07/112022
Imagen referencial. | Crédito: Pixabay.
Un grupo de pobladores de la provincia peruana de Espinar, en la región sureña del Cusco, bloqueó este lunes un sector del llamado “corredor minero del sur” durante el primer día de un paro convocado para protestar por los proyectos mineros en la zona y presuntos actos de corrupción de su alcalde.

El bloqueo de la vía se presentó en un sector conocido como Parina, entre los distritos de Ocoruro y Condorama, donde manifestantes colocaron piedras y quemaron neumáticos y otros objetos, confirmaron medios locales.

El vicepresidente del Comité de Lucha de Espinar, Fredy Llaique, anunció en entrevista con Exitosa que reiniciaron el paro en dicha provincia ubicada en el Cusco, esto debido a los incumplimientos por parte de los miembros del Gobierno, quienes – según señaló – debían brindar solución al conflicto socioambiental minero.

“Nosotros el día de hoy, las comunidades originarias, campesinas, los barrios a nivel de los ocho distritos, reinician el día de hoy esta huelga indefinida o paro provincial a raíz de los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, que debía estar presente una comisión de alto nivel para dar solución, primero, a los problemas del conflicto socioambiental minero”, declaró al medio.

Fredy Llaique aseguró que, de no tener una respuesta por parte del Gobierno o la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la protesta y bloqueo del corredor minero por parte de las comunidades se radicalizará.

“Nosotros hemos solicitado reiteradas veces documentaciones a la PCM para que la comisión de alto nivel, encabezado por el premier Aníbal Torres, esté presente en la provincia de Espinar y sobre todo dé solución como mediador aquí […] Si el día de hoy no hay una respuesta por parte del Gobierno o la PCM, el día de mañana se radicaliza […] los comuneros están anunciando de que se va a hacer un bloqueo a nivel de toda la vía nacional y el corredor minero, no habría paso para nadie”, informó.

El dirigente Fredy Llaique indicó que tienen una plataforma de lucha por la cual se ha reiniciado la huelga, siendo el primer motivo la falta de entrega del bono solidario de 2000 soles (USD 506 al cambio actual) que acordó entregar la empresa; así también mencionó el caso del proyecto integración Coroccohuayco, perteneciente a la empresa Glencore, en el cual señala que no se está reconociendo a ciertas comunidades dentro de la zona de influencia directa.
Fuente: IIMP

Perú: Pobladores de Espinar bloquean el corredor minero del sur y exigen bono

06/11/2022
La convocatoria para participar en el paro indefinido, que comenzará este lunes 7 de noviembre, ya se difunde a través de redes sociales.
Protesta programada para el lunes 7 de noviembre. Foto: Composición LR/La República
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La provincia de Espinar, ubicada en la región de Cusco, reiniciará sus acciones de protesta en contra de la minera y de su alcalde provincial en el corredor minero del sur.

La medida será indefinida hasta obtener una respuesta clara. Además, se conoce que está programada para el lunes 7 de noviembre del 2022.

A través del afiche que se difunde en redes sociales, señalan que una de las razones del levantamiento es que no les quieren proporcionar el bono que algunas organizaciones sociales están pidiendo, el cual es dinero del Convenio Marco, que estaba destinado a obras en beneficio de la provincia de Espinar. No obstante, algunos grupos exigen que se pague un bono directo de S/ 2.000 a cada ciudadano.

Los ciudadanos aseguran que será un paro de las comunidades originarias, rondas campesinas unidas y organizaciones sociales.
https://larepublica.pe/sociedad/2022/11/06/espinar-reinicia-huelga-en-corredor-minero-del-sur-cusco-lrsd/

La mayor productora de cobre del mundo ha vista afectada su operación debido a los bloqueos que impiden el transporte de cobre y también de los insumos que requiere su yacimiento minero.
03/11/2022
El sector minero está registrando «una nueva ola de violencia», con amenazas de paralizaciones de producción, advirtió gremio minero.
La minera de cobre Las Bambas, ubicada en Apurímac, al sur del Perú, propiedad del grupo chino-australiano MMG, ha comenzado a reducir desde esta semana sus operaciones debido a los recientes bloqueos de vías que tienen incomunicado a su principal centro de producción de minerales.

Las Bambas es una de las mayores extractoras del cobre del mundo, pero se ha visto fuertemente impactada por protestas y bloqueos de rutas en el “Corredor Vial Sur”, desde el pasado 28 de octubre, por parte de comunidades locales, quienes exigen supuestos compromisos incumplidos por parte de la empresa.

