El proceso para la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Ausangate, en Cusco, se ha visto interrumpido por la presencia de nuevas concesiones mineras en su territorio. El problema además es que este obstáculo ha surgido cuando la designación de la ACR estaba a punto de ser discutida en la Presidencia del Consejo de Ministros, último paso antes de la declaratoria oficial del área protegida.

Hoy el territorio reservado con fines de conservación por el Gobierno Regional del Cusco está en conflicto con ocho concesiones mineras y nueve pedidos más pendientes para los mismos fines, que se superponen con el área protegida y que han sido otorgados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), que depende del Ministerio de Energía y Minas.

Los 17 denuncios mineros ocupan en total de 13 400 hectáreas, de las cuales 6295 se encuentran superpuestas con el territorio solicitado para el ACR Ausangate. Además, dos de ellas están ubicadas sobre el nevado Quelccaya, el glaciar tropical más extenso del mundo, precisa Ronald Catpo, director de Áreas para Conservación de la institución Conservación Amazónica (ACCA).

“Nos ha causado extrañeza que se presenten estas concesiones cuando estábamos ad portas de obtener la conformación de la ACR. Teníamos la propuesta en marcha y eso lo conocía el Ministerio de Energía y Minas”, dice María Ysabel Cazorla, gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Cusco.

Concesiones sobre el Quelccaya

No es la primera vez que las concesiones mineras generan conflicto en Cusco. En marzo del 2018, el cerro Vinicunca, conocido como la Montaña de Siete Colores, un atractivo turístico muy visitado por peruanos y extranjeros, fue entregado en concesión a la empresa minera Minquest Perú S.A.C., subsidiaria de la canadiense Camino Minerals. El denuncio minero abarcaba 400 hectáreas entre los municipios Cusipata y Pitumarca, y en la mitad se ubicaba el colorido cerro.

Meses después, la empresa renunció a sus derechos sobre la concesión y el gobierno peruano se vio en la obligación de anular el permiso minero, tras un fuerte rechazo de la opinión pública frente a la entrega de la famosa montaña.

Ahora, el Gobierno Regional del Cusco ha notificado al Ministerio de Energía y Minas (Minem) su disconformidad por esta nueva decisión de conceder permisos mineros en un lugar destinado a la conservación. “Estamos esperando una respuesta de Energía y Minas. También nos hemos reunido con la ministra del Ambiente –Lucía Ruiz Ostoic– a quien manifestamos nuestra preocupación”, señala Cazorla.

El peor de los escenarios –dice Cazorla– sería que se consoliden las concesiones en esta área en la que hay nevados y glaciares. Por eso espera que el proceso se revierta y que el ACR Ausangate, finalmente, se concrete después de más de 10 años de espera.

De los 17 pedidos mineros que se han presentado, ocho han sido titulados entre noviembre de 2018 y mayo de este año. El resto aún figura como solicitudes para concesión.

Ronald Catpo, de Conservación Amazónica (ACCA), explica que el área sobre la que se superponen estas concesiones corresponde al territorio de la comunidad campesina Phinaya y parte de la masa glaciar del nevado Quelccaya. “Una actividad extractiva aceleraría la desglaciación en el Quelccaya. También ocasionaría la contaminación de los bofedales y humedales de esta zona, ricos en pastos para las vicuñas y las alpacas”.

Catpo recuerda que en el Quelccaya habita la diuca aliblanca (Diuca speculifera), un ave que hace sus nidos en plena masa glaciar. Además, menciona que en esta zona también se encuentra al gato andino (Leopardus jacobita), el felino más amenazado del continente.

La propuesta de la creación del ACR Ausangate lleva más de diez años de espera. En el 2008, el Gobierno Regional del Cusco eligió este sector para convertirlo en una zona de protección, pero hasta ahora no se ha concretado.

La propuesta inicial ha sido modificada en varias oportunidades. Inicialmente eran 130 000 hectáreas que estarían destinadas a la conservación. Pero en el 2017, la ONG Conservación Amazónica encontró 50 concesiones mineras tituladas en el territorio propuesto para el ACR Ausangate.

