanzaron los siguientes acuerdos: los representante de las comunidades se comprometen a otorgar una tregua de 30 días, que comenzará hoy viernes 10 de junio, a la empresa minera para que continúe con sus operaciones y el traslado de concentrados y personal, mientras se instalan las mesas de trabajo para una solución integral a sus demandas.

Esta medida permitirá el reinicio de las actividades comerciales en toda la provincia de Cotabambas.

Las seis comunidades de la provincia de Cotabambas firmantes de este acuerdo son Fuerabamba, Huancuire, Chila, Choaquere, Chuicuni y Pumamarca.
Compromiso del Estado con las comunidades

Asimismo, el Estado y las comunidades acuerdan instalar un espacio de diálogo denominado Mesa de seguimiento y cumplimento de compromisos, con participación de la Defensoría del Pueblo, para atender las demandas de las seis comunidades con un cronograma que se inicia el 15 de junio y concluye el 15 de julio.
La Compañía reafirmó su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con el Gobierno del Perú y el comunidades

De acuerdo al acta suscrita entre las partes, el Ejecutivo se compromete a gestionar la derogatoria inmediata del Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, de la provincia de Cotabambas.
Compromisos de la minera

Por su parte, la minera MMG Las Bambas se compromete a no reiniciar actividades en el tajo Chalcobamba durante los 30 días de la tregua, en tanto la comunidad campesina de Huancuire levanta toda medida de protesta en el lugar.

La empresa también se comprometió a realizar una evaluación y reestructuración de sus representantes que participan en las mesas de diálogo.

Durante su intervención en el debate, la ministra Herrera Jara agradeció a las comunidades su participación en este espacio de diálogo y mostró su confianza en que el Estado y los actores involucrados, lograrán resultados positivos para las comunidades y el país, en base al diálogo.

La comitiva oficial estuvo integrada también por los ministros del Ambiente, Modesto Montoya; de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich; de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela; y el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jesús Quispe.

También participaron en la reunión representantes de la Defensoría del Pueblo, los presidentes de las comunidades, y representantes de la minera, entre ellos el gerente general de Sostenibilidad, Jing Ivo Zhao, además de otros.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/las-bambas-mmg-compromete-no-reiniciar-actividades-tajo-chalcobamba/

José De Echave C. 07/06/2022
magen: Proactivo
Hasta hace muy poco, hablar de minería informal e ilegal era casi sinónimo de hablar de minería aurífera en zonas como Madre de Dios, Puno, la sierra de La Libertad y el sur medio. Si bien, se reconocía algún tipo de actividad minera informal en los no metálicos y otros minerales, lo central era lo que pasaba con el oro.

En la actualidad, una variante de conflictividad social tiene que ver con el avance de la minería informal en nuevas zonas en el país, explotando además nuevos minerales[1] que han comenzado a ser atractivos para este estrato minero. Hoy en día, la minería informal ya no es exclusividad de los productores de oro y comienza a ser motivo de tensión y de disputa con las propias empresas mineras formales.

Con las actuales cotizaciones de metales de base, como es el caso del cobre, también se ha vuelto rentable la explotación a pequeña escala e informal de este metal. Es por eso que en varias zonas, comunidades enteras, más poblaciones retornantes y otros que llegan a los territorios, han comenzado a desarrollar explotación informal de cobre.

Es el caso de un número cada vez mayor de comunidades en varias provincias de Apurímac, Cusco, Puno, entre otras regiones. Si bien éste es un proceso que tiene antecedentes en períodos previos de incremento de cotizaciones, es importante remarcar el avance de esta actividad en los últimos años en varias regiones y sus características.