“El bloqueo de las vías de transporte que conectan a Las Bambas con otros puntos del país impiden el transporte de cobre y también de los insumos que requiere la operación minera. Asimismo, de productos para la alimentación de sus trabajadores”, dijo la empresa, a través de un comunicado.

Además, la compañía minera informó que se han visto obligados a iniciar la reducción progresiva de operaciones desde el lunes 31 de octubre. “Existe también la amenaza de nuevas interrupciones a las operaciones de las Bambas en el muy corto plazo”, subrayó.

En ese sentido, la empresa productora de cobre hizo un llamado al Gobierno para “mantener el Estado de Derecho como condición fundamental para un diálogo constructivo entre las partes involucradas en los distintos bloqueos”, lo cual viene afectando el transporte de concentrados de cobre desde la operación minera.

Débil capacidad
Ante estos acontecimientos, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) alertó que se viene registrando “una nueva ola de violencia” contra el sector minero peruano, lo cual amenaza con paralizar las actividades productivas de importantes operaciones mineras ubicadas en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Cusco.

“Las Bambas aporta el 16 % de la producción cuprífera peruana, pero desde el inicio de sus operaciones en 2016 ha afrontado el bloqueo de las vías de acceso al yacimiento en 549 días, indicó la SNMPE.

Asimismo, el gremio que reúne a las principales empresas mineras indicó que es notable el debilitamiento de la capacidad del Estado para enfrentar los conflictos que están afectando a toda la sociedad y a la capacidad, como país, de reactivar la economía y garantizar la seguridad de la población y generar empleo formal.

Desde el inicio de sus operaciones en 2016, Las Bambas ha afrontado el bloqueo de las vías de acceso al yacimiento en 549 días.
Cabe recordar que el conflicto que enfrenta Las Bambas alcanzó un nuevo pico a inicios de año, cuando residentes de dos comunidades se instalaron dentro de sus terrenos, obligando a la mina a suspender todas las operaciones durante casi dos meses.

La SNMPE recordó que desde el pasado 28 de octubre hay bloqueo de carreteras “con total impunidad” en los sectores de Tuntuma y Huincho, en la provincia de Chumbivilcas, y en la ruta alterna de Coyabamba, en la provincia de Paruro, “lo que impide el libre tránsito de los trabajadores, el ingreso de insumos y alimentos, así como el transporte de la producción”.

Las protestas en torno a las actividades de Las Bambas responden a las indemnizaciones que los pobladores de las comunidades vecinas reclaman a la empresa por contaminación ambiental, y a las cuales se unen nuevas comunidades en forma constante.

Otros ataques
Asimismo, SNMPE condenó la incursión que sufrió la unidad minera Inmaculada, en Ayacucho, por parte de unas 30 personas, el pasado lunes, alentadas presuntamente por “agitadores” que operan en el llamado corredor minero del sur desde hace varios años para “extorsionar” a las compañías mineras.

“En el ataque a las instalaciones de la mina, que es propiedad de la compañía minera Ares, se puso en grave riesgo la vida y salud de 1.700 trabajadores”, informó el gremio.

El llamado corredor minero, que atraviesa varias comunidades pobres de los Andes del Perú, es usado por otras importantes productoras de cobre como Constancia de Hudbay y Antapaccay de Glencore.
https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/03/minera-las-bambas-reduce-progresivamente-sus-operaciones-por-bloqueos-de-carreteras/

Eva Cruz 03/11/2022
Transporte de concentrados de cobre en Las Bambas.
Los recientes bloqueos no solo impiden el transporte del concentrado de cobre y de los insumos necesarios para el funcionamiento de la operación, sino también el abastecimiento de productos para la alimentación de sus trabajadores.
La compañía Minera Las Bambas anunció, a través de un comunicado oficial, la reducción de sus operaciones por los bloqueos que se registran en los alrededores del yacimiento de cobre.

En el documento se informó que desde el 28 de octubre Minera Las Bambas ha visto afectado su transporte logístico por bloqueos viales en los sectores de Tuntuma y Huincho, en la provincia de Chumbivilcas, Cusco, sobre el Corredor Minero Sur, así como en la ruta alterna de Coyabamba, en la provincia de Paruro, Cusco.

