La primera proyección de «La vida no vale un cobre» se realizará en Cusco el sábado 19 de mayo para la población de Espinar.

Más de 30 piezas audiovisuales –infografías, línea de tiempo, corto animado, cortometrajes, mapas interactivos, reportaje y otros- forman parte del documental transmedia «La vida no vale un cobre», que se proyectará en la provincia de Espinar en Cusco.

El formato del documental permite conocer de cerca los conflictos que genera la minería en la provincia cusqueña de Espinar donde se encuentra una de las minas de cobre más grandes del mundo: Antapaccay de la empresa suiza Glencore, y que controla el 50% del mercado libre de cobre.

Desde la provincia de Espinar se exporta diariamente 70 mil toneladas de minerales (cobre como principal producto, oro y plata como subproductos), solo en concentrado de cobre la empresa reporta que extrae 160 mil toneladas anualmente, según el documental.

En la producción de ponen en relieve el rol de las mujeres campesinas. Aparecen en el corto animado La vida no vale un cobre, el cortometraje Pachamama herida, y el largometraje Melchora y su lucha contra la contaminación minera.

El documental empieza con un corto animado elaborado por artistas cubanos en base a acuarelas, de 3:54 minutos de duración. A través del recorrido de un río, una campesina de Espinar muestra cómo sus aguas se contaminan debido a la actividad minera. En el camino, ella observa cómo los ganados -que son la principal fuente económica para las poblaciones de la zona- están muriendo, mientras que la actividad minera extrae y lleva camiones repletos de concentrado de cobre, dejando a su paso pobreza y contaminación.

“El documental tiene muchos factores valiosos; pone en evidencia la manera sistemática y organizada la afectación del impacto ambiental, social y de salud que sufren las personas que viven en el entorno minero de la empresa Glencore Antapaccay”, señaló Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras.

La vida no vale un cobre es una producción de Hiperactiva Comunicaciones, el equipo está conformado por documentalistas de Perú, Venezuela, Uruguay y Brasil, y artistas cubanos, bajo la dirección de la periodista y documentalista peruana Magali Zevallos.

Se ha programado proyecciones a nivel nacional e internacional. Empezará en Cusco el jueves 17 de mayo a las seis de la noche en la Sala Tipón de la Municipalidad Provincial, y el sábado 19 de mayo en la provincia de Espinar, a la dos de la tarde, en el Teatro Municipal.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1244407-cusco-proyectaran-documental-contaminacion-espinar

El 13 de marzo de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones ordenó el archivo (sobreseimiento) definitivo del proceso penal por supuesto delito de usurpación agravada, seguido contra Marco Arana Zegarra y los dirigentes campesinos Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos.

Como se recordará, las comunidades y rondas campesinas situadas alrededor del proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha SRL, en el ejercicio de sus facultades constitucionales para administrar justicia, decidieron retirar las tranqueras que Yanacocha había colocado en los caminos ancestrales de sus territorios. Esta decisión de las comunidades fue comunicada a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Ejecutivo, ya que la empresa se había negado a retirarlas alegando que se trataba de tierras de su propiedad. De manera que, el retiro de tranqueras fue una diligencia pública y se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013, sin ningún acto de violencia y con la presencia del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, representantes de Yanacocha SRL, de la prensa nacional y extranjera.

Sin embargo, Yanacocha denunció penalmente a diversos dirigentes campesinos por supuesta usurpación agravada. La investigación se formaliza y el Ministerio Público acusa penalmente a Marco Arana, Ydelso Hernández y Manuel Ramos como supuestos autores del delito, solicitando que se les imponga cuatro años de pena privativa de la libertad. La defensa legal de Marco Arana cuestionó por escrito el dictamen acusatorio y solicitó el archivo de dicho proceso, señalando que el Ministerio Público no había aportado elemento de convicción alguno que haga presumir una supuesta responsabilidad penal de su parte ni la existencia de causa penal probable contra ellos.

Por el contrario, la defensa legal de Arana aportó elementos de convicción sobre su inocencia, los mismos que fueron ratificados por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín, señalando que: “Se advierte de la propia denuncia en prevención del delito, que no existe participación alguna de los investigados Manuel Ramos Campos y Marco Antonio Arana Zegarra”; y que “El Juzgado comparte criterios con la defensa de la parte imputada, es decir, que el hecho de la causa no se realizó o no pudo atribuírsele al imputado”, por lo que “se tiene que la conducta desplegada por los procesados, no ha lesionado bienes jurídicos”, resolviendo “DECLARAR FUNDADA LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO”.

