Desde el inicio de la crisis financiera internacional de 2008, que trajo abajo los precios de las materias primas, hasta la incierta recuperación del cobre en 2017. Ese es el período que abarca el nuevo libro “Diez años de minería en el Perú” (CooperAcción, 2018) de José De Echave. Intenso período en el que no solo se reflejan cambios en las tendencias de inversión, sino especialmente un conjunto de conflictos que mostraron la necesidad de cambios en las regulaciones ambientales y sociales del sector extractivo, tema en el que hubo algunos avances pero también muchos retrocesos.

El análisis permite identificar un conjunto de temas pendientes en la agenda ambiental y social de la minería en el Perú. El momento que vive el país, con el inicio de un nuevo gobierno y la evidente crisis política, exige lecturas como ésta, que buscan contribuir a revisar los errores y aciertos de la política pública en el sector extractivo y  plantear las reformas y cambios necesarios para iniciar una nueva etapa.

El libro abarca en total las gestiones de tres gobiernos diferentes: la última parte del gobierno de Alan García, la administración de Ollanta Humala y el turbulento período de Pedro Pablo Kuczynski. Sin duda ha sido un período intenso y esto se expresa claramente en esta nueva publicación. Si bien el texto ha sido organizado por años, también podría ser organizado por temas y episodios: consulta previa, libre e informada; el aporte tributario de la minería y los beneficios que gozaron las empresas; lo ambiental; las concesiones; los procesos de desregulación social y ambiental; los conflictos; el análisis de las distintas variables económicas vinculadas a la minería; y el contexto global; entre otros temas de importancia.

También destacan los episodios de estallidos sociales de envergadura, como el caso de los proyectos Tía María en Arequipa, Santa Ana en Puno, Conga en Cajamarca, Espinar en Cusco, Las Bambas en Apurímac, entre varios otros. Cada uno de estos conflictos ha puesto en agenda distintas limitaciones de nuestra regulación ambiental: desde la política de concesiones mineras o la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental hasta la fiscalización de los impactos ambientales y las modificaciones a los proyectos sobre la marcha. El libro muestra cómo estos conflictos abrieron oportunidades políticas para avanzar en reformas importantes sobre estos temas, pero también cómo el lobby empresarial llevó luego a retrocesos, como los paquetazos ambientales y el desmantelamiento de la política de ordenamiento territorial, entre otros.

El libro reúne alrededor de 200 artículos de análisis publicados en diversos medios institucionales y periodísticos entre 2008 y 2017, y constituye un aporte a la revisión de lo que ha sido la historia reciente de la minería en el país, pero también permite identificar la agenda pendiente para la  construcción de puntos de equilibrio en lo económico, ambiental, social y cultural.

Es posible adquirir la publicación en el local de CooperAcción y en la librería El Virrey. Para consultas adicionales, comunicarse los teléfonos 461-2223 o 461-3864.

También puedes descargar la publicación aquí.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/libro-muestra-evolucion-del-sector-minero-en-los-ultimos-10-anos/

Las familias de la comunidad de Alto Huarca, distrito de Yauri, en la provincia de Espinar están denunciando el abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional y la empresa minera Glencore Antapaccay, alrededor de diez pobladores han sido golpeados y amenazados con el objetivo de desalojarles de sus terrenos, de los cuales hay tres heridos de gravedad.

El último martes 03 de abril un contingente policial junto con maquinarias y ocho funcionarios de la mina Glencore Antapaccay, de manera sorpresiva, se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca con el objetivo de desalojar a las familias de la zona, con la seguridad que sus terrenos no se encuentran en venta, las madres de familia y abuelas se enfrentaron a la policía para defender sus viviendas, los efectivos sin ningún reparo empujaron, patearon e insultaron a Rocío Huaquira, María Huaquira y Eufrosina Umasi quienes resultaron gravemente heridas.

Eufrosina Umasi entre llantos nos relató que la empresa minera viene hostigando de día y noche a la comunidad de Alto Huarca para que vendan sus terrenos y esta pueda ser utilizada para una carretera de uso exclusivo de la empresa, personal de Antapaccay les dijo que pueden comprar los terrenos a doscientos dólares, sino aceptan se hará este pago al Estado y ellas no recibirán nada. Eufrosina agregó que ni bien se hizo presente a la zona un abogado y un periodista los efectivos policiales no pudieron sustentar la intervención.

