En una decisión reciente, una corte federal de Delaware decidió que Maxima Acuña Atalaya y el caso de su familia contra Newmont Mining Corporation, deberían ser escuchado en Perú, no en Delaware, donde la compañía se originó hace casi 100 años.

La corte tomó esta decisión pese a que expresó inquietudes sobre la evidencia presentada por la familia que demuestra la influencia significativa e impropia de la compañía sobre las cortes peruanas, y a pesar de reconocer que la conducta de las empresas estadounidenses en el exterior plantea problemas morales sustanciales.

Pero los Chaupes siguen persistentes. Junto con EarthRights International (ERI), tienen la intención de apelar la decisión del tribunal de distrito ante el Tercer Circuito y continuar la lucha para que Newmont rinda cuentas en Delaware.

Los Chaupes han indicado que agotarán todas las vías legales que consideren necesarias para garantizar que Newmont respete los derechos humanos de las comunidades que viven en la región de Cajamarca.

Desde 2011, Newmont Mining Corporation, una empresa estadounidense y una de las empresas de explotación de oro más grande del mundo, lideró una campaña de hostigamiento y abuso contra la familia Chaupe con la intención de expulsarlos de sus tierras y allanar el camino para una nueva mina de oro a cielo abierto en Perú. La mina propuesta “Conga” sería una de las más grandes de América Latina. Después de que las autoridades peruanas no protegieran a los Chaupes del abuso físico y psicológico a manos del personal de seguridad de Newmont, la familia entabló una demanda contra Newmont ante el tribunal federal de EE. UU. en Delaware en septiembre de 2017. Los Chaupes solicitaron una orden judicial pidiéndole a Newmont que cese el  abuso y que repare  por los años de abuso que han soportado.

En el otoño de 2017, Newmont presentó una moción para desestimar la demanda de Chaupe bajo la doctrina de Forum Non Conveniens, argumentando que el caso debe ser escuchado en Perú, no en los Estados Unidos. Newmont afirmó que era inconveniente litigar el caso en Delaware a pesar de que la compañía está incorporada en ese estado. La familia y sus abogados se opusieron a la moción de Newmont, argumentando que es poco probable que los Chaupes obtengan un juicio justo en Perú, dada la evidencia de la corrupción de Newmont en los tribunales locales.

Declaraciones

“Vamos a luchar hasta el final para que Newmont aprenda a respetar los derechos humanos y la propiedad”. Ysidora Chaupe Acuña, demandante

“Casos legales como este pueden durar mucho tiempo. Esto no es inusual, y no nos sentimos desalentados por la decisión judicial más reciente. Todos estamos comprometidos con la justicia y no dejaremos de luchar por los derechos de la familia Chaupe “. – Marissa Vahlsing, Abogada EarthRights Internacional

Contexto

Los Chaupes son agricultores de subsistencia que residen en las tierras altas rurales de Cajamarca, Perú. Tienen cultivos y  ganado en un terreno conocido como Tragadero Grande hace  más de veinte años. En 2011, agentes de Newmont Mining Corporation intentaron expulsarlos de sus tierras por la fuerza para que Newmont pudiera expandir sus operaciones de extracción de oro. Desde entonces, la familia reclama que los agentes de Newmont han utilizado el acoso y la violencia para tratar de desalojar a los demandantes. . Los Chaupes alegan que han sido atacados y amenazados físicamente, y que los agentes de Newmont han destruido sus propiedades y posesiones, y han matado o atacado a sus mascotas y su ganado. Alegan que Newmont tiene el poder de poner fin a estos abusos, pero se rehusaron a hacerlo porque los Chaupes se interponen en el camino de los planes de Newmont para construir una enorme mina de oro.

La demanda federal de EE. UU. fue presentada en septiembre 2017 y la solicitud adicional presentada hoy buscan detener un patrón de acoso y abuso físico y psicológico que la familia Chaupe ha sufrido a manos del personal de seguridad que trabaja en nombre de Newmont y sus filiales corporativas. Newmont, una compañía minera de EE. UU. constituida en Delaware, es uno de los productores de oro más grandes del mundo.

El caso es Acuña-Atalaya v. Newmont Mining Corp., No. 17-cv-01315-GAM en la Corte de Distrito Federal de los EE. UU. para el Distrito de Delaware. Además de EarthRights International, los demandantes están representados por la abogada pro bono de Delaware, Misty Seemans.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/familia-campesina-peruana-apela-contra-newmont-en-el-tribunal-de-los-ee-uu

Los integrantes de la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas se sumarán mañana lunes 7 de mayo a la gran movilización regional con la finalidad de rechazar la actividad minera formal e informal en los territorios comunales y cabeceras de cuencas hidrográficas.

