En el Perú los principales yacimientos mineros del país se encuentran en las alturas de los Andes donde hay cabeceras de cuencas y zonas de recarga hídrica. Uno de esos yacimientos está ubicado en el departamento de Cajamarca, en la sierra norte del país, que es explotado desde 1993 por Minera Yanacocha, de propiedad de la peruana Buenaventura y la estadounidense Newmont Mining, considerada la mina de oro más grande de Sudamérica.

La llegada de Yanacocha a Cajamarca arrastró una serie de impactos negativos en el suministro de agua, fuente de permanentes conflictos con las poblaciones locales, particularmente en la cuenca del río Grande. El conflicto se agravó cuando a fines de la década de 1990, la empresa intentó expandir sus operaciones para extraer el oro que se encuentra debajo el Cerro Quilish, origen de diversas fuentes acuíferas que abastecen a la ciudad de Cajamarca, la capital departamental.

Con el objetivo de proteger el acuífero, el gobierno municipal de Cajamarca declaró en el 2000 al Cerro Quilish como “Zona Reservada y Protegida” basándose en estudios técnicos-ambientales que señalaban que el lugar es un colchón o esponja natural de agua por la existencia de pastos altoandinos cuya función es amortiguar y retener el agua, facilitando la infiltración. Asimismo, indicaba que en el Cerro Quilish se ubican las nacientes de las subcuencas hidrográficas de los ríos Grande y Porcón, las cuales se verían afectadas inevitablemente por la explotación minera.

Pero esto no frenó a Yanacocha que impuso recursos de amparo, logrando en el 2003 que el Tribunal Constitucional la autorizara a explorar y explotar la zona “previo estudio de impacto ambiental”. En el 2004, masivas protestas lograron que el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) revocara una resolución otorgada a Yanacocha para explorar el Cerro Quilish.

En el proceso de agotamiento de sus diferentes yacimientos, la empresa decidió ampliar la explotación aurífera en Cajamarca. En el 2008, luego del intento frustrado por explotar el Cerro Quilish, Yanacocha fue por Conga, un proyecto calculado en US$4.8 millardos que tenía previsto extraer 350,000 onzas de oro y 120 millones de libras de plata al año, metales que se encuentran debajo de cuatro lagunas en el sureste del departamento.

El caso Conga

La nueva pretensión de Yanacocha volvió a chocar con la población de Cajamarca que en octubre del 2011 se levantó contra el proyecto que afectaría cinco cabeceras de cuenca y un páramo, y pondría en peligro las fuentes de agua. Yanacocha proponía trasvasar las aguas de las lagunas a reservorios artificiales.

El estudio de impacto ambiental, que había sido aprobado de manera expedita un año antes por el gobierno del expresidente Alan García (2006-2011), tenía grandes vacíos incluyendo la inexistencia de un estudio hidrogeológico, indispensable para entender el funcionamiento de las lagunas, y no haber valorizado los servicios ambientales que prestan esos ecosistemas.

Julia Cuadros, economista de CooperAcción, organización no gubernamental que monitorea la industria minera, explicó a Noticias Aliadas que “las lagunas cumplen un servicio ambiental, de captación y redistribución del agua; implica cantidad, calidad y disponibilidad del recurso. No es posible reemplazar un sistema natural por uno artificial, así este tenga más agua. Lo que hay que proteger son las zonas de recarga hídrica. Conga es una muestra de todo lo que no se debe hacer”.

La decisión del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) de impulsar Conga —contra lo que prometía en su campaña electoral de que priorizaría el agua sobre el oro— y de imponer estado de emergencia en Cajamarca para controlar las movilizaciones contra el proyecto y abandonar el diálogo, ocasionó la radicalización de las medidas de fuerza en Cajamarca con la convocatoria a una huelga indefinida desde el 30 de mayo del 2012. Cinco personas murieron en choques con la Policía y el Ejército.

Aunque el proyecto se encuentra suspendido indefinidamente ante la falta de licencia social, Yanacocha no dejó de acosar a defensores de las lagunas donde se explotaría Conga. Entre el 2011 y el 2017, policías y agentes privados contratados por la empresa destruyeron varias veces la vivienda y los cultivos de la campesina Máxima Acuña, en un intento por desalojarla de su propiedad ubicada cerca de la laguna de Sorochuco, una de las cuatro que destruiría el proyecto minero, y que la minera reclama como suya.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Acuña, quien además recibió en el 2016 el prestigioso premio medioambiental Goldman, que se entrega a defensores del ambiente de todo el mundo, se informó a INFOREGIÓN.

Las mineras en el Perú pagan muy poco por el agua que consumen. Una investigación realizada por el portal Ojo Público en setiembre del 2017 reveló que Yanacocha, junto con otras nueve empresas mineras que operan en el Perú, están autorizadas para usar un máximo anual de 302,442 millones de litros de agua de quebradas, lagunas y acuíferos en sus operaciones, pagando una compensación de 0.27 soles (US$ 0.08) por metro cúbico consumido. Sin embargo, ocho de esas empresas —incluyendo a Yanacocha— no cumplen con pagar por el uso de agua y deben un total de 1.6 millones de soles [$475,000] al Estado.

Mineras no pagan por uso de agua

CooperAcción identificó en su estudio “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú” la existencia de graves problemas en la asignación de derechos, permisos y licencias de agua en las cuencas en las que la minería compite con otros usuarios, como poblaciones rurales, centros poblados y hasta capitales regionales. La investigación, publicada en el 2017, profundizó los casos de la gestión de agua en cuencas de Cajamarca y Cusco.

Para el caso de Cajamarca, el estudio se focalizó en la cuenca del río Grande, dentro del área de influencia de Yanacocha, encontrando que “la actividad minera tiene impactos en el agua subterránea, el caudal del río Grande y en manantiales y quebradas. El drenaje del recurso en la cuenca y la extracción de agua subterránea son causales directos del descenso del nivel freático de manera permanente; para mitigar este efecto minera Yanacocha bombea continuamente agua subterránea, que es transferida como superficial a los actores ubicados aguas abajo”.

Según Carlos Monge, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute, “no hay información actualizada sobre la oferta de agua por cuenca, pues se siguen utilizando datos de fines de la década de 1970; no se puede acceder fácilmente a la información actualizada sobre derechos, permisos y licencias otorgadas a los diferentes usuarios por cuenca y a lo largo del tiempo —cosa que sí es posible hacer con las concesiones superficiales de tierras para exploración y explotación minera—; las normas sobre minería le aseguran a estas empresas la dotación de agua asignada originalmente, mientras que los demás usuarios deben adaptarse a la variación de los volúmenes disponibles”.

“Las instancias intermedias y locales de la Autoridad Nacional del Agua [organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y encargado del aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas] son débiles frente al poder de las grandes empresas mineras y carecen de capacidad real de monitorear el consumo efectivo de agua en cada cuenca, fuera de algunas cuencas que sí tienen la infraestructura para hacerlo”, agregó Monge en un artículo reproducido por la organización ambientalista Grufides.

Además, agregó que “los estudios de impacto ambiental son insuficientes para evaluar el impacto que las actividades mineras tendrán sobre las cuencas y el monitoreo que de ellos se desprende no toma en cuenta todos sus impactos reales”.

Fuente:http://www.inforegion.pe/255604/peru-agua-y-mineria-en-permanente-conflicto/?fbclid=IwAR3CiP-awgonlGJ-CSdAukpRBmgtHFNeDfKr-_ags9x3STWFp7WaWSUeRXk

El pasado jueves 22 de noviembre, en el marco del Foro: “Minería de Litio en America Latina y sus perspectivas en Puno” realizado por la Red Muqui Sur, la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (DREM Puno), presentó sus perspectivas respecto de la explotación de Litio y Uranio en la región de Puno, a través del Ing. Jesús Dalens Campos, entre otros expositores de Argentina, Chile y Bolivia, que expusieron sobre las experiencias de explotación de litio en sus países.

