El Gerente de Ecología y Ambiente de la Municipalidad provincial de Hualgayoc región Cajamarca Ing. Jorge Mejía Vargas confirmó que, su equipo técnico despues de 100 días de trabajo por fin se terminó el informe de no expansión minera que será presentado al gobierno central Lima y todas sus instancias nacionales e internacionales.

El alcalde provincial Edy Benavides Ruiz de esta manera cumple con las exigencias de la población de la provincia de Hualgayoc, que durante muchas luchas sociales clama no más expansión minera, el informe será presentado en el transcurso de los días, ante las organizaciones sociales explicó Mejía Vargas.

Mejía Vargas por otro lado puntualizó que, el alcalde provincial Edy Benavides firmó la resolución reconociendo al Comité Provincial de Fiscalización que tendrá a su cargo junto a un equipo técnico el monitoreo para una transparente remediación de los pasivos ambientales en las microcuencas de Bambamarca, Chugur y Hualgayoc.

Por su lado el Lic. Eloy Sánchez Leiva sugiere que, el monitoreo para una buena remediación de pasivos ambientales tienen que haber especialistas ambientales que junto a los técnicos se pueda asegurar una remediación de calidad.

Sánchez advirtió que, la provincia Hualgayoc región Cajamarca es la más contaminada del Perú y de America Latina y el mundo por los 200 años de minería irresponsable ante los ojos de gobernantes nacionales que jamás pusieron freno al asunto, ahora tenemos graves consecuencias con personas con metales pesados. En el Perú hay ya 500 mil personas contaminadas que preocupa subrayó Sánchez Leiva.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/terminaron-el-informe-t-cnico-para-la-no-expansi-n-minera-en-la-provincia-de-hualgayoc-regi-n

El Ministerio del Ambiente publicó la Resolución ministerial N°276 – 2017-MINAM, mediante la cual se «modifica la primera actualización del listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al sistema nacional de evaluación del impacto ambiental SEIA (…) en relación a las actividades de exploración minera«. En sencillo, con esta norma el MINAM ha modificado la lista de los proyectos del sector minero que deben pasar por una evaluación de impacto ambiental para poder operar¹. Con este nuevo listado, el MINAM excluye un grupo de proyectos de exploración minera del requisito de evaluación y certificación ambiental de los impactos de sus operaciones, previsto en el marco de nuestro Sistema Nacional de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA).

Exploración minera ¿Qué ha cambiado?

La norma aprobada por el MINAM prepara el camino para cambios mayores en los estándares ambientales que regulan la actividad minera en el país. Así, esta nueva lista de proyectos aprobada, entrará en vigencia recién cuando se apruebe el próximo Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, anunciado por el MINEM y esperado por un importante sector del empresariado minero. Ambas medidas – entre varias otras reformas anunciadas²– apuntan a eliminar los procedimientos de certificación ambiental para los proyectos de exploración que el ejecutivo considere como de impacto no significativo.

El objetivo de estos cambios, en palabras de funcionarios del sector, es destrabar los proyectos de la cartera de inversiones en exploración minera del país, acelerar procesos y luchar contra la tramitología; de manera de promover el crecimiento económico a través de la inversión minera. En este caso, la «simplificación de trámites» ha significado eliminar el procedimiento de evaluación ambiental para una parte importante de los proyectos de exploración minera, rebajando así los estándares ambientales que se han ido construyendo durante los últimos diez años³.

Así tenemos que, si antes se exigía una certificación ambiental para todos los proyectos de exploración minera, ahora con la norma aprobada por el MINAM esta certificación se exigirá solo a un determinado grupo de proyectos; siendo que aquellos de menos de 20 plataformas y/o menos de 10 has de área disturbada, no requieren una evaluación de los impactos ambientales que pudieran causar. Solo si se da el caso que estos proyectos se ubicasen muy cerca de un cuerpo de agua (a menos de 50 metros), de nevados o glaciares (menos de 100 metros de la huella máxima de ocupación en invierno), de bosques de protección y/o bosques primarios (a menos de 100 metros); en un área natural protegida y/o sus zonas de amortiguamiento y/o en áreas de conservación regional estos proyectos deberán pasar por la certificación prevista en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). También se aplica esta excepción si el proyecto de exploración opera en áreas donde exista alguna regulación especial legal o que en su diseño incluyan túneles de exploración o que exploren materiales radioactivos.

