Tras tres años de espera, el Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de amparo que denunció los convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Glencore Antapacay, por vulnerar derechos constitucionales.

…el Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de amparo que denunció los convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Glencore Antapacay, por vulnerar derechos constitucionales.

En la notificación, el TC manifestó que “las instancias judiciales anteriores han incurrido en un error al rechazar la demanda”, y dispuso su nulidad, manifestando que el caso amerita una pronta respuesta.

El TC admitió a trámite la demanda de amparo –presentada el año 2015- que pide se declare inaplicable el “Convenio de Servicios Extraordinarios Complementarios a la Función Policial” suscrito entre la empresa minera Glencore Antapacay (antes Xtrata Tintaya) y la Policía Nacional del Perú, entre otras exigencias.

El entonces alcalde de la provincia de Espinar Oscar Mollohuanca y el presidente de la Asociación de Productores Pecuarios de Huinipampa, Carlos Umasi, impulsaron esta demanda contra el Ministerio del Interior, el director general de la PNP de la Décima Región Policial del Cusco y la empresa minera Xtrata Tintaya (hoy Glencore Antapacay).

Sin embargo, fue declarada improcedente en primera y segunda instancia: en diciembre del 2015 y junio del 2016. Esta iniciativa y proceso ha sido acompañada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).

Según los demandantes, el citado convenio vulnera una serie de derechos fundamentales de la población y el principio que establece que los trabajadores públicos están al servicio de la Nación.

Además, la Policía Nacional del Perú (PNP), al resguardar a empresas privadas en exclusividad, desnaturaliza el rol que debe cumplir en un Estado constitucional y se parcializa con estas empresas en desmedro de la ciudadanía y de los pobladores de la provincia de Espinar.

La demanda también pide que se ordene a la PNP la adopción de medidas que garanticen su deber de proteger el orden interno en función del interés general, entre otros.

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Fuente: Publicado el 29 de mayo 2019 por IDL: https://idl.org.pe/tribunal-constitucional-revisara-los-convenios-que-firmo-la-pnp-y-la-empresa-minera-glencore-antapacay/?

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/05/2019/tc-revisara-convenios-firmados-entre-la-pnp-y-la-minera-glencore

El Frente de defensa de la provincia de Grau, en la región Apurímac, anunció que la población acata un paro provincial indefinido desde este miércoles 29 de mayo.

Entre los puntos de su plataforma, exigen el cierre de una planta procesadoras de minería artesanal que vienen operando en la zona de Vilcabamba, porque representa una amenaza al agua y la contaminación; asimismo demandan el mejoramiento de la carretera que conecta a la provincia con la ciudad de Abancay; igualmente la incorporación de las autoridades y dirigentes sociales de la provincia a las mesa de diálogo sobre el conflicto en torno al proyecto minero Las Bambas.

Piden una pronta intervención de las autoridades. Seguiremos ampliando la información.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/29/apurimac-inician-paro-indefinido-en-la-provincia-de-grau/

En las viviendas del Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay, flamean banderas verdes que dicen: “Agro sí, mina no”. Hace cuatro años todas las casas tenían una; hoy, según comprobó El Comercio en un recorrido, solo se agitan de manera alternada, en una vivienda sí y en otra no. Además, desde el 2018 hay inscripciones en algunas paredes con la frase: “Agro sí, desarrollo económico también”.

El valle, conformado por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, es una franja agrícola de más de 13.000 hectáreas, cuyos productos bandera son el arroz y azúcar. Según la Gerencia Regional de Agricultura, en la zona unas 25.000 familias viven directamente de esta actividad.

A tres kilómetros de ese lugar, Southern Perú tiene una concesión minera de 35.000 hectáreas. Desde el 2009, la empresa busca desarrollar su proyecto que le permitirá explotar 120.000 toneladas de cobre refinado al año.

Sin embargo, en dos meses vence el plazo del estudio de impacto ambiental (EIA) de Tía María. Southern Perú debe iniciar sus actividades antes de agosto, pero aún no reciben la licencia de construcción. Esta es la última autorización que requiere la empresa minera para intervenir en su concesión.

Pese a que están contra el tiempo, el vicepresidente de Finanzas de Southern, Raúl Jacob Ruisanchez, indicó a El Comercio que están tranquilos, porque cumplieron con todos los requisitos. Explicó que desde noviembre del 2018 están a la espera de la licencia que debe entregarles la Dirección General de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Nosotros hemos cumplido todos los requisitos técnicos, legales y ambientales. Si bien el EIA puede vencer, creemos que vamos a recibir la licencia antes de que caduque el estudio. Estamos listos para iniciar los trabajos”, dijo Jacob.

Según las proyecciones de la empresa, si Tía María inicia sus operaciones, se estima que la región Arequipa recibiría al año más de S/270 millones por canon y regalías.

–Conflicto latente–
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Tía María es considerado como un conflicto social latente. Entre el 2011 y 2015, siete personas han muerto por este conflicto social. Actualmente, la población del Valle de Tambo está dividida. Hay quienes apoyan el desarrollo de la mina y otros no. La noche del pasado jueves 9 de mayo, cerca de 500 agricultores protestaron en Dean Valdivia. En un improvisado mitin, se evidenció que los dirigentes están fraccionados y no logran reactivar el Frente de Defensa del Valle de Tambo.