Asimismo, la referida Sala Penal expresó que “ha verificado que, conforme lo ha sostenido el a quo en la resolución impugnada, en el presente caso no existen elementos de convicción suficientes que corroboren de forma razonable que los hechos de carácter ilícito expuesto por el Ministerio Público, puedan ser atribuibles a los imputados”, por lo que “corresponde confirmar el auto de sobreseimiento”.

Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), integrado por Fedepaz cuyo equipo legal ejerce la defensa de Marco Arana Zegarra; saluda el archivo definitivo de este injusto proceso penal iniciado contra él y los dirigentes comunales Ydelso Hernández y Manuel Ramos, en un marco de legítima defensa del medioambiente, del territorio y de sus derechos fundamentales como comunidades.

Con el ruego de su difusión.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/05/16/primera-sala-penal-de-apelaciones-de-cajamarca-confirmo-el-archivo-del-proceso-penal-seguido-contra-marco-arana-ydelso-hernandez-y-manuel-ramos/

Mujeres de los seis distritos de Cotabambas (Apurímac) se reunieron en Tambobamba para continuar con sus esfuerzos de capacitación y fortalecimiento de sus propios liderazgos. Este proceso es uno de los acuerdos tomados en marzo por la Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas, como parte de una estrategia de trabajo que busca promover la autonomía de las mujeres y lograr su empoderamiento político, social y económico.

Los días 8 y 9 de mayo tuvo lugar la primera sesión 2018 de la Escuela de Mujeres de Cotabambas, una oportunidad para que las participantes – en su mayoría campesinas y quechuahablantes – pudieran discutir e identificar los principales problemas que las afectan y fortalecer sus capacidades para hacerles frente.

Una de las problemáticas más sentidas por las mujeres participantes es la violencia de género, expresada en maltrato físico y sicológico, así como en casos de violencia sexual y feminicidios que se vienen registrando en la provincia. Frente a ello, señalaron las deficiencias de la atención del Estado y  de los mecanismos de denuncia que no protegen a la mujer.

Por ese motivo, las mujeres de Cotabambas han iniciado un proceso de capacitación para el fortalecimiento de su autoestima y autonomía, y entre sus acuerdos se encuentra realizar campañas para contrarrestar la violencia y el alcoholismo que está muy asociado a este problema, en especial en las zonas rurales.

Además, la capacitación busca fortalecer los liderazgos locales de las mujeres, a fin de que tengan mayor autoconfianza y capacidad organizativa para expresar y defender sus puntos de vista en el ámbito público.

El programa también buscará fortalecer la autonomía económica de las mujeres, promoviendo su participación en proyectos productivos sostenibles.

Una de las participantes de la Escuela fue Victoria Mio, viuda de Alberto Roque Cconislla, líder campesino que fuera elegido alcalde del distrito de Mara y luego asesinado en 2015 en extrañas circunstancias. Actualmente, doña Victoria vive una difícil situación económica, pero ella no se da por vencida y lucha por sacar adelante a su familia a través de su participación en un proyecto de alternativas productivas mediante invernaderos o fitotoldos, gracias a lo cual ahora está produciendo fresas. Al mismo tiempo, sigue buscando justicia por la muerte de su esposo.

Impacto de Las Bambas

Otra de las problemáticas más sentidas por las mujeres que participaron de esta sesión es el impacto socioambiental que viene generando la empresa Minera Las Bambas SAC, la mayor mina de cobre del país y que opera en la provincia de Cotabambas. Uno de los impactos más fuertes es el tránsito incesante de centenas de camiones diarios a lo largo del corredor vial minero, que genera constante polvareda que afecta la respiración y la salud de las personas, así como afecta el agua, los cultivos y los animales, y ocasiona fuertes vibraciones que afectan las viviendas.

El programa de capacitación de la Federación Provincial de Mujeres, apoyado por CooperAcción y el Centro Bartolomé de las Casas de Cusco, tiene programadas dos sesiones más en los próximos meses para darle continuidad a este proceso de fortalecimiento del liderazgo de la mujer en Cotabambas.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/mujeres-de-cotabambas-construyendo-su-futuro/

Como es sabido, el pasado 11 de abril el Presidente Martín Vizcarra decidió la prórroga del Estado de Emergencia en el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, a través del Decreto Supremo 037-2018-PCM. Varias instituciones[1], entre ellas CooperAcción, han manifestado su preocupación por ello, pues el nuevo gobierno se reafirma en la política del uso de estados de excepción aplicada por su antecesor para el manejo de los conflictos sociales.

