“MMG Las Bambas está incumpliendo sus compromisos”, denunció la mañana del viernes Rodolfo Abarca, presidente del Frente de Defensa de los Intereses y el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas. “Es injusto que haya una inversión minera tan grande, y en la zona no haya inversión en salud, en educación, en transporte”, declaró. Por su parte, el congresista apurimeño Richard Arce alertó que si la empresa se acoge a la figura de depreciación acelerada, la región prácticamente no recibirá canon en los próximos años, y exigió a la cuprífera de capitales chinos “respeto” por las comunidades locales. Las declaraciones tuvieron lugar durante el foro “Estándares Socioambientales de las Inversiones Mineras de China en el Perú”.

Las Bambas, Toromocho, Shougang, entre otros, son los principales proyectos mineros chinos en Perú. China se ha convertido en el principal inversor minero en el Perú y en uno de los más importantes en América Latina. “35% de la inversión minera en el Perú es ahora de origen chino, y estamos exportando más de 7 mil millones de dólares anuales en minerales e hidrocarburos hacia China”, señaló la directora de CooperAcción, Ana Leyva. En tanto, más del 80% de inversiones chinas en América Latina se orientan a los sectores de energía y recursos naturales, explicó, por lo que el gigante asiático es ahora un actor clave para la región y la ciudadanía requiere conocer y discutir sobre los estándares ambientales y sociales de estas inversiones.

En el marco de esta rápida expansión china en inversiones extractivas, las empresas de este país han empezado a desarrollar lineamientos y políticas para sus estándares sociales y ambientales. La expositora ecuatoriana Paulina Garzón, de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China – América Latina (IISCAL), explicó que documentos tales como la Directiva de Crédito Verde y los Lineamientos de Responsabilidad Social para las empresas chinas incorporan la necesidad de diálogo con las comunidades y actores de la sociedad civil y diligencia para evitar impactos ambientales negativos. Así mismo, Emily Greenspan, de Oxfam, explicó que la cámara de minería china (CCCMC) ha incorporado la noción de consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Sin embargo, estas políticas y lineamientos son de cumplimiento voluntario y no obligatorio. Durante este importante foro, se destacó la brecha existente entre estas declaraciones de principios, y su cumplimiento en la realidad, debido a que las inversiones mineras chinas en Perú muestran constantes conflictos con las comunidades. “En el Perú no se están cumpliendo estos lineamientos de las empresas chinas”, denunció Rodolfo Abarca, del Frente de Defensa de Cotabambas. Por ello, los participantes destacaron la necesidad de fortalecer la regulación nacional y a las autoridades ambientales, puesto que este es el mejor camino para garantizar estándares socioambientales adecuados.

Durante el foro participó también Efraín Arana, asesor de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Cogreso de la República, quien enfatizó que megaproyectos como Las Bambas, que afecta hasta a tres regiones del país, requieren una Evaluación Ambiental Estratégica y no un mero Estudio de Impacto Ambiental. Así mismo, coincidió en la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental y la participación social a través del ordenamiento territorial y la zonificación ecológica y económica.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/690-inversiones-mineras-chinas-deben-respetar-estandares-ambientales-y-sociales

Hoy 6 de marzo se dará inicio al juicio oral en contra de dieciséis líderes y lideresas comunitarios que se oponen al Proyecto Minero Conga después de que la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, Cajamarca, presentó acusación en la que pide condenas de hasta 36 años de prisión a varios de ellos.

Este proceso se da como consecuencia directa de la lucha de las comunidades locales contra la Minera Yanacocha, una empresa conjunta propiedad de la compañía estadounidense Newmont Mining Corporation y la empresa peruana Buenaventura, y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), sub-organismo del Banco Mundial para el sector privado. Durante más de veinte años, las operaciones en Yanacocha—la mina de oro a cielo abierto más grande de América del Sur— han causado devastación ambiental y conflictos sociales con impactos negativos para la comunidad. Con el Proyecto Conga pretenden depositar 96,000 toneladas de relaves mineros tóxicos al día, en lugares ecológicamente sensibles como las cabeceras de cuenca que constituye su principal fuente generadora de recursos hídricos en esta zona. Debido a la oposición a este proyecto, en julio del 2012, se generó una represión de fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército contra manifestantes de las ciudades de Celendín y Bambamarca, dejando cinco muertos, entre ellos un joven de 16 años, además de heridos y cientos de procesados.