Hace cuatro años eran un gremio fortalecido. Pero en medio de las protestas del 2015, se difundieron unos audios que comprometían a su entonces presidente, Pepe Julio Gutiérrez, quién pedía un millón y medio de “lentejas” (dólares) a Southern a cambio de suspender las protestas. Desde el 2018, tras cumplir 33 meses de prisión preventiva, Gutiérrez afronta en libertad el juicio que se le sigue por presunta extorsión y asociación ilícita para delinquir.

Los agricultores han perdido la confianza en sus líderes. “Pero esa situación no cambia la posición de rechazo que tenemos frente a Tía María. El pueblo está en la capacidad de autoconvocarse y no permitirán que el proyecto ingrese”, asegura el dirigente agrario Miguel Meza Igme.

–Programas sociales–
María Eugenia Salas, responsable de Valle Unido, organismo de Southern que socializa el proyecto Tía María, explicó que el panorama es diferente a lo vivido hace cuatro años. Luego del conflicto, los dos centros comunitarios de la minera fueron cerrados, pero en el 2017 regresaron para construir relaciones y ahora hay cuatro centros que funcionan en la provincia.

A través de Valle Unido, Southern llegó a los agricultores con campañas médicas, asistencia técnica, financiamiento de proyectos, capacitaciones y otros programas. “Al inicio, la gente sentía miedo de acercarse a los centros comunitarios porque eran señalados como traidores. Ya se superó esa etapa; estamos construyendo confianza”, agregó Salas.

A inicios de marzo, el titular del Minem, Francisco Ísmodes, señaló en un evento en Canadá que este año su sector priorizará el proyecto Tía María. El Comercio solicitó una entrevista con Ísmodes para conocer cuándo se entregará la licencia para el proyecto. Se le envió un cuestionario a través de su área de prensa, pero no hubo respuesta.

–Otras posiciones–
El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, pidió al ministro Francisco Ísmodes respetar la voluntad del Valle de Tambo. “La población del valle no está de acuerdo con la mina. Para el pueblo, Tía María no va y mi posición es la posición del pueblo”, declaró.

El alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera Cervera, señaló que no aceptarán que se les imponga un proyecto que genera tanta desconfianza. Pidió al Gobierno Central no ocasionar conflictos en el valle.

–¿Qué pasa si vence el EIA de Tía María?–
​El 1 de agosto del 2014, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA de Tía María, con una vigencia de tres años. En el 2017 se venció, pero el gobierno (de acuerdo a ley) lo aplazó por dos años más. El próximo 1 de agosto vence de manera definitiva.

En diciembre del 2015, las competencias para la evaluación de los EIA del sector de Energía y Minas fueron transferidas al Senace, un organismo técnico adscrito al Ministerio del Ambiente. Actualmente, la normativa es más rigurosa para evaluar dichos estudios. La ministra del Ambiente, Lucía Ruiz Ostoic, que llegó a Arequipa a inicios de este mes, explicó que si Tía María pierde la vigencia del EIA debe realizar un nuevo trámite ante el Senace.

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/agota-proyecto-tia-maria-informe-noticia-ecpm-638711?fbclid=IwAR27XDn67-OflkC2YdCy7_CxJ1ChfkcLSQ1jDgoUrFNkUSBu6XUwQ8WUqtg

Lleva más de 30 años trabajando en temas relacionados a actividades extractivas. En 1997, fundó CooperAcción, una organización que trabaja con comunidades campesinas en la promoción del desarrollo sostenible.

Tras su renuncia al Viceministerio, dijo estar en desacuerdo con la idea de crear una autoridad ambiental dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros. Un año después, se anunció la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

¿Cuál es su evaluación del trabajo que viene realizando este organismo?

La creación del Senace fue positiva porque apuntó a quitarle esta función al Ministerio de Energía y Minas (MEM), que tiene como misión que crezcan las inversiones en actividades extractivas. Antes, eran ellos los que aprobaban o desaprobaban los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En realidad, los aprobaban siempre. La creación del Senace es positiva porque un paso en el objetivo de convertir al Minam en una autoridad transversal. Y el sector Energía y Minas fue el primero en transferirle esas competencias. Sin embargo, el gran problema es que el Senace no tiene ni los recursos suficientes ni la institucionalidad adecuada para convertirse realmente en una autoridad transectorial. Me da la impresión que estará desbordado si es que finalmente se le transfieren todas las facultades.

En el 2013, el Gobierno empezó a aprobar una serie de medidas que las organizaciones sociales llamaron “Paquetazos ambientales”, seis años después,

¿cuáles han sido las consecuencias?

A partir de ese año, se empezaron a aprobar decretos supremos y leyes, como la Ley 30230, que debilitaron la institucionalidad ambiental y se comienzan a crear nuevos instrumentos.

Uno de esos instrumentos es el Informe Técnicos Sustentatorio (ITS), que en el caso de Las Bambas ha sido usado hasta en seis ocasiones.

En este proyecto minero, hemos visto claramente cómo son usados estos instrumentos. Al lado de los EIA, aparecen los ITS que permiten aprobar cambios a los proyectos de inversión por miles de millones de dólares de manera muy rápida, en quince días, y sin la posibilidad de mecanismos de participación ciudadana.

