El 14 de junio., al promediar las 11 de la mañana, se retomó la mesa de trabajo de Justicia y DD.HH. en Tambobamba, provincia de Cotabambas, Apurímac, en la que participaron autoridades, asesores ministeriales, funcionarios del Ministerio de Energía, Ministerio de Justicia y Minas y Ministerio de Transportes y Comunicaciones y dirigentes comunales.

Como se recuerda, esta mesa es parte del proceso de diálogo que inició el gobierno central con autoridades regionales y locales, empresa y representantes de comunidades originarias después del conflicto que inició con Nueva Fuerabamba. La mesa de diálogo, con diferentes grupos de trabajo, se creó con el objetivo de atender  las exigencias de las comunidades afectadas por la empresa minera MMG Las Bambas.

Durante la reunión, el Director General de Defensa Pública, César Cárdenas, informó sobre los compromisos que asumió su oficina el último 24 de mayo, cuyo plazo vencía hoy. Cárdenas reafirmó el archivamiento de tres Carpetas Fiscales de Cotabambas, en los cuales se procesaba a dirigentes comunales por conflictos del año 2018.

Para el caso de Challhuahuacho, Cárdenas señaló que el área legal de la empresa minera MMG Las Bambas ha mostrado su disposición de llegar a un acuerdo de transacción con los dirigentes y comuneros denunciados, para lo que será necesario una reunión en la que estén presentes sus abogados. Son muchos los casos de criminalización por lo cual, la Defensa Pública se comprometió a tener una lista completa de las personas que han sido denunciadas durante los conflictos sociales.

Por otro lado, la empresa minera en mención se ha comprometido a brindar apoyo económico a las familias de los fallecidos en el conflicto del año 2015. El Estado por su parte iniciará gestiones para que los familiares directos de los fallecidos se beneficien de programas sociales y sean inscritos al Sistema Integral de Salud.

La próxima reunión del Grupo de Trabajo de Justicia y DD.HH. se realizará el 26 de julio del presente año, nuevamente en la ciudad de Tambobamba.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/las-bambas-nuevos-acuerdos-en-la-mesa-de-justicia-y-dd-hh/

Según el Reporte de Conflictos Sociales N° 183, publicado hoy por la Defensoría del Pueblo, Cusco es la segunda región, después de Áncash, que concentra más casos. 10 de los 18 conflictos registrados son de tipo socioambiental y están relacionados a la minería en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Paruro.

Según el Reporte, a nivel nacional se han registrado 176 conflictos sociales. De estos, 116 conflictos (el 66%) son de este tipo socioambiental. 72 de los 116 casos están relacionados a la actividad minera y 18 a actividades hidrocarburíferas (ambas actividades suman casi el 78% del total.

La Defensoría del Pueblo define como conflicto socioambiental a aquel que se produce por el control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Y que tiene componentes políticos, económicos, sociales y culturales.

ALERTAS TEMPRANAS

La Defensoría del Pueblo también informa sobre casos y situaciones que –a su consideración- merecen una intervención prioritaria por parte de las autoridades competentes para prevenir conflictos sociales.

En el caso de Cusco, la Defensoría de Pueblo, recomienda que las autoridades pongan atención sobre el caso del teleférico Uchuy Qosqo, en la comunidad campesina de Sacllo (Urubamba).

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/%EF%BB%BFdefensoria-del-pueblo-cusco-es-la-segunda-region-con-mas-conflictos-sociales/?fbclid=IwAR1XU3Fe6wP761x6nBqxf6JYWXF6FTrteKQsMUmuX9qNVs56hiVlap1V5uk

Tras meses de presiones empresariales, el Ejecutivo va dando señales de que el proyecto va, pero con las condiciones sociales necesarias para su normal desarrollo.

Desde junio del 2018, aunque con otro presidente, el Gobierno dejó clara su posición sobre el proyecto Tía María, de la empresa mexicana Southern Copper. El entonces Jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, dijo que dicha inversión minera en la provincia de Islay (Arequipa) se debía ejecutar, pero «conversando con la gente».

En setiembre pasado, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, siguió en la misma línea y afirmó que el proyecto tenía «todo nuestro apoyo para que avance pronto». De esta manera, el Ejecutivo mostraba su posición sobre el proyecto por el que han perdido la vida cinco ciudadanos, víctimas de proyectiles de armas de fuego policiales disparados durante protestas en 2015 y 2011.

