Perú

Proyecto de Aramayo le abre la puerta a la trata y a la explotación infantil

Si se excluye a la minería ilegal de la Ley contra el Crimen Organizado, tal como pretende el fujimorismo mediante el proyecto de ley N° 1095, se cedería posición ante el incumplimiento de normas ambientales, explotación infantil, trata de personas, evasión tributaria, entre otras situaciones que lindan con lo penal.

Así lo advirtió el experto en temas mineros, Rómulo Mucho, quien añadió que también se restaría importancia a los avances significativos alcanzados en la materia, sobre todo en las minas auríferas de la selva, donde se han conformado cooperativas y asociaciones para emprender el camino a la formalización.

“Es un tema muy delicado, todos somos peruanos, y al igual que en el resto de actividades económicas, en la minería la informalidad campea, pero lo ilegal es ilegal y no se puede admitir porque invade áreas reservadas”, comentó.

En la justificación del proyecto de ley 1095-2016, presentado por la congresista Alejandra Aramayo, se menciona que el Ejecutivo no ayudaba en el proceso de formalización minera, sin embargo, el director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pedro Solano, consideró que “están mal informados”.

“Los mineros formalizables difícilmente van a caer en el caso de minería ilegal y los mineros ilegales de ninguna manera van a poder ser formalizados”, indicó.

Solano también explicó por qué la minería ilegal tiene las características de crimen organizado.

“Hay mafias, hay una cantidad de dinero impresionante, mayor que el del narcotráfico, hay trata de personas, hay formas de esclavitud. Tiene todos los atributos del crimen organizado”, sostuvo.

Añadió que los motivos por los cuales no ha avanzado la formalización no tienen nada que ver con la criminalidad de los mineros ilegales.

Son delitos

El ex viceministro de Gestión Ambiental José de Echave explicó que el 28 de febrero de 2012 se publicó el Decreto Legislativo N° 1102 que incorporó al Código Penal los delitos de minería ilegal.

El artículo 307°-A del mencionado Decreto especifica que el delito de minería ilegal será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años al que realice actividad de exploración, extracción o explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause daño al ambiente, la calidad ambiental o la salud ambiental.

Posteriormente, el 19 de abril de 2012 fue publicado el Decreto Legislativo N° 1105, que en su artículo 2 diferencia a la minería informal de la ilegal, definiéndola como la actividad que se realiza en zonas no prohibidas.

Se considera mineros informales a los que, pese a no contar con todas las autorizaciones correspondientes, sí han iniciado el proceso de formalización.

“Por lo tanto, cuando se habla de proceso de formalización no se puede estar hablando de minería ilegal. ¿Por qué la congresista Aramayo y sus colegas de la bancada fujimorista pretenden seguir confundiendo?”, dijo el economista de Cooperación.

Recordó que en plena campaña electoral del 2016, Keiko Fujimori firmó un acta con la Central de Cooperativas de Mineros de La Rinconada, en Puno, comprometiéndose a traerse abajo el proceso de formalización minera.

Fue la Federación Minera de Madre de Dios el único gremio que mostró su posición favorable al Proyecto de Ley.

En comunicado, reclamaron que la actual ley de formalización no ha permitido integrarlos a la legalidad, ya que en los cinco años de vigencia solo logró formalizar a 115 de los 72 mil mineros que se inscribieron con ese fin.

Cabe indicar que La República se intentó comunicar con la congresista Alejandra Aramayo sin éxito. Sus asesores indicaron que quizá el lunes podríamos recoger su versión del tema.

Una actividad altamente rentable

En 2016, las organizaciones criminales en Perú ganaron US$ 2.6 millones por la producción y venta de oro obtenido de forma ilegal; mientras que las redes dedicadas al narcotráfico tuvieron rentabilidad de hasta US$ 1.000 millones, según cifras de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.
La subdirectora de la INL, Heidi Gómez, dijo que el avance de la minería ilegal y su alta rentabilidad, lamentablemente, ayudan a financiar a las redes criminales, generando un círculo vicioso.

 

 

 

Cabe destacar que en febrero de este año, los gobiernos de Perú y Estados Unidos firmaron un acuerdo de entendimiento para combatir la minería ilegal.
 Entre las actividades para enfrentar el problema se prevé cómo promover el oro sostenible, puesto que el 28% de la producción total de oro en el país tiene procedencia ilegal.
Devastación. La denominada «pampa», en Madre de dios, donde miles de hectáreas fueron arrasadas por la codicia de la minería ilegal.

La clave

Si bien no hay cifras oficiales del número de hectáreas invadidas por la minería ilegal, se estima que hay unas 25 millones de hectáreas en manos de mineros informales e ilegales. Están presentes sobre todo en Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Amazonas, regiones que albergarían 60% del total.

Fuente:http://larepublica.pe/impresa/economia/873097-proyecto-de-aramayo-le-abre-la-puerta-la-trata-y-la-explotacion-infantil

Perú

¿Devolviendo favores? Un proyecto que beneficia abiertamente a los mineros ilegales

La congresista puneña de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo -la misma que impulsaba y defendía a capa y espada el cuestionado proyecto que atentaba contra la libertad de prensa-, acaba de presentar otra polémica iniciativa: un proyecto de ley que plantea excluir el delito de minería ilegal de la Ley Contra el Crimen Organizado, argumentando que el endurecimiento de sanciones penales no resolverá el problema de la formalización minera.

¿Minería ilegal y formalización minera? Al parecer nuevamente los operadores de los ilegales pretenden confundir conceptos. Vamos precisando.

Desde el año 2012, las normas emitidas han ido precisando el concepto de minería ilegal. Por ejemplo, el 28 de febrero de 2012, se publicó el Decreto Legislativo N°1102 que incorporó al Código Penal los delitos de minería ilegal. En su Artículo 307°-A, se especifica el delito de minería ilegal: «Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años, y con cien a seiscientos-días multas, el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de recursos minerales, metálicos y no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental».

Además, en el mismo Decreto Legislativo, Artículo 307°-B, se precisa los supuestos en los que se comete este delito:

  • En zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera.
  • En áreas naturales protegidas, o en tierras de comunidades campesinas, nativas o indígenas.
  • Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares.
  • Si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas.
  • Si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinadas al consumo humano.
  • Si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público.
  • Si el agente emplea para la comisión de delito a menores de edad u otra persona inimputable.

Posteriormente, el 19 de abril de 2012, fue publicado el Decreto Legislativo N° 1105, que «estableció disposiciones especiales para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal», y en su Artículo 2, define claramente que: «toda actividad ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal». En el mismo artículo se diferencia a la minería informal de la ilegal; definiéndola como la actividad que se realiza «en zonas no prohibidas». Además, se considera mineros informales a los que, pese a no contar con todas las autorizaciones correspondientes, sí han iniciado el proceso de formalización.