Como vemos, la propuesta difundida del nuevo Reglamento para Exploración Minera prevé una regulación similar, concordante con el nuevo listado aprobado por el MINAM. El Reglamento plantea cambiar las categorías de los proyectos de exploración vigentes: los proyectos que cuenten con hasta 40 plataformas serán de Categoría I y pasarán únicamente por una Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA)⁵, a diferencia del Reglamento del 2008 que exige una DIA solo para proyectos de exploración de hasta 20 plataformas y que exige un EIA semi-detallado (instrumento de más complejidad) para los proyectos que tengan más de 20 plataformas. Esta propuesta de Reglamento, en línea con la nueva norma aprobada por el MINAM, deja fuera de la evaluación ambiental a los proyectos que considera de Baja Afectación Ambiental, los que no se regirán por la Certificación Ambiental que exige el SEIA. Luego, no queda claro si estos proyectos menores pasarán por algún tipo de análisis ambiental diseñado por el sector minero.

Reglamento de Protección Ambiental para actividades de exploración minera. Presentación de Alfredo Rodriguez. Director General de Minería. 19 de julio de 2017. Disponible en www.minem.gob.pe

Así la norma aprobada por el MINAM es clara. Los proyectos de exploración minera que según el MINEM no generan impactos significativos, no necesitarán contar con una evaluación ambiental en el marco del SEIA. Esto resulta paradójico pues, según la propia Ley del SEIA, la evaluación y certificación ambiental está orientada precisamente a identificar cuáles son esos impactos negativos potenciales y, sobre todo, a diseñar las medidas de mitigación para afrontarlos. Ahora fuera del SEIA, no queda claro cómo es que el MINEM analizará el nivel de los impactos y cómo va a determinar si estos constituyen o no, impactos significativos. Estos son solo algunos de los problemas que plantea esta reforma, como analizamos a continuación.

Reformas sin sustento

Sin duda, la reforma del sistema de evaluación ambiental para la exploración minera constituye un retroceso en materia de regulación ambiental. Funcionarios del MINEM han señalado que los cambios son necesarios y que se adecúan al SEIA; sin embargo, no es posible negar que eliminar procedimientos y estándares ambientales antes exigidos, es caminar hacia atrás en lo pasos andados. Esto resulta preocupante y atenta contra el espíritu del Sistema de Evaluación de impacto ambiental que intentamos fortalecer: la certificación ambiental obligatoria para las actividades económicas de impacto, incluso las de exploración⁶, de manera de garantizar su sostenibilidad a futuro y el cuidado de nuestros recursos y medio ambiente. Los principios que rigen nuestro sistema ambiental, apuntan a incluir este enfoque desde las etapas más tempranas de los proyectos, de manera de identificar y manejar mejor sus impactos sobre los territorios.

A esto debemos añadir que la norma aprobada por el MINAM no incluye el sustento que motiva las modificaciones y reformas. Ninguna explicación y/o justificación de los cambios aparece en el texto de la norma, más que la coordinación previa realizada por el MINEM. La exposición de motivos y otros análisis tampoco se puede encontrar en la página web de ninguno de los ministerios involucrados (MINAM y MINEM). Luego, si bien es cierto que el MINAM abrió un periodo de consulta sobre esta norma antes de su aprobación, la motivación y sustento técnico de las modificaciones no fueron publicados, dificultando su análisis.

Por el contrario, la modificación del listado del SEIA por parte del MINAM, se limita a recoger fórmulas utilizadas por el sector minero sin mayor análisis. Estas fórmulas ya han sido cuestionadas precisamente por la falta de sustento técnico de su regulación⁷. Así, encontramos la recurrente referencia al límite de una distancia de no menos de 50 metros de cuerpos de agua, ni de 100 metros de glaciares o nevados para realizar exploración minera (de 20 plataformas y/o 10 has. de área disturbada) sin evaluación ambiental. ¿Por qué se eligen estas cifras? ¿Cuál es el sustento científico que asegure que 50 o 100 metros son distancias suficientes para proteger estos recursos naturales? ¿Son estas cifras aplicables a los diferentes ecosistemas del territorio nacional? En esta misma línea, llaman la atención las diferencias entre el proyecto de Reglamento de exploración y el listado de proyectos recién aprobado por el MINAM: mientras que el proyecto de Reglamento de exploración exige una distancia no menor de 500 metros de un glaciar o nevado para explorar sin autorización ambiental; el listado del SEIA solo exige una distancia de no menos de 100 metros. ¿Cómo se sustentan estas diferencias? ¿Cuál es el análisis detrás? Lamentablemente, no se tiene acceso a estas evaluaciones.