Indica que el Gobierno central pretende imponer la minería a través del proyecto Río Blanco. “Pero nosotros estamos por la defensa del agua, la vida, el medio ambiente y nuestros territorios comunales”, señala la federación.

Refiere que los gobernantes buscan desconocer la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007, donde las comunidades altoandinas de la región optaron por el desarrollo sostenible basado en las actividades agrícolas, pecuarias, artesanales y la promoción del turismo.

De esta manera, agrega, rechazan toda actividad minera que afecta las tierras agrícolas, así como los páramos andinos y bosques de neblina que son fuentes productoras de agua.

El presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de esa provincia, Rubén Jiménez Carrión, anunció que su gremio llegará a la ciudad de Piura para movilizarse ante la amenaza de la actividad minera.

“Los ronderos no permitiremos la minería porque afectará a la agricultura, ganadería y a la población. Se trata de un proyecto que piensa ejecutarse en las zonas donde nace el agua que es vida”, afirmó el dirigente.

Asimismo manifestó que apuestan por la agricultura, ganadería y la vida de la población piurana.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1237926-ronderos-suman-marcha-agricultores-rechazo-mineria-piura

¿La minería trae progreso? En el 2017, la pobreza monetaria afectó al 21,7% del país. Según INEI, Cajamarca, Huancavelica y Apurimac son las regiones más pobres y son zonas donde la minería representa el mayor porcentaje de su PBI.

Un informe del diario Gestión afirma que según el documento «Desnutrición crónica infantil cero en 2016» los departamentos mineros encabezan el ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú, resaltando: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %). Al respecto, para el mismo diario, el economista de CooperAcción comentó que «hay más de un indicio que esta actividad extractiva no ha resultado ser beneficiosa para impulsar el desarrollo de las regiones donde cuenta con mayor presencia». 

También, llama la atención, como a pesar de no haber gran aporte social, se sigue impulsado la minería y el extractivismo en dichas regiones. Un ejemplo es la cantidad de territorio concesionado para futuros proyectos. Apurimac tiene el 46% del territorio en concesión, Cajamarca 21% y Huancavelica 26%. 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/738-infografia-la-mineria-trae-progreso

Poder Judicial se pronunció a favor. Comunidades de Atuncolla, en Puno exigieron que se cumpla el fallo del 2016 donde el Poder Judicial ordenaba a IGEMMET y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que se realice Consulta Previa antes de emitirse concesiones en territorios de comunidades.

Según declaró para Red Muqui, Rodrigo Lauracio, de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA): “actualmente, tanto IGEMMET como MINEM se niegan a que la Consulta Previa se realice en una etapa previa, de concesión, pero con la sentencia hemos logrado que se respete el derecho de las comunidades”.

También, comentó que “el Estado peruano debe seguir los estándares indicados para realizar la Consulta previa, actualmente, ello no se está cumpliendo. Se debe hacer una Consulta informada, de modo que las comunidades puedan conocer del proyecto minero, pregunten, se enteren, tomen decisiones sin presiones”. Agregó que el problema recae, muchas veces, en la forma en que se realiza la consulta. A veces los datos suelen ser abstractos, muy técnicos y eso es un limitante para los comuneros.

“Lo que no queda claro es si la sentencia también se aplica a nivel nacional”, aseveró Lauracio. Sin embargo, se trata de un gran precedente en materia de consulta previa y derechos colectivos que se haya dado.

Esta sentencia se realizó en el marco de un proceso de amparo que figura en el Expediente N° 01846-2012. Fue presentado por 11 comunidades campesinas, todas del distrito de Atuncolla, contra INGEMMET y contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Como informó el medio de comunicación Servindi, “todo el distrito tenía concesiones mineras, no solo sin previa consulta sino, sin nunca haber sido estas concesiones notificadas de forma expresa y cierta a las comunidades demandante”.

Las comunidades que lograron este histórico fallo son Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen de Soledad de la Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico.

El especialista Rodrigo Lauracio afirmó que, de no ser acatada la sentencia, el Poder Judicial podría sancionar al Estado. “Se le podría amonestar, también establecer una multa o despedir a funcionarios de no procederse con lo que ordenó el juez”. Las organizaciones sociales de la zona están haciendo seguimiento del caso.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/739-puno-pj-ordena-que-se-cumpla-fallo-sobre-consulta-a-comunidades-antes-de-emitir-concesiones

Este último 11 de abril el Gobierno prorrogó por sesenta días el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Apurímac– Cusco– Arequipa. Esto se suma a los Estado de Emergencia decretados desde agosto de 2017 en diversos distritos de Apurímac y Cusco, con lo que hay zonas que cumplirán al menos diez meses en esta situación.

