El flamante viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández Concha, acaba de romper fuegos con una entrevista de antología en el diario El Comercio (7/04/2017). Lo cierto es que en la entrevista presenta componentes claves de su plan de trabajo y del “nuevo” enfoque que pretende desarrollar, sobre todo en materia de conflictividad social.

Si bien el viceministerio tiene tres instancias o secretarías -Descentralización; Demarcación Territorial y Gestión Social y Diálogo-, queda claro que es esta última la que tendrá un mayor peso. Aparte de los temas de estructura y organización del viceministerio y sus secretarías, las declaraciones del viceministro permiten tener una idea del enfoque que le dará al abordaje de los conflictos y en este punto hay varios temas que generan preocupación.

¿Zanjando con el sistema anterior?

Fernández Concha ha buscado marcar diferencias con la etapa previa. Ha señalado que “los sistemas creados por cada ministerio para afrontar la conflictividad no coordinaban entre sí. Cada uno establecía su propia estrategia en función a los intereses de su propio sector; además, se crearon mecanismos alternos”.

Por supuesto que en este punto tiene razón, y se podría agregar que la Oficina de Diálogo de Sostenibilidad no tenía la capacidad ni el peso suficiente para alinear a todos los ministerios detrás de una sola estrategia. Habrá que ver si el flamante viceministerio logrará el ansiado alineamiento.

Pero el viceministro también pretende deslindar con el enfoque de la Defensoría del Pueblo y los informes sobre conflictos sociales que al parecer siguen incomodando a más de uno. En un acto casi de magia ha señalado -sin explicar cómo- que en el país hay sólo 5 conflictos sociales, “y no los 217 conflictos que señala la Defensoría del Pueblo”. Para él, el conflicto sólo se da “cuando hay una crisis, una toma de carretera, un secuestro y se rompe el orden jurídico”. Agrega que “manejar diálogo y conflictividad al mismo tiempo es muy difícil en una negociación y que hacerlo “es simplemente capitular”.

Este enfoque es un serio retroceso, y lo real es que se confunden categorías como crisis o estallidos sociales con las de conflicto. Además no toma en cuenta los avances en la reflexión y las propuestas de políticas públicas que se vienen desarrollando a nivel global para precisamente buscar transformar los conflictos y salir de situaciones de entrampamiento. No se puede perder de vista que más allá de la existencia de eventos de protesta, existe una conflictividad de fondo, que es la que se debe entender y por supuesto atender, y así encarar la raíz de los problemas que se manifiestan antes, durante y después de las protestas. Por lo tanto, de lo que se trata es de promover acciones que permitan superar esa conflictividad de fondo, o en todo caso procesarla a través de mecanismos más institucionalizados y democráticos.

Los peligros que acechan

Errar en el enfoque conlleva el peligro de priorizar salidas verticales y autoritarias, que es lo que en la práctica anuncia Fernández Concha cuando propone retomar el principio de autoridad y anuncia los estados de emergencia como uno de los mecanismos privilegiados por la nueva estrategia -que de hecho ya se viene aplicando en varias regiones del país-. No está de más recordar que autoridad sin legitimidad no funciona.

De lo que se trata es precisamente de construir legitimidad, transformando las relaciones existentes y las reglas de juego profundamente asimétricas que las sostienen y que están a la base de los conflictos. Se deben identificar los eventos y factores detonantes de los estallidos y protestas para diseñar las propuestas para cambiar las reglas de juego y construir los equilibrios que vienen haciendo falta desde hace tiempo.

Sobre este tema, Anthony Bebbington plantea una interrogante que es totalmente pertinente: “¿Entrarán estos conflictos en una espiral viciosa o, por el contrario, será posible que ellos puedan forzar cambios institucionales y políticos que incrementen la posibilidad de que las actividades extractivas puedan contribuir a formas más efectivas y equitativas de desarrollo?”.

De lo que se trata precisamente es de impulsar esos cambios institucionales y las políticas que están haciendo falta y no retroceder. El señor Fernández Concha debería darse cuenta que ya no está trabajando para una empresa minera y que no puede pretender encarar los conflictos sociales como precisamente siempre ha querido la Sociedad Nacional de Minería.

La opción que ha tomado el gobierno es preocupante. Nada más ilustrativo del camino que se pretende seguir que entregar un viceministerio de estas características a un empresario minero.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/708-viceministro-envuelto-en-sus-propios-conflictos

Desde hace un buen tiempo, la violencia empezó a incubarse en la provincia del Condorcanqui, región Amazonas. Y explotó al amanecer del 16 de marzo, cuando un grupo de ex combatientes del Cenepa irrumpió en el campamento de la Compañía Minera Afrodita S.A. y procedió a destruir sus instalaciones.

Los ex soldados señalaron que habían decidido desalojar a la empresa, que permanece en la zona desde hace diez años, porque carece de permiso para operar y porque las autoridades regionales no hacen nada para sacarla a pesar de los insistentes reclamos que les han presentado.

Dijeron que también comunicaron y alertaron a Defensoría del Pueblo y a la Presidencia del Consejo de Ministros de lo que podría ocurrir.

Cuando llegaron al campamento minero, los indígenas awajún encontraron a una sola persona que estaba a cargo del cuidado de la sede, hecho que les facilitó la destrucción de la maquinaria y otros implementos que encontraron.

En declaraciones a un medio local, los atacantes manifestaron que “hemos sido bien claros desde hace mucho tiempo, que desalojaríamos a la empresa minera Afrodita ante su insistencia de permanecer en la Cordillera del Cóndor a pesar de no contar con ningún permiso”.

Tras alegar que solo quieren defender su territorio, los reservistas lamentaron que ahora los llamen delincuentes cuando antes eran considerados patriotas por defender la frontera del país.

Afrodita insistirá

El gerente general de Afrodita, Jorge Bedoya Torrico, señaló que el gobierno regional de Amazonas ha cometido una serie de infracciones y arbitrariedades en contra de su empresa, pero que, al margen de ello, Afrodita cuenta con todos los permisos legales.

Explicó que el proyecto tiene aspectos sociales y económicos positivos. Detalló que el lado social se sustenta con el programa de desarrollo de las comunidades nativas adyacentes, el mismo que fue felicitado en su momento por el gobierno regional y

por las organizaciones indígenas Orpian y Aidesep.

Sostuvo que en lo económico generará recursos para la ocupación sostenible de la frontera.

“La Compañía Minera Afrodita S.A.C. continuará haciendo sus mayores esfuerzos en la ejecución de este proyecto. Es en virtud a esto que exhortamos a las autoridades competentes a actuar de forma oportuna, en función a sus alcances y competencias”, indicó el ejecutivo minero.

