Desde tempranas horas pobladores de Fuerabamba y Cotabambas, en Apurímac, acudieron a Cusco para esperar al presidente Martín Vizcarra y exigirle que levante el estado de emergencia en el corredor minero del sur.

“Estamos recibiendo abusos, nuestra casa ha sido violada por la minera Las Bambas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros y por todos”, exclamó uno de los pobladores.

Desde el 2010 el corredor minero del sur es escenario de conflictos sociales que originaron protestas, bloqueos de carreteras, entre otrosa., por el rechazo de los campesinos a las mineras MMG Limited, dueña de Las Bambas; Hudbay Perú, que explota Constancia; y Glencore, que tiene en sus manos Antapaccay y Coroccohuayco. Todas extraen, principalmente, cobre.

Incluso en los años 2015 y 2016 las huelgas y enfrentamientos con la Policía dejaron cinco fallecidos.

La protesta fue considerada por el Ejecutivo como un conflicto activo en escalada. Por lo que el presidente Martín Vizcarra decidió este año declararlo en estado de emergencia por 30 días en el mes de setiembre. Este plazo fue ampliado sucesivamente.

Además, los pobladores piden ser incluidos como zona de influencia directa y también que se implemente la consulta previa para que los comuneros evalúen si aprueban la explotación en ese nuevo tajo. Al momento, no encuentra una solución.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1371599-martin-vizcarra-pobladores-apurimac-piden-levantar-emergencia-corredor-minero-sur-video?fbclid=IwAR1dMlJ1hWJWoxPrEyjLHWl7qrlnuRSp8Ibd2FIbUhwDrzbZLYOgHuIhYCk

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Perú.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH) sobre la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda, abogado de derechos humanos que trabaja en el Instituto de Defensa Legal (IDL)[1] y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista comprometido con la denuncia de los impactos sobre el derecho a la salud provocados por la contaminación ambiental.

Según la información recibida, el 8 de noviembre tuvo lugar la audiencia de control de la acusación que el Ministerio Público ha presentado en contra de los Sres. Ruíz Molleda y Osores Plenge por la supuesta comisión del delito de uso de documento público falso en agravio del Ministerio de Salud. La audiencia fue inicialmente suspendida hasta el 30 de noviembre y con posterioridad ha sido nuevamente aplazada hasta el 20 de diciembre.

Tras pasar por varias instancias del poder judicial peruano, el 11 de junio de 2018 la Fiscalía emitió su requerimiento acusatorio en contra de los Sres. Ruíz y Osores, en el que solicitaba la imposición de pena privativa de libertad de dos años, la pena accesoria de 30 a 90 días multa, así como el pago de una reparación civil de 6 mil soles (1 565 Euros). Según las mismas informaciones, la acusación del Ministerio Público presentaba serias falencias a nivel probatorio y además únicamente se basaba en una parte de la documentación puesto que no tomaba en consideración como parte de su valoración jurídica importantes elementos que habían sido aportados por la defensa en su solicitud de sobreseimiento[2].

El proceso en su contra se inició el 2 de octubre de 2015 con una denuncia penal presentada por elMinisterio de Salud (MINSA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) en la que se les acusaba de lo siguiente: delitos contra la fe pública en sus modalidades de falsedad ideológica (artículo 428 del Código penal), falsificación de documento público y uso de documento público falso (artículo 427), y falsedad genérica (artículo 438); así como el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública (artículo 315-A del Código Penal). Varios de estos delitos fueron posteriormente descartados por el Ministerio Público falta de elementos de convicción.

La acusación se produjo como reacción a la publicación en internet el 4 de agosto de 2015 de un artículo de los Sres. Juan Carlos Ruíz y Fernando Osores titulado «La contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas»[3]. En dicho artículo los Sres. Ruíz y Osores hicieron pública la violación de los derechos humanos de las comunidades en el marco de una crisis de intoxicación por metales pesados que padece la población campesina de Espinar (Departamento del Cusco) y que había provocado la muerte el 11 de mayo de 2015 en el Hospital Goyeneche de Arequipa de la Sra. Margarita Ccahuana Córdova, comunera de la comunidad campesina Alto Huancané que había solicitado asesoría y representación legal al IDL meses antes de su muerte. Para la elaboración del artículo los Sres. Ruíz y Osores contrastaron los resultados de un estudio médico de 2010 del MINSA, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS) en el que a la Sra. Margarita Ccahuana Córdova se le encontraron niveles elevados en los cuatros metales pesados bajo estudio, con otros informes médicos que acreditaban el mismo peligro.

Este caso de criminalización tiene lugar en un contexto de crisis socioambiental y de derechos humanos en la provincia de Espinar. Desde 2010 la población de Espinar reclama al Estado una atención médica especializada que haga frente a la exposición a metales pesados (plomo, cadmio, mercurio y arsénico entre otros) muy por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que estarían presuntamente vinculados con las actividades del proyecto minero Antapaccay, de la multinacional suiza Glencore. La crisis socioambiental ocasionó en 2012 una serie de protestas en las que murieron 3 manifestantes y otros 15 resultaron heridos en un contexto de fuerte represión y criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos. La represión de las comunidades se ha mantenido hasta la actualidad incluyendo a través de la aplicación abusiva y contraria a los estándares internacionales de los estados de emergencia en el Corredor Minero[4], la militarización, la criminalización de los dirigentes campesinos Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario[5] o el desplazamiento forzado de las comunidades campesina de Oquebambas y Alto Huarca en el año 2018, entre otras violaciones de derechos humanos.

El Observatorio muestra su preocupación por el hecho de que en octubre de 2018 el Congreso de la República archivase el Proyecto de ley sobre salud ambiental y humana de afectados por metales tóxicos, lo que parece evidenciar que, en vez de atender los problemas de fondo, se dedica a perseguir a las personas defensoras que denuncian estas violaciones de derechos humanos.

El Observatorio destaca las enormes dificultades que enfrentan quienes defienden derechos humanos en el Perú. Según cifras de la CNDDHH entre 2011 y la actualidad, 119 personas defensoras han sido asesinadas, y en 2017 más de 800 personas defensoras estaban siendo objeto de criminalización[6]. Durante una reciente misión en el Perú el Observatorio denunció que las personas defensoras trabajan en un clima de estigmatización y criminalización, y se enfrentan a un marco punitivo y represivo de la protesta social y la defensa de los derechos humanos y a la absoluta inacción de las autoridades para protegerlas.

Por todo lo anterior, el Observatorio condena la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda y Fernando Osores Plenge, y exige que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo al nivel judicial, en su contra. Además, el Observatorio insta al Estado peruano a cumplir con su compromiso de desarrollar una política pública integral de protección de las personas defensoras que incluya componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades del Perú instándolas a:

Velar por que se respeten las garantías del debido proceso y se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo al nivel judicial, en contra de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda y Fernando Osores Plenge, y en general, en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en el Perú;

Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que incluya componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad a través de un proceso amplio y participativo;

Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en el Perú;

Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.

De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Perú;

Direcciones:

• Sr. Martín Alberto Vizcarra, Presidente de la República del Perú. E-mail: secretariageneral@presidencia.gob.pe
• Sra. Silva Pessah, Ministra de Salud. E-mail: spessah@minsa.gob.pe
• Sr. Daniel Sánchez Velásquez, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. E-mail: dsanchezv@minjus.gob.pe
• Sr. Pedro Chavarry, Fiscal de la Nación. E-mail: pchavarry@mpfn.gob.pe
• Sr. José Luis Lecaros Cornejo, Presidente del Poder Judicial. E-mail: jlecaros@pj.gob.pe, oficinadederechoshumanos@pj.gob.pe
• Sr. Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo. E-mail: defensor@defensoria.gob.pe
• S. E. Sr. Claudio de la Puente, Embajador, Misión Permanente del Perú ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: misionperu@onuperu.org
• S. E. Sr. Gonzalo Gutiérrez Reinel, Embajador del Perú ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea . E-mail: info@embaperu.be
• S. E. Ana Rosa María Valdivieso Santa María, Embajadora del Perú ante la Organización de los Estados Americanos. E-mail: peru@oas.org

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas del Perú en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 10 de diciembre de 2018

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

E-mail: Appeals@fidh-omct.org

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/pronunciamientos/item/822-llamado-urgente-no-a-la-criminalizacion-de-juan-carlos-ruiz-molleda-y-fernando-osores-plenge?fbclid=IwAR0o44sTI7VrAX8ZBU1WZYlVcvqzDC4sZiln5wSrz9PtDZcaGd1rpaqBRtI

Durante cinco días, varias comunidades campesinas del distrito de Haquira (Apurímac) realizaron una paralización contra la empresa minera Anabi. La medida de protesta fue levantada este martes sin alcanzar ningún acuerdo con la empresa.

Entre los motivos de la protesta está el pedido de retirar la presa de relaves de Anabi, por ser un peligro permanente para la población de Haquira. Como se recuerda, meses atrás dicha presa de relaves colapsó, lo que ocasionó la muerte de cientos de truchas. Luego de ello, la empresa ha pretendido reparar el daño causado mediante el repoblamiento de truchas en el río. Sin embargo, las comunidades de Haquira consideran que este episodio muestra que la presa es un riesgo constante, y por ello piden su retiro y su reubicación en otra zona.

Fueron cuatro las comunidades que se manifestaron en esta oportunidad: Patán, Pauchi, Piscocalla y Huancascca. La protesta se produjo tras varios intentos de diálogo y envío de diversas cartas y oficios por parte de las comunidades, las mismas que no fueron atendidas oportunamente.

Otra de las razones de la protesta tiene que ver con la ausencia de desarrollo económico en la zona, pese a la actividad de esta empresa minera. Las comunidades reclaman que, al no estar incluidas en el Área de Influencia Directa de la mina según su Estudio de Impacto Ambiental, no participan de ninguna forma en los beneficios económicos que genera la empresa.

Como se recuerda, a mediados de noviembre también tuvo lugar una movilización por parte de varias comunidades de parte alta del distrito de Haquira contra la empresa minera Anabi, por supuesta contaminación de los ríos Kulluchaca y Suni, así como por los impactos del transporte que utiliza la empresa en las vías, que vendría ocasionando muerte de animales en varias oportunidades.

Anabi desarrolla el proyecto de oro “Utunsa” en el límite entre Apurímac y Cusco.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/12/04/protesta-contra-anabi-en-apurimac/

El dos veces rechazado proyecto minero “Tía María” se acerca a horas decisivas. La empresa Southern Perú ha incrementado la presión pública sobre el Gobierno para que le otorgue la licencia de construcción, la última autorización que le falta. ¿El apuro? En agosto próximo vence el plazo de vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado el 2014.

Si el Gobierno no le otorga la licencia de construcción antes de agosto, la empresa tendrá que hacer nuevos estudios, lo que implica un mayor gasto.

La semana pasada, la empresa anunció el relanzamiento del polémico proyecto y presentó cifras de encuestas realizadas en la zona, donde supuestamente se vería un mayor apoyo popular a la actividad minera. Según las encuestas contratadas por la empresa, en el Valle del Tambo el 66% consideraría que el proyecto Tía María beneficiaría a la población. Sin embargo, no se ha hecho pública la ficha técnica de esas encuestas, lo que no permite conocer su margen de error, muestra ni otros elementos relevantes.

Lo cierto es que las organizaciones sociales de la región continúan sosteniendo una fuerte oposición al proyecto. José Blanco y María Luzmila Marroquín, dirigentes del valle de Tambo, afirmaron que la encuesta no es representativa y retaron a la empresa transnacional a hacer el sondeo públicamente. Además, señalaron que en próximas reuniones evaluarán una huelga indefinida ante lo que consideraron una provocación.

Por otra parte, el alcalde recientemente electo de Cocachacra, Julio Cornejo, ha asegurado nuevamente que el proyecto no va y que el rechazo de la ciudadanía es total. La elección de un conocido opositor a Tía María como alcalde muestra una vez más el rechazo al proyecto en la zona, pese al tiempo transcurrido tras las intensas protestas de 2011 y 2015 que llevaron a la suspensión del mismo.

De igual forma, los dos candidatos al Gobierno Regional que disputaron ayer una reñida segunda vuelta, tuvieron expresiones críticas al proyecto. Javier Ismodes argumentó que los proyectos no pasarán mientras no exista la licencia social, en tanto que el electo Elmer Cáceres aseguró que el proyecto de cobre “no va” porque no cuenta con el respaldo de los habitantes y porque generaría un impacto ambiental.

La presión de la empresa arrecia también en los medios de comunicación, y es notoria una campaña de publicidad a favor del proyecto que invade incluso las publicaciones periodísticas sobre el tema.

En cuanto a la posición del Gobierno, se sabe que el Ministerio de Energía y Minas ha incluido a Tía María en la proyección de inversiones mineras para el 2019. Además, hace pocos días el viceministro de Energía y Minas manifestó que el proyecto podría obtener el visto bueno final para pasar a la etapa de ejecución en diciembre.

Sin embargo, el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, presumió que si el Gobierno no otorga aún la autorización, sería porque aún falta un problema por resolver, que podría ser el descontento de la población del valle de Tambo en la provincia de Islay.

Hace unas semanas, el presidente Martín Vizcarra indicó que ningún proyecto será impuesto a la población. Sin embargo, Raúl Jacobs, vicepresidente de Finanzas de Southern, señaló la semana pasada en conferencia de prensa que la denominada licencia social “es un concepto” y lo que importa es la decisión del gobierno.

Como se recuerda, el proyecto ha sido suspendido en dos oportunidades ante la fuerte oposición social. Preocupa que, ante el pronto vencimiento del EIA, se apresure la ejecución de un proyecto que podría poner al país nuevamente ante un contexto de gran conflictividad social.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/12/10/aumenta-presion-de-southern-por-tia-maria/?fbclid=IwAR3IrCQgqV_rpqppg8Bx6kPGzORghVPEbyPHIRI-IrRuPRj2NwYej3wAe58

Como resultado secundario de un plan piloto de nutrición en el centro poblado de Huaccho en el distrito de Quillo, realizado por la congregación religiosa Hermas del Buen Socorro en el Perú, se detectó durante un análisis médico altas concentraciones de plomo en la sangre de 46 personas. Tres de los 27 niños afectados se encuentran en un estado muy crítico según el Centro de Salud de Huaccho. La Comunidad Campesina Virgen del Rosario de Quillo denunció ante las autoridades de la DREM, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, que la causa de la contaminación de agua es generada por parte de la empresa minera Coemina Sac y sus actividades en la cabecera de la cuenca Sechín.

Las autoridades mencionadas iniciaron investigaciones del caso en el centro poblado de Huaccho a causa de las graves condiciones de contaminación y sus efectos fuertemente negativos en la salud de la población local. La policía dio a conocer que existe la posibilidad de un conflicto abierto entre las comunidades con el apoyo de las autoridades locales frente la empresa minera que sigue operando en esa zona.

La situación de contaminación ya va ocurriendo hace varios años y se supone que las aguas contaminadas provienen del campamento cerca de la cuenca de Sechín y que el rio, del cual la comunidad se abastece, va pasando por antiguos relaves de actividades mineras pasadas en la zona.

Acompañando el caso, la parlamentaria María Elena Foronda señaló como urgente la intervención inmediata de la OEFA, de la Fiscalía de Medio Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas. Pidió que el Ministerio de Salud actúe de inmediato frente a la denuncia de la comunidad campesina de Quillo. Foronda exigió que se recopile información oficial sobre el caso de los afectados y se encuentre los responsables de la contaminación.

Red Muqui exige que las autoridades del gobierno regional implementen la fiscalización ambiental y que haya una intervención por parte de la OEFA y del Ministerio de Salud aplicando la política pública recientemente aprobada el 26 de octubre:»Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas». Es urgente que desde la PCM se garantice la implementación de los lineamientos a nivel multisectorial con plazos y metas, para actuar frente a casos como este.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/820-ninos-en-estado-critico-por-envenenamiento-con-plomo-en-huaccho

Este domingo 9 de diciembre vamos de nuevo a las urnas. En algunas regiones para que  se decida en segunda vuelta quiénes serán sus nuevas autoridades y en paralelo en todo el país, para responder en referéndum cuatro preguntas fundamentales: la necesaria reforma de la justicia, el financiamiento de los partidos políticos, la reelección de congresistas y la bicameralidad.

Si la agenda de la corrupción y de la reforma del sistema de justicia y la política, ha sido en gran medida lo que ha concitado la atención general en los últimos meses, cabe preguntar sobre cuáles deberían ser los temas de la agenda post referéndum.

Por ejemplo, como vienen insistiendo varios especialistas, la economía anda estancada desde hace tiempo. A estas alturas es muy difícil que se cumpla el pronóstico de crecimiento del gobierno para este año: los últimos indicadores muestran una proyección por debajo del anunciado 4%. Además, indicadores importantes como el del empleo siguen siendo preocupantes: como lo señala el economista Pedro Francke, el último año se han perdido 34 mil puestos de trabajo en empresas de más de 10 trabajadores y el subempleo por horas ha aumentado. No hay que olvidar que cada año se incorporan al mercado laboral más de 300 mil jóvenes peruanos, aparte de la fuerza de trabajo de inmigrantes que no ha cesado de aumentar.

A todas luces se necesita un cambio de timón en la política económica y no seguir insistiendo en las mismas recetas que se ha comprobado que no funcionan. Ahora, con un escenario internacional complicado y con los precios de las materias primas a la baja, es difícil pensar que la economía peruana pueda retomar los niveles de crecimiento de la etapa del súper ciclo de precios de nuestras exportaciones.

En medio de todos estos hechos, el anuncio del relanzamiento de proyectos de inversión en minería fue parte del optimismo que generaron los buenos precios de los minerales en el primer semestre, situación que ha cambiado en el segundo semestre. Luego de oficializarse el inicio de proyectos como Quellaveco, Pampa de Pongo, la adquisición de Michiquillay, entre otros de menor magnitud, algunas empresas se animaron a anunciar que estaban buscando relanzar proyectos fuertemente cuestionados.

Por ejemplo, Southern Perú anunció que sólo estaba esperando la licencia de construcción correspondiente para iniciar el desarrollo del proyecto Tía María, desconociendo la fuerte resistencia que el proyecto sigue generando en el Valle del Tambo. El gobierno chino y la propia empresa Zijing han demandado apoyo a las autoridades peruanas para sacar adelante el controvertido proyecto Río Blanco que se ubica en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca. Otro anuncio tiene que ver con el proyecto Cañariaco de la empresa canadiense Candente Cooper, en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe en la región Lambayeque que, como se sabe, ha enfrentado una fuerte oposición de las comunidades de la zona.

Habrá que ver cómo evoluciona la situación en estos y en otros casos de proyectos mineros que en su momento enfrentaron fuertes resistencias y originaron conflictos de envergadura en diferentes regiones del país.

Por otro lado, el gobierno del presidente Vizcarra ha mantenido la tendencia de declarar estados de emergencia, como viene ocurriendo en la zona del denominado corredor minero del Sur Andino. Por ejemplo, el pasado 26 de noviembre se emitió un nuevo Decreto Supremo que prorroga esta medida de excepción por otros 30 días, suspendiendo las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.

Es la enésima declaratoria de estado de emergencia en esta zona, una situación que se  repite una y otra vez desde el 2016. Nuestras autoridades deberían replantear esta situación y buscar caminos alternativos para construir una gobernabilidad democrática que respete los derechos de la ciudadanía. Para ello, es indispensable afrontar y resolver la agenda legítima de demandas que se encuentran pendientes.

Sería importante que el gobierno del presidente Vizcarra, comience a pensar en que la agenda post referéndum incluye no sólo las necesarias reformas en el sistema de justicia y de la política; también debería incorporar en paralelo la agenda ambiental, la social y la económica.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-proximo-9-de-diciembre/

Sierra Metals, se enfrenta a un retraso en su proyecto de expansión de relaves Yauricocha, luego del rechazo del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la instalación de deposición.

Se requiere un EIA aprobado para un permiso de construcción para las siguientes tres fases de la extensión de la presa de relaves, que permitirá una expansión del 20% de la producción de la mina de Yauricocha a 3 600 t / d.

Sin embargo, la compañía sostiene que ha presentado toda la documentación requerida y que es optimista que la decisión será revisada.

“Si bien estamos decepcionados, no creemos que esta decisión se haya tomado con todos los hechos. Esta decisión fue preliminar y no se basó ni incluyó toda la información presentada. Los miembros clave del equipo de administración se reunirán con las autoridades para proporcionar y demostrar cumplimiento total de los requisitos. La gerencia cree que una vez que se revise toda la información correcta, recibiremos una respuesta positiva de las autoridades “, dijo el CEO Igor Gonzales .

Sierra Metals dijo que el retraso en la EIA podría resultar en un déficit temporal del 7% en su producción diaria de mineral, en comparación con los proyectos que no incluyeron una demora en el permiso EIA.

Gonzales señaló que los planes de expansión en México a 3 600 t / d en Bolívar y a 1 200 t / d en Cusi aún estaban en marcha y se completarían en el primer trimestre de 2019.

Están en la selva peruana, habitan reservas y viven aislados. La explotación de la coca, oro y la industria forestal avanzan con violencia en su hábitat.

Al igual que los cazadores-recolectores que mataron a un norteamericano este mes en una isla de la India, amerindios de la Amazonía rechazan todo contacto con el mundo exterior pero los narcotraficantes, la explotación minera y forestal los exponen a crecientes peligros.

La mitad del territorio peruano está en la Amazonía, pero ésta es la región menos poblada del país, donde hay 16 comunidades que viven en aislamiento voluntario, con unos 4.500 habitantes en total. Habitan en reservas en las regiones de Ucayali, Madre de Dios y Cusco, que tiene una zona andina y otra de selva.

Las autoridades y comuneros del centro poblado de Huaccho, en el distrito de Quillo de provincia de Yungay, en la región Áncash, se encuentran sumamente preocupados por el grave peligro que atraviesa la población, por la contaminación minera de Coemina Sac de presuntamente estar contaminando el agua de los canales de agua que ellos consumen.

Dentro de un plan piloto de nutrición que realiza la congregación religiosa Hermanas del Buen Socorro en el Perú se ha descubierto que 46 personas arrojaron altos niveles de plomo en su sangre.

La Comunidad Campesina Virgen del Rosario de Quillo denunció que el 27 de noviembre 63 personas pasaron evaluación médica en el Centro de Salud de Huaccho, de las cuales 46 tienen en su sangre altos niveles de plomo, 27 son niños y tres de ellos se encuentran estado muy crítico.

Los comuneros mencionaron ante las autoridades de la Dirección Regional de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo y la Fiscalía que la causa probable sería la contaminación que se vendría generando a partir de la actividad extractiva de la empresa minera Coemina Sac, cuyo campamento se encuentra en la cabeza de la cuenca Sechín, muy próximo a la fuente de agua de la cual se abastecen como centro poblado, además han instalado letrinas, cuyas filtraciones van directamente al río que los abastece.

Debido a esta grave situación de contaminación ambiental y daño en la salud de las personas, las entidades mencionadas realizaron una diligencia de constatación en el centro poblado de Huaccho, principalmente en su centro de salud, donde recogieron la información de primera mano, relacionada a la presencia de altos niveles de plomo en la sangre de gran parte de esta comunidad.

Según se conoció a nivel policial, no se descarta la posibilidad de que las comunidades con el apoyo de las autoridades de la zona pretendan ocasionar alteraciones del orden público para exigir que la empresa minera suspenda sus operaciones.

Fuente:http://www.ancashnoticias.com/2018/11/28/yungay-ninos-con-plomo-en-su-sangre-y-comuneros-culpan-a-minera-coemina/?fbclid=IwAR2jOlG8Jyz69Z_xvRZ5XOdd4fpe3yIVdFrp6KBEUeQayFZWvJjaqtnxKl0

Una planta procesadora de oro estaría contaminando con desechos químicos al pueblo de San José, ubicado en el distrito de La Joya

Residentes de la zona señalan que esta planta viene contaminando el lugar desde hace algún tiempo con relaves. Asimismo, hasta el momento no han regularizado su autorización y otros documentos que le permitan operar legalmente.

Por otra parte, afirman que esta planta procesadora no cumple con el reglamento vigente para la actividad minera. Está ubicada a no más de 8 metros del pueblo de San José, lo que convierte a este lugar en una zona crítica. Sus pobladores estarían expuestos a contaminarse con los compuestos químicos que desecha la planta, constantemente.

Roberto Inofuente Velazco, asesor de los pobladores, señala que los permisos son solicitados por el gerente de la planta La Joya, Dante Pinto Otazú. Añade que Pinto también forma parte de la consultora COPISAM. El problema es que esta empresa emitió un informe ambiental que dio visto bueno al funcionamiento de la planta.

Asimismo, a pesar de las marchas y huelgas que ya se han realizado, los pobladores no encuentran una respuesta. El gobierno regional ni ninguna otra instancia se ha pronunciado. La gobernadora regional, Yamila Osorio, no se ha manifestado respecto a una reunión que le han solicitado.

Fuente:https://elbuho.pe/2018/11/28/arequipa-la-joya-planta-procesadora-oro/?fbclid=IwAR3Co1cXkm3dsRrHEHXewyU8LR0kPXiUESoIdPbQT04gCUzzbVADxgBGWdg