Crisis en la Amazonía. Puerto Luz es una de las 10 comunidades de la Reserva Comunal de Amarakaeri que sufre los embates de la minería ilegal. Sus habitantes, que son más de 400, viven en medio de un panorama desolador y se han visto obligados a practicar la minería artesanal sin depredar sus bosques. Están amenazados por el olvido, la violencia y la contaminación.

Ya no quiero regresar allá.

Aquella mañana, al lado del río Colorado, en la región Madre de Dios, los labios de Julio Kirigwa, de 71 años, hablante de una sola lengua nativa (el harakbut) tiemblan. En cada palabra, él tiene miedo que los recuerdos de sus pasos pequeños y risas inocentes se esfumen y no puede evitar que sus labios dejen de temblar.

Yo jugaba en el agua cristalina, pescaba grandes peces con mi papá. Pero de eso ya no queda nada. Por eso ya no quiero salir de la comunidad (Puerto Luz) porque me duele ver la destrucción que hay afuera, mi corazón se rompe», responde Julio, quien siendo niño escapó hacia el monte y se convirtió en un sobreviviente de la fiebre del caucho, durante las primeras décadas del siglo XX. Él, como alguna vez experimentaron sus padres en su momento, observa ahora cómo sus descendientes enfrentan otros peligros: la minería ilegal, la tala de árboles y la invasión de sus bosques.

La comunidad nativa de Julio se llama Puerto Luz y desde 1970, cuando cambió de nombre, se encuentra ubicada en el distrito de Madre de Dios, provincia del Manu, a 6 horas de la ciudad de Puerto Maldonado en un viaje por carretera, trochas y ríos. Su extensión es de 56 hectáreas, su población sobrepasa los 400 habitantes que provienen de la etnia harakbut y su realidad hoy es crítica: es el pueblo más devastado, de los 10 que comprenden la Reserva Comunal Amarakaeri, debido a la fuerza de la minería depredadora.

El pueblo de Julio, que ahora es asfixiado por la fiebre del oro, también es el de Yesica Patiachi Tayori, de 31 años, la profesora de secundaria que el 19 de enero pasado se convirtió en la voz de las comunidades amazónicas frente al mismo papa Francisco. Bajo este escenario, días después, La República viajó a Madre de Dios en busca de su comunidad nativa multicolor, ancestral, pero lo que encontró a su alrededor fue un territorio marrón, gris, destruido, bajo un cielo de azul intenso y entre ríos contaminados, «de la muerte», como Yesica describió en su emotivo discurso.

Asfixia de un pueblo

Puerto Luz está ubicado a 20 minutos de un centro poblado llamado Delta 1, el cual es un punto neurálgico de la minería ilegal. En el trayecto de estos dos lugares, los mineros han instalado campamentos y durante el día y la noche extraen el oro del subsuelo con maquinaria pesada y mercurio, sustancia que después va a parar al río donde ya no se bañan los niños nativos.

«Nosotros venimos del Cusco y solo cumplimos órdenes de quien nos paga. Aunque creemos también que la tierra es de todos los peruanos y no solo de los nativos», responden dos joven sin polo que han sido descubiertos por los pobladores de Puerto Luz con machetes en la mano, que minutos antes usaron para derribar los árboles, cuyos troncos les servirán para instalar los artefactos acondicionados para extraer oro (dragas). Ellos ganan un jornal diario de 50 soles, trabajan en condiciones infrahumanas y forman parte de la maldita cadena que acorrala a los pueblos amazónicos, los ahoga y los arrincona.

La afectación de la zona cercana de la comunidad nativa Puerto Luz, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, había alcanzado las 1.561 hectáreas durante los últimos 4 años, según un estudio del Proyecto de Monitoreo de Amazonía Andina (MAAP, por sigla en inglés). Actualmente, el daño es similar a 20 estadios nacionales, por lo menos.

«Recibimos el apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), pero muy poco pueden hacer 14 guardaparques en una reserva natural de 402 mil hectáreas incluida la zona de amortiguamiento. Ahora nuestro temor es el avance de la minería ilegal hasta las cuencas que abastecen de agua a los pueblos de esa zona de Madre de Dios, sería una tragedia mayor a lo que se vive en la conocida zona de La Pampa», advierte Walter Quertehuari, un harakbut elegido presidente del ECA Amarakaeri. Por eso, en ese lugar del país, los líderes nativos son guardianes de su aún verde territorio que consideran ancestral.

Guardianes de su tierra

Uno de ellos es Jorge Tayori, quien ha recibido amenazas de mineros ilegales. «Hasta ha sido secuestrado varios días por oponerse a los mafiosos del oro», cuentan en la comunidad Puerto Luz donde existen cerca de 20 concesiones mineras otorgadas por el Estado que están superpuestas con las tierras de los nativos.

«Nos invaden, pese a que tenemos títulos. Nos dicen: ‘¿Acaso tú has plantado estos árboles, has producido el agua?», cuenta Erasmo Manya, de 40 años, padre de familia, harakbut, quien ya en el 2016 se ha enfrentado a los mineros ilegales. «Ellos tienen armas y nosotros no. Estamos viviendo lo que vivieron nuestros antepasados con los caucheros».