El dato

La presencia de Afrodita ha dividido a los comuneros. Mientras la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) rechaza la minería, la Organización de Desarrollo de Comunidades del Alto Comainas (Odecoac) considera que puede ayudarles en su desarrollo.

Fuente:http://larepublica.pe/impresa/politica/861680-reservistas-awajun-destruyen-campamento-minero-de-empresa-afrodita

Comunidades campesinas de Espinar en Perú cambiaron su forma de pensar y después de años de esperar que la minería sea la solución, se dieron cuenta de que necesitaban conservar su agua y buscar el reconocimiento como Área de Conservación Regional (ACR).

¿Cuántas hectáreas serían conservadas con la categorización de esta nueva área?

¿Cuál es la actividad económica con la que buscan reemplazar a la minería?

Santos Huamaní —de cincuenta y cuatro años, y de un metro con sesenta centímetros de altura— señala con el dedo un pequeño riachuelo que baja desde la punta del cerro. “Cuando era niño eso era como un río, no lo podíamos cruzar. Ahora da pena”, dice y sigue caminando colocando las manos atrás, dando pasos lentos hacia lo más alto para llegar a su casa, a cuatro mil ochocientos metros sobre el nivel del mar.

Los recuerdos del actual presidente de la comunidad de Manturca, distrito de Coporaque, provincia de Espinar, Cusco, están claros. “Antes había más agua. Ahora en época seca da ganas de llorar, es triste, los animales se ponen flacos, no hay nada”, cuenta Santos Huamaní.

Cuatro horas separan a Cusco de Espinar. Una ruta llena de curvas, cielos relucientes y nubes que parecen de algodón. Un camino que prepara al visitante para un paraje destinado a sorprender. Dicen en Espinar que albergan la segunda maravilla del Cusco y quieren hacerla conocida en todo el mundo. Sin embargo, cuando buscas información sobre Espinar en Google, te topas con tres palabras que retratan un escenario distinto: minería, contaminación y metales pesados. Un panorama que hoy se quiere cambiar.

Acá estamos

Esta zona de Cusco que limita con Arequipa y Puno, sirvió como un corredor en la época de la colonia que conectaba las áreas ganaderas de la región altiplánica sur con los valles interandinos del Cusco, como se detalla en el estudio “Minería, desarrollo y gestión municipal en Espinar”, realizado por Servicios Educativos Rurales (SER) y el especialista Eduardo Cáceres. Basta andar unos minutos en los alrededores de Espinar, para darte cuenta de que su principal actividad económica sigue siendo la crianza de alpacas, llamas y ovejas.

“Espinar forma parte de lo que en Cusco se conoce como las provincias altas. Espinar, Chumbivilcas, Quispicanchis, Paruro, son las provincias altas. Y siempre han sido vistas por el centralismo cusqueño como las provincias pobres que basan su economía en la autosubsistencia. Siempre ha sido ninguneada”, cuenta para Mongabay Latam, José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y un experto conocedor de Espinar y su desarrollo en las últimas décadas. A ello, agrega que “la llegada de la minería reestructuró el territorio y rompió una lógica y una dinámica económica, social, cultural y ambiental. Esta actividad genera impactos ambientales significativos y la población responde con levantamientos y quejas”. El 21 de mayo de 2012, luego de una protesta que denunció la contaminación y el inadecuado trabajo de las operaciones mineras, se declaró el día de la dignidad en Espinar, que desde entonces se celebra todos los años. En abril de 2013, el Monitoreo Ambiental y Sanitario Integrado y Participativo del Ministerio del Ambiente confirmó lo que la población ya había advertido: la contaminación de suelos y aguas en Espinar. En agosto de 2015, Margarita Ccahuana Córdova de la comunidad campesina Alto Huancané, ubicada a una hora de Manturca, murió por una enfermedad renal relacionada directamente a una intoxicación crónica con arsénico y cadmio. “No hay voluntad política para solucionar los problemas en Espinar. Hasta ahora no se han hecho bien todos los exámenes para determinar si hay una lógica de causalidad de la presencia de la minería y los impactos ambientales, a pesar de todos saber que sí existen estos impactos”, recalcó De Echave.

“De una manera u otra, la minería utiliza otros minerales que son ausentes en la zona. Estos se infiltran en los suelos y fuentes de agua, se mezclan con el agua de los bofedales y comienza a cambiar de color o tonalidad. La acidez varía, así como también la cantidad de nutrientes. Eso se ha visto en muchas partes del Perú. La mina puede decir que no contamina, pero a varios kilómetros hay una quebrada donde se esta infiltrando el agua contaminada que produce la mina y eso ocurre mucho. Por ejemplo, en la parte alta de Moquegua, en el límite con Puno, cerca de San Antonio de Esquilache, hay un bofedal que se ha secado por completo por la minería. Ahora está negro y eso no se puede volver a recuperar. La contaminación ha matado la diversidad biológica que había ahí”, dijo para Mongabay Latam, Daniel Montesinos Tubée, Ingeniero Agrónomo, Magister en Ciencias Forestales y Doctor en Ciencias Ecológicas (PhD) de la Universidad de Wageningen, Holanda, que durante los últimos años se ha pasado estudiando los pajonales altoandinos de Cusco, Puno, Moquegua y Arequipa.

A conservar

El Gobierno Regional de Cusco, junto a las comunidades campesinas de Manturca, Cerritambo y Mamanihuayta, de los distritos de Coporaque y Suyckutambo, en Espinar, han decidido proteger lo más preciado que tienen: el agua. Para ello, están pidiéndole al gobierno la categorización de más de 39 000 hectáreas de páramos, quebradas y montañas, como Área de Conservación Regional (ACR) a la que han llamado Tres Cañones. “Se quiere mejorar la calidad de vida de las tres comunidades. Creemos que conservando este territorio, se pueden promover otras actividades como el turismo, que puede generar ingresos sin afectar el entorno. En este contexto, vamos a reforestar 100 hectáreas de colle, queuña y demás especies nativas, y así ayudar a la regeneración de los suelos”, dice el ingeniero Alberto Gonzáles Puma, Responsable del repoblamiento vegetal del ACR Tres Cañones. Hay que resaltar que además de esta área, hay tres más que la región quiere impulsar: el circuito Cuatro lagunas en la provincia de Acomayo, la cadena de nevados de Ausangate en el distrito de Ocongate y la zona de Urusayhua en La Convención.

