Perú

Declaración final del Encuentro Nacional por el Agua: Yaku 2017

El 5, 6 y 7 de julio en la ciudad de Lima nos hemos reunido representantes de  18 regiones del Perú de comunidades, organizaciones sociales, frentes de defensa, instituciones, académicos y diversos colectivos que defendemos el agua de todos los peruanos y peruanas.

Estos días han servido para compartir nuestras diferentes luchas y resistencias, y proponer soluciones y acciones desde los pueblos en defensa de nuestras diversas fuentes de agua: glaciares, páramos, lagunas alto andinas, acuíferos, bosques amazónicos, entre otras.
En este encuentro expresamos y sentimos la necesidad de decirle al país que el agua no sale del caño, sino que hay que mirar río arriba. Debemos recordar que hace apenas unos meses gran parte del territorio nacional fue declarado en estrés hídrico por sequías, ausencia de lluvias.

La gestión del agua ahora es injusta, inequitativa y beneficia a los grandes grupos económicos (empresas). Criticamos al Estado por seguir otorgando concesiones mineras, de hidrocarburos, hidroeléctricas, forestales que ponen en peligro el suministro y la calidad del agua. El Estado debe cumplir con sancionar a los que contaminan y destruyen las fuentes de agua, respetando los derechos de todos los peruanos y peruanas, frente a la contaminación del agua con minerales pesados, uso de agroquímicos, destrucción de bosques, etc.

Muchas de las discusiones han girado en torno a la necesidad del cuidado de nuestras cuencas y principalmente de las cabeceras, hoy en peligro permanente por proyectos extractivos y de trasvases, principalmente para la agroexportación. Todo ello pone en riesgo el agua que se utiliza para la agricultura de subsistencia, así como para el agua potable de las ciudades.

El escenario es complejo y diverso en cada uno de nuestros territorios; con importantes logros en varios casos; resistencias que han logrado paralizar mega proyectos que pretendían destruir nuestras fuentes de agua y que amenazaban los territorios; pero al mismo tiempo se siguen presentando serias amenazas que persisten y que se acrecientan.

Este encuentro ratifica que el agua une a los pueblos, porque es nuestra fuente de vida y un elemento fundamental de nuestra identidad y cultura, que se comparte a lo largo de ríos, cuencas y diversos ecosistemas. Es importante todo lo hecho hasta ahora por nuestras organizaciones en los territorios; sin embargo, es necesario seguir avanzando para fortalecer las luchas de nuestros pueblos.

Se nos plantean diversos retos y amenazas en la actualidad, desde los diversos impactos por el cambio climático, el retroceso de los glaciares y los impactos de distintas actividades extractivas, como la minería, la agroexportación, los hidrocarburos, las actividades ilegales, las hidroeléctrica, como por ejemplo en la cuenca del Marañón, entre otras.

Además, desde el Estado se nos sigue ignorando; no nos consultan ni toman en cuenta las demandas de las poblaciones y persisten en el mismo modelo depredador que afecta los derechos de las poblaciones y de la Naturaleza. No somos los pueblos los que buscamos estar en conflicto, sino es la imposición de proyectos económicos y modos de vida que no nos deja otra opción que reaccionar, defendernos y resistir.

Por ello, necesitamos reforzar nuestros niveles de articulación y pensar en un plan de acción que, definiendo prioridades nos permita trabajar y seguir avanzando en cada uno de nuestros territorios. La lucha por el agua es técnica, legal, política, organizativa y cultural, y es una lucha de todos y todas. Por eso es importante reconocer el rol fundamental jugado por las mujeres en estas luchas en cada uno de los rincones del país, dado que no solo disputan con el gran poder empresarial que destruye sus ríos y tierras, sino que tienen que estar batallando por ganar un espacio de representación dentro de sus propias organizaciones.

Son diversas las propuestas que se han planteado en estos días de trabajo: la necesidad de subrayar cuantas veces sea necesario que el agua es un derecho humano y un bien común que debe ser defendido; el objetivo de recuperar la gestión comunal/colectiva de los territorios y de los bienes comunes, entre ellos el agua; impulsar políticas de ordenamiento territorial desde abajo; valorar los saberes locales y reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho de las comunidades campesinas a la consulta previa, libre e informada y a decidir sobre su modelo de desarrollo; impedir la privatización del agua, recuperar el derecho de la gestión colectiva del agua desde las subcuencas; fortalecer las organizaciones de nuestras comunidades.

Proponemos un modelo alternativo en el que los pueblos y comunidades decidamos sobre nuestros modos de vida y podamos gestionar los bienes comunes. Al Estado le exigimos que cese la criminalización de los defensores del agua; que se respete plenamente el derecho a la consulta previa, libre e informada; que se trabajen leyes que permitan de manera efectiva la protección de nuestros territorios y las fuentes de agua para enfrentar las amenazas frente al cambio climático y los modelos productivos depredadores. Que derogue el decreto legislativo  Nº 1280 que busca privatizar las empresas de agua a nivel nacional. Necesitamos un Estado que escuche y que esté con nuestros pueblos.

Luego de estos días de trabajo nos proponemos un plan de acción con las siguientes acciones prioritarias:

A nuestras organizaciones

– Fortalecer de manera efectiva nuestros niveles de articulación en plataformas que de acuerdo a la realidad de cada territorio, desarrollen diversas acciones a nivel local, regional y nacional. El encuentro de Lima apunta a generar un proceso sostenido de coordinación e intercambio que será forjado, de abajo hacia arriba, desde las comunidades, los pequeños productores, usuarios de agua  y diversos colectivos urbanos que vienen trabajando en todo el país.  Nuestro compromiso es organizar los encuentros locales, regionales y macroregionales de organizaciones y defensores del agua.

