Desde este lunes, un centenar de ciudadanos de distintas regiones que resultaron afectados en su salud por la presencia de la actividad minera sostendrán un encuentro en Lima y exigirán una adecuada atención por parte del Estado.

El encuentro a desarrollarse en el auditorio del Colegio Médico del Perú congregará a delegaciones del Espinar (Cusco), Hualgayoc (Cajamarca), La Oroya (Junín), San Mateo (Lima), Cuninico y las cuencas de Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza (Loreto), además de Puno, Callao y Amazonas.

La actividad se prolongará durante una semana y tiene como objetivo visibilizar la problemática vinculada a las actividades extractivas y generar soluciones desde un enfoque de salud pública.

Fuente:http://larepublica.pe/politica/1150220-afectados-por-metales-pesados-se-reuniran-en-lima

PEDIDO. Gerente social de empresa señala que no se ubican en cabecera de cuencas y tampoco contaminarán medio ambiente. Pobladores de Huancabamba temen daños a sus tierras y fuentes de agua.

Tras dos décadas de paralizado el proyecto minero Rio Blanco, ubicado en territorios de Huancabamba y Ayabaca, en la sierra de Piura, el gerente social, Boris Dávila Cáceres, aclaró algunas “dudas” y demandó la reactivación de la mesa de diálogo con los actores involucrados.

Según manifestó el funcionario de Minera Rio Blanco Copper, hay varios mitos sobre los trabajos que han imposibilitado el diálogo con las comunidades de Segunda y Cajas y autoridades de la zona, entre estos la contaminación a las cabeceras de cuenca.

Ante ello, aclaró  que si bien el proyecto estaría ubicado en los terrenos de las comunidades, sólo ocupará un 1.7% del total, y esta no afecta a ninguna naciente de agua. Incluso no verterán residuos en  los ríos Huancabamba ni Blanco.

Esto pese a que ONGs como el Instituto Montaña han advertido que el 80% del territorio de los páramos de los bosques andinos se encuentra concesionado a empresas mineras (como Rio Blanco), lo cual pone en riesgo a los proyectos hidroenergéticos de Alto Piura y Olmos, ante la amenaza de posibles actividades extractivas.

Dávila Cáceres aclaró que el proyecto se ubica en las faltas de río Chinchipe, el cual no tiene ningún contacto con el río Piura, Huancabamba o Quiroz, según la ubicación geográfica.

“Queremos deslindar que no vamos a dañar al medio ambiente. Hay características que se desconocen por el rechazo que hay a  la minería, nosotros no nos ubicamos en cabecera de cuencas. Además se hará un reservorio de agua de lluvia para almacenar el líquido elemento y no utilizar el agua de río, y no haríamos ninguna descarga al afluente”, sostuvo.

Por ello, para Dávila es necesario reactivar el diálogo, teniendo en cuenta el contexto en que aún se encuentran la provincias. “La situación no ha mejorado, el 80% de la población se encuentra en pobreza y el 45% en pobreza extrema, además de la desnutrición que alcanza el 50% de los niños”, señaló.

Cabe recordar que una delegación de huancabambinos logró recolectar 5,335 firmas en respaldo al proyecto minero, pero hay otro sector de la población que aún es reacia a continuar con el diálogo.

Este memorial se presentó en octubre pasado en la mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, porque como como se sabe dicha comuna cerró la oficina de Río Blanco el pasado 17 de agosto, suepuestamente por no contar con el documento original de la licencia de funcionamiento.

Los promotores han mostrado su aceptación a la inversión privada, “porque estamos seguros que traerá el desarrollo y el progreso para Huancabamba”, dijo uno de los vecinos, Servando Ocaña.

EXHORTACIÓN

El defensor del Pueblo, César Orrego Ozula, invocó a las comunidades de Huancabamba a retomar el diálogo con la empresa Rio Blanco en torno al proyecto minero que busca explotar cobre y molíbdeno, para así dar por finalizado el conflicto que existe en dicha provincia.

Fuente:http://larepublica.pe/sociedad/1150465-rio-blanco-insiste-en-retomar-dialogo-para-iniciar-proyecto-minero

Las defensoras de la tierra y el agua están siendo vulneradas, afirmó enfáticamente la investigadora Rocío Silva Santisteban, quien presentó su libro “Mujeres y conflictos ecoterritoriales, impactos, estrategias, resistencias” el día de ayer, 20 de noviembre, en el Centro Cultural de España.  Para iniciar este libro partí de una pregunta que muchos se hacen: ¿Cómo afectan los conflictos eco territoriales en la vida de las mujeres?