Este artículo pretende analizar la dimensión territorial de la medida, para lo cual debemos prestar atención a lo decretado textualmente. En su artículo primero, el Decreto Supremo dice “Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 12 de abril de 2018, en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, con una longitud aproximada de 482.200 km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención”. Del texto se desprenden tres elementos claves para nuestro análisis del territorio en Estado de Emergencia: primero, el corredor vial; segundo, el punto de inicio y término del mismo; y finalmente el área de 500 metros adyacente a cada lado de la vía del corredor.

El corredor vial en Estado de Emergencia atraviesa 14 distritos pertenecientes a cinco provincias de los territorios departamentales de Apurímac, Cusco y Arequipa. En Apurímac recorre las provincias de Grau (distrito Progreso) y Cotabambas (distritos de Challhuahuacho y Haquira), en Cusco las provincias de Chumbivilcas (distritos de Quiñota, Llusco, Santo Tomas y Velille) y Espinar (distritos de Coporaque, Pallpata, Ocoruro y Condoroma), y en Arequipa la provincia de Caylloma (distritos de Callalli y San Antonio de Chuca).

Si bien el Ejecutivo puede alegar que el Estado de Emergencia solo se circunscribe al corredor vial y no a la totalidad de los ámbitos territoriales de los 14 distritos mencionados, lo cierto es que haciendo un análisis al ámbito circunscrito a los 500 metros adyacentes a ambos lados de la vía del corredor, como menciona el D.S., encontramos que, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2007), existen 215 centros poblados que albergan alrededor de 50 801 habitantes. De los 215 centros poblados en Estado de Emergencia, 10 son capitales distritales, de ellas siete se ubican en el departamento del Cusco (Condoroma, Ocoruro, Héctor Tejada, Coporaque, Vellile, Llusco y Quiñota) y tres en el departamento de Apurímac (Haquira, Challhuahuacho, Progreso). Por otro lado,  dos son capitales de provincias del Cusco: Yauri-Espinar (Espinar) y Santo Tomás (Chumbivilcas).

A partir de lo señalado, podemos concluir que más de 50 000 personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas quechuas, tienen suspendidos sus derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, por una política gubernamental que, a todas luces, como han señalado diversas instituciones pro derechos humanos, es inconstitucional, pues su declaración no cumplen con los requisitos establecidos para su aplicación en nuestra carta Magna.

El establecimiento del estado de excepción en el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa plantea la pregunta sobre qué lo “justifica”. Para contestar a esta pregunta, debemos entender el rol que cumple la vía nacional del corredor como un elemento de la movilidad que articula cotidianamente a más de 200 centros poblados, donde, como hemos mencionado anteriormente, se encuentran capitales distritales y provinciales que son la matriz del funcionamiento de la gobernanza del territorio; y  a su vez también, es la vía esencial del denominado corredor minero, por donde se transporta el mineral de al menos cinco grandes unidades mineras en explotación (Las Bambas, Anabi ubicada en Cotabambas, Anabi ubicada en Chumbivilcas, Constancia y Antapaccay) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes (Gema, Utunsa, Corccohuayco y Quechua).

La justificación declarada del Ejecutivo para implementar el Estado de Emergencia es la convulsión social aparentemente existente en la zona de influencia de este corredor. Sin embargo, cuando uno visita la zona[2] encuentra que las poblaciones en general lo que único que exigen al Estado es la canalización y atención adecuada de sus demandas a través del diálogo. Pese a ello, la respuesta en el último tiempo ha sido el establecimiento de sucesivos Estados de Emergencia con la militarización de la zona, que protege los intereses particulares del corredor minero, en detrimento de los derechos constitucionales de una gran cantidad de población del sur andino del Perú.