Por otro lado, las reformas han sido previstas para las actividades de gran y mediana minería bajo competencia del Gobierno Nacional, no obstante, las anteriores exigencias ambientales (DIA y EIAsd) se mantienen para los proyectos de pequeña minería y minería artesanal bajo competencia de los Gobiernos Regionales. ¿Por qué no se ha modificado la evaluación a estos niveles?

Exploración minera en territorios campesinos, nativos e indígenas: sembrando problemas

Finalmente, el nuevo listado de proyectos de exploración minera sujetos al SEIA no hace mención a los proyectos de exploración minera – de cualquier escala- que se lleven a cabo en territorios de comunidades campesinas, nativas y de pueblos indígenas del territorio nacional. Los impactos negativos de la exploración minera – ya sea de menos de 20 plataformas – pueden resultar en vulneraciones a los derechos fundamentales de estas poblaciones y deberían ser examinados por la autoridad competente. Que un proyecto minero se realice sobre territorio indígena es razón suficiente para exigir una certificación ambiental de calidad, que salvaguarde el derecho al territorio, a los recursos naturales y a la consulta previa, reconocidos a las poblaciones indígenas de nuestro país.

Así, lejos de promover la competitividad del sector, estas reformas van sembrando el camino de los conflictos con las poblaciones afectadas por el desarrollo de proyectos mineros en sus territorios.

Como vemos, la modificación al marco ambiental para la exploración minera se ha realizado sin sustento técnico y atentando contra los principios de nuestro marco institucional para la evaluación de impactos ambientales. El Ejecutivo, en lugar de aprovechar esta oportunidad de reforma para diseñar cambios importantes e indispensables en el sistema de evaluación ambiental, ha optado por eliminar trámites, cediendo ante la presión de un sector del empresariado que todavía ve en los estudios de impacto ambiental meros trámites, a manera de obstáculos para el desarrollo de sus emprendimientos.

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(1) En Perú, nuestro Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales SEIA, establece la obligación de la certificación ambiental, esto es el pronunciamiento de la autoridad competente que evalúe y apruebe la viabilidad de las actividades económicas en términos ambientales. Con la certificación se evalúa, desde el diseño del proyecto, los potenciales impactos negativos al ambiente que la actividad va a causar y se establecen medidas de mitigación para afrontarlos. Para identificar las actividades económicas (proyectos, programas, etc.) que por su naturaleza requieran pasar por una certificación ambiental, según las reglas del SEIA se ha establecido un sistema de listados: se aprueban listas detalladas de los proyectos y actividades por sector que deben estar sujetos a una evaluación de impactos ambientales.

(2) «Nuestro objetivo es tener más inversión en todas las etapas de la actividad minera y menos gastos por burocracia. No puede ser que, para tener actividad minera, debamos gastar tiempo en trámites excesivos, eso nos hace poco competitivos», Cayetana Aljovín, 16 de agosto de 2017. En: MEM busca reducir trámites burocráticos para reactivar inversiones en sector minero. Disponible en: http://www.energiminas.com/mem-busca-reducir-tramites-burocraticos-para-reactivar-inversiones-en-sector-minero/

(3) Con la aprobación Ley del SEIA Ley 27446 en abril de 2001, la aprobación del Reglamento para la exploración minera mediante DS 020-2008-EM de abril de 2008, y la aprobación del Reglamento de la Ley SEIA en el 2009; entre otros.

(4) Fuente: Exploración minera: Qué dice el reglamento ambiental del MEM. En: Economía. Diario El Comercio, 8 de mayo de 2017. Disponible en: http://elcomercio.pe/economia/exploracion-minera-dice-reglamento-ambiental-mem-422963

(5) Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), tipo de evaluación ambiental de menor categoría que constituye una evaluación simple y de menor plazo, en la cual el titular del proyecto identifica impactos negativos de sus operaciones y prevé medidas para su manejo. El DIA puede ser de aprobación automática y tiene carácter de Declaración jurada.

