El día viernes el Presidente Vizcarra anunció el inicio de la segunda etapa del proyecto minero Toromocho de la Minera Chinalco Perú S.A en la región Junín. Se trata de una ampliación del proyecto minero que añadirá otras 75,000 toneladas métricas finas (TMF) de cobre a la actual producción de la mina.

Este sería un anuncio importante si sólo lo viéramos desde ese punto de vista. El problema es que la aprobación de esta ampliación, no contó con la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que solo ha sido aprobado a través de un Informe Técnico Sustentatotio (ITS) que no es el instrumento técnico idóneo para evaluar los impactos de los proyectos de esta envergadura, pues no se ha tratado de una modificación secundaria, tal como establece el marco normativo de los ITS.

De otro lado, es preciso mencionar que para que esta ampliación del proyecto se pueda ejecutar, desde el Poder Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Bienes Estatales Nacionales (SBN), se ha emitido la Resolución N° 130-2018-SBN-DGCE-SDDI, mediante la cual se expropian las 34 hectáreas de tierras de los pobladores que aún habitan en Morococha antigua, a pedido de Activos Mineros S.A.C, empresa del Estado a cargo de la remediación de dichos pasivos, aduciendo existen pasivos ambientales de alto riego, lo que antes no habían indicado.

Esta medida posibilita el desalojo de las personas que aún viven en dichas zona, que imposibilitaba para la empresa Chinalco la realización de la ampliación del proyecto, y lo que ha hecho el gobierno es facilitar el proyecto a dicha empresa, con el pretexto de los pasivos ambientales, que nunca ha priorizado procesar y sólo lo hace ahora para la realización del proyecto, en desmedro del derecho a la propiedad de las personas, propiciando un nuevo conflicto social, que ya viene generando movilizaciones y paralizaciones de la población afectada en defensa de su legítimo derecho a la propiedad que viene siendo afectado de manera inconstitucional, pues las normas del Poder Ejecutivo han pasado por encima de nuestra Constitución y del derecho de propiedad que está debidamente establecido en nuestra Carta Magna.

Se demuestra con esta medida que el actual gobierno del Presidente Vizcarra, es la continuidad del gobierno de Kuczynski, que mantiene las mismas prácticas de autoritarismo e impunidad, frente a los conflictos socio ambientales, que se suma a los estados de emergencia que se continúan aplicando y a los convenios que la policía sigue suscribiendo con las empresas mineras, cuyo costo de seguridad subvencionamos todos los peruanos y peruanas, y sufrimos porque nos limitan contar con suficientes efectivos que asuman la seguridad ciudadana.

La situación de la población de Morococha por años ha sido la de mantener un conflicto desgastante con la Minera Chinalco, que no ha cumplido estrictamente con las obligaciones que debe asumir por el proceso de reasentamiento forzoso de la población, según los criterios del Banco Mundial que se siguieron, y que no son debidamente fiscalizados por la OEFA, que no tiene un sostenimiento económico debido en su nueva ubicación por no cumplir la empresa con establecer su campamento con trabajadores en dicho lugar, sin condiciones ambientales adecuadas por la ubicación de la zona en bofedales y de una relavera contigua, lo que ha modificado irreversiblemente la calidad de vida de la población en una “ciudad” que no les brinda condiciones de vida adecuadas, sin que la empresa asuma sus responsabilidades sobre el daño causado.

Es preocupante el anuncio del presidente de la segunda etapa del proyecto Toromocho en las condiciones en las que se está dando, cuando es responsabilidad del Estado ante todo, velar por las condiciones ambientales y sociales necesarias que respeten los derechos de las personas, lo que no ha ocurrido con los pobladores de Morococha.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/755-segunda-etapa-de-proyecto-minero-toromocho-se-realiza-afectando-derechos-fundamentales-de-los-pobladores-y-su-derecho-constitucional-a-la-propiedad

Lideresa indígena. Desde hace varios años la dirigente Melchora Surco lucha para que el Estado les otorgue atención especializada de salud. Ella junto a otros 179 comuneros de Alto Huancané y Huisa de la provincia de Espinar, tienen 17 metales en su cuerpo. Ayudada por ONG’s, la comunera demandó al Gobierno para que cumpla con su deber.

