Una historia acumulada de 30 años, cuando en plena dictadura panameña surgió la idea de explotar el oro de Cerro Quema, está en su encrucijada más difícil, pues aunque los opositores se evaporan como el cianuro, los inversores y trabajadores desesperan por la burocracia, dijo a Acan-Efe uno de los involucrados.

El Frente Santeño contra la Minería, organización ambientalista de la provincia, reiteró este miércoles 4 de abril su rechazo y repudio a la actividad minera en Los Santos.

La reacción de los santeños surge después de que representantes de la empresa Minera de Cerro Quema visitaran programas de televisoras locales, en donde abogaron por la renovación de la concesión.

A la citada empresa le fue otorgada la concesión en 1997 y esa autorización fue publicada en la Gaceta Oficial de 26 de febrero de 1997. La concesión era por 20 años y venció el año pasado y no ha sido renovada.

Mediante la Resolución No. 1 de 2018, el Frente Santeño contra la Minería expresó que ese tipo de actividad amenaza las fuentes de agua de la zona, así como deteriora ambientalmente una región que ya confronta un marcado daño de sus recursos naturales.

Agregó que durante dos décadas la organización empresarial, que dice explotar el proyecto minero de Cerro Quema, no ha logrado concretar su propósito.

La organización ambiental recordó que se ha vencido el plazo de 20 años, hecho acaecido en febrero de 2017.

Mientras, los moradores de la región le exigen al gobierno del presidente Juan Carlos Varela el cierre definitivo de la empresa minera.

Fuente:https://www.prensa.com/provincias/Frente-Santeno-renovacion-concesion-Santos_0_5000499920.html

La democracia implica respetar los espacios de reproducción, lo que a su vez implica plurinacionalizar el territorio del Estado moderno; dar cabida a la gestión del territorio sobre diversas formas de ver y reproducir la vida.

Existe una revuelta de la naturaleza desde los pueblos del continente americano, dado el agotamiento de la reproducción de la vida que, como respuesta, abren sus mundos para reencantar el pensamiento desde-hacia otros horizontes de afectividades, para encontrar sentidos de vida ante la duda de la existencia porque la modernidad ya no ofrece futuro. Esto quiere decir que desde los pueblos hay fisuras político-epistémicas que están situando las alternativas de vida, modos diversos de estar en el mundo, basadas en las relaciones comunales para recrear los sueños y posibilidades de un futuro abierto no prediseñado por el Estado moderno, cuyo modelo de más desarrollo, más progreso y más extractivismo minero nos quieren implantar a como dé lugar. Dice Zibechi que ‘ese mundo nuevo existe, ya no es un proyecto ni un programa sino múltiples realidades, incipientes y frágiles. Defenderlo, para permitir que crezca y se expanda, es una de las tareas más importantes durante las próximas décadas’ (Zibechi, 2003) en el siglo XXI. Dicho de otra forma, las múltiples realidades son aquellas que provienen de los pueblos racializados (indígenas, afrodescendientes y campesinos) que con sus dinámicas propias de sus lugares están reproduciendo otras formas de pensar y de sociabilizar. La democracia que requerimos en Panamá, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil, Honduras, en definitiva, en todos los países, implica respetar los espacios de reprod ucción, lo que a su vez implica plurinacionalizar el territorio del Estado moderno, es decir, darle cabida a la gestión del territorio sobre diversas formas de ver y reproducir la vida, lo que desencadenaría en una gestión pluriversal del territorio.

RESISTENCIAS Y DESCOLONIZACIÓN

Las resistencias contra la minería moderna nos abren esas posibilidades de descolonizar tanto el futuro como el espacio-tiempo presente regido por la modernidad. Es decir, un futuro abierto a los múltiples espacios-tiempos de los pueblos existentes que fueron encubiertos (Dussel, 1996), y que hoy pugnan, no solo por su reconocimiento institucional, sino por la creación de mundos sin necesidad de recurrir al Estado y al mercado capitalista, cuya creación se basa en la autodeterminación y autonomía territorial.

Las resistencias que vemos en los últimos tiempos, no son resistencias propias de los actuales momentos, sino una manifestación de los pueblos silenciados por siglos, que cobran una importancia en la actualidad porque ya es imposible seguir encubriendo el entrampe de la modernidad (Bautista, 2015), que ha llevado todo a la muerte. Por eso, las resistencias por mantener la vida son luchas contra-modernas, de allí la importancia de valorar el legado milenario de saberes que nos han permitido ir más allá que la modernidad (Bautista, 2015).

Las actuales resistencias contra-extractivas además de ser expresiones contra la acumulación de hechos, de opresión, de aniquilamiento cultural, de racismo, de la humillación histórica, de la pérdida constante de la vida, en un contexto histórico de neocolonialismo minero, son también manifestaciones de la recreación de los paisajes de pensamiento como nunca antes visto y sentido en la historia latinoamericana. La valoración de formas de trabajo enfocadas en el alimento, en la gestión de cuidado de las montañas, del agua y el amor por el río, son ahora prácticas ‘críticas a la modernidad’ (Abdiel, 2018) que podemos hacer, porque la modernidad privilegió trabajos monstruosos basados en disparar bombas y balas, producir pobreza y acumular riqueza, estallar montañas y contaminar la tierra, expropiar la cultura de los cuerpos y territorios mediante la violencia.

Las resistencias son manifestaciones de la r-existencia [Por06], de aquel residuo que ha quedado después de siglos de destrucción constante de mundos y de saberes. Ese residuo se convierte hoy en la semilla que empieza a expandirse con potencia desde la solidaridad de los pueblos y de articulación de posicionalidades sobre la vida que guardan un objetivo presente común: reproducir la vida-cultura-naturaleza, en definitiva, el territorio.

