Existen diferentes procesos constitucionales contra el andamiaje institucional que promueve la criminalización de la protesta social en el Perú. Se trata de un esfuerzo por cuestionar la constitucionalidad de los diferentes componentes de éste, con la finalidad de que se dejen sin efecto. Sería bueno que los funcionarios del Estado comprendan que la respuesta a estas protestas no debe ser fundamentalmente punitiva, penal y  represiva sino política. Deben diseñar e implementar políticas públicas de protección de los derechos afectados que generan estas protestas.

Presentamos varios casos:

1. Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas

Desde 1994 hasta la fecha se han suscrito alrededor de 150 convenios entre la Policía Nacional del Perú y las empresas extractivas. Producto de éstos, los efectivos policiales les prestan servicios extraordinarios y les prodigan un trato diferenciado y privilegiado, a cambio de una retribución económica. De esta manera los policías se convierten en guardias particulares de intereses corporativos, en menoscabo de sus funciones como servidores públicos que reciben sus sueldos de los impuestos de todos los contribuyentes. En la práctica, estamos ante el fenómeno de la privatización de la función pública policial y del orden interno.

Esta situación expresa un evidente conflicto de interés al interior de la Policía Nacional. Es imposible que los efectivos distingan los intereses públicos de los corporativos. Consideramos que este escenario propicia la criminalización de la protesta social y alienta, además, el uso abusivo de la fuerza policial.

 Acciones legales

En 2015 el exalcalde provincial de Espinar, Óscar Mollohuanca, con el patrocinio de Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) e Instituto de Defensa Legal (IDL), interpuso una demanda de amparo contra el convenio suscrito por la Policía Nacional y la compañía minera Antapaccay, filial de la multinacional Glencore. La demanda ha sido admitida recientemente por el Tribunal Constitucional que se pronunciará sobre el fondo (Exp. No. 04289-2016-PA)

Asimismo, este año se han presentado dos nuevas demandas. Primero, el Colegio de Abogados de San Martín, con el patrocinio legal de IDL y Earthright International, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra las normas que dan cobertura normativa a estos convenios (exp. No. 00009-2019-PI). En segundo lugar, Víctor Limaypuma, destacado líder campesino, ha presentado una demanda de amparo contra el convenio entre la empresa minera MMG, a cargo del proyecto Las Bambas, y la Policía Nacional del Perú, que viene siendo tramitado ante el Juzgado Mixto de Cotabambas, Apurímac (exp. No. 122-2019).

2. Estados de emergencia preventivos

El Estado recurre indiscriminadamente a estados de emergencia para restringir los derechos fundamentales y permitir la intervención policial o militar, sin acreditar la existencia de una grave afectación al orden público, requisito exigido por el artículo 137 de la Constitución. Se trata del uso del poder estatal por fuera del marco de las competencias constitucionales.

El mejor ejemplo es la sistemática prórroga del estado de emergencia en los distritos bajo influencia del proyecto minero Las Bambas. Como se sabe, se decretó el estado de emergencia a lo largo del Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa, que tiene 482 km2 de extensión y 500 metros a cada lado de la vía.

En estos lugares se han declarado estados de emergencia de manera preventiva, restringiendo derechos fundamentales tan importantes como la libertad individual, de reunión, de tránsito y la inviolabilidad del domicilio. En los hechos, la población se ve impedida de reunirse a lo largo de la vía. No pueden realizar actos públicos y privados; mucho menos políticos.

Hasta hace poco esta situación se mantuvo en grandes zonas del territorio nacional, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

 Elaboración propia

Para mayor información, consúltese:

http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2017/11/Informe-jur%C3%ADdico.-Inconstitucionalidad-de-los-estados-de-emergencia-preventivos_PPII.pdf

 Acciones legales

Se han iniciado tres procesos judiciales contra el Decreto Supremo N° 037-2018-PCM, que una vez más prorrogó el estado de emergencia a lo largo del corredor vial. Varias organizaciones sociales de Cotabambas (Apurímac) presentaron en 2017 una demanda de hábeas corpus contra la declaratoria del estado de emergencia en Cotabambas, con el patrocinio de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh)  y el IDL. Ésta fue rechazada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas y la Sala Penal de Abancay. Actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional (exp. No. 00964-2018-HC).