Como se sabe el proyecto minero Antapaccay de la Suiza Glencore extrae concentrado de cobre en la zona, y actualmente se encuentra en fase expansión del tajo norte, por ello vienen aperturando nuevas vías internas para la circulación de sus vehículos. No es la primera vez que los pobladores denuncian estos abusos.

Fuente:http://derechosinfronteras.pe/espinar-pobladores-de-alto-huarca-denuncian-intervencion-violenta-y-abusiva-de-minera-antapaccay-y-de-la-pnp/

Ante la noticia de que la empresa minera Southern Perú iniciaría operaciones en el Valle del Tambo en el primer trimestre del año, diversas organizaciones de la zona se declararon en alerta y refirmaron su oposición al proyecto Tía María. Organizaciones sociales y ciudadanos en un encuentro donde participó Máxima Acuña, dirigenta social de Cajamarca ratificaron su oposición al mega proyecto minero.

Como informaron el Diario La República y El Búho, el fin de semana se realizó el encuentro nacional: “Valle de Tambo, resistencia y lucha por la vida”, donde participó Máxima Acuña. La agricultora, y mujer símbolo de la resistencia social al proyecto minero Conga, estuvo en Arequipa para apoyar la resistencia de los comuneros del Valle de Islay.

“Los campesinos queremos vivir tranquilos. Vivir en paz. Que se respeten nuestros derechos. Si no se van, tenemos que defendernos y luchar. La lucha es justa”, declaró para El Búho, Máxima Acuña.

Cabe resaltar que Southern está tratando de ingresar a la zona y trasladó una de sus plantas sin autorización. El secretario de Red Muqui, Javier Janhcke afirmó al respecto que que “Southern está trasladando su Planta de Beneficio sin realizar al menos una modificación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solo a través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es aplicable para actividades de menor envergadura, al final, no sabemos cómo se podría repercutir en la zona”.  Con este comportamiento, se genera un escenario de mayor conflictividad.

Por su parte, en el último estudio que realizó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, se determinó que las lagunas de Mejía y la zona agrícola del valle de Tambo son las zonas de mayor fragilidad, una minería no responsable podría afectar gravemente este ecosistema.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/39971-oposicion-al-proyecto-tia-maria-se-mantiene-en-el-sur-peruano

Un antecedente que está pasando desapercibido en el nuevo gabinete es que César Villanueva impulsó el primer proceso de Ordenamiento Territorial del país durante su gestión como presidente regional de San Martín. En efecto, Villanueva tiene conocimiento directo de la importancia de ese instrumento que la gestión de Kuczynski y su ministra de Ambiente, Elsa Galarza, desmantelaron durante los últimos 18 meses.

La pregunta es si, ahora, Villanueva retomará esta política clave para la adecuada gestión de nuestros recursos naturales y la prevención de conflictos sociales. Más aún: si podrá hacerlo con un Gabinete en el que destacan las puertas giratorias que nuevamente han puesto los ministerios económico-productivos en manos de representantes de las empresas privadas.

Recordemos que Villanueva continuó y fortaleció la política de ordenamiento territorial de la región San Martín, la misma que había dado sus primeros pasos con la Zonificación Económica y Ecológica aprobada por el Consejo Regional el 2006. Al asumir la presidencia del gobierno regional, el año 2007, el flamante premier le dio continuidad a este proceso, trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Ello llevó a la creación de la Autoridad Ambiental Regional en 2010 y finalmente a la aprobación de la Política Territorial de la Región, que está actualmente en aplicación y que ha llevado a muchos a considerar este caso como un ejemplo a seguir en temas ambientales.