Por lo tanto, cuando se habla de proceso de formalización no se puede estar hablando de minería ilegal. ¿Por qué la congresista Aramayo y sus colegas de la bancada fujimorista1, pretenden seguir confundiendo?

No hay que olvidar que en plena campaña, su lideresa Keiko Fujimori, firmó un acta con la Central de Cooperativas de Mineros de La Rinconada en Puno, comprometiéndose a traerse abajo el proceso de formalización minera. Cabe señalar que además de Aramayo, entre los congresistas elegidos también figura el único representante en el Congreso por Madre de Dios, Modesto Figueroa Minaya (Fuerza Popular), investigado por la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos por supuestos vínculos con la minería ilegal.

La historia reciente muestra que la influencia política del sector de la minería ilegal se traduce en acciones concretas: iniciativas legislativas, intentos de construcción de carreteras para facilitar la actividad ilegal y por supuesto boicot total a las políticas de formalización del sector. Hay que estar atentos.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/722-devolviendo-favores-un-proyecto-que-beneficia-abiertamente-a-los-mineros-ilegales

Perú

Juana contra el mundo. La comunidad nativa de Tres Islas y la minería ilegal

“Me llamo Juana Griselda Payaba Cachique, tengo 51 años y soy shipiba nacida y crecida en la Comunidad Nativa Tres Islas de la cual he sido presidenta en dos periodos. Mi comunidad está conformada por pobladores pertenecientes a dos pueblos indígenas de la Amazonía peruana: shipibos y ese ejas y está asentada en la sub-cuenca del río Madre de Dios, en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

Mi comunidad ha sido reconocida por las autoridades de mi país, el Perú, y está inscrita en el Registro Nacional Desconcentrado de Comunidades Nativas a cargo de la Dirección Sub-Regional Agricultura – Madre de Dios, Nuestro título de propiedad tiene como número el 538 del 24 de junio de 1994. Conseguir ese reconocimiento fue una lucha  de muchos años.  Cuatro de mis hermanos han sido presidentes de la comunidad. Mi esposo, Adolfo Cagna Andaluz, ashaninka, también ha ejercido ese cargo, él fue uno de los dirigentes que luchó para que nos reconozcan nuestros derechos como comunidad nativa. Mis hijas mayores son en la actualidad dirigentes, espero que algún día ellas lleguen a ser presidentas  de su comunidad como lo he sido yo”.

“En Tres Islas somos en la actualidad 103 familias, algunas ese ejas, otras shipibas, otras ashaninkas, también en nuestra comunidad viven mestizos.

El territorio de Tres Islas está ubicado en una zona de bosques tropicales húmedos. Somos propietarios de 32 mil hectáreas de tierras que hemos heredado de nuestros ancestros. ¿Parece mucho, no? Bueno, para los pueblos indígenas el territorio es de todos, lo compartimos entre todos; de los bosques y ríos de nuestro territorio obtenemos las cosas que necesitamos para vivir. Nuestro pescado, nuestros animales, todo”.

Recuperar el territorio para gestionar el futuro

“Desde hace muchos años mi comunidad ha venido sufriendo la tala ilegal de madera por parte de personas extrañas que deforestan el bosque sin nuestro consentimiento Ello lo podemos probar por las numerosas incautaciones  de madera que ha hecho el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre de Madre de Dios. Igualmente desde hace unos años mi comunidad es víctima del deterioro del medio ambiente, la muerte de aguajales, plantas, peces, aves y animales del  monte debido a la actividad minera que vienen desarrollando personas no autorizadas por la comunidad, que se han metido dentro de nuestro territorio cada vez en mayor número. Ellos dicen que son mineros artesanales pero para nosotros son simples mineros ilegales,  que actúan sin control medioambiental y sin fiscalización por parte de las autoridades”.

Es importante mencionar que en Perú se considera minería artesanal a aquella que se realiza a pequeña escala utilizando métodos manuales y/o equipos básicos (lampas, combas, barretas). Debido a la fragilidad de los ecosistemas donde se realiza la actividad dicha minería no está autorizada en cursos de  agua: ríos, lagunas, humedales, aguajajes, etc. Tampoco se permite en su práctica el empleo de maquinaria compleja (dragas, retroexcavadoras, volquetes, compresoras, etc.)

A pesar de que muchos mineros cuentan con autorizaciones emitidas por el ministerio de Energía y Minas o las dependencias de los gobiernos regionales y pagan un impuesto al Estado, la actividad que realizan deviene en ilegal toda vez que se efectúa sobre cuerpos de agua, zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas o, lo que es muy grave, utilizando maquinaria que excede los límites autorizados. La legislación peruana define a la minería ilegal como aquella que no cumple con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y ambientales que exige la  ley.

“La mayoría de esos mineros cuentan con autorizaciones dadas por el Ministerio de Energía y Minas lo cual es inconstitucional por no contar con la consulta previa de mi comunidad para la realización de dichas actividades.  No se nos ha  preguntado si estamos de acuerdo o no, no se nos ha explicado si dichas actividades van a mejorar nuestras condiciones de vida, salud, trabajo”.

“Los mineros y los madereros invadieron el territorio de mi comunidad, deforestaron los bosques, contaminaron el río y depredaron el hábitat de mi pueblo. Destruyeron el medio de subsistencia de mi comunidad y alteraron nuestra forma de vida. Esos extraños, serranos en su mayoría, no contentos con destruir lo que era nuestro, desarrollaron otras actividades que perturbaron y perturban todavía la vida y tranquilidad de la comunidad y el libre desarrollo de sus miembros, en particular las niñas y niños, con fiestas y reuniones donde se venden  bebidas alcohólicas, provocando riñas y escándalos, además de introducir la prostitución y violencia.

A los mineros solo les importan las ganancias que pueden obtener en el presente, mientras que a nuestro pueblo le preocupa el futuro de nuestros hijos. Por eso es que nos organizamos y decidimos darle un plazo para que se vayan. Las leyes de nuestro país nos amparan, somos un pueblo indígena que se rige por derechos consuetudinarios, es decir por leyes que nuestros ancestros nos dejaron y que nosotros respetamos y respetaremos siempre.

Les dimos unos días para que se fueran y como no nos hicieron caso pusimos una reja y construimos una caseta para controlar el paso de las camionetas que ellos usan para trasladar sus cosas y llevarse el oro de nuestras tierras. Nos denunciaron y estuvieron a punto de meternos presos a mí y a tres dirigentes más. Hemos luchado duro en el poder judicial y cuando todo estaba perdido y ya nos estábamos rindiendo pudimos ganar en el Tribunal Constitucional de Lima”.