Tres Cañones es un lugar mágico. Es donde se unen los ríos Cayomani, Cerritambo y Apurímac, para formar el Gran Apurímac. Caminar en esta zona es realmente especial. A más de 3900 metros sobre el nivel de mar, puedes encontrar profundos farallones de hasta más de 200 metros de profundidad, donde se pueden hacer deportes extremos como rapel o escalada. Te puedes topar con impresionantes bosques de piedras formados hace más de 2000 millones de años que parecen salidos de una película del Señor de los Anillos. Te puedes refrescar en ríos de agua fría y transparente que van brotando de ojos de agua y de las partes más altas de las montañas. Especies amenazadas como el puma, la vicuña, la gallareta gigante, el picocono gigante, el flamenco común, el zambullidor plateado y el sapo andino buscan vivir en armonía. Además, se encuentra el complejo arqueológico Mauka Llaqta, repleto de construcciones circulares y semicirculares, del que se piensa fue un pueblo que abastecía de tejidos, quinua y kañihua a los incas.

En este contexto, el Gobierno Regional de Cusco ya tiene una serie de planes para la zona una vez el Estado entregue la categorización como ACR. “Se implementarán centros de investigación con viveros experimentales para estudiar las formas de reproducción de la flora amenazada en el área y a su vez se capacitará a las comunidades para plantar especies nativas que se encuentran en peligro de extinción. Para ello se dotara de un vivero con tecnología moderna, los insumos vegetales serán recolectados en el área de influencia del proyecto con la finalidad de ya estar adaptadas a las condiciones climáticas, edáficas y de altura. Los plantones producidos en estos centros serán plantados en zonas dentro del área del ACR”, explicó.

Pero también quieren trabajar en el repoblamiento de especies en peligro como las vicuñas. La conservación de este camélido es vital porque “permite la recuperación de otras especies nativas, como el cóndor, la taruca y las aves” y agregó además que  la vicuña puede generar ingresos económicos para la comunidad, “con la venta de la lana, tema en el que también capacitaremos a los pobladores”, cuenta a Mongabay Latam, la bióloga Mariela Caballero del Castillo, Especialista Ambiental del Gobierno Regional Cusco y actual residente del proyecto del ACR. Es así que los pobladores se han empezado a interesar por la conservación y el turismo, en lugar de seguir esperando que actividades extractivas como la minería traigan el tan añorado desarrollo sostenible de la zonas altas de Cusco.

El clima está cambiando

Santos Huamaní mira al horizonte y sigue señalando con el dedo. “Aquí no más es Arequipa. Al otro lado está Puno. Lamentablemente no se ve porque está nublado. Ya no se sabe cómo va a estar el clima”, dice el presidente de su comunidad, quien espera que con la categorización de ACR, puedan recibir más apoyo y visitas.

“Nosotros queremos el ACR porque nuestros recursos propios están desapareciendo. Antes vivíamos natural, sanos, hasta medicina sacábamos del monte. Pero ya no hay nada de eso. Ahora tenemos contaminación. El tiempo ha cambiado. Por ejemplo, la lluvia se iniciaba en agosto, setiembre, y era ideal para empezar a sembrar. A partir de diciembre la lluvia ya caía con fuerza. En cambio, por ejemplo, ahora estamos fines de febrero y recién está empezando la lluvia”, vuelve Huamaní y agrega: “si nosotros no le dejamos un lugar sano a nuestros hijos y nietos, ¿quién lo va a hacer?”.

Sin embargo, este recién es un primer paso, en el que el Gobierno Regional de Cusco (GORE Cusco) tiene muchas expectativas y responsabilidades. “El GORE (Cusco), una vez categorizada el área, tiene que incluir dentro del Plan Maestro algunos programas enfocados al manejo de pastos, agua, agricultura sostenible y obviamente impulsar la actividad turística con la plena participación de la población local. Hay mucho por hacer, como mejorar la carretera, poner senderos y miradores, mucha información o señalética, para que sea un atractivo bien informado de los visitantes. Se tiene que generar una activa dinámica de actividades que la población y autoridades tienen que realizar en busca de una mejor calidad de vida de la gente”, dijo para Mongabay Latam, Ronald Catpo, Director de Áreas para la Conservación de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) que trabaja apoyando el cuidado y protección de los territorios en Cusco y Madre de Dios.

Importancia

Los pajonales altoandinos predominan en Tres Cañones. Es un ecosistema localizado entre los 3000 y 4500 metros sobre el nivel del mar. En Perú se encuentra principalmente en la zona central de los Andes y se extiende hacia el sur, desde Cajamarca, Junín, Huánuco, Huancavelica, Pasco, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua hasta Tacna. Es una esponja natural muy delicada, por eso las quemas y el sobrepastoreo hacen que no se pueda restablecer como debería. Es por ello que es una importante fuente de agua que necesita ser conservada, como lo recomiendan quienes han estudiado este ecosistema. “Además, los pajonales resguardan especies endémicas. Y esas son plantas o animales que son propios de ese lugar, que han evolucionado en esa zona y por ende son diferentes a otras especies. Si ese ecosistema se daña o se malogra, esa especie endémica se extingue. Con la conservación se protege a largo plazo. Y eso es algo que cuesta hacer entender a la población”, dijo Daniel Montesinos Tubée, ingeniero agrónomo y sobre todo un apasionado de los pajonales altoandinos.

“Los pajonales de altura se caracterizan por tener bofedales y estos son como comunidades de plantas subacuáticas donde se almacena mucho carbón. Entonces, si uno cava un bofedal, puedes encontrar varios metros de carbón que ha sido almacenado por miles de años. Entonces, estos bofedales que son las principales nacientes de agua, tienen altos contenidos de nutrientes. Cuando uno seca el bofedal, está secando estos colchones de agua permanentes”, puntualizó Montesinos Tubée. A esto, Catpo agregó una razón más para  la conservación de estos espacios, ya que “también están asociados a unos tubérculos de importancia local para autoconsumo o comercio como el olluco, oca y mashua. También sus pastos son utilizados para la construcción de techos y adobes. Inclusive generan un microclima que regula las condiciones de temperaturas extremas”.

Una de las especies que abundan en Tres Cañones es la queuña (Polylepis). Capaz de crecer hasta por encima de los 5000 metros de altura a muy bajas temperaturas, regula el clima, almacena el agua, previene la erosión de los suelos y dicen que tan solo utiliza el 5 % del agua que necesita un eucalipto. En la misma línea, “mantienen un equilibrio biológico con otras especies. Es decir, la queuña, que es el árbol que predomina en Tres Cañones, necesita de diversas especies de aves e insectos para la polinización. Se crea un ciclo biológico donde hay continuamente visita de especies de fauna a la zona. Y eso ayuda a que se mantenga un equilibrio. Si uno quema los bosques o los pajonales, estos animales migran, se van, desaparecen. También es de vital importancia la conservación de estos bosques por todo el oxígeno que nos dan los árboles”, dice Montesinos Tubée, reafirmando la importancia de conservar esta futura ACR, donde se encuentra el más extenso bosque de queñua del sur de Cusco y el norte de Arequipa, con 2348 hectáreas, además de dos rodales de Puya de Raimondi que representan el 25 % de todos los rodales de esta especie en el Cusco.