Frente a estas graves vulneraciones de los derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito de las y los ciudadanos, las organizaciones abajo firmantes manifestamos:

1. Nuestra profunda preocupación porque el gobierno a través de las renovaciones consecutivas en estos territorios de los Estados de Emergencia está convirtiendo como una medida permanente una medida que por mandato constitucional y de acuerdo a las obligaciones internacionales es “excepcional”.

2. Se está produciendo una constante violación a la Constitución Política del Perú toda vez que esta señala los requisitos para la aplicación de los estados de emergencia, indicando que solo debe emplearse en “caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. Ninguna de estas situaciones se ha presentado en el territorio afectado por esta declaratoria de emergencia. Más aún, la calificación de esta medida como “preventiva” introduce una causal que no existe ni en el texto constitucional ni en la normatividad internacional sobre los Estados de Emergencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado claramente que “(…) que las medidas de emergencia deben estar justificadas por una amenaza a las condiciones necesarias para mantener la organización política del Estado de acuerdo con los principios de la democracia representativa” ⁽¹⁾

3. Dentro del corredor vial se encuentra el proyecto minero Las Bambas, que es el punto de origen de la mayor parte del mineral que circula por dicho corredor, y genera serios impactos para el medio ambiente, la salud y la vida de las comunidades campesinas que viven cerca de la carretera.

4. Existe un convenio entre el proyecto minero Las Bambas y la Policía Nacional del Perú – aprobado por Resolución Ministerial N° 990-2017-IN de 6 de octubre de 2017-. Este convenio fue suscrito por el Director General de la Policía Nacional del Perú, quien a su vez es la autoridad que recomendó al Ejecutivo la declaratoria de los Estados de Emergencia. Esto, pone de manifiesto un grave conflicto de intereses. Por citar solo un ejemplo: hace algunos días se produjo un derrame de substancias químicas en la carretera y la población fue impedida de desarrollar actividades de monitoreo y de reclamo pacífico aduciendo justamente el Estado de Emergencia. Es evidente que en este caso la Policía Nacional actúa como juez y parte privilegiando la defensa de un bien particular frente al bien público.

5. Esta declaratoria del Estado de Emergencia así como los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional, y la militarización de territorios como el corredor vial, forman parte de una estrategia de criminalización de la protesta social que va de la mano con la negativa a abrir o propiciar espacios de diálogo, así como el reciente amedrentamiento a la organización Derechos Humanos Sin Fronteras. Lamentablemente es la estrategia que ha venido desarrollando el Estado peruano en las últimas décadas y que se profundizó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Con la reciente medida de prórroga del Estado de Emergencia en este corredor vial, el gobierno del presidente Vizcarra ratifica este camino. El manejo autoritario y represivo de los conflictos sociales no solo es inaceptable desde un punto de vista democrático y de respeto a los derechos humanos, sino que se ha demostrado incapaz de resolver, o al menos contener, los conflictos sociales en el país.

6. Invocamos al Gobierno a dejar sin efecto la declaratoria de Estado de Emergencia y a modificar las políticas que apuntan a criminalizar la protesta social. Llamamos a atender las justas demandas de las comunidades afectadas por diversos impactos de la actividad minera a través de mecanismos de diálogo a los que concurran autoridades nacionales y regionales, representantes de las empresas y los dirigentes de las comunidades locales. Solo a través de una política integral de gestión de conflictos, en la cual el Estado cumpla con su rol primordial de garante de derechos y escuche y atienda de manera real a ciudadanos y ciudadanas, será posible cimentar una convivencia en igualdad de condiciones entre las comunidades locales y empresas mineras.

7. Instamos a la ciudadanía a que ante cualquier restricción y vulneración de derechos a que recurra a los mecanismos legales que la Constitución le reconoce y que denuncie públicamente cualquier atropello a sus derechos fundamentales ante las instancias correspondientes. Ratificamos nuestra disposición y compromiso a acompañar dichos justos reclamos.

Suscriben:

• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
• Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
• Cooperacción
• Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF
• Earht Rights International – ERI
• Fundación Ecuménica para la Paz – FEDEPAZ
• Instituto de Defensa Legal – IDL
• Centro Bartolomé de Las Casas
• Broederlijk Delen

NOTAS

https://prohomine.wordpress.com/2014/05/10/la-excepcionalidad-de-los-estados-de-excepcion/ Blog Autor: Juan Pablo Albán Alencastro. Mayo 10 de 2014. Consultado: 26 de abril de 2018. [↩]

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-estados-de-emergencia-limitan-la-democracia-en-el-peru/

Esta tarde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la minera Aruntani S.A.C., iniciar el cierre final del depósito de desmonte y el tajo, priorizando el tratamiento de aguas ácidas de dichos componentes hasta cumplir con los Límites Máximos Permisibles (LMP), en la unidad minera Florencia – Tucari, ubicada en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua.