El capitalismo por despojo que vivimos en la actualidad por el extractivismo, genera que las grandes empresas asuman el control de la vida, de animales, plantas, personas, y con ello, de territorios en su conjunto, propiciando los conflictos, por lo que la denominación socio ambiental que se utiliza no los refiere, hay que hablar hoy de conflictos “eco territoriales”.

El 73% del total de la tierra se encuentra en posesión de los hombres, por lo que ellos toman decisiones sobre la negociación de la misma, comentó Silva Santisteban. La Ley de Comunidades Campesinas, por su parte, solo considera al “jefe de familia” como comunero habilitado para tomar parte en las asambleas, lo que excluye a la mujer de los espacios de poder.  Cuando ocurren conflictos socio ambientales, son ellos, los que se sientan en las mesas de “diálogo”, agregó la investigadora.

El uso desmedido de la fuerza y la criminalización de la protesta afectan a las defensoras de derechos humanos. Ellas son perseguidas por el Estado, aseveró. Silva Santisteban dio una serie de recomendaciones que surgieron de la investigación, como impulsar la participación de mujeres en los procesos de Consulta previa, la promoción del liderazgo de la mujer en los movimientos sociales y la creación de Políticas Nacionales contra la violencia de género en conflictos sociales.

En la mesa de presentación del libro, estuvieron las lideresas Teresita Antazú del Pueblo Yanesha de la Selva Central, y Elsa Merma de Espinar, Cusco. Antazú contó cómo fue el proceso de empoderamiento de mujeres amazónicas en el que ella estuvo involucrada. “Yo me preguntaba por qué las mujeres no podían sentarse a la mesa junto a los hombres, por qué nos decían que traíamos mala suerte. Las cosas han empezado a cambiar poco a poco”, afirmó.  Ella participó en varias campañas por la titulación de tierras comunales y es una dirigenta reconocida.

“Nosotras no debemos callarnos, pensemos en las compañeras de nuestras comunidades, por ellas debemos resistir”, dijo Elsa Merma Ccahua, de la Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura del Pueblo Kana. Ella contó que la población y, sobre todo, las mujeres padecen con el extractivismo porque el costo de vida se eleva y se generan una serie de conflictos.

El Caso Máxima Acuña

La abogada Mirtha Vásquez, abogada de la luchadora social Máxima Acuña de Cajamarca, estuvo presente en el evento.  “Rocío Silva Santisteban nos está dando a conocer parte de una historia que nadie quiere contar, tenemos en nuestras manos un documento que sistematiza la experiencia de lucha que han tenido muchas mujeres por el territorio”, afirmó.

Vásquez contó que Máxima Acuña ya no soporta el acoso de parte de la empresa minera Yanacocha.  El caso se está llevando a cortes internacionales, señaló María Ysabel Cedano, directora de DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y agregó que se tiene que dar todas las garantías para proteger a la defensora de las lagunas.  Ella comentó que las mismas regiones que fueron afectadas por el conflicto armado interno, tienen conflictos socio ambientales y las mujeres otra vez están siendo afectadas en las luchas por el territorio.

El libro estará disponible online desde el 15 de diciembre.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/655-mujeres-conflictos-territorio.

Pobladores de la cuenca del río Ayash denuncian contaminación del agua e impactos negativos en la salud pública. Afirman que el ambiente sufre producto del vertimiento de relaves de la compañía minera Antamina SA. Los reclamos de este grupo humano, residente en San Marcos, provincia ancashina de Huari, representan solo uno de los 167 conflictos sociales presentes en nuestro país, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (DP), correspondiente al mes de octubre de 2017.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO) de la DP, del total de conflictos, 114 se encuentran activos y otros 53 permanecen en estado latente. Por distribución territorial, la mayoría se concentra en la región Áncash, con nada menos que 27 casos por resolver. Seguidamente, se ubican Puno (15 casos) y Apurímac (13). Según las causas, los conflictos más frecuentes están relacionados con temas socioambientales, con un 71.9% del total de casos a nivel nacional.

En este rubro, la lista es encabezada por disputas relacionadas con el sector minero: 77 casos en todo el Perú. Es precisamente el factor minería el que ha contribuido para posicionar a Áncash como la región con mayor conflictividad.“La particularidad es que Áncash tiene varios proyectos mineros en zonas importantes de la región como el Callejón de Huaylas y el Callejón de Conchucos. Operan grandes mineras como Barricky Antamina, las mismas que por incumplimiento generan focos de conflictividad con varias comunidades”, señala Porfirio Barrenechea, adjunto al defensor del Pueblo para Conflictos Sociales.