Tras el proceso de consulta previa, algunas comunidades decidieron no apoyar la propuesta de la nueva ACR y el territorio aprobado se redujo a 81 000 hectáreas que incluía a las comunidades de Sallani y Phinaya, esta última a solicitud de los propios comuneros. Y es justamente en el territorio de esta última comunidad donde ahora aparecen las nuevas concesiones.

En un documento escrito enviado a Mongabay Latam, la Dirección de Concesiones Mineras de Ingemmet indicó que el “otorgamiento de concesiones mineras en el Perú no constituye ningún tipo de impedimento para la creación del ACR ni de ningún otro tipo de Área Natural Protegida”.

Ingemmet también precisó que las concesiones mineras se otorgan con “limitaciones y condicionamientos legales, que exigen la elaboración de proyectos mineros y la aprobación de su viabilidad ambiental”.

Cazorla señala que la entrega de estas concesiones originó que el expediente sea observado cuando ya estaban cerca de que se obtenga la declaración. “Ingemmet no nos informó que tenían estas solicitudes. Eso significó un retroceso cuando a estas alturas ya deberíamos contar con la aprobación de área reservada”.

Fuente:https://mongabay-latam.lamula.pe/2019/07/18/cusco-creacion-del-area-protegida-ausangate-peligra-por-presencia-de-nuevas-concesiones-mineras/mongabaylatam/

El día 22 de julio se inició un paro indefinido en Puno contra la minera Aruntani y que se venía anunciando desde inicios del mes. Las comunidades de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri, provincia de Melgar, iniciaron esta medida de fuerza para exigir el cierre definitivo de la minera Aruntani SAC, por contaminar la cuenca de Llallimayo.

La provincia de Melgar está catalogada como la capital ganadera del Perú, pero este título corre el riesgo de perderse. La cuenca del Llallimayo, de donde se toma el agua para el consumo humano y del ganado, está contaminada con metales pesados.

Los cuatro distritos afectados por la contaminación del río señalan que las aguas contaminadas provienen del botadero “Yesica” de la unidad minera Arasi de la empresa Aruntani SAC. Pedro Palaco Mamani, representante de la sociedad civil de Melgar, indicó que en el informe 077-2017 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se confirmó que existe contaminación minera causada por las operaciones mineras de Aruntani, ya que las aguas contaminadas provienen del botadero “Yesica”, donde se encontró afloramiento de agua subterránea ácida con altas concentraciones de aluminio, cobalto, cobre, hierro y manganeso.

Asimismo, refirió que el 13 de mayo del 2019, a través de la Resolución Ministerial N° 162-2019-PCM, se conformó el Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo para abordar la problemática socio ambiental de la Cuenca de -Llallimayo, que comprende los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri, provincia de Melgar”, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sin embargo, explicó que la última reunión fue programada para el 9 de julio en el distrito de Umachiri, pero lamentablemente los funcionarios del Poder Ejecutivo no se presentaron, lo que enfureció los ánimos de los dirigentes y autoridades, quienes finalmente decidieron ir a la huelga indefinida.

Por su parte, Asunto Pacori, presidente de la Asociación de Barrios Unidos de Ayaviri (ABUA), lamentó que el gobierno no sea consciente de la magnitud del problema ambiental, por el afloramiento de agua subterránea ácida, debido a la presencia de la minera. Señalo que hasta el momento, no se ha adoptado ninguna acción de remediación ambiental en la zona.

OEFA sanciona a minera

El OEFA señala en su portal web que verificó el 19 de julio del 2019 la paralización de componentes mineros de la unidad minera Arasi, ubicada en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, departamento de Puno; la cual fue ordenada mediante una medida cautelar.

Mediante esta medida, el OEFA ordenó la paralización de las actividades de procesamiento y recuperación de oro que venía ejecutando la empresa Aruntani SAC. Del mismo modo, se ordenó la paralización de la compra y almacenamiento de los insumos químicos necesarios para el proceso de lixiviación.

Esta medida fue complementada con acciones en campo a cargo de los supervisores del OEFA, que contó con la participación de Hilda Chata Calla, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, utilizando candados y cadenas para garantizar la paralización definitiva de los componentes mineros antes mencionados.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/07/23/puno-inician-paro-indefinido-contra-minera-por-contaminacion-del-rio-llallimayo/

Federación Minera rechaza la forma en la que se pretende imponer el proyecto en Arequipa y reveló la mala relación entre la empresa mexicana y sus trabajadores.