RADICALIDAD DE LAS MÚLTIPLES ALTERNATIVAS

Los conflictos ambientales que resultan del extractivismo minero tienen entonces una solución, una única salida, la vida del territorio o la muerte del mismo. No hay puntos medios, ni negociación posible porque como indica Machado (2015) ‘allí donde se radica la mina, estalla el conflicto como conflictividad estructural de larga duración’.

La radicalidad no debe de entenderse como simple fundamentalismo ecológico, como lo piensan los extractivistas y funcionarios del Estado, es que no hay otra forma u otro modo posible sino descolonizar la naturaleza, lo que implica radicalizar las múltiples alternativas existentes al extractivismo minero. La negociación nos condena de antemano a la pauperización y creciente racismo (inferiorización) de nuestros pueblos. De allí, que las resistencias hayan comprendido que con el extractivismo minero no hay posibilidades de convivencia porque su razón y su lógica de ser es racializar al extremo a los pueblos, transferir/producir escasez, en definitiva, la ampliada destrucción de la vida. La descolonización de la madre naturaleza [Wal08] es ahora una visión desde el presente que asumieron/asumimos las resistencias contra el extractivismo minero, ya posible en el siglo XXI.

Las transiciones epistemológicas y políticas que requiere la humanidad están siendo construidas desde este continente para el mundo. Tomará años, como dice Dussel, para ver más nítidas esas transiciones, pero es un proceso no reversible de transición hacia otra cosa, hacia otra forma de vida. Esa es quizás la mayor característica que podamos asignar a las ‘sociedades en movimiento’ (Zibechi, 2017) en la actualidad, su capacidad de producir transiciones hacia otra vida posible en la diversidad. Arturo Escobar (2014) denomina este proceso como Pluriverso. Ya entendemos el porqué de la negación en las consultas populares-autonómicas contra la megaminería y la creciente hermandad de pueblos en diversos momentos en la historia reciente, donde convergen posicionalidades que se articulan en agendas y construcción de alternativas de liberación desde una geopolítica de otro modo. En definitiva, es una geopolítica que nos remite a la integración latinoamericana de los pueblos ‘desde’ abajo. Ganar más integración implica avanzar hacia la descolonización.

MAS INTEGRACIÓN=MÁS DESCOLONIZACIÓN.

Lo anterior supone la construcción de una integración latinoamericana desde abajo. Hemos visto en los últimos 20 años un sinnúmero de actores sociales y comunales contra el extractivismo minero en congresos, encuentros y creación de redes cuyo carácter ha sido integrista a favor de la causa de la liberación de Latinoamérica como el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Unión de Asambleas Ciudadanas en Argentina. Es decir, tales formas de organización en redes y congresos deben ser entendidos desde la integración de los pueblos en América sin las cuales no es posible avanzar hacia las múltiples descolonizaciones, precisamente porque la colonización implicó la fragmentación de los cuerpos de sus contextos y de los amplios territorios/territorialidades, al implantar fronteras modernas a favor de la gestión del extractivismo minero. Dicha integración desde abajo implica otra mirada desde la territorialidad de los pueblos que deciden/decidieron acabar con la continua soberanización de los minerales, es decir, radicalizar no solamente las alternativas de vida, sino fomentar más y de forma incluyente los diversos actores y perspectivas de/desde Latinoamérica. En ese sentido, tenemos que la integración de pueblos contra el extractivismo minero implica un avance en la descolonización que está siendo producida al radicalizar las alternativas a la modernidad desde las resistencias para liberar el presente y el futuro.

El autor es geógrafo.

Fuente:http://laestrella.com.pa/panama/nacional/integracion-descolonizacion-extractivismo-minero/24055058

La acumulación y contaminación del agua son manifestaciones de los imaginarios de conquista y desecho, donde se acepta y se legitima los desastres como sacrificio reiteradamente en nuestras geografías.

Las geografías del extractivismo-minero se caracterizan por tres aspectos: la extracción de minerales (oro, plata, cobre entre otros), la modificación del paisaje natural y humano y el control sobre los ecosistemas, en específico el agua. Pero detrás de todo el control e intervención están los imaginarios coloniales de la naturaleza que han creado espacios de abundancia y de mucha riqueza. Quiero decir, que donde existe minería de metales hay mucha agua en las cantidades más que necesarias para la extracción.

Dice Perreault (2014) que ‘la geografía de la minería –es decir, dónde existe y cómo funciona la minería– es posible a causa de la producción de un ‘paisaje hídrico’ que abastece las minas con agua… La geografía del agua –cómo y dónde existe en la naturaleza y cómo es gestionado el recurso a través de las infraestructuras físicas y sociales– afecta en gran parte (y hace posible) la geografía de la minería’.

Ahora bien, las relaciones entre estas dos geografías producen dos fenómenos que a continuación subrayo: escasez hídrica en contextos de abundancia mineral: la acumulación de agua y la imposibilidad del consumo vital en contexto de abundancia hídrica: la contaminación del agua. Miremos con más detalle estos aspectos.

ESCASEZ HÍDRICA EN CONTEXTOS DE ABUNDANCIA MINERAL: LA ACUMULACIÓN DE AGUA

Para extraer los minerales que están en las rocas es necesario un proceso de pulverización de grandes extensiones de tierra, cuya escala implica tanto el tajo abierto como el impacto sobre el uso del agua. La acumulación del agua tiene que ver con la escala de acción del extractivismo-minero sobre el sistema de vida, al incorporar el agua de muchas comunidades en sus sistemas de extracción, desconociendo las condiciones de escasez de las aguas superficiales. Es decir, los mínimos de agua para las comunidades localizadas en zonas áridas se constituyen como los elementos básicos de subsistencia, que son amenazados por la succión de los cuerpos de agua de manera elevada por parte de las industrias extractivas y más si son aguas de excelente calidad (Isch, 2011).