– Para ello, proponemos replicar actividades de articulación a nivel de las regiones y macroregiones, para llegar de manera efectiva a los territorios. Este proceso reconoce el rol estelar de las comunidades y se define como un proceso que se construye de abajo hacia arriba y en movilización permanente. Por eso vemos como necesidad que el Encuentro Nacional se debe convocar cada dos años para consolidarlo como un espacio sostenido de reflexión y toma de decisión de acciones nacionales en defensa del agua.

– Proponemos organizar una plataforma de información que permita un     seguimiento a las diferentes acciones que nuestras organizaciones vienen realizando por la defensa de sus fuentes de agua. La base de datos de las diferentes organizaciones y redes nacionales es un primer avance que debe potenciarse para permitir un seguimiento a los diferentes conflictos vinculados al agua que se presentan en todo el país y realizar una campaña nacional. Este debe ser el primer paso para la conformación de un Observatorio Nacional del Agua.

– Se conformará una red nacional de acción inmediata y protección para la protección de defensores y defensoras del agua.

Frente al Estado

– Iniciar un diálogo nacional que impulse una verdadera Autoridad Nacional del Agua que tenga una real autonomía y que reduzca la dependencia actual y el control que ejercen los diferentes grupos económicos y los sectores que precisamente han provocado una gestión caótica y desigual del agua.

– Exigimos una política de salud que proteja de manera efectiva a las poblaciones afectadas, castigando a los responsables de la contaminación. La propuesta es que se detenga la contaminación y que se compense a los afectados.

– Llamamos a nuestros representantes en el Congreso y a las instituciones del Estado peruano a diseñar con las poblaciones las políticas públicas necesarias que hagan efectivo el reconocimiento del agua como derecho humano y que protejan las fuentes de agua y cabeceras de cuencas. Se deben reconocer nuestros conocimientos ancestrales que son una herramienta fundamental para una adecuada gestión del agua que además permite la actividad de pequeños agricultores y asegura la canasta de alimentos del país (seguridad alimentaria) de todos los peruanos y peruanas. Rechazamos la concentración de aguas y tierras.

– Exigimos la derogatoria de la ley de criminalización de la protesta social que persigue a nuestros defensores y defensoras por el agua a nivel nacional.

– Nos comprometemos, los líderes y lideresas en mejorar nuestra gestión territorial del agua. Estamos comprometidos a participar en el ordenamiento territorial y exigimos al Estado procesos participativos, justos, equitativos y con transparencia.

– Solicitamos que las Juntas de Usuarios sean legitimadas por el pueblo y que la normatividad asegure una mayor fiscalización de la ciudadanía y las prácticas democráticas para la elección de representantes, rotativamente e inclusivamente. Criticamos la política deforestación de la Amazonía, porque permite las lluvias presentes y futuras en el resto del país.

Por último, aprobamos la organización de la segunda Marcha Nacional por el Agua, que tenga como plataforma la exigencia de participación y representación de las comunidades y pequeños productores, colectivos urbanos, colectivos de mujeres, jóvenes, en las decisiones sobre las políticas nacionales vinculadas a la gestión del agua y el diseño de una nueva institucionalidad que realmente responda a las necesidades de los pueblos y no de los poderosos y sus negocios en el Perú.

Lima, 07 de julio de 2017

Fuente:https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15d32e4ed1f275e2

Perú

La minería en la cuenca Llallimayo: ¿Muerte o desarrollo?

“No queremos vivir para morir sufriendo, cuando me lavo la cara con agua del río me salen ampollas en los labios, y me da alergia en todo el cuerpo, para contrarrestar las enfermedades utilizó plantas medicinales de la zona, mi vaca ya no produce la misma cantidad de leche y se enferman hasta morir, nosotros queremos cierre definitivo de la mina”, cuenta Marcelina Quispe Quispe, pobladora de la comunidad campesina de Llalli.