Melchora Surco Rimachi ama a su pequeña oveja como si se tratara de su hijo. La lleva a todas partes y el mamífero la sigue gustoso moviendo la cola. Si ella viaja, la cría la acompaña.

Antes, cientos de estos animales pastaban en su pueblo de la provincia cusqueña de Espinar llamado Paccpaco, pero inexplicablemente empezaron a morir junto a las vacas, eso en los primeros años de la década pasada. Caían babeando y tumbadas por algún mal. “Era como un cementerio de ganado”, recuerda llorando la mujer.

Para no perder todas las reses enfermas, algunas eran degolladas para aprovechar su carne, en cambio las vísceras ni las aceptaban los perros. “El hígado y los pulmones – cuenta – se deshacían en las manos como mazamorra”. Preocupada Melchora Surco acudió cargando las vísceras a buscar explicaciones de la mortandad a las oficinas comunitarias de Xtrata Tintaya S.A., la empresa que operó la mina Tintaya desde el 2006 al 2012.

Suplicó que manden veterinarios y que los reubiquen porque ya no querían vivir más en Paccpaco. Los coordinadores le dijeron que no se preocupara, que buscarían una solución, pero que no hablara. Melchora no hizo caso y desde esos años ya salía de su boca y de sus vecinos la palabra contaminación.

Las aguas que ingirieron los animales las habrían fulminado en aquella época. La bebían del riachuelo que pasaba junto a las casas y que más abajo alimentaba al río Salado. Entre el 2012 y 2013, el Ministerio del Ambiente (Minam) tomó muestras de agua en 58 puntos de la Cuenca del Salado y del Ccañapía en 15 comunidades de Espinar. Encontraron que en 41 de ellos había al menos un metal que superaba los límites máximos permisibles de calidad para consumo. En Paccpaco, sector de la comunidad de Alto Huancané, donde siempre vivió Melchora, predominó el aluminio, el mercurio y plomo. Pero no fue lo peor que les pudo pasar.

En 2013, 180 comuneros de Alto Huancané y Huisa, se enteraron que 17 metales pesados estaban alojados en sus cuerpos. Entre ellas Melchora Surco. En las muestras de sus orinas que les tomó el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente Para la Salud (CENSOPAS), se les halló plomo, talio, manganeso, cadmio, arsénico, mercurio, entre otras sustancias mortíferas para el organismo.

Pese a los resultados hechos públicos, el Estado hasta hoy no estableció cuál es la fuente de que haya metales pesados y otras sustancias químicas en el líquido y en los comuneros. De eso ya pasaron 5 años. La única respuesta que tiene Melchora, es la actividad minera. Ni su pequeño tamaño, ni la humildad en la que vive, la amilana para decir que su tierra está contaminada y que han sido “envenenados”. Es por eso que esta comunera, presidenta de la Asociación Para la Defensa de Paccpaco Afectada por la Minería (ADEPAMI), se ganó la antipatía de muchos. Unos la han estigmatizado de no querer el progreso ni el desarrollo de su pueblo. Otros consideran su lucha justa en defensa de la tierra  y por el derecho a la salud.

SOLA

Una mañana de abril del 2018, Paccpaco está en silencio. Apenas tres vacas sin mugir pasan las horas en un rebaño cercano. En cambio Melchora Surco, de 64 años, trasladó a sus seis reses a kilómetros de aquel lugar porque teme que mueran. En Paccpaco el boom del ganado acabó y también, de la gente. Los jóvenes del pueblo se han ido espantados por la contaminación. Los cuatro hijos de la comunera igualmente partieron. Hace varios años vive sola.

Desde la puerta de su casa, enclavada en los 4 mil 100 metros sobre el nivel del mar, puede ver en la cima de la colina el borde del depósito de relaves llamado Camacmayo. No está lejos, solo la separan 300 metros. Camacmayo, junto a la relavera Huinipampa, sirvieron para descargar parte de los desechos tóxicos del yacimiento de cobre Tintaya, explotado durante 27 años (1985-2012). ¿Es solo coincidencia de que todos los comuneros que conviven con metales en sus organismos estén tan cerca de Camacmayo y Huinipampa?