Al respecto, es de conocimiento público que la empresa minera Macusani Yellowcake, subsidiaria de la canadiense Plateau Energy, halló en una perforación que realizaba para encontrar uranio, en el segundo semestre de 2017, un yacimiento de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de litio y unyacimiento de uranio de 34,000 toneladas de uranio en la región de Puno. Los yacimientos están situados a 4.500 metros de altitud en una zona fronteriza con Bolivia, unos 150 kilómetros al norte.

Según la exposición del Ing. Jesús Dalens, el representante de la minera Macusani estimó que la etapa de producción de litio se iniciaría en el segundo o tercer trimestre del 2021, considerando que el estudio de factibilidad se realizaría en el 2019 así como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación y el comienzo de la construcción de la planta se llevaría a cabo en el 2020.

Es importante señalar que en declaraciones vertidas en un video de CENTRUM PUCP, y en una nota del diario Gestión sobre el evento “Minería de litio en el Perú” realizado en agosto del presente año, el gerente general de la minera, Ulises Solís, destacó que se viene perforando en Macusani, Puno, en búsqueda de uranio desde el 2007, señalando: “recién en el 2017 logramos (Macusani Yellowcake) el permiso de la comunidad de Chacaconiza, y empezamos a perforar, en julio de ese año, en un acuerdo de seis meses, grande fue nuestra sorpresa cuando vimos los resultados”. “Buscando uranio, encontramos litio”.

Según declaraciones de Jesús Dalens Campos de la DREM de Puno, el Estado peruano había entregado una concesión de 30.000 hectáreas para la explotación de uranio a la empresa minera canadiense.

Desde Red Muqui mostramos nuestra preocupación ante la autorización de la exploración de litio y uranio en nuestro país, sin que exista un marco legal regulatorio sobre minerales radioactivos y tierras raras.

Asimismo, nos preocupa cómo la empresa habría logrado el “permiso” de la Comunidad Campesina de Chacaconiza sin haberse realizado un proceso de consulta previa por parte del Estado, debidamente informado, respecto del proyecto de uranio y litio. Una consulta en el que esté presente la información sobre la magnitud del impacto ambiental y social, para que las comunidades en las áreas de influencia puedan decidir si están de acuerdo o no con la operación de una mina de éste tipo en su territorio, más aún cuando no existe aún un marco regulatorio para la exploración y explotación del uranio radioactivo y del litio.

Riesgos y peligros de la explotación de uranio y litio

Al respecto existen varios riesgos que implicaría la explotación de uranio y litio para el medio ambiente y la salud de las comunidades y poblaciones locales en áreas de influencia de la mina.

Litio en su estado físico

El litio es un metal usado en baterías recargables, pilas alcalinas, baterías de aerosoles, energías renovables, alumbrado público, luces de neón y también como medicamento en la psicofarmacología.

Dalens Campos indicó en el evento de Red Muqui Sur que los efectos de la exposición directa al litio son graves para la salud, y el litio puede llegar a ser un peligro significativo para la calidad del agua y para los organismos acuáticos al reaccionar con el oxígeno.

Uranio

El uranio es un mineral radiactivo que es usado principalmente como combustible para los reactores nucleares y para la fabricación de armas nucleares como la bomba atómica. Las personas que están expuestas al uranio consumiendo el agua o alimentos altamente contaminados con el mineral o a través de la inhalación de radón, un gas de descomposición de uranio, pueden desarrollar cáncer y otros graves problemas de salud con mayor probabilidad. Extraído de las minas, en plantas industriales que procesan uranio o viviendo cerca de minas de uranio, también es considerado como grave riesgo para la salud.

Dato

El presidente Vizcarra anunció el 10 de agosto a la agencia Reuters que en los próximos seis meses el gobierno peruano aprobará leyes para poder explotar los recientes hallazgos de uranio y litio, ya que actualmente no existe un marco legal regulatorio. El Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señaló en septiembre que el MINEM viene preparando un proyecto de ley sobre el particular para ser presentado a fin de año. Al respecto, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, todavía no ha llegado la propuesta del gobierno. El Congresista Marco Arana Zegarra se dirigió en agosto al presidente de la República en una carta abierta expresando su preocupación sobre una posible explotación del uranio.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/819-sin-un-marco-regulatorio-para-la-exploracion-y-explotacion-de-uranio-y-litio-minera-macusani-yellowcake-viene-operando-en-puno

Hace más de un año, el 21 de julio de 2017, CooperAcción publicó un informe[1] en el que escribí sobre el alto riesgo ambiental en 09 departamentos del país debido al posible colapso de 17 relaves mineros. A través de un análisis espacial cualitativo con imágenes satelitales se determinó las principales fuentes de agua (ríos y quebradas) y centros poblados que serían impactados. Entre la lista de los 17 se encuentra el depósito de relaves Santa Catalina de la unidad minera Queruvilca ubicada en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Santiago de Chuco del departamento de La Libertad. Sobre este caso, el informe predice que un probable colapso y/o desborde afectaría seriamente al río Shorey, afluente del río Moche, e impactaría severamente en los centros poblados Shorey (Grande), Shorey Chico, entre otros. Este análisis cobra vigencia ahora más que nunca, pues los centros poblados mencionados se encuentran en Estado de Emergencia desde el pasado 28 de julio, justamente debido al peligro inminente generado por el posible desborde y/o potencial ruptura de las relaveras de la Unidad Minera Queruvilca (D.S. N° 077-2018-PCM).

¿Y cómo así se ha configurado esta situación de crisis previamente advertida?

Todas las respuestas decantan hacia la minería formal irresponsable. La unidad minera Quiruvilca es un proyecto de mediana minería subterránea polimetálica, cuyo inicio de explotación data desde la época del incanato[1] y según su historia reciente, la mina fue explotada durante 17 años por la empresa minera canadiense Pan American Silver Corporation, desde 1995 hasta el 2012 (Chiguala, 2016, p. 30), año en que fue vendida en su totalidad a Southern Peaks Mining L.P (Gestión, 27.06.2012). Esta última estuvo operando hasta el 17 de diciembre de 2017, fecha en que se declaró en quiebra, cargando consigo una deuda impaga de 10 millones de dólares a 428 trabajadores (La República, 15.07.2018) y abandonando sus operaciones sin ejecutar el plan de cierre de minas (Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA).

Según la guía para la elaboración de planes de cierre de minas (DGAAM-MINEM, 2006, p 5), el “cierre de minas normalmente incluye el diseño e implementación de diferentes medidas como desmantelamiento, estabilización física y química, tratamiento de drenaje ácido de mina y lixiviación de metales, recuperación o rehabilitación de terrenos, revegetación y rehabilitación de hábitats acuáticos, etc. El cierre de minas incluye también programas sociales dirigidos a los trabajadores de la mina y la población circundante”. Southern Peaks Mining L.P con su Compañía Minera Quiruvilca S.A. ha incumplido con el plan de cierre de minas (según la Resolución Directoral Nº 0066-2018-MEM/DGM, de fecha 05.03.2018), tal como lo ha sustentado la Autoridad Nacional del Agua a través de la Administración Local de Agua Moche Virú Chao en un informe[1], en el que concluye la compañía “abandonó la Unidad Minera Quiruvilca, quedando sin tratamiento las aguas ácidas provenientes de las relaveras: Santa Catalina y San Felipe, así como las aguas de bocamina Armivilca, desmontera Codiciada y del laboratorio químico-metalúrgico que eran dispuestas en la poza POND y conducidas hasta la planta de neutralización de aguas acidas, lo cual viene afectando la calidad del agua de la cuenca Moche desde su naciente”.