Agregó que existe la amenaza de nuevas interrupciones en el muy corto plazo. Estos bloqueos y amenazas obedecen a las sobre expectativas de algunas comunidades y a otros motivos ajenos a Las Bambas.

“LOS RECIENTES BLOQUEOS NO SOLO IMPIDEN EL TRANSPORTE DEL CONCENTRADO DE COBRE Y DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OPERACIÓN, SINO TAMBIÉN EL ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE NUESTROS TRABAJADORES, CONFIGURANDO FACTORES DE RIESGO PARA SU SALUD Y TRANQUILIDAD EMOCIONAL”, SEÑALÓ LA MINERA.

Por ello, “nos hemos visto obligados a iniciar la reducción progresiva de operaciones desde el lunes 31 de octubre.

Constantes bloqueos
Desde que inició operaciones en 2016, Las Bambas ha sufrido bloqueos en las vías públicas que conforman el denominado Corredor Minero Sur por más de 540 días (más de 17 meses).

mina Inmaculada

La paralización de operaciones representa un daño económico para el país, la región Apurímac y su población. Las Bambas es clave para la economía peruana porque su actividad representa el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Además, es una de las minas de cobre más grandes del mundo y representa el 2% del suministro mundial del metal rojo.

La minera recordó que la más prolongada paralización (57 días en 2022) generó pérdidas al Perú (US$ 541 millones en exportaciones y S/ 296 millones por Impuesto a la Renta y Regalías Mineras), a la región Apurímac (S/182 millones equivalentes a más del 80% de su presupuesto anual de protección social).

“LOS BLOQUEOS SISTEMÁTICOS DEL CORREDOR VIAL SUR (UNA VÍA PÚBLICA NACIONAL) CONTRAVIENEN EL ORDEN JURÍDICO YA QUE RESTRINGEN DERECHOS FUNDAMENTALES COMO EL LIBRE TRÁNSITO Y EL DERECHO A LABORAR DE LOS 75,000 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTO, INDIRECTO E INDUCIDOS DE LA CADENA DE VALOR DE LAS BAMBAS Y SON UN ATENTADO CONTRA EL DESARROLLO DEL PAÍS”, LAMENTÓ.

Frente al actual contexto, Minera Las Bambas invocó al Gobierno Central a mantener el Estado de Derecho como condición fundamental para un diálogo constructivo entre las partes involucradas en los distintos bloqueos.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/las-bambas-corredor-minero-del-sur/

02/11/2022
Manifestantes bloquearon la entrada a la mina desde el 27 de octubre.

Los conflictos sociales en Perú siguen aumentando. En esta ocasión, Hochschild Mining Plc denunció un ataque de manifestantes a sus instalaciones en Inmaculada, donde quemaron su garita de ingreso, en una protesta que mantiene bloqueada la unidad desde la semana pasada.

La compañía informó a través de un comunicado que en el ataque participaron “treinta personas” de la comunidad Casma Palla Palla, en la región de Ayacucho, quienes cortaron el cerco perimétrico de la mina, que emplea a unos 1.700 trabajadores.

En el texto no mencionó si la producción se había visto afectada, pero se indicó que los manifestantes bloquearon la entrada a la mina desde el 27 de octubre.

Durante 2021, Hochschild enfrentó un conflicto con comunidades cercanas, que demandaban el cierre de sus operaciones alegando contaminación en la zona, algo que la mina ha rechazado.

La empresa planea invertir US$4.400 millones de dólares en la extensión de la vida útil de Inmaculada, que representa más del 60% de su flujo de efectivo, según la propia compañía.

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https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2022/11/conflictos-peru-hochschild-reporta-nuevos-ataques-instalaciones

Eva Cruz 28/10/2022
Minera Ares lamenta que, para estos fines que atentan contra del Estado de derecho y la propiedad privada, algunos pobladores expongan a niños.
Recordaron que a la fecha, siete empresas del Anexo Huancute brindan diversos servicios a la mina Inmaculada en Transporte de Personal, Lavandería, Cisternas, Maquinaria Pesada, por lo que Ares ha pagado más de S/ 11 millones en los últimos cuatro años.

Sobre supuesto maltrato a comuneros de Huancute, Compañía Minera Ares indicó, a través de un comunicado oficial, que el 26 de octubre, al promediar las 2:00 pm, algunos pobladores del anexo de Huancute ingresaron ilegalmente al terreno donde se encuentra la mina Inmaculada, a pesar de que el mismo se encuentra debidamente cercado y cuenta con la señalización respectiva.

