En un solo día. En julio del 2014, una offshore de Glencore vendió la mina Las Bambas, el proyecto cuprífero más importante, a un consorcio chino por US$ 7,000 millones. Por la transacción la compañía pagó al Estado peruano un impuesto a la renta por debajo de las expectativas. Convoca.pe accedió a documentos del bufete Appleby, como parte de la investigación global Paradise Papers, que revelan que US$ 2,400 millones de esa transacción se movieron en un complejo esquema tributario que incluyó ‘préstamos intragrupo’, una práctica de las grandes empresas para eludir obligaciones tributarias. Todo en 24 horas.

A fines de setiembre de 2015, el conflicto social por el proyecto minero Las Bambas ubicado a mil kilómetros de Lima y que dejó como resultado 4 muertos en las alturas de Apurímac, se produjo luego de que se consumara la transacción más cara de la historia minera en el Perú: Glencore Xstrata vendió Las Bambas al consorcio que lidera MMG Limited, filial australiana de la China Minmetals.

Esta venta millonaria está vinculada a una operación que comenzó en 2014 cuando un grupo de abogados de la firma Appleby en las Bermudas fue convocado para asesorar a Glencore, el gigante suizo del cobre. La reestructuración de sus activos a nivel global incluyó fusiones y préstamos millonarios entre empresas offshore que tenían como centro neurálgico las Islas Bermudas y las Islas Caimán, conocidas por ofrecer ventajas fiscales y confidencialidad.

De los Andes a las Islas Bermudas

En 2011 Xstrata Copper, los dueños de Las Bambas y de las minas Antapaccay y Tintaya en Cusco, se comprometieron a invertir “con sus propios recursos” US$ 4,116 millones, de acuerdo con el contrato firmado con el Estado que figura en el Ministerio de Energía y Minas.

Xstrata Copper informó a la Dirección General de Minería que ese dinero se invertiría principalmente en una planta de chancado y molienda para 140 mil toneladas de minerales extraídos a tajo abierto, y un ducto de 178 kilómetros para trasladar el concentrado del mineral a una planta de molibdeno en Antapaccay.

En 2013 Glencore tras absorber a Xstrata Copper y sus activos y sus minas, se comprometió con el gobierno chino a deshacerse de Las Bambas, imposición del gigante asiático para que la transnacional no monopolice la producción y venta mundial de cobre.

En mayo de 2013 Glencore Xstrata reportó que había invertido un poco más de US$1, 000 millones de los US$ 4,116 millones previstos.

A finales de ese mismo año Glencore informó al gobierno peruano que ya tenía comprometida la mitad de una inversión que ahora proyectaba en US$5,200 millones, es decir, mil millones de dólares más de lo pactado.

Retrasos y tributos

En abril de 2014, mientras cerraba la venta de Las Bambas con el consorcio chino, Glencore solicitó al Estado una modificación del plazo final del proyecto hasta setiembre de 2015. Los funcionarios de la Dirección General de Minería aceptaron sin ninguna observación.

Entre 2013 y abril de 2014, Glencore debió haber invertido más de US$3,000 millones, pero no cumplió. Según el cronograma de inversión actualizado a 2015, Glencore había invertido solo US$1, 764,454 millones y tenía otros millones comprometidos con los bancos. Sin embargo, Glencore recibió US$ 7,000 millones de MMG Limited para traspasar Las Bambas y sus activos mediante una operación que fue calificada la ‘más grande en la historia del Perú’, bajo el supuesto de que generaría dinero al país.

En las semanas previas a la transacción se especuló sobre el monto que percibiría el Estado. Los cálculos de expertos tributarios y consultores mineros cifraban ingresos por encima de los US$ 1, 300 millones.

Ante las diversas versiones y suspicacias que se generaban, el gobierno regional de Apurímac solicitó al presidente Ollanta Humala especificar el monto y cuánto del mismo se destinaría a las arcas de la región. No hubo respuesta.

En los días siguientes a la transacción, Glencore solicitó a la entidad recaudadora Sunat el Certificado de Recuperación del Capital, un documento que una compañía extranjera debe solicitar tras vender sus derechos de explotación de un recurso natural para fijar cuánto de la ganancia será gravada con el impuesto a la renta.