Por cierto, Villanueva también es recordado por su protagonismo en la defensa del Área de Conservación Regional “Cordillera Escalera”, creada en 2005. Ante las concesiones petroleras otorgadas en la zona, el entonces presidente regional participó de las movilizaciones y la lucha legal hasta que en 2009 el Tribunal Constitucional decidió suspender la exploración petrolera. Recientemente, ante una nueva acción jurídica presentada por PerúPetro y Repsol que busca anular la sentencia del TC, Villanueva ha sido nuevamente un vocero activo en defensa de este importante ecosistema. “Lo dije en la histórica marcha del 24 de mayo de 2007 y lo reitero hoy, once años después: los sanmartinenses no vamos a aceptar ningún tipo de explotación en Cordillera Escalera, que es fuente de vida para miles de nuestras hermanas y hermanos amazónicos”, declaró en febrero. “Es literalmente un banco de agua para toda la población de aquí. No podemos permitir que la toquen”, había señalado anteriormente. Así pues, el nuevo premier es consciente de la necesidad de mantener la intangibilidad de ciertos ecosistemas clave, en particular aquellos que cumplen la función de ser zonas productoras de agua.

Esta experiencia ambiental contrasta notablemente con lo ocurrido a nivel del Ejecutivo durante el gobierno de PPK y la gestión de la ministra Elsa Galarza. Recordemos que la óptica de Galarza fue evitar conflictos sobre competencias con otros ministerios, lo que llevó a una pérdida de protagonismo del Minam como autoridad ambiental. La máxima expresión de ello fue la renuncia voluntaria del Minam a su función rectora en el Ordenamiento Territorial, a través de la aprobación de su nuevo Reglamento de Organización y Funciones. Esta decisión estuvo acompañada de un conjunto de cuestionables cambios en los estándares de calidad ambiental (ECA) y flexibilizaciones en los procesos de certificación ambiental para exploración minera. Además, Galarza buscó tranquilizar al sector extractivo ante la Ley de Cabeceras de Cuenca dictada por el Congreso, y no impulsó la creación de nuevas áreas naturales protegidas, entre otros retrocesos.

Habrá que ver cuál es el enfoque planteado por la nueva ministra, Fabiola Muñoz, para un ministerio que –por cierto- cumple 10 años de creación el próximo mes. Sus antecedentes plantean algunas interrogantes. En primer lugar, sorprende que se haya designado a una funcionaria que no tiene experiencia en los temas propiamente ambientales, sino más bien en el sector agricultura, como responsable del SERFOR (la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre). Recordemos que uno de los cuestionamientos constantes a nuestra arquitectura institucional tiene que ver con que muchas de las funciones de una “autoridad ambiental” están repartidas entre los ministerios encargados de promover las actividades de explotación de los recursos naturales. Es el caso del sector Agricultura, que alberga al SERFOR al mismo tiempo que tiene como función promover la explotación maderera, lo que implica que el gato es al mismo tiempo el despensero.

Por cierto, la gestión de Muñoz ha sido cuestionada por informes internacionales que señalan que el SERFOR, lejos de ser un actor firme en la protección de nuestros bosques, ha “intentado debilitar a las instituciones a cargo de implementar las normas. Además de esto, también han disminuido la recolección de datos y han cambiado los requisitos oficiales, haciendo casi imposible que se pueda rastrear la madera y verificar la legalidad de su origen”. (Informe “El Momento de la Verdad” – EIA 2018).

Otra duda que genera Muñoz es su participación en el sector minero como gerente de relaciones comunitarias de Anglo American Quellaveco, lo que abre interrogantes acerca de su independencia a la hora de regular los impactos ambientales de la minería. Sin embargo, no es la única. Al menos dos ministros más han trabajado para empresas mineras. El propio Francisco Ísmodes, flamante ministro de Energía y Minas, ha trabajado durante más de 20 años en la empresa Milpo, llegando a ser gerente general adjunto; ha sido también gerente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía entre 2013 y 2014; y hasta su nombramiento fue director de la minera Sierra Antapite. Así pues, un evidente vocero y representante de los intereses empresariales en minería pasará a ser ahora la máxima autoridad responsable de este sector. Por último, el polémico Daniel Córdova –titular del ministerio de Producción- ha sido vocero de Southern Perú en su explotación en Toquepala. Esta empresa es protagonista del conflicto de Tía María (Arequipa) que hoy amenaza con reactivarse, y es además la nueva titular del proyecto Michiquillay (Cajamarca).