– Gracias a la minería y los relaves ya no tenemos nuestros animales, ni agua sana, ni aire sano. Por último nuestros cuerpos están en peligro. No tenemos cura tampoco- responde Melchora Surco.

Acompañada de su oveja sube hasta la malla que separa la propiedad de la minera. Al fondo se puede ver que la superficie de ese depósito ahora está cubierta de suelo órganico, ya que está en proceso de cierre, al igual que todo el complejo minero Tintaya.

La mujer recuerda que en los noventa cuando Camacmayo estaba abierto no podía vivir con la ventana abierta de su casa, porque un olor fuerte parecido al azufre se apoderaba del ambiente. Además la cara y los ojos le ardían, así como las manos cuando tocaban el agua de su riachuelo. “El agua antes parecía tener azúcar, era rico, natural. Ahora eso ha cambiado”, lamenta. Por precaución el líquido que consumen en la actualidad del riachuelo, está entubado.

Cuando empezó a reclamar “los de la mina la amenazaban”. Asegura Melchora que delante de sus hijos, los coordinadores de la mina la llamaban Satanás, que incentivaba a la gente de que hay contaminación y que pertenecía a una familia conflictiva. Hasta algunos de los compañeros de su comunidad le advertían que se callara.

Sorpresivamente alguien quemó su casa de adobe y paja. Afortunadamente ella y sus hijos no durmieron esa noche allí. Cuando llegó solo encontró sus cosas despidiendo humo y a sus gallinas muertas. Acudió a la Federación Única de Campesinos de Espinar (FUCAE), pero solo le respondieron que se cuide y que estuviera alerta.

– Hoy en día muchos de los compañeros de mi comunidad  me dicen ‘¿dónde está lo que has luchado? Luchas para ti nomás’. Eso es una calumnia. Se burlan, me bajan mi moral. ¿Así voy a luchar?- se pregunta.

RICO ESPINAR

Melchora protestó contra la minera Xstrata Tintaya en el paro del 2012, pero no es antiminera. Recuerda que recibió con palmas, junto a sus vecinos, a EMATISA, una empresa estatal que fue la primera en hacerse cargo de Tintaya en 1985.  Les prometieron capacitación a sus hijos y a sus esposos, para que puedan trabajar en la mina. Escucharon también palabras como apoyo y desarrollo.

Las otras empresas privadas, que desde 1994 tuvieron en sus manos ese yacimiento de cobre, también les ofrecieron lo mismo. “Nos decían vamos a casarnos, vamos a ser como marido y mujer. Pero después el marido se divorció de nosotros”, señala la campesina.

Espinar es rico por los minerales que hay dentro de la tierra, pero no por la gente que vive encima. Son 35 años en que hay explotación de minerales en esta provincia. Su principal yacimiento, Tintaya, se agotó. Pero desde noviembre del 2012, la empresa Glencore es la nueva dueña de Tintaya y saca cobre de Antapaccay, un nuevo y irco tajo. La bonanza económica con los millones de recursos del canon por esta actividad no llegó a la mayoría de sus pobladores. Así la pobreza aún impera.

DE MILAGRO VIVEN

Feliciana Merma Armendáriz de 54 años llega con dificultad a la casa de Melchora, su amiga. Se apoya en un bastón para poder caminar. “Sufro de descalcificación de huesos y me duele la cabeza total. Estamos esperando morir nomás”, dice aguantando llorar. Ella también tiene dentro de sí 17 metales, mayormente cadmio. Melchora excede en cinco metales como el molibdeno.

– Una vez he ido a la mina. Ponme a mi hijo le he dicho, quiere trabajar. Con eso me va a curar le he dicho. No hay, con la Melchora sigue caminando nomás, me dijo. Quién le avisará que camino con Melchora-cuenta Feliciana.