El testimonio de Marcelina es producto de la cantidad de años que está viviendo en medio de la contaminación minera, que no solo los afecta sino a sus ganados como vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos.
Los habitantes de Llalli, Cupi, Umachiri, Ayaviri, refieren que este panorama se presenta desde el inicio de operaciones extractivas en la minera Aruntani SAC. aduciendo que existe mortandad de peces, animales domésticos, rebaños de alpacas, vacunos y otros daños irremediables.
Desde el año 2015 los lugareños logran observar agua verdosa y piedras teñidas de color amarillo dorado y azufrado, en la orilla hay arenilla fina asentada en el piso del rio la que al momento de ser removida se convierte en una mezcla parecido al cemento.
Actualmente los cinco distritos han conformado una mesa técnica para dar solución al problema de la contaminación de la subcuenca de LLallimayo que se llevó por más de 11 reuniones con la participación de los representantes de la sociedad civil y autoridades y del Ministerio del Ambiente (MINAM) Carlos Eyzaguirre quienes llegarían a una solución factible.
AFIRMACIONES
El representante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Hernando Manrique Alatrista, indicó que está probada la contaminación de las aguas de la sub cuenca Llallimayo; “Sí superan los estándares permitidos de dichos metales que se han encontrado en la cuenca”, comentó.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), representado por Heyli Araujo, ha comprobado que en las supervisiones realizadas desde el comienzo de la mesa de solución de la problemática de contaminación ha encontrado presencia de Cianuro.
SANCIONES
La ANA mediante Resolución Directoral ha sancionado en lo que va del año a la unidad minera Aruntani SAC, con el pago de una multa de 1451.01 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), conforme al artículo 279.2º y 279.3º, sin embargo los representantes de la sociedad civil consideran que no es nada significativo considerando los daños que ocasionaron.
El OEFA indicó que luego de encontrar presencia de metales pesados, esto podría generar afectación a la flora y fauna en la quebrada Lluchusani, Chacapalca y aguas abajo, por lo que se impuso un total de cuatro medidas preventivas contra la minera Aruntani S.A.C.
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Los pobladores y comuneros de los distritos de Llalli, Umachiri y Cupi son los más afectados por la contaminación minera, ya que los pobladores se dedican a la producción pecuaria y agrícola y están ubicados a la ribera de la cuenca Llallimayo.
La provincia de Melgar en el mes de mayo del 2013, ha sido declarada mediante Ley Nro. 30031 con la denominación “Melgar Capital Ganadera del Perú” para generar nuevos proyectos en el campo de la ganadería, teniendo en cuenta que en los distritos de Ayaviri, Cupi, Umachiri y Llalli existen un 42 % de ganado vacuno del total de los nueve provincias y 27 % en ovinos, 13 % del total de llamas y un 9 % de alpacas, siendo el sustento económico de las familias de estos distritos.
Mario Carbajal Corimanya, presidente de la Junta de Usuarios del distrito de Riego Ramis, administra los sistemas de riego donde son más de18 comisiones de regantes en los distritos de Llalli, Cupi y Umachiri, son los que mayormente utilizan los sistemas de riego por inundación, teniendo más de seis mil hectáreas bajo riego que están conectados a la sub cuenca de Llallimayo.

“La ANA es quien debe garantizar que el agua llegue a cada usuario sano y libre de metales pesados, sin embargo, los primeros que defienden a la empresa minera, no informan la calidad de agua que existe”, dijo Carbajal Corimanya.

Rómulo Mucho Mamani, experto en minería responsable, considera que una empresa minera debe de actuar de acuerdo a su Estudio de Impacto Ambiental, debe de ser limpia y sano, apoyar en el desarrollo sostenible de los sectores aledaños a la minería.

Las empresas mineras deben ser agro mineras, apoyando más en la mejora de la genética del animal y siembra de forrajes..

Invoca a las autoridades y a las empresas mineras que no solo deben de entregar dinero sino que deben llegar con proyectos con las necesidades de los comuneros implementando equipos sofisticados y para mitigar los problemas sociales se debe de apoyar en la educación y sobre todo ambiental.

La minería ha sido uno de los pilares en el crecimiento económico en el Perú en su historia, en los años 2005 a 2010 ha sido los precios más altos de los minerales, consideró que ha sido el quinquenio, y que debería de ser utilizado en la reducción de los índices de la extrema pobreza.

Fuente:http://www.losandes.com.pe/Regional/20170709/107830.html

Perú

Sombras y vacíos en el manejo del agua en el Perú

Licencias. La Autoridad Nacional del Agua, encargada de fiscalizar el uso del recurso, desconoce cuáles son las empresas y personas que extraen agua dulce de las cuencas del Perú. Aún así, Ojo-Publico.com conoció que en el país existen 780 mil usuarios oficiales y unos 2.6 millones que extraen agua de manera informal. Entre las principales consumidoras de agua, en el rubro minero, aparecen Yanacocha, Consorcio Minero Horizonte, Barrick y Volcan.

El agua en el Perú discurre y se usa a ciegas. Las estadísticas oficiales de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el ente del Estado encargado de administrar y fiscalizar el uso de este recurso, revelan que el 2015 se destinaron 40 mil millones de m3 de aguas superficiales a los sectores industrial, agrícola, minero y poblacional. Sin embargo, los reportes no identifican a las empresas y personas que manejan dicho recurso, apenas se conoce que hay 780 mil usuarios oficiales y que otras 2.6 millones de personas extraen agua al margen de la ley.

¿Entonces, si no existe un inventario exacto del uso del agua en el Perú, cómo se distribuye y prioriza el manejo de este recurso? Ojo-Publico.com accedió a información de la ANA que revela la existencia más de 16 mil licencias, permisos de excedentes y autorizaciones temporales entregadas en los diversos sectores productivos. De aquel total, al año 2014, existían 1.405 empresas extractivas que consiguieron 2.449 autorizaciones para explotar fuentes de agua en todo el país. De estas, el 32% corresponde a la actividad minera.

El ranking de la industria

El análisis de la base de datos de 16 mil licencias permite identificar a las empresas energéticas, mineras, pesqueras y de la industria en general que concentran el mayor número de derechos de agua. La compañía con más autorizaciones registradas es Pluspetrol Norte y su matriz Pluspetrol Perú Corporation que en conjunto tienen 48 autorizaciones para explotar el agua de ríos y quebradas de la Amazonía.

Esta petrolera de capitales argentinos tiene pendiente un litigio judicial con el Estado porque se niega a pagar S/ 39,4 millones de multa que le impuso el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por la desaparición y contaminación de lagunas en Loreto.

La segunda compañía con más licencias de agua es la minera Buenaventura (tiene 39 a su nombre), accionista de Yanacocha y que tiene como presidente de directorio a Roque Benavides. Esta compañía litiga con el Estado peruano para no pagar tributos por S/ 246 millones.