(6) Art. 20 reglamento de la Ley 27446 Ley del SEIA, aprobado por DS020-2008-MEM.

(7) Para más información ver: Un mínimo de distancia del cuerpo de agua a los componentes mineros. Atarama, Eduardo. Unidad de postgrado – Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Rev. del Instituto de Investigación (RIIGEO), FIGMMG-UNMSM Vol. 17, N.º 34, pp. 7-10 Julio – Diciembre 2014.

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/772-exploracion-minera-sin-evaluacion-ambiental

En la provincia andina de Sánchez Carrión, al este de la región La Libertad, la minería ilegal ha destruido parte del Qhapaq Ñan (Camino Inca, en quechua) que cruza la zona. La ancestral ruta, que forma parte de la red de caminos prehispánicos erigida varios siglos atrás, unía a la cultura Huamachuco con otros asentamientos locales.

La ilícita actividad minera también ha contaminado las lagunas de Huaylillas, que hoy abastecen a la población del distrito de Huamachuco y a localidades como Sarín y Curgos (este último fue considerado en el 2015 el distrito más pobre del país por el Instituto Nacional de Estadística e Informática). Las lagunas también son reserva de agua para la provincia de Santiago de Chuco, que limita con Sánchez Carrión.

Agua que sirve para el consumo humano y de los animales, así como para regar los cultivos que son el recurso vital y económico de la zona. Sin embargo, la contaminación ha alterado la rutina. “Es probable que estas poblaciones estén tomando agua contaminada con metales pesados”, admitió Confesor Bermúdez, consejero regional por Sánchez Carrión, a El Comercio.

—Pasivos ambientales—
Roberto Vásquez, promotor de la asociación local Andes Sagrados, indicó que, de las 27 lagunas en Huaylillas, al menos seis o siete han sido afectadas gravemente por la actividad de los mineros ilegales. Estos extraen, principalmente, oro y carbón.

“Lo que está pasando es gravísimo. Hablamos de la posible afectación de los habitantes de Huamachuco y de miles de hectáreas destinadas para el cultivo. Además, se sospecha que entre veinte y treinta mineros ilegales excavan por Huaylillas, cuya superficie total es de casi 18 mil hectáreas”, añadió Vásquez.

Algunas de las lagunas más afectadas serían Cuchuro, Negra y Huangacocha. En setiembre último, El Comercio halló una excavación hecha por mineros ilegales a casi 4.100 metros sobre el nivel del mar, en las inmediaciones de Cuchuro, cerca del Qhapaq Ñan.

Para Gilmer Barreto, coordinador de las juntas vecinales del distrito de Huamachuco y miembro de la asociación Voluntarios por la Conservación, la situación en la laguna de Huangacocha es aun peor, pues existen pasivos ambientales mineros (relaves, pozas) que siguen contaminando el área. “Los ilegales buscan carbón, que está en auge. Luego, lo sacan en camiones hacia Trujillo”, contó Barreto.

Maritza Monzón, también de la asociación Voluntarios por la Conservación, indicó que la contaminación en esta zona ya ha sido denunciada ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Trujillo, así como ante las gerencias regionales del Ambiente y de Energía, Minas e Hidrocarburos.

“Pero todo queda en trámites burocráticos. El proceso es muy lento y no se ha sancionado a nadie todavía. Huaylillas tiene más de 74 concesionarios mineros. Toda la zona ya está concesionada y esto podría agravar la situación [en cuanto a la contaminación ya existente]”, afirmó Monzón.

—Ordenanza pendiente—
El consejero regional Confesor Bermúdez criticó que, hasta la fecha, el Gobierno Regional de La Libertad no haya emitido la ordenanza que declara a Huaylillas un sitio para la conservación de la diversidad biológica en la región. Esto, pese a que –en febrero del 2016– la Gerencia Regional del Ambiente anunciara su creación. “Estamos solos. A las gerencias no les interesa la defensa de nuestro territorio”, concluyó Bermúdez.

El titular de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Ricardo Sandoval, aseguró que ya se ha entregado un informe a la fiscalía de Trujillo para que esta denuncie penalmente a los mineros ilegales. “Nosotros podemos sancionar a los mineros informales cuando no extraen en el área que les corresponde, pero no a los ilegales”, indicó.

