Perú

Anuncian inicio de Quellaveco

Pocos días antes del 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra anunció el inicio del proyecto Quellaveco en la región Moquegua.

Según versiones del Ministerio de Energía y Minas, Quellaveco representa una inversión de algo más de US$ 5 mil millones y se proyecta una producción de cobre (en la primera década de producción) de 300 mil toneladas por año.

 

Como se sabe, el proyecto es de propiedad de la empresa anglo sudafricana Anglo American (60%) y la japonesa Mitsubishi (40%). Esta última aumentó recientemente su participación en el proyecto (del 18% al 40%), a cambio de un aporte de US$ 600 millones.

Este proyecto se ha mantenido postergado durante varios años, desde el 2013, debido a las dificultades financieras por las que atravesaba la empresa y a sus altos niveles de sobreendeudamiento. El aumento de la participación de la japonesa Mitsubishi (de 18% a 40%), precisamente, es lo que le da soporte financiero a Anglo American y permitirá el impulso inicial del proyecto. Dicho sea de paso, Anglo American prefirió una mayor participación de Mitsubishi que la entrada de un nuevo socio estratégico como Southern, que también estaba interesada en el proyecto.

Un tema importante a recordar es que el año 2012, luego de un largo proceso de negociación, se logró firmar el acuerdo entre la empresa propietaria de Quellaveco, las organizaciones sociales de Moquegua y el entonces gobernador regional, Martín Vizcarra. De manera resumida, el acuerdo consistió en un aporte de la empresa de mil millones de soles (850 millones de aporte económico y la diferencia para la construcción de represas).

La larga negociación tuvo a la base una serie de objeciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, ya que la mina pretendía utilizar 700 litros de agua por segundo, que se extraerían de una cuenca con estrés hídrico permanente como es la del río Tambo, que además de Moquegua abastece al valle arequipeño del Tambo (en Islay, precisamente donde busca implantarse el proyecto Tía María).

Ya han pasado 5 años de la firma del acuerdo sobre Quellaveco en Moquegua y habrá que confirmar si los compromisos logrados siguen vigentes en la actualidad para todos los actores comprometidos: la población, la empresa y sus autoridades.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/noticias-boletin-amp-229-julio-2018/

Perú

Cotabambas: reconstruir la política, acabar con la corrupción

Ante la gran corrupción existente en los gobiernos municipales y regionales, es urgente impulsar la vigilancia ciudadana y reconstruir la política. Esta es una de las conclusiones de los participantes en el Foro Público “Desafíos del desarrollo sostenible e integral, y lucha contra la corrupción en Cotabambas”, realizado el pasado 21 de julio con la concurrencia de un centenar de participantes, principalmente de las comunidades campesinas de los distritos de esta provincia apurimeña.

“Es necesario reconstruir la política como espacio de toma de decisiones, quiénes toman las decisiones, a favor de quién y cómo para transformar la realidad y la política”, señala el documento que resume los acuerdos y conclusiones de este importante evento.

El Foro abordó además los desafíos para un desarrollo integral que sea sostenible en el tiempo, reto más urgente aún en el marco de la gran inversión minera del proyecto Las Bambas. “Las poblaciones deben tener proyecto propio para no establecer relaciones de dependencia con la empresa minera, pues la empresa tiene sus propios objetivos”, señalan los acuerdos del encuentro.

Para dicha propuesta de desarrollo se requiere contar con información sobre el territorio, sus potencialidades, sus riesgos y limitaciones. “El ordenamiento territorial es un instrumento clave para el desarrollo, y de igual manera es importante el ordenamiento a nivel de las comunidades”, señaló durante el evento el dirigente Víctor Limaypuma, del Frente de Defensa de la provincia.

El desarrollo debe concebirse como “integral”, es decir, abordar varias dimensiones y no solo la productiva, se señala en los acuerdos finales del encuentro. Entre las prioridades para el desarrollo local se identificó “cerrar brechas en educación, salud, de género, laborales, de salario, también elevar la productividad agrícola, mejorar la gestión pública local y la gestión social del agua”.