Mención aparte merece el hecho de que Córdova será ahora el responsable de las políticas para la pesca. Si bien no se le conoce ninguna experiencia en este importante sector, es sabido que Córdova es un promotor acérrimo de menores regulaciones para las empresas privadas, así que queda por ver qué decisiones tomará respecto de las cuotas y temporadas de pesca ante la constante presión de la Sociedad Nacional de Pesquería. Cabe añadir que Córdova manejó entre 2011 y 2015 la empresa de comunicación NewLink, que actualmente es dirigida por Cecilia Blume, quien es una conocida gestora de intereses de las empresas pesqueras.

Queda por ver, pues, si un gabinete conformado por actores claves vinculados al sector empresarial podrá –o querrá- darle un lugar protagónico a la agenda ambiental pendiente, que es ampliamente conocida por el premier Villanueva. Entre los temas pendientes se encuentra retomar la policía nacional de ordenamiento territorial, que se encuentra actualmente en el limbo; y una nueva estrategia de prevención y transformación de conflictos socioambientales. Una decisión clave que permitirá conocer la orientación del nuevo gabinete es qué ocurrirá con el estado de emergencia en el corredor minero, ampliado en marzo por 30 días.

Otros temas importantes son retomar la discusión y creación de áreas naturales protegidas; garantizar la protección de las zonas productoras de agua; garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a consulta previa, convertido en un trámite en los años recientes; garantizar la atención a las víctimas de contaminación minera y petrolera, y prevenir nuevos casos de este tipo mediante una adecuada fiscalización ambiental; y garantizar la protección de los defensores ambientales, que vienen siendo perseguidos, criminalizados y en muchos casos, asesinados.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/radiografia-ambiental-del-nuevo-gobierno/

Comuneros y ronderos de Ayabaca se preparan para efectuar una masiva protesta por la presencia de la empresa minera Río Blanco en zonas de la sierra piurana.

El presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de esa provincia, Rubén Jiménez Carrión, anunció que el próximo 7 de mayo llegará a la ciudad de Piura para movilizarse ante la amenaza de la actividad minera.

“Los ronderos no permitiremos la minería porque afectará a la agricultura, ganadería y a la población. Se trata de un proyecto que piensa ejecutarse en las zonas donde nace el agua que es vida”, afirmó.

Reveló que en su localidad hay la presencia de promotores mineros “que están mal informando a las comunidades sobre el tema”. Indicó que les están comunicando que las actividades de la mina se iniciarán sí o sí a partir del 2021. “Preferimos morir y no dar un paso atrás”, puntualizó.

Jiménez dijo que las comunidades campesinas y ronderiles exigen que se reconozca la consulta vecinal desarrollada en el 2007, donde el 97% de la población andina rechazó la actividad minera.

Agregó que apuestan por la agricultura, ganadería y la vida. Y en la marcha de mayo estarán participando las diversas organizaciones de las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

Carlos Apaéstegui, de la Oficina Regional de Coordinación de Rondas Campesinas, señaló que las organizaciones de la sierra están en su derecho de realizar una marcha contra la minería. “Se deben tomar las medidas de seguridad para impedir la violencia”, acotó.

CLAVE

En asamblea realizada el pasado 24 de enero en Ayabaca, comuneros y ronderos acordaron realizar la movilización contra la actividad minera. Y según el dirigente Rubén Jiménez, el 7 de abril ratificarán la medida de protesta en una audiencia de comunidades.

Fuente:http://larepublica.pe/politica/1219818-rondas-campesinas-anuncian-protestas-contra-presencia-de-minera-rio-blanco-en-piura

La Autoridad Nacional del Agua está avanzando en elaborar el marco metodológico para la delimitación y estudio de vulnerabilidad de las cabeceras de cuenca, pero a medida que ahonda en el tema más se convence de que esto no es necesario, dijo su jefe, Abelardo La Torre.

Este tema es “una papa caliente que es tremenda”, sostuvo.
Consideró que la Ley 30640, que modifica el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos en materia de cabeceras de cuenca no dice nada nuevo.

“Hemos estudiado mucho desde que nos han sacado la ley y estamos trabajando en ello. Hemos estudiado mucho la normatividad nacional, de lo que se trabaja en diversas partes del mundo. Hemos traído expertos para que nos ayuden a analizar”, dijo.