El objetivo de la medida impuesta es evitar la contaminación de las quebradas Margaritani y Apostoloni, tributarias del río Coralaque.

El Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa sentenció a trece pobladores del valle de Tambo. Se les procesó por bloquear vías el 07 de abril de 2015, cuando se desarrolló una protesta en rechazo al proyecto minero Tía María, de la empresa Southern.

La jueza Yanira Guitton Huamán dictó cuatro años de prisión suspendida para Miguel Ángel Aguirre Espinoza, Sonia Luisa Apaza Ticona, Jacinto Charca Porcela, Hugo Manuel Humpiri Zela, Arsenio Luis Vilca Quispe, Carlos Edwin Márquez Apaza, Segundo Morales Jila, Cipriano Muñoico Incacutipa, Hugo Alejandro Palomino García, Natividad Quispe Cahuana y Edmundo Victoriano Rojas Alvarez. En tanto, Edgar Manuel Vilca Herrera y Alfredo Mamani Condori fueron condenados a tres años de prisión suspendida. Asimismo deberán pagar en conjunto, una reparación civil de 6 mil soles.

Los sentenciados fueron acusados por el Ministerio Público de cometer el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

La Fiscalía fundamentó su acusación en los testimonios de policías. Estos lograron identificar a los manifestantes durante la violenta protesta.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/sentencia-trece-pobladores-de-tambo-por-protestar-contra-t-mar

“Quieren sabotear al Consejo Regional” dice presidenta del mismo

Un documento enviado por el coronel de la Policía Jaime Rivadeneira Durán, jefe de la Región Policial de Apurímac, pide no realizar una importante sesión del Consejo Regional el día de mañana. El argumento es insólito: estarán de fiesta y no pueden garantizar la seguridad de los consejeros. En la sesión descentralizada, a realizarse en Challhuahuacho, se tiene programado discutir un conjunto de temas que involucran a la poderosa empresa minera Las Bambas, de la china MMG.

El documento policial está dirigido a Evelyn Cavero, consejera regional y presidenta del colegiado, y señala que “con motivo del 145 aniversario del departamento de Apurímac, la mayoría del personal policial se encuentra comprometido en los desfiles”.

Y añade una afirmación que estigmatiza a la población de Challhuahuacho: “en oportunidades recientes se han producido movilizaciones en el distrito de Challhuahuacho por diversas demandas sociales especialmente contra la municipalidad (…) y contra la minera Las Bambas manteniéndose un clima latente de conflictos sociales”, por lo que estaría “en riesgo la integrudad física de los consejeros regionales”.

Por ello, el coronel pide “efectuar dicha reunión en otra fecha y lugar”.

¿Cuál es la agenda a tratar en esta reunión programada para el 26 de abril? La agenda incluye varios puntos que involucran a la empresa minera. Por un lado, se discutirá las observaciones presentadas por el Frente de Defensa a la tercera modificatoria al estudio de impacto ambiental de Las Bambas. En segundo lugar, se discutirá una moción que pide al Ejecutivo levantar el estado de emergencia que afecta a diversas zonas del corredor minero desde hace casi un año. Así mismo, los consejeros tienen en agenda solicitar la conformación de una comisión que investigue la transacción entre Glencore y MMG para la venta de Las Bambas, operación que ha sido denunciada por una reciente investigación periodística que encontró indicios de una presunta elusión tributaria.

“Es un intento por sabotear al Consejo Regional”, declaró la consejera Evelyn Cavero. “Lo que nosotros hemos hecho es comunicar la realización de nuestra sesión descentralizada, en ningún momento hemos pedido resguardo policial”, explica. “La respuesta del coronel se inmuscuye en competencias del consejo regional. Además, incurre en falsedad porque actualmente en Challhuahuacho las actividades se están desarrollando con normalidad y no hay conflicto social”, puntualiza.

Pese a ello, el documento de la Policía ha servido de argumento para que cinco consejeros soliciten el cambio de lugar de la sesión descentralizada para que se lleve a cabo en Abancay, la capital regional.

La consejera Cavero ha anunciado que “de acuerdo a nuestro reglamento interno, vamos a abrir la sesión ordinaria. De no haber quórum, se realizará la segunda etapa de la sesión descentralizada, que consiste en una audiencia pública con la población”.