La unión hace la fuerza

En la comunidad campesina de Cerritambo también han entendido la importancia de su conservación. “El agua, la alimentación, es lo básico. Con el dinero no pasa nada. Si nadie produce comida, ¿qué vas a comprar?”, dijo el presidente de la comunidad Mauricio Víctor Cajibilca, a Mongabay Latam, mientras pasteaba sus alpacas al lado de su casa. “Nos estamos yendo al facilismo de la mina. No hemos estado pensando en el futuro. Estamos a tiempo de cambiar y por eso queremos conservar nuestra tierra. Agua es lo que necesitamos”, sentenció la autoridad local. A unos metros de él, estaba Santos Huamaní contando y señalando con su dedo cómo esos altos montes andaban cubiertos de nieve, cómo esos pajonales eran “verdes de verdad”, y cómo todos esos campos alguna vez estuvieron repletos de ovejas, llamas y alpacas.

A treinta minutos de distancia de Cerritambo, está la comunidad campesina de Mamanihuayta. Y la situación en la que viven no se diferencia mucho a lo que sucede en Cerritambo y Manturca. Es por ello, la decisión firme de conservar sobre todas las cosas. “Para ser sinceros, la minería no ha apoyado mucho. No es dable. Las comunidades que están más cerca son las que reciben algo, pero a la vez les contaminan sus ríos y se quedan sin agua limpia. Contaminados están. Nosotros estamos promoviendo que nuestros jóvenes se empiecen a dedicar a otras actividades como el turismo. Sabemos que es algo que será un proceso pero no estaremos destruyendo lo nuestro”, declaró Marcelino Ccama Hancco, presidente de la comunidad campesina de Mamanihuayta. “Acá tenemos lugares preciosos, estamos en un sitio privilegiado”, afirmó esta autoridad que no está lejos de la verdad.

Si uno sigue por el camino afirmado que corre paralelo al río Apurímac, rumbo al sur, además de toparse con cañones profundos y espectaculares paisajes, llegará al reconocido Cañón del Colca en Arequipa, la casa del cóndor andino y una de las maravillas del Perú. “El Gobierno Regional Cusco en alianza con el Gobierno Regional de Arequipa viene potenciando la implementación del corredor turístico (Tres Cañones-Colca) lo cual permitirá el incremento de la afluencia de turistas a la zona. Es así que la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo viene capacitando a la población sobre la diversidad de servicios turísticos que deben estar preparados para recibir a los visitantes”, cuenta Mariela Caballero del Castillo, del Gobierno Regional de Cusco.

Buen vecino

En diciembre de 2010, se logró la categorización del ACR Choquequirao en Cusco. Más de 103 000 hectáreas repletas de restos arqueológicos y una vida peculiar que colinda con el Santuario Nacional Machu Picchu. La diferencia de esta zona cusqueña con Tres Cañones es que desde hace muchos años recibe turistas que buscan rutas alternativas en Cusco. “Esta ACR conjuga dos elementos importantes turísticamente. Dentro tiene el parque arqueológico del mismo nombre y a su vez se ubica al lado del Santuario Histórico de Machu Picchu. Tiene una alta belleza paisajística gracias a sus nevados, encabezados por el imponente Salcantay, caminos incas, bosques de montaña, especies endémicas y amenazadas como el oso de anteojos, puma, el cóndor andino y el gallito de las rocas”, nos cuenta Ronald Catpo, que espera un poco más de acción por parte de las autoridades en esta área natural protegida y en todas las que estén por llegar. No son suficientes las buenas intenciones. La categorización tiene que venir acompañada de más trabajo por parte del Gobierno Regional de Cusco.

“El turismo ha sido el principal beneficio de Choquequirao, y así quisiéramos que sea en Tres Cañones. El turismo ha permitido implementar actividades como el arrieraje, elaboración y venta de artesanías y diversos servicios turísticos donde la población involucrada participa organizadamente a través de organizaciones comunales. Calculamos que se han beneficiado un total de 250 familias, entre las comunidades de Marampata, Yanama, Totora, Collpapampa, Huaracmachay, que es la mitad de las que hay en la zona”, comenta para Mongabay Latam, Mariella Caballero, que difiere un poco con la opinión de Catpo.

“Sinceramente, hasta ahora no se ha evidenciado un beneficio directo asociado al ACR. Hay una relativa mejora en la promoción de la actividad turística por parte de las empresas interesadas, pero no se define claramente como algo asociado al ACR, sino más bien al complejo arqueológico principalmente. Se han realizado algunas acciones orientadas a la mejora de la organización y fortalecer capacidades de personas que brindan servicios de turismo (arrieros), pero no se ha hecho mucho más. En este tiempo, no han podido conseguir financiamientos que permitan desarrollar los programas y actividades del Plan Maestro, y tampoco hay una presencia continua o permanente del personal del GORE en la zona”, afirma un preocupado Catpo, que espera que la conservación, con todas las actividades económicas que incluye, pueda llevar a las comunidades cusqueñas a tener una mejor calidad de vida y cuidar el agua que cada vez se hace más escasa

Fuente:https://es.mongabay.com/2017/03/posible-cambiar-la-mineria-la-conservacion-bosques/

Cuando apenas se iniciaba la construcción del proyecto Las Bambas, éste fue reconfigurado. Se reemplazó el medio de transporte del mineral (de mineroducto a carretera), se trasladaron las plantas de procesamiento del molibdeno y filtros de la provincia de Espinar (Cusco) a la provincia de Cotabambas (Apurímac), se redefinió la zona de influencia, entre otros cambios. Para ello utilizaron dos instrumentos:

La modificatoria del Estudio del Impacto Ambiental

                                                                       Los Informes Técnicos Sustentatorios

El primer instrumento debe usarse para cambios importantes y su aprobación tiene un trámite similar a la aprobación de un EIA, que incluye mecanismos de participación ciudadana y opiniones técnicas de otras entidades públicas. Los segundos, debe usarse para cambios que no se consideran significativos y su aprobación es rápida (15 días), no requiere de mecanismos de participación ciudadana ni de opiniones técnicas de otras entidades públicas.

Hasta la fecha se han realizado dos modificatorias del EIA y se han aprobado cuatro ITS en el caso Las Bambas, el último de los cuales se aprobó el año pasado. El traslado de las plantas de molibdeno y filtros se hicieron con este instrumento.

