06/10/2022
El día de hoy, el medio de comunicación “La Encerrona” reveló que hubo un hackeo masivo a las fuerzas armadas de varios países latinoamericanos, incluyendo al Perú. La información periodística muestra que el Ejército Peruano tiene como práctica irregular realizar seguimiento a organizaciones civiles, políticos de izquierda, autoridades civiles e incluso organizaciones no gubernamentales internacionales. En este sentido, en un informe de inteligencia del Comando Operacional del Sur del Ejército Peruano se identifica a CooperAcción como un agente que «infiltra» a las organizaciones sociales con una agenda «antiextractiva», junto con otras instituciones como IDL, Derechos Humanos sin Fronteras y Amnistía Internacional.

Frente a esta situación queremos expresar nuestra sorpresa y rechazo a que las instancias de inteligencia del Ejército peruano nos incluyan como un agente desestabilizador en el territorio denominado “corredor minero”. Nos parece muy grave que se pretenda tergiversar el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil a favor de la vigencia y respeto de los derechos humanos.

Rechazamos que el Ejército nos incluya como un agente desestabilizador en el denominado corredor minero. Es grave que se busque tergiversar el trabajo de la sociedad civil en favor del respeto de los DD.HH.

Es evidente que los supuestos aparatos de inteligencia no están cumpliendo bien con su labor, porque su análisis sobre la situación en el llamado corredor minero es completamente errado, y no están entendiendo las razones de la conflictividad social en la zona, y como siempre buscan chivos expiatorios a los que se le pueda echar la culpa.

CooperAcción es una organización que tiene 25 años promoviendo y defendiendo los derechos humanos y de pueblos indígenas, así como el buen vivir en territorios donde se realizan actividades extractivas. A partir de ello, impulsa cambios en las políticas públicas a fin de contribuir a la construcción de un país más democrático, sostenible y justo.

En ese sentido, en el sur andino hemos sido y somos asesores del Frente de Defensa Provincial de Cotabambas para su participación en la Mesa de Diálogo provincial. En ese espacio, hemos contribuido a que las organizaciones que conforman el Frente precisen su problemática, alcancen una agenda para el diálogo y elaboren sus propias propuestas. Lamentablemente, el Estado y la empresa no le han dado relevancia a este espacio que ya tiene 6 años de existencia y que tiene muy poca vida institucional.

En Apurímac, nosotros no asesoramos a ninguna comunidad de la zona de influencia directa del proyecto minero Las Bambas. Ellas tienen sus abogados de ejercicio libre, que pertenecen al sector privado. Tenemos entendido que muchos abogados se han acercado a las comunidades a ofrecer sus servicios y aparentemente habrían sido contratados con compromisos de pagos futuros por parte de algunas comunidades. Esto no lo dice el documento del Comando Operacional del Sur del Ejército Peruano y debiera saberlo, porque es algo por todos conocido.

En Espinar (Cusco), brindamos asesoría a dos comunidades que están negociando sus tierras en el contexto del proyecto «ampliación Coroccohuayco». Nuestro propósito es que se garantice sus condiciones de existencia ya que corren el riesgo de desaparecer. Este trabajo de asesoría debería ser realizado por el Estado pero, lamentablemente, no lo hace.
Nosotros también producimos, sistematizamos y analizamos información sobre los territorios. A veces el Estado no tiene un mapa de actores claro, o no conoce las situaciones o los hechos que ocurren en detalle, y menos realiza el análisis de ellos. Nosotros hacemos este ejercicio para que el Estado tenga una intervención más eficaz. También promovemos que las comunidades campesinas participen de la gobernanza de sus territorios. Esto quiere decir, que puedan cuidarlo, recuperarlo, usarlo para su bienestar, con responsabilidad. Con ellas realizamos ordenamiento territorial comunal. También, es un desafío en estos territorios la seguridad y soberanía alimentaria y una producción sostenible. Para ello, asesoramos a las comunidades en la formulación e implementación proyectos productivos (tales como técnicas de riego, fitotoldos o crianza de cuyes) y su participación en ferias de productores, así como en concursos estatales para acceder a fondos públicos para financiar sus proyectos productivos.