Según fuentes que conocieron de manera cercana esta transacción, Glencore y Sunat mantuvieron una discrepancia sobre los costos de las acciones de la empresa vendida. Mientras la multinacional señalaba que sus acciones valían S/. 3,487 millones (US$1, 243 millones) el ente recaudador de impuestos reconocía solo S/. 1,230 millones (US$ 440 millones). Sobre este punto, la empresa planteó ante el Tribunal Fiscal un proceso de reclamación por el valor computable de las acciones, reclamo que hasta el año pasado estaba pendiente de resolver.

Adicionalmente, Glencore pedía se le reconociera deudas contraídas por US$ 2,900 millones, monto que era considerado como parte del capital, con lo cual la ganancia a gravar por la transacción se reduciría. ¿Cuánto ingresó al Tesoro Peruano por impuesto a la renta producto de esta millonaria transferencia finalmente?, ¿de dónde salieron esos préstamos si la inversión de Glencore ‘con recursos propios’ no fue más de US$ 1,764 millones hasta 2014?

La versión extraoficial es que Glencore habría pagado al Perú, según fuentes de la Sunat y el MEF, alrededor de US$ 580 millones, mucho menos de lo que los funcionarios públicos y expertos anunciaban con entusiasmo. Pero no está claro. La filial de Glencore respondió a Convoca.pe luego de un mes de insistencia que el proyecto cuprífero ya no les pertenece y no comentarían sobre la operación.

Vaivén de millones

Lo cierto es que mientras en Lima abogados de la firma Grau Abogados ayudaban a Glencore a culminar la venta de Las Bambas, en las Islas Bermudas se iniciaba una compleja operación financiera y tributaria que duraría solo unas horas, y en la que los miles de millones de la transacción de la mina serían el punto de inicio.

En un documento llamado ‘Simplificación del Grupo Australiano de Glencore’ se describe un flujo de fondos que van y vienen entre empresas del gigante suizo en Chile y Australia vía “intrapréstamos”.

Esta operación multimillonaria de devoluciones de préstamos entre filiales de Glencore se habría efectuado el 31 de julio de 2014, de acuerdo al documento elaborado por expertos tributaristas y la firma Appleby.

En sí, una compleja ‘reestructuración’- con flujos de entrada y salida de dinero en Chile, Islas Caimán y que terminaría en las cuentas de unas de las empresas del grupo Glencore en Australia.

Los documentos de Appleby filtrados sugieren que el dinero de la operación peruana de la transnacional era convertido en ‘préstamo’ y quedaba en el país como una cuenta por cobrar de la empresa con lo cual se justificaba y reducía las ganancias sobre las cuales la administración tributaria debía gravar.

Convoca.pe solicitó a Glencore la información sobre el movimiento inusual de dinero posterior a la venta de Las Bambas, pero no hubo respuesta.

Expertos tributarios consultados señalan que estos documentos de Appleby sugieren que esta operación debió ser revisada por los entes tributarios porque podría estar encubriendo un retiro de utilidades por el que no se pagaron tributos no solo en el Perú sino en Chile y Australia.

Oxfam publicó en 2016 “Guerras Fiscales, un informe con una metodología que establece un ranking de los países más agresivos para la tributación empresarial. Entre los más importantes figuran Islas Bermudas, Suiza y las Islas Caimán porque tienen una serie de prácticas nocivas, como aplicar retenciones para no gravar las prácticas más empleadas por las grandes empresas: los préstamos intragrupo, entre filiales de una misma matriz empresarial.

El portal investigativo chileno CIPER publicó en 2017 un reportaje en el que revelaba que la filial chilena de Glencore sacó US$534 millones de sus excedentes y los envió como “préstamo” a una sociedad en las Islas Bermudas mediante el mismo plan de reestructuración que figura en los documentos de Appleby sobre el proyecto minero más grande del Perú.❧

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1228826-las-bambas-la-operacion-oculta-de-la-mina-mas-cara-del-peru

Como es de conocimiento público, en agosto de 2005, 28 personas (campesinos, maestros, periodistas y otros) fueron torturadas en la sede del campamento minero de la empresa Majaz SA, hoy llamada Río Blanco Copper SA. A la fecha, la Fiscalía ha solicitado entre 10 y 25 años de pena privativa de libertad para los autores (efectivos policiales) por delitos de tortura y secuestro agravado.