Los cambios realizados generaron malestar en la población el año 2015. Sobre las modificatorias del EIA señalaron que no tuvieron conocimiento de mecanismos de participación ciudadana y cuestionaron la validez de los eventos informativos que aparecían registrados en los expedientes. Denunciaron que las listas de asistencia que se consignaban tenían nombres de niños, de personas fallecidas y en algunos casos, de personas que aseguraban no haber participado en ningún evento. En relación a los ITS señalaron que tenían un desconocimiento total de los mismos.

Como la construcción del proyecto ya se encontraba avanzada, los dirigentes de las organizaciones sociales demandaron en el espacio de diálogo constituido contar con una opinión técnica independiente que les permita saber cuáles serían los reales impactos negativos de los cambios realizados, para que luego se pueda solicitar, de ser el caso, la adopción de las medidas necesarias para mitigar o prevenir esos impactos y evitar riesgos para sus actividades económico-productivas y sus propias vidas. El gobierno de Humala respondió con un rotundo «no». Las razones esgrimidas eran que se estaba planteando una revisión de la aprobación de las modificatorias del EIA y de los ITS cuando no se apelaron en su momento y que ya no era posible. Además, implicaba para el gobierno poner en duda sus propias decisiones, que las consideraban correctas.

Para los pobladores de Cotabambas esas afirmaciones no les satisfacían debido a que la realidad las cuestionaba. El ejemplo más claro era el transporte minero por carretera, sus impactos en cultivos, pastizales y en las propias personas (polvo, ruido, vibración, congestión vehicular, huecos ocasionados por el transporte pesado, etc.) no habían sido adecuadamente determinados y dimensionados en la modificatoria del EIA y por lo tanto, la medida de mitigación (regado) era a todas luces insuficiente.

Posteriormente, y en el ánimo de facilitarles las cosas al Estado, y teniendo en cuenta la normatividad vigente, los dirigentes de Cotabambas plantearon la necesidad de una opinión técnica independiente y la realización de una actualización del EIA o la formulación de un EIA integrado. Frente a ello no hubo respuesta.

Sobre la actualización del EIA, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero aprobado por D.S. 040-2014-EM, en su artículo 128 señala:

«El estudio ambiental aprobado, debe ser actualizado por el titular minero al quinto año, contados a partir de la fecha de inicio de la ejecución del proyecto y de manera consecutiva en periodos iguales, en los componentes que lo requieran, de acuerdo con lo dispuesto en las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. La actualización comprende: el análisis de los impactos reales de la operación en curso en los recursos agua, aire, suelo, fauna y flora y otros aspectos ambientales y sociales, contenidos en el estudio, sobre la base de los reportes de monitoreo u otra fuente de información, a fin que de ser necesario, se propongan mejoras en la estrategia de manejo ambiental aprobada. En función a la información antes señalada, se deberá actualizar el estudio ambiental, en los componentes que correspondan, y presentar una versión integrada del mismo, considerando todas las modificaciones realizadas en las operaciones en el periodo de la actualización. (…)».

La opción de un EIA integrado se apoya en la primera disposición complementaria final de la norma citada que señala:

«1. Los titulares mineros que respecto de una misma unidad minera cuenten con dos o más estudios de impacto ambiental aprobados y modificaciones a éstos; y/o Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y estudios de impacto ambiental; deberán integrar el contenido de los planes de todos estos documentos y actualizar su plan de manejo ambiental, de conformidad a los respectivos Términos de Referencia que apruebe el MINEM, con la opinión favorable del MINAM, de tal forma que cuenten con un solo instrumento de gestión ambiental para su unidad minera. Esto sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades ambientales que pudiesen imponerse, en caso de incumplimiento de los instrumentos ambientales a integrar.
2. Para este efecto, se deberá presentar un Estudio Ambiental Integrado, conteniendo las condiciones actuales ambientales de la operación minera.

En octubre del 2016 estalló un nuevo conflicto en torno a la problemática de la carretera por donde se realiza el transporte minero. El conflicto social hizo que el espacio de diálogo fuera dejado de lago y con él su agenda. En el proceso se incorporaron otros actores y las demandas se multiplicaron. El nuevo gobierno ofreció en diciembre del año pasado, a través del vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, un plan de desarrollo para Cotabambas. Y sobre el EIA dijo que habría una modificatoria. ¿Pero esto qué decir? ¿Incluía las demandas planteadas los dirigentes de Cotabambas?

Hace unos días, la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, informó que en marzo la compañía MMG presentará la tercera modificación al estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas: «Ya se han hecho varias reuniones en las que se les ha explicado este procedimiento, certificado sus términos de referencia y ahora estamos en la última etapa, en la espera de recibir el documento que ellos mismos han mencionado que lo enviarán este mes de marzo». Informó también que una vez presentadas las modificaciones del EIA, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) las evaluará durante cinco meses, plazo en el cual habrá un proceso de participación ciudadana.

¿Gato por liebre?

Lo anunciado por la Ministra Elsa Galarza es una nueva modificatoria del EIA que acarrea nuevos cambios, los cuales se suman a los ya realizados.

El Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero, en su artículo 130, se refiere a la Modificación del estudio ambiental señalando que:

«Todos los cambios, variaciones o ampliaciones de los proyectos mineros o unidades mineras, que pudiesen generar nuevos o mayores impactos ambientales y/o sociales negativos significativos, deben ser aprobados previamente. Para este efecto, el titular de la actividad minera debe iniciar el procedimiento administrativo de modificación correspondiente ante la autoridad ambiental competente».

Es decir, el proyecto Las Bambas sigue cambiando. Todo indica que las demandas de la población han sido dejadas de lado. Aunque si hubiera voluntad política de la empresa y del gobierno, podría utilizarse la nueva modificatoria para plantear una actualización del EIA. Al respecto, el artículo 128 del mencionado Reglamento señala que:

«(…) En el caso que los titulares mineros modifiquen sus estudios ambientales, antes del vencimiento del plazo de cinco años, podrán incluir en su modificación, la actualización del estudio de conformidad con el presente artículo, la que deberá contener la matriz de identificación y evaluación de impactos reales actualizados de toda la operación de la unidad minera. En este supuesto, el plazo de la siguiente actualización se computará desde la fecha de inicio de actividades de la modificación aprobada. Sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo, la actualización del estudio ambiental se desarrollará de conformidad con la normativa y documentos orientadores que el MINAM apruebe».

Finalmente, cabe una reflexión. ¿Es conveniente para nuestro país que un proyecto se reconfigure por partes, mediante modificatorias o ITS? ¿A través de esta vía se pueden dimensionar adecuadamente los impactos y sus sinergias, así como establecer las medidas de manejo más idóneas? ¿Se puede realizar cambios significativos a un proyecto, inmediatamente después de que el EIA ha sido aprobado? ¿Qué conductas estamos incentivando con ello? ¿Acaso estamos incentivando que los titulares de proyectos presenten EIA con un determinado contenido solo para lograr su aprobación y luego lo cambien? ¿Qué tipo de minería queremos?