En Puerto Luz, como en las otras 9 comunidades nativas de la Reserva Comunal de Amarakaeri, debido al acorralamiento de la extracción de oro y a la falta de oportunidades, las familias se han visto obligadas a practicar la minería artesanal. «Nosotros no buscamos oro para hacernos ricos, solo buscamos lo necesario para que nuestros hijos estudien», afirma Virginia Kirihua, de 36 años, quien desde niña ha visto cómo, primero, los hombres blancos, y luego los foráneos cobrizos, se han vuelto cada vez más ambiciosos por esos piedrecitas brillantes que sus ancestros confundían con los granos del maíz que ellos cosechaban.

Cultura que sobrevive

Yerco Tayori, de 26 años, líder de Puerto Luz, aclara que ellos no depredan sus bosques sino que solo esperan que el caudal del río Colorado disminuya para ir a las playas que se forman y buscar oro. «Nosotros no vamos a depredar la casa de nuestras futuras generaciones. Así como nuestros antepasados cuidaron nuestros bosques, nosotros hacemos lo mismo», precisa, tras agregar que otro riesgo que enfrentan es la construcción de una carretera.

El centro de salud de esta comunidad nativa no tenía personal médico hasta el año pasado cuando llegó la esposa de Yerco, quien es una enfermera técnica. En Puerto Luz hay 10 docentes para los niveles inicial, primaria y secundaria, pero solo uno habla la lengua harakbut. «Yo no quiero que mi lengua desaparezca, por eso, al acabar mi carrera de educación, yo volveré acá para enseñar», dice una joven de 19 años. Ella no olvida lo que le dijeron sus abuelos: «Si pudiera hablar castellano, les juro que yo defendería lo que ustedes no defienden».

Testimonio

Yesica patiachi Tayori

Soy del pueblo harakbut y recuerdo que de niña caminaba por el bosque verde y podía pescar allá. Lamentablemente, hoy se encuentra todo devastado por la minería ilegal y la tala ilegal que depreda y solo trae desolación a los pueblos. Ya no están los caucheros, pero su espíritu está en cada minero ilegal, en cada empresa petrolera, en cada maderero informal. Es de esta forma que estamos luchando. Por eso, tras la visita del Papa a Puerto Maldonado, esperamos que se haga eco de nuestro problema a nivel nacional e internacional. Queremos desarrollo sin depredación. Tiene que haber consulta previa, no solo por el bien de los pueblos nativos sino por el bien de la humanidad. Hoy el mundo se asfixia y si no hay bosque ni agua, ni aire, qué será de todos nosotros. Los pueblos nativos seremos estudiados en vitrina y no como cultura viva, como pretenden.

Bebé nativo bendecido por el Papa

Leandro tiene 4 meses y es conocido en la comunidad de Puerto Luz por ser el primer bebé nativo en ser bendecido por el papa Francisco en persona, en Madre de Dios.

El 19 de enero pasado, cuando se retiraba del Coliseo Cerrado, donde se reunió con 3 mil 500 representantes de comunidades nativas, el Papa le cogió la cabeza y le dio la bendición. «No me imaginé que iba a pasar eso, me emocioné mucho», cuenta Leidy Tayori, mamá de Leandro.

Este niño va a aprender la lengua harakbut que casi desaparece en su comunidad. «Haré un cuadro con la foto donde él sale con el Papa. Le enseñaré orgullosa», dice Leidy.

Fuente:http://larepublica.pe/sociedad/1177491-los-harakbuts-el-pueblo-nativo-que-la-mineria-ilegal-asfixia-en-madre-de-dios

Sociedad Minera San Miguelito tendrá concesiones y derechos mineros dentro de los 50 km de la frontera norte. El Ejecutivo autorizó que Sociedad Minera San Miguelito.

La consulta previa se ha convertido en un mero formalismo, que ha venido legitimando explotaciones sin un diálogo intercultural de por medio”, señala Ana Leyva, directora de CooperAcción. 

Ante silencio del presidente, Luis Galarreta promulga norma fujimorista que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en Ucayali pero no considera observaciones de comunidades indígenas y del Ministerio de Cultura.

Este lunes 22 de enero el diario oficial El Peruano publicó la promulgación de la Ley 30723, denominada ‘Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali’. Firmada por el presidente del Congreso Legislativo, Luis Galarreta, el 15 de enero.

La rúbrica es del legislador y no del jefe de Estado porque éste no la promulgó ni observó durante el tiempo establecido. La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso que se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre, una norma rechazada por las organizaciones indígenas amazónicas y el Ministerio de Cultura. Incluso el entonces ministro Salvador del Solar envió al presidente del Legislativo un oficio en el que explicaba por qué el aún proyecto de ley no era viable.