En enero de 2011, los agraviados solicitaron ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, ser constituidos como actores civiles (parte agraviada activa en el proceso). Y, en agosto de 2011, solicitaron que se incorpore al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable (para que responda por la reparación civil a las víctimas).

Por responsabilidad exclusiva del Juzgado y la Fiscalía, recién el 4 de abril de 2017 se declara fundado el pedido de constitución de actor civil de las víctimas. Y, el 18 de mayo de 2018, se declara improcedente la solicitud de incorporación del Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable. Ambas respuestas llegaron alrededor de los 6 años posteriores a la formulación de la solicitud.

El fundamento del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba para declarar dicha improcedencia fue que, cuando se solicitó dicha incorporación, los solicitantes (las víctimas) aún no habían sido constituidos como actores civiles, por lo que no podían formular dicha solicitud, deviniendo en improcedente. Lo que no expresó dicho juzgado es que dilató la tramitación del proceso y no expidió a tiempo la resolución que admite la solicitud de constitución de actor civil.

Dicha resolución de improcedencia fue apelada por la defensa legal de las 28 víctimas, ejercida por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ). La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura resolvió declarar fundada esta apelación, reconociendo que el Juzgado violó el derecho de toda persona a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable, y que no se podía perjudicar con una resolución meramente formalista, perjudicando aún más a las víctimas.

Asimismo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura resolvió incorporar al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable en este proceso penal por delito de tortura y secuestro agravado.

Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), integrado por FEDEPAZ, saluda y expresa su satisfacción con dicha decisión judicial.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/04/23/ministerio-del-interior-sera-incluido-en-proceso-por-tortura/

Desprotegidos. En los últimos cinco años más de 70 líderes de comunidades indígenas han sido asesinados en todo el Perú. Así lo informó la especialista en gestión institucional de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Aída Gamboa Balbín.

En este marco, no descartó que existan más casos, debido a que, según reveló, muchos de los crímenes de este tipo no son denunciados. “Esta cifra solo demuestra el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas en nuestro país, principalmente en la Amazonía”, expresó.

Son acorralados  

Señaló que a través de los años actividades como la minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico registraron un incremento en la selva peruana, provocando que el conflicto entre los pobladores y las personas que ejecutan esas actividades ilícitas aumente. El problema es aún mayor por la escasa presencia del Estado a fin de que recoja las denuncias.

Por ello, consideró importante que el Congreso de la República ratifique el Principio 10; norma que permitirá establecer políticas públicas para la protección de estas zonas, así como de su población. Entre ellas figura la creación de juzgados especializados ubicados de forma estratégica para acoger las denuncias de los grupos étnicos.

La ausencia del Estado

La adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, manifestó que existe una precariedad del Estado para garantizar la protección de los líderes indígenas. Al respecto, coincidió en la necesidad de crear autoridades especializadas, ya que los casos no reciben un tratamiento adecuado.

En el Perú existen 55 pueblos indígenas con una población aproximada de 4 millones de personas. De esta cantidad, un total de 51 pueblos pertenecen a la Amazonía y 4 a la zona andina del país. “Casi la mayoría de comunidades indígenas son de la selva y se encuentran vulnerables ante las mafias que operan en estas zonas”, alertó la funcionaria.

Registro sigue pendiente

Otra medida que plantearon es que el Poder Judicial cree e implemente un registro nacional de defensores, con información de las comunidades afectadas y sus principales representantes. “Con un sistema así el Estado podría elaborar mecanismos de protección e incluso ayudaría a identificar a los responsables de estos crímenes”, expresó.

A su turno, la secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ana María Vidal, indicó que el Estado, al margen de los convenios internacionales, tiene la obligación de aplicar leyes y políticas públicas que garanticen la protección de las comunidades. Lamentó que hasta el momento no exista un compromiso real para hacerlo de parte de las autoridades.

Comentó que en el año 2016 el Ministerio de Justicia firmó una resolución viceministerial donde se comprometía a desarrollar un protocolo para la protección de defensores de los derechos humanos. En el referido documento señalaban un plazo de 60 días para su publicación, pero nunca lo presentaron.