De todos los afectados a nadie se la ha brindado atención especializada. Incluso en el 2015 hubo una víctima: Margarita Ccahuana fallecida por intoxicación de cadmio y arsénico. Según el informe de la ONG Amnistía Internacional (AI) “Estado Tóxico”, se elaboraron dos planes de acciones de salud que han sido incumplidos. Uno lo hizo el  Ministerio de la Salud (Minsa) y el otro el Gobierno Regional de Cusco (GRC). “Pese que es una obligación del Estado atenderlos de manera inmediata, no lo hace”, opina Marina Navarro, directora ejecutiva de AI.

Ante la desidia, ADEPAMI, encabezada por Melchora Surco, interpuso una demanda de acción de cumplimiento en el 2013 contra diez entidades del Estado, entre ellos el Minsa, el Minam, el OEFA, el GRC, entre otros. Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), que asesora legalmente a la asociación junto a CooperAcción y Derechos Humanos Sin Fronteras, sostiene que el principal objetivo es que cuenten con atención médica. El caso está en su fase final y lo analiza el Juzgado Mixto de Espinar.

Pero Melchora no solo acudió a los fueros internos por justicia. Junto y con el apoyo de IDL, viajó hacia Washington D.C., para participar de una audiencia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en abril del 2016. La lideresa indígena expuso ante los comisionados  las condiciones en que viven en Espinar. En esa misma cita, informa Quispe, la CDHI exhortó al Estado hacerse responsable de la salud de los afectados y de la contaminación en la provincia cusqueña. Pero sigue mostrando la misma indiferencia.

La presidenta de ADEPAMI recuerda que se reunió hace poco (diciembre del 2017), junto a otros dirigentes, con el exministro de Salud, Fernando D’Alessio. Él se disculpó y dijo que haría las coordinaciones necesarias para que tengan acceso a atención. Lo sacaron de esa cartera y todo eso se olvidó.

De entre sus cosas, Melchora Surco saca fotos y las muestra. En una se le ve en una protesta. En otra en una chacra, posiblemente de papas, que ya no siembra por que dice que sale agria por la tierra. En otra están vacas que antes merodeaban por su casa. Con esas mismas fotos cuenta lo que pasa en Espinar cuando le toca viajar invitada por distintas organizaciones y ONG’s, a ciudades como Lima, Arequipa o Bolivia.

HASTA MORIR

Nubes grises de pronto cubren Paccpaco. En cuestión de minutos, goterones empieza a castigar la tierra y el techo de calamina de la casa de la comunera. La mujer sale de su hogar como puede. En sus manos lleva un gran cobertor de plástico para cubrir la kiwicha que hace poco cosechó. Pero las gotas se han convertido en granizo y a Melchora solo le queda refugiarse bajo el plástico. Antes de taparse por completo, sopla dos veces con dirección al cielo invocando: “Váyanse nubes, váyanse”. Su artilugio funciona: Deja de granizar y las espesas nubes se alejan.

Años atrás, dice, era feliz. Vivía con sus hijos y nietos y solo se preocupaba por su chacra y animales. Hoy no hay calidad de vida -sostiene- como la tiene la gente de la ciudad o los congresistas.

– Cuando me voy a morir, cuando voy a desaparecer de este mundo, ahí me harán callar.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1252957-cusco-mujer-demando-justicia-comunidad

Declaración conjunta de comunidades nativas pertenecientes al pueblo Shawi manifestaron que presencia de actividad minera en sus territorios pone en peligro sus modos de vida.

Riesgos a la vida, la salud, el medio ambiente, así como a los derechos colectivos del pueblo Shawi, traería la presencia de la empresa Minerales Camino Real Perú S.A.C. a la cuenca de Paranapura, en el distrito de Balsapuerto.

Ante ello las autoridades de la provincia de Alto Amazonas, del pueblo Shawi de la cuenca de Paranapura y afluentes, y de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI – SL) adoptaron una declaración conjunta de oposición a la empresa.

En el documento no solo rechazan la exploración y explotación minera, sino que señalan que la ubicación de los lotes de concesión afectan directamente las áreas tituladas de comunidades nativas Shawi.

Asimismo, dicha afectación también se extiende a los sistemas de uso que practica dicho pueblo en su posesión ancestral, lo cual se relaciona directamente con sus formas de subsistencia.

