Sobre el comunicado emitido por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) en relación a la evaluación en curso de la tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Minero Las Bambas, debemos señalar lo siguiente:

(1) Nos parece importante que se esté realizando una evaluación minuciosa de los cambios propuestos por la empresa minera y de sus implicancias.

(2) En el comunicado del SENACE se indica que en la tercera MEIA y a pedido del SENACE, se ha incluido aspectos relacionados al transporte de concentrados de mineral de la mina al puerto, incluyendo la evaluación de tales impactos y las medidas de control.

(3) Nos parece importante que el SENACE plantee llenar un vacío que se originó en la evaluación del segundo MEIA, cuando en respuesta a una observación la empresa planteó el cambio en la modalidad de transporte de los minerales, optando por utilizar la carretera y descartando el mineroducto. En ese momento (2014) el MINEM no realizó una evaluación del impacto ambiental sobre el transporte terrestre de insumos y concentrados, aprobando así la segunda MEIA. De esa manera, una certificación ambiental con estos vacíos ha dado lugar a que durante casi tres años la población sufra los impactos del transporte sin que existan medidas de mitigación exigibles y adecuadas.

(4) Si bien es un avance que el problema haya sido advertido, su inclusión tardía en la evaluación de la tercera MEIA impide que la ciudadanía y los organismos competentes puedan pronunciarse al respecto. Según el procedimiento, la ciudadanía y los organismos que participan de la evaluación, opinan solo en relación al informe inicial presentado por la empresa y no sobre la información complementaria que ésta alcanza con posterioridad. En el informe inicial, el tema del transporte no se encuentra incluido. Por lo tanto, en estos momentos, la ciudadanía y los organismos que participan de la evaluación, no pueden informarse oportunamente ni opinar sobre lo que la empresa dice o propone en relación al transporte, lo que constituiría una vulneración al derecho de información y participación, que se agrava en un tema tan sensible como el de la carretera.

(5) Además, SENACE en su informe de observaciones del 30 de mayo de 2018, pide a la empresa “Identifique las comunidades y localidades por todo el tramo donde se desarrolla la actividad de transporte tanto por las vías comunales y públicas, además identificar, evaluar y valorizar los impactos sociales que dicha actividad estarían generando y se generarían con estas ampliaciones y modificaciones”. Esta observación es pertinente, pero no queda claro si ello va a implicar una modificación del Área de Influencia del proyecto. Por otro lado, la respuesta a esta observación no es aún conocida por las comunidades, que no han podido informarse no opinar al respecto.

(6) Por otro lado, realizar cambios en el diseño del proyecto supone modificar el estudio de factibilidad. Las empresas no hacen cambios fragmentados y frecuentes en su estudio de factibilidad: esto se hace en conjunto y el debido tiempo, porque de ello depende sus costos y el financiamiento de los mismos. Sin embargo, la determinación de los impactos de esos cambios, se viene realizando de manera fragmentada, a través de MEIA e ITS (Informe Técnico Sustentarorio), que se tramitan de forma consecutiva o simultánea. En el caso de Las Bambas, el 16 de abril de 2013 se presenta la primera MEIA, cuando todavía no concluye su evaluación se presenta el primer ITS, el 11 de julio de 2013. El 13 de febrero de 2014 se aprueba el segundo ITS y en marzo del 2014 se presenta la segunda MEIA. Además, en diciembre de 2016, se plantearon los términos de referencia de la Tercera MEIA, empezando el proceso de su elaboración. Sin embargo,  en junio de 2017 la empresa minera presenta el quinto ITS que fue aprobado en agosto de ese año.