Este Diario buscó la versión de la Gerencia Regional del Ambiente de La Libertad, pero al cierre de la edición no obtuvo respuesta.

Fuente:http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/libertad-mineria-ilegal-contaminado-lagunas-huamanchuco-noticia-462411

En la famosa conferencia anual de minería, PERUMIN, el grupo de empresarios mineros nuevamente enfiló sus armas contra normatividad ambiental básica de este país, y de paso contra la institucionalidad que, aunque débil, todavía tiene este Estado.

Cuestionaron la aprobación de la Ley 30640, norma que no dispone sino una cosa fundamental, da un plazo de un año a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que desarrolle el marco metodológico necesario para determinar qué es una cabecera de cuenca y cómo delimitarlas. Esta norma viene a ser absolutamente pertinente ya que pese a que las cabeceras de cuenca están estipuladas en el Art. 75 de la Ley de Recursos Hídricos, e incluso el Estado se ha comprometido a su protección por reconocerlas como zonas ambientalmente vulnerables, nunca ha procedido a identificarlas. Esta falta de regulación ha abonado también a los conflictos socioambientales surgidos, pues en todos ellos se discute si los megaproyectos están o no en cabecera de cuenca.

La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo se ha manifestado en contra de este proyecto, calificándolo como una seria amenaza para la inversión minera, mostrándose en contra de su aplicación, pretendiendo atentar así no solo contra la normatividad ambiental que este país desarrolla, sino contra la institucionalidad misma, pues cuestionan una ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la República y promulgada por el propio Presidente.

Vale la pena recordar que la aprobación de esta norma duró muchos meses, y fue consultada a las autoridades competentes, quienes dieron su anuencia; también se le dio oportunidad al sector minero de opinar, hecho que omitió. Por ello, es inaudito que a estas alturas se pretendan imponer, cuestionando tal Ley y sugiriendo no aplicarla.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=noticias/02/10/2017/sociedad-de-miner-arremete-contra-la-normatividad-ambiental-y-la

La compañía minera Milpo es la actual operadora del proyecto de zinc Shalipayco, que se ubica en el distrito de Carhuamayo, departamento de Junín. El yacimiento ubicado a 12 km de la ciudad de Carhuamayo poseería además plata, cobre y oro, motivo por el cual la empresa viene realizando exploraciones en los alrededores de la laguna Yanacocha.

Según informó la radio local La Nueva Zona, las últimas intervenciones realizadas alrededor de la laguna habrían secado los puquiales, conocidos popularmente como ojos de agua, y se ha mermado el agua para Carhuamayo, pues la planta de tratamiento de agua potable para la ciudad se abastece de estas fuentes hídricas.

Señalaron además haber constatado que el agua contiene una sustancia turbia y lechosa, por lo que exigieron a las autoridades pertinentes hacer los estudios del caso a fin de prevenir enfermedades estomacales en la población o la intoxicación de sus ganados, que pastean con regularidad por la zona.

De acuerdo a la información brindada por el Frente de Defensa del Agua de Carhuamayo, a través de una resolución del Cuarto Juzgado Contencioso de Lima se había programado para el día 24 de agosto a las 10 am una inspección a la laguna Yanacocha, a fin de constatar los impactos que pudiera haber causado la exploración minera, que según la empresa Milpo no ha causado ninguna afectación socioambiental. No obstante por falta de logística esta diligencia fue encargada al Juzgado Mixto de Junín, tras lo cual la población empezó a organizarse para acompañar a la comitiva.

Llegado el día de la inspección el Ministerio Público remitió una carta informando que no tenían planificada una visita a la laguna, generando confusión entre los pobladores. Sin embargo el Frente de Defensa del Agua aclaró que la fiscalía no tenía participación en el proceso y que el Juzgado Mixto no había remitido ninguna resolución de postergación para la diligencia, por lo que junto con los presidentes de las comunidades, caseríos, centros poblados y barrios del distrito, así como en presencia del alcalde, los jueces de paz, las juntas del vaso de leche y la población en general realizaron una caminata de 4 horas hacia la laguna, que constituye la reserva de agua para el pueblo de Carhuamayo y forma parte de la zona de amortiguamiento de la reserva natural de Junín.

Lamentablemente la inspección no se pudo concretar porque el Juzgado Mixto se encontraba en huelga, según informaron medios locales. Por lo que informaron que en un tiempo prudencial programarán una nueva fecha.