Una segunda demanda de hábeas corpus fue presentada por diversas organizaciones sociales de Cusco y Apurímac, con el patrocinio legal de Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) e IDL. Esta demanda fue rechazada por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco y la Sala Penal del Cusco. Actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional (exp. No. 02275-2018-HC).

Una tercera demanda de acción popular fue presentada por la presidenta del Consejo Regional de Apurímac, con el patrocinio de IDL, DHSF, Fedepaz, y Aporvidha. Esta fue remitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima a la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior (exp. 00131-2018), que la declaró improcedente. Sn embargo, el Estado no prorrogó el estado de emergencia. Consideramos que esta decisión estuvo influida por la presión ejercida por las organizaciones locales. La demanda, en ese sentido, cumplió con su función.

 En estos momentos solo la demanda de hábeas corpus en Apurímac se encuentra en el Tribunal Constitucional (exp. No. 00964-2018-HC).

3. Legislación que alimenta la criminalización de la protesta social

Existe un conjunto de normas penales y procesal-penales que promueven la penalización de las acciones de protesta de la población, que no tiene otra manera de visibilizar sus reclamos cuando se violan sus derechos. Se crean nuevos delitos, se incrementan las penas existentes o se establecen nuevos supuestos y modalidades agravadas.

Un claro ejemplo de lo dicho es el tercer párrafo del artículo 200 del Código Penal, que tipifica como delito de extorsión la toma de carreteras y locales públicos, e incluye los contextos de protesta social. La pena correspondiente es de cinco a diez años de prisión, y de 15 a 25 años cuando participan más de dos personas.

 Acciones legales

El Colegio de Abogados de Puno, con el patrocinio de IDL, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el tercer párrafo del artículo 200 del Código Penal. El caso se encuentra en trámite ante el Tribunal Constitucional. Ya se realizó la vista de la causa y estamos a la espera de la sentencia (exp. No. 00009-2018-AI).

4.Persecución penal de los defensores de derechos humanos

El último componente es el de la criminalización de los activistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos que tienen un trabajo reconocido en la denuncia de reclamos ciudadanos y reivindicación de derechos. Diversas agencias estatales han iniciado denuncias penales y administrativas contra ellos: se les persigue y se les pone una serie de obstáculos para que no puedan realizar sus labores.

Algunos ejemplos de lo ocurrido son los casos de Bagua, Espinar y Puno, en los que pobladores indígenas fueron procesados por la justicia penal por supuestos delitos cometidos durante actos de protesta, afortunadamente con resultados favorables. Otro caso es el del abogado Juan Carlos Ruiz Molleda y el médico Fernando Osores Plenge, quienes vienen siendo procesados por el Juez Penal Unipersonal de Arequipa, tras una denuncia del Ministerio de Salud por la difusión de un artículo en el que denuncian la crisis de intoxicación por metales pesados en Espinar. El médico Osores Plengue fue también denunciado por otros delitos porque denunció una serie de irregularidades en el Ministerio de Salud.

Igualmente, en febrero de 2017, la activista canadiense Jennifer Moore fue detenida en Cusco por la Policía Nacional luego de que difundiera un documental que cuestionaba las malas prácticas de la empresa minera Hudbay. Moore fue sometida a un procedimiento administrativo en el que se vulneraron todas las garantías: no tuvo derecho a la defensa y se emitió una orden de impedimento de ingreso al país a través de una alerta migratoria.

Acciones legales

Se presentó una demanda de hábeas corpus en favor de Moore, ante el Primer Juzgado Penal con Reos Libres de Lima, con el patrocinio de Fedepaz, Aporvidha e IDL, y el apoyo de CooperAcción. La demanda fue rechazada en primera instancia por cuestiones formales. La Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres ordenó su admisión a trámite y el proceso se encuentra nuevamente en la primera instancia.