Uno de los varios conflictos sociales que involucran a Buenaventura está relacionado con el reclamo de la comunidad campesina de Mollebamba, en Apurímac.

Los agricultores denuncian que la minera estaría tratando de expandir sus operaciones hasta una quebrada cercana, donde hay un ojo de agua que abastece a un proyecto de irrigación y a los baños termales de la zona.

Consorcio Minero Horizonte de La Libertad ocupa el tercer lugar con 28 licencias y autorizaciones de uso del agua. La compañía fue sancionada por la OEFA con 316 UIT por faltas ambientales. A fines del 2016, dentro de su área de influencia, se registró un conflicto por su proyecto aurífero en Parcoy, que ocasionó la muerte de una persona y dejó 21 heridos.

“De los 127 conflictos socioambientales registrados hasta mayo de este año, 82 están relacionados a la actividad minera; seguido por la de hidrocarburos con 17 casos”, se advierte en el informe 159 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales. La mayoría de ellos se asocia al uso y calidad del agua.

El ranking de empresas continúa con la minera Yanacocha y la fábrica de bebidas Ajeper (cada una con 21 autorizaciones); Barrick y Volcan (18 permisos cada uno), Milpo y Las Bambas (16), Electroandes y Votorantim (14) y Southern Cooper Corporation (12).

Las bases de datos a las que Ojo.Publico.com tuvo acceso incluyen en algunos casos los volúmenes de agua otorgado a cada usuario. Sin embargo, no se pudo realizar un análisis integral de los mismos porque varias de estas autorizaciones están incompletas. Incluso, las estadísticas que la ANA tiene publicadas en su web son parciales y no detallan todas las autorizaciones y permisos otorgados.

Débil fiscalización

Ojo-Publico.com entrevistó a Santos Núñez Cotrina, especialista de la Dirección de Recursos Hídricos del ANA, para conocer la labor de fiscalización que ejerce su sector sobre las licencias y autorizaciones. El funcionario dijo que el control era competencia de las Administraciones Locales de Agua, que tienen descentralizadas en diferentes provincias. “El trabajo consiste en observar si una autorización, por ejemplo, de uso doméstico, no esté siendo usada para fines energéticos, o si la captación es realizada en una zona no autorizada”, agregó. No obstante, esta fiscalización es solo aleatoria por falta de personal, detalló.

La Ley de Recursos Hídricos que está vigente desde el 2008 plantea dos requisitos iniciales para las empresas o personas interesadas en obtener una licencia para extraer agua: poner un aviso en un medio de circulación nacional indicando la zona en la que quieren captar agua, y enviar su propio estudio técnico que confirme la disponibilidad y demanda hídrica en la misma. Núñez aseguró que la ANA coteja la información y lo deriva a los ministerios de Energía y Minas o Producción, y solo cuando regresa con la certificación ambiental el expediente es aprobado.

Durante la última semana, solicitamos a la ANA el número total de licencias de agua por sectores y el número de casos en los que rechazaron los informes hidrológicos que llegan de parte de los interesados. Se comprometieron a enviar la información, pero nunca la remitieron.

Lo que sí enviaron fue el listado de sanciones aplicadas el 2016: solo seis multas de entre 0.5 y 10 UIT (entre 2.000 soles y 39.500 soles) fueron impuestas a usuarios por usar volúmenes mayores a los permitidos y por desviar el agua de su cauce en todo el país. Las empresas sancionadas fueron Complejo Agroindustrial Beta, Agraria Don Oscar, Agrícola El Rancho, Agro Victoria y Segundo Sánchez Retamozo.

Las sanciones más severas tampoco son efectivas, pues según nuestra base de datos, el retiro de licencia por falta grave solo se aplicó a 46 usuarios en las últimas tres décadas.

CUENCAS SATURADAS

Las licencias de uso de agua otorgadas a la industria, la minería y al sector energético se concentran en Lima, Áncash, Junín, La Libertad, Arequipa y Cajamarca. Las mismas provincias que en diciembre del año pasado fueron declaradas en emergencia por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) “por peligro inminente debido a déficit hídrico”, como indica la resolución 089-2016-PCM.

En la industria la captación de agua es mayoritaria en las cuencas de los ríos Chillón, Lurín y Rímac, que a su vez son la principal fuente de abastecimiento de agua potable en el desierto de Lima, en donde habita casi la tercera parte de los peruanos. La empresa que tiene más licencias en esta zona es Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., y le siguen otras 282 empresas del rubro de las hidroeléctricas, agroexportadoras, pesqueras, textiles, etc.

Iquitos es la segunda cuenca donde predominan las licencias de uso industrial para Pluspetrol; Ajeper del Oriente, empresa de la familia Añaños; y Perenco Perú Limited, subsidiaria anglofrancesa que se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos en Loreto. Las tres empresas reúnen el 54% de los permisos industriales que se entregaron en este río.

La minería, por el contrario, se concentra en las cuencas del Mantaro (Junín), Alto Marañón (nororiente), Alto Apurímac (Arequipa-Cusco) y El Santa (Áncash). Son 395 mineras que obtuvieron 784 licencias para explotar los recursos hídricos en quebradas, ríos, lagunas y manantiales.