Hasta que, debido a la cercanía del vencimiento del plazo para que el Gobierno apruebe o desapruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María, el CEO de Southern, Óscar Gonzalez Rocha, se manifestó. En una entrevista a El Comercio, el directivo de la compañía mexicana dijo que entendía que «el Gobierno tiene pensado otorgar la licencia de construcción antes de la mitad de agosto» y advirtió que, en caso esto no suceda, el proyecto volvería a fojas cero, porque se tendría que realizar un nuevo EIA, lo que tardaría aproximadamente un año y retrasaría la inversión minera.

Ante ello, el ministro Ísmodes respondió que confiaba en que el proyecto salga adelante este 2019, pero con un «consenso mayor en la ciudadanía». Y luego la presidenta de la Confiep, María León, afirmó que Southern ya tenía la llamada «licencia social». Así, los empresarios y los funcionarios del Gobierno iban intercambiando opiniones sobre Tía María.

Hasta que el pasado 12 de junio, la agencia estatal Andina publicó una nota en la que, citando al consultor en desarrollo y minería sostenible, Manuel Aguilar Villalobos, afirmó que «Tía María es factible para explotación minera sostenible«.

«He leído últimamente en la prensa que muchos se oponen, porque el polvo de Tía María va a contaminar los campos agrícolas. Eso no es correcto. El polvo significa que la actividad de Tía María más cercana al valle del Tambo sería la operación de La Tapada, que está a 3 000 metros, y a aproximadamente a 242 metros de altura, sobre el valle del Tambo”, dijo el magister en Ingeniería Mecánica de la Universidad Estatal Wayne (Estados Unidos).

Finalmente, este lunes, el presidente Martín Vizcarra dio su opinión. En declaraciones a Exitosa, dijo que para que Tía María se ejecute se debe dialogar, tal como se hizo con Las Bambas. Si bien actualmente no hay protestas en el Valle del Tambo, el presidente hizo esta declaración:

«Antes de hablar de Tía María hablemos de Las Bambas. Nosotros encontramos un problema que se convirtió en crisis en abril. Por eso la economía en abril se resintió. Lo que se pedía era mano dura y qué hicimos nosotros: en base al diálogo estamos saliendo adelante. Un Estado fuerte no es el que mete bala a los comuneros «.

«Con el pueblo se conversa, se dialoga y se concerta. Lo mismo tenemos que hacer con Tía María. Aclaremos las dudas. Yo me he reunido con el gobernador de Arequipa y los alcaldes de Islay y zonas de influencia que muestran su preocupación, por lo que desarrollemos juntos la provincia de Islay», agregó.

Vizcarra también puso como ejemplo lo que pasó con Quellaveco en Moquegua:

«En mi región, con US$ 5,300 millones de inversión está en proceso en base al diálogo y poner todo sobre la mesa. He sido gobernador regional cuando se le dio la licencia social a Quellaveco. No fue una carta blanca en absoluto, lo que demandamos fue inversión pero sin contaminación y con aporte al desarrollo de la región. Así fue también en Las Bambas por lo que sí hay ejemplos de minería responsable».

El Gobierno deberá hacer oficial y definitiva su posición sobre el proyecto minero Tía María y considerar el contexto social en la provincia de Islay, especialmente en el Valle del Tambo, zona agrícola donde los campesinos temen que sus cultivos se vean afectados por la explotación extractiva.

Recordemos que, en el 2009, Southern Copper presentó el EIA de Tía María y este recibió 136 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS), lo que generó protestas durante el gobierno de Alan García en el 2011, cuando lamentablemente tres ciudadanos perdieron la vida víctimas de perdigones disparados por la Policía Nacional. Otra protesta se realizó durante el gobierno de Ollanta Humala en el 2015, cuando otros dos ciudadanos murieron por la represión policial en Islay. En ese momento, Humala puso en «modo pausa» el proyecto, ya que dijo no poder suspender ni cancelar la inversión.

Tía María se ubica en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Se estima que la mina produzca 120 mil toneladas de cobre por año. Para su construcción, se invertirán 1, 400 millones de dólares. En principio, el inicio de sus operaciones estaba planeado para finales del 2011, pero ya han pasado ocho años y el proyecto no se ejecuta debido a la oposición ciudadana.