Por otro lado, el impacto social y económico que deja la compañía minera en la población no debería pasar desapercibido, pues es un aspecto medular para la gestión del territorio impactado a mediano plazo; la cifra millonaria adeudada a los trabajadores es solo un apéndice del problema mayor, el cuál radica en la dependencia gravitante de la actividad minera, y ante el quiebre e incumplimiento del plan de cierre de minas por parte de la empresa, muchos han pasado a engrosar la lista de mineros informales en el lugar (La República, 15.07.2018), agravando la situación que se vive actualmente.

El agua, elemento central de la emergencia

La situación de la unidad minera es, por decir lo menos, crítica. Su impacto negativo al territorio (naturaleza y sociedad) ha configurado un escenario de emergencia. Analizar el lugar que ocupa la explotación minera dentro de la cuenca del río Moche es fundamental para entender la gravedad de la contaminación ambiental, teniendo como elemento esencial y estructurador de la cuenca, al agua.La mina Quiruvilca se localiza en la cabecera de cuenca del río Moche, a unos escasos tres kilómetros de la línea que divide las aguas de las cuencas hidrográficas Virú, Santa y Moche, a 3 900 metros sobre el nivel del mar. Las relaveras de la mina drenan directamente hacia las quebradas La Merced, Santa Catalina y al curso mismo del río Shorey, afluentes de primer y segundo orden del río Moche (ver el esquema de la cuenca del río Moche). El nivel de impacto negativo al recurso hídrico ha sido tal, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el 06 de julio de este año declaró por sesenta días el Estado de Emergencia[2] de recursos hídricos por inminente riesgo de afectación de la calidad del agua del río Moche. Entre las consideraciones para la Declaratoria de Emergencia se cita un informe técnico[3] de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, que señala “se han realizado siete (07) monitoreos participativos de

la calidad del agua del río Moche, durante el periodo 2017 al 2018, en los puntos de  muestreo  ubicados  en  el  ámbito  de  influencia  de  la Compañía Minera Quiruvilca S.A., cuyos resultados indican concentraciones de aluminio, arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo, zinc y sulfatos que superan los valores de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA para agua) para la Categoría 3[1]”. Se añade además que, “según las supervisiones especiales realizadas por la ANA se verificó vertimientos de aguas no tratadas provenientes de la unidad minera Quiruvilca, el estado de abandono de las operaciones y el deterioro de los diques de las relaveras, generando un alto riesgo de afectación al río Moche por desborde y/o ruptura de los diques”.

Este caso debería reabrir el debate de la importancia de la protección y conservación de las zonas de cabecera de cuenca, que como se muestra en el caso particular, los cuerpos de agua que la comprenden se han visto seriamente degradados por la práctica de una minería irresponsable. Degradación que además, no solo se circunscribe al “área oficial disturbada” por la operación minera, tal como lo ha calculado[1] de forma reduccionista el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), sino que impacta negativamente varios miles de kilómetros aguas abajo, solo tomando en cuenta los recursos hídricos disturbados, pues los impactos negativos al ambiente y al territorio son sistémicos.

Gestión de las emergencias declaradas

Para la población de 1 713 habitantes (INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017) de los centros poblados de Shorey Chico y Shorey Grande, ubicados a menos de dos kilómetros de las dos principales relaveras de la unidad miera Quiruvilca, el pasado 28 de Julio coincidió con su declaratoria en Estado de Emergencia, que posteriormente, el 22 de setiembre, fue prorrogado por 60 días más, a través del Decreto Supremo N° 098-2018-PCM. Dichos centros poblados además, desde el 06 de julio (2018), ya vivían la declaratoria de Estado de Emergencia de recursos hídricos por 60 días, pues el río Shorey es contiguo a ambos.

Las declaratorias de Estado de Emergencia de la ANA y de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tienen un mismo factor desencadenante, el peligro inminente generado por el posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras de la unidad minera Quiruvilca. La primera culminó el 06 de setiembre y la segunda que fue prorrogada sigue vigente hasta el día 28 del presente mes. Desde CooperAcción, en este apartado nos preguntamos sobre la gestión de la crisis. Las normas de declaratoria en su artículo segundo, hablan sobre las acciones a ejecutar, la implementación de medidas y los organismos encargados. En el caso de la declaratoria del Estado de Emergencia de recursos hídricos, la Administración Local de Agua Moche-Virú-Chao debía realizar la “supervisión y monitoreo continuo de la calidad del agua, para evaluar la evolución de la afectación a la calidad de agua de la cuenca del río Moche” (Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA, del 06 de julio de 2018); con el objeto de averiguar sobre la gestión de la emergencia hídrica, se cursó comunicaciones a la ANA y la ALA Moche-Virú-Chao, sin lograr respuesta alguna .

En el caso del Estado de Emergencia declarado por PCM, según el artículo 2 de los Decretos Supremos N° 077 y 098, “el Gobierno Regional de la Libertad, la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación del Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente y demás entidades competentes en cuánto corresponda, debían ejecutar las acciones inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente”. Con la finalidad de conocer sobre el manejo de la crisis, se hicieron llamadas y remitieron correos a la Dirección de Respuesta de INDECI, al Organismo de Evaluación y Fiscalización

[1] En enero de este año el Ingemmet, publicó un informe titulado “Área disturbada por la actividad minera metálica formal en las operaciones mineras actuales (2017)” en el que deja entrever que el área impactada por la minería formal se reduce a la cifra ínfima de 0.046 % de la superficie continental del Perú, que equivale a 59, 474 hectáreas. Por ejemplo para el caso de la unidad minera Quiruvilca señala que solo se estaría impactando 334.04 hectáreas, sin embargo la evidencia nos muestra que dicha área está infra valorada.

Ambiental (OEFA), la Gerencia Regional de Energía Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Distrital de Quiruvilca; se obtuvo respuesta de las tres instituciones últimas.

Sobre las acciones ejecutadas en el marco del Estado de Emergencia, OEFA manifestó que, entre el 22 y 24 de agosto realizaron una supervisión especial a la unidad minera Quiruvilca y el 10 de setiembre (a más de dos meses de la declaratoria del Estado de Emergencia de recursos hídricos y a un mes y medio de la otra declaratoria) emitieron recién, una Resolución Directoral[1] ordenando a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (actual responsable de ejecutar el cierre de minas de la unidad fiscalizable Quiruvilca) la realización de “medidas preventivas” relacionadas en su mayoría a la mitigación de la contaminación ambiental generada desde la cancha de relaves Santa Catalina.

El Gobierno Regional de la Libertad, a través del Gerente Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, en referencia a las acciones dirigidas a reducir el muy alto riesgo en la zona declarada en emergencia, manifestó que han desarrollado acciones y gestiones al respecto, sin especificar ninguna en concreto, además agregó que el año pasado advirtieron desde el Gobierno Regional sobre la situación problemática de la unidad minera Quiruvilca al Ministerio de Energía y Minas, sin embargo, como podemos evidenciar, no se adoptaron las medidas necesarias para solucionar el problema, que ahora se encuentra en un estado de emergencia.

El Gobierno Municipal Distrital de Quiruvilca, por medio de su Gerente Municipal, manifestó[2] que la municipalidad se había visto desbordada por dicha situación y que las demás instituciones encargadas de gestionar las acciones del Estado de Emergencia no habían ejecutado ninguna medida concreta, salvo la de ofrecer a la población afectada la continuidad de los programa sociales. En el día de la entrevista el Gerente Municipal se encontraba lidiando con la escasez de combustible para el bombeo de agua para los lugares afectados, incluso preguntó por ayuda externa no gubernamental para realizar dicha actividad, que a todas luces parecía insostenible.