Uno de los argumentos de los que defienden Tía María es que Southern Copper invertirá 1,400 millones de dólares en la construcción de la mina y esto generará puestos de trabajo en Arequipa. Sin embargo, como ya hemos señalado, esta empresa no es nueva y tiene antecedentes que deben ser tomados en cuenta. No solo tienen historial ambiental, sino también laboral. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos de Perú (FNTMMSP) tiene una posición clara sobre esta empresa.

Jorge Juárez, secretario general de esta federación minera, cuenta que actualmente hay cerca de 2 mil trabajadores de Southern afectados, ya que desde hace dos años la empresa judicializó el laudo que contiene la Negociación Colectiva 2018-2019, lo que impide que los empleados gocen de sus beneficios. La minera hizo esto a pesar de que la Nueva Ley Procesal de Trabajo (Ley 29497) señala que “la interposición de la acción impugnatoria no impide ni posterga la ejecución del laudo arbitral”. Actualmente, la empresa desconoce el pago a los trabajadores.

«Las empresas mineras en general, están teniendo no solo diálogos no fructíferos con la población, sino también con sus trabajadores. […] Hay empresas que son de la gran minería, que se podría pensar que al menos van a respetar por cuidar su imagen, pero lamentablemente no es así. La relación laboral con Southern es mala», dijo a Exitosa.

El pasado 2 de julio, un grupo de trabajadores despedidos de Southern se reunió con la congresista Indira Huilca. Ellos fueron a denunciar que fueron despedidos por participar en una protesta en julio del 2017, cuando participaron de la huelga nacional convocada por la federación minera. Pese a que la empresa se comprometió a no tomar represalias, un grupo de trabajadores fue despedido y actualmente llevan un proceso judicial exigiendo su reposición.

«Durante los años 2018-2019, la empresa ha continuado despidiendo dirigentes sindicales de distintas zonas: Ilo, Cuajone y Toquepala. El sindicato mayoritario afiliaba a más de 1800 trabajadores antes de la huelga, con todos estos actos antisindicales la afiliación ha decrecido notablemente», informó el despacho de la congresista Huilca.

Estos antecedentes explican la posición de los trabajadores mineros sobre el proyecto de Southern Copper en el Valle de Tambo.

«El trabajo es importante para todos, es más nosotros vivimos de la minería, pero entendemos que se tienen que respetar determinadas condiciones. Hay demasiada corrupción, lamentablemente las autoridades de trabajo a veces son cómplices, las inspecciones no son efectivas», dijo Juárez.

El dirigente sindical recordó que contra Tía María se han realizado dos protestas en 2011 y 2015 y resaltó que si en todo este tiempo la empresa no ha sido capaz de mejorar las condiciones, «el Estado no puede ser cómplice» al pretender imponer el proyecto. La desconfianza no es solo con la minera, sino también con el Estado que no cumple su función de proteger a los posibles afectados por la minería y a los trabajadores, señaló.

«El Estado ha dejado de ser un estado de protección, eso no existe. […] Con las condiciones que se está dando ahora, creemos que primeramente se ha debido escuchar a la población. El estudio que ha aprobado el Minem, bajo estas condiciones [Tía María] no debería ir», afirmó.

Para Juárez, las empresas extranjeras vienen a Perú a invertir porque «ya conocen cómo es la actuación del Estado, por eso les gustan las inversiones en el país donde no hay mayor protección ni para la población, ni para el trabajador».

«El Perú, en corrupción, está explotando en estos momentos. Por todos lados el empresariado está buscando sacar beneficios. Hace poco hemos tenido el conflicto por Las Bambas. Las instituciones de Gobierno no existen, lamentablemente no existe seguridad jurídica. No se cree en un Estado corrupto».

La empresa minera y el Ejecutivo afirman que la mina no se construirá hasta que en el Valle de Tambo existan las condiciones sociales óptimas para ejecutar el proyecto. Pero el representante de la federación minera no les cree.