Sin considerar al Ministerio de Cultura (que a través del Viceministerio de Interculturalidad era una parte a consultar) ni tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas (que viven en la Amazonía y así como supuestamente pueden ser beneficiados, también pueden ser afectados), la iniciativa fujimorista fue aprobada por tener la mayoría parlamentaria. Además, no se hizo estudios técnicos ni económicos.

El proyecto minero Las Bambas es el emprendimiento más grande de la historia reciente de la minería en el país.

El proyecto minero Las Bambas es el emprendimiento más grande de la historia reciente de la minería en el país. Más de 10 mil millones de dólares invertidos y la proyección de una producción de más de 400 mil toneladas de cobre que, con el aporte de otros proyectos, está permitiendo que se duplique la producción de cobre del país. La producción comercial de Las Bambas se inició en el mes de agosto de 2016.

En los últimos meses, reiteradamente delegaciones de la zona de influencia del proyecto han venido a Lima a pedir diálogo y básicamente lo que han recibido es un portazo en la cara. Sin embargo, cuando estallan los conflictos a esos mismos comuneros los acusan de intransigentes.

¿Qué está pasando en la zona de influencia del proyecto y por qué se siguen reportando situaciones de tensión y conflicto latente? En primer lugar es importante subrayar que en este caso no estamos hablando de un conflicto en el que la población se opone al proyecto minero. Incluso se puede afirmar que en la zona siempre se ha percibido al proyecto minero como una oportunidad para la provincia de Cotabambas.

¿Cuáles son los temas de preocupación y las principales demandas de la población? Un primer tema tiene que ver con los reiterados incumplimientos de los acuerdos logrados en los diferentes procesos de diálogo implementados en la zona y que generaron un conjunto de obligaciones del lado del Estado y que en gran medida no se han cumplido. Todo ello ha ido creando un clima de malestar que se ha expresado en varios momentos en los últimos años.

Pero la preocupación de la población también se explica porque Las Bambas muestra la manera como se vienen modificando de manera reiterada y significativa los proyectos mineros, utilizando las nuevas herramientas creadas por los paquetazos ambientales que han flexibilizado las normas y limitan aún más los mecanismos de participación ciudadana.

Un informe de CooperAccion remarca que el proyecto Las Bambas fue modificado hasta en cinco ocasiones en menos de 20 meses; es decir en promedio una modificación cada 4 meses: dos veces se modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y en tres ocasiones se utilizó el instrumento denominado Informe Técnico Sustentatorio (ITS), procedimiento creado por el primer paquetazo ambiental (DS 054-2013-PCM), que permite aprobar cambios a los proyectos de manera expeditiva en 15 días y sin mecanismos de participación ciudadana. En el último año, las modificaciones, vía ITS y vía Estudio de Impacto Ambiental, han continuado.

Las reiteradas modificaciones y el uso y abuso de los nuevos instrumentos para producir cambios sustantivos en los proyectos, están a la base del desconcierto y preocupación de la población. Las Bambas pone en evidencia los problemas que comienzan a generar las normas de promoción de la inversión que en los últimos años han recortado estándares ambientales y han debilitado la institucionalidad ambiental.

El otro tema que causa malestar en la zona está relacionado con las reiteradas declaraciones de estados de emergencia. El último fue decretado el pasado 11 de enero (decreto supremo 006-2018-PCM) y abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, la vía que une las operaciones de Las Bambas (Apurímac), Constancia y Antapaccay (Cusco) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa).

Lo cierto es que el estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”. Algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación -supuestamente excepcional- desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia. En suma, lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población.

Como lo señala una alerta del Observatorio de Conflictos Mineros, “dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía”.

¿Qué hacer? Las Bambas muestra una vez más la ausencia de una verdadera estrategia desde el Estado para abordar la conflictividad social en las zonas de influencia de actividades extractivas. Igualmente, se constata las limitaciones que han tenido los procesos de diálogo que se han venido implementando en los últimos años, sin que se puedan generar verdaderos consensos y procesos que respeten los tiempos de la población local, el diálogo intercultural, etc. Tampoco se trabaja para nivelar las asimetrías de poder al momento de la negociación, ni se consideran orientaciones generales para sentar las bases para un desarrollo integral en una perspectiva de mediano plazo que fortalezca al mismo tiempo las capacidades e institucionalidad local.

Un proyecto como el de Las Bambas debería ser una prioridad para nuestras autoridades que deberían hacer todos los esfuerzos para encontrar puntos de entendimiento con los actores locales, más aun cuando en este caso -insistimos- la gente no se opone al proyecto. El Estado sigue sin cumplir con sus funciones no sólo por la falta de voluntad política, sino también por su propia debilidad estructural, la carencia de competencias, capacidades y herramientas.

El fortalecimiento de la gestión pública vinculada a la actividad minera es un aspecto determinante para la construcción de un nuevo escenario de gestión equilibrada e independiente. Es sólo de esta manera que las instancias del Estado peruano, encargadas de la gestión minera, podrán recuperar la confianza de las poblaciones. Mientras tanto las comunidades en la zona de influencia de Las Bambas siguen esperando que los atiendan.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/22/que-esta-pasando-en-las-bambas/

Contra el Estado de Emergencia infinito. Líderes sociales y autoridades de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac), donde opera la gigante china MMG Las Bambas, solicitaron poner fin al Estado de Emergencia vigente en la zona desde hace más de 120 días. También denunciaron que la empresa minera quiere modificar por cuarta vez el proyecto mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) a espaldas de la población.