Ver nuestro artículo:

http://www.justiciaviva.org.pe/new/criminalizacion-de-la-protesta-socioambiental-y-litigio-estrategico-en-el-peru/

Fuente:https://idl.org.pe/en-que-va-el-litigio-constitucional-contra-la-criminalizacion-de-la-protesta/

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tia-maria-southern-respira-porque-el-gobierno-le-ampliaria-el-plazo-del-eia-896313/?fbclid=IwAR224gu_rmY16cfWap1A9V-MFJk5ZPqeZ6fbxoDOSeBLO3qmUT2RGr4r_DA

Glencore Antapacay, con su nuevo proyecto Coroccohuaycco, está cometiendo una serie de irregularidades pese a que existe un proceso de consulta iniciado por el Estado. “Son más de 37 años de actividad minera en Espinar y las cosas no han cambiado mucho.

En una reunión sobre empresas y derechos humanos, en la embajada de Suiza, estaban los representantes de algunas empresas mineras que hablaron sobre las buenas prácticas de sus empresas. ¿Buenas prácticas para quiénes?”, se pregunta la abogada del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, Maritza Quispe.

Lo que ocurre en esa provincia alta del Cusco es que el Estado no quiere consultar los instrumentos de gestión ambiental, en concreto, la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Coroccohuaycco. Por otro lado, la empresa minera está comprando tierras de las comunidades campesinas y coaccionando a la población con amenazas. Por ejemplo, es usual que los funcionarios de la empresa les digan:“Si no me vendes tus tierras, nos vamos a retirar, no tendrán trabajo y le quitaremos las becas a sus hijos”.

Maritza Quispe tiene más cuestionamientos: “¿Acaso no están aprovechándose de la necesidad de la población que sigue inmersa en la extrema pobreza, pero cuyos territorios son ricos en recursos naturales? ¿Por qué no se respetan los derechos de estas comunidades siguiendo los estándares internacionales? ¿Por qué hasta ahora el Estado no atiende a las miles de personas en Espinar contaminadas con metales tóxicos? ¿Por qué la población de Espinar sigue tomando agua contaminada con metales tóxicos?

Fuente:https://idl.org.pe/en-espinar-minera-sigue-cometiendo-irregularidades-a-pesar-del-inicio-de-consulta-previa/

Los conflictos sociales vinculados a la minería no son iguales. Por ejemplo, mientras que Las Bambas es un típico conflicto de coexistencia -allí las comunidades no se oponen a la minería, la aceptan pero buscan que la empresa los respete y el Estado los proteja-, el caso del proyecto minero Tía María es un típico conflicto de resistencia o rechazo a la minería. En el Valle de Tambo, los agricultores perciben al proyecto de la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) -y al resto de empresas que tiene concesiones en la provincia de Islay-, como una amenaza a su principal actividad económica, sus formas de vida y el intento de convertir esa zona como una nueva área de expansión minera.

Dicho esto, lo cierto es que en la última década Tía María ha estado en más de una ocasión en el ojo de la tormenta de la conflictividad social en el país. Por lo menos han sido dos capítulos previos de extrema tensión que se vivió en la zona del Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay y todo indica que estamos entrando a un tercer momento.

Los capítulos previos de Tía María

El primer capítulo se remonta al período 2009-2011. El 28 de octubre de 2009, se realizó una consulta popular en los distritos de Cocachacra, Punta del Bombón y Dean Valdivia. Una abrumadora mayoría de la población se pronunció en contra del proyecto minero.

Un año después, las protestas ya habían arreciado en todo el Valle de Tambo, al mismo tiempo que la decisión política del gobierno aprista era aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se vivían los últimos meses del gobierno de García y todo indicaba que el gobernante aprista buscaba dejar el mayor número de proyectos mineros aprobados.

Una de las principales controversias giró en torno a la consistencia del EIA que había presentado la empresa SPCC. Fue en ese contexto que el entonces ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunció que había firmado un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para destrabar el proceso de revisión de los estudios de impacto ambiental (EIA) y que el primer estudio que revisaría este organismo, precisamente, sería el de Tía María.