Además, existe preocupación por los impactos ambientales de la actividad minera, por lo cual se acordó “impulsar la vigilancia ambiental ciudadana y comunal y la articulación con OEFA”.

El Foro, llevado a cabo en la Casa Cultural de Tambobamba, fue convocado por diversas organizaciones sociales, tales como el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Cotabambas, la Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas, la Organización de mujeres del distrito de Tambobamba, la Federación distrital de comunidades Campesinas, las Rondas Campesinas y los Presidentes Barriales del distrito. Así mismo, la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac (Sede Tambobamba) y los centros federados de administración e ingeniería civil de dicha universidad.

El Foro contó con la participación de especialistas como Carmen Ilizarbe, de la PUCP, el economista Juan Aste y Pablo Villa del Centro Bartolomé de las Casas. Este encuentro contó con el apoyo de varias instituciones, entre ellas CooperAcción, el Centro Bartolomé de las Casas (CBC), la Red Muqui y la municipalidad provincial de Cotabambas.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/reconstruir-la-politica-para-acabar-con-la-corrupcion-pide-foro-publico-en-cotabambas/

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Concesiones mineras cerca de frontera de Perú y Ecuador

Nuevas concesiones mineras se están dando en Ayabaca, Piura. El viernes se publicó el Decreto Supremo N° 016-2018-EM que declara de necesidad pública la inversión privada e actividad minera y autoriza a la empresa minera: Sociedad Minera San Miguelito S.A.C., a adquirir derechos mineros dentro de los 50 km. de zona de frontera en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura.

Eso se da a pesar de que la Constitución peruana señala en el artículo 71 que no se pueden realizar actividades económicas en zonas froterizas, pero se ha dado un Decreto para hacer una «excepción». No se trata del único caso donde se aplica , hay otros permisos dados en esa zona como el que se otorgó al proyecto minero Río Blanco.

 

El principal accionista de Sociedad Minera San Miguelito SAC. es la empresa canadiense Plexmar Resources INC. que tiene el 99.9% del capital social, siendo que el 0.01% del capital restante está a nombre de Danilo Guevara Cotrina. Guevara es abogado y es apoderado además de San Miguelito, de Sociedad Minera Corona S.A.C., Minera Ate SAC. y de Dia Bras Perú SAC.

La empresa minera canadiense Plexmar Resources INC informó que cuenta actualmente con 24 concesiones que cubren un total de 22.500 hectáreas en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura. Este es un segundo decreto a su favor que esta vez autoriza en total 2000 hectáreas, que sumadas a las 1800 hectáreas ya autorizadas en enero del 2018 con otro decreto similar, ya suman 3800 hectáreas con autorización de ser operadas para minería en zona de frontera.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/775-concesiones-mineras-cerca-de-frontera-de-peru-y-ecuador
Perú

Tía María: Southern quiere licencia de construcción para iniciar este año

Southern Perú Copper Corporation espera obtener la licencia de construcción del proyecto minero Tía María en lo que queda del año. Así lo informó la compañía en el informe de resultados del segundo trimestre del 2018, presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la tarde de ayer.

Como se recuerda, la obtención de este permiso es el único requisito que aplaza el inicio de trabajos en Islay. Anteriormente, tuvo que negociar con la minera Vania, por la sesión de terrenos para Tía María que estaban dentro del denuncio de la compañía. El acuerdo se alcanzó en abril de este año.

Respecto al proyecto Tía María, Southern señala “haber cumplido con todos los requerimientos ambientales”. Además, refieren contar con la aprobación del estudio de impacto ambiental para la mina.

En el documento señalan estar trabajando con el Gobierno en la obtención del permiso de construcción para Tía María. El proyecto permitirá extraer 120 mil toneladas de cobre anualmente, con un presupuesto total de 1 mil 400 millones de dólares. “Esperamos que el permiso sea emitido en el 2018”, reza el texto.