Al respecto, los empresarios citan una encuesta de Ipsos que indica que el 61% de encuestados en Islay considera que el proyecto minero generará puestos de trabajo para la población local y otro 71% considera que será una oportunidad de empleo para los jóvenes.

Por su parte, la periodista arequipeña Mabel Cáceres, dijo a Noticias SER, que «el malestar de la población contra Southern» y el proyecto «no ha cambiado». «No hay ninguna razón objetiva para que la población les crea», afirmó.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/06/17/tia-maria-martin-vizcarra-southern-copper-arequipa-islay-valle-de-tambo-conflicto-minero-eia/jorgepaucar/

Colapso de la mina Pushaquilca perjudica la laguna de Pelagatos (Pallasca) y desembocadura del río Santa. Pobladores en grave riesgo.

La contaminación del río Santa cuyas aguas son utilizadas para la agricultura del valle y el servicio de agua para Nuevo Chimbote, se ha originado por el derrame de la minera Pushaquilca, exMagistral, debido a sus precarias condiciones y falta de control.

Según la denuncia del presidente de la Junta de Usuarios del Agua, Ascadio Díaz, la minera, representada por el Miguel Orbegoso Tudela, sufrió el jueves pasado el colapso en las rampas del nivel 4136, lo cual embalsó el agua y este se derramó sobre la laguna Pelagatos.

Los comuneros constataron la contaminación de las aguas, por lo que llamaron a la Fiscalía, la Policía y el personal del centro médico.

Ellos recorrieron toda la zona y advirtieron que esta agua desemboca en el río Santa, perjudicando gravemente a los poblados de Paragón y Conzuso, de Pampas.

Ascadio Díaz recordó que las aguas de este torrente llegan hasta la costa de Áncash y son utilizadas por los agricultores.

“Estos relaves constituyen un riesgo potencial para los poblados. El agua es amarilla, se contamina con facilidad, por lo que hacemos un llamado a las autoridades distritales provinciales y regionales para investigar y encontrar los culpables, entre ellos pasivos mineros, a fin de no seguir con la contaminación, por lo que se usa para la agricultura, consumo humano y animales”, invocó el dirigente.

El alcalde de Pampas, Marcial Valerio, manifestó que se vino alertando de este posible derrame desde agosto del año pasado al Ministerio de Energía y Minas para que proceda con el cierre, pero esta cartera nunca realizó la inspección y dejó operar a esta empresa de manera informal.

Fuente:http://laindustria.pe/nota/8207-derrame-de-minera-contamina-aguas-del-ro-santa?fbclid=IwAR2n-UIu0my7UKE4ovEyJ_gKoGY3tYZ1L63OFUzXFPEiNd7LE7Z7BwdvmHw

De esta manera, dirigentes del Valle de Tambo responden a las declaraciones de los gobernantes, que han dado claras señales de que aprobarán el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero.

Era de esperarse. Tras las últimas declaraciones del presidente Martín Vizcarrasobre Tía María, dirigentes de la provincia de Islay (Arequipa), zona de influencia de la mina, han anunciado protestas contra este proyecto extractivo.

En agosto próximo, se vence el plazo para que el Ejecutivo tome una decisión sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de la mexicana Southern Copper. En esa fecha, debe definir si le otorga o no licencia de construcción de la mina. Por ello, desde mediados del 2018, empresarios vienen presionando al Gobierno para que le de luz verde a esta inversión.

Por Tía María, se han realizado protestas que han dejado el lamentable saldo de cinco fallecidos por represión policial. En el 2011, tres ciudadanos fallecieron y fueron declarados «Héroes Ambientales de Islay» y en el 2015 otras dos personas perdieron la vida. Todas murieron a causa de heridas provocadas por proyectiles de armas de fuego disparados por agentes estatales.

Las motivaciones de los ciudadanos eran de tipo ambiental. La mina, que estima producir 120 mil toneladas de cobre por año, se encuentra en una zona que se caracteriza por la actividad agrícola. Los productores de la zona temen que sus campos de cultivo sean contaminados con la actividad extractiva a tajo abierto. El sustento de la protesta en el 2011 eran las 136 observaciones que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS) hizo al primer EIA.

Ahí se reforzó la falta de confianza y, en el 2015, los manifestantes reclamaron falta de consulta con la ciudadanía. Ahora, la situación parece similar. Luego de declaraciones de empresarios y ministros, el Gobierno parece alistarse para ejecutar Tía María, pero no muestra diálogo con la población de la zona.