UNOPS revisó el EIA de Tía María y sus conclusiones fueron contundentes. El organismo de Naciones Unidas fue tan o quizás más drástico que cualquier institución ambientalista; presentó nada menos que 136 observaciones que destrozaron el EIA presentado por la empresa. Entre los principales hallazgos, UNOPS señaló que el EIA de Tía María no contaba con un estudio hidrogeológico (de agua y suelo), pese a ser un indicador fundamental para identificar los impactos del proyecto; que el agua que se utilizaría para el proceso minero provendría de una zona donde desemboca el río y se mezcla con el agua de mar y que era muy sensible por las diversas especies que contiene y su poca profundidad y, que en el propio EIA se deslizaba la posibilidad de que se explotara no solo cobre sino también oro. Como se sabe la ecotoxicidad del oro supera largamente a la del cobre.

El informe de la UNOPS, en la práctica, le dio sustento técnico a las preocupaciones de los agricultores del Valle de Tambo y luego que el informe del organismo de Naciones Unidas se hizo público, el EIA de Tía María tuvo que ser tirado al tacho. Ni siquiera la empresa minera intentó continuar con el trámite administrativo para su aprobación. De esa manera se cerraba el primer capítulo de Tía María.

Luego de dos años, la empresa minera decidió intentarlo de nuevo e implementó una nueva estrategia en dos frentes: uno orientado a obtener algún tipo de respaldo en la población y el otro, elaborando una nueva versión del EIA del proyecto, implementando algunos cambios. De esa manera se abrió el segundo capítulo de Tía María.

En el intento de construir una relación con la población, la empresa minera implementó un conjunto de proyectos de apoyo social, al mismo tiempo que desplegó una importante campaña en medios nacionales para mostrar los beneficios del proyecto y que contaba con el respaldo de la población. Luego se supo que en paralelo SPCC y un dirigente negociaban la posibilidad de quebrar al movimiento social a cambio de unas “lentejas”.

Pese a todos estos intentos, los hechos siguieron mostrando que el rechazo al proyecto se mantenía. En relación al EIA, se presentó una nueva versión: el nuevo estudio planteaba cambios, como la propuesta de desalinizar agua de mar; sin embargo, las confianzas dañadas en la primera etapa se mantenían, así como la percepción negativa hacia el proyecto. Además, los agricultores veían a Tía María como el inicio de un proceso de reconversión de la provincia de Islay en una nueva zona de expansión minera: bajo este supuesto, después de Tía María otros emprendimientos mineros continuarían a cargo de las empresas que ya contaban con derechos mineros vigentes en la zona.

En medio de mucha tensión social, disputas y enfrentamientos, el 1 de agosto de 2014, se emitió la Resolución Directoral 392-2014-MEM/DGAAM, aprobando el EIA de Tía María, bajo una nueva legislación que se había aprobado entre el 2013 y 2014 y que había flexibilizado y sobre todo acelerado los procesos de aprobación de la certificación ambiental. Sin embargo, para los que tenían alguna duda sobre cuán importante era la oposición al proyecto, dos meses después de la aprobación del EIA (a finales del año 2014) se realizaron elecciones municipales que arrojaron resultados contundentes: la población eligió como alcalde provincial de Islay y alcaldes distritales de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, a connotados líderes de los sectores de oposición al proyecto minero.

Para entonces el conflicto de Tía María ya había provocado el lamentable saldo de seis personas fallecidas, decenas de heridos y dirigentes criminalizados.

¿Se viene el tercer capítulo?

Tía María es uno de los conflictos más previsibles de todos los casos que han ocurrido en el Perú, precisamente por los antecedentes descritos y los reiterados episodios. Con éste serían tres los capítulos y tres los gobiernos que han estado involucrados en el conflicto, implementando casi las mismas recetas: mesas de diálogo o de desarrollo y la estrategia de contrarrestar los cuestionamientos al proyecto con ofrecimientos de proyectos de inversión.

Quizás uno de los principales problemas de todos los intentos de diálogo en torno a Tía María es que han sido planteados sobre la base de hechos consumados. El hecho que el EIA ya esté aprobado y con la casi totalidad de vistos buenos y autorizaciones, es en realidad un mensaje claro que para la empresa y las autoridades de turno, el proyecto debe ir sí o sí y que no hay vuelta atrás. Lo cierto es que frente al hecho consumado del EIA aprobado, los dirigentes y autoridades de Islay también han expresado en todos estos años -y todo indica que lo siguen haciendo- una posición irreductible: el proyecto no va y pretenden que el gobierno dé marcha atrás.