Fuente:https://exitosanoticias.pe/en-peru-son-mas-de-70-lideres-indigenas-asesinados-en-los-ultimos-anos/

La minería es la principal fuente de conflictos sociales y ambientales en el Perú, una actividad impulsada por la creciente demanda mundial de metales preciosos necesarios para la fabricación de aparatos electrónicos.

Perú es uno de los mayores productores de cobre y de oro del mundo. Con los ingresos derivados de las exportaciones, el país andino podría beneficiarse y destinar recursos al desarrollo y el combate a la pobreza, sin embargo, los ingresos no son tan cuantiosos debido a las llamadas «devoluciones fiscales”, contempladas en la Ley General a las Ventas (IGV).

La caída de los precios de materias primas y las políticas económicas implementadas durante la última década, han provocado un desplome en la recaudación tributaria, dijeron expertos.

Un equipo de investigadores de la Universidad Humboldt, de Berlín, se propuso investigar si, dada esta ecuación de costo y beneficio, le conviene al país seguir apostando por la minería como actividad prioritaria o diversificar su economía a largo plazo respaldando otras actividades estratégicas como la agricultura. El resultado fue publicado en un estudio titulado: «Alternativa de desarrollo en las regiones mineras de Perú».

«Tenemos unas 30 instituciones socias en Perú que trabajan en el tema minero, y desde hace 15 a 20 años sólo escuchamos quejas. Dicen que la minería los contamina, los desprestigia, los envenena, los expulsa y se agrava la pobreza”, afirma Susanne Priess, asesora en minería y desarrollo de la organización episcopal alemana Misereor.

Proyecto interdisciplinario

Misereor, junto con la ONG peruana «Red Muqui”, apoyaron el proyecto interdisciplinario de investigación sobre el impacto medioambiental y social en dos regiones. Por una parte, en la ampliación de una mina de oro en la localidad de Cajamarca, en el norte del Perú. En la región habitan unas 130.000 personas que compiten con la mina por recursos como el agua potable.

También viajaron a la localidad de Junin, a unos 300 kilómetros de distancia de Lima, un valle en donde unos 500.000 habitantes producen productos agrícolas para la capital. Ahí un proyecto minero compite también por el agua del río Mantaro, una de las afluentes del río amazonas.

«Tuvimos muy distintas experiencias. En Junín, el gobierno regional está muy comprometido con la actividad minera. Eso tiene como resultado que el modelo de desarrollo esté cifrado por completo en esa actividad. Una mitad de la población depende de la minería, mientras que la otra mitad, trabaja y depende de la agricultura”, afirma el geógrafo Constantin Bittner, que tomó parte en la investigación. El resultado es una constante confrontación social que se ve agudizada por la postura de los gobiernos regional y nacional.

«En Cajamarca, aunque existen los mismos conflictos socio-ambientales, el gobierno regional utiliza su influencia para limitar la actividad minera. Allí encontramos movimientos que buscan una regulación en la minería, incluso con el cierre de regiones a la actividad minera. Son iniciativas locales que, sin embargo, no son tomadas en cuenta a nivel nacional”, explica Bittner.

Consecuencias regionales

Por su parte, el experto en Economía Internacional, Moritz Fichtl, destaca la importancia del ecosistema en Cajamarca. «Ahí la agresión de la actividad minera es enorme. Estamos hablando de minas de hasta 660 metros de profundidad. Ahí el nivel freático del agua cae, y la gente se queda sin agua”.

Fichtl recuerda que mientras que hay valiosos intentos por parte del gobierno regional y de universidades locales que buscan proteger el ecosistema, las empresas mineras niegan todo esto. «Uno se pregunta cuál es el papel del Estado en algo que debería estudiarse a fondo”.

El experto recuerda que el ministerio del Medioambiente existe apenas hace diez años, y que el gobierno alemán e instituciones como la Sociedad para la Cooperación Internacional ayudaron a crear el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que debería hacer los peritajes de la actividad minera, pero está al frente alguien que viene del sector minero. «Si se continúa con la actividad minera masiva sobre el territorio peruano, habrá consecuencias que trascenderán las fronteras del Perú, afectando el ecosistema del Amazonas y sus reservas de agua dulce”.