“Venimos en representación de más de 30 mil habitantes. Tenemos 3 agendas puntuales: la modificatoria del estudio de impacto ambiental sin consulta del pueblo, el levantamiento de la prórroga del estado de emergencia que lleva en total casi 6 meses y el incumplimiento del gobierno con los compromisos para implementar el Plan de Desarrollo de Challhuahuacho, que garantice la inversión de 700 millones de soles en el distrito”, declaró el alcalde de Chalhuahuacho, Antolin Chipana.

Los dirigentes demandaron retomar el proceso de diálogo, suspendido unilateralmente por el Gobierno desde 2016. Señalaron que el Estado de Emergencia no contribuye a la paz social ni a solucionar los desencuentros con la población, y deja sin resolver sus legítimas preocupaciones ambientales y sociales.

Estas demandas se realizaron durante una conferencia de prensa en el Congreso de la República, donde se reunieron con parlamentarios en el marco de su visita a Lima para dar a conocer sus demandas. En la conferencia también participó el congresista Wilbert Rosas (Frente Amplio), quien señaló que “no hay comunicación con la PCM. Solicitamos que las autoridades con capacidad resolutiva como la Premier y los ministros titulares abran el diálogo”.

Cabe indicar que medios de prensa han informado que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) habría propuesto iniciar un diálogo el próximo 22 de enero.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/17/challhuahuacho-demanda-fin-del-estado-de-emergencia/

Este año se anuncia movido. En medio de la crispación por el tema político, antes de cumplirse los primeros diez días de enero ya estalló el primer conflicto social importante; el de los productores de papa.

Si bien no es un conflicto que por el momento tenga gravitación o se sienta en Lima, sí moviliza y tiene un fuerte impacto en importantes regiones de nuestra sierra: Apurímac, Ayacucho, Junín, Cusco, Huancavelica, entre otras, por la importancia y el número de los agricultores paperos en esas regiones.

¿Qué reclaman los productores de papa? En primer lugar alertan que el precio de la papa se ha derrumbado: sólo entre enero y noviembre del año pasado el precio de la papa ha caído en un 40% (precios al consumidor) y aparentemente la caída es más drástica si consideramos los precios que se pagan en chacra. Según testimonios de los propios productores, el precio del kilo de papa que reciben es apenas de diez o veinte céntimos, lo que por supuesto no cubre ni por asomo el costo de producción.

Algo de esto se confirma en los reportes de inflación del Banco Central de Reserva. La inflación habría descendido en los últimos meses sobre todo por la caída de los precios de los alimentos perecibles, entre los que destaca la papa.

¿Cuáles serían las causas de la caída de precios? La versión oficial apunta a subrayar temas climáticos (agua, temperaturas, etc.) y también se habla de un tema de sobreproducción. Sin embargo y sin descartar lo que puede haber pasado con el clima y la producción, los productores paperos apuntan a una supuesta mayor importación de papa procesada, sobre todo proveniente de Europa, aunque las cifras del propio Ministerio de Agricultura desmienten esta afirmación: la importación de papa precocida y congelada apenas representa el 0.79% del total de la oferta papera.

En todo caso, este es un tema clave que debería esclarecerse. La realidad es que los productores de papa de nuestro país se encuentran totalmente desprotegidos y no cuentan con información adecuada y oportuna. Al margen de cuál es el peso de cada uno de los factores que explique la caída del precio de la papa, los más de 700 mil productores de papa de nuestro país reclaman que el gobierno les brinde información y que se tomen cartas en un tema crucial que afecta a un sector importante de nuestra agricultura andina. Tema clave para el nuevo ministro de Agricultura, José Arista, que además proviene del Ministerio de Economía y Finanzas, y que debería estar atento a todos estos temas.

Completando el mapa de conflictividad social

¿Qué otros conflictos se vienen? Los maestros, sobre todo el sector liderado por Pedro Castillo, anuncian que se reunirán en asamblea nacional los primeros días de febrero, con la finalidad de decidir el inicio de una nueva huelga nacional indefinida “toda vez que el gobierno se ha ratificado en mantener la misma política privatista del sector Educación”. Además, subrayan que el gobierno debe cumplir con la meta de elevar el presupuesto del sector de acuerdo a la meta fijada en el Acuerdo Nacional (6%).

Habrá que ver si se confirma una nueva huelga magisterial y qué fuerza tendría. No siempre es sencillo reeditar una huelga y movilización de magnitud que implica enormes sacrificios para las bases a nivel nacional. Sin embargo, la fuerza que mantiene el magisterio los coloca en el mapa de la posible conflictividad social proyectada para este año.