PROYECTOS EN CIERNES

El compromiso de Southern en inversión en Perú, este 2018, aumentó a 8 mil 200 millones de dólares. Proyectos como Michiquillay (Cajamarca) y Los Chancas (Apurímac) suponen 2 mil 500 y 2 mil 800 millones de dólares respectivamente.

Referente al proyecto de Expansión de Toquepala (Tacna) este será de 1 mil 255 millones de dólares. Incluye una nueva concentradora que aumentará la producción anual de cobre de Toquepala en 100 mil toneladas. Tienen como objetivos alcanzar 245,000 toneladas de producción en 2019.

Fuente:https://elbuho.pe/2018/07/24/tia-maria-southern-quiere-licencia-de-construccion-para-iniciar-este-ano/

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Litio: Minera afirma que yacimiento en Puno tiene casi el doble de reservas estimadas

El Perú tiene más litio de lo que se creía y la minera canadiense Plateau Energy Metals empieza a confirmarlo. Y es que la matriz de Macusani Yellowcake indicó que las reservas encontradas en Puno sumarían al menos 4.7 millones de toneladas del llamado oro blanco, casi el doble de las 2.5 millones de toneladas informadas inicialmente.

“El recurso estimado se basa en perforaciones que abarcan una superficie de 1,250 metros por 350-500 metros, que representan aproximadamente el 20% del potencial del depósito”, detalló la compañía al diario El comercio.

Nuevo informe

Para corroborar este hallazgo, la minera presentó el primero estudio oficial del mineral encontrado en Puno, realizado por la consultora The Mineral Corporation, con estándares canadienses que certifican la validez de las reservas.

Laurence Stefan, gerente de operaciones de Plateau, anotó que los resultados confirman que el Perú se encamina a ser un gran jugador en la industria del litio al igual que otros reconocidos productores sudamericanos, como Chile, Argentina y Bolivia.

Agregó que a diferencia de estos países, donde el litio se obtiene en salares, en Puno se tendrá que usar minería convencional.

 

Fuente:http://rpp.pe/economia/economia/litio-minera-afirma-que-yacimiento-en-puno-tiene-casi-el-doble-de-reservas-halladas-noticia-1139050

Perú

GLENCORE SE EXPANDE EN ESPINAR: NUEVA “COROCCOHUAYCO” DEBE RESPETAR DERECHOS HUMANOS

La Empresa minera Glencore, gigante minero suizo que opera en Perú, va concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en nuestro país: Tintaya-Antapaccay vuelve a crecer para incorporar un nuevo tajo abierto y labores subterráneas de explotación de cobre a las que denomina  “Integración Coroccohuayco”.  La operación se coloca sobre nuevos territorios de comunidades campesinas indígenas[1] de la provincia de Espinar, afectará más fuentes de agua y  así, aportará a los varios impactos de sus operaciones vecinas Tintaya y Antapaccay.

Estos tres tajos y todos sus componentes (túneles, instalaciones, fajas transportadoras, carreteras, camino de acceso, entre otros) forman así parte de la mega operación Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco.

El estudio de impacto ambiental de Coroccohuayco presentado por la empresa y evaluado (y acompañado) por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), describe los varios impactos ambientales (sobre el agua superficial, el agua subterránea, los suelos, los bofedales, etc.) así como los impactos sociales y económicos, comunes para una operación de esta magnitud. Como es costumbre en los estudios ambientales del sector minero en nuestro país, la empresa concluye que todos esos impactos son de poca o muy poca intensidad. El mensaje que se repite una y otra vez para la población local es que no deberían preocuparse por ellos,  pues  -apelando a una fe ciega que se exige de las comunidades donde se hace gran minería-  todo “está previsto”, fríamente calculado.