Grandes intereses por acceder a riqueza minera

Alemania, país pobre en metales preciosos, suscribió en 2012 un convenio minero con Perú y es el principal importador de las exportaciones mineras del país andino. «Alemania importa bastante material mineral de Perú; cobre, plata, zinc, plomo. El propósito de aquel convenio era garantizar el acceso indiscriminado y barato a materias primas del Perú”, afirma Susanne Friess.

La asesora en minería y desarrollo de Misereor destaca que el interés sigue siendo grande en la industria alemana. «La Confederación de la Industria Alemana (BDI) acaba de publicar su visión sobre cómo acceder y cómo asegurar el abastecimiento de materias primas en los próximos años. Ellos prevén que el consumo va a subir mucho más por la transformación de la matriz energética y el cambio en el esquema de movilidad”.

La experta añade que son los peruanos los que pagan el precio del consumo de países industrializados.»Necesitamos sus materias primas y nos beneficiamos de una política minera, en el Perú, que nos favorece a nosotros, los consumidores alemanes”.

Por su parte, Javier Jahncke Benavente, secretario ejecutivo de la Red Muqui, apunta a que el estudio realizado por los investigadores alemanes no sólo plantea cuestiones sobre la política minera en el Perú, sino sobre el modelo de desarrollo. «Los precios invisibles de nuestro estilo de vida”, dice.

«Nos estamos conectando con grupos en Alemania que hablan sobre decrecimiento, sobre un modelo alternativo en el futuro, no sólo en Perú sino en países industrializados como Alemania. Este estudio nos hace ver de manera directa el alto precio que paga Perú por este modelo. Y está claro quien se beneficia”.

Fuente:http://www.dw.com/es/per%C3%BA-paga-un-alto-precio-por-su-modelo-minero/a-43473962

20 Abril 2018
Ante la apelación interpuesta por la defensa legal de las víctimas 2ª Sala Penal de Apelaciones de Piura ordena que se incorpore al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable, en el proceso penal por tortura y secuestro agravado en campamento minero Ex Majaz

Torturados2Como es de conocimiento público, en agosto de 2005, 28 personas (campesinos, maestros, periodistas y otros) fueron torturadas en la sede del campamento minero de la empresa Majaz SA, hoy llamada Río Blanco Copper SA; por lo cual, a la fecha, la Fiscalía ha solicitado entre 10 y 25 años de pena privativa de libertad para los autores (efectivos policiales) de estos delitos de lesa humanidad, como se califican la tortura y el secuestro agravado que son materia de acusación fiscal.

En enero de 2011 los agraviados solicitaron, ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, ser constituidos como actores civiles (parte agraviada activa en el proceso). Y, en agosto de 2011, solicitaron que se incorpore al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable (para que responda por la reparación civil a las víctimas).

Por responsabilidad exclusiva del Juzgado y la Fiscalía, recién el 4 de abril de 2017 se declara fundado el pedido de constitución de actor civil de las víctimas, es decir, más de 6 años después de haberse solicitado. Y, el 18 de mayo de 2018, se declara improcedente la solicitud de incorporación del Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable, casi 6 años después de formulada la solicitud.

El fundamento del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba para declarar dicha improcedencia fue que, cuando se solicitó dicha incorporación, los solicitantes (las víctimas) aún no habían sido constituidos como actores civiles, por lo que no podían formular dicha solicitud en agosto de 2011, deviniendo en improcedente. Lo que no expresó dicho juzgado es que, por su censurable irresponsabilidad, generó dilación en la tramitación del proceso y la resolución que admite la solicitud de constitución de actor civil no fue expedida a tiempo.

Por ello, dicha resolución de improcedencia fue apelada y la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura (Expediente No. 00124-2016-75-2001-SP-PE-02) resolvió declarar fundada esta apelación, reconociendo que el Juzgado violó el derecho de toda persona a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable, y que no se podía perjudicar con una resolución meramente formalista a las víctimas, quienes ya habían sido perjudicadas con la dilación indebida del proceso.

Además, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura resolvió incorporar al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable en este proceso penal por delito de tortura y secuestro agravado.