Acumular agua y en cantidades crecientes es una expresión del control territorial que ejercen las industrias extractivas, cuyo resultado se expresa en un desequilibrio de los ecosistemas (geografías del agua) y en la distribución desigual ecológica, económica (Martínez, 2005) y cultural (Escobar, 2014) sobre el agua. Este desequilibrio y desigualdad es consecuencia de considerar el agua como capital constante al margen de la importancia socio-cultural y de la diversidad epistémica que se tienen sobre ella.

En América Latina y el Caribe existen muchos ejemplos de acaparamiento de las aguas. En México, por ejemplo, el 38% de los proyectos mineros están ubicados en zonas de acuíferos con disponibilidad precaria (estados de Sonora, Zacatecas y Michoacán), afectando el acceso al agua de los pobladores y la manutención de sus economías de subsistencia. En Chile el 50% de extracción de cobre está localizada en la región de Antofagasta, que es una de las regiones con menor disponibilidad del agua. En Colombia, la mina El Cerrejón usa 17 millones de litros de agua diariamente, en una región donde los habitantes tienen acceso a 0.7 litro por día.

LA IMPOSIBILIDAD DEL CONSUMO VITAL EN CONTEXTO DE ABUNDANCIA HÍDRICA: LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

El uso intensivo del agua para el desarrollo de la actividad extractiva-minera es proporcional al daño y a la contaminación de los ecosistemas.

La contaminación de las fuentes de agua (superficiales y subterráneas) ha producido geografías de la devastación por el alto impacto de los activos tóxicos (Machado, 2017) en los territorios, privando a las comunidades de su uso cotidiano dado los efectos nocivos para la salud humana y para la naturaleza, aun conviviendo con cuerpos de agua en extrema abundancia. Dice (Isch, 2010) que ‘contaminar significa quitarle agua a poblaciones y sectores sociales importantes… De esta manera, un sector acumula agua útil y sana, mientras otro debe contentarse con menor cantidad y sobre todo con agua insana’.

Un ejemplo ilustrativo es el rompimiento de una represa de lodo tóxico que liberó 62 millones de m² de lama de hierro en el estado de Minas Gerais en el 2015 en Brasil. El recorrido de la avalancha fue aproximadamente de 650 kilómetros. Además de los 19 muertos, la contaminación de las aguas afectó a pescadores, ribereños, agricultores, pueblos indígenas, varias ciudades interrumpieron el abastecimiento de agua entre otras afectaciones. La imposibilidad de reproducir la vida en esta zona es consecuencia de la cristalización de llevar la naturaleza americana a su límite, hacia la destrucción, porque una vez que se usa el agua en el proceso extractivo, ésta es contaminada en cantidades crecientes.

El extractivismo-minero es una de las actividades económicas responsables de la injusticia hídrica, de la distribución desigual en el acceso al agua y de una deuda ecológica que crece cada vez más en el continente. Estos tres aspectos son movilizados por lógicas de la colonialidad de la naturaleza. Es decir, la acumulación del agua y la contaminación de la misma son aspectos altamente tolerados por la colonialidad que rige el desarrollo extractivo-minero.

LA NO SUPERACIÓN DE LA INJUSTICIA AMBIENTAL Y SOCIO-ESPACIAL DEL AGUA

Sabemos y le sobran las críticas al extractivismo-minero dado el acaparamiento de las aguas y de la contaminación producida por los desastres. Sabemos del riesgo y de la insostenibilidad de la colonialidad de la naturaleza (Alimonda, 2015), ¿qué es lo que nos impide superar e ir más allá del desarrollo minero? Sin duda, es la subjetividad extractiva como forma de vida que ha bloqueado la posibilidad de ir más allá del desarrollo basado en minería moderna, a tal punto que los monumentales desastres que ha experimentado América Latina y el Caribe quedan en una simple anécdota superada. La compañía Samarco, por ejemplo, posterior al desastre de relave que acabó con la resiliencia de aquel ecosistema y pese a la destrucción del territorio con su gente en Minas Gerais, Brasil, planea iniciar operaciones en el mismo lugar. La única crítica fue cómo mejorar la gestión y mantener el riesgo en niveles aceptables. Es decir, mientras la colonialidad minera continúe, la deuda ecológica será más profunda, de allí la imposibilidad del consumo vital de agua por la población en condiciones de abundancia hídrica. Esa es la gran paradoja que la modernidad ha dejado como colonialidad en los espacios de vida. Quiero decir, la acumulación y contaminación del agua son manifestaciones de los imaginarios de conquista y desecho, donde se acepta y se legitima los desastres como sacrificio reiteradamente en nuestras geografías. En ese sentido, las geografías de la devastación y de la explotación son los paisajes amados y deseados, puesto que son resultados de una mayor renta. La modernidad produce escasez para los pueblos colonizados. Sólo la resistencia contra-extractiva desde abajo, con la tierra y de la izquierda (Escobar, 2015) podrá acabar con estas geografías de saqueo y con la escasez hídricas en nuestros pueblos. Las luchas por el agua, el alimento y la vida, son los marcos de la democracia ecológica (Shiva, 2004) que marcaran el futuro regional en el continente.