Queremos enfatizar que CooperaAcción apuesta por una cultura de paz y de diálogo, por vías institucionales, pácificas y de diálogo para la resolución de conflictos. Nuestro trabajo en los territorios es de conocimiento público y transparente y estamos permanentemente abiertos al diálogo con la prensa, la sociedad civil, las empresas presentes en los territorios y las autoridades del Estado en todos sus niveles

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José De Echave 04/10/2022
Imagen: El Peruano
Hace unos días, en una entrevista[1], el ex viceministro de Economía, Enzo Defilippi[2], señaló que al inicio de este gobierno el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, “amenazaba por cuestiones absolutamente ideológicas subir los impuestos”.

De esta manera se refería a la propuesta de reforma tributaria que el entonces ministro Francke presentó al país, solicitando delegación de facultades al Congreso de la República. ¿Se puede sostener seriamente un argumento de este tipo, sobre todo en un país como el Perú, que presenta desde hace tiempo serios problemas en materia de recaudación y es uno de los pocos países de la región que no ha implementado una reforma tributaria de carácter estructural? Intentaremos responder a esta interrogante, al mismo tiempo que nos referiremos a los anuncios que se han hecho recientemente en materia de política tributaria.

La trayectoria preocupante de la recaudación

La evolución de la presión tributaria de nuestro país, comparada con los otros países de la región, ya estaba por lo menos desde hace 20 años por debajo del promedio, y lo más grave es que en la última década y media la diferencia se ha acrecentado como consecuencia de pésimas decisiones que se tomaron en materia tributaria. Por ejemplo, a finales del gobierno de Humala –precisamente cuando el señor Defilippi era viceministro de Economía– y a inicios del gobierno de Kuczynski.

Si en el 2000 nuestra presión tributaria estaba tres puntos por debajo del promedio latinoamericano, hoy estamos a siete puntos. Por lo tanto, mejorar la recaudación debería ser un acuerdo básico de todos los estamentos de la sociedad peruana, al margen de cualquier posición ideológica: un país con una presión tributaria por debajo del 17% o 16% del PBI tiene un Estado colapsado, y esa es nuestra realidad.

Pero además, el Perú no puede darle la espalda a las tendencias globales en materia de fiscalidad. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han señalado en los últimos años con insistencia que los países deben aplicar impuestos más altos para los grupos de mayores ingresos y las empresas más rentables. Las páginas de economía de diferentes medios, en el país y en el extranjero, dan cuenta de ello y cómo diferentes países implementan medidas que confirman esta tendencia.

Es importante precisar que la reforma tributaria propuesta por el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, no planteaba solamente la subida de algunos impuestos; en realidad se plantearon tres ejes de acción: avanzar en la formalización, luchar contra el incumplimiento tributario, aumentar la progresividad y disminuir inequidades.

Es cierto que un componente clave de la reforma tributaria se centraba en el sector minero. Cabe recordar que para ello se pidió asesoría al Departamento de Finanzas Públicas (FAD, por sus siglas en inglés) del FMI. La misión del FMI planteó elementos de diagnóstico sobre el régimen tributario vinculado a la minería, haciendo un análisis comparado con un grupo de países en los que esta actividad ocupa un rol central en sus matrices productivas.

Lo interesante es que el FMI señaló que existía espacio para aumentar la presión fiscal del sector minero sin que el país pierda competitividad internacional –lo que fue una pregunta expresa del MEF– y recomendó que solo se considere cambiar las tasas de los impuestos, de manera moderada, cuya base es la utilidad operativa (regalía e impuesto especial a la minería). También señalaron que existía espacio para un aumento del piso de la regalía hasta en un punto porcentual sin afectar mayormente la estructura progresiva del régimen actual, lo mismo que las tasas marginales del impuesto especial a la minería, incrementando así la progresividad del sistema.