La sensación que deja este nuevo caso de conflicto minero, es que seguimos sin sacar las lecciones de una larga lista de casos similares que han ocurrido en las dos últimas décadas y se pretende seguir actuando como si fuese la primera vez que algo así ocurre. Lo que debe quedar claro es que, en pleno siglo XXI, un proyecto minero no puede llevarse adelante, en el Perú y en cualquier parte del mundo, si no cuenta con lo que hoy en día se conoce como la licencia social para operar. Por si acaso, el concepto de licencia social para operar no es un invento de organismos no gubernamentales o grupos ambientalistas; fue creado por las propias empresas mineras a nivel global.

También cabe preguntar por qué unos proyectos salen y otros no. Por ejemplo, ahora que se habla de Tía María, no se dice nada que, muy cerca, en la provincia de Nazca en Ica, se está construyendo el proyecto Minas Justa (US$1,600 millones) y en la también vecina Moquegua, también se construye Quellaveco (más de 5 mil millones de dólares).  ¿Por qué unos proyectos sí se concretan y otros no? Nos aventuramos a identificar algunas respuestas: en primer lugar, todo indica que algunas empresas hacen mejor su tarea que otras y, por lo tanto, generan menos resistencias. Lo real es que ciertas empresas traen consigo una mochila muy pesada de mal desempeño ambiental y social. Ejemplos sobran en el Perú.

En segundo lugar, también cuenta mucho la zona o el ecosistema donde se pretende implantar un proyecto: no es lo mismo llevar adelante un proyecto minero en medio de un desierto que, por ejemplo, pretender hacerlo en las proximidades de un valle agrícola altamente productivo o en una zona productora de agua.

Por lo tanto, más que preocuparse por obtener una licencia de construcción, una empresa seria en pleno siglo XXI debería preocuparse por obtener la licencia social. Y si no la tiene, pues no podrá llevar adelante su emprendimiento, salvo que pretenda imponerlo a la fuerza.

*Publicado en la revista Hildebrandt en sus trece N^o 451 del viernes 28 de junio del 2019.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/de-las-bambas-a-tia-maria/?fbclid=IwAR2sGL8Jpu3mIrgHZd-yyVgMfXfZWcwSoFjJkp0bfi4_bwL7gkUoofLb4CY

En los últimos días la empresa minera Southern ha sido mencionada en diversos medios de comunicación respecto al otorgamiento de la licencia del gobierno para el desarrollo del proyecto minero Tía María en Arequipa, pero, nada se ha dicho sobre la protesta del pueblo de Candarave, Tacna, que denuncia que Southern está dejándolos sin agua.

Las comunidades de Camilaca, Cairani, Huanuara, Quilahuani, Curibaya y Candarave, todas pertenecientes a la provincia de Candarave en Tacna; se movilizaron masivamente el día de ayer, 1 de julio, en la capital de la provincia, denunciando que la empresa minera de capitales mexicanos, Southern, está dejándolos sin agua al haber secado la laguna de Vizcachas, y al correr el mismo peligro la laguna de Aricota y Suches. Southern tiene licencias de uso del agua de Candarave desde hace 59 años y actualmente lo utiliza para sus proyectos mineros de extracción de cobre de Toquepala – en ampliación- en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. Hace algunas semanas, los alcaldes de las comunidades mencionadas realizaron una conferencia de prensa denunciando los atropellos de Southern, pero de parte del Ejecutivo y la empresa no hubo ninguna respuesta. Las autoridades y la población han dado un plazo de 7 días para que el ejecutivo vaya a Candarave a ver su realidad. Exigen:

–          Cancelación de las licencias de uso de agua de Southern.

–          Dejar sin efecto la resolución que aprueba el plan director de recursos hídricos en la cuenca de Locumba.

–          Retiro de la empresa Southern de Candarave con su oficina de relaciones comunitarias.

–          Declaración de emergencia de la cuenca de Locumba.

El alcalde de Huanuara, Gary Calizaya, señaló que el caudal de recurso hídrico en la provincia disminuyó en más del 60%. “Los usuarios de Candarave desde hace 59 años solo tenemos 943 l/s que irrigamos”, declaró. Mientras la empresa minera utiliza 1950 litros por segundo. El uso excesivo de agua por parte de la empresa ha deteriorado bofedales en las zonas más altas y bofedales en parte del valle, agregó el alcalde.