Fuente:http://laestrella.com.pa/panama/nacional/control-agua-extractivismo-minero/24051494

Artículo de Sergio Sánchez, de la Coordinadora Campesina por la Vida, que prueba cómo el Código Minero ha sido reformado para exonerar por completo de impuestos a las explotaciones mineras y cargar al estado panameña sus costos.

La actividad minera a cielo abierto es una actividad altamente contaminante y ecológicamente injustificable; en Panamá país que se caracteriza por tener un clima de “bosque tropical lluvioso”, la minería a cielo abierto es aún más contaminante. Por esta razón en algunos países como Costa Rica este tipo de minería ha sido prohibido.

En otros países se pretende justificar la existencia de minas a cielo abierto por los recursos económicos que genera para el país; en Panamá no existe ni siquiera esta justificación, pues el Código de Recursos Minerales ha sido hecho y reformado con la idea de que al país no le quede siquiera una pequeña porción de los recursos económicos que la actividad minera genera.

El Código de Recursos Minerales ha sido desde 1998 permanentemente reformado para ajustarlo a ley 9 de 1997 (Ley de Minera petaquilla SA) de forma tal el código contiene hoy muy bien reglamentadas las garantías que necesita cualquier compañía minera para explotar una concesión sin pagarle al estado un solo centavo por las ganancias que obtenga de la operación; antes y por el contrario provee la forma por la cual el estado quede deudor del concesionario.

Debido a lo extenso que sería el analizar cada uno de los artículos de la parte económica de la ley que hacen desfavorable para el país otorgar y permitir la explotación minera ya sea metálica o no metálica, nos permitiremos el resaltar algunos de ellos, adelantando que no son todos y que cada cual estará en condiciones de hacer sus ´propias conclusiones.

El  artículo 232 del Código de Recursos Minerales, adopta lo que dice la cláusula décimo tercera en el numeral 3 de “Deducciones Fiscales” del contrato de Minera Petaquilla SA. Dice el artículo 232: “Todo concesionario tendrá derecho a incluir como gastos de operación aquellos deducibles de acuerdo con las leyes de impuestos sobre la renta que estén vigentes. Además de los cánones superficiales, regalías, impuestos directos, impuestos de importación y el cargo de depreciación, los siguientes renglones podrán deducirse como gastos de depreciación”….  Y sigue en los literales a; b; c; d; añadiendo todo tipo de gastos, como: amortización anual del mineral, costo de excavaciones, galerías, gastos por servicios de abasto, etc, etc.

Queda claro que si pueden deducir los impuestos directos entonces no pagaran impuestos, queda claro que si pueden deducir como un gasto general más las regalías, entonces no pagaran regalías, Está muy claro en la ley, que las empresas mineras y canteras gozan de un privilegio especial que el mismo Código de Recursos minerales les facilita; y esta facilidad consiste en poder realizar una actividad comercial e industrial exenta de toda carga tributaria y de toda responsabilidad social.

El artículo 243 del código de recursos minerales adopta lo que dicen la clausulas 1 y 3 de la cláusula décimo tercera de “Deducciones Fiscales” del contrato de Minera Petaquilla SA. Dice el artículo 243 del Código de recursos minerales: “Se consideraran como gastos generales deducibles las contribuciones y los gastos pagados a la Nación y Municipios y los gastos que sean inherentes o que se realicen en relación con la educación y adiestramiento de ciudadanos panameños da conformidad con este código.”.

Este articulo (243) no hace más que reforzar y perfeccionar lo que el articulo 232; fija, aclara que todo gasto pagado a la Nación o a cualquier Municipio es deducible, se entiende pues que si pagan una multa, este pago es deducible y así también las tasas, timbres, contribuciones, etc. De igual manera fácilmente se colige que quien paga los impuestos municipales es el estado. En buenos términos no pagaran un centavo al país y se llevaran el mineral gratis.

De acuerdo  con la citada disposición la empresa tiene derecho a una deducción fiscal por los gastos que haga en infraestructura social y también en lo que invierta en educación (así como los gastos que sean inherentes; que se realicen en relación con la educación y adiestramiento de ciudadanos panameños). En base a lo expuesto en los textos arriba presentados, la empresa genera publicidad engañosa mediante la cual hace ver que es una empresa dadivosa, que cumple su responsabilidad social y coopera con donaciones de ayuda al pueblo en estos renglones de gran importancia para las comunidades pero, lo malo es que después pasará una factura al Gobierno Nacional por esta ayuda. Quien en realidad hace el gasto social sigue siendo el Estado.

Las abusivas clausulas económicas se refuerzan unas a otras haciendo legal la transferencia de un enorme riqueza perteneciente al pueblo panameño a una empresa ´privada que de seguro si tributara en su país de origen. Este código de recurso Minerales y sus reformas han sido avaladas por gobiernos y asambleas legislativas entreguistas y sin interés en el progreso del país.

Por las razones antes expuestas Minera Panamá y cualquier empresa que se dedique a la minería no metálica, no pagaran por la concesión un centavo a país independientemente del monto de sus ganancias. Resaltamos aquí que a varios años del cierre de Petaquilla Gold no existe un informe de cuanto se perdió en esta fallida explotación. Nunca se dio un informe final al cierre de Minera Santa  Rosa. ¿Cuánto ganaron y cuánto pagaron?, sigue siendo un enigma.

Se hace necesaria la inmediata anulación del código de marras y la prohibición de la minería a cielo abierto en el país; porque si los motivos económicos para estas medidas son de inmediata aplicación, los motivos ecológicos son de planetaria necesidad.