Más allá de la calidad del estudio de impacto o de los mecanismos de participación ciudadana (que trataremos en otra ocasión) implementados por Glencore, esta vez es necesario detenernos en un aspecto que llama la atención de los documentos presentados por Glencore para justificar la viabilidad de su nuevo emprendimiento: la omisión a la realidad en donde opera.

Glencore: Coroccohuayco fuera de la realidad

En su EIA para Coroccohuayco, Glencore omite referirse a la difícil realidad local donde ha operado todos estos años y planea expandirse.

Es de conocimiento común que la población y comunidades de la provincia de Espinar mantienen una relación altamente tensa (por decir lo menos) con la empresa minera. Esta difícil relación tiene en su record varios conflictos, estallidos y crisis sociales;  que han causado la muerte de 3 ciudadanos espinarenses,  decenas de heridos y varios otros costos sociales. Estos conflictos han revelado la precaria situación de ejercicio de derechos que caracteriza a las operaciones mineras de Glencore en el sur de Perú.

Así Glencore, en su EIA para Coroccohuayco, omite abordar la crítica situación de riesgo y afectación al derecho a la salud de la población de sus áreas de influencia por causa de la exposición a metales pesados[2]. Glencore no menciona las demandas por la afectación del derecho al medio ambiente  por  contaminación minera de fuentes de agua locales que aún no han sido resueltas por falta de un (tan esperado) estudio de causalidad de calidad y concluyente, que cierre el tema[3]; tampoco aborda la vulneración de los derechos de agua de campesinos locales, por la reducción del volumen disponible del recurso y la dependencia del bombeo de la empresa para reponer los caudales de sus canales. Glencore no habla sobre la afectación a la libertad de expresión y a la protesta, limitada severamente por el contexto de represión implementado por las fuerzas policiales en convenio con la empresa. Glencore no menciona si es que y cómo se respetará el derecho a la consulta previa, al territorio y a la autonomía de las comunidades indígenas locales[4]; tampoco menciona que quizás a futuro la operación de Coroccohuayco podría causar el desplazamiento involuntario de las comunidades donde se va asentar[5]. Por último, Glencore omite hablar sobre el riesgo que significa operar – y producir más impactos-  en un contexto como el que acabamos de describir.

En resumen, Glencore omite incluir en su evaluación la situación de los derechos humanos de las personas a las que a afectar con sus operaciones. Hombres y mujeres que también serán responsables, con su trabajo, territorio y recursos, de gran parte del éxito y claro está, alta rentabilidad, de sus operaciones (aunque a veces se nos haga difícil recordarlo).

 

Glencore está obligado a respetar derechos humanos

A pesar de lo que muchos empresarios y otros afines al sector minero peruano todavía puedan creer, la necesidad de evaluar e implementar medidas específicas para respetar derechos humanos por parte de las empresas no resulta una demanda “exorbitante” (por usar un término común del gremio).  En el nuevo escenario de globalización,  los compromisos de las empresas como Glencore de respetar los derechos de la gente sobre la que impactan con sus operaciones, deben ir más allá de una simple declaración de voluntades.

Como vemos, entre sus varios compromisos, ampliamente difundidos frente a la comunidad internacional, Glencore afirma actuar conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos que existen, evaluar riesgos e implementar varios otros mecanismos para respetar los derechos de las poblaciones donde opera. No obstante, lejos del marketing internacional, la realidad de la empresa en nuestro país es otra.

Con Corocohuayco a punto de ser aprobada, creemos que es momento de exigir a la empresa ir más allá de los marcos legales nacionales; marcos que resultan débiles frente al poder político y económico que una empresa transnacional, de la magnitud de Glencore, puede ejercer en un país con una democracia tan debilitada como la nuestra. Así, mecanismos desde el marco internacional como la necesidad de llevar a cabo un proceso debida diligencia en derechos humanos[6] resultan urgentes para Glencore en Espinar.  El marco previsto por los Principios Rectores de Empresas y Derechos humanos debe guiar las operaciones de Glencore en Espinar, siguiendo lo estipulado por empresa en su propio Código de Conducta.