“Pero la legislación peruana no necesita una norma más para preocuparnos por la cabecera de cuenca… Todo está en las leyes ambientales. No hay nada más que se pueda pedir a alguna mina que estuviera pretendiendo actuar en ­ la cabecera de cuenca”, agregó.
Consideró que el trasfondo de esto es la desconfianza que existe en los dictámenes de los organismos responsables por hacer cumplir las normas.

“El problema es que luego sale una serie de oposiciones a las decisiones tomadas, movilizan a la población, que ni siquiera entiende por qué se moviliza, y entonces hacen políticamente una resistencia que se prolonga eternamente, como Tía María, por ejemplo”, dijo.

Conflicto por agua
Sin duda, el uso del agua ha estado y estará en el centro de atención cuando se habla de minería, pero es necesario desmitificar puntos de los que se han valido los opositores de esta actividad extractiva, dijo De la Torre.

Uno de ellos es que las minas usan abundante agua para sus operaciones o que la agricultura y pobladores se iban a quedar sin el líquido.

“Hay políticamente una actitud de limitar la minería en casi todo el país”, afirmó el funcionario, quien además consideró que existe un exceso de regulación que ha estado entorpeciendo las inversiones y “ha hecho la vida muy difícil para que se inicien las obras”.

De la Torre precisó que un 80% del agua del país lo consume la agricultura, un 10% es de uso poblacional, un poco menos es usado en la industria y menos del 1% es utilizado por la minería formal.
El agua que este sector tiene permitido utilizar está siendo constantemente reciclada por las propias empresas ante el temor de contaminar. “No les queda más que reincorporar en su sistema la misma agua y eso tiene un costo y es elevado”, dijo.

Necesita dientes
El jefe de la ANA afirmó que el organismo está avanzando en una simplificación administrativa, pero informó que está recomendando algunos ajustes en sus funciones. Uno de ellos es que pueda hacer efectivas sus sanciones.

“Nosotros multamos, pero no se puede cobrar porque la ley no nos dio la posibilidad. Ellos ponen una cautelar en el Poder Judicial y ahí quedó todo. Se acabó. Eso no puede ser”, sostuvo.

Las zonas al lado de los ríos no deben ser ocupadas porque son zonas de alto riesgo, sin embargo las ocupan y la ANA no puede hacer nada, continuó. Se les dio las facultades a los municipios, pero algunos de ellos han negociado la venta de esas tierras y terminan con agua, luz, calles y la ANA está atada de manos, sostuvo.

“Entonces, estamos buscando un dispositivo para que a la ANA le den dientes para poder hacer efectivos sus mandatos. Ese es uno de los cambios más importantes que estamos buscando ahora”, dijo.

Fuente:https://gestion.pe/economia/abelardo-torre-agua-constante-conflicto-y-eterna-papa-caliente-230418

Hoy se “celebra” el Día Mundial del Agua. Durante toda la semana se han realizado varias “celebraciones” promovidas principalmente por el Estado. En las diversas programaciones por esta fecha, figuran los expertos técnicos pero casi ninguna comunidad como relatora o presentadora de su experiencia social o comunal de manejo del agua. Y claro que hay experiencias comunales y sociales en el país, pero parece que el Estado no le da la debida importancia a las comunidades.

Intento comprender el motivo de la celebración pero no lo logro, teniendo en cuenta que la situación es realmente crítica y estamos yendo a un camino sin retorno, directo a un profundo “estrés” del que muy difícilmente vamos a recuperarnos. Es decir, resiliencia frente a este escenario crítico y resiliencia “hídrica”, si es que cabe el término, no se ve, no se da, porque el Estado no ve, es miope o no quiere ver porque quizás verla no le resulta “rentable”.

Y si algo se puede hacer para guardar algunas esperanzas es echar un vistazo a la relación de reciprocidad que tenían nuestros ancestros con el agua, al que consideraban un ser vivo entregándole suficiente respeto. Esa relación de reciprocidad les permitió técnicas estupendas para la siembra, la crianza, el manejo y la cosecha del agua, adaptándose a las exigencias que el agua y la tierra les planteaban.