Coordinadora Campesina Por La Vida

Sergio Sánchez Silvera

Fuente:http://kaosenlared.net/panama-la-mineria-no-dejara-uncentavo-al-pais/

El presente documento, es la óptica por la que atraviesa la realidad panameña con sus aciertos y desaciertos en el ejercicio de los Derechos Humanos, enfatizando las garantías para los defensores y activistas de los bienes ecológicos.

En ese sentido, Panamá y su virtud geopolítica comercial, no es capa de la escena socioambiental de la región, máxime en el marco de las políticas extractivas, son diversas iniciativas enmarcada a la explotación y mercantilización de sus tierras y aguas.

Y en el marco de las políticas neoliberales, el movimiento ciudadano organizado, a disputado sus intereses socioeconómico a favor de la mayoría, rechazando medidas perjudiciales emitidas por sectores del poder económico del país, en conjunto con el poder político oficialista y opositor. Quienes han sido beneficiado en las relaciones comerciales internacionales, reformas de leyes e instrumentos legales para concatenar tratados, acuerdos y exportaciones de materia prima. Cuyo efecto vulneran los Derechos Humanos, la consulta previa, libre e informada, y que a la post es una violación a la soberanía de Panamá.

Por ende, las comunidades rurales afectadas por concesión y permisos para extraer aguas y tierras (para minería, hidroelécricas, turismo inmobiliario, otros). En conjunto con organizaciones urbanas, marginas por proyectos inmobiliarios en deterioro del ambiente mantienen una plataforma de resistencia debido a lo siguiente:

1. Los proyectos desarrollistas en el país, están bajo la lógica financiera privada. Más no así como un programa de país, involucrando la colectividad de los sectores sociales productivos.

2. Ante la crisis ambiental global, Panamá, mantiene un régimen carente de debate y transformación de su política y cultura estatal. Que evidencia un nulo pensamiento y accionar sobre la cuestión socioambiental, y su contraproducente soluciones bajo los falsos dictámenes de la economía verde.

3. Que ante el comportamiento comercial, la acumulación de capitales y enriquecimiento del patrimonio nacional, no representa el consenso de la mayoría de los ciudadanos panameños. Ya que la poca participación ciudadana, la falta de transparencia y el tráfico de influencia, extinguió la voluntad soberana nacional.

Ante lo expuesto, este sector social organizado, han promovido proyectos y modos de vida ante el extractivismo poco visible en la opinión pública por los medios de comunicación, como la producción agrícola local, turismo ecológico y comercio popular solidario, que de manera informal lo desconoce el estado, ya que no representa un gran impulso a la economía nacional. Pero si un equilibrio entre las necesidades humanas y el respeto a la soberanía ecológica.

El escenario expuesto sobre las iniciativas populares y el ejercicio de los derechos humanos también a sufrido un retroceso o atentado, especialmente a las comunidades rural que mantienen una relación de productividad y ambiente. Que además de su diversa cultura tradicional y espiritual, sus raíces germinaron de tierras y aguas fértiles, que son actualmente codiciada por empresas extractiva.

Y ante el despojo, las comunidades y dirigencia son amenazadas, hostigadas, reprimidas, encarceladas y criminalizadas por los estamentos de la seguridad del estado. Todo esto como estrategia de los gobiernos para garantizar los espacios y seguridad jurídica para que las empresas operen.

A continuación presentamos algunos casos de persecución a defensores del ambiente durante los últimos 8 años son:

1. Represión y daños físico a indígenas en la provincia de Bocas del Toro contra la ley inconsulta y nefasta “Ley Chorizo”. http://www.alainet.org/es/active/39548

2. Detención y extradición de defensores de los derechos humanos como es el caso del activista Olmedo Carrasquilla y periodista Francisco Gomez Nadal. http://www.prensa.com/politica/Arrestan-ambientalista-actitud-sospechosa_0_2837716213.html http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-panama-dos-periodistas-expulsados-panama-denuncian-amenazas-mucha-presion-psicologica-20110304175823.html

3. Muerte de dos cuidadanos (Mauricio Méndez y Jeronimo Tugri) en la lucha contra la apertura legal para concesiones minera a estado extranjeros como a empresas para la extracción mineral. https://www.ocmal.org/dos-muertos-en-protesta-indigena-contra-la-actividad-minera/

4. Represión y detenciones en playa Santa Clara, en la provincia de Coclé, que se oponen a proyectos de carácter turístico privado. http://www.prensa.com/edilsa_gonzalez_roca/Pescadores-antimotines-enfrentan-Cocle-desalojo_0_3346165389.html

5. Detención arbitraria a los moradores y campesinos Simón Morales y orden de arresto contra Aurelio Camaño Hernández de Bahía Honda en la provincia de Veraguas por el ex mandatario Ricardo Martinelli para un proyecto turistico costero y privado. https://youtu.be/6EYzHUmHOCY

6. Represión al movimiento campesino de Veraguas (RESAVE: Red Ecológicas, Social y Agropecuaria de Veraguas) que se oponen a 6 proyectos hidroeléctricos. https://youtu.be/-EHdh1aVdoc

1. Hostigamiento a los moradores de la Isla Pedro Gonzáles por defender sus tierras ante el megaproyecto hotelero Pearl Island. http://www.radiotemblor.org/?p=1662

8. Represión, intimidación y encarcelamiento a campesinos en defensa del río san Pablo en la provincia de Veraguas. http://laestrella.com.pa/panama/nacional/campesinos-rebelan-contra-hidroelectricas/23834817

9. Represión y encarcelamiento a ambientalistas de la provincia de La Chorrera que se oponen a la termoeléctrica. Entre los detenidos estuvieron: el educador Carlos Villa, Raúl Ossa, Licenciada Anayansi Acevedo, señora Francisca Giralde De Ossa,el periodista Carlos Acevedo, profesora Carmen Marín y enfermera Dini Olmedo de Gómez. https://youtu.be/mHufb0bMSxY