Por lo pronto, y esto debe llamar la atención de la empresa (y por qué no, de sus inversionistas[7]), organizaciones de la zona ya han levantado su voz de protesta frente a Coroccohuayco.  Ayer martes, fecha en la que se celebró una audiencia de un proceso judicial vigente por la omisión de consulta del proyecto Antapaccay de Glencore, las comunidades afectadas y sus organizaciones se movilizaron en relación a Coroccohuayco. Junto con ellos, exigimos a la empresa a que vaya más allá de sus expectativas económicas y tome en serio su responsabilidad de respetar los derechos de las personas en cuyos territorios piensa operar.

 

[1] Coroccohuayco se asentará sobre territorios de tres comunidades: Huini Coroccohuayco, Pacopata y Huano Huano, cuyas tierras comprará durante la etapa de construcción. Además el área de Influencia social directa de la MEIA incluye otras diez comunidades (Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Huisa Ccollana, Huisa, Anta Ccollana y  cc. Suero y Cama. MEIA Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco. Junio 2018. N° de Informe: 164-415-2145. 
[2] En su Línea Base aparece únicamente como una referencia a un estudio de salud, entre otros disponibles en el área de operaciones. Lejos de abordarlo en las medidas en su plan de Gestión Social (donde trata salud, educación, alfabetización de manera general), de Manejo Ambiental u otros planes; Glencore opta por omitir este indicador.
[3] Se refiere únicamente a los estudios de la Mesa de Diálogo de Espinar- Monitoreo Participativo del 2013. Señala que este determina la causa geológica de la contaminación del agua, pero omite referirse a los estudios de causalidad pendientes para determinar la responsabilidad sobre fuentes contaminadas específicas. 
[4] En la única página del tomo 9. “Otras consideraciones”, la empresa hace referencia a la existencia de comunidades indígenas en la zona de operaciones, limitándose al marco legal peruano vigente. No se tiene conocimiento si es que se promoverá el respeto al derecho a la consulta previa en la zona.
[5] Coroccohuayco implica remover el local comunal, escuela e iglesia de la comunidad. También implica la construcción de caminos mineros que cortan el tránsito usual y de pastoreo de la comunidad. Además implica el desvío de canales de riego de usuarios comunales. En suma, el cambio de la configuración de la vida comunal que podría llevar a su final desplazamiento.
[6] La debida diligencia en derechos humanos consiste un proceso que deben seguir las empresas para identificar los impactos reales y potenciales en los derechos humanos que se pueden producir al iniciar sus operaciones y la adopción de medidas para prevenirlos; yendo más allá de los marcos legales nacionales. El mecanismo de exigir una debida diligencia en derechos humanos a las empresas va cobrando fuerza en la comunidad internacional. Actualmente en Suiza, donde opera la casa matriz de Glencore, se debate una propuesta para establecer la obligación de las empresas suizas que operan a nivel transnacional de llevar a cabo un proceso de debida diligencia para sus operaciones.
[7] HSBC, entre ellos.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/glencore-se-expande-en-espinar-nueva-coroccohuayco-debe-respetar-derechos-humanos/

Perú

Comunidades de Espinar protestan por proyecto Coroccohuayco

Más de dos mil ciudadanos se movilizaron esta mañana en la provincia de Espinar (Cusco) en relación al proyecto minero Coroccohuayco. Los comuneros y comuneras de 13 comunidades campesinas protestan porque habrían sido excluidos del área de influencia del proyecto en los estudios ambientales presentados por la empresa minera Glencore. Según los manifestantes, al no haber sido consideradas, están excluidas del proceso de participación ciudadana y no pueden hacer oír su voz respecto de los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto

Juan Pino, presidente del Frente de Defensa de Alto Pichigua, explicó a este Observatorio de Conflictos Mineros que su demanda es que estas comunidades sean incluidas en el área de influencia y sean consultadas. “Queremos saber cuáles son los daños que nos puede causar. Nosotros vivimos de los ríos de esta cuenca, y definitivamente puede afectar nuestras aguas”, señaló. “Ya hemos visto que con la expansión de Antapaccay, nuestros ojos de agua, nuestros manantiales se están secando y nuestros productos que trabajamos en el campo ya no dan igual que antes”, aseguró el dirigente.