“Desde entonces nos hemos seguido organizando para trabajar en nuestros bosques, con nuestros recursos. Aquí tenemos de todo, lo que pasa es que no sabíamos trabajar y vendíamos nuestra madera, nuestros recursos a cualquier precio.

Ahora no,  ahora estamos trabajando en comités, tenemos uno de madera, otro de castañas, otro de aceites de palmeras. Ahora colocamos nuestros productos con valor agregado, a mejores precios, ya no nos engañan los comerciantes de Puerto Maldonado. Hemos avanzado pero nos queda mucho por hacer”.

Características demográficas y culturales

“Mis abuelos vinieron de Ucayali, vinieron en la época de los caucheros. En esos tiempos los caucheros trajeron mucha gente. Mis ancestros, entonces, vinieron en canoa, tanganeando, como podían. Los que llegaban a esta zona se quedaban un tiempo y después se iban. Otros se quedaron para siempre.

Mi abuelo fue uno de los que se quedó, aquí tuvo a sus hijos y sus hijos a nosotros. Así fuimos construyendo nuestras familias.  Aquí vivían los ese ejas. Los indígenas ese ejas son de la frontera con Bolivia,  por Palma Real, por Sonene. Allí todavía hay ese ejas.

Mis abuelos hablaban su idioma, su dialecto, lamentablemente nos decían para qué van a aprender ustedes nuestra lengua, tienen  que aprender español nomás. Si hablan como nosotros van a ser humillados, nos decían. Ellos hablaban entre ellos, no querían que nosotros aprendiéramos su lengua.

Yo ya no aprendí, claro que entiendo un poco. Mis papás solo hablaban entre ellos en shipibo. Mi padre en todos los conversatorios que tenían,  con los mayores, nos botaban a nosotros. Fuera, fuera, nos decía. Vayan a jugar, nos decían. Tendrían vergüenza, pienso.

En Tres Islas todavía hay hermanos que hablan shipibo y ese eja, son mayores generalmente. Yo entiendo, Jakon yamekiri, buenos días; Jakon yantan , buenas tardes, así yo les saludo, entiendo algo… Todo lo que sé de ellos lo he ido conociendo  en las danzas, en los cuentos que nos contaban, allí nos decían cómo vivían ellos antes, de donde vinieron, así nos iban contando.

Mi padre siempre pescaba, siempre trabajaba la madera. Y también la minería… pero solo cuando necesitaba dinero, aquí siempre ha habido oro.  Oro había en cantidad en las playas, pero en el 2002, 2003, allí empiezan a llegar los mineros con sus tracas, con sus máquinas, con sus tracas hidráulicas.  Vinieron y se instalaron con sus motores en las orillas del río y luego se metieron al bosque y allí empezaron los problemas con la comunidad.

Aquí antes nadie robaba, tú dejabas tus cosas allí nomás y no pasaba nada. Eso ha cambiado demasiado con la minería. Cuando era chica pescábamos dorados, palometas, boquichicos, paco, toda clase de pescado. Tú te ibas con tu red, lanzabas y sacabas medio saco de pescado. Ese medio saco lo traías a tu casa, lo charquiabas, le ponías al sol; tú tenías entonces pescado para rato. Tenías pescado ahumado, pescado salado, pescado para patarashca, para juane… y con las cabezas hacíamos caldo. Ese caldo veníamos a comer con tu yuca, con tu inguiri, con tu arroz. Era una maravilla. Eso ya no hay en este tiempo. Claro, ahora tendrías que salir dos, tres días a pescar.

Nosotros éramos trece hermanos, pero ahora nos hemos quedado once. Éramos cinco mujeres y los varones eran siete. Yo soy la número tres. Mis hermanas Vilma y Ercilia son las últimas. En el colegio yo jugaba fútbol, vóley,  de todo. Bailaba, danzaba, decía poesías, no tenía miedo. Bailaba marinera, todo hacía, me gustaba actuar, nunca decía no. Todas mis hijas son así. Almendrita ha sido alcaldesa en su colegio, ha sido Miss Señorita, ahora en este momento ha vuelto a postular para ser alcaldesa. Todas mis hijas son así, son habilosas.

Para nosotros como indígenas esa era nuestra vida. Pescar, cazar, eso es lo que sabemos. Mi papa cuando salía a cazar mataba huanganas, sachavacas, teníamos comida para dos o tres meses. En salado,  en ahumado…”

Luchar por lo que es nuestro

“En mi niñez yo no conocía Puerto Maldonado, no era necesario. Mi papá no nos llevaba a la ciudad, ¿para qué? De diecisiete, de dieciocho años, recién aprendí a ir a la ciudad, allí ya tenía uso de razón.

Los shipibos somos  dialogantes, nos gusta compartir, esa es nuestra característica. Muchas veces tenemos una señal en la frente, nuestras orejas, nuestro perfil es así como el mío.

Yo acabé el colegio con las madrecitas. Hombres y mujeres estudiábamos juntos. Era una mezcladera, nuestra maestra era bien recta.  Yo era la arquera del equipo de fútbol. Hasta ahora me gusta jugar, mis hijas han salido a mí en eso. Mi hija mayor es futbolista. Yo sigo tapando, me gusta. Yo era un poco inquieta. Tenía una compañerita que me rompía mi cuaderno, mucho me molestaba. Un día me cansé y le di su tanda. La profesora me castigó. ¿Profesora por qué me castiga si ella es la que me molesta?, le dije. En todo caso que nos castiguen a las dos.

Como estoy contando en el año 1994 conseguimos título de propiedad de Comunidad Nativa, mi esposo es  el que recibe la titulación. El y el señor Felipe Collantes son los que inician el trámite, eso duró diez años, de repente más tiempo, como quince años, por lo menos desde 1980 hasta 1994. La comunidad tuvo que hacer un estudio socio-económico para que reconocieran nuestros derechos como indígenas.

Los abogados de Puerto Maldonado venían a atendernos y siempre pedían plata primero. Yo decía, cómo no tengo plata y me pongo a estudiar para que vean como se arreglan las cosas de otra manera.

Esos  mineros, todo lo han destruido

En 1994, cuando recibimos nuestro título, ya había mineros acá. Desde allí hemos venido peleando, peleando, en ese tiempo mis hermanos eran dirigentes. A veces  los dirigentes son comprados, no lo digo por mis hermanos, ellos han sido rectos. Lo digo en general, los mineros que tienen mucha plata compran a los dirigentes, muchos dirigentes han caído en eso y eso no debería pasar.