Nuevamente nos encontramos frente a una situación que pone en riesgo el frágil ecosistema de las cabeceras de cuenca y que generaría un nuevo conflicto social ante la lenta respuesta de las autoridades.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/25/08/2017/alerta-ciudadanos-del-distrito-de-carhuamayo-en-jun-n-denuncian-que-minera-milpo

Un estudio elaborado en las ciudades peruanas de Cerro de Pasco y La Oroya reveló hoy que los 24 niños de la muestra presentan niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio por encima de los estándares permitidos debido a su exposición a relaves y emisiones de la minería y metalurgia en esas localidades.

Perú.- Una familia de nativos de Perú demandó ante una corte federal en el estado de Delaware (Estados Unidos) a la compañía minera de oro más grande de América del Sur. Se trata de la estadounidense Newmont Mining Corporation, que opera en territorio peruano mediante de su filial Yanacocha.

Según reseñó el portal Actualidad RT, Máxima Acuña de Chaupe fue la promotora de la exposición judicial para denunciar la persecución que viene soportando su familia por parte de la compañía. Según la denuncia, la minera busca apropiarse de las tierras ancestrales de esta familia campesina en la región de Cajamarca para difundir su negocio.

La ciudadana peruana es representada por EarthRights International (ERI), una Organización No Gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos y la ecuanimidad ambiental.

Su conductor, Marco Simons, sustentó en un comunicado citado por Diario Correo, que la petición busca “contener la intimidación y la persecución contra la familia Chaupe, para que puedan vivir sosegadamente y cultivar sus tierras”.

De esta manera, puso de relieve “el acoso sistemático y los abusos físicos y psicológicos” llevados a cabo contra la familia por parte del personal de la compañía multinacional. Por su parte, Acuña de Chaupe agregó que pretenden “obtener el reconocimiento de los perjuicios que hemos encontrado”.

Los nativos contra las mineras y las petroleras

En Perú se han observado varios de estos conflictos durante los últimos años. La denuncia de Acuña de Chaupe resulta únicamente un modelo de una problemática que cruza toda la nación.

De hecho, la misma campesina ganó el año pasado el Premio Medioambiental Goldman por una querella contra la compañía Yanacocha en relación al plan Conga.

Sin embargo, eso se ha visto con el afamado emprendimiento conocido como Lote 192, que cuenta con el diecisiete por ciento de las reservas petroleras peruanas. Allí la Pacific Exploration & Production se encuentra en apremio con comunidades originarias que piden la cancelación de un resarcimiento por la explotación de sus tierras.

De hecho, han detenido la producción como manera de protesta para requerir una consulta ante una potencial nueva concesión y para reclamar medidas de protección ambiental.

Fuente:http://segundoenfoque.com/nativos-peruanos-demandaron-a-compania-minera-31-382997/

El presidente de la minera, José Picasso, resaltó que sacar adelante el proyecto Las Bambas tomó alrededor de 12 años.

El martes pasado, en Perumin, la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, reveló que de 265 diferentes trámites que un proyecto minero necesita para salir adelante, sólo el 10% compete al sub-sector minero.

“El 90% está en manos del ministerio de Agricultura, del ministerio de la Producción (Produce), del ministerio de Defensa, del ministerio del Ambiente y otros sectores”, señaló.

Según José Picasso, presidente de Volcan, es imposible que la minería trabaje en estas condiciones.

“La ministra Aljovín está encaminada a reducir trámites. No es posible que para hacer minería se necesiten 265 normas. Toledo nos dejó con 20 normas. Alan García con 40. Humala nos dejó con 265. Es inviable hacer minería así”, exclamó.

Picasso recordó los casos de los proyectos de Southern Copper, que fueron presentados en Perumin 2011 y que todavía no salen adelante, salvo uno: la ampliación de Toquepala.

“¿Cuánto demoró sacar adelante Las Bambas? 12 o 13 años. En cualquier lugar del mundo los proyectos salen en la mitad de tiempo”, dijo.

Un estudio presentado hoy por Rafael Valencia Dongo, presidente de Estrategia Consultores, mostró que el tiempo promedio para que un proyecto minero avance de la etapa de desarrollo a la de explotación suma diez años en el Perú.

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/peru/jose-picasso-imposible-mineria-265-tramites-noticia-460034