Del mismo modo, advirtieron que los daños se presentarán a corto plazo, como contaminación de las aguas que consumen los habitantes del área.

Igualmente, indicaron que a mediano plazo esta contaminación se extenderá contra la población urbana, principalmente a los habitantes de la ciudad de Yurimaguas.

De otro lado, la declaración conjunta también asumió la posición colectiva  de “rechazar la creación de un Área de Conservación Regional Cerro Escalera Shawi del Distrito de Balsapuerto, toda vez que su propuesta de creación se sobrepone al territorio ancestral del pueblo en mención”, según se lee en el documento.

Para leer a declaración conjunta, haga clic aquí.

Fuente:https://www.servindi.org/31/05/2018/rechazan-actividades-mineras-exploratorias-en-territorios-ancestrales-del-pueblo-shawi

Se trata de Alexander Flores Pari, quien fue sentenciado junto con su socio César Chambi Masco a cuatro años de prisión efectiva por daños al medio ambiente. El 19 de junio se confirmará de manera oficial su candidatura.

Alexander Flores Pari pretende postular por segunda vez al Gobierno Regional de Puno. Este precandidato fue sentenciado por daños al medio ambiente en el distrito Ananea, ubicada en la provincia puneña de San Antonio de Putina.

De acuerdo con el reportaje del portal de investigación Ojo Público, en 2012, el Ministerio Público inició una investigación contra el aspirante al gobierno regional y su socio César Chambi Masco por “realizar vertimientos en las aguas terrestres del río Inambari-Ananea, causando daños a la calidad ambiental”.

Ambos fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de un millón de soles. Sin embargo, el proceso fue archivado.

Ananea es el principal foco de contaminación del río Ramis. Según el portal, 30 mil cabezas de ganado murieron por el consumo de agua contaminada.

A esta denuncia se suma los nexos que tiene con la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno. Pues, su ahijado Rubén Palacios Mamani se desempeña como director de Medio Ambiente de la DREM.

Actualmente, Flores es titular de la concesión Roma 1 2015, ubicada en Lampa. El 19 de junio se confirmará de manera formal su candidatura al Gobierno Regional de Puno.

Usted puede leer el reportaje completo de Ojo Público aquí.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/05/2018/minero-contaminador-pretende-postular-por-segunda-vez-al-gobierno

En enero del 2011, pobladores de los caseríos de Huallacancha y Taruscancha se movilizaron contra la empresa minera Antamina, debido al incumplimiento de unos acuerdos realizados entre la comunidad y dicha compañía extractiva.

A raíz de ello, a dos comuneros: Melitón Cadillo Arce y Narciso Espinoza Amado, la Sala Mixta Descentralizada de la provincia de Huari, les dictó una sentencia de 24 años de cárcel por los delitos de secuestro y entorpecimiento a los servicios públicos, en agravio a dos trabajadores de la compañía.

Posteriormente, el 26 de abril se emitió una sentencia absolutoria por el caso de secuestro; sin embargo, aún se mantiene el proceso por entorpecimiento de carretera, caso por el que solicitan se ratifique los 4 años de cárcel.

José Gonzales López, abogado de Melitón Cadillo, ha señalado que existe un aspecto jurídico que no se ha tomado en cuenta en el proceso: la carretera mencionada por la minera no es una vía pública, sino una vía asfaltada que constituye una servidumbre de paso a favor de Antamina. De ahí que precisamente, uno de los acuerdos que se establecieron entre la minera y la comunidad fue el pago por servidumbre de paso que atraviesa los terrenos de las comunidades que reclamaron. Acuerdo, que hasta el día hoy, no ha cumplido la Compañía Minera Antamina.

En ese sentido, dicho acuerdo también es mencionado en el Informe Policial de la comisaría de Yanacancha. Ahí se indica que la movilización de la comunidad es debido a que los altos funcionarios de la minera Antamina S.A. desde hace más de 12 años no han cumplido con una serie de compromisos, entre los cuales se menciona: la construcción de colegios, postas médicas, construcción de puentes y también el pago por servidumbre (Pista asfáltica).