(7) Por ello nos preguntamos: si los cambios considerados necesarios en un proyecto se determinan con tiempo y de manera integral en un solo instrumento (la modificación del estudio de factibilidad), ¿por qué en el caso de Las Bambas la evaluación de los impactos de esos cambios se viene realizando a través de distintos instrumentos de gestión ambiental, unos de mayor exigencia que otros? ¿Cuál es la necesidad de fragmentarlos? Los cambios suelen estar concatenados y también sus impactos. Así por ejemplo, si se aumenta la capacidad de producción, ello plantea cambios en el almacenamiento de concentrados, en el transporte; pero también habrá mayor necesidad de agua, se emitirán más desechos y emisiones. Analizar estos impactos de forma fragmentada no permite dimensionar adecuadamente sus implicancias y es muy probable que estos terminen minimizándose en las medidas de mitigación que se definan. Además, una deficiente certificación ambiental limita la eficacia de las acciones de fiscalización. Por esta razón es importante que la legislación que estableció los ITS se revise y se cumpla con los principios de indivisibilidad e integralidad para la evaluación de los impactos ambientales y sociales.

(8) Ante la dispersión y vacíos existentes en el caso de los instrumentos de gestión ambiental de Las Bambas, lo que hemos venido planteando es la necesidad de una actualización del Estudio de Impacto Ambiental, tal como lo establece la normativa.

(9) Finalmente, si bien sobre este caso, en la página de SENACE hay documentos e información de resumen, esta se encuentra dispersa en varias secciones y no es de fácil acceso para la ciudadanía. De hecho, la información sobre proyectos mineros se encuentra dispersa en tres lugares distintos: la web del SENACE, la web del Ministerio de Energía y Minas y el Sistema de Evaluación en Línea (SEAL), lo que dificulta acceder a la información completa de un determinado proyecto. Así como se está generando la “Ventanilla única” para las empresas, también debería existir una ventanilla única para la información a la ciudadanía, para facilitar el ejercicio del derecho a la información.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-desafios-para-la-gestion-ambiental-desde-el-caso-las-bambas/

La comunicación dirigida a diversas instancias del gobierno de Perú, así como a la industria minera, denuncia el proceso judicial montado contra Walter Aduviri, principal portavoz de las comunidades indígenas aymaras durante un levantamiento en 2011 en rechazo de un proyecto minero.

La mina a cielo abierto Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek fue denunciada por sus riesgos de contaminación del agua, su falta de consulta y la ilegalidad del proyecto.

De unas 100 acusaciones a líderes sociales en el marco de ese conflicto, la única que queda a la fecha es la de Walter Aduviri, condenado por disturbios y por haber incitado a actos ilícitos.

Esta acusación abre la puerta a la criminalización de la protesta social en contra de los proyectos extractivos en el país, así como lo expresó el propio Walter Aduviri.

“Osea que, en el Perú, ¿al que piensa distinto de cómo se deben buscar los recursos naturales hay que meterlo a la cárcel?, ¿al que dice que hay que respetar a las comunidades originarias andinas y amazónicas en nuestro país hay que meterlo a la cárcel?, ¿eso es la justicia?”, se preguntó el dirigente indígena.

El manifiesto público denuncia también el carácter racista de la acusación, que no reconoce la identidad indígena de Aduviri, y por lo tanto el derecho a la defensa legítima de su territorio en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Las organizaciones firmantes recordaron que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado, y se inscribe en un contexto de políticas pro mineras en el Perú, que ha implicado represión violenta y violación de derechos fundamentales.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/peru-condenan-a-lider-indigena-por-defender-la-tierra-ante-minera-canadiense/

Se tenía prevista para el día de hoy la audiencia judicial, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac; donde la fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.

El día de hoy, se hicieron presentes en el Poder Judicial de Tambobamba, los ciudadanos acusados; su defensa legal constituida por instituciones de derechos humanos como Fedepaz y Aprodeh; la defensa legal de la empresa minera; y el procurador del Ministerio del Interior. Sin embargo, fue el propio Fiscal a cargo del caso, Fredy Quispe Manchego,  quien pidió la suspensión de la audiencia. Alegó que el día anterior se le habría asignado el caso, ya que el fiscal que tenía a cargo la audiencia, Julio Hinojosa, acababa de salir de vacaciones. Asimismo, indicó que fue recién el  día de ayer que tuvo acceso a todo el expediente, y  que se le entregaron incompletas las carpetas del proceso.