Dentro del sector minero, después de Buenaventura y Horizonte, la compañía con más licencias en este sector es Barrick Misquichilca, cuyas operaciones en Áncash han provocado denuncias por afectar las reservas de agua de las comunidades cercanas a su proyecto aurífero Pierina. Barrick, que posee 18 licencias, está en conflicto con las organizaciones de usuarios de los caseríos ancashinos de Atupa y Antaurán que exigen la remediación del manantial Yarcok que, según ellos denuncian, se habría secado como consecuencia de la actividad extractiva.

La minera Yanacocha, una de las principales productoras de oro del país y protagonista de una larga batalla legal contra la reconocida comunera Máxima Acuña, quien busca proteger la intangibilidad de una laguna, concentra 21 autorizaciones para extraer agua en Cajamarca. Los comuneros de las provincias cajamarquinas de Celendín y Hualgayoc demandan que se declare inviable el proyecto porque temen que se afecte cuatro lagunas que forman la cabecera de cuenca de sus ríos.

Nos comunicamos con Carlos Peña Reluz, presidente de la Junta Nacional de Usuario de los Distritos de Riego del Perú, pero se excusó de hacer comentarios indicando que necesita coordinar previamente con sus agremiados. Para este reportaje, Ojo-Publico.com también solicitó una entrevista con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), pero el área de prensa indicó que su único vocero autorizado es el presidente de la institución, Luis Marchese Montenegro, quien no respondería por estar en el extranjero.

Fuente:http://larepublica.pe/impresa/sociedad/893049-sombras-y-vacios-en-el-manejo-del-agua-en-el-peru

Perú

Gobierno aplica estado de emergencia como estrategia para mediar conflictos

En abril de este año, durante su primera entrevista como viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha Stucker, declaró a El Comercio que la nueva estrategia del gobierno para disminuir la conflictividad social se basaría en mejorar la gestión pública pero además, incluía la opción de declarar el estado de emergencia en zonas en conflicto para «garantizar el respeto orden jurídico».

Este enfoque se evidenció claramente a partir de diciembre de 2016. Antes de esta fecha, la estrategia aplicada por el ex jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), Rolando Luque, fue el de la instalación de las mesas de diálogo, tal como se hizo en los conflictos en Saramurillo (Loreto) y Las Bambas (Apurímac).

Este cambio significó en el corto plazo la creación en febrero pasado del nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial (que reemplazó la ONDS), ente que desde esa fecha se ha hecho cargo de los conflictos sociales, la descentralización y organización territorial.

Desde diciembre del 2016 hasta la fecha, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia (suspensión de derechos y mantenimiento del orden interno por parte de la policía y las Fuerzas Armadas) en cuatro localidades. En las provincias de Chumbivilcas en Cusco (20 de diciembre) luego de la destrucción de las oficinas de la empresa de agua potable en Santo Tomás y Cotabambas en Apurímac (10 de febrero) por las protestas en torno al proyecto Las Bambas; y en los distritos de Coporaque en Cusco (21 de febrero) por disturbios en torno a la minera Hudbay y ahora Tumán en Lambayeque (12 de junio), en todas estas localidades se registraron actos de violencia.

Excepto en la última, en todas se levantó el estado de emergencia una vez vencido el plazo otorgado.

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 064-2017-PCM, publicado ayer en una Edición Extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno en Tumán por 30 días calendario. De acuerdo a la norma, esta medida de excepción se adoptó por actos contrarios al orden interno que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la población de Tumán.

-Reunión con dirigentes en la PCM-

Fuentes de la PCM, confirmaron a este Diario que la declaratoria de emergencia en Tumán responde a la estrategia del gobierno para abordar la conflictividad. Hoy a partir de las 4 de la tarde se reúnen en Lima un grupo de dirigentes de Tumán con el viceministro Javier Fernández Concha en la PCM.

«Bajo el estado de excepción los dirigentes saben que podrían ir a prisión si realizan alguna actividad. La decisión ha sido viajar a Lima para llegar a un acuerdo», afirmó otra fuente desde Tumán. Ayer, la protesta entre trabajadores y accionistas de la empresa azucarera Tumán y la policía dejó al menos seis heridos y 16 detenidos.

Fuente:http://elcomercio.pe/peru/emergencia-estrategia-mediar-conflictos-434230

Perú

Conflictos mineros dejaron 50 muertos durante Gobierno de Ollanta Humala

Los conflictos mineros en Perú dejaron 50 muertos y 750 heridos durante los cinco años de Gobierno del presidente Ollanta Humala, cuya gestión concluirá el 28 de julio, afirmaron organismos no gubernamentales a partir de datos de la Defensoría del Pueblo.

Observatorio de conflictos. Las ONG ambientalistas CooperAcción, Fedepaz y Grufides presentaron el 18 reporte Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), referido al primer semestre de 2016 y con recomendaciones al próximo gobierno del economista Pedro Pablo Kuczynski. Los organismos ofrecieron, además, un balance sobre el tratamiento que el Gobierno de Humala dio a los conflictos sociales del país, en especial los relacionados con la minería.

217 conflictos por mes. El director ejecutivo de la ONG Fedepaz, David Velazco, indicó que en los últimos cinco años los conflictos sociales se mantuvieron en un promedio de 217 por mes, un 70 % de los cuales tuvo motivos socio-ambientales. En junio pasado se sumaron otros dos conflictos socio-ambientales a los 150 de mayo, de los cuales 95 se encuentran directamente relacionados con la minería, según la Defensoría del Pueblo.