Otro tema que sin discusión estará en la agenda de conflictos, es el de la reconstrucción de las zonas afectadas por el “Niño Costero”. Ya en los últimos meses del año, pobladores de las zonas más afectadas se movilizaron expresando su malestar por la manifiesta incapacidad de las autoridades responsables del proceso. La destitución de Pablo De La Flor en el mes de octubre, como máxima autoridad para la reconstrucción, y la designación de Edgar Quispe como su reemplazo, no han producido mayores cambios en la dinámica y el avance de los trabajos en las zonas más afectadas. A casi un año del “Niño Costero”, el malestar aumenta en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash y en la propia región de Lima y no habría que descartar que se produzcan estallidos de protesta.

Finalmente, un capítulo aparte son los conflictos socioambientales, sobre todo los vinculados a actividades extractivas, que el último año han estado a la baja en cuanto a número, pero que en muchas partes del país se mantienen latentes, como lo señala la propia Defensoría del Pueblo.

¿Cuáles podrían ser otros focos de estallidos? El caso de Tía María sigue siendo un conflicto latente y si la empresa Southern, que está gastando una importante cantidad de dinero en publicidad en varios medios de comunicación, insiste con el inicio de la construcción del proyecto en el corto plazo, sin duda va a encontrar una férrea resistencia de la población. La información que maneja el Observatorio de Conflictos Mineros da cuenta de que el rechazo al proyecto minero en la zona se mantiene.

Otra zona sensible es la del corredor minero, que une a las provincias de Cotabambas (Apurímac), Chumbivilcas y Espinar (Cusco). Quizás el caso más sensible es el de la zona de influencia del mega proyecto Las Bambas, donde en los últimos meses se ha venido prorrogando el Estado de Emergencia, lo que por un lado es una clara evidencia de la tensión que se mantiene en la zona y, por otro, una clara muestra de la incapacidad del gobierno para manejar este conflicto por vías alternativas, sobre todo apostando por una mayor institucionalidad y diálogo. En suma, lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población.

En medio de todo esto, las demandas legítimas en la zona siguen sin ser atendidas: los temas ambientales, una carretera que ya muestra saturación y graves problemas de contaminación, los problemas de salud de pobladores de las comunidades vecinas, los ofrecimientos de proyectos y un financiamiento que no llega, etc. A finales del año pasado, alcaldes y dirigentes de Cotabambas se entrevistaron con varios representantes del Ejecutivo en Lima para solicitar la reinstalación de la mesa de diálogo que quedó suspendida en el mes de octubre. Lamentablemente, la respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros fue negativa con lo cual diversas demandas en materia ambiental, derechos humanos y desarrollo quedan como no resueltas.

Otros casos que no se pueden dejar de tomar en cuenta

El de la provincia de Espinar y un conjunto de demandas desatendidas (sobre todo las referidas a los impactos en la salud de la población) es un caso a considerar, que seguramente llegará a un pico de tensión en el mes de mayo, cuando se cumpla un nuevo año del último estallido ocurrido en la zona (mayo 2012). No hay que olvidar que el año 2012 se abrió una etapa de diálogo, negociaciones y compromisos que no han sido atendidos.

Otros proyectos como Río Blanco, Michiquillay y la tensión que genera la minería informal en varias regiones del país, también formarán parte del mapa de conflictos sociales.

Sin embargo, no hay que olvidar que estamos en un año electoral y que en procesos anteriores, las expectativas, demandas e incluso la participación de actores sociales relevantes, se canalizaron por esta vía. Si no ocurre algo más en el país, lo cierto es que desde el segundo trimestre y sobre todo en la segunda mitad del año, en los territorios tendremos todos los ojos puestos en los procesos electorales.

En medio de todo esto, la gran interrogante es si un gobierno a la deriva y un gabinete como el que acaba de juramentar, tendrá algo de capacidad para diseñar una verdadera estrategia de prevención y abordaje de conflictos sociales. Seguramente, lo que seguiremos viendo en una estrategia predominantemente reactiva, que buscará apagar incendios y por el perfil de varios de sus integrantes, se seguirá priorizando la herramienta de los estados de emergencia y la criminalización de la protesta, que ya se utiliza en varias regiones del país. ¿Alguien se imagina que esto pueda durar hasta el 2021?

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-clima-de-los-conflictos/

Todo el corredor. El estado de emergencia decretado hoy 11 de enero por el Gobierno abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, con una longitud de casi 500 kms. Se trata de la vía que une las operaciones de Constancia y Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa). El decreto supremo 006-2018-PCM fue publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano y tiene una vigencia de 30 días, aunque en otras oportunidades se ha prorrogado repetidas veces este tipo de medida.

El estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.

En sus considerandos, el decreto en cuestión se basa en informes policiales “sobre los conflictos sociales advertidos en dichas zonas”.

Como se recuerda, algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación supuestamente excepcional desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia.

“Lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población”, señaló José De Echave, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.

Dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía.