Como se recordará, la propuesta de reforma tributaria enfrentó una feroz y millonaria campaña de parte del sector empresarial, en especial de las empresas mineras, a través de los principales medios de comunicación del país. Se dijo que la reforma buscaba “subir agresivamente los impuestos a la minería” y se anunciaba que “las inversiones se irían del país y se iban a perder 2 millones y medio de puestos de trabajo”.

Finalmente, el pedido de delegación de facultades fue denegado en lo sustantivo por el Congreso de la República. Lo cierto es que pese a que varios países siguen impulsando en la actualidad reformas tributarias que apuntan a aumentar los niveles de recaudación, en el Perú esta posibilidad ha sido dejada de lado.

¿Se ha enterrado cualquier posibilidad de reforma tributaria?

La semana pasada, en plena Convención Minera (Perumin) en la ciudad de Arequipa, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, le ha dado un mensaje claro al empresariado minero: “la normatividad tributaria se va a mantener tal cual”. No es la primera vez que lo dice. A inicios de septiembre ya lo había afirmado: “De ninguna manera [van a subir los impuestos]. No tiene sentido incrementar tasas impositivas si quiero que haya mayor actividad económica” (en El Comercio del 08/09/2022). También dijo que “Subir las tasas impositivas, eso sería dispararse al pie” (en Rumbo Minero, 25/08/2022).

Además, ha señalado cómo será el manejo del tema tributario durante su gestión: “la lógica es que se va a crecer y la recaudación tributaria se va a incrementar, [pero] no porque voy a mover las tasas, sino porque estamos hablando de más actividad económica y la tasa imponible es más grande” (El Comercio del 08/09/2022).

Pensar que la recaudación solo va a aumentar vía el crecimiento de la economía es lo que nos ha llevado a ser uno de los países con más baja presión tributaria en América Latina. Incluso, en función de la expectativa de reactivar la economía, entre el 2015 y 2016 el exministro Alonso Segura y su viceministro Defilippi bajaron la tasa del impuesto a la renta, con consecuencias desastrosas: la recaudación se cayó y la reactivación esperada nunca llegó.

Lo cierto es que, pese a que varios países siguen impulsando en la actualidad reformas tributarias que apuntan a aumentar los niveles de recaudación, en el Perú esta posibilidad ha sido dejada de lado por el ministro Burneo. Se repite la misma historia de las últimas décadas, lo que significa que el Perú seguirá estando rezagado en materia de presión tributaria en América Latina y sin recursos suficientes para financiar el gasto en materia de salud, educación, presupuesto social, saneamiento básico, entre varias otras variables. Parece que no terminamos de aprender de la realidad y le seguimos dando la espalda a las tendencias globales en materia tributaria.

[1] En RPP, programa “Todo se Sabe”, edición del 30 de septiembre de 2022-
[2] En el período 2015-2016.

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Eva Cruz – 30/09/2022
Carolina Trivelli
Trivelli apunta que es necesario conocer las condiciones desde las que se parte para plantear el desarrollo territorial.
“La mina no es la que crea el territorio, no es la que decide a dónde va, pero es un actor vital para incorporar un diálogo entre el sector privado, sector público y comunidad territorial”, remarca.

La investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos- IEP, Carolina Trivelli, participó en una mesa redonda del Foro TIS donde se discutió la necesidad de reconocer las condiciones desde las que se plantea la importancia del desarrollo territorial como un eje estratégico para generar oportunidades.

“El objetivo central es reconocer que en los territorios donde están las operaciones mineras hay problemas, carencias, desafíos y conflictos, pero, también hay dinámicas donde participan muchos actores que debemos incorporar en un debate dirigido hacia donde queremos que vaya el territorio”, indica Trivelli

Apunta que es necesario conocer las condiciones desde las que se parte para plantear el desarrollo territorial y reconocer que no son la mismas en todos los espacios y que si no se entiende bien desde donde se comienza, difícilmente una metodología o una manera de acercarse al desarrollo funcionará.

“El enfoque de desarrollo territorial tiene 20 años y tenemos algunas reflexiones criticas de las cosas que hay que hacer. Esta no es una discusión peruana, es una discusión global”, afirma la investigadora.