Al respecto, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, cuyo equipo legal asume la defensa de las 28 víctimas de tortura y secuestro agravado en este proceso penal, saluda y expresa su satisfacción con dicha decisión.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 19 de abril de 2018.
Área de Prensa
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Telefax: (+51 1) 4250211 / 4250209
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Enlace web: http://www.fedepaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=325:rioblanco-majaz-piura&catid=29&Itemid=146

En lo que va de abril la Defensoría del Pueblo registró ocho nuevos conflictos sociales, ubicados principalmente en las regiones de Lambayeque, Áncash, Lima, Arequipa, Puno, Apurímac y Huánuco. Dos casos tuvieron una fase de crisis: Nueva Ciudad de Olmos (asuntos de gobierno nacional) y estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (otros asuntos). En el primer caso se registró un herido.

En ese contexto, la institución invocó a las autoridades del Gobierno Central y locales a persistir en la atención de las demandas de la población por la vía de la ley y el diálogo a la mayor brevedad de tal forma de no ver afectada la integridad de las personas y el desarrollo de las actividades en las referidas localidades.

Según el Reporte de Conflictos Sociales del mes de marzo, elaborado por el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), se presentaron 188 conflictos sociales: 136 activos y 52 latentes. Áncash se concentró la mayor cantidad de casos, se registraron 30 conflictos, seguido de Puno (16 casos) y de Cusco y Apurímac (ambos con 14 casos).

Los conflictos socioambientales representan el 66,5% del total de casos. Siendo el sector minero en el que se registró el mayor porcentaje (64,8%). Por otro lado, se tomó conocimiento de 111 acciones colectivas de protesta.

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envió al Estado, las empresas y la sociedad, treinta y siete alertas para que se actúe en el marco de sus correspondientes competencias y responsabilidades.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1228184-ocho-nuevos-conflictos-sociales-registra-la-defensoria-del-pueblo-en-lo-que-va-del-mes

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realiza acciones de supervisión ante el derrame de sustancias químicas ocurrido en la carretera ubicada a la altura de la comunidad de Yuricancha, en el distrito de Mara, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac.

El personal del OEFA verificó que el área afectada es de aproximadamente 500 metros lineales de suelo. Asimismo, se constató que personal de la empresa minera MMG Las Bambas, que indica no ser responsable del derrame, viene realizando acciones de limpieza en la zona a solicitud de los ciudadanos de Yuricancha.

El OEFA, como autoridad de fiscalización ambiental, tomó muestras de suelo en la zona del derrame para determinar el grado de afectación.

El OEFA indicó que continuará informando oportunamente sobre las acciones de supervisión que realice en la zona.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/oefa-supervisa-derrame-de-sustancias-qu-micas-en-apur-mac

Pobladores de Locuto, en Tambogrande, realizarán una marcha pacífica tras los últimos acontecimientos en la zona que involucran a la minera Buenaventura. Así lo anunció en Cutivalú el ex directivo comunero Eliborio Juárez Domínguez. Hace una semana,  se dio a conocer que un grupo de moradores de los caseríos Greda Antigua y Greda Nueva, habían expulsado a trabajadores de esa minera que realizaban estudios de agua en la zona sin autorización. La población de Tambogrande logró la expulsión de la minera Manhattan Minerals en la primera consulta popular de Latinoamérica  realizada el 2 de junio de 2002  donde el  93,95% de la población rechazó el proyecto minero.

Sin embargo, los presuntos agraviados denunciaron que fueron agredidos físicamente por los pobladores, quienes también les habrían robado sus materiales. Por eso, interpusieron una denuncia en la comisaría PNP de Tambogrande.

Segundo Nima Nima, teniente gobernador del caserío Greda Antigua y sindicado como uno de los agresores, negó los hechos imputados y señaló que detrás de la denuncia estaría la minera Buenaventura que busca hacer estudios en los terrenos de la comunidad para sus proyectos mineros.

Ante esta situación, el dirigente Eliborio Juárez volvió a pronunciarse para rechazar tales acusaciones contra los comuneros, argumentando que ellos solo buscaban defender sus propiedades y el territorio comunal: “Estos ataques buscan dañar nuestro territorio”.

Señaló que el último domingo se realizó una asamblea a la que asistieron representantes de caseríos para analizar los hechos suscitados y solicitar a la población del distrito que se una a la movilización que han programado para fin de mes.