Una de las grandes diferencias con la explotación informal de oro, es que en el caso del cobre y en regiones como Apurímac, Cusco o Puno, este tipo de minería se topa con zonas que ya han sido concesionadas por empresas mineras formales, incluso grandes empresas transnacionales. Esto es lo que aparentemente ha pasado en el campamento del proyecto Azuca, de la empresa minera Ares (filial de Hochschild Mining) que, según la denuncia, fue quemado y destruido el pasado 16 de mayo por mineros informales. Como ha sido señalado por la propia empresa, no se trata de un conflicto social, sino de un acto ilícito que tiene como único objetivo tomar el control de las concesiones mineras del proyecto Azuca para realizar minería ilegal. Lo mismo pasó en el campamento del proyecto Chankas de Southern, en el distrito de Tapayrihua, en la provincia de Aymaraes en Apurímac.

Situaciones similares de tensión entre mineros informales y titulares de concesiones y proyectos en desarrollo, se viven en provincias como Cotabambas en Apurímac, Chumbivilcas y Espinar en Cusco. Además, se comienza a ver disputas entre comunidades y operaciones por límites que no están siempre muy bien definidos: una evidencia de esta situación es el reciente enfrentamiento ocurrido en la provincia de Caravelí, en Arequipa, entre los trabajadores de la minera Kallpa Renace y la minera artesanal Calpa Atico, con acusaciones mutuas de invasión y que terminó con un saldo de seis personas fallecidas y varios heridos.

Por otro lado, siguiendo con el tema de la minería informal o la abiertamente ilegal, el avance de la minería de oro en la Amazonía sigue penetrando nuevas zonas, al mismo tiempo que genera tensión y enfrentamientos con los pueblos indígenas. Como veremos más adelante en el caso de Amazonas y otras regiones, las comunidades indígenas están pidiendo apoyo del Estado para detener el avance de la minería ilegal que vienen generando contaminación en los ríos Sawientsa, Comaina, Marañón y Amazonas y en el ecosistema del Parque Nacional Ichigkat Muja, de la Zona Reservada Santiago – Comaina y de la Reserva Comunal Tuntanain. A finales de mayo, la situación se ha agravado ya que ante la falta de respuesta de las autoridades, líderes indígenas del Cenepa y las comunidades nativas, han comenzado a realizar su propia interdicción, destruyendo dragas y otras maquinarias de los mineros ilegales en la zona. Se espera que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior tomen acción en la zona y les otorgue medidas de protección.

Lo cierto es que la minería informal y la abiertamente ilegal siguen avanzando en diferentes territorios, imponiéndose en muchos casos con violencia y afectando ecosistemas y poblaciones enteras.

[1] El escenario de la pandemia ha sido propicio para el crecimiento de actividades informales o abiertamente ilegales.

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08/06/2022
Imagen: Camiper
En CooperAcción desde hace varios años venimos siguiendo de manera regular la evolución de las concesiones mineras en el país. Consideramos que es un indicador importante para medir la evolución de la actividad minera en diferentes coyunturas y saber cómo influyen eventos internacionales y también los nacionales.

Como se puede apreciar en la información que adjuntamos, en la actualidad la minería ocupa el 14.69% del territorio nacional, lo que equivale a 18´928,461.82 hectáreas. Si bien no estamos en el momento de mayor expansión de concesiones mineras (el año 2013 se llegó a 26´885,406.02 hectáreas que representaban el 21.3% del territorio), en los últimos años se puede apreciar una tendencia estable.

Las regiones más ocupadas por concesiones mineras son Apurímac, Moquegua, La Libertad. Ancash y Lima (todas por encima del 40% de su superficie), aunque es Arequipa la que tiene la mayor extensión de concesiones, con 2´276,716.66 hectáreas concesionadas. Si bien no todas las concesiones se convierten en mina, en todas estas regiones ha habido una fuerte expansión de la actividad minera en las dos últimas décadas, que se ha expresado en el desarrollo de mega proyectos y en el salto productivo en minerales como el cobre, el oro, entre varios otros.

¿Qué conclusiones podemos sacar de esta información? La primera es que el aumento de las concesiones mineras en el país ha coincidido con los ciclos de precios altos de los minerales: pasó en la década del 90 del siglo pasado, hasta antes del estallido de la crisis rusa y asiática en 1997/1998, y volvió a pasar durante el período del súper ciclo de las materias primas (2003-2012). Normalmente, en coyunturas de precios altos, los mercados financieros se abren a sectores como el minero, los presupuestos de exploración se incrementan sustantivamente y eso se traduce en una mayor actividad en los territorios y la consiguiente demanda de concesiones.