En la ciudad de Arequipa ya está convocada una marcha para el próximo jueves 20 de junio, anunció el dirigente Jorge del Carpio, informó el diario Sin Fronteras.

Augusto Paredes, dirigente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, señaló que no aceptarán la imposición del proyecto minero.

Marilú Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada, dijo que los agricultores están atentos para que, ante cualquier anuncio oficial a favor de Southern, iniciar una huelga indefinida.

“Ya lo hemos advertido, si sucede algo en Tambo el único culpable será el Gobierno”, afirmó, según cita RPP Noticias.

Marroquín agregó que alcaldes de Islay y el gobernador regional Élmer Cáceres han enviado una carta al presidente Martín Vizcarra rechazando a Tía María. El gobernador Cáceres ya se pronunció sobre Tía María.

«Nosotros creemos que no existen cumplimientos adecuados en el Valle de Tambo», dijo, según cita El Búho.

El gobernador agregó que se debe respetar la opinión de los ciudadanos y que se debe dialogar.

Par la construcción de Tía María, se invertirán aproximadamente 1,400 millones de dólares. En principio, el inicio de sus operaciones estaba planeado para fines del 2011, pero la preocupación de la ciudadanía por la posible contaminación hizo retroceder al Ejecutivo. Al parecer, el Valle de Tambo sigue desconfiando.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/06/18/tia-maria-protesta-marcha-huelga-islay-valle-de-tambo-arequipa-aprobacion-eia-conflictos-mineros/jorgepaucar/?fbclid=IwAR2Wx1xEZbIEEJV-XOeVu81sAYShYd69-YxgnADcNCSYtzrhw6v3JGKTDao

Los últimos reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, muestran un crecimiento acumulado de la economía peruana de apenas 2.28% en lo que va del año, muy por debajo de las proyecciones anunciadas. La cosa no pinta bien y los tambores de guerra comercial que se siguen multiplicando en el escenario global entre China y los Estados Unidos, ya están teniendo un impacto en la economía peruana y esto se ve con claridad en la minería: en marzo, el sub sector minero creció apenas 0.25%, luego de decrecer en los meses previos.

De acuerdo a las proyecciones del último Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas del Ministerio de Economía y Finanzas, la minería metálica crecería 3.0% el 2019, 2.2% el 2020 y 4.1% el 2021. Sin embargo, estas cifras también tendrán que ajustarse a la baja, sobre todo si el escenario internacional continúa deteriorándose.

Si bien, desde el año 2017, las cotizaciones de los minerales de base comenzaron a mejorar, lo que proyectaba una recuperación del sector minero, a partir de julio del año pasado se comenzó a notar una tendencia a un menor dinamismo y luego a un claro retroceso, que se hizo más notorio en los últimos meses de 2018: por ejemplo, en los últimos doce meses el precio del cobre ha decrecido en -10.4%, el zinc en -22.5% y el plomo en -8.9%. Este cambio de tendencia, que es más evidente en el caso de los metales base, coincidió con las mayores tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las cuales se han agravado y podrían prolongarse por un período largo.

En este contexto, desde los últimos meses del año pasado se observó una desaceleración de las exportaciones y de la tributación minera, aunque por el momento las inversiones mantienen una tendencia creciente. A marzo, la inversión en minería creció en un 37% (US$ 1,193 millones en lo que va del 2019), confirmando el crecimiento de los dos años previos.

Este crecimiento agregado de la inversión minera a marzo se explicaba por los rubros Planta de Beneficio (47%), Equipamiento Minero (101%), Preparación y Desarrollo (80%) y Otros (106%). Por su parte, también se observó una disminución en los rubros Exploración (-30%) e Infraestructura (-21%). En relación a la exploración se ha producido un cambio de tendencia desde finales del año pasado debido al contexto internacional menos favorable: la inversión en exploración es uno de los indicadores más sensibles a los cambios en el escenario internacional.