Precisaron que Compañía Minera Ares SAC (CMA) realiza parte de sus actividades en terrenos sobre los cuales posee derechos de servidumbre, en un área de 373.92 hectáreas, otorgados por la Superintendencia de Bienes Nacionales como propietaria de dichas tierras.

Con el objetivo de salvaguardar y proteger nuestros derechos, la empresa comunicó, tanto al Ministerio Público como a la Policía Nacional del Perú, sobre estos actos atentatorios a la ley.
Minera Ares

En ese sentido, el mismo día la Policía Nacional procedió conforme a ley y retiró de manera pacífica al grupo de pobladores que se encontraba ilegalmente dentro de las instalaciones.

“Lamentamos que, para estos fines que atentan contra del Estado de derecho y la propiedad privada, algunos pobladores realicen actos como los descritos acompañados de niños, exponiéndolos a este tipo de situaciones”, anotaron.

Asimismo, “rechazamos que algunos medios locales propalen información inexacta sobre
un presunto uso de la fuerza contra este grupo de pobladores.

“Hemos actuado de acuerdo a ley, habiendo recurrido a las autoridades competentes, sin haberse generado ningún tipo de agresión en ningún momento por parte de éstas ni del personal de CMA”, remarcaron.

Acciones de responsabilidad social

Compañía Minera Ares ha venido desarrollando diversas actividades de responsabilidad social en el Anexo Huancute desde que empezó la operación en el año 2015, beneficiando a los ciudadanos con apoyo de salud, educación y desarrollo económico.

Además, a la fecha, siete empresas del Anexo Huancute brindan diversos servicios a la Unidad Minera Inmaculada en rubros de Transporte de Personal, Lavandería, Cisternas, Maquinaria Pesada entre otros, por lo cual CMA ha pagado más de S/ 11 millones en los últimos cuatro años.

“Nuestra empresa una vez más invoca al diálogo a los pobladores del anexo Huancute como única vía para la solución de cualquier diferendo”, finalizaron.
https://www.rumbominero.com/peru/ayacucho-minera-ares-dialogo-huancute/

COOPERACCION – BOLETÍN AMP OCT. 2022
El anuncio de que los activos del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) serán administrados por sus extrabajadores, a través de la empresa Metalurgia Business Perú SAC., ha causado revuelo y plantea varias interrogantes. Más aun cuando se anuncia la reapertura de las operaciones en un plazo bastante breve: se ha dicho que para el […]

El anuncio de que los activos del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) serán administrados por sus extrabajadores, a través de la empresa Metalurgia Business Perú SAC., ha causado revuelo y plantea varias interrogantes. Más aun cuando se anuncia la reapertura de las operaciones en un plazo bastante breve: se ha dicho que para el primer trimestre del 2023 se estaría produciendo en La Oroya cobre, para mayo plomo y en aproximadamente dos años, todos los circuitos estarán operando. ¿Es así de sencillo? Vamos por partes. Recordaremos algunos antecedentes de este caso e intentaremos analizar lo que se puede venir.

Fuente: El Comercio
Apelando a la historia

El CMLO empezó a operar por primera vez en 1922, lo que significa que ya ha cumplido cien años. Por esa época, la propietaria de este complejo metalúrgico era la norteamericana Cerro de Pasco Corporation, que de lejos era la empresa minera más poderosa del país, dueña de varias minas, fundiciones y, posteriormente, refinerías, principalmente en la sierra central. Tal y como lo muestran varios informes oficiales y estudios realizados, la puesta en marcha de la fundición y los circuitos de refinerías en La Oroya generó un impacto de contaminación ambiental nunca antes visto en el país.

En los años 70, durante el gobierno militar, liderado por Juan Velasco Alvarado, el conglomerado de la Cerro de Pasco Corporation fue estatizado y se convirtió en la empresa estatal Centromin Perú, que dominó la actividad minera en la sierra central de 1974 a 1997. El período de la minería estatal estuvo marcado por un crecimiento de las operaciones y una mayor fuerza laboral, sobre todo en ciudades como Cerro de Pasco y La Oroya que eran además los núcleos principales de la expansión minera. En ese escenario, los temas ambientales siguieron siendo marginales en la agenda y la minería estatal siguió incrementando los pasivos ambientales con operaciones crecientemente contaminantes.