¿Qué puede estar pasando ahora? Si bien ya estamos en un nuevo ciclo de precios extraordinariamente altos, todo indica que en el plano internacional, los niveles de incertidumbre sobre la marcha de la economía, por los efectos no del todo superados de la pandemia y el escenario bélico en Europa del Este, hace que los mercados financieros todavía muestren cierta cautela. Sin embargo, el presupuesto global anual agregado de exploración no ferrosa en 2021 ya ha crecido en un 35%; lo que significa que pasó de US$ 8.3 mil millones en 2020 a US$ 11.2 mil millones en 2021. La proyección para el 2022 es que el presupuesto de exploración global crecería entre un 5% y 15%.

¿Qué puede estar pasando en el Perú? Por un lado, está claro que comparativamente el territorio peruano está bastante más explorado que hace 20 o 30 años, lo que se evidencia en una cartera de nuevos proyectos de inversión que es sustantivamente diferente a la que teníamos hasta hace una década (con proyectos de menores dimensiones). Por otro lado, las empresas argumentan que el clima para la inversión minera no es el mejor, tanto por los temas sociales como por los políticos.

Sin embargo, tomando en cuenta todas estas variables y sobre todo si las cotizaciones de los minerales se mantienen en los actuales niveles, no sería raro que las concesiones mineras comiencen a aumentar en los próximos meses.

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Eva Cruz 07/06/2022

“Necesitamos restablecer la paz social respetuosa”, afirma ministro Sánchez.

Participarán además la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal, en búsqueda de una solución al conflicto social.
A fin de poner fin a la problemática en Las Bambas, una comisión de alto nivel del Poder Ejecutivo viaja hoy 7 de junio a Apurímac para mantener una nueva reunión de diálogo con los comuneros de la zona y la empresa minera MMG.

Así lo anunciaron ayer por la noche los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Félix Chero, y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez.

“LA COMISIÓN HA DETERMINADO EN PRIMER LUGAR VIAJAR A LA ZONA, REUNIRNOS CON LOS COMUNEROS EN UNA REUNIÓN TRIPARTITA ENTRE EMPRESA, COMUNEROS Y REPRESENTANTES DEL EJECUTIVO, ADEMÁS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA DEFENSORÍA Y CONFERENCIA EPISCOPAL, QUIENES CONTRIBUIRÁN AL DIÁLOGO”, DIJO CHERO.

El ministro de Justicia precisó, en declaraciones a los medios en los exteriores de Palacio de Gobierno, que el presidente de la República, Pedro Castillo, ya ha conversado con los comuneros de Apurímac y les ha explicado que por sus actividades no podrá estar presente en la reunión, por lo que se ha dispuesto la participación de la comisión de alto nivel.

“NOSOTROS REITERAMOS LA VOLUNTAD DEL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO, DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, DEL DIÁLOGO. EL DIÁLOGO ES EL ÚNICO MÉTODO PARA PODER DISCERNIR, DISCUTIR LOS CONFLICTOS Y LAS CONTROVERSIAS. NECESITAMOS RESTABLECER LA PAZ SOCIAL”, DIJO A SU TURNO SÁNCHEZ.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo adelantó que el equipo técnico del Ejecutivo ya se encuentra en Challhuahuacho, lo que demuestra la voluntad del Gobierno por priorizar el diálogo.

Impacto negativo de la paralización de Las Bambas
La región Apurímac habría dejado de percibir aproximadamente S/ 160 millones desde el inicio de paralización de Las Bambas, informó Edward Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac.

Además, dijo que a nivel país se ha dejado de recibir en ingresos alrededor de S/ 260 millones. “Las Bambas ha dejado de exportar US$ 460 millones, y esto hace que el Perú deje de recibir unos S/ 260 millones en estos 50 días, montos que representan un colchón para hacer frente a la reactivación económica que necesita el país”.