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[1] CooperAcción (30/04/2018). CooperAcción Informa. Estados de Emergencia limitan Democracia. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/los-estados-de-emergencia-limitan-la-democracia-en-el-peru/
[2] El 26 de abril realizamos una visita al distrito de Challhuahuacho, donde pudimos comprobar que no existen condiciones de convulsión social como argumenta el gobierno.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/mas-de-50-000-habitantes-del-corredor-minero-tienen-sus-derechos-restringidos/

Uno de los magistrados de la Sala permanente presidida por el Dr. César San Martín pidió licencia, motivo por el cual se suspendió la audiencia donde se iba a sustentar la solicitud de anulación de la sentencia a Walter Aduviri.El dirigente aymara fue sentenciado en Puno a 7 años de prisión, por el supuesto delito contra la paz pública por la protesta social conocida como el “Aymarazo”. El año pasado, La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno absolvió a los otros 18 dirigentes criminalizados.

Como se recuerda, El conflicto social se desató a raíz del ingreso de la minera canadiense Bear Creek Minig Corporation y su proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito. Tras no haber mayor mediación de parte del Estado, el conflicto llegó a su punto más crítico en el 2011, cuando se generó una revuelta masiva.

El especialista de la Organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, Hernán Portobravo, declaró a Red Muqui que las sentencia tiene elementos cuestionables. “Cuando inicia el proceso se le señala como coautor de los hechos, pero al finalizar, el Juez en Puno lo sentencia como autor mediato”, afirmó.

Señaló que Aduviri está “siendo criminalizado bajo argumento dudosos, en base a publicaciones en medios de Puno”. Portobravo comentó, también, que existe discriminación hacia el dirigente indígena. En el proceso no se ha tomado en consideración su identidad aymara y no se ha aplicado el Convenio 169 de la OIT que admite consideraciones en la aplicación de justicia para los pueblos originarios. “Los jueces en Puno han señalado que no es indígena por haber seguido estudios superiores”, comentó.

El especialista también afirma que se han observado otras conductas discriminatorias en los jueces que han llevado el caso en Puno. “Se ha llegado a señalar que las comunidades aymaras son violentas”, aseveró.

Cabe recordar, que en el proceso judicial los 18 dirigentes que fueron incriminados fueron absueltos el año pasado. Portobravo señala, finalmente, que “la defensa sustenta que no existió una organización estructurada y no se puede afirmar que existió un poder de mando que implica subordinación y obediencia”. Se espera que se retome la audiencia y que el proceso se lleve de forma transparente.

Fue nte:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/742-se-cancelo-la-audiencia-en-lima-sobre-caso-adurivi

Tía María regresa a la luz pública por la insistente oposición de los agricultores del valle del Tambo. El miércoles, más de 1,500 personas protestaron en Arequipa contra el gran emprendimiento cuprífero en una jornada que convocó a un paro indefinido de la macro región sur. Como reza el dicho: “A río revuelto, ganancia de pescadores”.

La rechifla contra este proyecto de Southern era previsible en un año de elecciones regionales y municipales como el actual; de hecho, la “preocupación” socio-ambiental es una buena plataforma para espontáneos politiqueros y para la cohesión de la izquierda, criolla y alicaída. Con el lío ganan, también, los periodistas de alquiler y los marketeros que minimizan el conflicto socio-ambiental y apuestan por resolverlo con una estrategia de medios.

Este proyecto minero operará -si acaso- en la zona del valle del Tambo, un lugar que Antonio Raimondi llamó “despensa de Arequipa” por su alta productividad y variedad de cultivos alimenticios, convertido hoy en uno de los principales centros arroceros del país.

De lo que va de 2011 a 2015, las protestas contra el proyecto tienen un saldo de siete muertos y centenares de heridos. La conflictividad socio-ambiental debe enfrentarse responsablemente en la cancha y no con un diarismo vergonzante, ni el intento de desprestigiar a líderes proagrícolas y menos con comparaciones engañosas.

Los promotores mediáticos de Tía María muestran la armoniosa convivencia agro-minería de NorthParkes, ubicada en Nueva Gales del Sur, una de las zonas agrícolas más ricas de Australia. NorthParkes, hoy en manos de China Molybdenum Company y Sumitomo Group, invirtió en la agricultura local haciéndola más productiva y competitiva. Lo que olvidan decirnos es que la de Australia es una mina subterránea, muy diferente a Tía María que es a cielo abierto en un espacio de enraizada vocación agrícola desde tiempos precolombinos.

Mal asesorada, Southern despilfarra dinero en engañosas campañas que generan rechazo e impiden alcanzar la necesaria licencia social.