Estas denuncias y procesos penales, desde nuestras perspectivas podrían criminalizar la disidencia frente a los proyectos extractivistas, pues no solo los cargos son absolutamente alejados de las conductas de los líderes sociales, sino las penas son equivalentes o más graves a las que se pediría para delincuentes de alta peligrosidad en este país.

Entre los acusados por la Fiscalía se encuentra Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra acusada que se enfrenta a cargos infundados es la defensora medioambiental Jeni Cojal, quien fue informada sobre las acusaciones en su contra cuando ya se había iniciado el proceso, negándole la oportunidad de defenderse. Contra esta acción hoy se encuentra en curso un recurso de nulidad.

Las organizaciones que suscribimos este documento estamos profundamente preocupadas que, ante la movilización social legítima, la respuesta del Estado sea el uso de la fuerza y uso del derecho penal contra los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente. Por lo tanto, ante la criminalización, señalamiento y persecución de los líderes y lideresas en Cajamarca, recordamos a las autoridades, especialmente a los fiscales y el Poder Judicial, que tienen la obligación de velar por los derechos al debido proceso de los acusados, así como a un juicio justo y a un tribunal imparcial.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra intención de permanecer vigilantes ante abusos adicionales, e instamos al Poder Judicial a que vele por los derechos de los defensores y defensoras como premisa fundamental de un país democrático y plural.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/696-rechazamos-pedido-de-fiscalia-de-36-anos-de-prision-para-lideres-ambientalistas-en-celendin

Entrevista. El funcionario, junto al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, viajará la próxima semana a Canadá para participar en el congreso de exploración minera más grande del mundo, PDAC 2017, donde promocionarán el potencial geológico de nuestro país. Además, prevé una mayor recuperación de los capitales privados para 2018, con el impulso de diversos proyectos.

Qué es lo que prepara el Gobierno para promover la exploración minera en el Perú?

–Haremos modificaciones de simplificación administrativa y reducción de trámites para los temas de exploración minera, porque los yacimientos que hoy se exploran son probablemente los proyectos del futuro. En la actividad exploratoria hay normalmente un proceso previo para identificar un recurso minero y, posteriormente, pasar a declarar una reserva, la cual se convierte finalmente en un proyecto minero.

Por lo tanto, cuando más exitosos seamos identificando recursos, la posibilidad de tener nuevos proyectos mineros es mayor.

Aunque vale aclarar que no todos los recursos mineros se convierten en proyectos, pues en el camino hay áreas que se dejan de lado por motivos de naturaleza metalúrgica y falta de infraestructura, entre otros factores.

–¿Estas modificaciones contemplan incentivos tributarios?

–Hay puntos que están relacionados con devoluciones del impuesto general a las ventas (IGV), pues en temas de incentivos tributarios la legislación es bastante clara.
Hay circunstancias en que la actividad de exploración requiere realizar un conjunto de gastos, los que comprometen pagos de IGV, y en este caso la idea es que si no se tiene éxito con la exploración, este impuesto no represente un costo para los inversionistas.

Claro está en que si el proyecto tiene éxito, ese IGV se trasladará a los procesos hasta que los recursos se conviertan en proyectos.

–¿Forman parte del nuevo reglamento para la exploración minera?

–Sí y deberíamos estar en condiciones para terminarlo este primer trimestre.

–¿Cuáles son las expectativas con este nuevo reglamento?

–Partimos de un contexto en que los precios de los minerales se están recuperando, entonces podemos decir que la sensación de ambiente de negocios para las inversiones mineras también mejora.

El zinc registra precios altos, la cotización del cobre creció 30% y las perspectivas en los otros metales también son favorables. En resumen, el ambiente para la inversión minera es favorable y no solo en el Perú.

–¿Este rebote se podría ver este año?

–No, este año seguiremos registrando una caída en la inversión minera, principalmente por la menor inversión en los megaproyectos como Las Bambas y Cerro Verde.
Esperamos una recuperación de los capitales privados para el próximo año, impulsado por proyectos como Tía María, Pampa de Pongo, Quevalleco y Michiquillay.

–Con este nuevo reglamento, ¿se espera hallar megaproyectos?