Las Bambas representa el 79% del PBI de la región. En ese marco, Palacios comentó que hay un aproximado de 375,000 personas afectadas directamente con la paralización de la actividad. Adicional a ello, la minera ha tenido que prescindir de 3,000 trabajadores y se esta evaluando que se prescinda de un grupo mayor ya que no están habiendo ingresos.
https://www.rumbominero.com/peru/las-bambas-comision-multisectorial-del-ejecutivo-llega-hoy-a-apurimac/

07/06/2022
Proyecto de cobre Las Bambas en Apurímac, Perú. / Crédito: MMG.

La bancada de Perú Libre presentó un nuevo proyecto de ley al Congreso (2259-2021) el cual busca nacionalizar la industria del cobre en el país, creando la “Corporación Nacional del Cobre”, la cual tendrá el derecho exclusivo para la exploración, extracción, primera industrialización y remediación del cobre a nivel nacional.

Uno de sus puntos más resaltantes es como propone valorizar las concesiones mineras del sector que serían materia de nacionalización.

Según indica el proyecto, se valorizará a las empresas privadas que actualmente desarrollan actividades que ahora asumiría la Corporación.

Sin embargo, a su valor se le restará su deuda tributaria, exoneraciones otorgadas, así como beneficios tributarios, el valor del recurso en el subsuelo que “han omitido pagar”, la “exportación de utilidades” y el costo de la remediación nacional.

El Valor

En concreto, se busca reducir el valor de dichas empresas lo más posible. Quizás en un intento de evitar que suceda lo mismo que ocurrió cuando se propuso nacionalizar Camisea, caso en el cual se calculó la operación podría costarle USD 30.000 millones al Estado.

Debido al número de factores que modifican el valor final de las empresas, los expertos señalan que sería difícil calcular cuánto tendría que pagar el Estado en este caso.
Cómo funcionaría

Para desenvolverse en el mercado, el proyecto plantea la creación de “unidades empresariales” que operen bajo la nueva empresa estatal.

Como explica Nancy Ogata, asociada senior del estudio Rubio, pareciese que el proyecto propone formar empresas para cada yacimiento a explorar y explotar.

Según lo expuesto por la norma, el capital social de dichas unidades estaría divido entre las comunidades del lugar donde se explota el recurso, el Estado y los privados, por lo que sería una empresa tripartita.
Socios

En concreto, se plantea que las comunidades “autoricen” la explotación del subsuelo en el que se encuentran.

El valor del recurso hallado en dicho subsuelo se contará como su aporte de capital, el cual no podrá exceder el 24.5% del capital social total de dicha unidad.

Por otra parte, los privados podrán hacer aportes hasta por un 24.5% del capital social de la unidad.

Finalmente, el Estado aportará parte de su presupuesto público a la unidad en una única vez, lo cual será considerado como su aporte de capital. Dicho aporte no puede ser menor al 51% del total del capital social de la unidad.
Problemática

Al respecto, Ogata, señala que las unidades empresariales serían algo así como “empresas forzadas”.

Sin embargo, recalca que el proyecto de ley no contempla que pasaría en los casos en los que el Estado no cuente con el suficiente presupuesto para cubrir el 51% del capital social de dichas unidades.

Cabe indicar que, para la mayoría de decisiones internas de las empresas se requiere contar con dos tercios de votos a favor en un sentido, por lo que el Estado no podría tomar decisiones por su cuenta sin el apoyo de una de las otras dos partes que conformen la unidad. Como señala Ogata, la norma no ha pensado en varios supuestos a regular.

Preocupación

La iniciativa legal viene causando preocupación entre algunos expertos, quienes consideran que la norma generará más preocupación para los inversores extranjeros, quienes no querrán invertir en un país tan aparentemente volátil como el Perú.