Por qué lo digo, porque a mí también quisieron hacérmelo [cuando era dirigente]. Vino un señor, un minero, vino con su plata, así como estamos conversando, vino un señor una tarde. Conversamos y le dije:

– Ustedes [los mineros] deben irse, mire la depredación que están haciendo. Mire lo que han hecho y lo que pagan al Estado es una miseria, cuánto paga, usted paga tres dólares por cada hectárea que utiliza. Mientras hablábamos saca de su bolsillo un fajo de plata, un rollito con billetes de cien soles. Me encolericé:

– Qué cosa me está diciendo -le dije-  usted me viene a insultar (…)Usted no es nadie para darme plata y por lo tanto usted se me va ahorita, usted me está faltando el respeto. Esta es mi casa y aquí nadie me va a venir a faltar el respeto.

– No señora, me va a disculpar, me dijo.

– No señor, usted se me va, le dije y le cerré la puerta y el señor se fue todo avergonzado. Ese señor hasta ahora me tiene vergüenza.

Esos mineros vienen del Cusco, son serranos, son gente que tiene harto dinero, compran los motores, hacen lo que quieren, como uno no está diario porque tienes que ver tu chacra, ellos se van metiendo y se van quedando.

Nosotros siempre hemos estado atrás de las autoridades: “Señores miren lo que están haciendo” “señores miren lo que está pasando”, “señores boten a los mineros ilegales”…

Por eso en el año 2008 decidimos en Asamblea poner punto final a tantos atropellos. Nos organizamos y nos hemos ido a botar a un señor que se apellidaba Tiznao. Ese señor era de Trujillo. Ya tenía sus denuncias. A ese señor lo hemos botado, hemos quemado sus máquinas, su campamento, su comida, claro previo aviso, previa notificación, todo por escrito.

En la playa nos pusimos, con radio de comunicación nos pusimos  y lo botamos. En la playa hemos dormido: señor, tiene usted 48 horas para que se vaya, le dijimos. Y el señor se retiró con todas sus cosas, no sé de donde trajo esos carros que cargan cosas y se fue. Después de Tiznao fuimos botando a todos, poquito a poquito.

La expulsión. En defensa del territorio

Yo he sido elegida presidenta de mi comunidad dos veces, la primera vez en el año 2003, la segunda en el 2009. A mí mis padres me dijeron que si no defendí mi territorio no era nadie. Por eso nos decían a mí y a mis hermanos: estudien para que ustedes algún día hagan respetar esta tierra. Y así he hecho.

La gente te elige si ve que eres fuerte, si tienes ganas de apoyar a la comunidad; la gente se da cuenta de eso y te apoya o no. La comunidad por eso me nombró a mí otra vez. Estaba muy bien preparada para asumir de nuevo la presidencia de mi comunidad. Había asistido a un montón de talleres. Yo soy una líder de mi comunidad, sabía cómo afrontar esa obligación, sabía cómo representar a mi pueblo. Estaba preparada para enfrentarme a cualquier tema. Había sido dirigente en el Vaso de Leche, también pertenecía a FENAMAD (Federación Nativas del Río Madre de Dios y Afluentes). Siempre iba a los reuniones de mujeres, estaba muy preparada…

Bueno, en ese año, el 2010, los taladores y los mineros   se habían metido por todas partes, eso ya era un problema grande,  no ves que el precio del oro había subido un montón. Ya tenían campamento, tenían tiendas, habían prostibares, vendían combustible. Eran como trescientos, no sé cuántos habrían, allí había bastante gente, bastantes motores, como 30, 40 motores.

Volvimos a tomar decisiones en asamblea porque así dice la norma, así dice la Constitución bien claro: las comunidades nativas son autónomas dentro de su territorio y por lo tanto hemos hecho una reunión, hemos decidido y hemos redactado unos papeles, unos escritos notificándoles: señores, esto es nuestro territorio por lo tanto tienen 48 horas para que se retiren. Y si no se retiran aténganse a las consecuencias que puedan pasar”.

“Decidimos que en la carretera por donde entraban los mineros íbamos a construir una caseta de control, ¿para qué?, para controlar a esa gente y que se larguen de una buena vez. Esa carretera sale de la Interoceánica y va a Teniente Acevedo, un asentamiento vecino. Nosotros colindamos con Teniente Acevedo y con San Jacinto. Los de San Jacinto andan por esta trocha y también entran los que van a Teniente Acevedo y de allí aprovechan los que van a la minería. Esa trocha la hemos utilizado para sacar madera, esa trocha carrozable se quedó libre y por allí entraron los mineros. Qué más han querido. Mientras nosotros estamos peleando por otro lugar, ellos ya se habían entrado, calladitos nomás.

Como no nos hicieron caso después de la notificación fuimos y los botamos: hemos quemado sus tubos, le hemos quemado cosas, calladitos se han ido. Planeamos bien las cosas, nos organizamos bien. Primero se meten los hombres, dijimos, nosotros las mujeres nos vamos a quedar acá. Vamos a estar mirando, espiando todo lo que pasa.

La gente fue con machetes, con arcos, con flechas, con eso fueron. Los engañaron, les dijeron que si ustedes no se van le vamos a dar con estas flechas que tienen veneno. Ellos tenían escopetas. Si ustedes nos balean, con estas flechas envenenadas les vamos a dar duro, les dijimos.

No hubo enfrentamiento.

– Por qué nos hacen estos si nosotros estamos pagando al Estado, nos dijeron.

– Ya estamos cansados de que le peguen una miseria al estado, les repondimos, no queremos que destruyan nuestros bosques. Todo les tumbamos, lo bueno y lo malo.  Y se fueron todos.

Después de eso nos denunciaron, ellos presentan en el poder judicial de Puerto Maldonado un Habeas Corpus diciendo que estábamos impidiendo el libre tránsito y nos ganaron en quince días. El juez ordenó que nos tumbaran la caseta y así fue, nos tumbaron todo. Nosotros sabíamos  que los mineros juntaban una bolsa y que de allí sacaban la plata para pagar a todo el mundo, hasta a los fiscales les han pagado.  El poder judicial solo hace justicia para los poderosos.

Yo tenía fe en el Señor que tarde o temprano los íbamos a sacar de aquí, que apelando apelando podíamos ganarle el juicio a los mineros. Pasaban los días, pasaba el mes, pasaba el otro mes, ya la comunidad estaba desorganizada,  acá ya no querían saber nada, que estamos perdiendo el tiempo…

A mí me querían llevar presa, cinco años me querían llevar. Tuvimos que hacer una contra denuncia. Éramos yo, Marleni Racua, Esperanza González y Sergio Perea, tres mujeres y un hombre. Imagínense, me daba cólera, no sé qué me daba, hermano. No perdí la batalla, seguí allí, yo me iba al poder judicial, señor fiscal, dónde está mi caso, cómo está mi caso,  qué cosa falta para que se solucione mi problema, le decía. Nosotros le decíamos, reclamábamos, somos autónomos, por lo tanto cómo es posible que no nos ampare la ley, ellos se quedaban sorprendidos. Para entonces ya nos apoyaba la doctora Raquel Yrigoyen. Con ella hemos ganado.