Según la normativa, los ITS deben ser excepcionales.

En Las Bambas, si uno suma estas modificaciones, ya estamos hablando de cambios sustantivos que se dan en un lapso de tiempo muy breve. Pueden decir que los proyectos cambian, pero esas modificaciones, en cualquier parte del mundo, se deberían hacer con una lógica planificada. Pero aquí cuando uno lee estos cambios, uno se pregunta ¿dónde está la planificación? A las mineras se les ocurre cambiar el proyecto en un mes y a los dos meses producen otro cambio y en paralelo solicitan Modificatorias al EIA (MEIA) e ITS. Ahí no hay planificación. La impresión que queda es que se están utilizando estos instrumentos para producir cambios importantes.

¿Por qué las empresas no hacen una modificatoria en lugar de tantos ITS?

Están haciendo uso y abuso de este mecanismo. A estas alturas, hay que empezar a evaluar si este mecanismo ha sido adecuado, si le conviene al país o si le conviene a las propias empresas porque finalmente lo que ocurre es que las poblaciones de las zonas de influencia preguntaron por un proyecto, dieron su opinión, su aceptación, lo que las empresas llaman ‘licencia social’, pero ese proyecto ha cambiado tanto que ahora es prácticamente otro.

Entre tantas modificaciones al EIA, en Las Bambas se descartó el mineroducto y se optó por trasladar toneladas de minerales por una carretera sin asfaltar, ¿quiénes son los responsables de que esto haya ocurrido?

En primer lugar, hay una gran responsabilidad en el MEM. Ese proceso de modificación debió ser desaprobado y regresado a fojas cero para que la empresa haga bien las cosas. La segunda responsabilidad está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) porque se voló la carretera. Se pasó rápidamente a convertir lo que eran trochas y caminos distritales a una vía nacional. Se supone que una vía nacional es un bien de dominio público y, como tal, no puede pasar por propiedad privada. El proceso adecuado era conversar con las comunidades, consultarles, pedirles su consentimiento, negociar un justiprecio y expropiar.

Esto que ha pasado en las alturas de Apurímac y Cusco sería impensable en Lima. Por ejemplo, el alcalde Muñoz anunció que ampliará la Vía Expresa y la conectará con la Panamericana Sur, para eso tendrá que expropiar a más de 400 propietarios. ¿Alguien se puede imaginar que primero amplíe la vía, esta opere durante cinco años y recién en ese momento conversará con los propietarios para ver cómo hará el mecanismo de expropiación? Eso es lo que ha pasado en Las Bambas: la carretera se usa desde el 2015, ya estamos 2019 y recién el MTC está hablando con las comunidades propietarias del terreno por donde pasa la carretera.

Debemos considerar también en qué momento se aprobó esta modificación.

La cuestión es incluso más grave como se ha dicho antes. Cuando se produce la segunda modificatoria, la empresa (Glencore-Xstrata) no especifica qué va a pasar con el transporte. Al final del proceso administrativo, cuando ya habían ocurrido los mecanismos de participación ciudadana, el MEM pregunta a la minera por qué estaban cambiando la ubicación de las plantas y recién ahí la empresa dice que reemplazarán el mineroducto. Además, esa modificatoria también descartó una carretera asfaltada de 200 km, por donde se iban a transportar los suministros de la mina. Esa vía hubiera sido importante porque ahora los más de 400 km los vamos a pagar todos los peruanos. Estamos hablando de más de 2 mil millones de soles por una carretera que es usada en su 99% por una empresa privada.

Este dato y no fueron lo suficientemente señalados, ¿cuál es la importancia de esta información para la comprensión del conflicto?

Nunca, sobre todo en la primera etapa, nunca se entendió el fondo del tema y que ahí hay un grave problema de incumplimientos, malas decisiones tomadas por las autoridades referentes al EIA, los ITS y la carretera, que es la base del conflicto. No entender esa dimensión y decir que solamente hay interés económico es realmente simplificar un problema. Los malos diagnósticos generan un contexto muy difícil para enfrentar adecuadamente los conflictos. La responsabilidad que uno tiene es la de construir el diagnóstico más cercano a la realidad para que el conflicto pueda ser adecuadamente atendido.

¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en esto?

En el caso de Las Bambas, hemos visto claramente maltrato a los comuneros, no solamente desde el Estado, sino también desde algunos medios de comunicación. He visto entrevistas al presidente de Fuerabamba que han sido realmente de maltrato y eso es un indicador de cómo se ven desde Lima los conflictos sociales, cómo se conocen muy poco los territorios y a nuestra propia gente, es un indicador también de cómo se toman las decisiones. Somos un país de varias culturas, de una diversidad enorme, pero parece que el Estado es solamente unicultural, no se reconoce esa diversidad y creo que muchos de los que vivimos en Lima también funcionamos así, con estereotipos, y no contribuimos en absoluto a una cultura de respeto a las comunidades. Algunos siguen pensando seguramente como un expresidente, que hay ciudadanos de segunda clase.

La abogada Rosa María Palacios dijo que visitó la zona y que los comuneros de Fuerabamba básicamente querían dinero.