Ya en la década del 90 y en medio de la puesta en marcha de las reformas estructurales de inspiración liberal, un aspecto clave fue el retiro del Estado de las distintas esferas de la producción. El proceso de desmantelar y privatizar las empresas públicas fue sin duda una de las reformas más importantes del modelo económico y significó que el sector privado recupere preponderancia, sobre todo en sectores claves como el minero y actividades conexas. Es así que en 1997 el CMLO fue vendido a la estadounidense Doe Run Company.

Al adquirir el complejo, Doe Run también asumió el compromiso de implementar y cumplir con un programa de inversiones ambientales, cuyo objetivo era la reducción de los niveles de contaminación ambiental. Los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) debían cumplirse en el plazo de cinco años para las operaciones mineras y hasta en diez años para las operaciones metalúrgicas.

Cumplido el plazo de diez años, Doe Run no cumplió con las inversiones del PAMA, pese a que recibió de las autoridades peruanas una serie de facilidades que se expresaron en modificaciones de los proyectos de inversión en materia ambiental y varias ampliaciones del plazo. Todo esto ocurría mientras que diversos estudios confirmaban que la población de La Oroya estaba expuesta a un coctel tóxico de emisiones de metales pesados, lo que generó un enorme impacto en la salud, sobre todo en niños.

Lo cierto es que La Oroya es uno de los más graves pasivos ambientales ligados a una actividad productiva en la historia del Perú, comparable a los desastres ambientales generados por la explotación de hidrocarburos en las cuencas del Pastaza y el Corrientes en la Amazonía. Además, La Oroya fue considerada en su momento como uno de los diez lugares más contaminados del planeta.

Las interrogantes que generan los anuncios recientes

El de la Oroya es un complejo vetusto que, como hemos señalado, ha cumplido 100 años y que, además, desde hace 12 años -cuando Doe Run se declaró en insolvencia- no ha estado operando. Además, no se debe dejar de mencionar que en el CMLO no se hicieron las inversiones de adecuación y manejo ambiental que hubiesen permitido que las operaciones se adecuen a la legislación ambiental del país.

El PAMA de La Oroya era un listado de 9 proyectos en materia ambiental que, en su primera versión, representaba un monto de inversión de US$173 millones. Del conjunto de proyectos, el más importante era la construcción de una planta de ácido sulfúrico por un valor de US$ 107.5 millones. Este es uno de los proyectos que nunca concretó Doe Run.

Por eso llama la atención cuando se afirma que las operaciones se van a retomar en apenas unos meses y que el capital estimado para el inicio de la producción es de US$ 100 millones. Cabe preguntar, ¿dentro de las inversiones que se proyectan hacer en La Oroya se han considerado los proyectos vinculados a la adecuación y el manejo ambiental? ¿Qué montos se manejan para este tipo de inversiones y en qué plazos se van a dar?

El presidente Castillo ha anunciado la creación de una mesa técnica integrada por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, sin embargo no queda claro cómo se va a trabajar, en qué plazos y qué filtros se van a poner al anunciado reinicio de operaciones del CMLO. Es totalmente entendible la expectativa que pueden tener los trabajadores de La Oroya en una reactivación del CMLO. Sin embargo, ésta no puede ser a costa de dejar de lado la problemática ambiental. Que no se juegue con las legítimas expectativas de La Oroya y que no se pierda de vista que en esta localidad hay una agenda ambiental pendiente, que tiene que ver de manera directa con la salud de los ecosistemas y la salud de su población.
FUENTE: COOPERACCION

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 26/10/2022

A través de una conferencia de prensa realizada ayer en la ciudad del Cusco, dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar y otras organizaciones sociales de esta provincia cusqueña anunciaron el reinicio de una huelga indefinida a iniciarse el 7 de noviembre de este año.

La medida de fuerza es contra la empresa minera Antapaccay, las autoridades locales y el gobierno central. Los dirigentes argumentaron que no habría cumplimiento de compromisos por parte de la minera y que debe transparentar el dinero del convenio marco.

Recordaron que el convenio marco establece que un porcentaje de las utilidades de Antapaccay deben invertirse en el desarrollo de la provincia. Pero pusieron como ejemplo que habría habido obras y compras sobrevaloradas.