–Lo que pasa es que los megaproyectos se darán cuando las condiciones de riqueza mineral, metalúrgicas y financieras lo permitan. Hay yacimientos muy grandes en el Perú, pero estos todavía no están listos porque la señal de precios en los mercados tampoco es la óptima, y las empresas mineras preferirán ingresar en un mercado que tenga una coyuntura de mejores precios.

Recordemos lo que pasó hace algunos años; la demanda mundial bajó por la desaceleración económica y nuevos proyectos de cobre salieron al mercado. Ambos factores llevaron al cobre a un precio cercano a los dos dólares la libra.

–¿En qué estrategia se trabajará para reducir la conflictividad social?

–Existen dos herramientas importantes: una es el adelanto social y la otra es el Viceministerio de Gobernanza Territorial. Ambos apuntarán a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos involucrados con los proyectos extractivos para hacer viables los mismos.

Promocionará potencial geológico peruano

El Perú participará en la Convención Internacional PDAC 2017, el congreso de exploración y prospección minera más grande del mundo, adelantó el ministro Tamayo.
Precisó que el evento se realizará en la ciudad de Toronto, Canadá, del 5 al 8 de este mes, el cual es organizado anualmente por la Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC).

“La lógica de asistir a este evento es poner a disposición de los inversionistas el potencial geológico importante que tiene nuestro país para que puedan desarrollarse más proyectos”, manifestó.

En ese sentido, el funcionario explicó que la presencia del Perú en ese importante evento busca dar a conocer el gran potencial minero que ostentamos gracias a nuestra ubicación privilegiada en el centro de la cordillera de los Andes, que es la fuente de las mayores reservas metálicas del mundo.

A ello se suman, dijo, bajos costos de exploración y operación, estabilidad macroeconómica, grado de innovación de sus proveedores locales y los esfuerzos que hace el Gobierno para promover una convergencia entre los sectores productivos,las comunidades y la minería.

Fuente:http://www.elperuano.pe/noticia-%E2%80%9Cse-alistan-incentivos-tributarios-para-impulsar-exploracion-minera%E2%80%9D-51617.aspx

27-02-2017
La semana pasada fueron publicadas las cifras consolidadas del crecimiento económico del año 2016: según el INEI, la economía peruana creció 3.9%, impulsada sobre todo por el sector de la minería metálica que creció en 21.8%. La minería da cuenta de casi la mitad del crecimiento del año pasado.
Lo cierto es que después del comportamiento espectacular de la minería metálica en los dos últimos años, con tasas de crecimiento de dos dígitos, las proyecciones del propio Ministerio de Economía y Finanzas muestran un menor dinamismo: 7.4% para este año, 2.9% en 2018 y apenas 1.2% en 2019.

Es por eso que desde el gobierno se ha comenzado a señalar que se busca destrabar varios de los proyectos que forman parte de la cartera de inversiones mineras. El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, acaba de anunciar que los proyectos que se destrabarían de inmediato son: Tía María, Río Blanco, Toromocho (ampliación), San Gabriel, Quellaveco, Mina Justa, Pampa del Pongo y Michiquillay.

Los siete proyectos mencionados suman una inversión de 11,314 millones de dólares. En orden descendente tenemos: Quellaveco (3,300 millones); Río Blanco (1,500); Pampa del Pongo (1,500 millones); Tía María (1,400); Toromocho (1,350); Michiquillay (1,000); Mina Justa (744); San Gabriel (520).

Sin embargo, lo que no ha mencionado el ministro Thorne es que los proyectos anunciados no tienen el mismo nivel de avance y tampoco se está tomando en cuenta el contexto social que enfrentan y la propia situación por la que atraviesan las empresas. Veamos por partes.

Entre los proyectos que en principio estarían más avanzados figura Quellaveco, que tiene su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y que además el año 2012 suscribió un acuerdo con la población y el entonces gobernador regional y actual vicepresidente, Martín Vizcarra. Al margen de la vigencia o no del acuerdo, el problema central para el desarrollo de Quellaveco ha sido la difícil situación por la que atraviesa la propia empresa Anglo American: como se sabe, la actual gestión de la centenaria empresa sudafricana viene tratando de superar en los últimos años el desastre provocado por una descontrolada estrategia de expansión que fue financiada por un enorme endeudamiento. Para tener una idea de la situación, hay que señalar que hasta hace muy poco se hablaba de una posible venta o disolución de Anglo American. Por lo tanto, es muy difícil pensar que una empresa sobre endeudada pueda sacar adelante un proyecto de las características de Quellaveco, y dentro de las posibilidades que se barajan, se ha especulado sobre una posible alianza o venta del proyecto a Southern Perú.