Por su parte, la jueza a cargo de la audiencia le reclamó al fiscal que era la segunda vez que la fiscalía presenta algún tipo de justificación para suspender la audiencia. Del mismo modo, David Velazco, director ejecutivo  de FEDEPAZ y defensa de los acusados,  indicó que no había razón para suspender una vez más la audiencia, debido a que la fiscalía trabaja de manera corporativa. Sin más oposiciones se postergó la audiencia para el 10 de setiembre.

Como se recuerda, el 25 de setiembre del 2015 cientos de ciudadanos de la provincia de Cotabambas iniciaron un paro indefinido contra la empresa minera Las Bambas, de capitales chinos, por no haber sido informados ni consultados  sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Asimismo exigían que la empresa cumpla con los diversos compromisos asumidos con las comunidades.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/782-por-vacaciones-del-fiscal-se-suspende-audiencia-judicial-contra-veinte-comuneros-por-protestas-contra-la-minera-la-bambas

Siete candidatos al Gobierno Regional de Madre de Dios —entre gobernadores y vicegobernadores— están vinculados con la minería informal de oro. Así se dio a conocer en un reportaje periodístico del diario El Comercio.

Amado Romero Rodríguez, del partido político Siempre Unidos, tiene formalmente inscritas cuatro concesiones mineras en el distrito Laberinto.

En 2014, el excongresista —conocido como Comeoro— fue vinculado con la minería ilegal. Pues, en una de sus concesiones se encontró evidencia de esta actividad.

Julio Luna Pérez, de Avanza País Partido de Integración Social, es otro aspirante vinculado. Según el diario mencionado, este candidato no declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su trabajo en la empresa J& R ORO, relacionada a la extracción y venta de oro.

Por su parte, Juan Imura Cjuno, del Movimiento Regional Fuerza por Madre de Dios, ha sido investigado por el supuesto tráfico de químicos utilizados para la extracción de oro en la minería ilegal.

Imura, quien postula por segunda vez consecutiva al sillón regional, obvió información ante el JNE sobre su trabajo como gerente comercial en la empresa Kori Wasi. Además, es propietario de tres concesiones mineras.

Vicegobernadores

Karina Valdivia Ramírez, de Perú Libertario, quien postula a vicegobernadora, creó junto a su esposo y a la compañía minera Suwit una asociación de mineros que usaba dragas en el río Madre de Dios. Esta empresa fue investigada por lavado de activos y transporte de oro que habría sido extraído de La Pampa.

Lino Aquino Tito, de Somos Perú, Fernando Arámbulo, de Unión por el Perú, y Erasmo Sumalave Pérez, de Patria Segura, también están implicados en la actividad informal.

Los dos primeros tienen una concesión minera en el distrito Tambopata mientras que el otro postulante es coordinador de ocho bases mineras. Este último tiene una sentencia por el delito de falsificación, cumpliendo dos años de prisión suspendida.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/13/08/2018/7-candidatos-de-madre-de-dios-estan-vinculados-con-la-mineria

Alerta. Mañana se realizará en Tambobamba la audiencia judicial de control de acusación, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac por las protestas contra la empresa minera Las Bambas ocurridas el año 2015. La Fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.

Dos de los acusados, Edwar Brandon Quispe Ccuno y Javier Mamani Coaquira, sufrieron prisión preventiva durante seis meses en una cárcel del Cusco, entre 2015 y 2016. Desde marzo de 2016 siguen su proceso en libertad.

Como se recuerda, el 25 de setiembre del 2015 cientos de ciudadanos de la provincia de Cotabambas iniciaron un paro indefinido contra la empresa minera Las Bambas, de capitales chinos, por no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Asimismo exigían que la empresa cumpla con los diversos compromisos asumidos con las comunidades.

El día 28 de setiembre, la represión policial a la protesta ciudadana causó la muerte de tres personas, así como numerosos heridos. Actualmente, no ha avanzado ningún proceso judicial para esclarecer las muertes de dichas personas. Sin embargo, la Fiscalía sí ha formalizado la denuncia contra 20 comuneros por supuestos hechos violentos ocurridos durante la protesta, evidenciando una doble vara: nula iniciativa para defender los derechos de los ciudadanos, pero drástica actitud para criminalizar a quienes participaron de las movilizaciones sociales.