Expone que cuando se logra “sentar” a los actores, se puede construir una visión compartida y luego usarla para tomar acciones, el territorio genera una plataforma para gestionar mejor la operación del sector privado, hacer más eficiente la participación del estado y generar mejores condiciones de vida y bienestar para la población.

“La mina no es la que crea el territorio, no es la que decide a dónde va, pero es un actor vital para incorporar un diálogo entre el sector privado, sector público y comunidad territorial para fijar hacia dónde queremos ir y como movernos hacia allá con los recursos que ese territorio tiene”, remarca la panelista.

Hay experiencias interesantes en el Perú que hay que entender mejor, visibilizarlas más para que se pueda avanzar más en generar desarrollo territorial en todo el país, no solo en los territorios mineros.

Por ello, se pone en debate cómo tomar ventaja de las oportunidades y como asegurar que esas oportunidades se realicen para que los ciudadanos del país se vean beneficiados y así el sector minero siga creciendo, para que el Estado asegure el desarrollo de los ciudadanos.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/carolina-trivelli-desarrollo-territorial/

EDITORIAL AMP- SETIEMBRE 2022
30/09/2022
La agenda de derechos ha estado totalmente ausente en esta campaña y el descrédito de la política, como hemos señalado, está acompañado de la apatía y la indiferencia de los electores. En estas condiciones, la posibilidad de construir procesos de gobernanza, por ejemplo, en los territorios con presencia minera, se complica aún más. Todo esto se traducirá en mayores tensiones y situaciones de conflictividad social, como consecuencia de la presión de la extracción minera y la degradación ambiental en todas sus escalas, más aún en un contexto de cambio climático y escasez de agua.

EDITORIAL OCM, Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
Si algo caracteriza esta elección para gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales es el desinterés ciudadano y la apatía generalizada que se vive, faltando pocos días para la votación. Al parecer, similar situación se vive en Lima y en la casi totalidad de regiones. Habría que preguntarse cuántas personas irían a votar si no fuese obligatorio hacerlo.

Son varios los factores que explican este desinterés generalizado. El total descrédito de la política, producto de años de crisis, cuyo indicador más reciente es el de cinco presidentes en apenas seis años y un Congreso que siempre demuestra que puede ser peor. Pero además está la corrupción extendida a nivel nacional y subnacional. Como señala Antonio Zapata (La República del 23/09/2022), “La mayor parte de los candidatos se mueve por oscuros intereses, bastante visibles en forma apenas velada”.

Foto: Editorial OCM
Por ejemplo, en varias regiones del país, actividades ilícitas -como la minería ilegal- están teniendo una participación directa en este proceso electoral, disputando gobiernos regionales y municipalidades con candidatos propios. Esta vinculación es cada vez más visible en territorios como Madre de Dios, Apurímac, Puno, La Libertad, Arequipa, entre otros.

Lo mismo viene ocurriendo en las esferas del Congreso, el Ejecutivo y hasta en las relaciones que vienen estableciendo posibles futuros candidatos: es el caso de Antauro Humala que, en su reciente gira por el sur del país, se reunido con varios personajes vinculados a la minería ilegal.

En cuanto a Lima, podemos señalar el total desinterés por temas que impactan de manera directa en la calidad de vida de los ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, del tema ambiental: hace una semana y media, un colectivo de organizaciones ambientalistas invitó a los candidatos a un debate al respecto y, pese a que la mayoría había confirmado su participación, al final desistieron. Por otro lado, en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, a un candidato se le preguntó sobre las áreas verdes y cómo hacer de Lima una ciudad ecoamigable, pero su respuesta se fue por las ramas y terminó hablando sobre seguridad ciudadana.

Por otro lado, cuando algún candidato habla del tema del agua y la necesidad de cubrir la brecha de desabastecimiento[1], en ningún caso se hace referencia a la protección y el manejo de las cuencas. En Lima, por ejemplo, la zona que abastece de agua a toda la población está siendo fuertemente presionada por pasivos ambientales y la implantación de proyectos mineros, como el de Ariana, que se ubica en medio del Sistema de Marcapomacocha. Sobre estos temas no han dicho absolutamente nada los candidatos.