Cabe indicar que el decreto autoriza a la Policía Nacional “con el apoyo de las Fuerzas Armadas” a mantener el orden interno según lo establecido en los decretos legislativos 1186 y 1095.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/11/declaran-estado-de-emergencia-en-todo-el-corredor-minero/

En lo que va del presente siglo, se renovó el interés en el estudio de la política fiscal y su relación con la renta generada en las industrias extractivas. Dos razones principales explican este resultado. Por un lado, en no pocos países, una parte significativa de los ingresos fiscales proviene de la renta que se genera en la explotación de recursos naturales no renovables. Por otro, el precio internacional de las materias primas -metales e hidrocarburos en particular- alcanzó niveles sin precedentes durante la década 2003-2012, lo que se tradujo en un incremento inusual de los ingresos fiscales.

En América Latina, si bien la década de bonanza minera impulsó procesos de crecimiento socio-económico, el fin del ciclo expansivo de los commodities hacia 2012-2013 trajo consigo una desaceleración del PIB y la caída de la recaudación, recordándonos la lección que nunca hemos terminado de aprender: la política fiscal se vuelve frágil e inestable cuando se sustenta –principalmente- en ingresos que se originan en la exportación de materias primas.

Sin embargo, tan importante como esta constatación lo es el preguntarse si durante el boom minero se recaudó todo lo que debía recaudarse. Es decir, ¿la política fiscal minera implementada durante la década de bonanza (2003-2012) fue la más adecuada para la apropiación óptima de la renta minera?

El marco teórico

El debate teórico en torno al binomio política fiscal – recursos naturales no renovables, ha girado en torno a cuál sería el instrumento ideal de tributación; es decir, aquel que: 1) deje en manos del productor el rendimiento normal de las inversiones, y 2) transfiera al Estado el máximo nivel de ingresos fiscales sin afectar la producción.

La teoría de la imposición en las industrias extractivas clasifica los instrumentos para obtener ingresos fiscales en tributarios y no tributarios. Para algunos autores, la imposición fiscal en las industrias extractivas debe basarse en la renta o beneficios que obtiene una empresa, es decir, en instrumentos tributarios (el Impuesto sobre Sociedades p.ej.); mas no en su producción o ventas, es decir, en instrumentos no tributarios (las regalías p.ej.). Las ventajas y desventajas que se atribuyen a uno u otro grupo de instrumentos generan discusiones acaloradas.

Las regalías o royalties: Son el pago que la empresa minera hace al Estado por el uso de un recurso natural de propiedad pública. Pueden adoptar diversas formas, pero su característica general es que se basan en la cantidad de recursos extraídos, en términos de valor o de unidad producida. No pocos autores consideran que las regalías son ineficaces (Boadway y Keen, 2013) y/o que afectarían en gran medida las decisiones de inversión de las empresas mineras (BID, 2013; Gómez et al., 2015).

La imposición sobre las rentas: Los impuestos que se imponen sobre la renta minera interferirían menos que las regalías en las decisiones de producción e inversión. Este grupo de instrumentos tributarios admite una amplísima variedad. La literatura especializada identifica al denominado “impuesto sobre la renta económica pura” como el más cercano al ideal de obtener el máximo de ingresos fiscales sin afectar el rendimiento normal de las inversiones. La “renta económica pura” de un recurso natural no renovable es definida como el excedente del valor bruto de producción que se obtiene después de restar todos los costos inherentes a la explotación de un depósito, incluyendo las remuneraciones de todos los factores de producción.

El caso del Perú

El Perú constituye un buen estudio de caso para evaluar la problemática planteada en este artículo, a saber, si la política fiscal minera fue la más adecuada para la apropiación óptima de la renta minera durante el alza del precio de los metales (2003-2012). En los años de mayor efervescencia del boom minero, la minería metálica aportó más del 60% de las exportaciones y contribuyó con poco más del 50% del Impuesto sobre Sociedades.

Política Fiscal frente a las Ganancias Extraordinarias

Durante la década de bonanza minera, tres Gobiernos se sucedieron en el Perú: el de Alejandro Toledo (julio 2001-julio 2006), el de Alan García (julio 2006-julio 2011) y el de Ollanta Humala (julio 2011-julio 2016), cada cual con predisposiciones distintas frente a la política fiscal minera.

Durante el Gobierno de Toledo (julio 2001-julio 2006), la política fiscal minera fue conformista. Se estableció el pago de regalías mineras en junio de 2004 (Antigua RM), del tipo ad-valorem; es decir, se aplicaba un porcentaje entre 1% y 3% sobre el valor de las ventas de concentrados. Instrumento valioso, pero que de poco sirvió: las empresas mineras más grandes del país no pagaron regalías porque se ampararon en sus Contratos de Estabilidad Tributaria (CET), ello a pesar de que el Tribunal Constitucional concluyó que las regalías no son un tributo y por ende debían ser pagadas por todas las empresas del sector.

Durante el Gobierno de García (julio 2006-julio 2011), las mineras obtuvieron sus mayores utilidades. Según estimaciones propias, los ingresos extraordinarios del sector minero debido al alza del precio de los metales sumaron US$ 97.651 millones durante 2003-2012: el 61% de ese total se registró durante dicho Gobierno.