Para el funcionario hay además otro factor capaz de avivar conflictos: la situación posdesastres naturales. “El tema de la reconstrucción tiene mucho que ver con las quejas de la población frente a la atención del Estado para atender las necesidades básicas luego del desastre”, afirma. Violencia. Por otro lado, Barrenechea recalcó que, “más allá de la cantidad de conflictos, hay que analizar la intensidad de las protestas. Y eso depende de los fallecidos, heridos, agresividad en las manifestaciones o personas detenidas”. Con ello, recordó que en el mes de octubre se registraron tres muertes durante un enfrentamiento entre mineros ilegales en la zona de Parcoy, provincia de Pataz, en La Libertad. La disputa por un terreno para ejercer la actividad ilícita acabó con la vida de esas tres personas.Pero, ¿hay forma de prever si un conflicto llegará a tales niveles de violencia? De acuerdo con Barrenechea, existe cierta impredecibilidad. “Hay conflictos que tienen tres o cuatro años y continúan en negociaciones. Pueden pasar súbitamente de una fase de tranquilidad o diálogo a una nueva situación crítica porque no se cumplieron los acuerdos. Es totalmente variable y solo depende de cómo se va manejando”, comenta.El portavoz de la DP enfatizó, no obstante, que ciertos contextos, como la temporada electoral, suelen encender conflictos. “Por experiencia, conocemos que cuando hay elecciones el nivel de conflictividad aumenta en la mayoría de regiones”, añade.

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/lima/defensoria-del-pueblo-conflictos-sociales-787149/

El gobierno de PPK ha brindado las facilidades al proyecto Río Blanco en Huancabamba, mientras que, por otro lado, diversos sectores de Ayabaca y Huancabamba se oponen a toda inversión minera. Hay cosas raras. Toca a la población y prensa, por esto, hacer preguntas a la empresa y comunidades. Un tema para el que pocos tienen tiempo, o no quieren tocar.

Hace varias semanas retomé la escritura de unas crónicas que pretendo publicar. Trata sobre la expedición extraviada de un grupo de trabajadores de la empresa minera Río Blanco Cooper en las montañas de Huancabamba y Piura; y su posterior búsqueda por parte de rescatistas militares, exmilitares, policías, comuneros y civiles pagados. Una expedición, por lo tanto, que hasta hoy sigue desempolvando un conflicto social bien despierto en la serranía.

Esta es la historia. El jueves 16 de julio de 2015, por la tarde, recibo un mensaje desde las oficinas de la municipalidad de Ayabaca: 3 días antes un grupo de mineros había aparecido por el caserío Cabuyal; les habrían castigado los ronderos en otro caserío llamado Portachuelos y pronto fueron enviados a Huancabamba por una carretera en Pacaipampa desde Curilcas. No se supo más de ellos.

El caso era misterioso -hasta hoy-, pese a que por días se armó un comunicado, por parte de la empresa, en el que trataba de explicar el extravío de 4 personas y de los otros que fueron castigados. En suma, la búsqueda era por Orlando Pastrana Quezada, un ingeniero geólogo y líder de la expedición; la comunicadora cajamarquina Aleida Dávila Montes; el egresado en geología Manuel Herrera Peña, huancabambino, y Segundo Tacure, quien era conocido como “primito“.

Cinthya Robles Martínez, evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) terminó un reporte preliminar a las 3:30 de la tarde en su oficina de la calle Rodín en San Borja, Lima. “Una de las personas extraviadas estaba enferma (fiebre)”, versa en el documento. Era el mismo día en el que el informante de Ayabaca empieza a contarme parte de la historia. ¿Quién era el enfermo?

La expedición perdida

Poquísimas personas lo sabían. Una de ellas era Hipólito Cruchaga, por aquel entonces jefe de Indeci-Piura, quien tenía el reporte de Robles Martínez y me contacta y comenta la situación el 17 de julio en la mañana, cuando Rio Blanco Cooper ya había filtrado a todos los medios del país su comunicado y entre las bases ronderiles empezaba a cuajar la idea de que allá arriba, en la montaña de Cerro Negro, 4 personas tenían pocas posibilidades de vivir.

Otra de las personas enteradas de aquello era el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Miguel Orozco, en esos meses de 2015 comisario en Ayabaca. Él se entera el miércoles 15 de julio, oficialmente, a través de una denuncia verbal impuesta en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) en Piura.