Pero ese comportamiento ancestral de nuestros abuelos, es decir, su sabia reciprocidad con el agua, es incompatible hoy con el “desarrollo por crecimiento económico” al que aspiramos. O al revés, el modelo es incompatible con esa valiosa reciprocidad, pues lo que el modelo busca precisamente es “estresar” las fuentes de agua para maximizar la producción y asegurar el crecimiento para el desarrollo.

Observo que todo el debate y la divulgación sobre la gestión del agua (“seguridad hídrica”, como se le dice) se concentra sólo en los expertos que ven el agua como un negocio rentable para garantizar la gran inversión, y se anula la participación de los grupos sociales para no perturbar sus buenas relaciones con el gran privado. Se menoscaba las experiencias de las comunidades altoandinas, se ignora los saberes ancestrales, aunque a veces aparenten que se toman en cuenta por presión.

El mismo razonamiento puede ser aplicado a la gestión del riesgo y a la gestión del cambio climático. Quienes deben ser parte de la discusión y diseño de estas políticas deben ser las comunidades que están directamente involucradas y expuestas a estos problemas.

Políticas públicas fundamentales que se discuten exclusiva y excluyentemente desde la élite de los “expertos técnicos” tienden, con mucha efectividad y eficiencia, al fracaso.

No hay nada que celebrar cuando el agua se convierte en un negocio y deja de ser un derecho para todos.

Dato: en cada hora de celebración que se da por el día mundial del agua, 200 niños mueren de sed en el mundo.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/dia-mundial-del-agua/

El último viernes se publicó el Decreto Supremo DS 005-2018-SA que declara la emergencia sanitaria en doce distritos del departamento de Pasco. Esta declaratoria y la aprobación del Plan de Acción de la Emergencia Sanitaria, son producto de la lucha de los ciudadanos de Simón Bolívar, quienes vienen exigiendo el tratamiento adecuado pues muchos niños y niñas vienen sufriendo enfermedades por la contaminación con metales tóxicos, producto de décadas de actividad minera irresponsable.

El Decreto cita diversos informes oficiales que dan cuenta de la gravedad de la situación. Entre ellos, menciona el Informe N° 1595-2017 de la Dirección General de Salud Ambiental, que señala que en el monitoreo de la calidad de agua para consumo humano efectuado en 22 localidades de los distritos de Yanacancha, Simón Bolívar y Chaupimarca muestra presencia de arsénico, aluminio, hierro, manganeso y plomo por encima de los Límites Máximos Permisibles. El mismo informe indica que para el caso de los suelos “los parámetros de Plomo y Arsénico son excedidos en la totalidad de los puntos monitoreados de los distritos de Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca”. En tanto el mercurio registra valores que exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo de uso residencial y parques.

El decreto señala que existe “alto riesgo de presentación de daños a la salud” por la presencia de estos metales tóxicos. La emergencia se justifica puesto que los recursos disponibles en la Dirección Regional de Salud de Pasco resultan insuficientes para una adecuada respuesta.

La emergencia sanitaria tiene una duración de 90 días, tiempo en el cual debiera implementarse el Plan de Acción de la Emergencia Sanitaria.

Como se recuerda, los ciudadanos y ciudadanas de Simón Bolívar realizaron una marcha de sacrificio y se encadenaron en el frontis del Ministerio de Salud en junio pasado, tras lo cual lograron un conjunto de compromisos de atención de salud. Ante el incumplimiento, volvieron a Lima hace pocas semanas y realizaron una improvisada toma del local del Ministerio, luego de lo cual lograron la firma de un nuevo compromiso por parte del actual ministro Abel Salinas.

Cabe recordar que otro de los compromisos asumidos es la aprobación de un Plan Nacional para enfrentar la contaminación con metales tóxicos en diversas zonas impactadas por actividades contaminantes, tales como la minería y la explotación de hidrocarburos. Precisamente, la semana pasada la Plataforma Nacional de Pueblos Afectados por Exposición a Metales Tóxicos envió una carta al Ministerio solicitando la incorporación de la sociedad civil a la comisión sectorial encargada de elaborar dicho plan.

Se calcula que son miles las personas afectadas y en al menos una decena de regiones existen casos abundantemente documentados de contaminación por metales tóxicos asociados a la actividad minera y de hidrocarburos.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/03/19/alerta-decretan-emergencia-sanitaria-en-12-distritos-por-metales-toxicos/