Hay una situación crítica, que se ha configurado como un muy alto riesgo ambiental, que se ha transmitido y manifiesta en los demás elementos del territorio (incluido lo socioeconómico), que necesita ser gestionada como una crisis, tal como lo sustentan los decretos supremos de declaratorias y prorroga de Estados de Emergencia; sin embargo, pareciera que la adopción de dichas medidas queda solo en lo declarativo, pues no existe un trabajo real articulado que demuestre una verdadera gobernanza de los riesgos. No esperemos a que tengamos un desastre ambiental para recién desplegar acciones de reacción tardía y buscar responsables, que solo nos mostrarán la ausencia de acciones dirigidas a la prevención de riesgos y la falta de planificación en el territorio. Finalmente no olvidemos que se viene un fenómeno de El Niño[3] de magnitud débil (ENFEN, 2018) lo que hace prever la ocurrencia de lluvias de normal a ligeramente superior a ésta, que pueden exacerbar las condiciones de riesgo y convertirse en desastre.

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[1] Martínez, D. (21/07/2017) CooperAcción Informa. Alto riesgo ambiental en 09 departamentos por 17 relaves mineros. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/alto-riesgo-ambiental-en-9-departamentos-por-17-relaves-mineros/.

[2] Rosario, R. (09/07/2014). Quiruvilca: Apuntes Histórico-Sociales y Económicos {Blog post}. Recuperado de http://minesmuki.blogspot.com/2014/07/quiruvilca-apuntes-historico-sociales-y.html.

[3] Informe Nº 130-2018-ANAA.A.A.-H-CH/ALA MOCHE VIRÚ-CHAO/AT/CAJM-PERH, del 26 de junio de 2018.

[4] Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA, del 06 de julio de 2018.

[5] Informe Técnico Nº 231-2018-ANA-DCE-AESFRH.

[6] La categoría 3, corresponde a los ECA agua para el riego de vegetales y bebida de animales ((D.S. N° 004-2017-MINAM).

[7] En enero de este año el Ingemmet, publicó un informe titulado “Área disturbada por la actividad minera metálica formal en las operaciones mineras actuales (2017)” en el que deja entrever que el área impactada por la minería formal se reduce a la cifra ínfima de 0.046 % de la superficie continental del Perú, que equivale a 59, 474 hectáreas. Por ejemplo para el caso de la unidad minera Quiruvilca señala que solo se estaría impactando 334.04 hectáreas, sin embargo la evidencia nos muestra que dicha área está infra valorada.

[8] Resolución Directoral Nº 050-2018-OEFA/DSEM, de fecha 10 de setiembre de 2018.

[9] La entrevista telefónica al Gerente Municipal fue realizada el pasado 10 de octubre, para ese entonces ya había pasado el Estado de Emergencia de recursos hídricos y se encontraba vigente (en su día número 73) el Estado de Emergencia declarado por PCM.

[10] Comunicado Oficial ENFEN N°10-2018, del 20 de setiembre de 2018.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cronica-de-un-desastre-ambiental-anunciado/

Los conflictos entre el turismo y la minería no son extraños en Perú, país lleno de sitios históricos y turísticos que también es el segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata. Pero en el caso de la Montaña Arcoíris, los partidarios de la conservación parecen haber ganado.

El viernes por la noche, el gobierno peruano bloqueó todas las licencias de exploración minera en la Montaña Arcoíris, un destino turístico en alza en Sudamérica. Ubicadas en el sureste de Perú, cerca de Cuzco, la otrora capital del imperio inca, y de las ruinas de Machu Picchu, las coloridas laderas de la zona atraen a alrededor de mil turistas al día a Winikunka, que significa Montaña de los Siete Colores en el idioma local quechua.

Los colores también llamaron la atención de las empresas mineras. Donde los turistas ven una mezcla fascinante de rojos, amarillos y verdes, las mineras vieron rastros de mineral de cobre, de hierro y otros minerales.

Una unidad de Camino Minerals Corp., con sede en Canadá, se adjudicó en marzo una concesión minera, lo que generó protestas de las comunidades locales. Aunque la compañía informó en junio que renunciaría a los derechos mineros en el área, la incertidumbre en torno al futuro del área se mantuvo hasta muy tarde el viernes, cuando un decreto presidencial prohibió la actividad minera en el área durante 12 meses. La agencia estatal de noticias, Andina, informó que el gobierno regional había señalado que el Ministerio de Energía y Minas ahora tendrá que procesar los documentos para declarar la zona un área de conservación regional.

Entre las grandes operaciones mineras ubicadas alrededor de Cuzco figuran la mina de cobre Las Bambas, de MMG Ltd.; Antapaccay, de Glencore Plc; y Constancia, de Hudbay Minerals Inc.

Fuente:https://es.finance.yahoo.com/noticias/per%C3%BA-impide-mineras-explorar-zona-172120701.html?guccounter=1

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/proyecto-quellaveco-genera-conflicto-social-en-el-valle-de-tambo-854549/?fbclid=IwAR2iB4OFtif8rhBcC9etEA4f7FWNPTVK1apU7bvCFQiDZKXhgeJMQW8M3jY

La Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos y las organizaciones sociales e instituciones que trabajamos por la vigencia del derecho a la salud ambiental saludamos la aprobación de los “Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas” emitida por el Ministerio de Salud.

Nos parece importante que con estos lineamientos el MINSA busque afirmar su rol de ente rector en salud y trascienda de una mirada clínica hacia un abordaje integral, dando énfasis en su intervención a la atención y promoción de la salud ambiental y humana, en el marco de sus competencias y en coordinación con las entidades competentes regionales.

Sin embargo es necesario resaltar que la problemática de salud ambiental que existe actualmente rebasa las competencias del Ministerio de Salud: hasta la fecha hay al menos 4867 personas afectadas entre ellas muchos niños y niñas, focalizadas en 17 regiones del país incluyendo territorios de pueblos indígenas que se encuentran expuestas a diversas fuentes de contaminación que involucran a diversos sectores.

La complejidad de la situación hace necesaria la acción multisectorial articulada para una respuesta integral y eficaz, en la cual la Presidencia del Consejo de Ministros y el Presidente de la República, se comprometan con la implementación de estos lineamientos de política pública, brindándole el respaldo necesario. Es importante, garantizar el compromiso multisectorial, por lo cual es necesario el compromiso formal de todos los sectores involucrados.

Asimismo consideramos un avance la elaboración del diagnóstico. Sin embargo, identificamos que falta información y ausencia de casos emblemáticos de la amazonia como las comunidades de Cuninico y Chiriaco.

Resaltamos la importancia de la participación de la sociedad civil organizada mediante comités de vigilancia y monitoreo ambiental participativo, dado que la población necesita involucrarse de diversas formas, especialmente en territorios alejados de las ciudades donde se encuentran las personas vulnerables a los problemas ambientales y de salud por metales tóxicos.

Si bien hemos dado un paso adelante como país, las primeras tareas y desafíos son ahora convertir los lineamientos en acciones concretas, con responsables, plazos, presupuestos, indicadores y priorizar por dónde empezar. Es sustancial establecer medidas de corto, mediano y largo plazo, con la participación de los y las afectados.

Incorporar el seguimiento de la población afectada a través del programa de atención del niño sano o de control de las mujeres embarazadas, deberían ser acciones que se puedan implementar con prontitud como una primera acción que demuestre el compromiso del Estado en la solución de esta problemática.

Otra medida de corto plazo es establecer los espacios de articulación para implementar las repuestas integrales.

Desde las organizaciones sociales y la sociedad civil estaremos expectantes a la implementación de estos lineamientos. Confiamos que el Estado asumirá su rol de garante del derecho a la salud en relación a la problemática de contaminación ambiental.