Por su parte el alcalde de Curibaya, Ernesto Alvarado, recalcó “la alguna Aricota debe tener para cinco años y no hay más y de ahí se seca. En el consejo local hemos declarado en emergencia el recurso, igual se tiene que declarar en la provincia”. La laguna Aricota abastece de agua a los ríos Salado y Callazas.

“Pueblo desierto”

En el pueblo de Curibaya antes habían más de 2 mil familias, ahora solo hay 500 familias viviendo en la comunidad. “Todos tienen que migrar porque ya no pueden solventarse sus ingresos porque se está secando todo”, precisó el alcalde. Las actividades que desarrollaban antes, principalmente, eran la ganadería lechera y la cosecha de papa y maíz.

Antecedentes

Desde el 2011 ya se alertaba esta situación al presentarse el informe de la Comisión de Balance Hídrico Regional de Tacna a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que señaló que las lagunas de Suches, Vizcachas y Aricota, “se encuentran en una inminente crisis hídrica”. El informe señaló que la laguna Aricota es “gravemente perjudicada por el proyecto minero Toquepala, de Southern”, porque usan el agua de la laguna para la generación de electricidad para el desarrollo del proyecto cuprífero. En ese entonces, se indicó que el descenso acelerado de la laguna era de más de 50 mts. Sin embargo, las autoridades del Estado no hicieron nada para preservar el agua y la empresa minera continuó utilizando el agua.

En los últimos meses los alcaldes de la provincia mediante carta notarial se reunieron con Southern después de estar exigiéndoles tratar el tema del agua de la provincia. Frente a la propuesta de que la empresa minera otorgue 17 litros por segundo del agua que utilizan para un proyecto de agua en la provincia; la empresa no dio ninguna respuesta, dilatando el tiempo. Frente a estos hechos, los alcaldes y la Junta de Usuarios de Agua de Candarave decidieron iniciar la protesta.

El rol del ANA

Frente a los reclamos en años pasados, Southern siempre ha respondido que mensualmente reportan sus operaciones en cuanto al uso hídrico de sus proyectos mineros a la Autoridad Nacional del Agua (ANA); entidad que monitorea el uso del recurso hídrico y el otorgamiento de las licencias. Sin embargo, en la actualidad no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. ¿Cómo la ANA puede otorgar las licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone y necesita Candarave y Tacna? Teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar: para consumo humano y para actividades agrícolas y ganaderas, que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingresos económicos.

Algo importante a señalar es que las empresas que solicitan la licencia para el uso del agua, presentan un estudio del recurso hídrico hecho por una consultora que ellos mismos contratan; no es un estudio independiente. Asimismo, la ANA no hace una verificación detallada de cómo va a impactar en las comunidades el uso de los recursos hídricos que se encuentran en esas zonas y que las comunidades y personas también necesitan para sus actividades personales, productivas y económicas.

Propuestas de Red Muqui

1. Es necesaria una vigilancia y monitoreo ambiental de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, con participación de las Juntas de Usuarios de Agua y de la población en general.
2. La ANA tiene que actualizar el inventario de recursos hídricos para saber qué cantidad y calidad de agua se tiene en la región y la provincia de Candarave.
3. Se debe declarar como zonas intangibles los ecosistemas altamente sensibles como las cabeceras de cuenca, bofedales, nevados y lagunas, para así garantizar en el presente y a futuro la disponibilidad del agua para las poblaciones.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/893-candarave-tacna-denuncia-que-southern-los-deja-sin-agua?fbclid=IwAR17-IwucGlRgFuXiiCPjq62N_OalPyA7TDERsn-w-V9eLwHjAxskWQecLs

Pobladores de Candarave se movilizaron exigiendo que el recurso hídrico en la provincia sea declarado en emergencia. Además piden la presencia del presidente Martín Vizcarra en Candarave.