Asimismo, los dirigentes señalaron que hay una incapacidad del gobierno central para que puedan ayudar a llegar a acuerdos concretos en las mesas de diálogo. Han pasado más de 10 años de esas mesas y no se ha llegado a nada.

Resaltaron también que, con 40 años de minería en la provincia, y no se cuenta con agua potable en las 24 horas, y esta agua tiene metales pesados.

“La minera Glencore tiene ahora el proyecto ampliación Coroccohuayco que tendrá para 30 a 50 años y más de 70 % de las tierras de Espinar se están concesionando a la minería” alertaron en la conferencia.

Los dirigentes también denunciaron que la empresa minera estaría financiando un plan comunicacional para deslegitimar los reclamos y las luchas de la provincia, y que habría financiado a candidatos a la alcaldía.

“La minera tiene un plan sicosocial, para amedrentar a las organizaciones sociales y a las comunidades. Por eso es que el proyecto de agua está paralizado. En su plan se dedican a desacreditar a los dirigentes ante la población.”

Por eso los dirigentes señalaron que están pidiendo una indemnización a la minera por desacreditar a los dirigentes sociales y por impedir el desarrollo de la provincia de Espinar.

“Nuestros animales están muriendo, parece un cementerio de animales que están muriendo por la contaminación minera del rÍo”, denunciaron en la conferencia de prensa.

Finalmente mencionaron que con esta medida de lucha resultarán afectados las empresas mineras Antapaccay, Hudbay y Las Bambas por el cierre del corredor minero.

Eva Cruz 24/10/2022
Proyecto minero Quellaveco de Anglo American.

En noviembre, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la ANA dará a conocer su fallo sobre si se mantiene o se le retira la licencia de agua al proyecto de Anglo American.
Quellaveco, el proyecto minero más importante desarrollado en los últimos años en el Perú, se ve amenazado desde hace algunos días con la aparente decisión del Gobierno de reevaluar la autorización para utilizar agua de dos ríos, Vizcachas y Titire, otorgada por la ANA a fines de agosto de 2022.

El proyecto cuprífero de Anglo American no usará en sus procesos de producción agua destinada a la población, la agricultura o la ganadería.

Así, el 80% del recurso hídrico a utilizar en los procesos productivos mineros proviene del río Titire, de origen volcánico y con alto contenido de arsénico y boro, mientras que el 20% procederá de la presa Vizcachas, infraestructura que almacenará agua de lluvia de buena calidad y que será suministrada a la población y actividades agropecuarias de la cuenca del Tambo durante la época de estiaje y permitirá además el uso efectivo de la reserva hídrica de la región Moquegua.

Roque Benavides presidente del Directorio de Buenaventura
También puedes leer: Roque Benavides: El agua debe ser tratada como política nacional y no como política regional

Frente a este “debate”, Rumbo Minero preguntó a sus seguidores en su cuenta oficial de Twitter, si consideraban que el Gobierno tiene la intención de parar la operación de Quellaveco. El 69.4% respondió que sí; mientras que el 30.6% obtuvo una postura contraria.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) estimó que noviembre su Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas dará su veredicto al respecto. Así, se conocerá si finalmente se le quitará o no agua a la mina de cobre, propiedad de Anglo American.

En cualquier caso, el fallo sería llevado al Poder Judicial si las partes no están conformes.
https://www.rumbominero.com/peru/encuesta-rumbo-minero-quellaveco/

Imagen: Rumbo Minero 21/10/2022
En la edición del programa “La hora verde” del jueves 20 de octubre, y que es producido semanalmente por CooperAcción, los invitados coincidieron en alertar de los riesgos ambientes y de salud ante el anuncio de la reactivación del complejo metalúrgico de La Oroya, en la región Junín.

Cabe recordar que lunes 17 de octubre, la empresa liquidadora Consultores A1 terminó la transferencia de los activos de dicha operación minera a 1.250 extrabajadores asociados a la empresa Metalurgia Business Perú SAC, cerrando el primer objetivo de la liquidación de Doe Run Perú. Los trabajadores han anunciado que empezarían operaciones en febrero del 2023.

Los invitados a «La hora verde» fueron Yolanda Zurita, activista de las personas afectadas por contaminación de metales tóxicos de La Oroya; José de Echave, economista e investigador de CooperAcción; y Christian Huaylinos, abogado de Aprodeh.