A pesar de ello, la política fiscal minera de García fue la más pasiva y complaciente durante la década de bonanza. Se continuó cobrando solo las regalías y el Impuesto sobre Sociedades, sin tomar en cuenta el amplio abanico de instrumentos fiscales alternativos aplicados en el mundo para captar renta en las industrias extractivas (FMI, 2012). Las mineras más grandes siguieron sin pagar regalías: entre junio 2004 y septiembre 2011, once empresas habrían dejado de pagar US$ 1.619 millones por concepto de regalías (Mendoza y De Echave, 2016), monto mayor en 44% que las regalías pagadas por las 90 empresas que sí cumplieron con pagarlas en ese mismo período. Así, la muy parcial implementación de la Antigua RM evidenció la capacidad de las grandes mineras para hacer prevalecer sus intereses.

Al mismo tiempo, el Gobierno de García rechazaba la aplicación de un instrumento fiscal como el windfall tax, impuesto que grava las ganancias extraordinarias. En su lugar, optó por negociar con las mineras un “aporte voluntario” durante 2007-2011, decisión que no fue la mejor en términos de ingresos fiscales: 1) el 80,7% de los depósitos globales del referido “aporte voluntario” fue efectuado por siete empresas que contaban con CET y por ende no pagaban regalías.  2) Los US$ 626 millones que éstas depositaron, representaron solo el 51,9% de los US$ 1.205 millones que estas mismas empresas habrían dejado de pagar por concepto de regalías (Mendoza y De Echave, 2016).

Durante el Gobierno de Humala (julio 2011-julio 2016), se introdujeron cambios sustanciales en el régimen fiscal minero (septiembre de 2011) con el objetivo de hacer pagar regalías a las mineras que no lo venían haciendo. Se crearon el Impuesto Especial a la Minería (IEM), que comenzó a ser pagado por las empresas sin CET; el Gravamen Especial a la Minería (GEM), que recayó en las empresas que no pagaban regalías; y la Nueva Regalía Minera (Nueva RM). Hecho curioso, este cambio en la política fiscal minera no generó el fuerte rechazo que tuvo la imposición de la Antigua RM en 2004. ¿Cuál es la explicación?: los tres nuevos instrumentos fiscales tienen un común denominador: la base imponible es la utilidad operativa, ya no las ventas de concentrado como en el caso de la Antigua RM. Al aplicarse sobre las utilidades, la Nueva RM y el GEM dejan abierta la posibilidad para que las empresas manipulen sus costos y gastos con el propósito de reducir su utilidad operativa.

La precisión de los instrumentos fiscales

El cambio introducido en la forma de calcular las regalías mineras no se justifica. La Antigua RM no tuvo un impacto negativo en las decisiones de inversión de las empresas del sector como supone la teoría: entre 2004 y 2011, la inversión en minería se multiplicó en cerca de nueve veces y las utilidades de las 10 principales mineras se multiplicaron en poco más de cinco veces.

La Nueva RM –supuestamente más ventajosa que la Antigua RM- se paga desde noviembre de 2011; sin embargo, la inversión cayó en 57,2% entre 2013 y 2016. Similar tendencia se observa en las utilidades mineras. Por tanto, lo menos que puede decirse es que, para el período bajo análisis y en el caso concreto del Perú, la imposición de regalías ad-valorem no afectó la inversión ni las utilidades mineras. En cambio, la Nueva RM sí afectó la captación de la renta minera por parte del Estado. Según estimaciones propias, durante 2012-2016, 20 principales mineras pagaron por concepto de la Nueva RM, US$ 342 millones menos de lo que hubiesen tenido que pagar bajo el esquema de la Antigua RM.

En consecuencia, la política fiscal minera implementada en el Perú durante la década de bonanza se caracterizó por su extrema pasividad y complacencia, lo que no permitió un incremento de los ingresos fiscales en la misma medida en que aumentaban las utilidades extraordinarias del sector. Se trató de un régimen fiscal más bien “regresivo”, en el sentido que no permitió una participación creciente del Estado en la renta minera. La recaudación de ingresos fiscales provenientes de la renta minera estuvo por debajo de los estándares internacionales: si bien durante 2005-2008, el Estado captó en promedio anual el 54,9% de la renta minera antes de impuesto; este resultado bajó a 33,5% durante 2009-2012, y 18,8% durante 2013-216.

La necesidad de instrumentos fiscales alternativos

Desde febrero de 2016, el precio internacional de algunos metales se ha recuperado. Si bien la posibilidad de acercarse a los picos alcanzados durante la reciente bonanza minera está negada, también es cierto que esta recuperación se produce a partir de un piso que quedó establecido por encima de los niveles pre-bonanza. Por tanto, la caída del precio de los metales a partir de 2012-2013 no ha representado una catástrofe financiera para las mineras, sino más bien una reducción de sus ganancias extraordinarias, lo cual nos conduce a la siguiente pregunta: ¿por qué entonces los ingresos fiscales vinculados a la actividad minera se han desplomado?