Instituciones ambientales. El directivo de CooperAcción José de Echave consideró que durante el Gobierno de Humala Tasso hubo «un gran retroceso» en el manejo de conflictos ambientales y consideró que esto se debió al «desmantelamiento de las instituciones ambientales y la pérdida de sus capacidades para hacer frente a los conflictos». «Cuando Humala llegó al gobierno en 2011 se despertó una gran expectativa por un cambio político muy publicitado en el manejo de los conflictos sociales que al final no ocurrió y que, al contrario, generó mayores conflictos y llevó al gobierno a cambiar de estrategia de manejo», explicó De Echave.

Flexibilización. El OCM indicó que Humala, que durante su campaña electoral de 2011 se manifestó en contra de varias proyectos mineros, terminó por establecer ya en el poder leyes ambientales a favor de la minería que generaron mayor conflictividad social. David Velázco agregó que entre las medidas ambientales negativas adoptadas por el actual Gobierno estuvo aquella que «flexibiliza los estudios de impacto ambiental» y que establece que de no obtener respuesta por parte del Estado en un determinado tiempo estos «sean aprobados».

Criminalización de la protesta. Asimismo, indicó que con las nuevas normas «se impide a los funcionarios pedir algún documento adicional que consideren necesario al estudio de impacto ambiental». El OCM alertó sobre el incremento de la criminalización de la protesta y la exoneración de responsabilidad de los militares o efectivos policiales que hagan uso reglamentario de sus armas al no permitir que sean investigados. EFE

Fuente: RPP.pe

 

Perú

La evolución del empleo minero y los conflictos por temas laborales

Un tema que no ha estado muy presente en los informes sobre el sector minero es el de la evolución del empleo minero y los conflictos por temas laborales. En una coyuntura en que se ha confirmado el inicio de una huelga nacional de la Federación Minera a partir del 19 de julio, es oportuno revisar algunas cifras.

Según información del propio Ministerio de Energía y Minas, actualmente 173,615 personas trabajan en el sector minero, de las cuales 60,915 (35%) tienen una relación laboral directa con las empresas mineras y 112,650 (65%) son contratistas.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, luego de alcanzar un pico en el número de trabajadores el año 2013 (214,122), la cifra cayó el año siguiente (27,513 puestos menos) y luego de una ligera recuperación volvió a retroceder en 2016 y se ha movido ligeramente en lo que va del año 2017.

Nueve regiones (Arequipa, La Libertad, Junín, Pasco, Lima, Cajamarca, Apurímac, Ancash, Moquegua) concentran el 75.95% del empleo directo en minería. En la zona sur del país está el 46.07% de la fuerza laboral minera; mientras que en el centro y en el norte, el 29.16% y el 24.77% respectivamente.

En los últimos años, las cifras en cuanto al número de huelgas y las horas-hombre perdidas, han ido fluctuando, pero en términos generales se puede afirmar que el sector minero no se ha caracterizado por paralizaciones crecientes en los últimos tiempos. El primer gráfico nos muestra una retrospectiva de largo plazo, en la que se puede apreciar en primer lugar, una caída importante en buena parte de la década del 90; luego un ligero repunte en el número de huelgas a mediados de la década pasada y, finalmente, un descenso importante en los dos últimos años.

En cuanto al número de horas-hombre perdidas, indicador que muestra con mayor precisión la intensidad y duración de las huelgas, en los últimos años se nota un descenso entre el 2008 y 2010, luego una reactivación el año 2011 y en el último año una caída significativa. Pese a ello, las estadísticas del Ministerio de Trabajo muestran que el sector de explotación de minas y canteras registró el mayor número de huelgas a nivel nacional el año pasado.

No se conocen estadísticas oficiales del número de huelgas en lo que va del presente año. Sin embargo, cabe notar que en los primeros meses se han producido paralizaciones en importantes empresas mineras: es el caso de la huelga en Cerro Verde, que duró 21 días en el mes de marzo y la de Southern que, durante dos semanas, paralizó las operaciones de Cuajone y Toquepala.

En la mayoría de casos, las demandas de los trabajadores han girado en torno a temas de seguridad laboral y/o exigencias económicas por el menor reparto de utilidades registrado en los últimos años como consecuencia de los menores precios de los minerales. Habrá que estar atentos a la evolución futura de la problemática laboral en la minería peruana.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/737-la-evolucion-del-empleo-minero-y-los-conflictos-por-temas-laborales

Perú

Óscar Mollohuanca y los dirigentes de Espinar

El próximo 4 de julio, en la ciudad de Ica, se realizará la audiencia final del caso del ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca y varios otros dirigentes sociales de esa provincia de Cusco.

Como se sabe, el largo proceso judicial es consecuencia del paro provincial de mayo de 2012, que en su momento fue convocado por las principales organizaciones sociales de la zona y liderado por el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE).

Luego de varios días de paralización y enfrentamientos, el gobierno de entonces declaró el Estado de Emergencia. Inmediatamente, se ordenó la detención de varios dirigentes sociales y del alcalde Mollohuanca, que fueron trasladados, en un primer momento a la ciudad del Cusco y posteriormente a Ica, lugar donde se ha llevado todos estos años el proceso judicial, imputándoles los delitos de atentado contra la seguridad pública, entorpecimiento de los servicios y disturbios.