Suscriben:

• Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos
• Comunidad Campesina de Alto Huancané – Espinar
• Comunidad Campesina de Tintaya Marquiri – Espinar
• Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería – ADEPAMI – Espinar
• Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K’ana – Espinar
• Federación Interprovincial de defensa Territorial y ambiental de las provincias de Cotabambas Chumbivilcas Espinar Paruro y Grau – FIDTACCHEPG
• Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú – ORPIAN-P
• Comunidad Nativa Nazareth – Chiriaco
• Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañon – FEDEPCUM
• Rondas Femeninas de Bambamarca
• Plataforma Interinstitucional Celendina
• Defensoras de la Vida y la Pachamama – Cajamarca
• Defensoras de la Vida y la Pachamama – Celendín
• Plataforma por la Defensa del Medio Ambiente de la Cuenca del Río Rímac
• Comunidad Campesina San Mateo de Huanchor – Región Lima
• Comunidad Campesina San Antonio – Región Lima
• Comunidad Campesina Viso – Región Lima
• Plataforma por la Salud Ambiental y Humana – Región Junín
• Movimiento por la Salud de La Oroya – MOSAO
• Organizaciones Zonales de Atención en Alimentos y Salud La Oroya – OZAAS
• Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín
• FEMUCARINAP – Región Junín
• Pastoral Social de Dignidad Humana – Huancayo
• Mesa de Diálogo Ambiental Provincial Yauli La Oroya
• Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín
• Mesa de Diálogo de la Mujer de Huancayo
• Mesa de Diálogo Ambiental – Provincia de Junín
• Foro Salud – Región Junín
• Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca – ACODECOSPAT
• Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP
• Federación de Comunidades Nativas de la Cuencas del Corrientes – FECONACOR
• Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador – OPIKAFPE
• Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su Territorio – PUINAMUDT
• Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana
• CooperAcción
• Amnistía Internacional Perú
• Broederlijk Delen –BD
• Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco
• Red Uniendo Manos Perú
• Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
• Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
• OXFAM
• Instituto de Defensa Legal – IDL
• GRUFIDES
• Perú Equidad
• APRODEH
• Centro Labor – Pasco
• Red Muqui
• EarthRights International (ERI)
• RedGE
• Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA) – Puno
• Asociación Proyecto Amigo de Huamachuco – La Libertad
• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz (FEDEPAZ)
• Asociación Marianista de Acción Social (AMAS)  Otuzco – La Libertad
• Instituto Ambientalista Natura, Chimbote – Ancash
• Centro de Cultura Popular Labor (Pasco)
• Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD) – Piura
• Grupo Red de Economía Solidaria del Perú – GRESP

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/comunicado-queremos-que-la-politica-para-la-atencion-integral-de-las-personas-expuestas-a-metales-pesados-sea-una-realidad/

Durante el Foro Social Temático “Minería y Extractivismo” que se desarrolló desde el 12 al 15 de noviembre, se compartió un panel sobre “Ecofeminismo y extractivismo” entre mujeres panelistas de Brasil, Nigeria, pueblos indígenas de Estados Unidos y Filipinas, que contó también con la participación de mujeres de 60 países de todo el mundo que se ubicaban en el público.

Entre las experiencias que contaron las panelistas, señalaron que ha habido un aumento dramático de las actividades extractivas en los últimos 15 años y al mismo tiempo han visto una mayor resistencia social contra las actividades extractivas.

Señalaron que históricamente las mujeres han realizado el trabajo que sostiene la reproducción de la vida en sus familias y en las comunidades, respecto de las mujeres que viven en el campo a diferencia de las mujeres que viven en las ciudades. A este trabajo se le llama “trabajo de cuidado”, que son los trabajos que permiten que la vida se pueda reproducir, y forman parte de una esfera muchas veces invisibilizada de la economía; lo cual es contradictorio porque este trabajo es fundamental para el desarrollo de la vida. Agregaron además que son discriminadas por ser indígenas y negras, pobres y del campo.

Contaron que normalmente ellas son las primeras en enterarse de las contaminaciones en sus tierras porque están pendiente de la alimentación de sus hijos e hijas y requieren que la tierra esté en buenas condiciones para la producción de los alimentos. Por ello a veces sufren de contaminación, porque al verificar las fuentes de contaminación de los metales pesados, no cuentan con los recursos necesarios para identificar esos elementos.

Al respecto, Beatriz Cortéz de Red Muqui, señaló anteriormente en un artículo sobre la situación de las mujeres frente al extractivismo en el Perú, que “sin duda el rol que cumplen las mujeres campesinas en la impugnación al modelo extractivista las coloca en un lugar de mayor exposición a la violencia estatal-empresarial, la violencia que se ejerce contra ellas afecta su salud, su integridad física y psicológica, su ambiente en suma su forma de vida”.

Al finalizar el panel las mujeres coincidieron en que la resistencia al modelo extractivista también muestra alternativas, ya que están protegiendo la agricultura familiar, las fuentes de agua y la tierra para otro tipo de actividades económicas alternativas a la explotación minera y petrolera, que es devastadora en sus territorios.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/814-mujeres-en-primera-linea-defendiendo-la-vida-contra-las-actividades-extractivas-mineras-y-petroleras

Mientras China planifica invertir 10 mil millones de dólares en varios rubros de la economía peruana, organizaciones civiles de América Latina denuncian abusos de empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue en junio de este año que el embajador de China en Perú, Jia Guide, en una visita realizada al presidente Martín Vizcarra, anunció “una ola de inversión” hasta el 2021 en sectores como energía y minas, telecomunicaciones, construcción, infraestructura y finanzas.

Tres meses después, en setiembre, se publicaron una serie de informes que daban cuenta del polémico comportamiento de las empresas chinas en Perú y en varios países de Latinoamérica. Un accionar que las vincula a la violación de derechos humanos, ambientales y laborales en los lugares donde desarrollan sus actividades.

Las compañías del país asiático instaladas en Perú son acusadas de  vulnerar el derecho a la vida, al territorio, a la consulta previa y al ambiente sano. Todas estas denuncias forman parte de los informes elaborados por organizaciones civiles de América Latina que han sido presentados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la sesión paralela realizada en octubre como paso previo al Examen Periódico Universal (EPU). Esta evaluación la realiza cada año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a todos los países miembros para saber cómo van en materia de derechos humanos.

Los riesgos para los pueblos indígenas en el Lote 58

“No han respetado a las comunidades ni el tema ambiental”, dice Agilio Semperi, presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru) sobre la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC Perú). Esta desarrolla actualmente actividades de exploración de hidrocarburos en el Lote 58 —específicamente de gas natural— ubicado en la provincia de La Convención, en la selva sur del Cusco, cerca al proyecto de Camisea.

La empresa CNPC llegó a la selva cusqueña en el 2013. Ese año le compró sus acciones a Petrobras Argentina —que contaba con la licencia de exploración y explotación de dicho lote. Tras la adquisición del Lote 58, Perú y China suscribieron un memorándum de entendimiento, comprometiéndose el primero a promover las inversiones de la empresa asiática, principalmente en petróleo y gas.

Semperi lamenta hoy la pésima relación que tiene la empresa con las comunidades indígenas, la falta de respeto a la consulta previa y los problemas ambientales que se están presentando en la zona, sobre todo porque parte del lote se superpone a la Reserva Comunal Machiguenga y a un sector del área de amortiguamiento del Santuario Nacional Megantoni. Para el presidente del Comaru es una de las peores empresas que ha operado en la región Cusco.

De acuerdo con el informe Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica por inversiones chinas, presentado en octubre de este año por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la empresa china que opera en el Lote 58 ha empezado la exploración de cuatro pozos y está en camino a ejecutar la explotación sin haber realizado un proceso de consulta previa en las comunidades ubicadas en el área.

Mongabay Latam llamó en varias oportunidades a CNPC Perú para solicitar su versión. En la empresa indicaron que devolverían la llamada, pero hasta el cierre de esta edición no lo hicieron.