Sacar adelante este proyecto minero pasa por reconvertir el modelo de tajo abierto en uno de mina subterránea para no alterar el paisaje ni abusar de explosivos generadores de contaminación por partículas en suspensión.

Depende de Southern replantear su proyecto, atendiendo las reales preocupaciones de los agricultores de la zona para demostrar su vocación proagrícola, conservacionista y respetuosa de las costumbres de quienes serán impactados por el proyecto.

¡Demuestren que sí es posible una minería responsable y limpia!

Fuente:http://www.expreso.com.pe/opinion/guerra-martha-meier-m-q/tia-maria-a-rio-revuelto/

En multitudinaria marcha, comunidades campesinas de Huancabamba y Ayabaca, exigen respeto a sus derechos territoriales y a la libre elección de su desarrollo económico, social y cultural…En oposición al proyecto minero de Río Blanco Copper S.A. (Ex Majaz)

El pasado lunes 7 de mayo, miles de comuneros, comuneras, ronderos y ronderas de las provincias andinas de Huancabamba y Ayabaca; marcharon por las calles de la ciudad de Piura, en defensa de sus derechos territoriales y de un desarrollo socioeconómico basado en la agricultura, ganadería y ecoturismo, tal como decidieron en la consulta vecinal realizada en septiembre de 2007.

Una vez más, han hecho manifiesto su rechazo a la implementación del proyecto minero Río Blanco, cuya concesión se encuentra situada en los territorios de las comunidades Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), y cuyos efectos serían lamentables e irreversibles en el ecosistema de la región, por su ubicación en los páramos andinos donde nacen diversos ríos de Piura y de las provincias de San Ignacio y Jaén en Cajamarca.

Asimismo, dichas comunidades han expresado su rechazo al Proyecto de Ley N° 1910 promovido por el congresista fujimorista Luis López Vilela, que propone la titulación individual de tierras comunales, afectando así su derecho ancestral a la propiedad comunal del territorio.

En declaraciones a RPP Noticias en Piura, Santos Montalván, vicepresidente de la Federación Regional de Rondas y Comunidades de Piura (FRRCCP), manifestó que: “Ese es el objetivo por el que hemos venido multitudinariamente, no solamente de las provincias de la sierra de Piura, sino todos los ronderos, todos los campesinos de toda la Región Piura para, hoy más que nunca, decirle a nuestras autoridades, a nuestro gobierno central, a nuestro Ministro, que tiene que ver con este problema que tenemos, en la pretensión del Proyecto Minero Río Blanco que se explote en nuestra cabecera de cuenca, decirles que no estamos de acuerdo y una vez más rotundamente decirles NO va la mina. Que se respete la Consulta Vecinal de 2007 donde el 97% de la población dijo NO a la explotación minera en nuestras cabeceras de cuenca, en nuestros páramos andinos“.

Además, precisó que marchan “en rechazo al proyecto minero Río Blanco, que se respete nuestra consulta vecinal y, también que se deje sin efecto, que se archive este tendencioso proyecto de ley presentado por el congresista Luis López Vilela, en contra de nuestras comunidades, que pretende desaparecerlas mediante la titulación individual ¿para qué? Para que las compren los grupos de poder, las grandes transnacionales y puedan de una manera muy fácil, muy sencilla, entrar a nuestros territorios comunales y despojarnos de nuestros territorios comunales y despojarnos de nuestras tierras, eso es lo que hemos venido rotundamente a rechazar y todo el proyecto y todos los proyectos que atenten contra nuestra actividad agrícola, pecuaria, artesanal en nuestra serranía de Piura y en la costa también”.

De la misma opinión fue Claudio Jiménez, de la Comunidad Campesina de Yanta (Ayabaca), quien precisó a radio RPP Piura que marcharon para exigir la presencia del Estado peruano en sus comunidades, ya que éste no apoya el modelo de desarrollo basado en la agricultura que, de manera legítima, eligieron. También reclaman que el Estado no ha implementado programas de desarrollo comunal vinculados a salud y educación en sus comunidades, a pesar de las urgentes necesidades de la población en estos temas.

En ese sentido, FEDEPAZ, como organización de derechos humanos que brinda asesoría legal y acompañamiento a las referidas comunidades campesinas; se suma a la exigencia de que el Poder Ejecutivo respete y haga respetar su derecho al territorio y su decisión de basar su desarrollo socioeconómico en actividades agrícolas, ganaderas y de ecoturismo. Asimismo, que el gobierno central implemente acciones y programas para atender las demandas de salud y educación de estas comunidades, tantas veces postergadas.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 9 de mayo de 2018

Decisión del gobierno de no someter proyecto a consulta previa y de declarar estados de emergencia genera malestar en comunidades indígenas.