La agenda de derechos ha estado totalmente ausente en esta campaña y el descrédito de la política, como hemos señalado, está acompañado de la apatía y la indiferencia de los electores. En estas condiciones, la posibilidad de construir procesos de gobernanza, por ejemplo, en los territorios con presencia minera, se complica aún más. Todo esto se traducirá en mayores tensiones y situaciones de conflictividad social, como consecuencia de la presión de la extracción minera y la degradación ambiental en todas sus escalas, más aún en un contexto de cambio climático y escasez de agua.

[1] A nivel nacional, entre 7 y 8 millones de personas no cuentan con conexión de agua potable domiciliaria y se calcula que 1 millón y medio en Lima y Callao.

28/09/2022
Ana Leyva y Ximena Puelles
Imagen: PUCP
El 13 de agosto se publicó la resolución ministerial No 298-2022-MINEM/DM, que autorizaba la publicación de un proyecto de decreto supremo que flexibiliza normas sobre el proceso de formalización minera. La resolución ministerial otorgó 10 días calendario de plazo para opiniones y sugerencias y el 5 de setiembre el decreto supremo fue publicado con el No 10-2022-MINEM.

Esta rapidez en la aprobación y publicación de la norma por el poder ejecutivo tuvo como contexto la visita de cientos de mineros informales y representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Arsenal al Presidente de la República, Pedro Castillo, el 16 de agosto. En esa reunión, Pedro Castillo ofreció corregir los decretos que son lesivos a los intereses de los mineros informales.

El Decreto Supremo N.º 010-2022-EM modifica los decretos supremos 018-2017-EM, 001-2020-EM y 009-2021-EM, y deroga el decreto supremo 008-2022-EM, así como el artículo 13.16 del decreto supremo 018-2017-EM. Iremos presentando los cambios, de acuerdo con el orden cronológico de las normas modificadas.

Modificaciones al Decreto Supremo 018-2017-EM que establece disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral.

Entre otras cosas, la modificatoria elimina un dispositivo (art. 7, literal e)[1], que obligaba al minero inscrito a desarrollar su actividad en forma pacífica, sin vulnerar el derecho a la vida, integridad, seguridad, o salud de las personas y sin provocar daños a las instalaciones públicas o privadas. Además, elimina como causales de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades ambientales o de seguridad ocupacional y de un actuar pacífico regulado en el artículo 13.17[2]. Asimismo, esta modificatoria le permite al minero que ha consignado información falsa en el REINFO o ha incurrido en causales de exclusión, prorrogar el tiempo establecido para realizar sus descargos.

2) Cambios sobre el Decreto Supremo 001-2020-EM, mediante el que se establecen disposiciones reglamentarias para el acceso y permanencia en el REINFO.

La modificatoria del artículo 3 del D.S. 001-2020-EM señala que el minero solicitante no tendrá acceso a áreas que ya han sido otorgadas a otro mientras que hayan sido reconocidas por resolución administrativa. También añade que no tendrá acceso a las áreas con superposición de otro minero, con áreas efectivas o de influencia directa de otro minero. Por lo que, se infiere que en los casos en los que el área sea de influencia indirecta, sí podrá desarrollar minería, salvo que sea parte de un Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) o Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) aprobados. De realizarse actividades en ellas, si la autoridad competente verifica en campo que la acción del informal inscrito no afecte el desarrollo de la actividad minera declarada en el instrumento, podrá mantener su acceso a estas zonas.

Consideramos que esta norma es muy peligrosa, porque flexibiliza el marco regulatorio y puede generar enfrentamientos entre los mineros artesanales que cumplieron con el proceso de formalización y los que están en proceso de hacerlo. A lo que se suma, los conflictos que pueden darse con quienes viven en el entorno.