En el caso de Tía María, que también cuenta con EIA aprobado, está claro que se mantiene el rechazo de la población al proyecto. La reciente visita del presidente Kuczynski a la provincia de Islay y más específicamente al Valle del Tambo, ha confirmado que la oposición de la población se mantiene y que no existe lo que las propias empresas definen como licencia social para operar. Por lo tanto, este proyecto no tiene ninguna posibilidad de ser reactivado en el corto plazo.

Pampa del Pongo es un proyecto de hierro de la empresa china Jinzhao Mining, que se ubica en la provincia de Caravelí (Arequipa) y que también cuenta con EIA aprobado. El desarrollo de este proyecto ha recibido un nuevo impulso luego de la firma de los convenios de promoción y los memorandos entre Perú y China a finales del año pasado, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2016. La empresa ha anunciado el inicio de la construcción para el 2018 y una posible fase de explotación entre el 2020 y 2021.

Aparte de la ampliación de Toromocho, que no presenta mayores inconvenientes que la propia gestión de la empresa china, lo cierto es que los demás proyectos mencionados están bastante más atrasados y tendrán que pasar varios filtros antes que puedan concretarse: San Gabriel, en medio de suspensiones, ha presentado su EIA y está en proceso de evaluación, mientras que el resto se encuentra en fase de exploración. Mención especial merece el proyecto Río Blanco, que no sólo no cuenta con EIA aprobado, sino que sigue enfrentando una fuerte resistencia de la población de las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca.

Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso cuando se hacen anuncios sobre posibles decisiones de inversión en torno a proyectos mineros. Son diversas variables las que cuentan para que finalmente se tome una decisión: desde las variables financieras y la capacidad de endeudamiento de las propias empresas; el propio contexto global, tan influyente en una actividad como la minería; hasta los temas sociales y ambientales que se presentan en las zonas de influencia de los propios proyectos.

Lo cierto es que siendo realistas, en los próximos años veremos madurar algunos cuantos proyectos de ampliación de operaciones mineras que ya están en curso y por allí alguno que otro nuevo emprendimiento nuevo. Para este año se proyectan alrededor de 4 mil millones de dólares en inversiones mineras, el monto más bajo de los últimos cinco años; y para el quinquenio, el propio Ministerio de Energía y Minas proyecta una inversión de 14 mil millones de dólares, muy por debajo de la inversión alcanzada en el quinquenio pasado.

Ya no estamos en la efervescencia de la década pasada y pese a las resistencias, hay que hacerse a la idea que la evolución de la inversión minera y de la propia producción, será bastante más pausada de lo que algunos esperan. Mientras tanto, se debería estar trabajando la agenda de derechos sociales y ambientales que sigue estando pendiente.

27 de febrero de 2017

DEVOLUCIÓN DE IGV Y CAÍDA DE LA RECAUDACIÓN
23 de febrero de 2017
José De Echave C.
Fuente: www.sunat.gob.pe, Elaboración: CooperAcción

El ministro Thorne acaba de reconocer que los ingresos tributarios siguen cayendo de manera sostenida y que además esta situación se explica por las crecientes devoluciones del IGV, sobre todo “por los grandes proyectos mineros que nos están quitando recaudación”.

Lo que no ha reconocido el ministro es que este tema no es ninguna novedad y que lamentablemente tampoco es algo excepcional. Desde el año pasado, hemos señalado que la SUNAT le venía devolviendo a las empresas más de lo que estas aportan por tributación.

¿Qué está pasando? ¿De qué se trata este tema de las devoluciones del IGV?

Vayamos por partes. Cualquier empresa cuando vende algo que produce o comercializa tiene que pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV), lo que les genera un débito fiscal. ¿Qué pasa con las empresas que venden a mercados externos? Como las exportaciones no están gravadas con el IGV, por ende sus ventas no generan débitos fiscales.

Esa misma empresa cuando realiza compras diversas genera un crédito fiscal: el crédito fiscal es el IGV que grava las compras que realizan las empresas.

En el caso de las empresas mineras, al vender al exterior sin el pago de IGV, se interrumpe la cadena débito-crédito y se genera lo que en la jerga tributaria se conoce como “saldos a favor del exportador”. La legislación tributaria en el Perú permite que las empresas utilicen los “saldos a favor del exportador” contra el pago del Impuesto a la Renta y/o solicitar su devolución.