A marzo del 2018 la Defensoría del Pueblo tenía registrados 188 conflictos sociales en el Perú, de los cuales 64.8% tienen que ver con la minería. Uno de esos conflictos corresponde al proyecto minero Las Bambas, ubicado en las provincias de Cotabambas y Grau, en el departamento surandino de Apurímac.

Las Bambas es el proyecto cuprífero más importante del país, actualmente perteneciente al consorcio chino MMG Limited. En el 2004, la empresa suiza Xstrata Copper adquirió el derecho para explorar Las Bambas a través de una licitación pública internacional, pero recién en el 2010 se realizó la audiencia pública sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y se firmó el contrato de transferencia de titularidad de la concesión de Las Bambas con el Estado, con una inversión de US$4.2 millardos. La producción, que se inició en el 2016, está prevista en más de 400,000 TM de cobre.

Uno de los puntos incluidos en el EIA era la construcción de un mineroducto para transportar el mineral extraído desde Las Bambas hasta la vecina provincia de Espinar, en Cusco. Sin embargo, en el 2013 la empresa australiana Glencore adquirió Xtrata, convirtiéndose en propietaria de Las Bambas, y un año después Glencore vendió el proyecto minero al consorcio chino MMG Limited por $7 millardos.

Según Convoca, portal de periodismo de investigación, “por la transacción la compañía pagó al Estado un impuesto a la renta por debajo de las expectativas”.

La investigación global Paradise Papers —13.4 millones de documentos relativos a inversiones realizadas a través de paraísos fiscales filtrados en noviembre del 2017—, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) del que forma parte Convoca, reveló que $2.7 millardos de esa transacción “se movieron en un complejo esquema tributario que incluyó ‘préstamos intragrupo’, una práctica de las grandes empresas para eludir obligaciones tributarias”.

En esos dos años, Glencore aseguró haber invertido $3 millardos, pero según el cronograma de inversión actualizado al 2015 solo había invertido poco más de $1.7 millardos, precisó Convoca. Sin embargo, Glencore recibió $7 millardos de MMG Limited “para traspasar Las Bambas y sus activos mediante una operación que fue calificada ‘la más grande en la historia del Perú’, bajo el supuesto de que generaría dinero al país”. Finalmente, Glencore, utilizando una serie de mecanismos para reducir sus ganancias, solo pagó $580 millones al fisco, mucho menos de lo que se preveía, a lo cual se sumó que el gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) no especificó los montos a destinar a la región de Apurímac por concepto de canon minero.

En medio de esos vaivenes, MMG Limited presentó en el 2014 una modificación del EIA para permitir el transporte de cobre por carretera, eliminando el mineroducto. La población rechazó ese cambio lo cual generó un conflicto que hasta ahora persiste y que significó la muerte de cuatro personas en setiembre del 2015.

José de Echave, responsable del programa Derechos Colectivos y Actividades Extractivas de CooperAcción, organización no gubernamental que trabaja en la promoción de alternativas de desarrollo al extractivismo, señaló en un artículo publicado el 22 de enero por el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú que los temas de preocupación de la población “tienen que ver con los reiterados incumplimientos de los acuerdos logrados en los diferentes procesos de diálogo implementados en la zona y que generaron un conjunto de obligaciones del Estado y que en gran medida no se han cumplido. Todo ello ha ido creando un clima de malestar que se ha expresado en varios momentos en los últimos años”.

De Echave subrayó que “en este caso no estamos hablando de un conflicto en el que la población se opone al proyecto minero. Incluso se puede afirmar que en la zona siempre se ha percibido al proyecto minero como una oportunidad para la provincia de Cotabambas”.

“Las Bambas pone en evidencia los problemas que comienzan a generar las normas de promoción de la inversión que en los últimos años han recortado estándares ambientales y han debilitado la institucionalidad ambiental”, agregó.

Estados de emergencia
De hecho, desde el 2013 el proyecto Las Bambas ha sido modificado en al menos cinco ocasiones, tres de ellas utilizando procedimientos aprobados por el gobierno de Humala que, con el objetivo de promover las inversiones, reducen los estándares ambientales y “permiten aprobar los proyectos de manera expeditiva en 15 días y sin mecanismos de participación ciudadana”, indicó De Echave.