El arresto del alcalde de Espinar desató una ola de protestas a nivel nacional e internacional. Bajo fuerte presión y buscando crear mejores condiciones para superar la tensión y los enfrentamientos en toda la provincia de Espinar, el gobierno de Humala tomó la decisión de excarcelar a Mollohuanca e instalar una nueva Mesa de Diálogo. El alcalde de Espinar jugó un rol determinante para bajar la tensión que se vivía y enrumbar en conflicto a un proceso de diálogo.

Lo cierto es que ya han pasado cinco años y no sólo no ha sido resuelto el proceso judicial en contra de los dirigentes, sino que lo más grave es que la agenda que motivó el paro sigue sin ser atendida y menos aún solucionada. ¿Qué pedía la población de Espinar en ese momento? En primer lugar, la solución inmediata de los problemas de contaminación de aire, suelo y agua, demandando mitigación, remediación, reubicación e indemnización por daños ambientales; la restitución de las fuentes de agua en varias zonas de la provincia; una auditoría ambiental internacional por el cierre de las operaciones del proyecto Tintaya y el inicio de la nueva mina de Antapaccay y; el respeto a los derechos humanos de los pobladores.

Lamentablemente, pasado todo este tiempo, las autoridades del Estado peruano aún continúan discutiendo sobre el origen de la contaminación por metales pesados, sin considerar que se ha comprobado que la población tiene en sus cuerpos, metales tóxicos que ponen en grave riesgo su salud por exposición crónica. Peor aún, como se ha reportado en estudios oficiales, hasta la fecha no se ha implementado políticas de salud ambiental en Espinar para corregir ese grave problema.

Cabe recordar que en el 2010 se estudió la exposición puntual a cuatro metales altamente tóxicos en la población de los distritos de Espinar y Alto Tejada. Dicho estudio reveló que todas las personas muestreadas tenían niveles detectables en sus cuerpos de arsénico, mercurio, plomo, cadmio.

Esta situación de incertidumbre y el hecho que se oculte información gravitante para la vida y salud de la población, fue uno de los factores que desencadenó la protesta de mayo de 2012. Hay que subrayar que los resultados de este estudio sólo fueron hechos públicos y entregados a la población entre fines de 2012 y el segundo trimestre de 2013. Posteriormente se realizó un segundo estudio de exposición puntual en el distrito de Espinar (enero 2013), aunque en esta ocasión se excluyó a la mayoría de comunidades previamente evaluadas.

El caso ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 8 de abril de 2016, se llevó una audiencia pública en la ciudad de Washington, donde los propios representantes de la población y sus asesores, sustentaron la grave situación de contaminación y la falta de respuesta del Estado peruano. En dicha audiencia, la comisionada Esmeralda Arosemena solicitó al Estado peruano que se revise la situación jurídica de las tres personas detenidas por reclamar contaminación e hizo un llamado a solucionar los problemas de contaminación.

Hace unos meses, a través de un pronunciamiento, pobladores afectados por metales pesados exigieron una vez más la atención que esperan desde el año 2010 y 2013 cuando se confirmó la grave situación en la que se encontraban 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancané.

Los planes elaborados por las autoridades del sector Salud no han tenido mayor viabilidad pues no cuentan con presupuestos, ni con el soporte institucional necesario, lo que expresa la falta de voluntad política de las autoridades competentes para implementarlos. Por ejemplo, hasta la fecha no se brinda atención especializada a personas que sufren exposición crónica a metales pesados.

En paralelo, el ex alcalde Mollohuanca y los otros dirigentes de Espinar han enfrentado cinco años de investigaciones y constantes dilaciones del proceso. Todo el proceso se ha seguido en Ica, luego que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidiera remitir el caso fuera de Cusco, bajo el argumento que no existían garantías para los fiscales. La Fiscalía ha modificado en más de cuatro ocasiones la acusación y la tipificación de los supuestos delitos.

El hecho de que el proceso no haya retornado al distrito judicial del Cusco, ha limitado el legítimo derecho de defensa de los dirigentes. La Fiscalía ha solicitado 8 años por los dos primeros delitos, y 7 por disturbios, además del pago de 100 mil nuevos soles como reparación civil.

Mientras que los dirigentes encausados asistirán a escuchar los alegatos finales del proceso, la población en Espinar sigue esperando respuestas a los graves problemas de contaminación y los impactos en la salud. En todos estos años y pese a la indiferencia de las autoridades, han demostrado una voluntad de diálogo y han hecho todos los esfuerzos para encontrar salidas dialogadas y pacíficas al conflicto.

Se espera que este duro capítulo en la historia de Espinar se comience a cerrar en Ica y que sobre todo las demandas que estuvieron a la base del conflicto del año 2012, sean finalmente atendidas por las autoridades.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/736-oscar-mollohuanca-y-los-dirigentes-de-espinar

Perú

Mediante esferas de polietileno proponen reducir contaminación por minería

Dado que Arequipa es un lugar donde existe una serie de conflictos sociales relacionados con la operación de empresas con actividades extractivas, como la  minería, agroindustria, o empresas de saneamiento, y todas aquellas que hagan uso extensivo del agua; la empresa Exma ha presentado una tecnología que busca reducir e incluso evitar que el agua de estas zonas se vea comprometida por elementos contaminantes.

Se trata de una tecnología llamada Barrier Ball que es patentada en Chile. Este invento ha sido destacado a nivel mundial como una de las soluciones más eficientes para el cuidado del agua y del medio ambiente en sectores claves para la economía.

Consta de esferas de polietileno de alta densidad (HDPE) con peso interior (ballast) que permiten cubrir el 91% de superficies liquidas, reduciendo la evaporación del agua entre 80% y 85%, reducir la emisión de olores y compuestos orgánicos volátiles, además de evitar que animales ingresen a estos reservorios de agua y puedan contaminar.