Desde Lima, no se entienden los antecedentes, no se conocen, se ignoran y aparecen supuestos especialistas. Ella dice que ha ido, pero fue invitada por la empresa minera que le contó su historia, su versión de parte. Construye una narrativa y trata de imponerla, afirmando que estos son unos sabidos y que están acompañados de unos abogados peseteros, lo cual creo que es cierto, pero no sé si eso los convierte en extorsionadores. Me da la impresión que una cosa es ser abogado pesetero que lo único que le interesa es el dinero, que puede ser una falta ética, y otra ser extorsionador. Es cierto que habían expectativas económicas, pero no era el único tema. De repente, ese era el tema para esos dos abogados, pero la agenda legítima de las comunidades era mucho más amplía.

En este conflicto, la atención se centró en la comunidad de Fuerabamba, pero considerando todo el Corredor Minero del Sur, ¿a cuántas comunidades se estaría afectando?

En toda la ruta son 72 comunidades las que hemos identificado en CooperAcción. El Gobierno ya es consciente de que no estamos hablando solamente de una comunidad. Eso significa que el proceso va a ser complicado y difícil. Es bien interesante porque no se instalaron “mesas de diálogo”, sino “mesas de cumplimiento”. Esto expresa que la comunidad, más que dialogar sin duda, lo que quiere es que los compromisos se cumplan porque mesas de diálogo ya han habido antes en esta zona y en otras partes del país. Y el gran problema ha sido que finalmente los acuerdos no se cumplían.

En su experiencia, ¿cómo afecta a las comunidades este tipo de conflictos?

-Debemos considerar que los conflictos son muy costosos para las poblaciones locales. A veces en Lima pensamos que la gente está feliz bloqueando carreteras, feliz haciendo una paralización de toda una región. No es así, es sumamente costoso. Ya sus economías son precarias y con paros de hasta 60 días, sufren un impacto muy fuerte. Hay un costo y un desgaste enorme. Para una comunidad campesina de los andes, Lima es ancha y ajena, es un tremendo monstruo, que además los trata muy mal. A nosotros [CooperAcción], nos ha tocado muchas veces acompañar delegaciones y lo que enfrentan son maltratos, cierrapuertas, mecidas.

Hay otros conflictos latentes como Tía María en Arequipa. Los empresarios se han mostrado preocupados en que el Ejecutivo apruebe la licencia de construcción de la mina en agosto, fecha en la que se vence su EIA.

En cualquier parte del mundo, un proyecto que no tiene aceptación social no puede desarrollarse. El concepto “licencia social” es inventado por las empresas mineras. Deberían ser un poco más coherentes con los conceptos que ellos inventan. En los últimos diez años, grandes proyectos mineros en el mundo se han interrumpido porque no tenían licencia social. Los proyectos se detienen cuando el daño y la afectación al ambiente y a los derechos de las poblaciones locales son de una magnitud que no permiten que el proyecto tenga aceptación. Entonces, insistir en un proyecto como Tía María, donde a todas luces la gente no lo acepta, sería una torpeza. No lo aceptó en el 2010, ni en el 2011 ni durante el gobierno de Humala y no lo sigue aceptando ahora. Hace poco los alcaldes de la zona y las organizaciones sociales han dicho que no, que perciben el proyecto como una amenaza al Valle del Tambo, que es una zona vinculada a la agricultura. Es una torpeza de parte de la empresa Southern Copper porque lo peor que le puede pasar a la industria es que se pretenda sacar adelante un proyecto que la gente no acepta. Las empresas dicen que se cuidan mucho su imagen, pero conflictos de esta naturaleza van a generar convulsión social.

Tía María es otro tipo de conflicto minero, distinto a Las Bambas.

Hay dos grandes categorías. Por un lado, los de convivencia o coexistencia con la minería como Las Bambas, donde el presidente de la comunidad de Fuerabamba ha dicho que no están en contra de la minería, sino que lo ve como una oportunidad, pero los comuneros quieren respeto y que los acuerdos se cumplan. Por otro lado, están los conflictos de rechazo como Tía María, Conga, Tambogrande, Río Blanco, entre otros. Estos son casos en los que la gente dice que no porque percibe al proyecto como una amenaza. Pero siempre debemos estar atentos a los conflictos de convivencia, como Espinar.

En Espinar, el conflicto proviene del 2012. Además del tema de la presunta contaminación del agua por actividad minera, en los últimos años comuneras han denunciado agresiones por parte de la Policía y seguridad privada de las empresas. ¿Qué es lo que puede pasar ahora?

El gran problema es que la agenda no ha sido resuelta. Nuevamente estamos en un escenario en el que hay mesas de diálogo, se logran acuerdos y no se cumplen. Uno de los acuerdos tenía que ver con los impactos en la salud humana. Nunca se hizo un estudio que permita establecer la causalidad de la contaminación. Estamos 2019 y vemos un Estado que no tiene las capacidades de cumplir los acuerdos. También está el tema de las agresiones a algunas comuneras y ahí surge otro problema que es el de los convenios entre las mineras y la Policía Nacional.