«No creemos en Southern Perú. Los trabajadores no creen en Southern Perú. Si la empresa desconoce los derechos, ¿cómo creerle cuando dice que van a respetar? Si no respetan a sus trabajadores».

El dirigente señaló que es importante para ellos establecer contactos con los manifestantes del Valle de Tambo. Contó que están vinculándose a través de los sindicatos de Islay.

«El empresariado nos ha hecho creer que los trabajadores nada tenemos que ver con las comunidades locales. Eso es mentira. La mayoría de las poblaciones afectadas trabaja en los proyectos. No podemos estar divorciados, tenemos que tener una misma mirada», dijo.

El problema no es solo Southern, los trabajadores mineros están preparando una huelga nacional indefinida para el próximo 10 de setiembre. ¿El motivo? En marzo pasado, la federación minera realizó una propuesta de negociación colectiva, pidió a las mineras dialogar, pero estas no se quisieron ni sentar a escuchar, señaló Juárez. «Ellos rechazan totalmente los derechos de los trabajadores, ese es el nivel de diálogo que ofrecen las empresas mineras en estos momentos», afirmó.

«El Estado, que debería promover la negociación colectiva, no dice nada. La palabra diálogo la usan ellos [los empresarios] a su conveniencia», agregó.

El representante de los trabajadores mineros llamó la atención sobre la manera en la que tratan las empresas a sus obreros. Señaló que las mineras han aumentado su rentabilidad hasta en 50%, con ganancias que llegan al 160% y a una cifra de 29,000 millones de soles anuales. Mientras tanto, los trabajadores solo reciben un aumento salarial de 2% anual.

Además, debemos señalar que el 70% de los trabajadores del sector son tercerizados, grupo que sometido a inestabilidad mediante contratos temporales, sin derecho a utilidades ni beneficios, con salarios que están entre el mínimo (930 soles) hasta los 2,000 soles.

Sobre Tía María, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos de Perú (FNTMMSP) reafirma su apoyo y solidaridad con la población del Valle de Tambo, ya que son testigos de la:

«[…] lógica depredadora bajo la cual ha venido accionando Southern Perú y otras compañías mineras imponiendo proyectos desde el Ejecutivo sin considerar la decisión de la población arequipeña y maltratando a sus trabajadores. Buscamos una minería que respete al medioambiente, a las comunidades y también a sus trabajadores».

La semana pasada, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) otorgó licencia a Southern Copper para que construya el proyecto Tía María en la provincia de Islay (Arequipa), una zona cercana al Valle de Tambo, dedicada a la agricultura. La decisión fue tomada a pesar de que la población viene manifestando su rechazo a esta inversión desde hace nueve años. Tras la convocatoria a protestas y el inicio de paro indefinido en la zona, desde Lima representantes del Ejecutivo dicen que dialogarán con autoridades y dirigentes. La condición de los manifestantes es que primero se anule la licencia y luego se sentarían a conversar. El principal problema es, como vemos, la falta de confianza en la empresa minera. Ni los trabajadores mineros, que serían los beneficiados por esta inversión, le creen.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/07/19/tia-maria-islay-southern-copper-trabajadores-mineros-agricultores-valle-de-tambo-confianza-protesta/jorgepaucar/

El hecho ocurrió en las inmediaciones del centro poblado de Expansión en el distrito San Pedro de Coris.

Cuarto Poder puso en evidencia un desastre ambiental. Metros y metros cúbicos de desechos tóxicos y residuos minerales cayendo a una de las cuencas más afectadas por la minería, el río Mantaro.

El día viernes 12 de julio se desarrolló el eje 3 sobre la suscripción de un convenio marco con la empresa minera Las Bambas, que es uno de los 9 ejes que conforman la Mesa de diálogo y cumplimiento con la provincia apurimeña de Cotabambas y el distrito de Progreso, en Grau.

La sesión de instalación fue encabezada por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. Los dirigentes de los seis distritos y sus autoridades municipales sustentaron la necesidad de firmar un Convenio Marco con el que la empresa Las Bambas debiera comprometerse a un aporte social significativo.

Con las normas actuales, el dinero de las regalías y el canon que aún no tienen una fecha de inicio, permitirían básicamente el financiamiento de infraestructura. Sin embargo esto no es suficiente para el desarrollo de Cotabambas y Progreso.