También ha causado malestar entre las comunidades la declaración de sucesivos estados de emergencia desde agosto del año pasado (el más reciente el 12 de abril), en el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa —que abarca las operaciones de Las Bambas así como de las minas Constancia y Antapaccay (Cusco) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa)—, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio y libertad de reunión y tránsito en el territorio.

La medida es considerada “inexplicable” por el Observatorio de Conflictos Mineros, porque ya se cumplieron 240 días sin derechos constitucionales y al no haberse registrado protestas en ese tiempo, “atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía”.

Parte del problema en los conflictos sociales es la aplicación de la consulta previa a pueblos indígenas que está en vigencia en el Perú desde el 2011. Sin embargo, a partir del 2013 experimentó grandes retrocesos luego que el gobierno exonerara temporalmente de este mecanismo a 14 proyectos mineros ubicados en la costa y sierra del Perú que se encontraban en fase de exploración, señalando como justificación la caída de los precios de los metales y desaceleración del crecimiento económico de China y Europa.

La fase de explotación del proyecto Las Bambas nunca fue sometida a proceso de consulta previa. El 29 de setiembre del 2015, luego de autorizar la explotación del proyecto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) decidió que no sería consultado. El argumento que se utilizó es que las comunidades indígenas afectadas no están georreferenciadas.

“Se ha identificado en los distritos de Coyllurqui, Tambobamba, Chalhuahuacho y Progreso, provincia de Cotabambas y Grau, del departamento de Apurímac, a varias comunidades identificadas referencialmente como organizaciones indígenas, sin que la totalidad de las mismas se encuentren georreferenciadas; apreciándose además que las que se encuentran georreferenciadas se ubican fuera del área del proyecto minero materia de la presente autorización de inicio de actividades de explotación”, dice el informe 114-2015-MEM-DGM/DTP/PM, emitido por la Dirección General de Minería.

La Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, en su informe 008-2016-DP/AMASPPI.MA titulado “Análisis de las modificaciones efectuadas al proyecto minero Las Bambas”, publicado en diciembre del 2016, precisa que al menos 13 de las 48 comunidades campesinas afectadas por el proyecto son de origen quechua, según la base de datos del Ministerio de Cultura, y por lo tanto deben ser consultadas de acuerdo con las obligaciones derivadas del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano en 1993, y de la Ley 29785 de Derecho a la Consulta Previa.

Sin estrategia para abordar conflictividad social
En entrevista publicada el 20 de abril por el portal periodístico Gran Angular, Paulina Garzón, directora de Iniciativa para las Inversiones Sustentables entre China y América Latina (IISCAL) afirmó que MMG Limited necesita los estados de emergencia para poder operar.

“Las Bambas es un proyecto que tiene muchísimos problemas, y el hecho de que haya operado bajo estados de emergencia por más de ocho meses refleja que está operando en una situación de ilegalidad. Los estados de emergencia son medidas de excepción, no son medidas permanentes”, dijo.

Garzón coincide con De Echave en que Las Bambas “es un proyecto al que la gente no se opone. Las comunidades locales han pedido buenos estándares ambientales y que se respeten sus derechos, un buen comportamiento de la compañía y también recibir los beneficios de la actividad económica que se realiza dentro de su territorio”.

Sin embargo, agregó, “ha habido varios problemas, por ejemplo la empresa ha hecho varios cambios, uno principal es el método para transportar los minerales. En vez de tener un mineroducto, que fue planteado en el estudio de impacto ambiental, ahora los metales son transportados en camiones por carretera, lo que significa un tráfico muy intenso y permanente de camiones pesados que producen muchos problemas ambientales, afecciones a la salud, a las actividades económicas y agrícolas de las comunidades”.

A esto se suma la falta de interés de la empresa en negociar. “En vez de hablar sobre estos problemas con las comunidades, mediante diálogos multiactores o en las mesas de diálogo, su política es negociar comunidad por comunidad. Esto es una bomba de tiempo, sin un diálogo con reglas y con todos los actores, no hay una solución de largo plazo. Medidas ad hoc, bajo presión, y que no son producto de una negociación y de un diálogo abierto, no tienen futuro”.