También reducen los vapores corrosivos y evita que crezcan algas dentro del agua. La instalación no es complicada según los especialistas, no requiere mantenimiento y tiene una vida útil de 20 años. Esta solución fue aplicada en los reservorios de California ante una de las peores sequías de su historia, así como en las más grandes empresas mineras, agro-industriales y de saneamiento de Chile y de los Estados Unidos.

Este producto es promovido en el Perú por la iniciativa verde llamada EcoBrands que busca promover proyectos de desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente en empresas privadas tanto como con el Estado. Esta iniciativa fue concebida por JustBrands Perú que es una agencia de Green Marketing y Grupo Misti Consulting que es una consultora internacional que cuenta con la distribución exclusiva de esta tecnología en el Perú.

Fuente:http://elbuho.pe/2017/06/28/mediante-esferas-polietileno-proponen-reducir-contaminacion-actividades-extractivas/

 

Perú

A 6 años de “El Aymarazo” en Perú

Aún existen procesos penales pendientes a dirigentes sociales y una demanda millonaria en el CIADI.

Han pasado 6 años del conflicto socio-ambiental conocido como “El Aymarazo” en Perú, una movilización realizada en el departamento de Puno en 2011, en rechazo al proyecto minero “Santa Ana”, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation.

Se trata de un proyecto de minería a cielo abierto ubicado cerca de la frontera con Bolivia, que pretendía explotar más de 63 millones de onzas de plata por un período de 11 años a partir del 2012. La población rechazó el proyecto por el potencial uso y contaminación de las fuentes de agua de la zona, incluyendo el Rio Desaguadero y el Lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia.

Como consecuencia de la suspensión del proyecto, existen 18 dirigentes comunales procesados, acusados de los supuestos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada. Entre ellos se encuentra Francisca Sarmiento, la única dirigente mujer en etapa de proceso. La fiscalía exige una pena de 18 a 28 años de prisión para los acusados, y el pago de siete millones de soles (más de dos millones de dólares) por concepto de reparaciones. El juicio penal se encuentra en su etapa final.

En una co-producción del Centro para la Democracia (Leny Olivera Rojas, Sian Cowman y Aldo Orellana López) y de Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA PUNO, entrevistamos al abogado Rodrigo Lauracio Apaza, integrante de DHUMA, sobre la criminalización de la protesta social en Perú en el contexto de “El Aymarazo” y presentamos este informe radial. DHUMA forma parte de la Coordinadora Nacional de Derechos y la Red MUQUI en Perú.

Mientras tanto, Bear Creek sostiene una demanda (iniciada en agosto de 2014) contra el estado peruano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI, órgano del Banco Mundial. Amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, la empresa exige el pago de 1 200 millones de dólares por la suspensión de su proyecto. Pese a esta demanda, Bear Creek continúa en la región impulsando otros emprendimientos, como el proyecto minero Corani, ubicado también en el departamento de Puno.

Esta es la realidad a la que se enfrentan las comunidades que rechazan los proyectos mineros en Perú, donde las organizaciones sociales y sus dirigentes son criminalizados y estigmatizados por el rechazo a la minería y por su condición indígena. La agresiva política pro-minera reinante en el país ha producido una gran cantidad de conflictos socio-ambientales, el despojo de tierras, desplazamiento de poblaciones y la violación de derechos humanos y colectivos. Esta política es impulsada por las corporaciones transnacionales como Bear Creek, que son las que se benefician en última instancia de la extracción de recursos y la transgresión de los derechos de las comunidades, que luchan por defender sus territorios.

Fuente:http://www.radiomundoreal.fm/9846-a-6-anos-de-el-aymarazo-en-peru?lang=es

Perú

Minsa anuncia declaratoria de emergencia sanitaria en dos distritos de Pasco

Declaratoria de emergencia se publicará el viernes. Vecinos de Simón Bolívar (Pasco) protestan en afueras del Minsa por efectos de minería en la salud de los niños.

La ministra de Salud, Patricia García, exhortó a los ciudadanos del distrito de Simón Bolívar, región Pasco, a levantar la medida de protesta que acatan desde hace una semana en los exteriores de la sede de dicha cartera, en Jesús María, debido a la contaminación originada por actividades mineras en su localidad.

La alta funcionaria explicó que el viernes 23 de junio se publicará la declaratoria de emergencia sanitaria en Simón Bolívar y Chaupimarca y tendrá una duración de 90 días. «Nos permitirá implementar algunas acciones para una población de unas 6,000 personas, que son los niños menores de 12 años y las gestantes, con la idea de darles atención integral, manejar el tema de la exposición a los metales pesados y el monitoreo ambiental», dijo en una entrevista con RPP Noticias.

Acciones. García Funegra señaló que desde octubre pasado el Ministerio de Salud (Minsa) ha llevado a cabo campañas de salud en esas zonas relacionadas directamente con la actividad minera. «Tenemos financiamiento para el plan integral de salud», comentó.

Según la Defensoría del Pueblo, los estudios de la determinación de plomo en la sangre de las poblaciones de Paragsha, Quiulacocha y Champamarca, realizados entre los años 1996 y 2005, revelan que el 84% de los niños menores de 10 años y el 61.5% de mujeres gestantes presentan un nivel de concentración de plomo en la sangre por encima de los límites permisibles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).