Los dirigentes comunales han indicado que esta es una movilización preventiva. Al finalizar la movilización, los comuneros elaboraron un Memorial y ahora buscarán diálogo con la empresa minera para que responda sobre su plataforma.
La llamada “integración Coroccohuayco” sería una nueva ampliación de lo que fuera anteriormente la ex mina Tintaya, que ya fue ampliada con el tajo Antapaccay, actualmente en operaciones. El proyecto aún se encuentra en etapa de observaciones en el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental).

Esta denominada “integración” viene generando dudas en la población local. La empresa ya opera en la zona los tajos Tintaya y Antapaccay, y aspira ampliar sus operaciones con este nuevo tajo Coroccohuayco, pero sin elaborar un Estudio de Impacto Ambiental independiente, pues señala que sólo se “integrará” y utilizará la infraestructura que ya existe en Antapaccay.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/07/23/comunidades-de-espinar-protestan-por-proyecto-coroccohuayco/

Perú

Presidente de rondas campesinas en Piura recibe amenazas tras pronunciarse contra Río Blanco

Los defensores de derechos humanos están siendo perseguidos en el Perú. Red Muqui alertó sobre las amenazas que estaba recibiendo el presidente de la central única de ronda campesinas de Huancabamba en Piura, Isaac Huamán quien nos dio detalles de lo sucedido.

El dirigente afirmó: “difundimos un pronunciamiento por las redes sociales, donde alertamos sobre el Proyecto Minero Río Blanco, después de ello, han surgido amenazas”. Agregó que dos ciudadanos habían llegado a su casa preguntando por él y amedrentaron a su familia. “No saben con quién se han metido”, le habrían dicho a su hermano. “Días después también recibí llamadas donde se me acusa de haber recibido dinero y me dicen que me van a buscar en el colegio donde trabajo, tengo esa información para hacer la respectiva denuncia”, aseveró.

El comunicado de las Rondas campesinas de Ayabaca y Huancabamba fue difundido por Red Muqui el 10 de julio. Allí se daba a conocer la situación de las comunidades y su postura con respeto al Proyecto Minero Río Blanco en Piura.  En el comunicado se señalaba que:

“Las comunidades y rondas campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en lo expresado en la Consulta Vecinal del 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en rechazo rotundo a la actividad minera y en favor de un tipo de desarrollo basado en la actividad agrícola, ganadera y de turismo sostenible”.

También, se denunciaba las estrategias que la empresa minera Río Blanco Copper para obtener licencia social en la zona como la compra de dirigentes, las dádivas y la infiltración en las organizaciones para generar división entre la dirigencia. El comunicado rechaza que la Universidad Nacional de Piura haya firmado un convenio de cooperación institucional con la empresa minera Río Blanco Copper, con supuestos fines de capacitación juvenil en Ayabaca y Huancabamba. “Lo ha hecho sin tomar en cuenta de que se trata de una empresa cuyo actuar ha dejado un saldo de 10 personas muertas, personas discapacitadas, viudas y huérfanas; y la desconfianza sembrada en nuestras organizaciones a raíz de sus intentos de convencimiento”, se lee en el documento.

Días después de este comunicado iniciaron las amenazas como señala el rondero Isaac Huamán. Ante esta situación, Red Muqui lanzó la alerta que ha sido compartida en redes sociales por cientos de personas. Isaac Huamán ha señalado, que va tomar las medidas legales pertinentes.