Yolanda Zurita recordó que La Oroya inició su actividad metalúrgica desde el año 1922. La primera comunidad que fue afectada fue Huaynacancha, que fue afectada por los humos que llegaban como cenizas y esto obligó a que muchas de las personas se fuesen a vivir a otros lugares.

Asimismo, destacó la gravedad de los pasivos ambientales que ha dejado el complejo metalúrgico en la zona: “Estudios señalan que hay 80 cm de profundidad que está seriamente afectada. Son estudios de la misma empresa, el Estado y sociedad civil. La Universidad de San Luis de Missouri analizó 13 sustancias tóxicas, las que todas estaban muy elevadas en el organismo humano.”

Por su parte José De Echave recordó que en la década de los noventa, en paralelo al proceso de privatización se crearon 2 instrumentos: todos los nuevos proyectos de inversión debían tener los Estudios de Impacto Ambiental- EIA. En el caso de proyectos antiguos – como el caso La Oroya- que ya estaban en fase de producción, se creó el Programa de adecuación y maneja ambiental -PAMA.

“Cuando la norteamericana Doe Run compró los activos de La Oroya, asumió el compromiso de adecuar la operación a los nuevos estándares ambientales, pero la empresa no cumplió pese a que se le dieron ampliaciones. Hasta que luego se declaró en insolvencia,” recordó De Echave.

El investigador también destacó que la exposición de la población a metales como plomo, cadmio y arsénico ha sido debidamente probada por varios estudios. Esto ha llevado a que La Oroya haya sido calificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Yolanda Zurita destacó que en el año 2002 se inició un proceso contra el Estado peruano para lograr una atención de la salud. Al no cumplir ningún acuerdo, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces ha sido un largo proceso en el que están pidiendo la atención integral a la salud, por la exposición aguda y crónica a los metales tóxicos. El caso se está ventilando ahora en la Corte Interamericana, y acaban de realizarse audiencias los días 12 y 13 de octubre.

“En la audiencia de la CIDH expusimos la afectación y la debilidad de la atención en salud, así como el incumplimiento del Estado como ente rector para hacer que el macro emisor se le ponga acciones correctivas y las emisiones se hagan respetando la salud de la población”, destacó Zurita

Por su parte Cristian Huaylinos, abogado de Aprodeh, que acompaña a los afectados ante el proceso en la CIDH, comentó que con el paso del tiempo se constata que de parte del Estado ha habido una omisión en la prevención y fiscalización de esta contaminación. En esa línea, sostuvo que hay pruebas que el Estado ha priorizado la actividad minera por sobre la salud de las personas.

“Hay un informe del propio Estado que dice que desde 1986 constató que existe una contaminación que se ha agravado en la década de los 90 con la privatización de Centromin. El Estado ha venido ampliando los Pamas que nunca han sido cumplidos, no ha habido una remediación ambiental eficiente en La Oroya” puntualizó el abogado. Resaltó, asimismo, que el sistema de salud no ha sabido responder a las afectaciones por exposición a metales pesados.

Sobre la reactivación del complejo metalúrgico

José de Echave señaló que este complejo ha estado inactivo 12 años, ha quedado vetusto, y no se hicieron las inversiones para adecuarse a los estándares ambientales vigentes.

“Pensar en reactivarlo en estas condiciones es que se reactiva como un macro emisor y siga contaminando a la gente de La Oroya. Entiendo la legítima expectativa de los trabajadores por una reactivación económica, pero no puede hacerse a costa de la salud de la población de La Oroya”, destacó De Echave.

En esa línea Yolanda Zurita sostuvo que es preocupante el anuncio ya que se sabe que el 99% de la contaminación del aire en La Oroya es producida por el complejo siderúrgico. Esto va a contaminar a los mismos trabajadores, personas de la tercera edad, madres y toda la población.

“Una reactivación económica a costas de la salud de una población integra no sé qué grado de sensibilidad podrían tener los que están impulsando esto. Algunos pobladores están anunciando que se van a ver obligados a salir de La Oroya”, destacó Zurita.

Finalmente, Christian Huaylinas sostuvo que genera una alta preocupación el tema de las condiciones en que se les está otorgando la administración de La Oroya a los trabajadores.

“Las víctimas o los representantes no queremos el cierre del complejo, si no que se dé una regulación eficiente y oportuna para que se respete los estándares de calidad ambiental, que afectan a todos, a los trabajadores, residentes, personas que transitan y a las futuras generaciones”, remarcó el abogado de Aprodeh.

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