Los acusados fueron detenidos por la Policía cuando retornaban del interior del campamento minero. La defensa legal de los acusados sostiene que no existen pruebas para sostener la acusación formulada por la Fiscalía, y que existen irregularidades en las actas de incautación y registro personal que hablarían de una posible “siembra” de pruebas, como ha ocurrido anteriormente en otros casos. Por otro lado, los acusados en todo momento han sostenido que ellos ingresaron al campamento minero en apoyo del personal de la posta médica para el traslado de los heridos.

Desde este Observatorio señalamos una vez más que criminalizar a los defensores sociales no es una manera de resolver los conflictos. En el caso Las Bambas, debiera retomarse el diálogo con la ciudadanía para afrontar realmente un plan de desarrollo sostenible de la provincia, y para solucionar los impactos ambientales producidos por las continuas modificaciones al proyecto.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/13/fiscalia-pide-hasta-17-anos-de-prision-para-defensores-de-cotabambas/

El anuncio del inicio del proyecto minero Quellaveco ha despertado ánimos optimistas sobre la futura evolución de las inversiones mineras en el país. Se comienza a hacer proyecciones sobre otros proyectos que podrían confirmarse en los próximos meses y años.

En este contexto no está demás revisar la información oficial de las inversiones mineras, los antecedentes previos, las proyecciones, al mismo tiempo que se identifican posibles tendencias.

Mirando hacia atrás

Un primer dato a tomar en cuenta es la propia evolución de la inversión minera en los últimos años. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en la última década y media, la tendencia de la inversión minera en el Perú ha pasado por diferentes momentos: una etapa de crecimiento sostenido que llega a un pico el año 2013; luego una etapa de descenso hasta el 2016 y una de recuperación el último año que habrá que ver cómo se confirma durante el 2018 y en los próximos años.

A partir del año 2013, en el Perú se abrió toda una discusión sobre las causas de la caída de la inversión minera. El discurso desde el sector empresarial acuñó el término de la tramitología que apuntaba a señalar que las causas eran principalmente internas:  excesos de trámites y permisos habían provocado la huida de los inversionistas mineros. Sin embargo, los defensores de este argumento no explicaban por qué, con esos mismos trámites y permisos, en los años precedentes las inversiones no dejaron de aumentar. Tampoco admitieron que la inversión minera había caído a nivel global, incluso a tasas más altas que en el Perú.

Lo cierto es que la data internacional muestra una fuerte correlación entre la evolución de los precios de los minerales y las inversiones. En el siguiente gráfico se puede apreciar que en las dos últimas décadas, cada vez que los precios de los minerales aumentaron, las inversiones también lo hicieron y en la situación inversa, una caída de las cotizaciones terminó por afectar los flujos de inversión a nivel global.

Si agrupamos las inversiones por períodos de gobierno, tenemos que en el quinquenio de Alan García se invirtió en minería US$ 14,030 millones, en el de Humala US$ 40,439 millones y en lo que va del gobierno PPK/Vizcarra, US$ 6,500 millones.

Mirando hacia adelante

Las proyecciones del gobierno apuntan a una inversión de aproximadamente US$ 17 mil millones hasta el 2021. Estas se dividen en varias ampliaciones de operaciones que ya están en marcha (Shauindo, Marcona, Toquepala, Toromocho, Bayobar, Santa María, etc.) y nuevos proyectos como Minas Justa, Quellaveco, Pampa de Pongo, Corani, Los Chancas, etc. La proyección oficial de las inversiones mineras, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), muestra un incremento sostenido hasta el año 2021 y luego un descenso para el 2022.