Además, debemos agregar que hay un proyecto que hasta hace un tiempo en el registro de la cartera de proyectos de inversión aparecía como propio, que es la mina Coroccohuayco, pero ahora para agilizar los procesos de aprobación, este se está presentando como una ampliación de Antapaccay (Glencore). Ese también es un tema que está planteando cuestionamientos. Ahí, por ejemplo, se ha utilizado una modificatoria al EIA, pero no es lo mismo ampliar un proyecto que hacer uno nuevo. Este es un tema complicado porque tenemos la impresión que es una práctica que se va a extender. Esta lógica de recortar caminos para que los proyectos sean más rápidamente aprobados y con menos rigor, es lo que está pasando en varios proyectos. Esto termina siendo un motivo de inquietud, de demandas sociales.

Antes dijo que las empresas hacían uso y abuso de estos instrumentos de gestión ambiental, ¿esto es una herencia del gobierno de Humala?

Fue una tremenda irresponsabilidad de los empresarios mineros que construyeron este discurso de la tramitología y la permisología. Puedo entender que a todos nos molesta la burocracia, pero ellos nos contaron la historia de que las inversiones estaban cayendo y se iban a ir del Perú porque había un exceso de trámites y permisos. Ese fue el discurso que se montó desde el 2012 en adelante y el Estado lo asumió como propio. Lo que estaba sucediendo en realidad es que a nivel mundial la inversión minera estaba cayendo porque los precios de los metales estaban cayendo. Incluso la inversión minera a nivel mundial estaba disminuyendo a tasas más elevadas que en el país. Pero acá se compraron la narrativa y el discurso de los empresarios, y el Estado empezó a hacer una especie de carrera de fondo en materia de regulación ambiental y social, aparecieron los ITS, se acortaron los plazos y todos los paquetazos ambientales, aprobados por el gobierno de Humala y por varios ministros que ahora dicen que saben de todo y que hacen bien las cosas.

 

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/05/16/las-mineras-deben-evaluar-la-conveniencia-de-los-instrumentos-ambientales-de-las-que-hacen-uso/jorgepaucar/

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, negó que haya un nuevo bloqueo en la vía de acceso a la mina Las Bambas, como reportó el martes el representante de la Defensoría en la zona de conflicto, y aseguró que continúan en el diálogo pacífico con la empresa minera MMG.

«En este momento no hay ningún bloqueo, estamos dialogando pacíficamente, tranquilamente con la empresa MMG Las Bambas más bien», dijo en Canal N, pero cuestionó la ausencia de representantes del Ejecutivo en la reunión del lunes de esta semana con la minera.

«El día 20 de este mes debíamos tener una reunión con la empresa, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, pero ese día no estuvo. El premier Del Solar nos dijo que el Ejecutivo iba a estar presente en las conversaciones, pero eso no se está cumpliendo».

Por ello, el dirigente exhortó al Ejecutivo a enviar a un representante para que los acompañe en las negociaciones con la empresa minera.  «Lo que necesitamos es al Estado peruano que esté junto con nosotros para estas negociaciones que estamos haciendo», anotó. «Tiene que haber un garante que firme con nosotros para que no haya más inconvenientes», agregó.

Rojas confirmó que este viernes se llevará a cabo un nueva reunión y espera que el  Ejecutivo esté presente. En tanto, fuentes del Gobierno que cita Canal N dijeron que la ministra Bustamante sí acudirá ese día a la cita.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/05/22/gregorio-rojas-no-hay-ningun-bloqueo-seguimos-dialogando-con-la-empresa-mmg/redaccionmulera/

Raúl Rodríguez Torres, alcalde del distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, dice que Southern no ha logrado instalar una estrategia que realmente convenza a la gente que está en desacuerdo. Mas bien ha estado trabajando con la gente que está de acuerdo. 

Las autoridades de Islay salieron al frente para advertir que se puede venir una asonada si el Gobierno le entrega la licencia de construcción al proyecto de Southern. El alcalde de Punta de Bombón, Raúl Rodríguez, señala que la empresa debió enfocarse más en quienes están en contra.

Varios ministros declararon que Tía María tiene prioridad. ¿La intención del Gobierno es que se ejecute?

Yo tengo otra lectura distinta. Lo que nos ha manifestado el presidente Martín Vizcarra es que si bien es cierto (Southern) puede cumplir con todos los procedimientos; mientras no haya la licencia social eso no cambia nada. Aquello nos ha dicho a mi y los alcaldes, cuando le entregamos el memorial en Autodema. Nos explicó que aprendió la lección de que nada se impone. Nos lo dijo coloquialmente, cara a cara.

Sobre el memorial, dirigentes acusaron que se negociaba la licencia con la represa que Tambo exige.

Para nada. Eso me preocupa porque se están buscando tres pies al gato. Soy un hombre proinversión, pero también un demócrata que cree que las cosas no se imponen. No podemos ir y decirle al Gobierno que no queremos mina, más bien tenemos que darle argumentos para que tome decisiones. Por lo que conocemos, sigue habiendo un grupo grande renuente al proyecto; unos por desconfianza, otros porque ya tienen una ideología. Debería haber en todos los casos, en que un proyecto minero quiera instalarse, una consulta popular.

¿Cree que la consulta podría zanjar este problema?

Legalmente, sí.

Hay dirigentes que dicen que los opositores son más y que los contrarios menos…

En realidad, no podría evaluar por cantidades, no es fácil y sería atrevido.