Ello provoca que en determinadas coyunturas, en términos netos, el Estado termine subsidiando al sector minero y que la recaudación caiga. Es lo que ha venido ocurriendo en los dos últimos años: desde el año 2015, el monto devuelto a las empresas supera el Impuesto a la Renta recaudado por la SUNAT, y la diferencia alcanzó la cifra de -3,945.2 millones de soles en 2016. Es precisamente lo que se puede observar en el gráfico que adjuntamos.

El ministro Thorne ha señalado que esta situación es pasajera o coyuntural. Lo cierto es que la data estadística muestra que no es así: en el caso minero, sólo en el período del súper ciclo de precios de los minerales hemos tenido una recaudación neta en azul. Como se puede apreciar en el gráfico, hasta antes del año 2003 estábamos en rojo y todo indica que desde el año 2015 hemos vuelto a la normalidad: recaudación neta en rojo.

Lo más grave es que nada hace pensar que la situación vaya a cambiar en los próximos años y en este contexto la meta de presión tributaria que se ha fijado el gobierno parece difícil de alcanzar.

¿Qué hacer? Para comenzar habría que corregir la legislación tributaria que permite esta enorme discrecionalidad en el uso de los “saldos a favor del exportador” por las empresas. Pero además, necesitamos en serio y a fondo, discutir una verdadera reforma tributaria que corrija esta y otras distorsiones.

No es aceptable que precisamente en los dos últimos años la minería haya estado creciendo a tasas históricas de dos dígitos y que ese salto productivo no esté acompañado de un mayor aporte tributario al país: por el contrario el aporte tributario de la minería no ha dejado de caer.

Las devoluciones del IGV a la minería terminan siendo una suerte de subsidio del Estado -en realidad de todos los peruanos- a las empresas que debe corregirse cuanto antes.

22-02-2017
ENTREVISTA. El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, se enfoca en la simplificación administrativa del sector. Confía en que al menos tres mineras retomen sus operaciones.

En un panorama de inversión minera en el que los megaproyectos han cumplido su ciclo, el despacho de Energía y Minas busca recuperar la confianza de los inversionistas y la ciudadanía, apunta su titular, Gonzalo Tamayo. Como ya lo ha anunciado desde su llegada al ministerio, dos son los aspectos que Tamayo apunta a solucionar: la reducción de costos administrativos y la gestión de conflictos sociales.

Esta semana, Tamayo y una delegación de otros funcionarios, que incluyen al primer ministro Fernando Zavala, se alistan para asistir a la Conferencia del PDAC (Prospectors&Developers Association of Canada), uno de los eventos de promoción minera más importantes del mundo que se realiza usualmente en marzo. Este año, al igual que el anterior, el Perú es nuevamente país patrocinador. Tras un 2016 que dejó una mejora considerable de los precios de los metales, la expectativa está en ver un PDAC más optimista, pues la asistencia a este evento ha caído consistentemente desde el 2014.

En esta entrevista, el ministro Tamayo detalla el estado de algunos proyectos mineros que liderarían la reactivación del sector hacia el 2018, las primeras simplificaciones administrativas que realizará y su visión de los fundamentos que respaldan la recuperación del precio del cobre, un metal que el Perú produjo por delante de China, por primera vez, en el 2016.
Ya ha anunciado que su expectativa para la reactivación minera está en el 2018. ¿A cuánto ascendería la inversión de esa reactivación?

Prefiero no dar números ahora. Lo que estamos viendo es que durante este 2017 y el próximo año hay un conjunto de proyectos mineros medianos en curso. Esperamos que haya decisiones, sobre todo en el segundo semestre, de Marcobre [Minsur], Pampa del Pongo [Zhongrong Xinda], Corani [Bear Creek], Michiquillay [Anglo American].
En el caso de Marcobre, operadora del proyecto Mina Justa de Minsur, ¿qué hace falta para que entre en operación?

Se están haciendo evaluaciones finales. Hay temas logísticos a los cuales hay que encontrar una solución portuaria. Pero ello es parte del desarrollo natural de un proyecto. La ventaja que tiene el proyecto es que está en una zona [Nazca] donde la posibilidad de conflictos sociales es menor que en otras.
¿La solución portuaria depende de las inversiones en puertos de la zona [Paita, Paracas]?