Proyección anualizada de inversiones 2018-2022

(Millones de US$)

Puesta en marcha de los proyectos en construcción de mina (Minem)

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-inversion-minera-y-sus-proyecciones/

A través de una carta oficial, la Comisión Europea –órgano ejecutivo de la Unión Europea- expresó su preocupación por las deficiencias en el cumplimiento de los compromisos del Perú en temas laborales y ambientales. La carta, firmada por la comisionada Cecilia MalsmtrÖm y dirigida al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, anuncia también la visita de una Misión de Investigación en los próximos meses para verificar la aplicación de los acuerdos incluidos en el TLC entre la Unión Europea, Perú y Colombia.

Respecto de los temas ambientales, la carta enfatiza que “la simplificación de los procedimientos administrativos” –realizada a través de una seguidilla de paquetazos y normas de promoción de las inversiones en años recientes- “no debe conducir a una disminución del nivel de protección”.

De manera específica, la carta señala que el Perú debe garantizar que las leyes y medidas relacionadas con “la evaluación del impacto ambiental y la regulación de las actividades industriales en diferentes sectores, no conducen a una reducción efectiva de la protección del medio ambiente”. Además, enfatiza que “para esto, Perú también debe garantizar la capacidad institucional adecuada y la transparencia jurídica”.

Cabe recordar que hace casi un año, 30 organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja ante la Unión Europea por el incumplimiento de los compromisos laborales y ambientales asumidos por el Perú en el capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sustentable. La queja incluye diversos casos que muestran cómo el Estado peruano no viene garantizando los derechos laborales ni la adecuada protección del ambiente.

En el plano ambiental, la queja explica que durante los cinco años de vigencia del TLC con la Unión Europea se han aprobado diversas normas (leyes, decretos supremos o decretos legislativos, y resoluciones ministeriales) que han debilitado el régimen de protección de los derechos ambientales en general y de los pueblos indígenas en particular. Estas normas se han dado con el supuesto objetivo de “reactivar la economía e impulsar las presencia de nuevas inversiones”, objetivo que no se ha cumplido, y se ha asumido para ello “un costo desproporcionado que vulnera derechos fundamentales amparados por la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos y tratados comerciales celebrados por el Perú, como es el caso del acuerdo con la Unión Europea”, explica la queja.

La queja detalla, entre otros casos, la creación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) para debilitar los Estudios de Impacto Ambiental, realizada mediante Decreto Supremo N° 054-2013-PCM. Precisamente, un reciente informe técnico independiente ha mostrado cómo, en el caso del megaproyecto minero Las Bambas, se ha modificado componentes importantes mediante ITS, un instrumento cuya aprobación demora apenas 15 días y que no permite una mayor evaluación de los impactos ambientales.

Otro de los casos que se detalló en la queja es el de la ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental”, que limitó la capacidad de sanción que tenía el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), así como el Decreto Supremo N° 039-2014-EM que redujo las exigencias ambientales en actividades de hidrocarburos.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/union-europea-exige-al-peru-cumplir-obligaciones-ambientales-y-laborales/

A siete  años de la aprobación de la ley de Consulta Previa nos preguntamos si realmente este derecho de las poblaciones indígenas se está cumpliendo. En el Perú, el 25,6%[1] de la población se autoidentifica como indígena, lo cual evidencia la importancia de un enfoque intercultural para la formulación de políticas públicas. Sin embargo, los numerosos conflictos socioambientales relacionados con actividades extractivas, demuestran que hay aún grandes deficiencias para la implementación de la consulta previa.

Estos son algunos datos que ayudan a entender lo que viene pasando con la consulta Previa en el Perú:

• Las medidas que son consultadas son definidas solo por el Estado, sin participación de los pueblos indígenas.
• Los actos administrativos consultados en minería son actos operativos que se ubican en la fase final de la cadena de decisiones de las etapas de un proyecto minero, cuando ya casi todo está definido.
• En hidrocarburos se consulta el decreto supremo que aprueba el contrato de exploración y explotación de un lote, cuyas cláusulas ya fueron decididas por PerúPetro S.A.. Esto no da posibilidades reales de cambiar los términos del contrato y solo da espacio a debatir sobre los impactos de la actividad.
• La información brindada en el taller informativo es presentada en un formato que las comunidades no entienden por su cultura oral y ágrafa.
• El gobierno redujo las funciones de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, encargada de dar seguimiento a la implementación del derecho a la Consulta Previa. Además esta no cuenta con participación de representantes indígenas.