Lo modificatoria del artículo 5 limita la potestad de revocación de oficio que tiene la Dirección General de Formalización Minera sobre las inscripciones en el REINFO. La reduce a aquellos casos de mineros inscritos que trabajan en zonas donde existe superposiciones con áreas naturales protegidas. Ya no se puede revocar de oficio la inscripción cuando el minero tiene sentencia condenatoria firme por delito de minería ilegal, o incumple normas ambientales o de seguridad y salud ocupacional y otras situaciones establecidas en el artículo 2 del DS 001-20220-EM.

La modificación del artículo 7 reduce los requisitos y condiciones de permanencia en el REINFO y en consecuencia, permite que puedan permanecer inscritos los mineros que tienen sentencia condenatoria firme por delito de minería ilegal o que incumplen normas ambientales o de seguridad y salud ocupacional u otras prohibiciones establecidas en el citado artículo 2. También puede permanecer inscrito en el REINFO quien solo tiene IGAFOM presentado (ya no en trámite). En este artículo, además, se amplía, el plazo para la declaración de la producción minera semestral de 10 a 30 días.

En la modificatoria del artículo 8.1 se elimina una causal de exclusión del REINFO. Así, los mineros que obstaculizan las acciones de verificación o fiscalización en campo solo serán sancionados con su suspensión en el REINFO (ya no exclusión), la cual se mantendrá hasta que éstos permitan que las acciones de verificación o fiscalización se realicen. Solo perderán la inscripción si su conducta es reincidente.

Finalmente, se modifica el artículo 7 referido requisitos y condiciones de permanencia en el REINFO, en su inciso e, para permitir al minero trabajar en áreas con pasivos ambientales identificados. Además, se precisa que la sanción por no cumplir los requisitos y condiciones de permanencia en el REINFO es la suspensión de la inscripción y no su exclusión de ella.

3) Cambios en el Decreto Supremo 009-2021-EM a través del que se establecen disposiciones complementarias para la permanencia del REINFO.

Esta modificatoria señala que la suspensión de la inscripción en el REINFO para quienes incumplen obligaciones y responsabilidades ambientales o de seguridad y salud ocupacional solo será levantada si se cumple con las medidas dictadas en el marco del procedimiento administrativo sancionador.

A todo ello, debemos sumar la Ley 31007, dada por el Congreso de la República el año 2019, que prolonga el proceso de formalización hasta el año 2024.

Como podemos apreciar, estos cambios, en su gran mayoría, favorecen a una minería informal que se expande sin control y sin asumir sus responsabilidades, generando enormes daños. Frente a ello, nos preguntamos en qué quedó la propuesta de política de minería artesanal que fue puesta en consulta en julio del presente año por este gobierno. Lo que apreciamos es que, con el transcurrir del tiempo, los mineros ilegales e informales han ido ganando mayor influencia en el poder político y por ello no existe una voluntad real de abordar con seriedad y efectividad esta problemática.

[1] Incluido en el Decreto Supremo 018-2017-EM que establece disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral, por medio de DS 008-2022-EM en julio de 2022.

[2] Añadido también por medio de DS 008-2022-EM en julio de 2022.

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Mineriaenlinea 22/09/2022
El jueves, Sierra Metals (TSX: SMT) informó que un grupo de residentes del pueblo cercano de Alis ha bloqueado ilegalmente la carretera principal de acceso a la mina Yauricocha, operada por la filial de la empresa, Sociedad Minera Corona.

Según el comunicado de la empresa, la producción de la mina sigue suspendida con actividades limitadas a las operaciones críticas para garantizar la seguridad y el mantenimiento adecuados.

La empresa dijo que sus representantes han participado en el diálogo constructivo con los miembros del grupo, incluyendo las solicitudes organizadas por el gobierno peruano.

“Como el bloqueo de una carretera es un asunto de interés público, la empresa ha involucrado a las autoridades locales para que medien y ayuden a resolver este asunto”, señaló Sierra Metals señaló en un comunicado de prensa.

La empresa también dijo que, debido a la incertidumbre de los plazos en la resolución de este conflicto y al posible retraso en el reinicio progresivo de la producción en la mina, se han suspendido la producción y las previsiones financieras para 2022.