Diego Saavedra, especialista del Programa Derechos y Amazonía de la ONG Derechos Ambiente y Recursos Naturales (DAR), precisa que los procesos de consulta previa se deben hacer en cada etapa del proyecto. Sin embargo —comenta— esto no ha sucedido. “Debería existir una para la firma del contrato, una segunda luego de elaborarse el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Posteriormente, cuando se realiza la exploración y se tienen certezas de lo que se va explotar y por último al cierre del proyecto”.

A Saavedra también le preocupan los impactos ambientales en los territorios donde opera el Lote 58, por su proximidad a la Reserva Territorial Indígena Kugapakori Nahua Nanti y otros, donde viven pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci), y al Santuario Nacional Megantoni. “Avanzar como lo están haciendo puede generar serios problemas en el área nacional protegida y afectar a los pueblos en aislamiento”.

En Bolivia ya se han presentado impactos directos a pueblos indígenas en aislamiento como consecuencia de las labores que realiza la empresa BGP Bolivia —filial de la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC)— en la zona de Nueva Esperanza, en la Amazonía boliviana. Un reciente reportaje de Mongabay Latam da cuenta del impacto de las inversiones chinas en el país vecino.

El problema de la reubicación en Morococha

El megaproyecto minero Toromocho operado por la Minera Chinalco Perú —subsidiaria de la Corporación de Aluminio de China​— es colocado en los informes como otro ejemplo de malas prácticas de las inversiones chinas en Perú. En este proyecto de explotación de cobre, uno de los más grandes del país, existe un conflicto socioambiental con el pueblo de Morococha por la reubicación de sus habitantes en una zona de alto riesgo ambiental.

“Todo se ha llevado a cabo de acuerdo a las políticas de la minera que no ha tomado en cuenta lo que nosotros proponemos”, dice Elvis Atachahua, secretario de Actas y Archivo del Frente de Defensa del distrito de Morococha, ubicado en la provincia de Yauli, región Junín. El dirigente menciona que Nueva Morococha, lugar elegido para la reubicación del pueblo, “se ha construido sobre una zona pantanosa, que alguna vez fue un bofedal”.

El informe Impactos de empresas chinas en los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina recoge las denuncias de los habitantes que se han visto afectados por la reubicación. Según el documento, las condiciones del nuevo pueblo no se ajustan a lo que ofrecía el Estudio de Impacto Ambiental tanto en cuestiones económicas como ambientales. Uno de los problemas es la presencia de metales pesados en la zona debido a la cercanía con el relave  Huascacocha, el otro riesgo es la presencia de humedad en el subsuelo debido a la poca profundidad de la capa freática.

En un reportaje publicado en el año 2016, Mongabay Latam informó que, según el EIA del reasentamiento de Morococha, a cargo de la consultora Knight Piésold, las muestras tomadas en el suelo donde actualmente está la nueva ciudad presentaron niveles de arsénico y plomo por encima de los límites permitidos.

Atachahua reclama que la empresa no les haya informado sobre estos resultados antes de la reubicación. Por ello, él y otras 64 familias han decidido quedarse en lo que llaman la antigua Morococha. La situación ha generado un gran conflicto que aún no muestra señales de solución.

Pese a todos estos reclamos, el gobierno peruano aprobó la ampliación del proyecto minero Toromocho por un monto de 1350 millones de dólares. El acuerdo se selló en junio de este año, el día que el embajador de China en Perú visitó al presidente peruano y anunció la nueva millonaria inversión para los próximos tres años.

Mongabay Latam buscó la versión de la minera Chinalco, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Cuestionamientos a las inversiones mineras

El informe presentado ante la ONU reporta también otros tres casos de inversiones chinas en proyectos mineros con denuncias de vulneraciones ambientales y sociales.

Las Bambas es uno de ellos. Esta inversión de 10 mil millones de dólares en la región Apurímac está a cargo del grupo MMG (Minerals and Metals Group), una empresa pública china financiada por bancos de ese país.

En este caso, las comunidades campesinas y pueblos indígenas de la provincia de Cotabambas, donde se ejecuta el proyecto, protestan por la carretera por donde transitan diariamente más de 300 vehículos de la mina, generando numerosos riesgos ambientales y de salud a las comunidades locales. El problema es el polvo, las vibraciones y los ruidos que causa el tránsito vehicular, señala el informe sobre los casos peruanos.

El proyecto inicial contemplaba sacar el mineral a través de un mineroducto, pero tras la modificación del EIA el ducto quedó fuera de los planes, lo que generó rechazo de la población. El conflicto se agudizó porque la modificación del EIA no pasó por el proceso de consulta previa. Hasta ahora, los enfrentamientos han cobrado la vida de cuatro personas.

Hasta ahora, MMG ha recibido cuatro sanciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por incumplimiento de su EIA y otras normas de protección ambiental, dice el documento presentado ante la ONU.

Los otros dos proyectos que también están bajo escrutinio corresponden a la mina Marcona, operada por la empresa Shougang Hierro Perú y a Río Blanco, del consorcio chino Zijin Mining Group.

En el primer caso se han presentado problemas de contaminación ambiental en el mar y en otras instalaciones del complejo minero. “La empresa ha cometido más de diez infracciones ambientales diferentes que fueron sancionadas por el Estado peruano”, señala el informe que resalta también las violaciones a los derechos laborales, sindicales y condiciones de trabajo precarias.

En cuanto a Río Blanco, en la región Piura, las denuncias se centran en incumplimientos en materia de seguridad e higiene minera, así como de protección y cuidado del medio ambiente. El proyecto está aún en etapa de exploración debido a una férrea oposición para que se inicie la explotación de cobre y molibdeno, actividad que pondría en riesgo los ecosistemas de páramos y bosques de neblina que existen en la zona.

Mongabay Latam se comunicó con la empresa MMG para solicitar su versión sobre los cuestionamientos al proyecto Las Bambas. Sin embargo, voceros de la compañía manifestaron a nuestro medio que no se pronunciarían sobre el tema. También buscó los comentarios de Shougang Perú en Marcona, pero hasta el cierre de la nota no atendieron el pedido.

Julia Cuadros, responsable del Programa de Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de CooperAcción, recuerda que China es el principal socio comercial de Perú y, por tanto, el gobierno peruano debe garantizar que estas empresas respeten los derechos humanos y ambientales.

“Las empresas creen que porque tienen permiso del Estado pueden hacer lo que quieren. Lo lamentable es que cuando se desarrollan estos proyectos terminan impactando los ecosistemas, los sistemas hídricos, los cuerpos de agua y los territorios de los pueblos”, comenta Cuadros.

La evaluación a China en las Naciones Unidas

Las inversiones chinas están cobrando más fuerza en América Latina. Según datos del China Latin America Report, del 2017, los préstamos chinos a América Latina alcanzaron los 21 000 millones de dólares en el 2016, cifra que superó al monto prestado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Para Perú, China se ha convertido en su principal socio comercial con exportaciones que, en el 2017, superaron los 11 000 millones de dólares e importaciones que superaron los 8000 millones de dólares. Otros países que tienen al gigante asiático como el más importante inversor son Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

En ese contexto, las polémicas prácticas de las empresas chinas en los países Latinoamericanos han despertado todas las alarmas. Por eso, cuando este año China entró en la lista de los estados miembros de las Naciones Unidas que serían evaluados por el cumplimiento de los principios consignados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los países de América Latina con alta presencia de capitales chinos presentaron evaluaciones sobre el comportamiento de las compañías de capitales chinos.

“Cuando la inversión es masiva, la magnitud del daño es muy grande” dice Cuadros, quien considera que el mecanismo de evaluación de las Naciones Unidas es una oportunidad para “lograr que China tome cartas en el asunto”.

Cuadros agrega que luego de presentar el informe, en octubre pasado, se reunieron con la misión peruana en la ONU para que conozcan las recomendaciones que estaban haciendo desde la sociedad civil. “Creo que son recomendaciones que podemos suscribir”, le dijeron los representantes peruanos en la ONU.