Ante esta situación, hoy 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, relanzamos la campaña #ConsúltameDeVerdad, con el objetivo de lograr que el Estado Peruano se atreva a cumplir realmente con el derecho a la Consulta Previa para los pueblos indígenas. Ellas y ellos merecen decidir sobre sus territorios y ser consultados en un sentido real y global de la palabra.

Nuestra demanda más inmediata es que se incluyan a los pueblos indígenas en la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, encargada de dar seguimiento a todos los procesos de Consulta Previa a nivel nacional. Sin una real participación de representantes indígenas, ¿cómo aseguraremos que se logren verdaderos cambios para cumplir con este derecho? Exijamos que esta comisión se reactive, y renueve su manera de trabajar para proponer cambios de fondo a los procesos de consulta previa.

[1] Encuesta Nacional de Hogares: INEI (2017)

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/se-cumple-realmente-la-consulta-previa-en-el-peru/

Mediante un comunicado a la opinión pública, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) ha respondido ante las observaciones técnicas independientes presentadas por organizaciones de la sociedad civil a la tercera modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la minera MMG Las Bambas.

En el comunicado, SENACE precisa que esta institución realizó 136 observaciones a la modificatoria de EIA de Las Bambas, las cuales fueron respondidas por la empresa el pasado 25 de junio mediante un escrito que “se encuentra en revisión por el Senace y las entidades que emitieron opinión técnica”.

Como parte del procedimiento de evaluación, SENACE podría requerir a MMG Las Bambas información complementaria para subsanar las observaciones que pudieran haber quedado sin absolver. El titular, conforme a la normatividad vigente, tendrá un plazo improrrogable de 10 días hábiles para atender dicho pedido. Una vez recibida la información complementaria, SENACE contará con otros 10 días hábiles para culminar su evaluación y tomar una decisión, explica el comunicado.

Cabe recordar que el Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, CooperAcción y la consejera regional de Apurímac Evelin Cavero presentaron la semana pasada un informe técnico independiente con un análisis de las respuestas de la empresa ante las 22 observaciones presentadas en abril. En este nuevo informe, se identifican 12 observaciones que no han sido absueltas satisfactoriamente por la empresa Las Bambas.

Entre las observaciones más importantes, se encuentran varias que tienen que ver con la calidad del agua, su tratamiento y su monitoreo; así como con la calidad del aire debido al material particulado causado por las actividades mineras. Otras observaciones tienen que ver con la ausencia de estudios de factibilidad, requisito que establece la normativa para este tipo de estudios y que no se encuentra presente en la solicitud de la empresa. Finalmente, el informe independiente muestra preocupación por la aprobación del que probablemente sea el cambio más importante de todos, el aumento de la producción, mediante un instrumento de menor jerarquía: el Informe Técnico Sustentatorio (ITS), lo que vulneraría el principio de indivisibilidad de la evaluación de los impactos ambientales establecido por la normativa.

Ante estas observaciones de fondo, las organizaciones que presentamos el informe independiente consideramos que la solicitud de la empresa no debiera ser aprobada, y que por el contrario se debería exigir a la empresa un EIA Actualizado que incluya de manera integral y sinérgica el conjunto de cambios que ha tenido, hasta el momento, este megaproyecto minero.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-bambas-senace-responde-ante-observaciones-de-sociedad-civil/

El impacto de las industrias extractivas es agresiva a nivel económico, social, ambiental y cultural en las zonas de influencia directa e indirecta donde se desarrollan estas actividades. Los conflictos han dejado muertes, heridos, criminalización de la protesta, hostigamiento, violencia física y sexual hacia las mujeres. Aunque no hay registros oficiales sobre la violencia de género en conflictos sociales, de acuerdo al libro Mujeres y conflictos ecoterritoriales de Rocío Silva Santisteban: desde el 2003 hasta noviembre de 2017, 102 mujeres fueron criminalizadas, y el 10% del total de muertes en conflictos corresponde a mujeres.