Otros señalan que, en caso se aprobase la norma, podría llevar a un conflicto entre Perú y China debido a que MMG, empresa administradora de Las Bambas, proviene de dicho país y el proyecto atenta directamente contra su concesión.
Proyecto es inconstitucional y antitécnico, según expertos

Expertos en derecho minero señalan que el proyecto está estructurado de tal forma que “no puede ser aprobado” y, aún si lo fuese, sufre de varios vicios de inconstitucionalidad, por lo que podría ser derogada en poco tiempo.

Según explica Luis Miguel Elias, socio del estudio Rebaza, la norma contraviene el principio del rol subsidiario del Estado que se encuentra en la Constitución.

“Se permite que el Gobierno intervenga en el mercado cuando existe un real sustento, como en el caso de los monopolios naturales. Para llegar a dicho punto, debe existir una necesidad pública tangible del por qué debe existir dicho monopolio natural o una necesidad específica para que el Estado lo cubra. Nada de eso se encuentra en esta norma”, explica Elias, quien agrega que la norma es antitécnica y no tiene fundamento alguno.
En corto

Renegociación. El Proyecto de ley plantea que la nueva empresa del gobierno, la “Corporación Nacional del Cobre”, pueda renegociar los contratos de concesión con quienes los ostentan hoy. Sin embargo, las concesiones son bienes inmuebles, no contratos.
Fuente: Gestión
https://www.mineria-pa.com/noticias/peru-libre-plantea-proyecto-de-nacionalizacion-del-cobre/

01/06/2022
Foto: La República
Este jueves se desarrolló una reunión entre autoridades de San Pedro de Coris (Huancavelica) y funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en la cual, según pudo conocer La República, no se logró ningún acuerdo para ponerle fin a la tensión social en dicha zona.

“Han planteado una subasta para julio y nosotros vamos a objetarlo. Estamos cerrados en que se respete la junta (de acreedores) del día 20 (de mayo) en donde se aprobó la venta. Buscamos que se impugne lo del día 25 (de mayo)”, contó la alcaldesa de San Pedro de Coris, Yanet Meza.

Vale enfatizar que el pasado miércoles 25 de mayo la Junta de Acreedores de Doe Run Perú en liquidación decidió anular el contrato de venta —por US$ 22 millones— con Cobre de Los Andes SAC, empresa que iba a hacerse cargo de la mina Cobriza, siendo este el noveno intento de venta que fracasa.

En esa ocasión no se pudo llegar al 66% de votos en la Junta de Acreedores, con lo cual no se pudo ratificar la venta de esta unidad minera.

Meza agregó que este viernes 27, desde las 3:00 pm, se reunirán otra vez con los funcionarios de la PCM, la Junta de Acreedores, Indecopi y el liquidador de Doe Run Perú, Consultores A1 SAC, para llegar a un acuerdo final.

“Nos hemos enterado que el liquidador no es, en realidad, liquidador de bolsa sino de junta. El Indecopi señala que un liquidador de bolsa no puede ser retirado a liquidador de junta. Eso queremos que nos aclaren. De ser así el caso, si liquidador se mantiene como de bolsa, se puede llevar el proceso de subasta sin voto de la Junta, solo con mayoría simple”, agregó.

En ese sentido, Meza enfatizó que es posible aún ratificar la venta de Cobriza a Los Andes. Caso contrario, regresarán a San Pedro de Coris para tomar la mina.
Fuente: La República
https://derechosenemergencia.dhperu.org/index.php/2022/06/01/mina-cobriza-se-agudiza-la-tension-tras-no-lograrse-acuerdos-entre-comuneros-y-gobierno/

01/06/2022
Foto: DHSF
Después de diez años de persecución judicial, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ica confirmó la inocencia y absolvió a los exdirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses (Fudie), Herbert Huamán Llave y Sergio Huamaní Hilario. El exalcalde de Espinar y defensor ambiental, Oscar Mollohuanca Cruz, fue excluido del caso debido a su fallecimiento meses atrás.

Los jueces del colegiado ratificaron la determinación del juez de primera instancia de Ica, Jean Franco Pinto Fernández, quien falló “absolviendo a los ciudadanos Oscar Avelino Mollohuanca, Herbert Huamán y Sergio Huamaní de los cargos formulados en su contra por los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos en su forma agravada y disturbios”.