Fuente-.http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/700-las-bambas-sus-modificatorias-y-la-necesidad-un-eia-integrado

Expresa el estudioso Jaime Llosa Larrabure quien asegura que con determinadas medidas se hubiera podido aminorar los daños que causan los huaicos
e inundaciones.

Los desastres que como consecuencia de los huaicos e inundaciones suceden en nuestro país podrían haberse previsto si con años de anticipación se tomaban medidas que minimicen estos efectos que causan tanto dolor en miles de peruanos.

Estudioso del Cambio Climático (CC), sobre el que tiene tres libros escritos, Jaime Llosa Larrabure declaró al diario UNO que el fenómeno que se presenta no es como algunos aseguran consecuencia de un Niño Costero, aunque podría tener algo de eso. “Lo que pasa es todo está alterado, es lo que se conoce como Eventos Extremos”.

“Los niños ocurren en el norte con grandes lluvias y con sequías en el sur, este podría ser uno algo extraño pero los mayores causantes de lo que padecemos son tanto el Cambio Climático como el haber deforestado los cerros: Las raíces de los arboles frenaban el paso del agua y recargaban los acuíferos, lo que ya no sucede y los suelos están erosionados también por el sobrepastoreo” anotó.

RELAVES
Mencionó como otro de los responsables a las empresas mineras que exploran en las alturas y arrojan los relaves mineros a los ríos causando erosión y contaminación en el agua que consumen los animales, malogrando la agricultura y secando los pastos y los bofedales. Ese drenaje ácido no deja que crezca nada y contribuye a la escasez de agua.

Explicó que los bofedales son ecosistemas claves en un medio con clima variable y severo para los organismos y para la producción agrícola de los habitantes de las grandes alturas de los Andes.

“Además, constituyen ambientes apropiados para numerosas especies de fauna y flora nativa, tienen gran influencia en el microclima local, atenuando la sequedad en lugares de clima árido o semiárido del invierno.”

Precisó que el uso de los bofedales por los pobladores y comunidades campesinas es muy antiguo y en épocas secas se convierten en importantes fuentes alimenticias para el ganado principalmente para llamas, alpacas, vicuñas. “Son oasis de agua y vegetación verde de los cuales el ser humano y la fauna andina se nutren”.

Llosa dice que también hay responsabilidad de lo que sucede son los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, por otorgar permiso a las mineras en cabeceras de cuencas y permitir que con sus operaciones de tajo abierto contaminen ríos y naturaleza en general. “La ley especifica que hay que proteger las cuencas, lo que no se cumple”, anota.

MÁS RESPONSABLES
“Un ejemplo claro es el de Tamboraque en San Mateo, Huarochiri, donde se permitió a una minera que entierre sus desechos junto al río Rimac, esos relaves penetran en el río que nos abastece por lo que tomamos agua con metales pesados.”

Dijo que también son responsables las municipalidades que otorgan permisos o no se preocupan de la construcción de viviendas en los cauces o en las orillas de los ríos, por lo que siempre estarán expuestos a estas situaciones de desastre “sin tener en cuenta que los ríos siempre recuperan sus espacios”.

“Antes las orillas de los ríos tenían tenían, además de árboles y carrizos que servían para las construcciones de casas, ahora ya no, entonces se desbordan por las quebradas malogrando casas y chacras.”

Llosa criticó asimismo a Sedapal por invertir en infraestructuras “grises” de cemento y por permitir que las aguas de tratamiento de Taboada que se hizo durante el gobierno de García vayan al mar en vez de ser reutilizadas como en otros países. “Son veinte metros cúbicos por segundo que van al mar y que podrían servir para regar veinte mil hectáreas de cultivos y si son tecnificadas treinta mil hectáreas”.

CAMBIO CLIMÁTICO
El ingeniero agrónomo especialista en Desarrollo Rural en una universidad europea precisó que, según dos especialistas del Centro Tyndall de Inglaterra, entidad especializada en el tema del Cambio Climático Global, el Perú es el tercer país con más riesgos climáticos a nivel mundial.

“Al mediano y largo plazo, la recurrencia de fenómenos climáticos estará afectando la seguridad energética y alimentaria del Perú y, por lo tanto, poniendo en riesgo el desarrollo del país. En este contexto, toda inversión (pública, privada, social, etc.) que se oriente al desarrollo debe considerar estas condiciones recurrentes”, dicen los expertos ingleses.

Llosa añade que “de otro lado, dada la gran diversidad territorial y geomorfológica del país, se genera no solo una gran biodiversidad (somos uno de 16 países megadiversos a nivel mundial), sino también múltiples pisos ecológicos (casi 84% de las zonas de vida del mundo) y de climas (28 de 35 climas mundiales)”.

CALAMIDADES
Puntualiza “esa diversidad también está referida a la variedad de peligros naturales en nuestro territorio: heladas, aluviones, aludes y avalanchas, inundaciones, sequías, vientos huracanados, deslizamientos, entre otros peligros meteorológicos, y al estar en el Anillo de Fuego del Pacífico, tenemos alta sismicidad y vulcanismo”.

Anota seguidamente que los expertos precisan que entre los principales y previsibles impactos del CC está el incremento de los eventos climáticos peligrosos y extremos, como es el caso de heladas, sequías y del fenómeno El Niño, así como el retroceso de glaciares tropicales que representan un importante recurso natural y paisajístico.

“Se estimaba en 22% el retroceso de la superficie glaciar del país y ahora habría llegado al 50 por ciento, con una pérdida de cerca de siete mil millones de metros cúbicos de agua, que equivale al consumo de 10 años de Lima, lo que se traduce además en una menor capacidad de respuesta al cambio climático por parte de las regiones más pobres del Perú.”

Fuente:http://diariouno.pe/2017/03/19/cambio-climatico-deforestacion-y-mineria-la-causa-de-los-desastres/

Luego de una dura batalla legal y después de varios años de lucha y defensa de las comunidades y organizaciones indígenas del Cenepa, el Gobierno regional de Amazonas ha decidido retroceder y anular los permisos que le otorgó a la minera Afrodita para explotar oro en la Cordillera del Cóndor.

Así en diciembre de 2016 el Gobierno Regional de Amazonas anuló la resolución que inscribía territorio indígena y de bosque amazónico como terreno eriazo propiedad del gobierno regional. Luego, el 28 de febrero de 2017, el GOREAM ha declarado improcedente la solicitud de minera Afrodita de constituir un usufructo por posesión sobre ese mismo terreno. Con estas últimas resoluciones, se confirma la actuación irregular y de mala fe de la empresa minera que insiste en explotar oro en esta parte de la Amazonía norte.