Fuente:http://www.inforegion.pe/240287/juana-contra-el-mundo-la-comunidad-nativa-de-tres-islas-y-la-mineria-ilegal/

Perú

PODER JUDICIAL CONFIRMA INOCENCIA DE MÁXIMA ACUÑA EN ÚLTIMO RECURSO LEGAL DE YANACOCHA

03/05/2017.- La Corte Suprema dictó finalmente sentencia frente al recurso de casación interpuesto por la empresa minera Yanacocha en el caso que involucra a la campesina cajamarquina Máxima Acuña y su familia. El Poder Judicial determinó que el recurso solicitado por la empresa es infundado, confirmando así la sentencia de 2014 que declaraba inocente a la familia ante la denuncia por supuesta usurpación presentada contra ellos por la minera. La sentencia pone fin a este proceso que llevó a Máxima a los tribunales por más de cinco años.

«Que esto sirva de ejemplo». Estas fueron las primeras palabras de Máxima Acuña al conocer la sentencia de la Sala. «Agradezco a todos por su presencia», agregó en reconocimiento a la solidaridad expresada por diversas personalidades y organizaciones sociales que se hicieron presentes durante la lectura de la sentencia. «Ahora nosotros debemos seguir adelante y defender la vida y nuestros derechos», aseguró.

Respeto a la postura de diálogo que la empresa ha expresado que desea entablar, Máxima dijo: «no sé qué diálogo quiere la empresa si todo este tiempo no me ha dejado vivir en paz».

Por su parte Mirtha Vásquez, miembro de GRUFIDES y abogada de la familia, afirmó que «esto demuestra que la mina utiliza al Estado para agotar económicamente y emocionalmente» a Máxima Acuña, en referencia a los importantes gastos y desgaste familiar que implica un proceso de tantos años de duración y los constantes viajes y gestiones tanto en la ciudad de Cajamarca, como en Lima. «Ojalá que la empresa sepa leer esta sentencia favorable a Máxima», agregó.

Como se recuerda, la lectura de sentencia estaba programada originalmente para el pasado 12 de abril, pero fue postergada por la licencia solicitada por algunos miembros de la Sala. Máxima Acuña y su familia son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de mayo de 2014. Sin embargo, denuncian que son víctimas de hostigamiento permanente y de numerosos incidentes con personal de la empresa. Por su valiente defensa del territorio ante el megaproyecto minero Conga, Máxima fue galardonada con el prestigioso premio ambiental Goldman en 2016.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/node/325

Perú

Inspecciones confirman alarmante contaminación en La Rinconada

El titular de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno, Miguel Rodríguez Huanca, calificó de muy preocupante la contaminación ambiental en los centros poblados La Rinconada y Cerro Lunar de Oro, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, producto de la actividad minera informal.

En el programa Habla El Sur de RPP Noticias, indicó que estas constataciones las realizaron durante operativos inopinados en 18 y 19 de abril, en los que evaluaron el sistema de seguridad, salud ocupacional, las zonas macizo rocosas y la estabilidad dentro de la labores mineras.

Asimismo se ha inspeccionado los componentes ambientales de las labores de beneficio, específicamente los molinos y trapiches, así como verificar el compromiso y cumplimiento de obligaciones ambientales dos grupos que están camino a la formalización.

Precisa que en La Rinconada y Lunar de Oro hay un vertimiento directo de relaves mineros, en algunos casos por desconocimiento y en otros a sabiendas de las sanciones del Decreto Legislativo N° 1351, que modifica el código penal sobre los delitos de contaminación ambiental.

“Se les se les ha notificado y previo a ello, el año pasado la corporación minera Ananea, que es el titular de la concesión ha notificado con cartas notariales para que desocupen estos lugares”, dijo, y advirtiendo que la Fiscalía en Materia Ambiental ya está tomando las cartas en el asunto.

Fuente:http://rpp.pe/peru/puno/inspecciones-confirman-alarmante-contaminacion-en-la-rinconada-noticia-1047960

Perú

Mesa de trabajo sobre contaminación minera de la cuenca Llallimayo

El día de hoy se realizó una mesa de trabajo sobre la contaminación minera en la cuenca llallimayo por la minera Aruntani, con participación de los congresistas en la semana de representación, además de las autoridades del gobierno local, representantes de MINEM, MINAGRI, SENASA, DIRESA, OEFA y ANA. También delegados de los municipios distritales afectados como Ayaviri, Llalli, Cupi y Umachiri.

Se dio a conocer públicamente, las conclusiones de la Comisión técnica de la provincia de Melgar que resume lo siguiente: En aguas superficiales de la micro cuenca Llallimayo se ha encontrado metales pesados como manganeso, mercurio y demás metales, generados por las aguas acidas como producto de la labor que realiza la minera Aruntani.

Durante el desarrollo de la mesa, se solicitó a la OEFA, presentar para fines del mes de mayo un estudio para identificar en definitiva, sobre la causalidad de la contaminación y sumado a ello, que la ANA informe sobre el proceso administrativo sancionador a la empresa Aruntani, por la represa construida sin alguna autorización. DIRESA hará lo propio sobre la calidad del agua para consumo humano.

«Esta minería irresponsable es la que contamina. El delito es haber arrojado los relaves al río y son cómplices aquellos que lo han permitido; cuando la minera cese sus actividades, nos dejará un páramo, o acaso no es verdad que nuestros campos eran más verdes antes y nuestros ríos traían peces». Puntualizo el congresista Alberto Quintanilla.

Fuente:http://www.losandes.com.pe/Regional/20170427/105674.html

Perú

A LA  COMUNIDAD NACIONAL E INTER A LOS LÍDERES DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y SOCIALES DEL MUNDO: WAYKE PANAKUNA, HERMANOS  Y HERMANAS: 

Desde el ayllu Ipokate Lampa Puno Kollasuyu, me dirijo al pueblo peruano para manifestar lo siguiente:

Que nuestra población originaria Runa, del Kollasuyu Perú Tawantinsuyu, está en un estado de emergencia, frente a los proyectos extractivos de inversión privada con efectos de contaminación medioambiental que se han convertido en la amenaza más grande al derecho de la convivencia de Paz.