Efectivamente, en la sesión del 6 de noviembre, el organismo internacional adoptó dos de las recomendaciones llevadas por los países Latinoamericanos, específicamente las de Ecuador y Perú.

Una de ellas, presentada por Ecuador, señala que se deben promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructura dentro y fuera del territorio sean plenamente compatibles con el respeto de los derechos humanos, del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.

La segunda recomendación, presentada por las organizaciones peruanas, señala la necesidad de que China tenga un marco legal de derechos humanos para que sus empresas o en las que el Estado participe, no vulneren estos derechos fuera de sus fronteras, es decir, en el extranjero.

Lo que se le pide a China es que se haga responsable de las violaciones de derechos humanos tanto dentro como fuera de su territorio. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) reconoce que es deber de los estados garantizar que los derechos ambientales se apliquen tanto a las personas que viven dentro de sus fronteras como aquellas afectadas por las actividades de entidades bajo su control.

Ante la ONU, la delegación china destacó su compromiso para desarrollar una agenda de derechos humanos. Declararon también que harán todos los esfuerzos para acoger las recomendaciones de los países miembros; sin embargo, advirtieron que algunas de ellas no serían aceptadas en tanto no estén alineadas con sus políticas nacionales.

Saavedra pone énfasis en que China debe hacerse cargo de las afectaciones que provocan sus inversiones en América Latina. “Al ser miembro de Naciones Unidas está obligada, por tratados internacionales, a cumplir el principio de extraterritorialidad y respetar los derechos humanos en el plano global. Pero esto no está ocurriendo actualmente”.

El representante de DAR, que estuvo presente en la reunión de la ONU para evaluar a China, dice que la inclusión de las propuestas de Perú y Ecuador en las recomendaciones finales del organismo internacional ofrece un poco de esperanza. “Ahora corresponde a China revisar lo que le ha propuesto la ONU y decidir si las adopta o no”.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/11/peru-inversiones-chinas-gas-mineria/

Hace pocas semanas el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Las Bambas. En el proceso de revisión de dicho instrumento, SENACE acogió en parte las diversas voces que venían señalando las debilidades en la gestión ambiental del componente de transporte minero, es decir, el uso de la carretera que conecta Apurímac, Cusco y Arequipa para el traslado del concentrado de mineral.

En efecto, a la luz de los impactos del transporte de carga pesada por la carretera que conecta Las Bambas con la estaciones de Pillones, SENACE pidió a la empresa incluir en el estudio de este tercer MEIA una “Evaluación de Impactos de la ruta de transporte”. Como se recuerda, el polvo constante, las vibraciones y el ruido ocasionado por el paso de 250 camiones diarios, son algunos de los impactos más mencionados por la población local, a tal punto que la carretera ha sido motivo de los mayores conflictos sociales hasta el momento en este proyecto.

Sin embargo, ¿este estudio resuelve todos los problemas derivados del transporte minero? Según el recurso de apelación presentado hace poco por el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, aún queda mucho pan por rebanar en este tema.

En primer lugar, pese a que explícitamente SENACE está reconociendo que existen impactos de la ruta de transporte, no se está incorporando a las comunidades aledañas a dicho corredor vial como parte del área de influencia. Esto hace que los costos ocasionados por estos impactos terminen siendo “externalizados”, es decir, asumidos por quienes viven a lo largo de esa ruta, y no por la empresa minera que los genera. Además, al no ser consideradas estas personas como parte de la zona de influencia, no han sido consultadas durante el proceso de evaluación de la segunda y tercera modificatoria, lo que ha impedido que se garantice adecuadamente sus intereses y derechos.

Otra deficiencia tiene que ver con las medidas para el control del polvo en la ruta del transporte. Estas medidas de mitigación son incompletas e imprecisas y por tanto no podrá fiscalizarse su correcta ejecución. Por ejemplo, se indica que debe hacer un micropavimentado y base negra en ciertos tramos, es decir, se atenderá el problema en parte. En lo demás se hará regado. Pero además no se especifica qué tipo de micropavimentado, el espesor que tendrá. La misma deficiencia se encuentra en la aplicación de la base negra, pues no se especifica las características que tendrá, ni demás especificaciones técnicas que responden al tránsito vehicular proyectado.

Por otro lado, no se detalla el mantenimiento que debe corresponder a este tipo de medidas, por el desgaste proveniente de la rodadura de vehículos pesados. Al no estar especificado, resulta imposible medir el cumplimiento efectivo de la medida.

Tampoco existen especificaciones para el regado, mecanismo utilizado de manera convencional para el control del polvo; y éste no responde a cálculos sobre evaporación del suelo de manera estacional.

La apelación presentada por el Frente de Defensa señala que el SENACE aceptó estas medida de control sin observar que el polvo inadecuadamente controlado trae consecuencias económicas y sociales, incluyendo problemas en la salud de las personas; en el desarrollo de las especies vegetales (dado que el polvo bloquea las estomas de las plantas y dificulta el normal desarrollo de la fotosíntesis), afectando así los pastos que sirven de alimento para los animales que son sostén económico de las familias locales.

Otra deficiencia es el inadecuado tratamiento del ruido y vibración, que vienen produciendo afectación en las viviendas por el constante paso de vehículos pesados.

La necesidad de medidas de mitigación más adecuadas debió ser advertida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como entidad especializada en materia de transporte, pero lamentablemente la determinación de impactos y medidas de mitigación del transporte minero se realizó en la etapa de observaciones, por lo que dicho Ministerio no fue incluido en el proceso de evaluación, lo que explica una evaluación del impacto ambiental tan deficiente.

Tomando en cuenta estas consideraciones, el recurso de apelación presentado por el Frente de Defensa solicita la anulación de la resolución que aprueba esta tercera modificatoria, para corregir estas deficiencias. Desde CooperAcción, hemos señalado que la manera irregular en que se produjeron los cambios al componente de transporte minero, que inicialmente se iba a realizar mediante un mineroducto y no por carretera, muestra las debilidades existentes en los procesos de certificación y gestión ambiental. Precisamente, los impactos de la carretera son el principal foco de conflictividad social en este caso, lo que muestra una vez más que los conflictos sociales tienen que ver con las deficiencias de la gestión ambiental.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-bambas-ha-resuelto-los-problemas-de-la-carretera-con-su-tercera-modificatoria-de-eia/

Los ecosistemas de páramos andinos, donde nacen las aguas que conforman cuencas enteras, están bajo amenaza ante la expansión de la frontera agrícola y los proyectos extractivos de minerales. Pero esta amenaza no solo afecta al entorno sino también a las comunidades que viven esas zonas y sus alrededores, comunidades que no han logrado integrarse a la dinámica económica aun cuando son depositarias de conocimientos ancestrales sobre ellas y sus principales agentes de conservación.

El presente artículo describe las acciones organizativas y de innovación tecnológica que algunas de estas comunidades, en los páramos de Piura, están desarrollando para conservarlos y, al mismo tiempo, lograr su integración a circuitos económicos amplios y avanzar en su bienestar.

Los ecosistemas de montaña como los páramos, que son nacientes de cuencas y brindan servicios ambientales hídricos y de biodiversidad endémica, requieren ser gestionados por las comunidades que viven en ellos o en su entorno para garantizar su conservación y aprovechamiento sostenible.

Los páramos andinos del norte peruano, en la región Piura, constituyen las nacientes de las cuencas de los ríos Quiroz y Huancabamba, que suministran agua a dos reservorios para la irrigación de 40 000 hectáreas en Piura y 38 000 hectáreas en la región Lambayeque. Además, estos páramos tienen la más rica flora montañosa tropical del mundo, con aproximadamente 4 700 especies y un alto nivel de endemismo (Sánchez, 2012).