Orozco y el superior Segundo Castillo –conocido en la búsqueda como Lupo– iniciaron, entonces, una faena interrogatoria por los senderos y caseríos de la comunidad de Yanta, donde mucha gente es “antiminera”. Ser antiminero es un término usado especialmente para determinar a las personas contrarias a la minería en su zona… Aquí la ensalada del asunto.

Perú presenta la mayor cantidad de conflictos mineros de toda América Latina. Desplazamientos, impacto ambiental y trabajo informal son algunos de los estragos más fuertes que ha generado el sector minero en Perú, y a pesar de que estas zonas reciben las mayores inversiones, su gente continúa sumida en la pobreza. Luis Castro reúne a los mejores expertos para poner las ‘Cartas sobre la mesa’ a la minería en esta región.

¿Por qué es el Perú el país con más conflictos mineros actualmente en América Latina? A juicio de José Luis López Follegatti, abogado y coordinador general de Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible de Perú, es porque el país andino muestra «más dinamismo minero». En este sentido, recalca que hay todo tipo de conflictos: solucionados y no, los que se han vuelto violentos y los que se han convertido en mesas de diálogo.

Además, continúa el desarrollo de la actividad minera en el Perú. «En los últimos diez años ha crecido considerablemente el mapa de desarrollo de este sector» en ese país latinoamericano y «sería raro que no existan reacciones o reclamos» ante este crecimiento, ha opinado Miguel Lévano, oficial del programa de derechos territoriales e industrias extractivas para Oxfam Perú.

En cuanto a las características de los conflictos, el 70% de ellos son socioambientales, ha estimado Rómulo Mucho, ex viceministro peruano de Energía y Minas. También ha añadido que la existencia de una discusión debe de considerarse como algo positivo. «Siempre digo: hay que convertir un conflicto en una oportunidad», ha afirmado Mucho.

«La gente quiere que resuelva los problemas la empresa», mientras que «uno de los males del Perú es que el Estado casi nunca está presente en la comunidad», ha apuntado el ex viceministro de Energía y Minas. «Entonces tenemos un problema de descentralización», ha concluido.

Las causas principales de los conflictos en el sector minero del Perú

Según Lévano, las causas principales de los conflictos con los mineros en Perú son las afectaciones ambientales y la falta de verificación de las mismas por parte de las autoridades; el temor de la población local a la afectación a su salud, sus tierras, el ganado y el medioambiente; y el incumplimiento de compromisos por el Estado o las empresas.

Otro desafío para el sector es la minería informal, si bien esta también tiene un lado positivo, dado que «mueve la microeconomía» porque sus representantes llevan a cabo actividades de compra y venta y dan trabajo a cientos de miles de personas, ha estimado el ex viceministro Mucho. Además, hay que tener en cuenta que hay varios tipos de empresas mineras en el país andino, estatales y artesanales, y entre estas últimas puede haber «aspectos informales», ha destacado José Follegatti.

«Es normal que existan conflictos», y si vienen «grandes inversiones», van a venir «grandes conflictos» también. «Lo extraño sería que no hubiera conflictos», ha concluido Mucho.

Fuente:https://actualidad.rt.com/programas/cartas-mesa/255160-peru-conflictos-mineros

Frente de Defensa lidera movilización para evitar la contaminación de la cuenca del río, donde se practica la agricultura desde la época preinca.

La explotación minera en las partes altas de esta provincia ha despertado la preocupación en la población.  El último fin de semana, una comitiva de funcionarios de la Gerencia Regional de Energía y Minas, autoridades municipales y del frente de Defensa de los Intereses de Virú inspeccionaron el lugar y descubrieron el grave impacto ecológico que ocasionan los mineros informales.

El área de operación minera está ubicada en el caserío Caray, jurisdicción del centro poblado Huacapongo, a 640 metros sobre el nivel del mar. Según el acta elaborada por funcionarios de la gerencia de Minería, en el lugar encontraron “acumulación de sacos de polietileno con material metálico. Muy cerca a ello se observa una pequeña cancha de acumulación del mineral”.

Durante la inspección se encontró al poblador Zacarías Zumarán Arroyo,quien refirió que los trabajos mineros corresponden a la época de la hacienda y que la persona que los contrató para la limpieza del área (recojo del material minero) para fines agrícolas.

Esta labor fue encomendada por Eldair Goicochea a un poblador natural de Condornada.

A su vez, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Virú, Fernando Crisólogo Santillán, asegura que en la zona existen operaciones mineras recientes, pero que los pobladores de ese sector pretenden ocultar.

Fuente:http://laindustria.pe/detallenoticias.php?codarticulo=13947