La consejera también denunció la falta de imparcialidad de la Policía. “La Policía en la región, que sabotea de esta manera la sesión del Consejo y que es la misma que solicita al Gobierno la prórroga del estado de emergencia, es también la misma que tiene un convenio de seguridad con Las Bambas que finalmente significa una contrasprestación dineraria. No tiene imparcialidad”, señala.

Preocupa el rol que viene jugando la Policía Nacional en Apurímac. El estado de emergencia, ampliado una y otra vez, viene recortando los derechos a la libertad de reunión de diversas áreas en el corredor minero, pero esta actuación revela ahora cómo la Policía está obstruyendo el ejercicio de los derechos políticos de los apurimeños, e inclusive de las responsabilidades de representación de las autoridades regionales. Y todo ello, impidiendo una mayor participación de la ciudadanía en el debate en torno a los impactos de Las Bambas, uno de los megaproyectos mineros más grandes del país.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/04/25/policia-pide-no-realizar-sesion-donde-se-discutiran-temas-que-involucran-a-las-bambas/

Por José de Echave.

Lamentablemente, no es una novedad la vinculación de representantes de las mafias de actividades ilegales con la política. Intereses del narcotráfico, la tala y la minería ilegal, merodean la política desde hace tiempo, buscan penetrar los partidos políticos y las distintas esferas del Estado. Y todo indica que están teniendo éxito.

Por lo tanto, lo que sí debería llamar la atención y generar preocupación es el hecho de que cada vez van ganando mayor terreno: alcaldías distritales y provinciales, gobiernos regionales y el Congreso de la República, son espacios ya ganados por estas mafias que, además, se terminan fortaleciendo elección tras elección.

La reciente denuncia que involucra al congresista de Fuerza Popular, Modesto Figueroa, tampoco es una novedad. En primer lugar no hay que olvidar que en plena campaña electoral del 2016, la entonces candidata presidencial, Keiko Fujimori, firmó un acta con la Central de Cooperativas de Mineros de La Rinconada en Puno, zona donde reina la informalidad y la ilegalidad en la extracción de oro. En esa acta, la candidata de Fuerza Popular se comprometió a traerse abajo el proceso de formalización minera para, según ella, recomenzar de cero.

Por otro lado, en Madre de Dios, su principal candidato al Congreso –y finalmente congresista elegido-, Modesto Figueroa Minaya, ya era investigado en plena campaña por la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, por sus supuestos vínculos con la minería ilegal. Ahora ya sabemos qué pasó con la investigación fiscal: el entonces fiscal José Guillermo Araujo Quiña archivó las tres investigaciones al ahora congresista Figueroa y actualmente el ex fiscal es nada menos que su asesor en el despacho congresal.

Finalmente, para las autoridades no es ninguna novedad que los grifos de Madre de Dios provean de combustible para la intensa actividad de minería ilegal que se desarrolla en la zona. Hace apenas una semana, en una presentación en el Congreso, el jefe de la Sunat mostraba el siguiente cuadro con el consumo per cápita de combustible y el de combustible por vehículo en estaciones de servicios y grifos de Madre de Dios.

¿Alguien tiene alguna duda de por qué Madre de Dios encabeza de lejos el consumo per cápita y por vehículos de combustible a nivel nacional? ¿Alguien tiene alguna duda de cuál es el verdadero negocio del congresista Figueroa en Madre de Dios?

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-mineria-ilegal-y-la-politica/

En esta entrevista desde Apurímac, el representante comunal Edwin Huillca explica lo ocurrido ayer debido a un derrame de un líquido de fuerte olor en el corredor minero, la vía que lleva hacia la empresa minera Las Bambas. La entrevista fue realizada por el programa radial Región Informativa que se emite desde Abancay.

En la entrevista, Huillca informa que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se hizo presente en horas de la tarde de ayer y que ha ofrecido resultados de sus análisis en unos 10 días.

Huillca señala que no es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes y reclama mayor fiscalización por parte de las autoridades, pues la población teme que se genere contaminación y se afecte la agricultura y la salud.

El líder comunal también señala que los efectivos del orden se acercaron a la multitud que estaba reunida observando lo ocurrido, para advertir a los pobladores que la vía se encuentra bajo estado de emergencia. Una muestra más de cómo esta medida represiva recorta derechos ciudadanos.

Cabe indicar que ayer circuló un comunicado de la empresa Las Bambas donde descarta cualquier vinculación con el incidente. Cabe esperar el pronunciamiento de las autoridades ambientales.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/04/17/derrame-de-liquidos-en-el-corredor-minero-entrevista/