La gestión de conservación y manejo sostenible de un ecosistema como los páramos por las organizaciones comunales que los habitan, implica su integración en procesos interrelacionados de investigación e innovación de tipo tecnológico, organizacional e institucional, cuyos beneficios económicos, sociales, culturales y políticos se fundamentan en la conservación de este ecosistema (Zamora, 2005).
Actualmente las organizaciones comunales del territorio de los páramos cuentan con el acuerdo colectivo de la conservación de los páramos vigilado por las Rondas Campesinas. En cumplimiento de este acuerdo, desde 2010 han gestionado proyectos de investigación para la valorización de su biodiversidad (Torres, 2013), a fin de proteger su capital natural frente a la amenaza de proyectos de extracción de los minerales existentes en su subsuelo, como también para aprovechar las oportunidades del biocomercio.

Estas organizaciones comunales participan conjuntamente con entidades de investigación en la generación de conocimiento sobre la composición de la diversidad vegetal de los páramos, a partir de estudios etnobotánicos y caracterización de los compuestos bioactivos de especies medicinales y funcionales conocidas por mujeres y varones expertos, reconocidos por sus comunidades. Los productos de estas investigaciones son intangibles que no generan rentabilidad inmediata, sino que representan un capital social y cognitivo fundamental para las innovaciones tecnológicas orientadas a la conservación del páramo, ecosistema estratégico de montaña.

Las tecnologías que están desarrollando las comunidades son ecoinnovaciones; productos que, además de satisfacer una demanda de consumo concreta, satisfacen también una demanda social y económica mayor: la conservación hídrica ambiental y la biodiversidad endémica que brindan los páramos.

Las comunidades de los páramos mantienen una demanda insatisfecha: vincularse a la dinámica de la economía regional y nacional a través de sus productos. Ante ello, algunas han iniciado emprendimientos de innovación mediante cambios tecnológicos con objetivos como mejorar la elaboración de ciertos productos (quesos, papas, yogur, plantas aromáticas, frutales) y diversificar su producción (piscicultua de trucha) y sus servicios (ecoturismo), con base en planes de negocio y coinversión. Un valor agregado de estos productos y servicios es que se obtienen mediante tecnologías, prácticas y acuerdos colectivos orientados a la conservación de los páramos. El foco de las estrategias de conservación es el uso intensivo del suelo agropecuario actual y el racionamiento del uso de los volúmenes disponibles de agua, lo cual implica detener la expansión de la frontera agropecuaria hacia los páramos. Las tecnologías que están desarrollando las comunidades son ecoinnovaciones; productos que, además de satisfacer una demanda de consumo concreta, satisfacen también una demanda social y económica mayor: la conservación hídrica ambiental y la biodiversidad endémica que brindan los páramos. Estos factores constituyen servicios ecosistémicos que, a través de compensaciones e incentivos, deben ser retribuídos por la red de agentes de la cuenca que usan el agua.

La innovación orientada a la conservación de recursos estratégicos requiere de políticas de apoyo diferentes a las que se tiene para innovación agraria en zonas vinculadas a la economía industrial. Es necesario diseñar políticas específicas para el establecimiento de un sistema de innovación en el territorio de los páramos (gráfico 1).

Innovaciones tecnológicas e investigaciones orientadas a la innovación para la conservación de los páramos

En el entorno de los páramos de Piura se registran innovaciones tecnológicas orientadas a la conservación de los páramos, emprendidas por organizaciones comunales de Ayabaca y Huancabamba. Se trata de cambios tecnológicos enfocados en el uso racional del agua y el uso intensivo del suelo para la producción de bienes que tienen demanda y que detienen el avance de la frontera agropecuaria hacia los páramos.

Innovaciones tecnológicas

• Mediante sistemas portátiles de riego por aspersión, se incrementó la producción de leche por la mayor disponibilidad de pasturas sin aumento de la superficie. Las técnicas de procesamiento de los productos lácteos han mejorado su calidad, logrando un incremento de 60% en la producción de quesos y de 100% en los ingresos.

• Uso de semilla sexual en la producción de papa. En la décima parte de una hectárea (1 000 m2) se producen minitubérculos de alta sanidad en una cantidad que alcanza para cultivar 25 ha de papa, a solo el 40% del costo de los tubérculos-semillas procedentes de otras regiones (que, además, son portadores de enfermedades contaminantes de los suelos).

• Producción de alevines por la Asociación de Agricultores Conservacionistas de los Bosques del Páramo y Neblina, Pacaipampa (ACOBOSPA) para mejorar la rentabilidad de la crianza de trucha.

• Innovación del circuito turístico enfocado en la ruta del agua desde los reservorios a sus fuentes, los páramos.

Investigaciones para nuevas innovaciones

• La Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos (AMUPPA-Piura) ha seleccionado, durante tres años, cinco genotipos de papa con gran adaptación al cambio climático, a partir de 125 clones o genotipos proporcionados por el Centro Internacional de la Papa.

• Etnobotánica y bioprospección vegetal en páramos y bosques nublados del norte del Perú para la innovación médica y el biocomercio. Con ACOBOSPA se han estudiado 50 especies, determinando su identidad taxonómica. Se ha analizado el perfil fitoquímico y el nivel de toxicidad de 23 especies. Siete de ellas son altamente promisorias para domesticar por su alto contenido de compuestos fenólicos, flavonoides, significativo nivel de actividad antioxidante, valor de actividad antibiótica y muy bajos niveles de toxicidad. AMUPPA ha desarrollado cinco tipos de fitopreparaciones basados en especies medicinales.

• Caracterización, determinación taxonómica y perfil fitoquímico de cultivares nativos de papa del microgenocentro Altos de Frías de Ayabaca, Piura.

Organización para la gestión de las innovaciones orientadas a la conservación de los páramos

Las innovaciones e investigaciones que implementan las organizaciones sociales de los páramos como emprendimientos aislados son poco sostenibles. Necesitan articularse en un sistema o red de innovación para optimizar sus resultados a través de la gestión colectiva que les permita superar las restricciones de infraestructura y servicios que limitan la competitividad de sus productos. Es necesario un sistema de innovación territorial para incentivar el desarrollo del mercado de servicios, medio natural de la interacción e intercambio de conocimientos entre ofertantes y demandantes para la formación de redes de aprendizaje (Kuramoto, 2007).

Las acciones colectivas coordinadas a través de redes de innovación permiten a las organizaciones crear nuevas reglas de juego o una nueva institucionalidad que las favorezcan e incentiven políticas de desarrollo local o regional (Glave y Jaramillo, 2007).

Para ello las organizaciones han constituido la Plataforma de Concertación de Organizaciones para la Gestión de los Páramos y el Comité Territorial de los Páramos de Piura. La primera es el espacio de encuentro de las organizaciones donde se identifican las demandas prioritarias de innovación, se implementan las innovaciones y se proponen acciones para su institucionalización. La segunda gestiona la conversión de las innovaciones exitosas en normas o políticas para integrarlas a los Planes de Desarrollo Concertado en los diferentes niveles de gobierno (gráfico 1).

Referencias

– Glave, Manuel, y Jaramillo, Miguel (2007). Perú: instituciones y desarrollo. Avances y agenda de investigación. En: Grade (2007). Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Lima: GRADE, pp. 301-349. http://www.grade.edu.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/InvPolitDesarr-8.pdf

– Kuramoto, Juana R. (2007). Sistemas de innovación tecnológica. En: GRADE (2007), pp. 103-133. http://www.grade.edu.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/InvPolitDesarr-3.pdf

– Sánchez, Isidoro (2012). La diversidad biológica de Cajamarca: visión étnica, cultural y potencialidades. Cajamarca: Gobierno Regional de Cajamarca.

– Torres, Fidel (2013). Etnobotánica y sustancias bioactivas de las principales especies no maderables con potencial económico de los bosques de neblina del norte del Perú. Economía y sociedad, revista de investigación No. 82, pp. 61-71.

Fuente: