2019-02-08
Marco Arana
En diciembre del año pasado ocurrió una rotura de la tubería de drenaje en la que se filtró relave de la poza de estos, en la unidad minera Cerro Corona de propiedad de Gold Fields (una de las mayores transnacionales mineras del mundo). Esta emergencia ambiental generó que murieran más de 7 mil truchas e impactó en las aguas y suelos, que terminaron contaminados; una vez más fueron afectadas las personas.

Hualgayoc es la provincia con mayor existencia de pasivos ambientales mineros del país. Según informes del Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (CENSOPAS), organismo dependiente del Ministerio de Salud, cientos de personas de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur tienen arsénico y otros metales pesados en su sangre. Cualquier afectación más, sólo puede contribuir a agravar su situación.

Defender derechos: La tarea permanente

En Lima, desde el Congreso, habiendo sido informado por las rondas campesinas, inmediatamente acudimos a las autoridades correspondientes: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), contamos también con la participación del alcalde provincial recientemente electo que se hallaba en Lima. Tuvimos una larga reunión con las altas autoridades de los organismos mencionados. Del OEFA nos informaron que obtener los resultados de los análisis definitivos de la contaminación ocurrida, demoraría aproximadamente tres meses y, si es que la empresa interponía (como efectivamente lo hizo) el procedimiento de contra muestras, el proceso podría tardar “unos meses más”. Buena voluntad y disponibilidad había en los funcionarios del OEFA, pero son parte del Estado débil, centralista, que por tres décadas ha abdicado a sus funciones de fiscalización y control y, permitido casi la cancha libre a las autorregulaciones de las empresas que actúan “responsablemente”.

Bajo este concepto, por ejemplo, las grandes mineras no pagan por uso de agua en base a medidores que permiten saber cuánta agua extraen y usan, ellas pagan por agua solo en base a una declaración jurada, pues la Autoridad Nacional del Agua “presume la buena fe de las empresas”.

El Estado Centralista. “Con la Salud: Sí, se Juega”

Los plazos demorados, la indolencia, los derechos ignorados parecen valer menos cuando se trata de campesinos y campesinas que además están lejos de Lima y las autoridades saben que, si acaso sale alguna noticia sobre lo acontecido no habrá escándalo mediático. La burocracia parece dar la respuesta de siempre: “pueden aguantar”, “ya lo resolveremos”.

En el país que algunos llaman “Perú: país minero”, el OEFA, el organismo encargado de supervisar y fiscalizar las operaciones mineras (y otras), no tiene laboratorio especializado propio para hacer los exámenes de contaminación minera. ¡Recién lo tendría en algunos años más!

Por cierto, los famosos Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) no exigen el establecimiento de una línea de base de salud ambiental. Así que, si como fruto de los daños ambientales, las poblaciones aledañas a operaciones mineras contraen metales pesados y extrañas enfermedades asociadas a ellos. Bien se puede decir que estaban contaminadas desde siempre “por contaminación natural”. No es broma, hay “expertos” que sostienen hasta públicamente este argumento. En realidad, los EIAs debieran contener una línea de base de salud ambiental y el Minsterio de Salud (MINSA) el suyo, de manera que se puedan contrastar los impactos ambientales en la salud y salir de toda duda. Dice el refrán tan conocido por todos que “con la salud no se juega”, pero la realidad muestra que en Perú sí se juega con la salud de las poblaciones de las áreas de impacto donde se realizan estas operaciones.

Envenenan la Vida de la Gente

El Perú tiene 20 años de bonanza agroindustrial con utilización de miles de toneladas de agro químicos y pesticidas, 30 años de enorme expansión minera contaminando aguas, suelos, aire y también miles de personas, tales como los casos de La Oroya, Choropampa, Espinar, Ilo, Callao, Pasco, Azángaro, Huancané, Moquegua, Huancavelica, Ayacucho con Catalina Huanca, entre otros. Dieciséis ríos de la costa, incluido el RÍmac que abastece a la mayor población del Perú, tienen metales pesados.

Se habla muchísimo de las bondades de la minería y a veces de los niños y niñas con plomo, con arsénico y mercurio en la sangre, que llegan con sus padres y madres también envenenados, los cuales, de vez en cuando llegan a encadenarse en las rejas del Ministerio de Salud. Ministerio que tiene una dirección de salud ambiental (DIGESA) que parece inexistente o maniatada y van al Ministerio de Energía y Minas, donde muchas veces ni siquiera los reciben o si lo hacen les ofrecen alguna vaga promesa que casi nunca se cumple.

Las personas intoxicadas con metales pesados no es la gente que tiene el poder del billete, son más bien las víctimas empobrecidas y envenenadas que quedan en el camino y que a muchos economistas, opinólogos y grandes medios de comunicación, poco les importa pues están más preocupados por promover el crecimiento, las ganancias y los beneficios de las inversiones mineras.

“Protesto: Luego Existo” [1]

Cuando una vez más surgen las protestas, esta vez de los campesinos y campesinas de Hualgayoc y Bambamarca, todo indica que mientras no haya incendios, violencia o daños económicos a las importantes actividades económicas simplemente se les ignora. “Son cuatro gatos” diría Aldo Mariátegui, Jaime De Althaus y muchos otros. Total, en el Perú, fue Alan García –siendo Presidente– el que dijo que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría.

De allí que si hay miles de ciudadanos que se ven afectados por la pérdida de sus fuentes de abastecimiento de agua o la contaminación de las mismas, es casi una cuestión de “mala suerte” que así sea. Mala suerte que no estés en Lima en donde, si te quedas unas horas o unos días sin agua, es noticia y hasta podría ser un escándalo nacional. Después, quienes tienen el poder o viven de espaldas a la realidad se molestan por qué los “cholos y cholas” migran. En sus medios suelen decir “ustedes, los que viven en las provincias alejadas”.

Así, por ejemplo, no es ni será noticia si miles de peruanos y peruanas viven al lado de una gran minera o una explotación petrolera que destruye sus fuentes naturales de agua, las contamina o en compensación les da agua contaminada engañándoles que es agua potable. No es un invento, ni un argumento anti minero o anti inversión. Esto está ocurriendo con las personas afectadas por la minera canadiense Tahoe-Shauindo, que está sacando oro en el valle de Condebamba en la provincia de Cajabamba, en Cajamarca. Allí los campesinos y campesinas, reciben agua en cisternas que almacenan en tanques de rotoplast, regalados por la minera luego que dañará la calidad de las aguas de sus sistemas de captación. La Defensoría del Pueblo lo sabe. La comisión de Energía y Minas del Congreso, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) lo saben. Lo saben, también, la Dirección Regional de Salud Ambiental, la fiscalía y la policía ambiental y el OEFA, con cuyo personal hemos estado en la misma zona donde han ocurrido los graves daños.

Es el Perú que duele, que subleva. ¡Es el Perú cuyas injusticias ambientales y sociales seculares deberemos cambiar!

No de Ahora, Sino de Siempre

Yo era estudiante del colegio cuando en tiempos de la dictadura militar de Morales Bermúdez, los campesinos de Bambamarca, hicieron una gran protesta contra la contaminación de los ríos Tingo, Maygasbamba y Arascorgue. Entonces eran las minas del Banco Minero (de propiedad del Estado), de la familia Santolalla y en los 80 también de los Benavides que permitían que los niños y niñas se metieran a los socavones, pues sus padres se habían muerto con los pulmones reventados por la silicosis y tenían que ganarse el pan de cada día y, en el mes de marzo, tener que trabajar para que los hermanitos menores pudieran comprar los cuadernos y el uniforme. No me lo han contado, yo mismo hice un video artesanal sobre estas injusticias a inicios de los años 80.

No solo con Plomo en la Sangre, sino también con Plomo de Fusiles

En las protestas de fines de los 70, en la plaza de armas de Bambamarca, la policía disparó a quemarropa y asesinó a un campesino. Las protestas se agudizaron y fue enviado el ejército y se impuso el estado de sitio. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Las autoridades del MEM y el MINAM (que hoy, aunque débil y arrimado por poderosos intereses económicos, al menos, existe) han establecido que Hualgayoc es la provincia del país que tiene el mayor número de pasivos ambientales mineros, es decir, más lugares de vómitos de aguas tóxicas, de minas abandonadas que fluyen desde las cabeceras de cuencas hacia la parte baja de los valles y ciudades. En la actualidad, esta provincia tiene los impactos ya no solo de la vieja minería sino también de la moderna minería: Gold Fields en Cerro Corona; el Grupo Buenaventura en el cerro Tantahuatay y de Yanacocha en la cabecera de cuenca del Río Llaucano.

¿Qué ha cambiado? La contaminación minera es ahora mayor. La contaminación actual se acumula a los daños de la anterior y el peligro es mayor aún porque las operaciones mineras modernas pueden devorar montañas en pocos meses o años y sacar los minerales valiosos utilizando miles de kilogramos de cianuro para extraer oro o millones de litros de ácido sulfúrico para extraer cobre.

¿Más cambios?

Después de casi 40 años, en el año 2012, Ollanta Humala y el carnicero Óscar Valdés ordenaron a la policía y Al ejército que dispararan a los campesinos movilizados en las plazas de Armas de Celendín y Bambamarca. En esta última, le quitaron la vida a Joselito Vásquez Jambo, quien tenía solo 27 años, esta vez no fue con plomo diseminado en las fuentes de agua, sino con plomo de fusil y a otro joven como Elmer Campos, le cercenaron la médula con balas de AKM y lo dejaron parapléjico, con su discapacidad y dolor, para siempre.

De Alberto Fujimori a Martín Vizcarra: Continuismo Neoliberal Extractivista

Mientras en el Congreso de la República, la mayoría de bancadas parlamentarias: FP, APRA, AP, PPK, APP (también los llamados liberales y republicanos) aprobaron más leyes para seguir con las exoneraciones tributarias de las grandes empresas mineras y petroleras, las mismas que no pagan sus multas ambientales, al igual como ocurre con las AFPs que ganan miles de millones de soles mientras los trabajadores que aportan los pierden. En el sector minero, la SUNAT, les devuelve más dinero del que aportan en impuestos.

Es la política neoliberal extractivista, es decir, la extracción masiva de recursos naturales, sin mayor valor agregado, destinado a voraces mercados extranjeros en los que se obtienen fabulosas ganancias sin hacerse cargo de los inmensos daños ambientales. Todo eso con la ayuda de un Estado sometido y corrupto que desprotege y vulnera los derechos sociales y ambientales de las poblaciones aledañas a esas operaciones.

Con el Presidente Vizcarra, nada de esto ha cambiado

En todo esto, el gobierno del presidente Martín Vizcarra sigue siendo la continuidad de las políticas y de las prioridades que instauró el régimen corrupto de Alberto Fujimori y Montesinos y la que continuaron los demás presidentes corruptos. El prófugo Alejandro Toledo, el que impedimos que fugue: Alan García, el que algunas izquierdas apoyaron: Ollanta Humala y también el que logramos que fuera renunciado: PPK.

No vemos que esto vaya a cambiar, no con la ley de presupuesto aprobada para este año, ni menos con la ley de competitividad que viene impulsando el gobierno. Menos cuando vemos que acaban de apartar del proceso al juez Carhuancho que estaba viendo los delitos que habría cometido Keiko Fujimori y cuando abren investigación al fiscal Vela por investigar al “cuello blanco” Pedro Chávarry.

Mantenerse Firmes y Consecuentes para Defender la Justicia

Ciertamente, desde la sociedad civil y desde los sectores políticos que buscamos un cambio del modelo económico habrá que seguir exigiendo y luchando para que estos cambios se produzcan. La legitimidad del Presidente no proviene del respaldo de los grupos de poder económico que nos han sumido en el enorme tajo abierto de la corrupción, sino del respaldo popular que le permite gobernar y que demanda respeto y justicia, que demanda firme compromiso con la defensa del bien común y lucha sin tregua contra la corrupción.

No espere el gobierno, no esperen las empresas que las poblaciones se queden calladas frente a tanto atropello. En el sur, han impuesto el estado de emergencia para que la minera china Las Bambas siga operando a sabiendas que violó los compromisos del estudio de impacto ambiental que implicaba construir un mineroducto cuya construcción abandonaron para construir una megavía de transporte que, al no estar asfaltada, todos los días llena de polvo las pasturas de los campesinos, agricultores y ganaderos, que viven en la zona. Sí es la misma minera que consiguió una ley especial del Congreso (en tiempos de Humala), ley con nombre propio que le permitió a la empresa suiza Glencore vender en el extranjero la mina a la empresa china MinMetals sin que pagaran los impuestos, que sí debían pagar al fisco nacional.

Otra vez, Hualgayoc y Bambamarca, vuelven a decir: “Cajamarca, te quiero, por eso te defiendo”

No dejemos de oír estas voces que claman por respeto y por derechos. Sus reclamos son justos y atendibles. Incluso, dentro del actual marco legal existen atribuciones que la ANA y el OEFA tienen para impedir más daños irremediables sobre las aguas y sobre las poblaciones que dependemos de ellas.

Históricamente, Cajamarca ha sacrificado bastantes vidas desde que se impuso la extracción comercial de los minerales. No somos hace 500 años. Con Yanacocha y esta vez con muchísimas más toneladas de oro, se ha pagado un segundo rescate que no ha llegado y que, por el contrario, se ha traducido en mayor contaminación y el abandono de otras formas de desarrollo que, si bien podrían no amasar fortunas en manos de pocos, podría permitir buen estado de bienestar y satisfacción de necesidades de las mayorías y, sin envenenar los ríos que son las venas de las tierras que hasta hoy generosamente producen pastos y alimentos.

Las cifras sí importan. No son uno, no son dos.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo[2], sólo en Hualgayoc, Chugur y Bambamarca, son alrededor de 300 personas afectadas por metales pesados. Ello, sin considerar que, en realidad, la afectación ambiental abarca no sólo a la población en Hualgayoc, sino también a las poblaciones aledañas; las cuales, hacen uso de las aguas contaminadas que, a través de sus efluentes, llegan a otras localidades. Esto, arroja una cifra de alrededor de 20,000 personas.

Sin embargo, en el 2017, el presupuesto regional para la atención de la problemática de salud ambiental, se redujo en un 70%, pese a que Hualgayoc cuenta con más de 1200 pasivos ambientales mineros.

La remediación de los pasivos ambientales mineros en Hualgayoc, que las empresas mineras no quisieron asumir, bordea los 25 millones de dólares; cifra que debe ser repartida en trabajos de taponeo, manejo de aguas y revegetación. Esto es menos de lo que las mineras se llevaron tras la depredación del ambiente y, en algunos casos, dejando sin fuentes de agua a poblaciones íntegras.

El Ejecutivo ha anunciado que invertirá, alrededor de 10 millones de soles, a través de Activos Mineros- Sin embargo, esta cifra no es suficiente para remediar suelos y aguas con sedimentos que sólo perpetúan la contaminación ambiental de la población cajamarquina.

El oro y cobre bajo el suelo de Cajamarca significó ganancias de más de 250 millones de soles, por empresa minera, que dejó en abandono sus componentes; los cuales al no cumplir con planes de cierre adecuados, van dejando huellas hídricas y climáticas, en una de las regiones más pobres del país.

Sí, Cajamarca, la región con oro bajo sus tierras, no cuenta con agua potable en diferentes localidades, infraestructura hospitalaria adecuada, ni un verdadero desarrollo educativo. Por el contrario, sus hombres y mujeres, deben vivir a la espera de un Estado que los olvida y de una minería que avanza, dejando rastros ambientales difícil de borrar.

¡Por ello, basta de minería sin planificación ni controles!

Implementación urgente de la ley de protección de cabeceras de cuencas, para lo cual se requiere el Marco Metodológico, con eficiente gestión y transparencia en la ANA, el OEFA, las fiscalías ambientales y sin corrupción de alto vuelo en el gobierno central o, el gobierno regional que tiene un nuevo Presidente y en los gobiernos locales que tienen nuevos Alcaldes.

Solidaridad plena con la lucha de las rondas campesinas y el Frente de Defensa Ambiental de Hualgayoc-Bambamarca y Chugur.

Marco Arana Zegarra – Congresista de la República.

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[1] Titular de La República. Conflicto de Combayo, Agosto 2006.

[2] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/NP-271-2017.pdf

https://vozdelatierra.lamula.pe/2019/02/08/bambamarca-nuevas-protestas-frente-a-la-contaminacion-minera/vozdelatierra/

31 Ene, 2019
Comunidad de Espinar consume agua contaminada con cuatro metales pesados

Redacción Wayka

El Comité de Lucha en Defensa del agua y la Salud de Espinar demandó a las autoridades que se declare en emergencia sanitaria a Yauri, la capital de esta provincia, debido a la contaminación del agua con metales pesados y que viene siendo consumida la comunidad.

El comité de lucha también exigió que se declare en emergencia el abastecimiento de agua potable en Yauri, además de que se inicien las acciones de remediación y prevención para evitar daños en la salud de la población.

Ellos aseguran que la planta de tratamiento Virgen de Chapi, esta contaminada con arsénico, hierro, manganeso y aluminio, por lo que los 35 mil ciudadanos de Yauri están en peligro inminente.

El municipio de Espinar ha declarado en emergencia el sistema de abastecimiento de agua potable por 180 días aunque no se ha hecho público el plan de acción, ni se han realizado las acciones del caso y demandan que el Ministerio Público investigue el origen de la contaminación y determine los responsables de esta situación.

El lunes 28 de enero, la comunidad de Espinar se movilizó exigiendo soluciones a la contaminación de su agua. Ellos llegaron hasta la plaza central de Espinar en donde los dirigentes hablaron y explicaron las demandas de su protesta. ‘Vida sí, muerte no’, arengaron.
Protesta en Espinar

Además, especialistas aseguran que el arsénico, manganeso, hierro y aluminio producen, a largo plazo, tipos de cáncer, problema en el desarrollo de fetos y niños, artritis, enfermedades cardiovasculares, etc.

Comunidad de Espinar consume agua contaminada con cuatro metales pesados

7 Feb, 2019
Cajamarca: Inician paro indefinido contra contaminación minera en Bambamarca
Redacción Wayka
Foto: Planet Piero
La comunidad de Bambamarca ha iniciado un paro indefinido en esta zona de Cajamarca producto de la ausencia de las autoridades del Estado y el desinterés de las mineras por proteger el medio ambiente.

En el 2016, se declaró la provincia de Hualgayoc-Bambamarca en emergencia por la contaminación de los ríos Tingo Maygasbamba, Hualgayoc y Arascorgue; y Perlamayo debido a pasivos ambientales por las que se registraron 372 personas con la sangre contaminada por metales pesados.

Tras este problema, se elaboró el “Plan Multisectorial Post Declaratoria de Emergencia Ambiental de la provincia de Hualgayoc” como parte de la solución. Sin embargo, dos años después, la demora del cumplimiento de los acuerdos y el derrame de la presa de relaves de la empresa minera Gold Fields el 16 de diciembre de 2018, ha aumentado el descontento y el temor de las comunidades locales.

Además, el pasado 25 de enero del 2019, los dirigentes de Bambamarca tenían agendada una Asamblea Multisectorial con representantes del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, pero tomaron la ausencia de algunos funcionarios del Estado como una falta de compromiso para remediar los casos de contaminación. Por esto, la comunidad ha iniciado un paro indefinido hasta que se cumplan sus pedidos.

Exigen reparación
El paro indefinido de la comunidad de Bambamarca, que mantiene bloqueada la carretera longitudinal de la sierra, exige la construcción de la planta de tratamiento de agua a la provincia de Hualgayoc debido al vertimiento de relaves mineros de cianuro, mercurio, arsénico y otros metales tóxicos por parte de la minera Goldfields.

Además, la comunidad pide la descontaminación y limpieza de los 36 canales de irrigación de cultivos que consumen animales y personas en la micro cuenca del Río Tingo Maygasbamba y el tratamiento con médicos especialistas a los más de 370 niños y personas contaminadas con metales tóxicos, pesados y cancerígenos.

La comunidad de Bambamarca ha bloqueado la carretera longitudinal de la Sierra
Foto: Bambamarca Televisión
Sobre este último punto, especialistas del Ministerio de Salud arribarán en la tercera semana de febrero a Bambamarca, para atender a los afectados por la contaminación ambiental y la presencia de metales pesados provocados por los pasivos ambientales de la minera Gold Fields.

Mientras eso sucede, la comunidad de Bambamarca mantendrá el paro indefinido y la represión policial podría darse en cualquier momento en esta zona de Cajamarca donde el conflicto minero parece estar a punto de estallar. ¿El Estado protegerá a la población o esperará que la violencia los obligue a actuar?

Cajamarca: Inician paro indefinido contra contaminación minera en Bambamarca

En el 2018, la pérdida de bosques por esta causa superó las 9000 hectáreas, según un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina.
Publicado: 2019-02-05

(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- La Amazonía peruana es atacada ferozmente por la minería ilegal. El último análisis de imágenes satelitales realizado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) demuestra que esta actividad está alcanzando niveles históricos de deforestación en la selva peruana.

Solo en los dos últimos años fueron arrasadas 18 440 hectáreas de bosques en el sur de Perú, un equivalente a 25 000 campos de fútbol, revela el informe.

Según MAAP, el récord histórico de deforestación por esta causa se dio en el 2018, con 9280 hectáreas devastadas, la cifra más alta desde 1985. Solo un año antes, en el 2017, la extracción ilegal de oro ya había terminado con 9160 hectáreas.

Matt Finer, investigador principal de MAAP y uno de los responsables de la elaboración del informe, manifestó a Mongabay Latam que nunca antes se había realizado un estudio de esta naturaleza. “Por primera vez tenemos una referencia histórica del tema. El estudio de CINCIA (Centro de Innovación Científica Amazónica) es un importante recurso para este caso”, dijo con relación a la investigación que hizo esta institución científica sobre minería ilegal y que cubrió los últimos 32 años en el sur de la Amazonía peruana.

El drama de Madre de Dios

“La deforestación por minería aurífera en la Amazonía sur peruana ha alcanzado niveles históricos máximos tanto en el 2017 como en el 2018”, señala el informe que centra su evaluación en las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno, sobre el análisis de unas 500 imágenes en alta resolución.

Finer aclara que se evaluaron las imágenes captadas por el satélite durante los años 2017 y 2018, y que se digitalizaron los nuevos registros de deforestación causados por la minería aurífera. Además —precisa— se tomaron en cuenta las alertas tempranas que registra el Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente de Perú.

El panorama más sombrío se presenta en Madre de Dios. Solo en el sector conocido como La Pampa —ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata— la pérdida de bosque por extracción de oro alcanzó 1685 hectáreas entre enero del 2017 y octubre del 2018, según el reporte de MAAP, una iniciativa desarrollada por Conservación Amazónica (ACCA) y Amazon Conservation (ACA).

Más de 1600 hectáreas fueron arrasadas por la minería ilegal en La Pampa entre enero de 2017 y noviembre de 2018. Imagen: MAAP / Conservación Amazónica (ACCA) – Amazon Conservation (ACA).

“En La Pampa este tema se ha desbordado. Es una zona controlada por la minería ilegal”, dice el Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán.

En este lugar se han instalado entre 6000 y 7000 personas —sostiene Guzmán— muchos de ellos bajo investigación y con procesos judiciales en marcha. Sin embargo —agrega— los acusados no acuden a las diligencias y continúan operando dentro de la ilegalidad. “Esto se debe resolver desde el Estado. Se necesita una recuperación del control territorial y ubicar a los responsables del más alto nivel. No solo a quienes están en la zona extrayendo el oro, sino a los que financian la actividad”.

Guzmán explica, además, que las investigaciones deben abarcar todos los delitos considerados dentro de la minería ilegal: extracción, financiamiento y tráfico de insumos. “Nos hemos centrado en el que extrae, cuando deberíamos centrarnos en el financista”, comenta.

La deforestación en La Pampa alcanzó avanza hacia las concesiones forestales y al interior de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Foto: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

El exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, conoce muy bien el problema. “Estas cifras son dolorosas. Espero que el gobierno finalmente tome atención de lo que está pasando en la Amazonía”, declara.

Castro considera que este es un llamado de atención a las medidas adoptadas por el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien —asegura el experto— debilitó las exigencias en la formalización del sector y redujo los operativos de interdicción. El exfuncionario cuestiona también el rol de los gobiernos regionales, sobre todo de la última gestión en Madre de Dios. “En esta región no se ha formalizado la minería por los obstáculos que puso el exgobernador regional Luis Otsuka”.

En ese sentido, los expertos consultados recuerdan la detención de Carlos Bustamante, director de Energía y Minas de esa región, junto con otros seis funcionarios, quienes fueron acusados, en junio del 2018, de recibir pagos de mineros en pleno proceso de formalización para que se les emita sus respectivas resoluciones de aprobación. “Aquí se ve cómo las autoridades regionales han sido cómplices”, precisa Castro.

Hace dos semanas, el Poder Judicial de Madre de Dios dictó prisión preventiva contra los exfuncionarios del gobierno regional. En las diligencias se encontró transferencias de dinero desde las zonas mineras de Huepetuhe, Mazuko y La Pampa, informó el portal Ojo Público.

Feb 4, 2019 Ibón Machaca Noticias

Los obreros del Sindicato de Construcción Civil de Islay marcharán este miércoles con los pobladores del valle de Tambo en rechazo al proyecto minero Tía María.
Obreros de construcción civil en contra de proyecto minero Tía María.

La movilización, anunciada en Mollendo y Cocachacra, tiene un carácter también reinvindicativo. Los obreros saldrán a la calle para demostrar que no apoyan a la minera, tal como lo expresara el expulsado dirigente Juan Valencia García.
Expulsión de dirigente

En una misiva enviada en agosto pasado al presidente Martín Vizcarra y al ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, el entonces secretario de la base Islay, Juan Valencia, pedía el reinicio del proyecto. Su argumento era que Tía María generaría puestos de trabajo que beneficiaría a su gremio. Sin embargo, el propio sindicato lo desmintió al señalar que nunca se realizó una consulta a las bases.

El último fin de semana se comunicó la salida del dirigente y la realización de la marcha en apoyo al valle de Tambo. A la protesta se sumarán organizaciones civiles y agricultores del valle. Por lo pronto se ha decidido que la marcha se hará en horas de la mañana y de forma pacífica.

De otro lado, la dirigente de los agricultores, Marilú Marroquín, ha manifestado que el gobierno aún no los invita a dialogar sobre el proyecto. Aunque la posición de los agricultores se mantiene: no a la presencia de la mina en el valle.

Sin embargo, la empresa Southern Perú insiste en tramitar su licencia de construcción y solo espera el visto bueno del gobierno.

Este es el comunicado emitido por la Federación de Trabajadores

https://elbuho.pe/2019/02/tia-maria-obreros-se-suman-a-la-protesta-del-miercoles-en-contra-del-proyecto-minero/

Imagen: Rumbo Minero
4 de febrero de 2019
El juzgado mixto con sede en La Oroya, presidido por el juez Jesús Santana, admitió una acción de amparo el día 29 de enero pasado contra la minera Chinalco y Acciones Mineras SAC por su intento de desalojar y destruir las viviendas del casco antiguo de la ciudad de Morococha, en la región Junín.

El Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morococha, La Asociación de Propietarios Desplazados por el Proyecto Toromocho del Distrito de Morococha, así como la Asociación de hijos nacidos en Morococha, como demandantes pidieron que “se disponga la paralización de la destrucción, desmantelamiento y destrozo de todos los rezagos que constituyen el ornato urbano de la Antigua ciudad de Morococha que se ubica dentro del predio “lote Municipio de Morococha” de 34 hectáreas; se ordene mantener la situación de hecho y derecho sobre el precitado predio hasta las resultas del proceso principal”. Según señala el mencionado documento.

Recordaron que el 17 de julio de 2018 mediante Resolución Nro.02 se admitió a trámite la demanda de Amparo, sin embargo en estos últimos meses, la Minera Chinalco del Perú SA, “habría irrumpido en el predio para llevar a cabo una programada y sistemática serie de destrucciones en lo poco que queda del ornato urbano, espacios libres acceso y esparcimiento que queda en la Antigua ciudad de Morococha.”

Se trata de controversias por los cuestionamientos al derecho de propiedad de la demandada Minera Chinalco Perú SA, en esta oportunidad por los agrupados reclamantes. Se trata de 34 hectáreas de terreno, vitales para el devenir de Toromocho, por cuanto representan una barrera para la expansión del tajo abierto. Debido a ello, fueron expropiadas por el Gobierno en marzo pasado y cedidas a Chinalco.

La medida cautelar evitaría así cualquier acción de desalojo que quiera realizar la empresa minera, amparándose en el procedimiento de transferencia expropiatoria que fue amparado anteriormente por el Estado peruano.

Cabe recordar que pobladores de Morococha Antigua, realizaron a fines del año pasado un paro preventivo de 24 horas, para que la empresa minera Chinalco S.A.C respete las treinta y cuatro hectáreas de terreno de Morococha Antigua, hasta que se entable diálogo con las familias que habitan en este sector, y se garantice el respeto de sus derechos al ser reasentados, la firma del Convenio Marco y fiscalización ambiental. El paro también se habría motivado por la demolición de la Municipalidad de Morococha, ejecutada por órdenes de Chinalco y las detonaciones que realizó cerca del lugar en donde viven, acción que alarmó a los pobladores.

Recordemos que la ciudad de Nueva Morococha fue construida por la empresa Chinalco, minera de capitales chinos, para albergar a las casi 1200 familias desplazadas a causa del proyecto cuprífero Toromocho. Aunque la mudanza inició en el 2012, el proceso que ha tenido una serie de dificultades y problemas sobre todo por el impacto económico y social de esa reubicación.

Memorial

Así mismo el martes 29 de enero, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), la Asociación Civil de los Hijos Nacidos en Morococha (ASOC HNM) y la Asociación de Propietarios de Morococha se movilizaron tomando medidas de protesta y sacando un memorial suscrito por distintas autoridades de la región Junín.

El memorial publicado solicitaba el apoyo a los pobladores de la antigua ciudad de Morococha; quiénes denuncian que la Minera Chinalco está realizando acciones de hostilización, amedrentamiento y abuso contra los pobladores de la zona con la finalidad de desocuparlos de la antigua ciudad; sin indemnizar a los pobladores quiénes viven en el territorio. Los pobladores de la comunidad temen que la empresa minera destruya sus casas para expulsarlos de su propiedad; quiénes hace más de cinco años conviven con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones del proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco.

Que busca Chinalco

Según versiones de la empresa que han circulado en los medios de comunicación, la medida cautelar no impactará el cronograma ni el flujo de inversiones, porque solo afecta las 34 hectáreas en litigio. Según algunos geólogos consultados en dichos medios, Chinalco podría ampliar el tajo en otra dirección. Una posibilidad sería la zona sur, donde habría más de 300 millones de toneladas de cobre en recursos, que no fueron considerados en el estudio de factibilidad.

4 de febrero de 2018

El viernes 25 de enero, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el Decreto Supremo N° 008-2019-PCM que vuelve pa rorrogar el Estado de Emergencia en las comunidades que son atravesadas por el Corredor Vial Minero Sur de Apurímac- Cusco- Arequipa. Como sabemos, desde el año pasado, el Ejecutivo viene declarando y prorrogando este estado de emergencia y, desde el 2017, ha estado declarando estados de emergencias en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara, de la provincia de Cotabambas del departamento de Apurimac, y en el distrito de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco.

En el sur del Perú, específicamente en Apurímac, se viene desarrollando el proyecto minero cuprífero “Las Bambas” del consorcio chino Minerals Metals Group (MMG), que es el más grande del país. Desde el 2016 despacha el concentrado de cobre hacia China por el puerto de Matarani en Arequipa; y la población de Cotabambas (Apurímac), viene protestando porque la calidad y cantidad de agua sigue siendo perjudicial para sus comunidades y los impactos generados por los camiones de transporte de minerales que van por la carretera del corredor minero sur (Apurímac-Cusco-Arequipa), sigue afectando a la población.La “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” con Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM fue suspendida a fines del 2016 y eliminada hace unos meses a través una resolución del Gobierno de Vizcarra; negando así la posibilidad de diálogo entre la población, el Estado y la empresa minera.