10. Amenaza de muerte a la ambientalista Ligia Arreaga en la provincia de Darién por defender la Laguna Matusagaratí. https://www.frontlinedefenders.org/es/case/death-threats-against-ligia-arreaga

11. Persecución y encarcelamiento a la dirigencia indígena Ngäbé Büglé en caso de la hidroeléctrica Barro Blanco. Enfatizando la querella penal a los defensores de los Derechos Humanos y Ambientales del río Tabasará: Clementina Pérez, Toribio García, Carmecita Tedman, Oscar Sogandares y Manolo Miranda. Demandados por supuesta inviolabilidad de propiedad de la empresa Generadora del Istmo GENISA que construye la represa Barro Blanco. https://youtu.be/1yujGlw2jjI

12. Amenazas e injuria a la dirigencia campesina del río Cobre por el empresario Eduardo Vallarino. Enfatizando la demanda millonaria de la hidroeléctrica Los Estrechos a Larissa Duarte del Movimiento Campesino por la Defensa del Río Cobre MOCAMDERCO. http://laestrella.com.pa/panama/nacional/empresa-demanda-10-millones-activista/23964712

13. Demanda a los Vecinos de Coco del Mar que se oponen a construcciones que incumplen los estudios de impacto ambiental en la ciudad de Panamá. http://laestrella.com.pa/panama/nacional/vecinos-coco-piden-demolicion-proyecto-inmobiliario/23894684 http://www.prensa.com/judiciales/Grupo-Suarez-vecinos-Coco-Mar_0_4573042651.html

14. Detención al catedrático de la Universidad de Panamá y asesor de los afectados en el caso Barro Blanco, Evidelio Adames, cuya requisa no tuvo razón o justificación de parte de las autoridades judicial y policiales. http://www.tvn-2.com/nacionales/provincias/Docente-universitario-denuncio-ser-victima-abuso-policial_0_4690780925.html

15. Demanda ordinaria de 40 mil dólares por daños y perjuicios presentado por la empresa Mina Cerro Quema al ambientalista Basilio Pérez. http://www.prensa.com/provincias/Minera-Cerro-Quema-ambientalista-Azuero_0_4814518507.html

Estos son algunos hechos en que activistas, dirigentes comunitarios y defensores han sido violentados, y en donde no se cumple las garantías en el ejercicio de los Derechos Humanos. Cuestión que va en detrimento del cumplimiento de las recomendaciones del Examen Periodico Universal EPU, normas internacionales en materia de los Derechos Humanos y construcción de la paz.

Y en este ultimo sentido, es importante exponer algunas circunstancias contraria a la paz y movilidad pública:

1. Los estamentos de seguridad nacional, han desconfigurado sus deberes y enfoque hacia los defensores de los Derechos Humanos. Que los responsabilizan bajo el perfil de crímenes comunes.

2. En los últimos lustros, la implementación de estrategias y equipamiento a fuerzas especiales (SENAFRONT, SPI, otros) para supuestamente garantizar el estado de derecho o seguridad pública han generado un clima de estado de sitio. Cuya acto contradice a la norma constitucional, en donde prohibe el ejercicio u operaciones de estamentos militares, y estrategias que implique el uso de armas de guerra. Una evidencia son los ejercicios y adiestramientos militares, que ejecutan anualmente los países que suscriben las Operaciones Navales (Convenio Arias – Becker) en las aguas panameñas sobre seguridad internacional, terrorismo y el narcotráfico. Así de los ejercicios Panamax 2015 que organizó el Comando Sur de EE.UU. cuyos jefes identificaron a “los campesinos e indígenas” panameños como los enemigos a combatir ante la ola de protestas.

3. El clima de inseguridad nacional, por los indices de criminalidad, han generado desconfianza de la ciudadania a los estamentos de la policía, ya que han sido involucrados en actos ilícitos. Cuyo efectos, se replica en la represión y encarcelamiento a quienes se manifiesten por una necesidad humana (agua, educación, etc.) o problema nacional (sector agropecuario, indígena, etc.)

4. Además el sistema general de cumplimiento en materia de los Derechos Humanos es inoperante, con la nueva ley de Asociación no se garantiza el pleno ejercicio, y tampoco han sido abordados estándares y medidas de protección a los y las defensores.

Podemos concluir, que es evidente la militarización de las áreas en donde se ejecutan proyectos extractivos, se criminaliza la protesta social, a quienes su voz son ignoradas por los gobiernos de turnos y los Derechos Humanos es un estandarte populista en las tribunas diplomáticas cuando en su ejercicio es lo contrario en Panamá.

Panamá, 12 de octubre de 2017.

Olmedo Carrasquilla Aguila
Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=9644

La empresa Minera Panamá (MPSA), de propiedad de la empresa canadiense First Quantum, tiene una concesión en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón en Panamá, que abarca un área de 13.600 hectáreas insertas en un área protegida para explotar cobre a cielo abierto. Además, la empresa construyó un puerto de aguas profundas sobre el mar Caribe que ocupa un área de 200 hectáreas por el cuál sacará el mineral del país y una central de energía a base de carbón para proveerse de energía para sus operaciones. La concesión se ubica a unos 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panamá. Para obtener las autorizaciones ambientales, la empresa ha presentado planes de “compensación por pérdida de biodiversidad”.

¿Quién es First Quantum?