Lo que algunos notan es que no hay el nivel de organización del año 2015…

Lo que creo es que una autoridad es de todos, de los que están en contra y de los que piensan de manera distinta. Lo que puedo decir es que hay un grupo que tiene dudas del proyecto y está dispuesto a salir a marchar, a exigir. Lo hemos vivido antes y no queremos pasar por lo mismo. La intención de las autoridades es adelantarnos a los hechos y evitar una convulsión social. Hemos sido enfáticos en responsabilizar al Gobierno nacional si toma algunas decisiones que promuevan esa convulsión.

¿Se puede venir una protesta de igual proporción que la del año 2015?

Por supuesto, no hay que ser demasiado agudo para darse cuenta de ello. Vivo acá, he nacido acá, trato con la gente que quiere el proyecto y con la que no quiere. (…) La empresa (Southern) no ha logrado instalar una estrategia que realmente convenza a la gente que está en desacuerdo y, sin embargo, trabaja con la gente que está de acuerdo. Esa no es la idea, sino la de trabajar con los grupos que están en desacuerdo.

 Los que sí quieren que se ejecute Tía María sostienen que muchos de los que están en contra se benefician y que no quieren reconocerlo.

Allí nos estamos equivocando de idea, si estamos hablando de que se quieren despejar temores y dudas; no lo vas a lograr regalándoles televisores u otras cosas. Hay que conversar con la gente, hay que dialogar, hay que ir donde los grupos que tienen las dudas. Qué mecanismos se moverán a partir de eso, no sé; ese es un trabajo de ellos.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1476366-presidente-manifesto-tia-maria-licencia-social?fbclid=IwAR1_IQuAnt8t9BhpkfKARgBNN4kj8Tkf0kViEDvgiWvAOMiZSckVqFOS1Zo

Hoy se realizó la segunda reunión de la Mesa de Justicia y Derechos Humanos en la ciudad de Cotabambas, en la región Apurímac, que busca avanzar en la solución de las demandas de las comunidades frente a la criminalización de las protestas así como la reparación de las víctimas por los conflictos sociales.

Entre los asistentes por parte del gobierno se hicieron presentes el Ministro de justicia Vicente Zeballos, la Ministra de desarrollo social Paola Bustamante, representantes del Viceministerio de Gobernanza Territorial, del Ministerio de Transportes, y de la Defensoría del pueblo.

El Ministro de Justicia informó que a raíz de una reunión en Lima con la empresa Las Bambas, se confirmó un apoyo humanitario por un año a las 4 víctimas del conflicto, Cumpliéndose el año, el MINJUS asegura un fondo para que tenga este proceso tenga continuidad. Asimismo se reafirmó la creación de un fondo de contingencias para conflictos sociales.

Por los pueblos afectados estuvieron presentes dirigentes comunales y de los frentes de defensa de la provincia de Cotabambas y el distrito de El Progreso, así como de los distritos de Pumamarca, Cotabambas, Fuerabamba, Tambobamba, Mara, Haquira, entre otros.

Si bien los ministros que estaban presentes se retiraron antes que finalice la reunión, el Acta de acuerdos fue firmada por los dirigentes, un representante de la PCM, la Defensoría del pueblo.

Fuente:onflictosmineros.org.pe/2019/05/24/las-bambas-mesa-de-justicia-termino-con-firma-de-acta/?fbclid=IwAR1IW_kel-wKlXnc18CKjPeLe9TjtfagaC91FXxQcKqxhrbmffoprC4qdqw

El 26 de abril último, el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima (Expediente 14037-2013), declaró fundada la acción de amparo presentada por la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) en el año 2013, resolviendo la nulidad de 111 concesiones mineras y otras resoluciones de Estudios de Impacto Ambiental aprobadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), respectivamente. El motivo fue que estas entidades omitieron realizar el procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas Awajún y Wampis que habitan esos territorios.

Durante muchos años, las organizaciones que representan a los pueblos Awajún y Wampis venían demandando que sus territorios tradicionales fueran declarados como Zona Reservada, un primer paso para la creación del “Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor”. Ello como una forma de proteger su hábitat natural y evitar la intromisión de actores externos, particularmente empresas extractivas. Luego de un largo proceso de negociación de estas organizaciones con el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), se acordó en el año 2004 que el referido Parque tendría un área de 152,873.76 has. Sin embargo, en el año 2007, ya iniciado el segundo gobierno de Alan García, el INRENA incumplió el acuerdo alcanzado con las comunidades y redujo el área del Parque a 88,477 has. A las organizaciones indígenas no se les dio ninguna explicación de esta decisión. En ese momento las políticas del Poder Ejecutivo se inscribían en la lógica del “perro del hortelano”, que el fallecido presidente García utilizaba para simbolizar el vínculo que los pueblos indígenas tenían con sus territorios tradicionales, y cómo estas formas culturales impedían el desarrollo del país que era entendida como de promoción irrestricta de las actividades extractivas.

Así, sobre la extensa área del territorio Awajún y Wampis que quedó desprotegida, se comenzaron a otorgar concesiones mineras y permisos para actividades de exploración y explotación. Varias empresas y agentes externos comenzaron a ingresar a este territorio del Parque con dichos fines, produciéndose numerosos conflictos con las comunidades de la zona. El caso de la empresa minera Afrodita y sus reiterados desencuentros y conflictos con la población, refleja de forma clara, las consecuencias del incumplimiento del Estado. En esa medida, esta sentencia corrige un despropósito y una clara afectación a los derechos colectivos de los pueblos Awajún y Wampis, referidos a su capacidad de tener injerencia y poder de decisión sobre las cuestiones que afectan sus territorios tradicionales.