Los dirigentes sostuvieron que el aporte social debe apoyar en cuatro aspectos claves para el desarrollo de Cotabambas y que no serán atendidos por el canon y regalías: 1) calidad educativa, 2) calidad en salud, 3) fomento a la actividad agropecuaria y 4) fortalecimiento de la cultura e identidad.

Los dirigentes comunales señalaron que sólo aceptaron el ingreso de Las Bambas a la provincia, con la esperanza de que cuando se retire hayan alcanzado un nivel alto de desarrollo. Sin embargo, a pesar que la empresa está en su cuarto año de explotación (y le restan 16 años), continúan las alarmantes cifras de anemia y desnutrición infantil, bajo aprendizaje en comprensión de lectura y matemáticas, entre otros indicadores deficitarios.

La respuesta de la empresa respecto a la pregunta de si firmarían o no un convenio marco fue poco clara, tal es así que el ministro Ísmodes encaró a los representantes de Las Bambas para que sean claros con la población respecto a esta pregunta.

La empresa se ha resistido a usar la palabra “marco” en el convenio que se firmaría. Esto causó malestar y la población amenazó con iniciar una medida de fuerza.

Finalmente quedó instalado este eje de convenio marco con estas observaciones. Por su parte los dirigentes exigieron que para las siguientes sesiones de la mesa de diálogo, asistan representantes de la empresa con poder de decisión.

Cabe resaltar por otro lado, que en los últimos días la empresa Glencore de la operación Antapaccay, transfirió 86 millones de soles a la provincia cusqueña de Espinar como parte de un Convenio Marco que tienen suscrito desde el 2003.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/07/15/las-bambas-mesa-sobre-convenio-marco-se-instalo-con-dificultades/

En medio de gases lacrimógenos y perdigones, más de 400 efectivos de la Policía Nacional han desbloqueado un tramo de la Panamericana Sur la mañana de este lunes, en el kilómetro 1049 (Arequipa) que había sido tomada por manifestantes que se oponen al proyecto minero Tía María. Sin embargo, aún hay tramos donde hay grupos de manifestantes que se mantienen movilizados.

Los efectivos llegaron hasta la Panamericana Sur, en la vía de penetración hacia Cocachacra y tras algunos enfrentamientos con manifestantes fue liberada y desbloqueada en ese tramo. Los policías utilizaron abundantes bombas lacrimógenas y disparos de perdigones, que en algunos momentos fue respondido por los protestantes con piedras y palos.

El ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que los vehículos, varados desde el último sábado, continuaron con su marcha sin problemas. Además, recordó que a causa de la erupción del volcán Ubinas se procedió a coordinar el envío de ayuda humanitaria que no pudo llegar en camiones debido al bloqueo.

Dijo también que no se debe confundir “actitud dialogante con debilidad” y que el Gobierno tiene toda la disposición de solucionar el conflicto pese a que se han encontrado incluso “voces altisonantes” en alusión a las autoridades del Valle del Tambo que se oponen a la puesta en marcha del proyecto.

Los efectivos policiales van a permanecer en la zona para evitar que vuelva a haber un bloqueo a la altura del kilómetro 1048 de la Panamericana, en la vía que conduce hacia el distrito donde se desarrollan las protestas.

Asimismo la misión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos -CNDH reportó que hay detenidos y heridos de perdigones. La PNP no ha brindado mayor información de en qué lugares están los detenidos. Los 4 personas detenidas son: Fernando Quilla, Mauricio Mamani, Juan Galdos y Remy Rolando Quea Mamani (17 años). Seguiremos informando.

22 de julio de 2019

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/07/22/tia-maria-mas-de-400-policias-iniciaron-el-desbloqueo-de-la-panamericana-sur/?fbclid=IwAR0PSDBwLeUn2PvEYWobgkxbEkACMjOOddIHsUAGhUnPC0rckStc-NMeah8

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/910-piden-intervencion-de-organismos-internacionales-en-islay-ante-conflicto-que-vizcarra-no-soluciona

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/912-otuzco-exige-retiro-de-minera-vale-que-causo-tragedia-ambiental-y-humana-en-brasil

Alcalde de Simón Bolívar solicita a ministra de Salud declarar a la región en emergencia sanitaria tras la contaminación ambiental por efectos de la minería.