En este contexto, el contar con una política fiscal dotada de instrumentos adecuados para la captura óptima de la renta minera es una necesidad latente para los países exportadores de recursos naturales no renovables. Es decir, una política fiscal minera alternativa, que supere los errores del pasado reciente, fortalezca sus instituciones y vaya de la mano con una política de inversión minera ambientalmente sostenible.

Una política fiscal minera basada solo en instrumentos ya tradicionales como el Impuesto sobre Sociedades y las regalías no es suficiente. Debiera explorarse otros instrumentos fiscales, como aquéllos que forman parte del grupo de los impuestos que gravan las “rentas puras”, que tienen la ventaja de dejar ganancias adicionales en manos de los inversionistas, pero al mismo tiempo permiten al Estado participar de manera progresiva en las utilidades extraordinarias. Este tipo de instrumentos debiera aplicarse de manera complementaria a los instrumentos tradicionales ya mencionados.

Asimismo, las regalías mineras debieran ser del tipo ad-valorem, pues las que se aplican sobre las utilidades deja amplios grados de libertad para que –en países con instituciones débiles y altos niveles de evasión- las empresas manipulen sus costos y gastos con el propósito de reducir sus utilidades. Es lo que la literatura especializada califica como “información asimétrica”, fallo del mercado particularmente acentuado en minería: el productor minero es el único que cuenta con buena información sobre la estructura y magnitud de los costos involucrados en su proceso de producción (Land, 2008), así como sobre los aspectos técnicos y comerciales de su proyecto productivo (FMI, 2012). Ello deja margen para una manipulación de los costos que busque disminuir artificialmente la tasa de retorno en cada uno de los proyectos que posee una misma empresa.

En el caso del Perú, desde 2011, los costos y gastos del sector minero crecieron a una tasa media anual de 6,9%, a pesar de que sus ventas cayeron en 3,8%. Ello tuvo dos efectos complementarios: 1) reducción de las utilidades y –por ende- del Impuesto sobre Sociedades. 2) Mayores devoluciones del Saldo a Favor del Exportador (porque se incrementaron las compras y el crédito fiscal), lo que redujo los ingresos fiscales netos del país.

Por tanto, para el éxito de esta política fiscal alternativa, resulta de particular importancia que la Administración Tributaria amplíe su control sobre los costos y gastos declarados, los precios de transferencia y las prácticas elusivas. En la búsqueda de este objetivo, el avanzar hacia un mayor involucramiento con los principios del Plan de Acción BEPS resulta impostergable, pues una de las principales características de las empresas mineras es que están vinculadas a grupos económicos transnacionales, con una alta capacidad para la planificación fiscal agresiva y lo que ello implica en términos de erosión de las bases imponibles y del traslado de beneficios.

De los tres Presidentes que gobernaron el Perú durante la década de bonanza minera (2003-2012), el primero (Toledo), está con dos órdenes de prisión preventiva y actualmente se encuentra prófugo en Estados Unidos; el segundo (García), viene siendo investigado preliminarmente por un equipo especial del Ministerio Público; el tercero (Humala), se encuentra en la cárcel con 18 meses de prisión preventiva. La situación legal de los tres constituye un segundo común denominador: están siendo investigados por sus vínculos con Odebrecht, la multilatina de origen brasileño que pagaba millonarios sobornos a cambio de contratos.  ¿Estamos frente a una terrible confirmación de “la maldición de los recursos naturales”? ¿Acaso mientras algunos gobernantes priorizaban la búsqueda de sinuosos caminos para captar y lavar capitales, lanzaban una mirada laxa y complaciente a la política fiscal minera?

Referencias

BID (2013): Recaudar no basta: Los impuestos como instrumento de desarrollo; editado por Ana Corbacho, Vicente Fretes y Eduardo Lora. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

BOADWAY, Robin y Michael KEEN (2013):  Rent Taxes and Royalties in Designing Fiscal Regimes for Non-Renewable Resources.

FMI (2012): Fiscal Regimes for Extractive Industries: Design and Implementation; Prepared by the Fiscal Affairs Department. Washington, D.C.: International Monetary Fund (IMF).

GÓMEZ SABAÍNI, Juan Carlos; JIMÉNEZ, Juan Pablo y Dalmiro MORÁN (2015): El impacto fiscal de la explotación de los recursos naturales no renovables en los países de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: NNUU – CEPAL.

LAND, Bryan C. (2008): Resource Rent Taxation – Theory and Experience. Washington D.C.: International Monetary Fund.

MENDOZA, Armando y José DE ECHAVE (2016): ¿Pagaron lo justo? Política fiscal peruana en tiempos del boom minero. Lima: OXFAM – CooperAcción.

TORRES CUZCANO, Víctor (2013): Grupos económicos y bonanza minera en el Perú. El caso de cinco grupos mineros nacionales. Lima: CooperAcción.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/boom-minero-politica-fiscal-y-corrupcion/