Efectivamente, en la zona hay interés de inversiones portuarias, probablemente de gran tamaño. Pero una mina como Justa necesita primero algún tipo de facilidad logística para, eventualmente, transportar combustibles, que podrían ir por tierra, y ácido sulfúrico. Para el embarque de concentrados, por ejemplo, necesitará algún tipo de puerto más sencillo en lugar de uno muy grande que tomará tiempo conseguir. Esperamos que la empresa anuncie pronto que va adelante con el proyecto.
¿Qué hay acerca de la mina Pampa de Pongo, en Arequipa? ¿Cuál es su estado de avance?

Este proyecto, al igual que Marcobre, está cerca a la costa, con un promotor que lo adquirió de otro anterior que tenía dificultades financieras. Está en el curso natural de avanzar, mas que haya una limitación [para su operación]. Marcobre, Pampa de Pongo y Quellaveco son proyectos cercanos a la costa, que tienen condiciones sociales favorables, y que tienen que completar su proceso de solución de necesidades logísticas o energéticas, salvo Quellaveco, donde la empresa tiene que tomar una decisión meramente financiera.
Las mejores expectativas mineras dependen más de la tendencia los precios de los metales. ¿No ve un riesgo de especulación, por ejemplo, en el cobre?

Es cierto que situaciones de corto plazo, como las huelgas en Chile, harán que el precio suba. Naturalmente, cuando ello regrese a la normalidad, el precio regresará a la baja. Pero la tendencia natural, considerando de dónde venía el precio del cobre hace unos meses, de US$2.30 a US$2.80 por libra, que son consecuencia de las interrupciones en cadenas de suministro, dice que hay sustento en base a la demanda de China, al plan de infraestructura de Estados Unidos, y a las limitaciones de costos en otros productores importantes que no citaré.

Además, desde una perspectiva de mediano plazo, los principales analistas del mercado plantean que el precio del cobre puede estar en US$3 la libra en el 2020 en términos reales, es decir, un precio nominal de US$3.20, con la volatilidad natural que ello implica. Sí, puede haber una corrección de corto plazo, pero el precio estructural es más alto de lo que se pensaba hace seis meses e incluso hace un año. Nadie toma decisiones sobre un precio del cobre que cayó 5 centavos, sino a largo plazo.
Sobre su asistencia al PDAC, ¿cuál será la propuesta del Perú para los inversionistas?

Estamos yendo con dos mensajes, pues reconocemos que el contexto de los últimos años nos ha afectado, no sólo por los precios internacionales, sino también porque la percepción de los inversionistas en dos aspectos.

El primero es la elevación de barreras burocráticas y costos administrativos. En los últimos cinco años hemos visto un aumento en los costos de transacción de llevar a cabo proyectos. Esto tiene que tienen que ver con la participación de nuevas agencias de gobierno donde se tienen que realizar trámites que, a veces, no van a la velocidad que se requiere. Estamos hablando de todo el proceso de descentralización de unas cinco entidades que antes no existían, desde Senace, Serfor, Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente y otras más. Necesitamos un esfuerzo claro de alinear a todas entidades para entender que el desarrollo de la minería moderna es una fuente importante de divisas para nuestro desarrollo.

El segundo tema es la gestión de conflictos sociales. Proyectos con nombres que uno reconoce rápidamente se han estancado. Una de las herramientas para sacar proyectos adelante es tener un trabajo más coordinado entre las diferentes entidades de gobierno, a fin de revertir la desconfianza sobre los ofrecimientos del gobierno central en cuanto a agua, saneamiento o educación.
Sobre los costos de transacción, ¿de qué forma y qué meta tiene el MEM para reducirlos? ¿Qué de diferente haría, por ejemplo, frente al gobierno anterior?

El gobierno anterior no promovió las actividades de recursos naturales y tenía un mensaje ambivalente. Si de las altas autoridades del gobierno anterior no había un mensaje claro sobre cómo impulsar la explotación sostenible de recursos naturales, difícilmente se avanza en las instancias intermedias. De otro lado, es difícil poner una meta porque [éstos costos] se relacionan, por ejemplo, a procedimientos que se inician de manera electrónica pero que terminan siendo impresos y van de ministerio a ministerio. Eso genera demoras.
¿Cuál sería un primer resultado de esta reducción de costos administrativos?

La modificación del reglamento de exploración, que esperamos tener a fin de mes, a más tardar a inicios de marzo.