Ello resulta relevante, dado que en el informe también se detalla la conversación y acuerdos entre el representante de Antamina, Pablo de Flor Belaunde y los representantes de la Comunidad Campesina de Taruscancha, con presencia del Alcalde del Gobierno Local de San Marcos, donde se indica que llegaron a un entendimiento entre ambas partes, siendo uno de los principales acuerdos: “La indemnización al 100% de los afectados por la construcción de la vía asfáltica del km. 79 al 86 (sector de Taruscancha)”. En ese sentido, para el abogado José Gonzales, este dato constituiría la corroboración de que la vía asfáltica construida corresponde a una servidumbre de paso.

Por otro lado, para el dirigente campesino (actualmente en situación de prófugo) el proceso que han enfrentado significa un precedente negativo para las comunidades campesinas, sobre todo en su localidad, donde los pobladores ya no reclaman por el temor de ser acusados o sentenciados injustamente.

“Por alzar nuestra voz de protesta, por reclamar un compromiso pactado nos han sentenciado como si fuéramos delincuentes. Lamentablemente para los campesinos no hay justicia”, finalizó.

Fuente:https://viacampesina.org/es/cuando-protestar-se-convierte-en-un-delito/

En el siglo XVI el virrey Toledo crea los pueblos de reducción, con la idea de “reducir”, a los indígenas que estaban dispersos por la mortandad que trajo la colonización salvaje. En esos pueblos de reducción se estableció una legislación donde se les otorgaba un área de reserva comunal para su crecimiento demográfico y un área para producir y pagar un tributo.

De este modo, se produce la comunidad de indígenas con un territorio delimitado, reconocido y protegido por el Estado, con sus propias autoridades, costumbres, prácticas y tecnologías, que mucho tiempo después en la Constitución Política de 1920 son reconocidas legalmente como comunidades indígenas y en 1969 su nombre es cambiado por comunidades campesinas con la finalidad de reivindicar su legado.

La historia reciente de nuestras comunidades esta marcada por la violencia y discriminación, pero además son muy poco estudiadas, sin embargo, si hay algo que no se pude negar es que las comunidades campesinas, al igual que las nativas son la expresión concreta, jurídica e histórica de los pueblos indígenas y originarios del Perú con una riqueza cultural infinita.

Hoy las comunidades campesinas son propietarias y poseedoras de aproximadamente el 26.5% de todo el territorio nacional y producen la mayoría de los alimentos que abastecen los mercados de las ciudades, más del 70% son productos de la agricultura familiar que es mayoritariamente comunal; a pesar de tener mucho en su contra, han sabido resistir durante estos casi doscientos años de república.

Según un reciente estudio del Instituto del Bien Común- IBC sobre comunidades campesinas; en todo el territorio nacional existen 6 299 comunidades campesinas de las cuales 5 789 (92%) se encuentran ubicadas en la zona andina. Puno es el departamento con más comunidades campesina, 1304 y Ayacucho el departamento con mayor extensión de área titulada de comunidades campesinas 66,69% del departamento. La comunidad campesina más grande es Huancasancos con 250.000 ha. también en Ayacucho y una de las más pequeñas es Orcotuna en Junín con 11.18 ha.

Siendo propietarias y poseedoras de más de un cuarto del territorio nacional, y sabiendo que en nuestro país existe una gran dependencia económica por la exploración y extracción de minería metálica que se asienta en las mismas zonas andinas donde están asentadas las comunidades, es clara la tensión que existe con la minería, por tanto debería ser prioritario para el Estado atender las causas y consecuencias de esa tensión desde la imparcialidad de un Estado que velan por garantizar los derechos de sus ciudadanos; sin embargo ocurre todo lo contrario, desde el “denuncio minero” y posterior concesión minera, el Estado cumple una función de facilitador de los proyectos de inversión minera.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMET es la institución que otorga el derecho de concesión minera, que según la ley general de minería es un derecho que se da al titular para la exploración y explotación de recursos minerales que están en el subsuelo de un territorio; sea el territorio de quien fuese, lo que hay allí abajo es patrimonio de la nación y le pertenece al Estado. A partir de ahí es harto conocida la historia de despojo y desigualdad con las que tienen que lidiar las comunidades campesinas.