Asímismo, en los últimos meses se han registrado enfrentamiento entre los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) y la policía porque el corredor vial minero sur (la carretera), atraviesa sus territorios y recién el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha asumido el diálogo con estas comunidades para establecer responsables en la construcción de esa parte de la carretera.

Como ya se ha señalado anteriormente, desde Red Muqui y otras organizaciones: las declaratorias de estados de emergencia permanente, sin que se configuren los supuestos constitucionales para esta medida; son violatorios a los derechos humanos y violatorios a las obligaciones de protección que tiene el Estado peruano en contextos donde se desarrollan actividades económicas.

Esta medida se da días antes de que empresas mineras, entidades del Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil que conforman el Grupo de Alto Nivel (GAN); presenten la Visión de la Minería al 2030, donde supuestamente se presentará una “minería sostenible y respetuosa de los derechos humanos”. Pero que, sin embargo; no renuncia o deslinda con el uso de estrategias como la criminalización de la protesta, los convenios entre empresas mineras y la policía para seguridad y la declaración de estados de emergencia “preventivos”; que, como vemos, el Ejecutivo sigue dictando para controlar el territorio y garantizar la extracción minera sin importar el respeto a los derechos fundamentales de comunidades y poblaciones que viven en zonas mineras.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/837-en-el-2019-vizcarra-continua-con-politica-inconstitucional-de-declarar-estado-de-emergencia-en-las-comunidades-del-corredor-minero-sur-del-peru

El martes 29 de enero, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), la Asociación Civil de los Hijos Nacidos en Morococha (ASOC HNM) y la Asociación de Propietarios de Morococha se movilizaron e hicieron público un memorial suscrito por distintas autoridades de la región Junín, entre ellos, el gobernador regional Vladimir Cerrón. Este memorial apoya y respalda a los pobladores de la antigua ciudad de Morococha; quiénes denuncian que la Minera[RM1] Chinalco está realizando acciones de hostilización, amedrentamiento y abuso contra los pobladores de la zona con la finalidad de desocuparlos de la antigua ciudad; sin indemnizar a los pobladores quiénes viven en el territorio.

Los pobladores de la comunidad temen que la empresa minera destruya sus casas para expulsarlos de su propiedad; quiénes hace más de cinco años conviven con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones del proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco.

DATO: Las reservas de la mina se estiman en 1 526 millones de toneladas. El 61% de los envíos de este metal tiene como destino China.

Debido a esta situación, el FADDIM, la ASOC HNM y la Asociación de Propietarios han interpuesto una medida cautelar de no innovar; para que se suspenda alguna acción de desalojo que quiera realizar la empresa minera, amparándose en el procedimiento de transferencia expropiatoria amparada por el Estado peruano.

Cabe recordar que en el contexto de la reconstrucción nacional luego del fenómeno de “El Niño Costero”, el Congreso aprobó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones expropiaciones (Ley 30680), que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres. Asímismo, esta Ley regula la “declaración de intangibilidad” para fines de vivienda en áreas riesgosas («zonas de riesgo no mitigable»), de manera que los lugares catalogados así se vuelven inhabitables. De esta manera la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) pasó a custodiar las tierras de Morococha antigua.

PUERTAS GIRATORIAS

Tras los cambios legales operados en el Congreso; el viceministerio de Minas, que presidía Ricardo Labó en febrero del 2017, que anteriormente trabajó hasta el 2014 en Río Tinto, un grupo minero con capitales chinos de Chinalco; pidió transferir a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) el terreno de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a la empresa estatal Activos Mineros, de la cual Ricardo Labó también era presidente, para ser destinado al proyecto minero de ampliación de Toromocho, operado por Chinalco.

Finalmente, durante la movilización y en el contenido del memorial, los pobladores anuncia que “realizarán marchas, vigilias y visitas para pedir a las autoridades que no se desentiendan de la situación por la que están atravesando”. El pronunciamiento señala que la población reafirma su compromiso para luchar por un reasentamiento en términos dignos y frenar cualquier acción abusiva por parte de la empresa minera Chinalco.

OJO

Cuando Chinalco anunció el inicio de las obras en la ampliación del proyecto minero Toromocho, lo hizo junto al propio Vizcarra en junio del 2018. Quién señaló: “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”, dijo públicamente el acual presidente

Memorial para exigir cese de hostilidades a la minera Chinalco