En ese sentido, los magistrados también dispusieron el archivo definitivo del proceso penal que afrontaron los defensores desde el 2012 como consecuencia de las protestas desarrolladas en contra de la minera Glencore Antapaccay, a la que acusaban de contaminar el medio ambiente. Estas movilizaciones marcaron un precedente en la lucha por justicia ambiental y social en la provincia de Espinar.

Los abogados de los acusados mostraron su satisfacción con la decisión judicial y destacaron la valoración hecha los jueces de primera y segunda instancia.

“Ninguna persona debería ser denunciado por ejercer su derecho a la protesta”, dijo Ramiro Llatas, abogado de Sergio Huamaní. Ya en la sentencia absolutoria primigenia el juez Pinto Fernández había sostenido que estaba proscrita la posibilidad de sancionar a las personas por haber ejercer su derecho constitucional a la protesta que proviene de la libertad de expresión.

Sergio Huamaní dijo que siempre estuvo claro que no habían cometido los delitos atribuidos. «Ha sido una denuncia sin ningún argumento. Creo que los jueces de segunda instancia vieron todo eso y denegaron la apelación que hicieron. Ojalá que Dios mediante se termine todo esto», agregó.

El abogado de Herbert Huamán, Sergio Sullca, consideró destacable que el juez haya exigido pruebas concretas acerca de los delitos imputados a su patrocinado y al no haber tales documentos confirmó la inocencia de los procesados. “Ninguna de las pruebas vincula la conducta de los denunciados en la comisión de un delito. El solo hecho de ser autoridad o dirigente no puede considerado delito”, anotó Sullca.

Mientras que el exdirigente Herbert Huamán consideró como una decisión justa la determinación de los jueces de la Sala Penal de Apelaciones de Ica.

Cabe señalar que la Procuraduría del Ministerio del Interior (Mininter) anunció que apelará esta decisión presentando un recurso de casación que deberá ser analizado sobre su admisibilidad por la Corte Suprema de Justicia del Perú.
Fuente: DHSF
https://derechosenemergencia.dhperu.org/index.php/2022/06/01/jueces-confirman-inocencia-de-defensores-de-derechos-humanos/

02/06/2022
El 2 de junio constituye un día histórico para el distrito de Tambogrande, en la región Piura. Hace 20 años, los tambograndinos se dirigieron voluntariamente a las urnas para decidir sobre su propio modelo de desarrollo, basado en la actividad agrícola y pecuaria, frente a la amenaza de la explotación minera que se pretendía imponer.

Cabe resaltar que la consulta vecinal, realizada domingo 2 de junio de 2002, fue convocada por la Municipalidad Distrital de Tambogrande, presidida en aquel entonces por el alcalde, Alfredo Rengifo Navarrete. La consulta tuvo un importante impacto en el país y fue la primera que se organizó en América Latina en relación con la minería.

La empresa canadiense Manhattan pretendía desarrollar un yacimiento minero en medio del próspero valle de San Lorenzo y destruir la capital distrital. La decisión histórica del pueblo de Tambogrande fue rechazar mediante el voto popular la minería y mantener el modelo de desarrollo agrícola.

Cabe recordar que el 26 de octubre de 2001 la Municipalidad Distrital de Tambogrande publicó una Ordenanza Municipal que creó un mecanismo de participación ciudadana en el distrito para recoger la opinión de los vecinos respecto de asuntos de interés público relacionados al desarrollo local (planificación urbana y rural, desarrollo comunal, protección del medio ambiente físico social, entre otros).

El 2 de junio de 2002 la población de Tambogrande fue masivamente a votar. La población electoral del distrito era de 35 mil personas y ese domingo votaron 27,015 personas. Los resultados fueron: por el Sí a la minería, 347 votos y por el No, 25, 381 votos; blancos, 398 votos y nulos, 889 votos. La consulta vecinal contó con la presencia de más de una decena de observadores internacionales quienes garantizaron el normal desenvolvimiento de este acto democrático.

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