Si bien la entrega de concesión minera no significa necesariamente que se va extraer un mineral, lo cierto es que al ver posibilidades restringe el derecho de uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad. Además, el procedimiento de concesión es sumamente sencillo, eso hace que a diciembre del 2017 según INGEMET el 14% del territorio nacional esta concesionado a la minería, esto lo podemos ver a través de un moderno catastro minero, sin embargo, el Estado no tiene información cierta y actualizada de las comunidades campesinas, tampoco un catastro.

Esta información ha tenido que ser brindada por organizaciones privadas como el IBC, para suplir este vacío, que cruzando con el catastro minero se tiene como resultados del análisis la superposición de 35% de concesiones mineras en tierras de comunidades campesinas.

En la práctica esto significa restricciones al ejercicio de la propiedad, donde muchas comunidades están total o parcialmente superpuestas por concesiones, es el caso de la comunidad campesina de Chila Chila (Arequipa) cuyo territorio comunal esta superpuesto en un 95%, esta información en cuanto a la superposición de concesiones mineras  lo podemos ver por departamento.

El Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste, en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido desde la racionalidad del Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de vulnerar derechos y en algunos casos destruir comunidades campesinas.

A estas alturas del camino, estas prácticas se han normalizado, cuestionarlas te convierte en un anti-desarrollo, incluso en tiempos de la implementación del derecho de consulta previa, proceso que hoy se ha convertido en un simple trámite, desnaturalizando su finalidad. Como es lógico todo esto, deviene en el surgimiento de conflictos sociales y territoriales con poblaciones afectadas; además de serios impactos en la degradación de la naturaleza y la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran los procesos de cambio climático; pero al parecer, esto a casi nadie del Estado le importa.

Lo cierto es que las concesiones sean mineras o de otra índole, sin duda alguna afectan el uso de la tierra y territorio de las comunidades, lo que dan cuenta diversos casos con sentencias llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Awas Tingni Vs. Nicaragua o Pueblo Saramaka Vs. Surinam) y recientemente la sentencia de las 11 comunidades de Atuncolla en Puno que les da la razón a la acción de amparo que solicitaron, suspendiendo las concesiones mineras en su territorio hasta que sean consultados. A groso modo podemos inferir que las concesiones mineras afectan el derecho al uso, goce, disfrute y disposición del territorio o al menos, restringe el ejercicio de la propiedad o posesión, más aún cuando no hay consulta previa y la comunidad no autoriza la exploración o explotación.

Si seriamos un país serio, mañana mismo se debería paralizar el otorgamiento de concesiones mineras sobre tierras comunales, si antes no se ha aplicado el derecho de consulta previa, libre e informada, pero en el Perú parece que estamos acostumbrados al desenlace violento, que una vez que estalla, es cuando recién aprendemos a hacer lo correcto y aplicar lo que esta escrito hace mucho tiempo en los tratados internacionales e incluso en leyes nacionales.

Fuente:http://www.servindi.org/actualidad-opinion/29/05/2018/tierras-de-comunidades-campesinas-y-concesiones-mineras

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que ordenó a la minera Aruntani S.A.C., iniciar el cierre final del depósito de desmonte y el tajo Jessica, de la unidad minera Arasi, ubicado en el distrito de Ocuviri, provincia Lampa, región Puno.
La entidad precisó que ordenó a Aruntani S.A.C. no realizar ninguna actividad de explotación y beneficio durante la ejecución del cierre final del Tajo Jessica tales como voladuras, acarreo y transporte de minerales, almacenamiento, entre otros.
La autoridad de fiscalización ambiental también ordena ejecutar el cierre final del botadero Jessica, priorizando la captación y tratamiento de tres afloramientos ubicados en la parte baja del botadero a fin de cumplir con los Límites Máximos Permisibles previo a su vertimiento; y que las actividades de cierre final del botadero y del Tajo Jessica no afecten la calidad ambiental del suelo y el agua circundantes.

Fuente:http://www.losandes.com.pe/Regional/20180528/114963.html