Al menos 6 mil familias están infectadas con plomo por efectos de la actividad minera en el distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco. Durante más de 10 años sus ciudadanos demandan la solución de su estado de salud perjudicada por la actividad minera en esta zona del Perú. Son 35 los niños que hoy presentan patologías como leucemia y neoplasias por la contaminación ambiental.

Este jueves, el congresista Marco Arana, del Frente Amplio (FA), recordó que el alcalde de Simón Bolívar, Zumel Trujillo, así como niños y madres, están en Lima para solicitar la declaratoria de emergencia sanitaria para la región.

Se está desmantelando la institucionalidad ambiental bajo el argumento de que las inversiones serían detenidas si se protege el medio ambiente por encima de los derechos ambientales del derecho a la salud. Por ejemplo, desde el día de ayer están encadenados con su alcalde frente al Minsa sin que se encuentre una respuesta adecuada y satisfactoria de parte de las autoridades del Ejecutivo para resolver una gravísima situación que por efectos de la contaminación con plomo y arsénico mantiene a las personas enfermas”, indicó.

Por su parte, la parlamentaria María Elena Foronda, también del FA, subrayó que la familias que han llegado a la capital exigen políticas de salud para los menores de edad y los afectados por los pasivos ambientales más grandes de Cerro de Pasco, como son la desmontera Excelsior y la relavera de Quiulacocha.

“El día de ayer estuve presente en ese proceso de negociación por el problema de Cerro de Pasco y no hay hasta la fecha acciones concretas frente a la problemática que está planteando la gente”, dijo.

En tanto, el legislador oficialista Gino Costa aseguró que este tema ya se está atendiendo y solucionando con autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Energía y Minas.

Este jueves, el congresista Marco Arana, del Frente Amplio (FA), recordó que el alcalde de Simón Bolívar, Zumel Trujillo, así como niños y madres, están en Lima para solicitar la declaratoria de emergencia sanitaria para la región.

«Se está desmantelando la institucionalidad ambiental bajo el argumento de que las inversiones serían detenidas si se protege el medio ambiente por encima de los derechos ambientales del derecho a la salud. Por ejemplo, desde el día de ayer están encadenados con su alcalde frente al Minsa sin que se encuentre una respuesta adecuada y satisfactoria de parte de las autoridades del Ejecutivo para resolver una gravísima situación que por efectos de la contaminación con plomo y arsénico mantiene a las personas enfermas”, indicó.

Por su parte, la parlamentaria María Elena Foronda, también del FA, subrayó que la familias que han llegado a la capital exigen políticas de salud para los menores de edad y los afectados por los pasivos ambientales más grandes de Cerro de Pasco, como son la desmontera Excelsior y la relavera de Quiulacocha.

“El día de ayer estuve presente en ese proceso de negociación por el problema de Cerro de Pasco y no hay hasta la fecha acciones concretas frente a la problemática que está planteando la gente”, dijo.

En tanto, el legislador oficialista Gino Costa aseguró que este tema ya se está atendiendo y solucionando con autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Energía y Minas.

Cabe recordar que el 3 de febrero de este año, el Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó tres medidas preventivas contra las mineras Activos Mineros, Óxidos de Pasco y Empresa Administradora Cerro, ubicadas en la jurisdicción de Simón Bolívar.

Estas empresas han contaminado el suelo con plomo del centro educativo N°34037 y el Parque Ecológico Infantil de Paragsha, según el OEFA. Sin embargo, es imposible aplicarles una sanción monetaria ya que la Ley N° 30230, promulgada en el 2014, aún está en vigencia hasta julio próximo. Por ende, no permite una pena máxima contra estas empresas pese al nivel de contaminación ambiental que “genera un alto riesgo de afectación a la salud de los ciudadanos”, como refiere el comunicado del OEFA.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2017/06/15/treinta-y-cinco-ninos-con-neoplasias-y-leucemia-por-el-plomo-en-pasco-video-planton/greciadelta/?fbclid=IwAR1MH500h84X-8OvenLkI3ua_wjGm6iodjq8VYF8v4PmZCDD8KhQFx00laA