Por su parte, las exportaciones mineras a marzo registraron una caída de -14.5% (US$ 6,300 millones). Cabe resaltar que, pese al menor dinamismo de los últimos meses, en el 2018 las exportaciones mineras alcanzaron un record histórico, superando el valor exportado del 2017, 2012 y 2011. El crecimiento de las exportaciones durante el 2018 estuvo influido por el contexto favorable de precios de los minerales (sobre todo cobre, zinc y plomo) y el salto productivo que se dio a partir del año 2016. Sin embargo, como ha sido mencionado, a partir de setiembre del año pasado se registró una desaceleración en el valor de las exportaciones mineras debido a las menores cotizaciones. Este es un dato clave para la balanza comercial, ya que el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las exportaciones peruanas: representó el 79% de las exportaciones tradicionales y 56% de las exportaciones totales.

Por otro lado, por el momento la recaudación general ha continuado la tendencia positiva observada el año pasado y ha acumulado a abril de 2019 un crecimiento 4.2%. Del mismo modo, los Ingresos Tributarios (que constituyen el 88% del total recaudado) aumentaron en 4.9% en lo que va del año. Con respecto a los Ingresos No Tributarios, que incluyen las Regalías Mineras y el Gravamen Especial a la Minería, han disminuido en -26.3%, aunque estos representan sólo el 0.8% del total recaudado.

Sin embargo, cabe destacar que el pago del Impuesto General a la Renta (IGR) de tercera  categoría del sector minero -considerando regularización- se  ha  reducido  en -55.7%. Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría a abril se observa que el subsector minero aportó el 10.1% de lo recaudado por este concepto, muy por debajo del 20.2% de aporte del año pasado. En el siguiente gráfico se observa que el subsector minero luego de representar en el 2007 algo más del 50% del total recaudado por IGR, luego del boom y el súper ciclo de precios apenas llegó al 4.5% (2016), el nivel más bajo de las dos últimas décadas, lo que denota la alta volatilidad contributiva de este sector.

Por su parte, el aporte del sector minero al total de tributos recaudados por el Estado peruano registra un nivel de participación de 8.3% a abril del 2019, debajo del 10.8% alcanzado durante el 2018. Luego de una contribución pico de 24.7% en el 2007, el aporte minero al total de tributos cayó hasta 5.4% en el 2016, y posteriormente mostró una recuperación. El deterioro de las cotizaciones mineras desde el segundo semestre del año pasado ha empezado a reducir el aporte de la minería a la recaudación.

La evolución mostrada en los dos últimos gráficos muestra que uno de los grandes retos de la tributación minera y su aporte es cómo puede atenuarse su extrema volatilidad. Sigue pendiente en el país un debate serio sobre cuál debe ser la política tributaria en relación a la minería y la necesidad pendiente de implementar una verdadera reforma tributaria, que siga las orientaciones de la OCDE y de varios organismos internacionales.

Lo que se viene

Todo indica que hemos entrado a un nuevo momento y el optimismo que generó la recuperación de la cotización de los minerales desde el año 2017, comienza a cambiar. Las cifras parciales muestran un cambio de tendencia: el valor de las exportaciones mineras ha comenzado a caer, lo mismo que el aporte tributario. Las inversiones en minería por el momento han seguido aumentando, aunque seguramente mostrarán un menor dinamismo más adelante.

Como ocurrió a partir del año 2013, son las tendencias que vienen de fuera las que explican en gran medida esta situación. Si bien ayuda que el Perú sea el país con los más bajos costos de producción de cobre a nivel mundial (ver gráfico), lo cierto es que en contextos de turbulencia como el actual, los inversionistas y los mercados financieros globales, se vuelven más conservadores y cortan los flujos de financiamiento para proyectos de inversión, sobre todo los de mediana y larga maduración. Un ejemplo: la empresa china Jinzhao Mining acaba de señalar que, como consecuencia de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, están teniendo dificultades para conseguir financiamiento para su proyecto de hierro, Pampa del Pongo, en el norte de Arequipa. El inicio del proyecto se encuentra en suspenso.

Que quede claro, no son las políticas ambientales y sociales que espantan en estos contextos a los inversionistas. Cuidado con los discursos que nos pretenden hacer creer eso.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-mineria-y-el-comportamiento-de-la-economia-peruana-en-lo-que-va-del-ano/

Un último informe de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) develó que el agua de consumo humano en la provincia de Espinar (Cusco) tiene hasta 23 metales tóxicos, entre ellos: arsénico, aluminio, hierro y manganeso.  Desde hace 16 años mediante monitoreos ambientales se alerta de la contaminación en la zona. Desde hace ocho años el Estado peruano ha identificado que hay centenares de personas contaminadas. Existe un Plan de Intervención en Salud para la provincia de Espinar, sin embargo, no se ha implementado por falta de presupuesto.