El gobierno, aduciendo “un levantamiento indefinido del pueblo aymara quechua del Kollasuyo” en el departamento Puno, en mayo del 2011, 18 indígenas han sido Denunciados ante el ministerio Público, en la región de Puno, funcionarios públicos al servicio de empresas mineras que contaminan la vida, el agua, la biodiversidad, el medio ambiente en el departamento de Puno. Denunciaron a los líderes ambientalistas, mediante el EXP. N° 00682 – 2011, formulado por la persona de Ramón Casa Pari. Sobre el REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN, que solicita ante el JUEZ DEL 2DO. JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PUNO, en contra del dirigente quechua PABLO SALAS CHARCA y otros, al respecto el DIFUNTO Juez Cristian Chiri de la Corte Superior de Puno, admitió y luego de haber escuchado los alegatos de la demanda, hoy se encuentra el proceso en JUICIO ORAL,  y la sentencia el Ministerio Publico a cargo del Dr. Juan Monzón Mamani Fiscal Provincial……… imputando  por los delitos Contra el Patrimonio en su modalidad de Extorción, disturbios, alterar el orden público en agravio del Estado y otros.

Sin la oportunidad de una minuciosa investigación y sin tener la posibilidad de tener una defensa oportuna”, violando con esto normas de derecho nacional e internacional. 

A pesar de aducir un “levantamiento indefinido del pueblo aymara quechua del Kollasuyo”, la petición presentada por los acusados sobre la PERICIA ANTROPOLOGICA fue declara INFUNDADA,

En este proceso penal existe discriminación racial toda vez que la Fiscalía y Juez a cargo de la preparación, iniciaron procesándolos y contraviniendo al derecho irrestricto de hacer uso de nuestras lenguas originarias del quechua y aymara porque somos originarios de los pueblos o comunidades campesinas como tal en su momento se exigió ser orientados, juzgados mediante traductores o interpretes por que no se entiende  las leyes y normas modelo occidental.

En el Derecho Penal del hecho punible. SECCION III, la Jurisdicción y competencia Art. 18 límites de jurisdicción ordinaria, aduciendo que los hechos ocurrieron en la ciudad, no se aplica esta justicia.

En esta parte del país no se está respetando la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

En un discurso transmitido por los medios de comunicación de Lima el pasado 28 de Julio del 2015, el ex Presidente de Perú Ollanta Humala, dedicó parte de su discurso de atacar, una vez más, a los líderes de las organizaciones indígenas del Perú, señalando que: “los vándalos, anti sistema, anti mineros no podrán desestabilizar el proceso del crecimiento económico, lucha frontal contra los delincuentes, azuzadores de la violencia”. Es decir a los que defendemos los derechos del Pueblo de Perú, a los que defendemos los derechos de la madre naturaleza y a los que decimos toda la verdad, nos está aplicando leyes como a criminales narcoterroristas, corruptos, sicarios, violadores.

Estos ataques contra los Defensores de la vida, agua, tierra, Ambiente y derecho de los Pueblos, a estos defensores de la Madre Tierra, están siendo combatidos políticamente, militarmente y judicialmente desde el Ministerio Público y Poder Judicial, aplicando Dec. Legislativos: 1015, 994, y otros Once Decretos Legislativos  emitidos el pasado 28 de Junio 2008, que criminalizan la protesta. Al mismo tiempo, protegen a los ex presidentes y sus ministros comprometidos con el caso LAVA JATO.

La situación de la presión política desde los empresarios mineros ha llegado a tal punto que los integrantes de Ministerio Público califiquen de actos delincuencial las medidas de las jornadas de protesta, el cual la CNDDHH del Perú debe informar y dar conocer ante las instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cese el amedrentamiento estatal.

El 10 Octubre, se hizo pública el pedido del Fiscal provincial de Puno a una sentencia de 18 a 28 años de  prisión contra los políticos  líderes de las organizaciones indígenas del sur del Perú; la condena es la máxima para los delitos de los que está acusado Pablos Salas Charca, por solidarizarse con la marcha antigubernamental, en defensa de la vida, agua y el territorio.

Todo Pueblo tiene derecho a luchar contra el delito ambiental socio económico; y los funcionarios del Estado al servicio de las mineras no tienen derecho a calumniar y difamar; menos a distorsionar la administración de justicia; por lo que el procesamiento debe hacerse bajo el estricto cumplimiento del derecho al debido proceso y, en ningún momento, se debe utilizar el derecho penal para la criminalización de líderes originarios opositores políticos, ni restringir el derecho de protesta.

El hecho de haber logrado derogar el D.S. 033-2011-PCM, firmado por Alan García, Derogando el D. S. 083- 2006- EM de la misma el que emite y el que deroga debería también ser  citado y alcanzar la denuncia penal, por ser responsable político.

No hay elementos que permitan concluir una relación de causa a efecto entre la solidaridad o pronunciamiento en apoyo a una  marcha, o manifestación política socio ambiental, siendo que se dio una opinión similar al discurso pronunciado durante la misma en solidaridad con el pueblo que dijo AGRO SI …MINAS NO, o Agua si… Oro No.

Por el contrario el CASO de Azángaro en el aeropuerto de Juliaca, dejo 06 muertos, ocasionados por el entonces ex Presidente Alan García Pérez, hoy en su condición de ser autor inmediato al ex presidente el Fiscal de Juliaca ha concluido declarado improcedente y archivado la investigación penal”.

Por los mismos motivos, merece un llamado desde las organizaciones agraria, indígena a nivel continental y los movimientos de derechos humanos y solicito a las organizaciones de derechos humanos del Perú que deben pronunciarse y solidarizarse con las autoridades comunales originarias y los criminalizados; y el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, de la República del Perú, que cese el hostigamiento a todas las personas defensoras de derechos humanos, como lo obliga la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados internacionales.

En el caso de la región de Puno la criminalización a los “opositores” es una constante y mostramos nuestro rechazo y exhortamos a que funcionarios vinculados a empresas contaminadoras dejen de utilizar al Estado Peruano para sus fines privados y cesen la persecución.

Nos alarma que, a partir de un ilegal estado de excepción impuesto por el ministerio público hoy pase a Juicio Oral, sin haberse demostrado los instrumentos de prueba, por orden de los “inversionistas” extranjeros, por recomendación de los empresarios privados, cientos de personas peruanas estén siendo procesadas en el Perú sin respeto de sus derechos, utilizando a supuestos TESTIGOS SIN ROSTRO, generando con ello una situación de riesgo para la garantía de su derecho a la vivienda, a la libertad, a la integridad personal, entre otros.

Como originarios kheswa de esta región del Puno llamo a alto comisionado de derechos humanos de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que intervenga, inste al gobierno peruano sobre el cese de la violación de los derechos humanos con los líderes quechuas.