Se trata de una simplificación administrativa, así como temas relacionados a la seguridad y capacitación, donde se nos fue un poco la mano y hay requerimientos excesivos que necesitan modificación.
Se ha incluido a Tía María en la cartera de proyectos para el 2019, ¿aún es posible sacarlo adelante?

¿Por qué alguien lo quitaría [de la cartera]? Lo que el ministerio está viendo es un conjunto de proyectos que merecen ser apoyados.

http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/mineria/215829-mem-reglamento-de-exploracion-minera-se-modificaria-a-inicios-de-marzo/

20-02-2017, Latinominería
El OEFA señaló que desde 2010 hasta noviembre de 2016 se impusieron multas por un total de 1.906 infracciones por parte de empresas mineras.
Multas por unas 53.879 Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a más de US$63 millones, son las que acumula el sector minero en Perú por infracciones a la legislación medioambiental, señaló el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a LATINOMINERÍA.

Considerando el periodo entre los años 2010 y noviembre de 2016, se contabilizaron un total de 1.906 infracciones por parte de empresas mineras , destacando el incumplimiento de los límites máximos  de efluentes minero metalúrgico, de las obligaciones del instrumento de gestión ambiental y de las normas de residuos sólidos.

Pese a lo anterior, el documento elaborado por la OEFA ,”El impacto de la fiscalización ambiental en el desempeño de las empresas mineras”, indica que entre los años 2013 y 2014 se registró una reducción mayor al 50% de la cantidad de hallazgos detectados en el sector.

“Ello nos da a entender que ha mejorado el desempeño ambiental en el ámbito minero, por lo que debe proseguirse con mayor énfasis la labor de fiscalización”, señalaron desde el organismo.

Además, el documento destaca que en los años revisados no se detectaron incumplimientos catalogados como “críticos”, mientras que los “significativos” bajaron de 20 en  2013 a ocho en  2014 y  los “moderados” disminuyeron de  590 a 284.

[El impacto de la fiscalización ambiental en el desempeño de las empresas mineras]

El OEFA inició sus actividades de supervisión en 2010, tras una serie de mecanismos de perfeccionamiento que significó el traspaso de la fiscalización ambiental del sector minero desde el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

“La fiscalización ambiental en el Perú se ha ido especializando con el paso del tiempo. Incluso en el periodo del OEFA, la fiscalización ha avanzado de un enfoque punitivo a un enfoque preventivo, en la que se promueve el cumplimiento de las obligaciones ambientales no solo a través de la imposición de multas, sino también del otorgamiento de incentivos“, indicaron.
http://www.latinomineria.com/2017/02/mineria-peru-acumula-multas-mas-us63-millones-desde-2010/

17-02-2017
La abogada de la Municipalidad provincial de San Pablo (Cajamarca), Nelly Ledesma Raraz, exhortó a los integrantes del Tribunal Constitucional (TC) a ser imparciales y justos al pronunciarse sobre el litigio que enfrenta el municipio con la empresa minera Yanacocha por las lagunas de Alto Perú.
El caso se encuentra en manos del máximo ente constitucional luego de dos sentencias a favor de la Municipalidad Provincial de San Pablo.

“Estamos haciendo un llamado público a los magistrados del Tribunal Constitucional para que impartan justicia de forma imparcial. Acá hay un bien jurídico sumamente importante y delicado que es el agua, y no se está tomando el peso jurídico que deberían darle”, declaró la abogada ante en el programa «No Hay Derecho», de Ideeleradio.

Ledesma manifestó su desconfianza ante lo que pueda resolver el magistrado del TC José Luis Sardón en el proceso, por sus vínculos con la empresa Yanacocha.

“Hace poco ha salido a la luz que uno de los magistrados que tenía el expediente, como vocal ponente, ha tenido una vinculación directa con una de las partes (Yanacocha). Estamos hablando del magistrado José Luis Sardón. Y nos ha llamado poderosamente la atención porque el magistrado debió de haberse inhibido por decoro, pero no lo hizo, y tenemos la legítima sospecha o preocupación de que el fallo pudiera salir adverso”, refirió la abogada.
El caso llega al Tribunal Constitucional luego de diez años de haberse iniciado. En dos oportunidades el municipio consiguió sentencias favorables del Poder Judicial.