Asimismo, al declarar la nulidad de las concesiones y autorizaciones otorgadas, esta sentencia se suma a otras resoluciones judiciales emitidas que también declaran la nulidad de concesiones mineras por no haber realizado la consulta previa. Estos son los casos de Tres Islas en Madre de Dios o Atuncolla en Puno. Además, existen muchas otras demandas de amparo en trámite que también vienen solicitando la nulidad de concesiones mineras otorgadas. De igual manera, en el caso de las actividades de hidrocarburos, también se han venido acogiendo favorablemente muchas demandas de amparo de pueblos indígenas amazónicos para declarar la nulidad de lotes petroleros por la omisión de la aplicación de la consulta previa.

Dicho esto, lo que se ha resuelto en esta sentencia, y en general, lo que se viene resolviendo a nivel judicial en torno a los alcances del derecho a la consulta previa, obliga a reflexionar sobre cuál es el momento más apropiado para su aplicación. Cabe decir que, en mayo de 2011, dos meses antes que finalice el segundo gobierno de García, el MINEM emitió el Decreto Supremo 023-2011-EM, que regulaba la aplicación de la consulta previa para las actividades inscritas en su sector. Lo curioso es que esa norma estableció que la consulta se tenía que realizar antes del otorgamiento de una concesión minera. Probablemente esa flexibilidad del Gobierno para ampliar de esa manera los alcances de la consulta, haya tenido que ver con que estaba casi de salida. Sin embargo, ya en el gobierno de Humala, una vez que entraron en vigencia la Ley de Consulta (setiembre de 2011) y su Reglamento (abril de 2012), las normas procedimentales que se emitieron para implementar este derecho restringieron sus alcances.

En el caso de las actividades mineras, se decidió que la consulta se debía realizar en el momento previo a la emisión de la resolución de la Dirección General de Minería del MINEM para autorizar el inicio de actividades. Pero esta medida administrativa es de tipo fast checking, que solo verifica el cumplimiento de requisitos que previamente se deben cumplir para iniciar actividades de exploración, explotación o beneficio minero. Justamente uno de esos requisitos es contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado. Es decir, bajo este esquema, la consulta se realiza una vez que se tiene el EIA definido, lo cual sin duda resta eficacia a este derecho y lo vacía de contenido. La etapa de elaboración de estos estudios debería ser la oportunidad para determinar y proponer alternativas a las observaciones o reservas de los grupos de interés, entre los que se cuenta a las poblaciones indígenas. El hecho de que no se consideren estas preocupaciones es lo que viene llevando a que los pueblos indígenas opten por la vía del amparo entrando en una dinámica cada vez más fuerte de judicialización de la consulta.

La oportunidad o el momento más apropiado para la aplicación de la consulta sigue siendo un debate abierto. En la Sentencia del Parque Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, se ha señalado de forma explícita que la consulta se debe realizar antes del otorgamiento de la concesión, y además que todas las concesiones aprobadas tras la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT (1995) tendrían vicios de nulidad; es decir, deberían ser declaradas nulas en tanto no pasaron por un procedimiento de consulta. Pero, cabría analizar qué consecuencias conllevaría establecer la obligatoriedad de consultar todas las concesiones otorgadas desde la admisión del Convenio 169. Considerando que existen miles de concesiones aprobadas desde esa fecha, muchas de las cuales constituyen grandes operaciones mineras en pleno funcionamiento actualmente, ¿podría el Estado viabilizar en la práctica la implementación de procedimientos de consulta respecto a todas esas concesiones? Más allá de la justicia detrás de estas reclamaciones, lo concreto es que el Estado no se encontraría en condiciones de atender tantas reclamaciones simultáneas. Ello considerando también la presión mediática que se generaría en su contra, proveniente de grupos de poder vinculados con la minera, que reclamarían por tantas operaciones que se suspenderían de adoptarse tales medidas.

De igual manera, es importante tomar en cuenta que los procesos de consulta suelen generar altas expectativas entre la población respecto a los beneficios que pueden obtener de la actividad extractiva. Pero antes del otorgamiento de una concesión resulta difícil poder establecer de forma clara qué beneficios se podrían obtener. El otorgamiento de una concesión solo requiere presentar una serie de requisitos formales, pero no se solicita información que pueda determinar los impactos a nivel social o ambiental que se generarían a futuro (eso recién se tiene más claro en un siguiente momento, cuando se elabora el EIA). Incluso muchos solicitan concesiones solamente con fines especulativos, esperando obtener un beneficio económico futuro por la venta de la concesión ante una empresa con mayor capital (y posibilidades de explotar). El marco normativo permite que uno pueda tener una concesión vigente hasta por 30 años sin explotar el recurso, solamente pagando un derecho de vigencia anual y luego penalidades. Sin embargo, estos montos no constituyen incentivos suficientes para abandonar una concesión. En ese sentido, realizar una consulta bajo estas condiciones, con la incertidumbre sobre si el recurso va a ser extraído o no, puede determinar que se generen expectativas infundadas entre la población que sería consultada, pudiendo ser un factor adicional y muy importante que puede conducir a la proliferación de conflictos sociales y la afectación de la gobernabilidad en espacios de desarrollo de actividades mineras.