Sierra Metals es una empresa minera canadiense diversificada con exposición a los metales verdes que incluye una creciente producción de cobre y de metales básicos con créditos de subproductos de metales preciosos, centrada en la producción y el desarrollo de su mina Yauricocha en Perú, y de las minas Bolívar y Cusi en México.

Lee: Sierra Metals informa de un descenso del 38% en la producción de cobre equivalente en el primer trimestre

Yauricocha es una mina polimetálica subterránea situada en el centro oeste de Perú, en la provincia de Yauyos, a unos 12 km al oeste de la Cordillera Continental. Yauricocha es la operación insignia de Sierra Metals con más de 70 años de producción continua. La mina produce zinc, cobre, plata, plomo y oro.

Sierra Metals suspende la producción de su mina Yauricocha por las protestas de la comunidad

22/09/2022
Ejecutivo y 11 comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar llegaron a acuerdos./ Crédito: Minem
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) y las 11 comunidades originarias de la provincia de Espinar, Cusco, alcanzaron consenso para retomar la implementación del plan de consulta previa del proyecto minero de explotación Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco, a partir del próximo 4 de octubre, con lo cual el clima de paz retorna al corredor minero.

Este y otros acuerdos se alcanzaron tras una prolongada reunión de casi 10 horas de diálogo entre representantes del Poder Ejecutivo y las comunidades de Cala Cala, Huisa, Huancané Bajo, Suero y Cama, Alto Huancané, Huarca, Huisa Ccollana, Alto Huarca, Huano Huano y Anta Ccollana.

Entre los acuerdos, el Minem reiniciará el plan de proceso de consulta previa, en el marco de la suscripción de la octava adenda de dicho plan, y tras aprobar un calendario de reuniones que comprende cuatro ejes de trabajo: Educación, Territorio (propiedad, medio ambiente y agua) y Desarrollo Sostenible, que se desarrollarán en reuniones durante el mes de octubre.

Así para el eje de Educación, se realizarán reuniones virtuales (comunal y multicomunal) los días 4 y 5 de octubre. Mientras el 10 y 11 de octubre se efectuará reuniones de diálogo intercultural que involucra al Minem, Minedu, PCM, Mincul y GORE Cusco.

Para el eje Territorio, se reunirán de manera virtual (comunal y multicomunal) los días 17 y 18 de octubre. Las reuniones de diálogo intercultural se realizarán los días 20 y 21 de octubre y serán convocados los sectores Minem, Midagri, Minam, MEF, Mincul, Minjus y PCM.

En tanto, para el eje Desarrollo Sostenible, la reunión virtual (comunal y multicomunal) serán los días 24 y 25 de octubre. La reunión de diálogo intercultural se programó para los días 27 y 28 de octubre con la participación del Minem, Midagri, MEF, Produce, MTC, Mintra, Mincul, Mincetur, PCM Y MVCS.

Plan de reparaciones
Otro acuerdo alcanzado con las 11 comunidades originarias de Espinar se refiere al Plan de Reparaciones. Este será implementado en el marco de la Resolución Ministerial Nª174-2020-PCM. Para ello, la PCM emitirá una resolución que permita identificar, caracterizar, valorizar y remediar, según sea el caso, los daños que declaran las comunidades.

El proyecto de resolución será socializado el próximo 26 de setiembre, vía virtual, y demandará 20 días para su publicación. La resolución tendrá una vigencia de 120 días.

Para la implementación del Fondo de Emergencia Social se acordó elaborar un Plan de Actividades y Proyectos en coordinación de las 11 comunidades originarias. La elaboración del plan tendrá plazo de 3 meses y estará a cargo de la PCM en coordinación con los sectores del Poder Ejecutivo y las comunidades.

Se precisó que el mencionado plan determinará las actividades y proyectos menores que serán ejecutados a través de núcleos ejecutores constituidos en las comunidades. Tras su aprobación, el Poder Ejecutivo gestionará su financiamiento.

Cabe precisar que una comitiva de alto nivel, encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, convocó a los representantes de las comunidades de Espinar a Lima con el propósito de continuar con el proceso de diálogo.

Perú retomará consulta previa del proyecto minero Antapaccay