Para llegar a ello, el camino recorrido por las organizaciones indígenas en defensa de su territorio ha sido tortuoso. Indígenas awajún y wampis han interpuesto varias acciones judiciales que aún, luego de varios años, no tienen respuesta. Solo las acciones administrativas han surtido efectos, gracias a una incesante acción de denuncia indígena que ha puesto en evidencia la ilegalidad de diferentes procedimientos administrativos llevados a cabo por Afrodita y aprobados por Carlos Navas del Gobierno Regional de Amazonas (GOREAM).

Mediante dichos actos, la empresa Afrodita buscó ingresar en territorio amazónico para explotar oro a como dé lugar. Entre ellos, encontramos que se atentó contra el marco jurídico de protección del bosque otorgándose derechos sobre tierras forestales y zonas de protección; se obtuvo diferentes permisos y certificaciones ambientales mintiendo sobre sus derechos sobre el suelo; se utilizó irregularmente el régimen de la pequeña minería; se utilizaron normas derogadas para validar trámites de servidumbre sobre suelo amazónico e incluso se estableció una alianza irregular con el funcionario del Gobierno Regional, Carlos Navas, quien utilizando recursos públicos, realizó varias reuniones para publicitar los beneficios de la actividad minera de la empresa. Solo así, la empresa logró avanzar e instalar su campamento en lo alto de la Cordillera del Cóndor.

Además, como parte de una estrategia que cada vez es más común entre varios actores del sector extractivo, Afrodita se amparó en la falta de titulación de las tierras indígenas y las normas de acceso rápido a tierras para la inversión previstas por los paquetazos ambientales. Afrodita tiene amplio conocimiento del estatus indígena de estas tierras, no obstante incluso así se atrevió a solicitar en setiembre de 2016 el usufructo de posesión sobre el predio que ocupa de manera ilegal, el que fue recientemente denegado por el GOREAM. Así también los actos administrativos de otorgamiento de servidumbre, de autorización de inicio de operaciones, de inscripción del terreno como eriazo; han sido todos revocados. Tanto la Superintendencia de Bienes Nacionales como el GOREAM han exigido a la empresa desalojar el predio.

Durante las últimas semanas cientos de líderes indígenas de El Cenepa y de las cuencas de la zona han reiterado su rechazo a la presencia de la minería en la zona. Según manifiestan, las actividades mineras en sus bosques amazónicos causan impactos ambientales y sociales cada vez más graves. Dichas organizaciones respaldan las acciones de ODECOFROC, organización indígena de El Cenepa, protagonista de la lucha contra la explotación minera en la Cordillera del Cóndor. Los dirigentes indígenas exigen el efectivo desalojo del campamento minero de Afrodita instalado en sus territorios.

No obstante, la empresa rehúsa a marcharse. En un intento desesperado, Afrodita ha logrado cooptar a un grupo de comuneros a quienes llama a «repoblar» la zona de frontera. Afrodita y sus aliados promueven la formación de organizaciones indígenas paralelas que acepten la minería de oro en el bosque, para ello les promete el 10% de sus utilidades.

El escenario de tensión se mantiene en la zona. La presencia irregular de Afrodita y su insistencia en operar fuera de la ley, promueven el conflicto y los enfrentamientos entre indígenas. No en vano, en el 2013, Afrodita fue calificada como la empresa que más conflictos sociales ocasionaba en Perú (Semana Económica 2013), además de encontrarse en la base de los reclamos del pueblo Awajun y Wampis en los lamentables hechos del Baguazo, en el 2009.

Otra vez, el caso de la minera Afrodita nos recuerda la vulnerabilidad de nuestros bosques amazónicos y territorios indígenas frente a la expansión de las empresas mineras y su fiebre por el oro. Son este tipo de empresas, de actitud irresponsable y de mala fe, las que se encuentran en la base de los conflictos socio ambientales a lo largo del país.

Fuente:http://www.vigilanteamazonico.pe/vigilancia-y-comunicacion/galeria-multimedia/noticias/731-la-lucha-indigena-por-la-cordillera-del-condor-anulan-permisos-a-minera-afrodita.html

Justicia. 16 líderes ronderos y ambientalistas de la provincia de Celendín (Cajamarca) fueron absueltos esta mañana del presunto delito de secuestro en un caso en el cual la Fiscalía había pedido nada menos que 36 años de prisión.
El caso se origina en 2013, durante el conflicto social por el megaproyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha. El 26 de abril de dicho año, un grupo de dirigentes sociales asiste a una reunión convocada por el gobernador del distrito de Sorochuco, y le piden que la misma se traslade a la Plaza de Armas de la localidad a fin de que el conjunto de la población pudiera escuchar y participar de la discusión en torno al proyecto minero. La reunión dura alrededor de dos horas, durante las cuales los vecinos de Sorochuco hacen oír su voz de rechazo a Conga, en tanto que el gobernador defiende el proyecto. Posteriormente, el gobernador interpuso una denuncia por secuestro agravado alegando que se le había conminado a participar de dicha reunión pública bajo amenazas y utilizando piedras, palos y armas blancas, acusaciones que han quedado desvirtuadas al cabo de casi cuatro años de proceso legal.
El Juzgado Colegiado Supra Provincial determinó en su fallo la inocencia de los líderes acusados y la inconsistencia de las pruebas presentadas por el entonces gobernador de Sorochuco. La lectura de la sentencia completa tendrá lugar el 28 de marzo.
“Aún hay varios casos post conflicto Conga, sobre todo los líderes han estado siendo acusados de manera sistemática por varios cargos. Este caso era especialmente preocupante porque la Fiscalía pedía hasta 36 años. Pero hay otros casos más”, explica Mirtha Vásquez, abogada de los líderes ambientalistas.
Semanas atrás, un conjunto de organizaciones de derechos humanos difundió un pronunciamiento donde alertaba por este caso y lo consideraba una muestra de la criminalización de la disidencia. “Las organizaciones que suscribimos este documento estamos profundamente preocupadas que, ante la movilización social legítima, la respuesta del Estado sea el uso de la fuerza y uso del derecho penal contra los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente”, señalaba el pronunciamiento.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/16/03/2017/alerta-absueltos-16-l-deres-de-celend-n-en-caso-conga

En los últimos días, el gobierno ha insistido sobre la necesidad de viabilizar y reforzar la cartera de proyectos mineros, que durante los próximos cinco años permitirían una inversión de US$14,000 millones. Sin embargo, y en paralelo, también se vienen anunciando próximas medidas de una reducción mayor de los estándares ambientales (o «sinceramiento», como lo ha llamado el MINAM: La República, 01-03-2017) y un conjunto de simplificaciones de trámites (Gestión, 28-02-2017) (esto último, en un Estado sin institucionalidades fuertes, permite menor rigurosidad al momento de otorgar las autorizaciones).