Por lo expuesto, este artículo plantea que las discusiones sobre el momento o la oportunidad de la aplicación de la consulta, no pueden desligarse de otra discusión mucho más profunda y de mayores dimensiones: la necesidad de efectuar reformas sustanciales en el actual sistema de concesiones minero en el país, que en lo sustancial sigue siendo el mismo que instauró Fujimori al inicio de su primer gobierno. Los problemas evidenciados reflejan la necesidad de establecer una serie de restricciones al otorgamiento indiscriminado de concesiones por parte del INGEMMET, entidad adscrita al MINEM y que está encargada de otorgar las concesiones. Estas se aprueban sin evaluar o cruzar información sobre los usos del territorio, o sin tomar en cuenta los instrumentos de planificación local o regional. En la práctica, son las mismas concesiones las que definen los usos del territorio, en una lógica orientada a la explotación intensiva de los recursos naturales, y sin tomar en cuenta o subvalorando otras actividades económicas o prácticas tradicionales de las poblaciones que se asientan en esas zonas y que para ellas pueden ser más valiosas que las actividades mineras o extractivas.

Por tanto, lo que cabría plantear es que se revierta esa figura, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de ordenamiento territorial (OT). La idea es que estos sean implementados antes de autorizar cualquier tipo de actividad extractiva, y se elaborarían con la participación directa de la población involucrada, incorporando sus intereses y aspiraciones en la organización del espacio físico y del uso del suelo de acuerdo a sus potencialidades. En el caso de los pueblos indígenas, procesos participativos de este tipo plasmarían en la práctica el espíritu y los principios que guían las normas, sentencias y declaraciones internacionales que delimitan el marco de protección de sus derechos colectivos como pueblos. Sería una forma de implementar un procedimiento de consulta previa y que no se tendría que supeditar necesariamente al otorgamiento futuro de una concesión o a una autorización para realizar actividades mineras.

Habiendo realizando este proceso de evaluación previa de carácter participativo, los pueblos indígenas podrían contar con mayor información para determinar los impactos sociales y ambientales que se podrían generar en la eventualidad de que se quiera promover algún tipo de actividad minera o extractiva en sus territorios, así como los beneficios o perjuicios que se podrían generar.

Por lo tanto, una salida sostenible y con mirada de largo plazo a los problemas que se van a ir generando por el cuestionamiento a las concesiones y autorizaciones de actividades mineras inconsultas, pasaría por fortalecer el OT y que este tenga carácter vinculante y no se subordine a los intereses de las industrias extractivas, tal como ha venido ocurriendo hasta la actualidad.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-consulta-previa-en-debate-sentencia-del-parque-ichigkat-muja/?fbclid=IwAR3pU52VMpWCP1vAZ2H1Qe2YHnfEUp4o3HAt4LPfY6iV4dgVjw-AXVdjuEc

El día 22 de mayo en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca se leyó la sentencia absolutoria para dos ronderos de la zona de Oxamarca- Celendín. Absalón Martos Vásquez y Segundo Nazario Chávez Tirado, miembros de la ronda Campesina de la Comunidad de Quillamachay, eran procesados desde el 2014 por delito de Secuestro agravado y para los que se pedía la pena de cadena perpetua.

El motivo fue que en junio del 2014 intervinieron a cuatro personas ajenas al lugar, las cuales estaban comprando tierras en grandes cantidades de manera irregular y sospechosa, probablemente para venderle a la Odebrecht quien tenía previsto construir en esta zona la represa Chadín II, o a las compañías mineras que están también en el lugar.

La intervención sólo consistió en pedirles que se presenten ante la asamblea ronderil, los presuntos secuestrados habrían incluso tenido la oportunidad de dar parte a la Policía Nacional, que llegó al lugar y al no observar nada irregular de parte de la ronda, participó de la reunión.  Días después, estas personas denunciaron a los ronderos por secuestro agravado y lo increíble sería que la Fiscalía de Celendín, sin mayores pruebas y obviando su condición de ronda, procedió a denunciar por este grave ilícito pidiendo la pena máxima.

Este proceso se convirtió en una larga y tortuosa lucha judicial; la comunidad se preguntaba si el haber actuado contra personas vinculadas a las grandes empresas tenía que ver con esta absurda persecución. Los 2 ronderos incluso fueron sentenciados en una primera instancia, sin mayores pruebas y por un delito diferente al que les imputaban.

Este proceso ha tenido muchas irregularidades y en virtud de ello una Sala Penal determinó su nulidad, sometiéndose el caso a nuevo juicio donde se llegó a la absolución de los mismos. Esperamos que este caso contribuya al cese de la criminalización de la labor ronderil, reconocida por la Constitución y que no debe ser motivo de ninguna denuncia o proceso, cuando se realiza dentro de los márgenes de la ley y el respeto a los derechos fundamentales.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/23/cajamarca-tras-5-anos-absuelven-a-ronderos-de-celendin/?fbclid=IwAR21duH6AK73M99cl6jsM62Sj9hPHlXnQNs14tqxgfxQGQDQKbP5OBOMFfY