Cabe señalar que el 10 de abril de este año, que Gianni Magazzeni, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirigió una carta al Ministerio de Relaciones exteriores de Perú donde da una serie de recomendaciones.  En la carta se pide al gobierno peruano “Adoptar medidas concretas para garantizar la protección de los defensores/as de los derechos humanos, que incluyan el establecimiento de un mecanismo específico y la finalización del protocolo de protección”.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/773-presidente-de-rondas-campesinas-en-piura-recibe-amenazas-tras-pronunciarse-contra-rio-blanco

 

Perú

Erradicación minera en zonas altas de Santiago de Chuco no tendría respaldo necesario

Ante la posibilidad de que la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco apruebe una ordenanza prohibiendo toda actividad minera en las zonas altas de la provincia liberteña mencionada, el dirigente ronderil expresó sus dudas de que una iniciativa así tenga actualmente el sustento necesario para poder aprobarse.

Citó que con una medida así se protegieran las cuencas de Huancamarcanga y la de Caballo Moro, que son cabeceras de cuenca desde donde baja el agua para ser usada por la agricultura y ganadería, actividades de gran importancia ya que un gran porcentaje de la población se dedica al cultivo de sus tierras. Sin embargo, expresó que la iniciativa sería una medida “necesaria”.

Remarcó que para legislar algo así “no solo tiene que ver la municipalidad, sino que también autoridades del Ministerio de Energía y Minas, también del Ministerio del Ambiente y de la población misma que se ve afectada por esta actividad”. Recordó que en las zonas altas de la provincia se encuentra actividad tanto de minería formal como de la informal, que involucra a muchos pobladores que la zona.

El Estado debe informar más a la población

Es necesario que la población esté informada de los reales alcances de la minería en el desarrollo local, si bien es cierto la ley faculta el desarrollo de talleres participativos con la gente del lugar, “pero en realidad eso no se da o se da con gente de otros lugares, que no está involucrada y es por ello que de allí nacen los problemas”, acotó.

Esta divulgación de la información más que nada es labor del Gobierno central a través del Ministerio de Energía y Minas, consideró. Es importante que la gente sepa lo que es una exploración o una explotación minera, pues con la coyuntura política “muchas de las veces se aprovecha con otro interés para manejar a la población”, alertó.

Quiruvilca: No hay presencia del Estado

Los efectos de la reciente retirada intempestiva de una empresa minera en el distrito de Quiruvilca hasta ahora se sienten en la zona, refirió nuestro interlocutor. Personas sin empleo, extrabajadores endeudados, proveedores a su suerte, los relaves que afectan el medioambiente, “parece que no hay presencia del Estado”, resaltó.

Finalmente, consideró que no se ha podido avizorar alguna propuesta clara y firme de los candidatos ediles en temas tan importantes como la defensa medioambiental o el manejo que se debe hacer ante el tema de la minería.

 

Fuente:http://www.inforegion.pe/252532/consideran-necesario-erradicar-mineria-de-zonas-altas-de-santiago-de-chuco/

Perú

EL LITIO DE PUNO

Hasta ahora, Puno destacaba como la única región productora de estaño en el país y ocupaba el quinto lugar en la producción de oro. En lo que va del año ha recibido casi US$ 33 millones de inversión minera, lo que representa menos del 4% del total invertido a nivel nacional. El área concesionada en la región suma 1’471,771 hectáreas, lo que representa el 21.68% del territorio regional y coincidente con la tendencia nacional, se observa un repunte en las concesiones otorgadas, luego de un descenso en los últimos 3 años.

A nivel nacional, Puno ocupa el segundo lugar entre las regiones con más conflictos sociales (18 en total). De estos, 12 conflictos son de tipo socio-ambiental (66% del total) y, de ellos 9 están relacionados a la gran y mediana minería (50% del total), así como a la pequeña minería informal. La mayoría de conflictos sociales en Puno están vinculados a la afectación de los recursos hídricos, sea por actividades mineras o por la ausencia de tratamiento de los gobiernos locales.