Es así como  el gobierno actual viola los derechos humanos informa sistemática, a pesar que el estado peruano ratifico el convenio 169 de la O.I.T., en el año 1995,  siendo esta de  cumplimiento por los estados, sin embargo el estado peruano no cumple los convenios internacionales, siendo esta parte de la protección de los derechos fundamentales del ser humano, de conformidad al Artículo 7 convenio 169 de la O.I.T., 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

El Estado peruano actúa ante las comunidades indígenas como con colonias que invade,  impone a sangre y fuego expropiando las tierras que ocupan ancestralmente y estas son concesionados a las empresas extranjeras y que estas  a su vez contaminan ríos, aire y Tierras de las comunidades, los afectados estando protegidos por la ONU de conformidad al Articulo N° 3 del convenio 169 de la OIT.- 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

La criminalización es la más extrema de las medidas que un Estado puede tomar debido al enorme impacto en la vida personal y familiar.

Con el ánimo de que el diálogo diplomático entre los líderes indígenas socio ambientales y el gobierno de Perú, pueda encarar y superar esta situación de tensión y violaciones de derechos humanos en la región de Puno.

Los argumentos que he referido, como ciudadano del Perú Tawantinsuyu, de origen indígenas, solicito que se nos respete  la vida, respeto  a la libertad y respeto a nuestras tierras, que somos posesionarios antes de la colonia, que estamos gravemente afectados por las usurpaciones de nuestras tierras por parte del estado peruano a favor de las empresas mineras privadas y es por ello que solicitamos la intervención de la relatoría de la ONU, a fin de que se pueda proteger, la libertad, y así como la protección de la vida del ser humano y es por ello que no debe ser penalizado los indígenas, que en las protestas que hubo fue a fin de proteger sus tierras y al derecho a la vida.

Esta medida de las transnacionales mineras via la judicialización de ser un hecho la penalización y encarcelamiento será una derrota de los lideres  y autoridades comunales para que todo acto de defensa a la madres tierra sea criminalizado, en consecuencia esperamos una justicia justa, desde su origen viendo el lado político y alentamos que el Perú profundo originario ganara.

No a la persecución a los líderes sociales por parte de las autoridades jurisdiccionales y demandamos al mismo tiempo el cese de la represión indiscriminada al pueblo y el empleo de armas letales por parte de los efectivos policiales y militares.

Pablo Salas Charca como originario de los ayllus (comunidades) del Tawantinsuyu (Perú), no lucha  por canon o por mas regalías,  nuestra lucha es de carácter histórico, defendemos nuestra soberanía nacional, defendemos nuestro territorio, que nos pertenece desde hace miles de años, defendemos la vida, el agua, el sol, la tierra, el respeto al ser humano, el respecto a la madre tierra, a la madre naturaleza, la vida en armonía con el medio ambiente.

Desde esta heroica ciudad de la integración Andina Juliaca, hago un llamado a los líderes y autoridades comunales de la Región Puno y del Perú, para cuestionar al actual gobierno por la inhumana política colonialista del neoliberalismo y tomar acciones inmediatas frente a la vulneración y violación de los derechos colectivos del pueblo

PABLO SALAS CHARCA

PDTE CORECOQA

#990070766

 

Perú

Desaparece de la web del Ministerio del Ambiente documento sobre La Oroya

Llama la atención que en medio del debate sobre la propuesta que ha presentado el Ministerio del Ambiente (Minam) y que busca modificar los Estándares de Calidad del Aira (ECA), se haya borrado un documento de su sitio web, que precisamente aborda con mucho rigor y detalle el caso de La Oroya.

Como se sabe, el pasado 8 de abril ha sido pre publicada una propuesta de decreto supremo que busca modificar los ECA de aire vigentes a nivel nacional. Esta disposición ha generado preocupación en torno al parámetro de dióxido de azufre, un aspecto estrechamente vinculado al caso de la fundición de La Oroya y a la calidad del aire en todo el país.

Lo cierto es que el documento que hasta hace poco estaba en el sitio web del Minam -que fue preparado por la gestión anterior-, mostraba con mucha claridad que no era cierto que la principal razón por la que no se ha podido subastar el complejo de La Oroya era la exigente normativa nacional, que supuestamente supera la de Canadá, Chile, etc. Una de las explicaciones es que los niveles de emisiones de dióxido de azufre que se exigen en La Oroya son los vigentes el año 2001: 80 microgramos por metro cúbico anual de emisiones de polvo y metales (ug/m3) promedio anual y 365 (ug/m3) de promedio diario1.

¿Esta normativa es más exigente que en Chile o Canadá? El documento desaparecido de la web del Minam, muestra que en Canadá el promedio diario es 300ug/m3 y en Chile 250ug/m3. Además,al complejo metalúrgicose le había dado hasta el año 2029 para adecuarse, es decir 14 años.

¿Por qué el Minam ha borrado de su web este importante documento? La actual gestión del Minam debería explicarlo. Mientras tanto y, como era información pública a la que cualquier ciudadano tiene el derecho de acceder, nos animamos a compartirla (por supuesto citando la fuente). Revísenla y saque sus propias conclusiones.

http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/716-desaparece-de-la-web-del-ministerio-del-ambiente-documento-sobre-la-oroya

Perú

¿Qué tiene que ocultarle Hudbay a las y los peruanos?


Traducción de Felipe Grez – OLCA.
Nota original en inglés de MiningWatch Canadá

Integrante del equipo de MiningWatch Canadá y un periodista estadounidense detenidos arbitrariamente en Perú por documental sobre operaciones mineras de Hudbay

(Ottawa) Alrededor de las 8:20 pm del viernes 22 abril, la coordinadora del programa para Latinoamérica de MiningWatch Canadá, Jen Moore y el periodista estadounidense John Dougherty fueron detenidos arbitrariamente en Cusco, Perú, luego de una exitosa presentación pública de un documental acerca de las operaciones mineras de Hudbay en Canadá, Estados Unidos, Guatemala y Perú. Ambas personas fueron rodeadas por cerca de 15 a 20 oficiales de la policía nacional, la mayoría vestidos de civil, junto a un grupo de oficiales de migración, quienes los detuvieron.

Moore y Dougherty fueron interrogados acerca de su condición migratoria e informados de que las actividades que estaban realizando – mostrar un documental y propiciar espacios de discusión con personas locales acerca de éste material- estaba prohibido para extranjeros con visa de turista. Luego de cuatro horas detenidos fueron liberados con la orden de comparecer en la Corte el día lunes 24 del presente para escuchar sus cargos.