Esta empresa canadiense, compró en el año 2013 un 80 por ciento del capital accionario de Minera Panama SA (MPSA) que pertenecía mayoritariamente a la canadiense Inmet Mining/Petaquilla, que ya contaba con la concesión para explotar cobre y oro en la zona. Como la gran mayoría de las empresas canadienses que operan en América Latina, First Quantum cuenta con un historial de acusaciones de violaciones a los derechos humanos en otros países donde ha operado. Un informe de las organizaciones OECD Watch, Oxfam Canada y la organización de Zambia DECOP, ha denunciado que la empresa estuvo involucrada en ese país en el desalojo de pobladores de un área que tradicionalmente habían ocupado, causando graves daños a las comunidades. Otro informe alega que en 2002 la empresa había estado involucrada en la explotación ilegal de los recursos naturales en República Democrática del Congo, en África.

En Panamá, la concesión de más de 13.000 hectáreas está inserta en el Corredor Biológico Mesoamericano. Un área de conexión regional de gran riqueza que será severamente dañada por la explotación de cobre por parte de MPSA. Se trata de bosques con un excelente estado de conservación que albergan una riqueza increíble en términos de biodiversidad. La población adyacente es mayoritariamente población campesina e indígena que se dedica a la agricultura de subsistencia y la ganadería.

Las poblaciones aledañas ya vivieron en carne propia los impactos de la minería. Ya que en la misma región operó Petaquilla Gold, que en sus 100 hectáreas de concesión provocó contaminación de ríos, deforestación, impactos en la salud de las comunidades, sin mencionar los cientos de promesas incumplidas. La empresa se vio sumergida en un escándalo financiero. Fue abandonada, dejando en el camino grietas abiertas y piscinas con cianuro que aún hoy son una amenaza latente para los ríos y las personas de la zona, además de miles de trabajadores sin cobrar salarios y otras obligaciones laborales por parte de la empresa.

La compensación de daños incompensables

Minera Panama/First Quantum está obligada a realizar compensación por las pérdidas irreparables al ambiente que la extracción a gran escala de cobre va a generar, de acuerdo a las exigencias que el gobierno le marcó para darle las autorizaciones ambientales. La empresa se ha comprometido a seguir los estándares a los que obliga la Corporación Financiera Internacional (CFI), el ala privada del Banco Mundial, por lo que ha presentado planes de “compensación por pérdida de biodiversidad”.

La mina aún no ha comenzado a operar. No obstante, y tal vez para apaciguar a las ONGs conservacionistas que promovieron la declaración del Corredor Biológico Mesoamericano como área protegida y a las voces de los pobladores locales que se oponen a la destrucción masiva que el proyecto va a generar, si ha montado una fuerte campaña de promoción de sus actividades. Estas incluyen varios programas como parte de su estrategia de compensación. De acuerdo a su página en internet, la empresa “está comprometida a mantener un impacto neto positivo sobre la biodiversidad y ser un líder mundial en la gestión de la biodiversidad.”

El WRM realizó una visita a la zona a finales del 2016 para conversar con pobladores locales y conocer de primera mano lo que sucede a nivel local.

Entre los planes de compensación por pérdida de biodiversidad que la empresa tiene previstos, se encuentra la reforestación de 7.300 hectáreas. Esta plantación serviría para compensar las pérdidas irremediables que el proyecto minero va a generar en la zona del Corredor Mesoamericano. Los pobladores locales con los que conversamos en la zona de Coclecito conocían que la empresa estaba llevando a cabo planes de reforestación. A pesar de la gran propaganda en el sitio web de la empresa, durante la visita apenas pudimos ver unas pocas matas de café y unos pocos árboles nativos plantados en un borde empinado de la carretera.

En la de por sí absurda lógica de la compensación, parece aún más difícil imaginar que unas matas de café y unos pocos árboles puedan compensar por la pérdida de los bosques de la región que brindan refugio a una gran diversidad de fauna y flora, incluso a especies endémicas amenazadas de extinción y que además son de suma importancia para las comunidades locales que los usan cotidianamente .

Además, debido a que varias especies que habitan la zona evidentemente verán su hábitat destruido, la empresa ha hecho convenios con organizaciones internacionales en un intento de salvar algunas de estas especias – y así mejorar su imagen. Por ejemplo, su asociación con la organización Sea Turtle Conservancy busca proteger a las tortugas marinas en peligro de extinción que precisamente anidan en la costa caribeña que ahora será impactada por el puerto de aguas profundas que será utilizado para extraer el mineral.

Otro de los planes de compensación que la empresa presentó se trata de apoyar la gestión de las áreas protegidas que rodean la concesión: parque Santa Fé y Omar Torrijos, así como la creación de una tercera área de uso múltiple en Donoso, totalizando unas 250.000 hectáreas. Minera Panamá dice que cubrirá los gastos para equipos, infraestructura, monitoreo biológico, la educación y un programa de capacitación que beneficia a los guardaparques en todas las áreas protegidas de Panamá.

Aquí yace otra de las grandes falacias de los mecanismos de compensación. Las corporaciones ni siquiera deben montar sus propios planes de compensación, ya que han encontrado un camino que las libera de la responsabilidad de implementar un proyecto de compensación y lo que es más importante, las libera de la responsabilidad y el costo de mantener dichos proyectos, sobretodo una vez que la mina haya dejo de funcionar.

Además, uno de los conceptos subyacentes de la compensación es que estos deben ser “adicionales”. Es decir, los promotores de un proyecto de compensación tienen que demostrar que de no ser por ese proyecto el área que ahora pretenden conservar hubiese sido destruida. Lo que no es el caso en las áreas protegidas.