La cartera de proyectos mineros de esta región suma US$ 1,281 millones distribuidos en los proyectos Corani, Ollachea y Minsur-San Rafael (en fase de ingeniería de detalle), Macusani (en fase de exploración) y 4 proyectos adicionales.

En este contexto se ha conocido el descubrimiento de un yacimiento de litio de talla mundial, en la meseta de Macusani, distrito del mismo nombre en la provincia de Carabaya. Desde hace una década y media se venía explorando en la zona, aunque la pista seguida por varias empresas era la del uranio. Si uno revisa la cartera de proyectos de inversión que publica regularmente el Ministerio de Energía y Minas, el proyecto de la empresa Macusani Yellowcake, filial de la canadiense Plateau Energy, sigue apareciendo como de uranio.

Sin embargo, el descubrimiento de 2.5 millones de litio de altísima ley (muy superior a los yacimientos de países vecinos como Chile y Bolivia), le ha dado un giro inesperado a este proyecto de propiedad de la junior canadiense Plateau Energy, que debido al hallazgo ha visto cómo sus acciones han aumentado su valor en la Bolsa de Toronto. Como se sabe, el litio es un metal liviano, excelente conductor de calor y electricidad, que desde mediados de la década del 90 del siglo pasado comenzó a ser utilizado en las baterías que aportan autonomía energética a artículos tecnológicos y a los autos eléctricos.

En la actualidad, el 40% de la demanda mundial de litio se utiliza para la fabricación de baterías y además el 90% de las refinerías se ubican en China. En la última década la cotización del litio prácticamente se ha triplicado.

 

Los temas que deberán ser abordados

Una pregunta que cae por su propio peso es si Plateau Energy será la empresa que lleve adelante el proyecto de Macusani. Como se sabe, el perfil de las empresas junior es sobre todo el de explorar y cuando encuentran un yacimiento importante buscan un socio estratégico o terminan transfiriendo el proyecto. Por lo general empresas como Plateau Energy no tienen las suficientes espaldas financieras para llevar un emprendimiento de envergadura y si bien en este caso se habla de una inversión de US$ 800 millones (que no representa una inversión significativa si la comparamos con proyectos de inversión de cobre y otros minerales[1]), habrá que ver cómo se define la estrategia financiera del proyecto.

Pero quizás los temas más preocupantes van por el lado del tipo de explotación y los riesgos que representa el propio yacimiento. Como hemos señalado, el yacimiento también contiene uranio (en realidad varios millones de libras de uranio) y lo que la propia empresa ha  reconocido es que en nuestro país no existe normativa específica para la explotación de minerales radiactivos.

Si bien, el nuevo giro de explotación prioriza el litio, al procesar este mineral, el uranio también estará expuesto con todo lo que eso significa en materia de radiactividad. Una tarea pendiente que deberá ser abordada por nuestras autoridades y por la propia empresa, es cómo se piensa enfrentar el riesgo que implica el tema de la radioactividad y cómo se piensa controlar los impactos de una operación de este tipo.

Finalmente, la corresponsal de El País en el Perú, Jacqueline Fowks, nos recuerda otro tema importante que no puede ser dejado de lado: el año 2008, “las autoridades locales y el World Monuments Fund rechazaron los proyectos de mineral radioactivo porque la concesión se superpone a más de 100 sitios de pinturas rupestres y petroglifos de unos 5.000 años de antigüedad”. Cabe señalar que el año  2011, el Ministerio de Cultura reconoció al monumento arqueológico prehispánico, en los distritos de Macusani y Corani, como patrimonio cultural en la categoría “paisaje cultural arqueológico””. El área de la concesión minera se superpone con este monumento arqueológico.

Estos son algunos de los problemas que deberán ser abordados por la empresa que finalmente asuma el desarrollo del proyecto y sobre todo por nuestras autoridades. Además deberán ser tomadas en cuenta las voces de la población de la zona y de las autoridades locales.

[1] Por ejemplo, el proyecto Las Bambas significó una inversión de US$ 10 mil millones.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-litio-de-puno/