Fuente:http://www.radiouno.pe/noticias/79857/laguna-aricota-peligro-por-accion-southern?fbclid=IwAR2fdd67KXfU6XozjZ5NEQ7pcVcAYbRUyFba-EVFwBKTSpg7s2GQrpd4C38

Delegaciones de rondas y comunidades campesinas de diversos puntos de la región han llegado hasta Ayabaca para sumarse al paro y a la multitudinaria movilización que le dice no a la minería porque afectaría a los páramos andinos.

Tal como se había anunciado, este miércoles se desarrolló el paro en rechazo del proyecto minero Río Blanco.

Cutivalú llegó hasta la tierra del Cautivo donde miles de ronderos, ronderas y comuneros de Ayabaca, Huancabamba y delegaciones de diferentes partes de la región se reunieron muy temprano para colocar los piquetes de bloqueo de las vías, e iniciar su movilización pacífica.

“Agro sí, mina no”, “queremos nuestra agua”, “vamos a luchar contra la mina” así se hicieron escuchar los ronderos y ratificaron su posición en rechazo a la minería. Los miembros de las rondas campesinas solicitan al gobierno del presidente Martín Vizcarra que retire el proyecto minero de Ayabaca además de cerrar la oficina de Río Blanco que está operando sin licencia social en esta zona.

Asimismo, los ronderos manifestaron que “este gobierno, sin la consulta previa, nos quiere imponer el proyecto minero, exigimos que respeten la consulta vecinal del 2007 que fue en rechazo a la minería”. También exigen al gobierno que los apoye con la infraestructura adecuada que permita el desarrollo de la agricultura, como actividad principal en estas provincias de la sierra piurana.

La dirigente ronderil y actual regidora del distrito Carmen de la Frontera en Huancabamba, Isela Torres Castillo, también llegó hasta Ayabaca para apoyar el paro en contra de Río Blanco.

“Mi presencia acá es porque soy madre de familia y queremos dejarles a nuestras futuras generaciones un aire puro, el proyecto minero solo trae muerte, pobreza y destrucción… el gobierno debe invertir en proyectos que sean productivos a largo plazo […] queremos decirle al proyecto Río Blanco que nosotros no comemos oro”, expresó la rondera huancabambina.

El alcalde de Ayabaca, Baldomero Marchena, dijo que como representante de la municipalidad no han dado ningún permiso a las empresas mineras para que instalen oficinas en la zona. “Vamos a identificar y tratar de ver la manera de cerrarlas”.

Fuente:https://www.radiocutivalu.org/paro-en-ayabaca-es-total-en-rechazo-al-proyecto-minero-rio-blanco/?fbclid=IwAR1Zhc0l_AgcYt9XTYIEWJLSh7jJXCaQBptQlBU_7rMSX2jiSuxjlWXsHo0

Elmer Pinto y Richard Cervantes, consejeros regionales de Arequipa, sostuvieron que en estos momentos no existen las condiciones sociales para otorgar la licencia de construcción al proyecto minero Tía María.

“En este tipo de proyectos, la aceptación social es un elemento muy importante de parte del entorno, y consideramos que la mina no ha trabajado socialmente”, señaló Pinto, según consigna el diario regional El Pueblo.

Indicó que, junto con los alcaldes distritales y provincial de Islay, emitieron un pronunciamiento en este sentido, que fue entregado al presidente Martín Vizcarra.

En ese sentido, el consejero por la provincia de Islay calificó de irresponsables las declaraciones del ministro de Economía al señalar que harán entrega de la licencia de construcción para Tía María.

Por su parte el consejero Richard Cervantes señaló que, mientras no se formulen proyectos sostenibles y que generen ejes de desarrollo en beneficio de la población, estos no deberían ser aceptados.

“Mientras en Tía María no se trabaje este aspecto no debería de iniciarse este proyecto. Me parece que existe un cierto favoritismo con las empresas que impulsan estos proyectos que nunca dicen cuanto es el porcentaje de las ganancias que se llevan” señaló Cervantes.

Pinto señaló además que hasta el momento no han sido invitados a la próxima mesa de diálogo en la provincia de Islay, la cual contará con la presencia del premier, Salvador del Solar.

Fuente:https://gestion.pe/peru/politica/consejeros-arequipa-afirman-dan-condiciones-otorgar-licencia-proyecto-tia-maria-271423