«La situación que surgió el viernes no es por nuestra condición migratoria, es sobre Hudbay tratando de ejercer control respecto de la información a la que pueden acceder las comunidades alredeñas a su proyecto minero Constancia ¿Qué es lo que Hudbay tiene tanto miedo de que las comunidades aprendan con un documental sobre sus operaciones globales? «, comentó Moore.

La estigmatización y criminalización de los involucrados en la proyección del documental Flin Flon Flim Flam en comunidades aledañas a la mina Constancia de Hudbay, así como en Cusco y Lima comenzó mucho antes de que Jen y John llegaran a Cusco el 15 de abril. Un artículo anónimo en un periódico de Cusco acusó a Jen Moore, Mining Watch Canadá y organizaciones peruanas de coordinar las proyecciones del documental, con organizaciones locales y autoridades del distrito por tratar de «emboscar» a Hudbay.

Sin embargo, dicha emboscada, fue contra quienes estuvieron involucrados en las proyecciones del documental.
Del 17 al 20 de abril, mientras el documental se proyectó en eventos públicos en la provincia de Chumbivilcas, Perú, donde Hudbay tiene su operación minera más grande, Dougherty, MiningWatch Canadá y representantes de las ONGs peruanas Derechos Humanos sin Fronteras fueron constantemente filmadas por desconocidos y rastreados por la policía, mientras que los líderes de la comunidad dieron cuentade ser interrogados por la policía y representantes de la compañía sobre las proyecciones del documental.

Estos eventos públicos se organizaron para que Dougherty compartiera el documental, que había producido, en parte, sobre la base de entrevistas con miembros de las mismas comunidades en noviembre de 2014, cuando protestaban contra las falsas promesas de Hudbay y se enfrentaban a una violenta represión policial. Dougherty dobló el documental al español y quechua para poder dar copias a las comunidades y proyectarla en las ciudades de Cusco y Lima.

La detención arbitraria de la noche del viernes fue luego de una proyección en el Centro Cultural municipal de Cusco y se prolongó por cuatro horas. Durante este tiempo, se pidió a Moore y Dougherty que hicieran una extensa declaración sobre sus actividades en el país. Dada la irregularidad con la que fueron detenidos, y la evidencia previa de que la compañía y la policía buscaban pruebas para imputarles cargos penales por «incitar a la violencia» al proyectar el documental, ejercieron su derecho a guardar silencio.

El Ministerio del Interior peruano emitió el día sábado una declaración pública en la que afirmaba el apoyo del gobierno a las operaciones de Hudbay e intentaba incriminar a Dougherty y Moore con serias acusaciones de incitar a la violencia y amenazar el orden público y la seguridad nacional. La declaración del Ministerio trata de vincularles con las protestas en 2016 sobre el incumplimiento de compromisos de Hudbay respecto de beneficios sociales, acuerdos contractuales y temas sociales y ambientales en el área de la mina de cobre de Constancia.

«Estoy profundamente preocupada por el aparente nivel de coordinación entre Hudbay, la policía y el gobierno peruano, y las medidas que están dispuestos a tomar para evitar que las comunidades locales reciban información independiente», dijo Moore.

«Sabemos que Hudbay ha tenido contratos con la policía nacional en Perú para brindar seguridad en su área de influencia en Cusco, por lo que es muy posible que la policía pudiera haber actuado bajo órdenes de la empresa, o de acuerdo a sus obligaciones con la compañía y no con la seguridad pública «, agregó.

«El gobierno canadiense debería pedir al Ministerio del Interior del Perú y Hudbay que expliquen por qué una ciudadana canadiense y uno estadounidense, así como miembros de organizaciones peruanas de Derechos Humanos y de Justicia Ambiental, así como líderes comunitarios locales, estaban sujetos a este tipo de vigilancia, acoso y criminalización», concluyó Moore.

Dougherty y Moore llamados a comparecer ante la autoridad de migración en Cusco el lunes por la mañana. Ellos decidieron enfrentar este proceso administrativo a través de su asesor legal peruano. Por consejo de sus abogados, y temiendo ser arrestados por cargos falsos, Dougherty y Moore abandonaron el Perú el sábado.

El documental se presentó también durante la tarde de este martes 25 de abril en CCPUCP, Avenida Camino Real, 1075 San Isidro, Lima. https://www.facebook.com/events/229821817496463/

Contacto: Jen Moore, celular (613) 722-0412, jen@miningwatch.ca

El documental se encuentra liberado en Youtube:
•    Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=j7aacPtEI8s
•    Español: https://www.youtube.com/watch?v=1BF06KsgMsc
•    Quechua: https://www.youtube.com/watch?v=uT0RB2QCP1w

Perú

GRAN ASISTENCIA TUVO PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL CENSURADO SOBRE CONFLICTOS MINEROS

Un gran número de personas se acercó al Cine-Forum organizado en Lima por Cooperacción, Derechos Humanos sin Fronteras y Mining Watch, que presentó la película “El Fraude en Flin Flon”, censurada por el Ministerio del Interior por mostrar los conflictos socioambientales de minas Hudbay en Chumbivilcas (Cusco) y otras comunidades indígenas.

El evento tenía prevista la participación del director John Dougherty, pero la detención policial que sufrió junto a la representante de Mining Watch, la canadiense Jennifer Moore, el pasado 21 de abril luego  de proyectar la película en Cusco, alteró sus planes y tuvo que abandonar el país por temor a mayores hostigamientos de la policía de migraciones.

Por esta razón Dougherty no pudo estar presente en la proyección de su documental, pero los asistentes pudieron ver un mensaje suyo en donde explicó los motivos de su ausencia y agradeció la atención recibida a su caso, que deja un pésimo precedente del gobierno peruano, que hizo prevalecer los intereses de una corporación antes que el derecho de la población a informarse y a la libertad de expresión de investigadores extranjeros.

Durante el Cine-Forum los panelistas invitados señalaron sus preocupaciones y reflexiones sobre el conflicto minero y lo sucedido con los documentalistas. Vanessa Schaeffer, subdirectora de CooperAcción manifestó que el pronunciamiento del Ministerio del Interior puso de manifiesto el uso arbitrario del aparato legal para detener y silenciar a defensores de derechos humanos. Por su parte, Ruth Luque, en representación de un grupo de congresistas, informó sobre la revisión que vienen haciendo de los convenios existentes entre las empresas mineras y la policía nacional.

Destacaron las intervenciones del público asistente, preocupado por la adversa realidad que viven las comunidades e inquieto por la censura a quienes denunciamos los atropellos a los derechos humanos. Su alta asistencia fue una respuesta contundente a la censura y persecución sufrida por los documentalistas.

26 de abril de 2017

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/719-gran-asistencia-tuvo-proyeccion-de-documental-censurado-sobre-conflictos-mineros