De acuerdo con el reportaje de Gran Angular, “Perú: La consulta previa en el sector extractivo sigue sin respetar los derechos indígenas”, publicado el 25 de abril, la consulta previa “se ha convertido en una formalidad para obtener u otorgar la autorización de inicio del proyecto de inversión”.

“Desde el 2013 se han realizado 38 procesos de consulta previa: cuatro consultas nacionales, 13 en hidrocarburos, 12 en minería, uno en energía, uno en hidrovías (por mandato judicial) y siete en áreas naturales protegidas. Es decir, se han promovido 25 consultas alrededor de proyectos extractivos y solo cuatro consultas nacionales”, precisan Magaly Zevallos y Shia Inguil, de Gran Angular.

En el caso específico de la minería, de los 12 procesos realizados, solo tres llegaron a la etapa final del diálogo. A ello se suma el poco interés de las autoridades de titular los territorios indígenas porque eso significaría reconocer la existencia de esas comunidades y sus derechos.

El caso de Las Bambas “muestra una vez más la ausencia de una verdadera estrategia desde el Estado para abordar la conflictividad social en las zonas de influencia de actividades extractivas. Igualmente, se constata las limitaciones que han tenido los procesos de diálogo que se han venido implementando en los últimos años, sin que se puedan generar verdaderos consensos y procesos que respeten los tiempos de la población local, el diálogo intercultural, etc.”, manifestó De Echave.

“Un proyecto como el de Las Bambas debería ser una prioridad para nuestras autoridades que deberían hacer todos los esfuerzos para encontrar puntos de entendimiento con los actores locales, más aún cuando en este caso —insistimos— la gente no se opone al proyecto”, agregó. “El Estado sigue sin cumplir con sus funciones no solo por la falta de voluntad política, sino también por su propia debilidad estructural, la carencia de competencia, capacidades y herramientas”.

Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/peru-las-bambas-la-madre-de-todos-los-conflictos-mineros/

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha señalado en el Congreso de la República que su gestión se propone como meta aumentar la presión tributaria en 2,4% del PBI hasta llegar al 15,3% en 2012.

Una primera precisión es que, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la meta de presión tributaria ofrecida por Villanueva coincide con los niveles alcanzados en el 2006, cuando el país se encontraba en pleno boom de precios de los minerales y solo el aporte de la minería a la prSubir archivosesión tributaria superaba los dos puntos porcentuales.

La pregunta que hay que hacer es cómo se piensa alcanzar la meta propuesta si los precios de los minerales no se encuentran en los niveles del período del súper ciclo y si además los mega proyectos mineros que han entrado en producción no están pagando Impuesto a la Renta por algunos beneficios tributarios que siguen vigentes y que utilizan las empresas.

En su alocución en el Congreso, Villanueva ha señalado que se apostará por hacer más eficiente la labor recaudadora de la Sunat, aumentando la base tributaria, reduciendo la evasión y la elusión tributaria. En el proyecto de ley que plantea la delegación de facultades al Ejecutivo en varias materias, incluidas las tributarias y financieras, hay mayores precisiones: racionalizar los beneficios tributarios existentes, perfeccionar las reglas relativas a los contratos de estabilidad tributaria previstos en la Ley General de Minería, adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones y a las mejores prácticas internacionales de la OCDE para combatir la evasión y elusión tributaria, etc.

Esas son las buenas pistas que hay que seguir, profundizar y sobre las cuales el gobierno debe acelerar definiciones para que puedan tener efecto. Lo que sí sería un error es apostar por el piloto automático y creer que el aporte de la minería y los buenos vientos del escenario internacional (que en realidad no son tan buenos y menos aún se acercan a lo que pasó entre el 2003 y 2012) nos van a sacar del problema actual.

Por lo tanto hay que sincerar cifras y proyecciones. ¿El aporte tributario de la minería va a aumentar? Sí, de hecho ya ha venido aumentando: entre el 2016 y el 2017 el Impuesto a la Renta del sector minero creció en 142% y las cifras de recaudación mostrarán una recuperación este año. Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar los niveles del período del súper ciclo: por ejemplo, el año 2007 la minería aportaba el 50.9% de lo que el país recaudaba por Impuesto a la Renta, mientras que en la actualidad el aporte apenas alcanza el 11.9%. El país necesita con urgencia pisar a fondo el acelerador para mejorar la recaudación.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/se-alcanzara-la-presion-tributaria-propuesta/