Usando métodos ilegítimos, como lo es la compensación de daños incompensables, Minera Panama se apresta a abrir y destruir los bosques panameños ubicados sobre el Corredor Biológico. Los mecanismos de compensación se basan en una lógica mercantilista que entiende un bosque como un conjunto de partes independientes e intercambiables. Una gran diferencia con respecto a la cosmovisión de los pueblos indígenas y campesinos, que ve al bosque como un todo interconectado e interdependiente incluso con ellos mismos, para quienes  permitir la destrucción y fragmentación  de un área tan rica como lo es el Atlántico caribeño es criminal.

Fuente: http://movimientom4.org/2017/09/las-compensaciones-ambientales-en-panama-una-estrategia-que-abre-areas-protegidas-para-la-actividad-minera/

Miembros del Frente Santeño Contra  la Minería piquetearon frente al Juzgado Primero del Circuito, en la provincia de Los Santos, para apoyar al ambientalista Basilio Pérez quien fue demandado por la empresa Minera Cerro Quema por haber hecho denuncias de irregularidades ambientales de esa minera. Héctor Cárdenas, abogado defensor de Pérez, indicó que al día de hoy aún no se le ha aprobado a la empresa Minera Cerro Quema el estudio de impacto ambiental categoría III y su concesión venció hace cinco meses.

Fuente: Crítica

Cárdenas manifestó que es necesario que la población santeña esté pendiente porque el proyecto minero en Quema de Tonosí se encuentra ubicado en la fuente de recarga hídrica de los río Estivaná, Tonosí y La Villa, que proporciona el agua para la provincia de Los Santos.

Panamá, un país que se caracteriza por sus abundantes precipitaciones, debe prescindir de la minería metálica a cielo abierto por los estragos que causa en los acuíferos la lluvia ácida, recomendó hoy el experto estadounidense Glenn Miller.

Catedrático de la Universidad de Nevada y químico, Miller participó este miércoles en un foro convocado por el no gubernamental Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá para analizar el caso de la concesión de Cerro Quema a una empresa canadiense para extraer oro, y que está sobre los principales acuíferos de la región de Azuero.

Miller fue el orador de fondo del encuentro, celebrado en la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, en la que expuso que la industria minera ha cambiado en los últimos años “de forma dramática”, porque está “preocupada por cómo son percibidos por el público”, dado que son relacionados con la contaminación.

Pero, advirtió, no es el caso de Panamá, “porque no tiene experiencia minera” y todavía tiene un marco legal “inadecuado” para el siglo XXI, contrario por ejemplo a Perú, Chile, Australia, Canadá o Estados Unidos. (…) Panamá registra precipitaciones “el doble o triple” de otros lugares dada su ubicación en la zona tropical, de manera que al extraerse con cianuro y agua el oro de los pozos de roca los minerales no útiles reaccionen expeliendo químicos tóxicos al ambiente que se mezclan con la lluvia y luego crean drenajes hídricos ácidos.

En Cerro Quema se tienen dos pozos y una tina de lixiviación con cianuro (…). Esa concesión se ubica en la cima del cerro del mismo nombre, ubicado a unos 300 kilómetros al suroeste de la capital panameña, y debajo de ella están los acuíferos de las 10 principales cuencas hidrográficas de la península de Azuero, que comprende las provincias centrales de Herrera, Los Santos y Veraguas. “Rebanar el cerro” aumentaría los perjuicios porque quedarían expuestos los canales subterráneos por donde discurre el agua de lluvia y aumentaría el deterioro de la cobertura vegetal al arrastrar las tierras cuesta abajo. En esas circunstancias, añadió, luego de 5 o 6 años de explotación minera ningún plan de remediación será útil, aseveró. “Y si descubren cobre será peor”, apuntó.

La empresa panameña MCQSA, responsable de la mina y subsidiaria de la canadiense Orla Mining Ltd., asegura en su página web que el origen del Proyecto Cerro Quema se remonta a finales de la década de 1980, y que “desde hace tres años se encarga de la exploración, evaluación, desarrollo y explotación de depósitos minerales de manera responsable, respetando el medio ambiente”.
“La superficie dedicada al Proyecto Cerro Quema ocupa el 6 % de las 768 hectáreas circundantes, y están siendo debidamente manejadas para la mitigación y compensación ambiental. El Proyecto Cerro Quema cuenta con la debida autorización del Gobierno de la República de Panamá para la extracción de material metálico (oro)”, añade.

El abogado Juan Antonio Tejada Mora, del Frente Santeño contra la minería, denunció en el mismo foro que la concesión de 15.000 hectáreas a Minera Cerro Quema S.A., de capital canadiense, “ya prescribió y no puede prorrogarse”, pues era por 20 años que se cumplieron en febrero pasado y la extensión se pidió “extemporáneamente”.

Basado en las leyes panameñas, Tejada dijo a Acan-Efe que en los 20 años transcurridos “no se sabe cuánto ha invertido la empresa, ni si ha extraído algo, lo que se sabe es que sus ganancias las ha obtenido con la venta y compra de sus propias acciones en la bolsa”. Agregó que “de boca”, el director nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, Temístocles Velarde, le dio permiso a la minera de continuar sus labores de exploración y explotación sin tener autorización para ello y desconociendo la legislación panameña.
“Presiones o percepciones”, mencionó Tejada en su exposición, reciben los funcionarios de las empresas mineras, reguladas por un código de 1963 que requiere “urgente actualización”, mientras lamentó que tampoco se refleje en la prensa la problemática.

Fuente: Metro Libre con información de EFE
http://movimientom4.org/2017/07/panama-debe-prescindir-de-la-mineria-metalica-a-cielo-abierto/