Grafico muestra (Inversiones a nivel mundial en exploraciones mineras, 1993-2016)

En vez de «sincerar» normativa, la pregunta central para todos los peruanos y peruanas, en momentos como los actuales, debería de ser en qué país queremos vivir en los próximos años. ¿Cuánta corrupción estamos dispuestos a tolerar? ¿Cuánta inseguridad ciudadana? ¿Cuánta contaminación del medio ambiente? ¿Cuánto contrabando?, etc.

El argumento para rebajar estándares y flexibilizar permisos, que viene repitiendo el actual gobierno y la SNMPE, es que las inversiones mineras en Perú están cayendo, principalmente en exploración. Pues es una «verdad a medias» y bastante tendenciosa si no se hace hincapié en las tendencias mundiales. De hecho, en la última semana de febrero, durante la Convención Internacional de Prospectores y Desarrolladores Mineros en Canadá, la más importante del mundo, apareció el último reporte de tendencias mundiales en la exploración minera, en el que se confirma un descenso drástico y continuo por cuarto año consecutivo desde el año 2013 (ver gráfico 1). La primera conclusión que debemos sacar es que el Perú no padece de ninguna «maldición minera» que no se esté viviendo en otras partes del mundo.

Lo segundo. Un dato clave es preguntarnos sobre el origen del descenso de las inversiones mundiales. Pues la respuesta aparece en el mismo gráfico anterior: junto a las barras que indican las inversiones mineras en exploraciones año a año, la línea azul indica el nivel de precios de los minerales1, y ambos datos siguen perfectamente la misma tendencia o camino. Es decir, para la industria minera a nivel mundial, el factor clave para invertir son los precios internacionales. De hecho, sin la subida reciente del precio del cobre no se podría explicar el interés de Anglo American por retomar el proyecto Quellaveco (paralizado en los últimos años por los bajos precios). Lo tercero que hay que tener en cuenta es que, en términos relativos, el Perú no ha variado sustancialmente su participación en las exploraciones mineras a nivel mundial. Luego de Canadá y Australia con una participación de 14% y 13%, respectivamente, y que lideran históricamente estas inversiones, le siguen EEUU (7%), Chile, China, Perú y México (6%), Rusia (5%), Sudáfrica y Brasil (4%), etc. Si comparamos este mapa frente a los últimos años, vemos que estas participaciones han variado mínimamente.

Esta campaña ya es conocida, y empezó el año 2013 con los primeros paquetazos ambientales. Sin embargo, una vez más no se contempla la otra realidad del país («la no empresarial»). Un dato revelador y reiterado numerosas veces es que el 70% de los más de 200 conflictos mensuales registrados por la Defensoría del Pueblo tienen como origen demandas socio ambientales. Por otro lado, 45% del total de conflictos son mineros, según cifras de la Defensoría y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Sin embargo, ¿Qué estándares está ofreciendo el actual gobierno para solucionar los conflictos sociales? ¿Existe voluntad política en el presidente para crear un sistema nacional de conflictos, que tenga un enfoque de derechos que ampare a todos los peruanos y peruanas? ¿Seguirá concentrado únicamente en el adelanto social (obras públicas) para apaciguar cualquier vulneración de derechos? ¿Podemos aspirar a un estándar que asegure «ni un muerto más por conflictos» (en los últimos diez años ha habido 270 fallecidos y 4,600 heridos por conflictos sociales)? ¿Seguiremos siendo uno de los países más coercitivos en la región en términos de criminalización de la protesta? ¿Cuáles son los estándares para estos temas? ¿A qué convivencia ciudadana aspiramos?

Esta manera de encarar al país, a veces tan claramente economicista y sin instituciones, nos lleva a recordar que el 2001 se retorna a la democracia en el Perú, pero a una «democracia inconclusa», ya que con los años no se encararon las grandes reformas ni mucho menos se logró de que todos los peruanos y peruanas podamos dialogar y decidir en igualdad de condiciones.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/695-verdades-a-medias

La Junta de Acreedores de Doe Run Perú ha programado para el 10 de marzo la primera subasta de los activos de la empresa: Complejo Metalúrgico de La Oroya y la Unidad Minera de Cobriza.

Para el complejo la Oroya se fijó un precio de 336,78 millones de dólares y para Cobriza 70,78 millones de dólares, haciendo un total de US$ 407,56 millones, según informó Doe Run.

El precio base para la subasta corresponderá a las 2/3 del valor convencional de cada una de las unidades productivas. La junta de accreedores de Doe Run aprobó también las  bases integradas y modelos de contrato de compraventa. Previa a esta aprobación se modificó, entre otros puntos, las fechas para la segunda y tercera subasta, quedando establecidas para el 21 y 30 de marzo del presente año, respectivamente.

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/peru/doe-run-peru-asi-se-llego-nueva-subasta-noticia-1968446/3

La minera Santa Luisa Mining ha desconocido la mesa de diálogo conformada tras la protesta de los pobladores de la comunidad campesina de Llamac, en Áncash, por la ilegal posesión de sus terrenos en el tramo Salhuayoc-Taulimpa, por más de 22 años.

El comunero Giovani Aliaga, miembro de la comisión de negociación, relató que en 1995 la empresa les solicitó, de forma temporal, una trocha carrozable para realizar trabajos de exploración, pero con el paso de los años la retuvieron arbitrariamente.

«La empresa ha desalojado a un grupo de campesinos que recuperó sus tierras. El 7 de marzo pasado, un contingente policial ha destruido sus corrales y sembríos», dijo.

Indicó que la comunidad vendió a la minera 1,500 hectáreas para la explotación de cobre, zinc y plata, pero no la zona que la empresa usa como vía de transporte de mineral.

Precisó que Santa Luisa Mining no ha cumplido con los compromisos de responsabilidad social y el Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado sin audiencia pública y habría indicios de contaminación.

Aliaga denunció que a inicios de marzo se realizó la cuarta mesa de diálogo, pero en la práctica, la minera ya pateó el tablero. El experto en temas mineros, Juan Aste, detalló que la minera ya adelantó su postura, en el sentido de que mantendrá la posesión de las zonas que son reclamadas por la comunidad de Llamac.❧

Fuente:http://larepublica.pe/impresa/politica/855945-campesinos-de-llamac-denuncian-minera-por-apropiarse-de-sus-terrenos