El Perú lleva más de dos décadas sosteniendo su economía en base a la actividad minera, detrás de esta economía basada en la exportación de materias primas hay muchas historias: perdidas de vida, personas que se han quedado con alguna discapacidad a causa de los conflictos, defensores ambientales denunciados y estigmatizados por parte de los representante del Estado, los medios de comunicación, las empresas mineras y las fuerzas del orden; mujeres violentadas y agredidas sexualmente (…). La intolerancia hacia los defensores ambientales ha llegado al punto de que hasta un presidente de la República les calificó de “perros del hortelano”.

Además diversas acciones han desnudado el desprecio de los miembros de la Policía Nacional hacia los manifestantes en pleno conflicto. Una mujer le pregunta a un policía en el conflicto Conga (Cajamarca): “¿por qué nos tratan así?”, el policía responde: “porque son perros concha tu mare”. En Juliaca (Puno) los gritos de otro miembro de la policía en una manifestación grita a todo pulmón: “mata a esa chola, la de la huaraca, mátala, mátala”.

Criminalización de la protesta: 102 mujeres han sido procesadas en el Perú

El caso más llamativo en el Perú de agresiones sexuales contra defensoras ambientales se ha dado en el conflicto Majaz. Es el primer caso donde la empresa minera británica Rio Blanco Copper S.A., tuvo que indemnizar a 32 campesinos que fueron torturados el año 2005 dentro de su sede, ubicado en la sierra de Piura. La demanda fue presentada por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) ante las Altas Cortes Británicas contra Monterrico Metals Plc, debido a que participaron en los hechos funcionarios y trabajadores de la minera y de la empresa de seguridad Forza, que prestaba servicios a la mina. “En este caso, dos mujeres fueron violentadas sexualmente, incluso se les despojó de su ropa interior que luego fue colgada en unos palos como si fueran unas banderas, como si se tratase de un trofeo que habían recaudado estos individuos después de haber violentado sexualmente a las mujeres”, señala Rocío Silva Santisteban.

Entre los años 2011 y 2012, cinco personas fueron asesinadas y 154 personas resultaron heridas alrededor del proyecto Conga de la minera Yanacocha, la mina de oro más grande de Latinoamérica, ubicado en Cajamarca, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todas estas muertes y agresiones fueron por parte de la policía y las fuerzas armadas. Adelaida Amelia Tabaco, es una de las víctimas del conflicto en Celendín, su marido Paulino Leonterio regresó de Lima un 2 de julio de 2012, al día siguiente fue a visitar a su hermana, cuando retornaba a su casa al pasar por una calle cercana a la Plaza de Armas, un impacto de bala le causó la muerte. Adelaida hasta el día de hoy no ha encontrado justicia tras la muerte de Paulino, desde hace seis años ella tuvo que asumir la crianza y educación de sus dos hijos.

“Las mujeres no solo son denunciadas y perseguidas, sino también son estigmatizadas con una suerte de campañas mediáticas, se le ataca por el liderazgo que tienen, además por su condición de mujer, se les cuestiona permanentemente moralmente”, comenta la abogada Mirtha Vásquez, quien estuvo a cargo de la defensa de luchadores ambientales en Cajamarca. Añade que en los últimos años se ha incrementado en un 30% las denuncias contra las mujeres lideresas.

A raíz de los conflictos sociales han surgido liderazgos y una participación activa de las mujeres

Emperatriz Bolaños, lideresa ambiental en Celendín, recientemente ha sufrido una detención arbitraria en el distrito de Sorocucho por parte de la Policía. Bolaños participa activamente en manifestaciones contra la explotación del proyecto Conga, en ese contexto ha sufrido una serie de amenazas y difamación. “Mataron a mis perros a las 11 de la noche, la policía constata de que mis perros estaban muriendo, después de 10 días dejaron una bolsa con una bala dentro con un frase que decía: “la bala cuesta un sol, ya matamos a tus perros, ahora siguen tus hijos y tú”, denuncia.