Apóyanos para que la problemática de salud y agua en Espinar sea escuchada por las autoridades peruanas y se implementen políticas públicas para contrarrestar esta alarmante situación.

Paradójicamente en esta provincia se encuentra una de las minas de cobre más grandes del mundo, la poderosa mina suiza Glencore,  que controla el 50% del mercado libre de cobre. Desde la provincia de Espinar se exporta diariamente 70 mil toneladas de minerales (cobre como principal producto, oro y plata como subproductos), solo en concentrado de cobre la empresa reporta que extrae 160 mil toneladas anualmente.

Esta tierra andina rica en minerales  lleva 36 años de explotación minera y no ha superado aun los niveles de pobreza ni desnutrición, según el Censo del 2007 (INEI), el 65% de la población de la provincia de Espinar es pobre y la desnutrición crónica afecta al 47% de los niños menores de cinco años. Para el 2009, el 52% de la población no contaba con agua y el 79% no contaba con desagüe.

Estado indolente
El año 2012, es recordado por los espinarenses debido a que estalló un conflicto que dejó como saldo dos muertos y decenas de heridos. Frente a estos hechos los representantes del Estado asumieron compromisos que hasta la fecha no se cumplen, como realizar un estudio que determine las causas de la contaminación  y la implementación de un Plan de Intervención en Salud, entre otros acuerdos que solo ha generado falsas expectativas en las poblaciones.

Cinco años después de los primeros resultados del Censopas y cuatro años después de la Mesa de Diálogo de Espinar, todavía no existen medidas concretas implementadas, ni el presupuesto necesario para afrontar la grave situación existente en la provincia.

El informe “Metales pesados  tóxicos y salud pública: El caso de Espinar”, elaborado por CooperAcción afirma que la situación de Espinar incrementa claramente el riesgo de toxicidad aguda y crónica por exposición continuada a metales pesados como plomo, arsénico, mercurio y cadmio, esta contaminación viene deteriorando la salud de las personas”. Añade que el caso Espinar es un claro ejemplo de los graves impactos en la salud que se producen en varias zonas con presencia minera en nuestro país, la ineficiente respuesta del Estado y la ausencia de políticas públicas orientadas a proteger y a atender de manera eficiente a las  poblaciones de estos lugares.

Ante el fracaso de los varios planes y descoordinaciones del gobierno, los afectados de Espinar exigen que se declare el estado de emergencia sanitaria por exposición crónica a metales pesados en la provincia, como  medida para asegurar que se activen mecanismos efectivos de inversión pública para la atención a la salud y a las fuentes de agua. No obstante, las entidades de gobierno hacen caso omiso a las demandas y continúan con una estrategia mínima de atención genérica y esporádica a la población, así lo confirma la propia Defensoría del Pueblo.

La situación en la zona es preocupante y el Estado se mantiene de brazos cruzados como un Estado indolente sin garantizar derechos humanos tan básicos.  Firma esta petición para que el Estado peruano declare a Espinar en emergencia sanitaria.

Mayor información:

• Documental transmedia La vida no vale un cobre
  www.lavidanovaleuncobre.com
• Reportaje El cobre tóxico de Espinar
  bit.ly/2rMXzFx
• Teaser Melchora
  bit.ly/2rc7mEJ
• Campaña #SaludyAguaParaEspinar
  bit.ly/2GANTrJ
• Infografía: #Espinar población altamente vulnerable
  bit.ly/2BvEbRS
• Infografía: Minería en Espinar desde hace tres décadas
  bit.ly/2EHlgaq

? Súmate a la campaña «Salud y agua para Espinar»

Fuente:https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/El_Estado_peruano_Declaracion_de_emergencia_ambiental_en_Espinar/publish/?new&fbclid=IwAR22KMzd4Ocu24kffs7fp3zrl59um4VcDeZHmKiomYt2SdezQ3mYzvgDG7o

Desde el 2017 diversos distritos de la provincia de Melgar, en la región Puno, vienen denunciando la contaminación del río Ramis provocada por la minería informal.

Según denuncia la población, las aguas de la zona continúan siendo contaminadas por la minería informal que nace en la cabecera del distrito Ananea, sectores Chaquiminas, Ancocala, Pampa Blanca y Oriental.