Recordó que la relación entre la comunidad de Locuto y la minería es tensa desde hace 17 años. Ello, pese a que en junio del 2012, a través de una consulta popular, la población tambograndina rechazó la actividad minera en el distrito.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/40199-anuncian-marcha-en-rechazo-a-posible-ingreso-de-minera-en-tambogrande

Los últimos informes de la Defensoría del Pueblo vienen mostrando un incremento sostenido de la conflictividad social. Entre diciembre 2017 y marzo 2018, los conflictos han pasado de 169 a 188 (el nivel más alto de los últimos doce meses).

En esta ocasión, salvo en algunos casos -por ejemplo, el conflicto de los paperos-, el incremento sostenido no es muy bullicioso, tampoco está acompañado de movilizaciones que duren muchos días y no está focalizado en una zona específica del país o en un solo gremio. Sin embargo, las estadísticas indican que algo está pasando.

La tendencia creciente en el número de conflictos coincide con el registro de acciones colectivas de protesta, aunque ha sido sobre todo entre febrero y marzo que se nota un incremento significativo: de 35 a 111 acciones de protesta, el pico más alto de los últimos ocho meses. Como se puede apreciar en el gráfico, en el mes de julio del año pasado las acciones de protesta alcanzaron un pico, en plena huelga de maestros, profesionales de la salud, trabajadores del Poder Judicial, entre otros.

El registro de las actuales acciones de protesta muestra una amplia gama de situaciones: productores de arroz del Alto Huallaga y otras regiones; damnificados del norte del país; productores de papa; trabajadores azucareros; pescadores artesanales; comunidades indígenas del Datem del Marañón y un largo etc.

¿Cuáles son las zonas del país que registran el mayor número de conflictos? Como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, Áncash es la región que concentra el mayor número de conflictos en el mes de marzo: 30 conflictos que representan el 16% del total nacional. Le siguen Puno con 16 conflictos y una participación del 8.5%; Cusco y Apurímac con 14 conflictos cada uno y una participación del 7.4% del total. Cierra este grupo Cajamarca, con 13 conflictos y una participación del 6.9%.

En todas las regiones, destacan nítidamente los conflictos socio-ambientales, sobre otros temas como los casos de conflicto vinculados al gobierno nacional, los gobiernos locales, conflictos laborales, problemas de demarcación territorial, entre otros. Esto se expresa en las cifras globales: el 65.5% de los conflictos son socio-ambientales y de estos el 64.8% son casos vinculados a la minería: conflictos sobre todo con empresas de la gran minería por problemas de contaminación, demandas económicas, incumplimientos de actas, modificaciones de proyectos, tránsito pesado, etc. En varias regiones también se registran conflictos por la presencia creciente de actividades de minería informal o abiertamente ilegal.

En lo que va del año, el número de personas heridas por conflictos sociales suma 51 y 3 personas fallecidas.

¿Cuál será la tendencia en los próximos meses?

Lo primero que habría que tomar en cuenta es que de los 188 conflictos registrados en marzo, 136 son conflictos activos y 52 casos latentes, lo que presenta una carga pesada que debería ser tomada en cuenta por el gobierno de la dupla Vizcarra-Villanueva. Además, sólo el 55.1% de los conflictos activos se encuentran en proceso de diálogo.

En la medida que la gran mayoría de conflictos -sobre todo los socio-ambientales-, se encuentran bajo la competencia del gobierno nacional (66.5%), su evolución dependerá mucho de la estrategia que se defina en la Presidencia del Consejo de Ministros. Lamentablemente, las primeras decisiones tomadas sobre algunos casos emblemáticos -como el de las Bambas- preocupan: el pasado 12 de abril, el Ejecutivo  emitió el decreto supremo 037-2018-PCM en el que se resuelve “Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 12 de abril de 2018, en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa”. La norma en mención agrega que “La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.

Con esta nueva ampliación del estado de emergencia, hay localidades de Cusco y Apurímac que cumplirán 10 meses bajo esta situación supuestamente excepcional, que restringe los derechos ciudadanos, pese a que no se han registrado nuevas protestas. En realidad, nada justifica esta nueva ampliación del Estado de Emergencia y el gobierno claramente ha desperdiciado una oportunidad de dar un mensaje al país y sobre todo a las comunidades de la zona, que pretenden hacer las cosas de manera distinta. Sería un tremendo error que el gobierno continúe con las mismas políticas que apuntan a criminalizar y recortar derechos.

Fuente: Cooperacción Perú