Otra luchadora social que ha criticado abiertamente el proyecto Conga es Sara Guerra, ella perdió su trabajo como coordinadora del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en el año 2012, desde entonces le ha sido difícil conseguir trabajo. “En cada uno de nosotros nace esas ganas de defender su territorio por la importancia que tiene eso para ti. Si nosotros permitimos que este territorio sea dañado: no vamos a poder sembrar ni cosechar, no vamos a poder tener agua de calidad, además, seriamos desplazados ¿sin territorio que podemos hacer? si nosotros perdemos las lagunas, desaparecerán también los ríos, para mi esa es la gran importancia de defender y preservar la vida, la mía y de mis generaciones”.

Expropiación de tierras

Uno de los casos más expuestos a nivel público es el de Máxima Acuña de Chaupe, quien fue absuelta por la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca de los cargos de usurpación interpuesta por Yanacocha, la mina pretendió expropiarle sus tierras donde se encuentra la laguna Azul. Su defensa férrea le hizo merecedora de uno de los galardones más importantes a nivel ambiental, el premio Goldman Environmental Prize 2016. Sin embargo este hecho no es un caso aislado en cuanto a expropiación o pérdidas de tierras en zonas mineras.

En abril de este año, 40 miembros de la PNP y funcionarios de la empresa suiza Glencore -una de las minas más grandes de cobre a nivel mundial- se presentaron con maquinarias en la comunidad de Alto Huarca en Espinar, Cusco, Rocío Coaquera, María Coaquira y Eufrosina Umasi fueron insultadas, golpeadas, jaloneadas por defender su territorio de los miembros de la policía y de la seguridad de la mina. “El problema es que estamos prácticamente financiando estos abusos, la policía está trabajando para las empresas mineras, y estamos hablando de cuerpos de elite de la Policía Nacional que han sido entrenados de una manera especial y esos cuerpos de elite son los que están trabajando de protectores y defensores de las empresas mineras”, remarca Silva Santisteban. Así, la policía en vez de dar seguridad a las poblaciones termina siendo uno de los agresores más recurrentes en los conflictos sociales.

El impacto de las actividades extractivas se dan en mujeres andinas y amazónicas

No hay información oficial sobre violencia de género

La agresión más común hacía las mujeres en los conflictos sociales ha sido la violencia física y sexual, además de otros tipos de violencia que se dan en ese contexto, como el machismo, el racismo, la estigmatización, descalificación y hostilización, sin embargo, no hay cifras ni estadísticas oficiales de parte del Estado. Para Jessenia Casani, socióloga de Demus, los casos que se han podido recoger, las situaciones de violencias que se han podido conocer han sido básicamente desde la voz de las mujeres defensoras. “El Estado peruano es responsable de proveer, de dotar de esta información, de investigar, de tener una estadística de lo que implica esta violencia de género en conflictos eco territoriales para que podamos tener políticas, servicios, programas adecuados para atender, proteger y hacer justicia a estas mujeres”, dice.

Casani añade que, la Ley Nro. 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) y el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, son normativa y política pública que reconocen la violencia de género en conflictos ecoterritoriales, y que establecen además responsabilidad del Estado de generar información y data sobre esta violencia, para que a partir de ello se pueda actuar de una manera oportuna.

Colofon

Un tema que se observa cotidianamente en las zonas extractivas es el alto consumo de alcohol, se abren bares y prostíbulos para los trabajadores mineros y los trabajadores tercerizados que forman parte de la dinámica del movimiento minero. Las fiestas tradicionales de las zonas tienen el auspicio de las propias empresas mineras, donde las cajas de cervezas vienen en abundancia como parte de las relaciones públicas entre empresa y comunidades. Se trasgrede así las dinámicas comunales, se corrompe autoridades comunitarias y se exacerba la violencia de género que afecta a mujeres y niñas en esos escenarios de control, corrupción y autoritarismo. Los cuerpos son sometidos a diversas formas de violencia sexual, entre ellos la trata con fines de explotación sexual. Esta problemática tampoco figura en las estadísticas de violencia de género en zonas extractivas.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/noticias/