El proceso se inició a raíz de una ordenanza del Concejo Provincial de San Pablo que declaraba la intangibilidad de las lagunas. Uno de los argumentos que llevaron a Yanacocha a apelar ante el TC es que la municipalidad no tiene competencia para declarar zonas de protección ambiental y que están limitando sus derecho al trabajo.
Una parte de la superficie de las lagunas de Alto Perú es propiedad de la minera Yanacocha, pero el municipio asegura que son de dominio público.❧
El Dato
En la provincia de San Pablo existen 284 lagunas que vienen siendo perjudicadas por la actividad mineras, lo que ha acentuado la escasez del agua en la región Cajamarca.
http://larepublica.pe/impresa/politica/849191-piden-al-tc-ser-imparcial-en-litigio-con-yanacocha-por-lagunas-en-cajamarca

Cuatro son socioambientales y uno de demarcación territorial, informó el representante de la Defensoría del Pueblo
16 de Febrero del 2017  Luz Alire
Según el último reporte correspondiente a enero del presente, la Defensoría del Pueblo registró un total de cinco conflictos sociales en Arequipa, de estos cuatro son socioambientales y uno de demarcación territorial, informó el representante regional Manuel Amat Llerena.

El primero continúa siendo el conflicto socio ambiental por el proyecto minero Tía María. “Si bien no hay actos hostiles ni manifestaciones contra el proyecto, debe ser negociado con urgencia por las autoridades”, expresó.

INFORMALES.- En segundo lugar, están los mineros informales, que en su mayoría se encuentran en Chala (Caravelí) y Ocoña (Camaná). Ellos piden facilidades para seguir operando mientras dure el proceso de formalización. Amat refirió que el último 06 de febrero el Ejecutivo notificó las disposiciones para inscripción en el Registro Integral para Formalización.

Otro conflicto social lo constituye la demarcación territorial entre Cayarani (Arequipa) y Chumbivilcas (Cusco). La delimitación territorial está en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), refirió Manuel Amat.

El conflicto entre los pobladores de Umachulco (Castilla-alta) con la minera Buenaventura, es el cuatro de tipo social. Actualmente, se define el convenio de servidumbre entre ambas partes y proyectos de inversión de desarrollo de esta zona. Pese a que ya fue instalada la mesa de diálogo aún no hay acuerdos, indicó.

TAMBO EN LISTA. Sorprendentemente está en el quinto lugar de las alertas tempranas por el déficit hídrico que afecta a agricultores del Valle de Tambo. En este caso puntual, la Defensoría llamó la atención a las autoridades para evitar que se generen actos de protesta. El funcionario destacó el Acuerdo para el Desarrollo de Tambo, suscrito en la última visita al valle del presidente Pedro Pablo Kuczinsky con la gobernadora regional Yamila Osorio.

El compromiso de construcción de dos represas por parte del Gobierno, ayudaría a resolver el problema de escasez hídrica en el Valle de Tambo.

Precisó que todos están latentes a la fecha, no obstante, algunos de esos podrían pasar a activos en cualquier momento, dependerá del manejo de las autoridades.

MONITOREA ACUERDOS. La Defensoría del Pueblo está participando actualmente en dos mesas de diálogo. Una de ellas es sobre la minera Tambomayo en Caylloma, se mantiene como un ente observador de los acuerdos firmados y elevados a escritura publica, así mismo monitorea acuerdos tomados entre la minera, autoridades y representantes.

Sobre la disconformidad de los poblados de Llatica y Tapay con el proyecto minero, aseveró que hay un grupo de pobladores que continúan oponiéndose.

Al ser consultado sobre el rechazo de pescadores de Ocoña (Camaná) a la construcción de central hidroeléctrica en cauce de río a cargo de la empresa Ohysa, aseguró que están monitoreando la situación para ver cómo pueden colaborar y contribuir a una solución.

La intervención de la Defensoría en conflictos se realiza en tres fases, la participación preventiva entre las partes involucradas, la segunda fase de observación y mediación y finalmente la fase de ayuda tras incidentes que evidencian un conflicto abierto.

Ocoña. El quinto conflicto social involucraba a los pobladores y pescadores de Ocoña, quienes siguen oponiéndose a la aprobación del Estudio Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Ocoña 2010 de la empresa Ocoña -Hidro.

Según últimas declaraciones del alcalde provincial de Camaná, Jamil Vásquez, la obra haría desaparecer el recurso camarón en el lecho del río.

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