En esa línea los habitantes de los distritos de Crucero, Potoni, San Antón, Asillo y Azángaro denuncian que no han tenido respuesta o acción por parte del gobierno central y el Ministerio de energía y minas.

Las autoridades, como los jueces de paz, rondas campesinas, dirigentes de la cuenca Ramis y representantes de la municipalidad constataron el problema. Según la constatación de las autoridades locales, el río Ramis muestra un color café y con bastante lodo. Asimismo los pobladores manifestaron que el ganado que ha estado tomando estas aguas, han padecido de diarrea y que las crías nacen con malformaciones. Incluso denuncian que el agua ha dejado de ser apta para elaborar el chuño blanco.

Por otro lado, el dirigente de la rondas campesinas base Túpac Amaru, Felipe Quispe, ha pedido una urgente remediación de la contaminación y que se cumplan los compromisos asumidos; sin embargo, de no tener solución la dirigencia y su población alzarán su voz de protesta con una huelga indefinida. También señalaron que la minera Minsur también contamina y debe también de remediar. Por eso piden con urgencia la presencia del presidente de la República en los lugares afectados.

Cabe recordar que las primeras protestas se registraron en el año 2007. Entonces los pobladores de las provincias de Azángaro y Carabaya llegaron a la ciudad de Juliaca y protestaron pidiendo atención al Estado.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/13/puno-provincia-de-melgar-en-alerta-por-contaminacion-del-rio-ramis/

Este viernes 14 de junio, se retomó el diálogo en el grupo de trabajo de “Justicia y Derechos Humanos”, en la ciudad de Tambobamba, en la provincia apurimeña de Cotabambas.

Recordemos que esta mesa forma parte del proceso de diálogo entre el gobierno central, autoridades regionales y locales, empresa y dirigentes, luego del último estallido social. Las mesas fueron acordadas como parte del intento de atender las demandas de las comunidades afectadas por diversos impactos del proyecto minero Las Bambas. Las demandas giran en torno al tema de la carretera, la judicialización de los dirigentes comunales por los conflictos anteriores, entre otros aspectos.

Asimismo, hoy se cumplen los 20 días de plazo del pedido a la Corte Suprema de Justicia para que evaluara en un Pleno Jurisdiccional las consecuencias penales de la protesta social. Lo que se busca con esta medida es que los jueces puedan contar con estándares y criterios para evaluar apropiadamente el reclamo de las comunidades en conflictos sociales.

En el mismo plazo, se presentó un pedido ante la Fiscalía de la Nación y las Oficinas de Control Interno del Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias, evalúe el desempeño de los fiscales de la provincia de Cotabambas. Como se sabe, los fiscales encargados han suspendido en reiteradas ocasiones la audiencia de juicio oral seguido contra los comuneros procesados por los estallidos del año 2015 y 2016.

En cuanto a las acusaciones contra los dirigentes comunales, hasta el momento se ha informado del archivamiento de tres casos a nivel de la investigación fiscal, principalmente del año 2018. Los demás casos aún están en evaluación. De la misma forma se ha informado que la empresa MMG Las Bambas está mostrando voluntad para encontrar una solución a estos procesos.

Entre otros acuerdos se ha informado que a finales del mes de junio, la empresa minera comenzará a hacer efectivo el apoyo humanitario para las víctimas del conflicto de los años 2015 y 2016. Además hay gestiones para incorporar a los familiares en los programas sociales.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/14/las-bambas-avances-en-la-mesa-de-justicia-y-derechos-humanos/?fbclid=IwAR3udPP9Cdf6a7jsMg9NE8FDo1O7ujkXJxNbGRvbH5CYc1Nkr0qSd59t3Yo

Esto para evitar que siga afectando con residuos mineros el agua de los afluentes del río Coralaque , que desciende hasta el Valle del Tambo (Arequipa). De esta quebrada , agricultores de comunidades de la provincia Sánchez Cerro , también son perjudicados.

El Estado a travéz de sus organismos reguladores, toma acciones concretas sobre la Mina Florencia – Tucari de la Empresa Aruntani SAC , ubicada en la frontera de Moquegua y Puno . A travéz del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) , ordenó a la compañía suspender de manera definitiva sus actividades de lixiviación (lavado de oro).

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